Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 21 de marzo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación; toda vez que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, ratificó de manera ilegal su detención preventiva dispuesta en el Auto Interlocutorio 564/2021 de 29 de octubre -objeto del recurso de apelación-, cuando debió aplicar la Ley 1173 vinculada a la prueba y a la jurisprudencia constitucional, dando por enervados los riesgos procesales y revocar la aludida determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 38 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2023-S2 Sucre, 21 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 44143-2021-89-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 11/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 38 a 44, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rando Luciano Chambi Mamani en representación sin mandato de Juan Fernando Sardán Gómez, Margarita Rocío Blacutt Ramírez y Jhoan Fernando Sardán Blacutt contra José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, cursante de fs. 16 a 19, los accionantes a través de su representante, señalaron que:
Bajo la modalidad de alquiler, ingresaron a vivir al bien inmueble ubicado en calles Caro s/n entre Pisagua y Antofagasta de la ciudad de Oruro; empero, al fallecer la propietaria, ante la inexistencia de descendencia, Isabel Guarachi Adrián Vda. de Ortuño -sobrina de la prenombrada- se hizo declarar heredera e instauró interdicto de recuperar posesión en su contra, logrando en octubre de 2020, se efectivice el desapoderamiento. El 23 de marzo de 2021, Rafael Vargas Villegas -tercero interviniente, abogado y yerno de la última nombrada-, incoó proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, siendo objeto de imputación formal considerando los riesgos procesales previstos en los arts. 234 numerales 1, 2, 6 y 7; y, 235.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el 29 de octubre de ese año, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, que dio lugar al Auto Interlocutorio 564/2021 de igual fecha, mediante el cual, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, dispuso su detención preventiva por la concurrencia de los mencionados numerales 6 y 7 contenidos en el art. 234 del aludido Código. Contra el precitado fallo, interpuso recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, que carecería de motivación, pues en lo concerniente al art. 234.6 del CPP, mantuvo vigente el mismo contra los tres, cuando la víctima presentó un reporte de procesos que solo refería a “…Juan Fernando Sard[á]n G[ó]mez y Jhoan Sard[á]n Blacutt, mas no a Margarita Roc[í]o Blacutt Ram[í]rez…” (sic); por ello, en alzada reclamaron que de manera oficiosa se incorporó ese riesgo, y que además se sustentó en una causa que data de “abril de 2013”, aludiendo el Vocal demandado, en cuanto a dicho riesgo procesal, que el Juez a quo obró de forma objetiva, porque fundó su Resolución en un proceso abierto -antes referido-; por otro lado, en cuanto al numeral 7 del art. 234 del mismo cuerpo legal, la autoridad de alzada descartó el peligro para la sociedad, afirmando que eran un peligro efectivo para la víctima, porque hubiesen ingresado al señalado bien inmueble con violencia; empero, el precitado Vocal no consideró que la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, reconduciendo las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0056/2014 y 0070/2014 -sin citar fecha-, sostuvo que la peligrosidad se traduce en el peligro real materialmente verificable, “…no podía establecerse la existencia de este riesgo procesal de fuga por el solo hecho de ser posible part[í]cipe del delito que se persigue…” (sic), no basta señalar que hubieran ingresado con violencia para determinar la concurrencia del indicado riesgo procesal, sino que se debió cumplir con la carga de la prueba, presentando certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), y de médico forense, más aún cuando en el momento del supuesto hecho la afectada no se encontraba en el lugar; aspectos que, evidenciaron la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación, por ratificar la ilegal detención. En cuanto al tercer presupuesto del art. 233 del CPP, -necesidad y legalidad-, la detención preventiva debió aplicarse de forma diferenciada, pues en el caso de Jhoan Fernando Sardán Blacutt, solo concurría un riesgo procesal; al respecto, el art. 231 Bis. del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, señala siempre que no pueda ser evitado ese riesgo, se aplicará la detención; empero, el Vocal demandado se limitó a reiterar los argumentos del inferior en grado, sin considerar que contra Margarita Rocío Blacutt no se denunció que hubiera peligro de fuga; sin embargo, mencionada autoridad ratificó dicha medida impuesta.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación, citando al efecto los arts. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, debiendo el Vocal demandado dictar uno nuevo declarando inconcurrentes los riesgos procesales previstos en el art. 234.6 y 7 del CPP, y sea en el plazo de veinticuatro horas, otorgando su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 11 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 31 a 37, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante, ratificaron in extenso el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo señalaron que: a) Respecto al reporte presentado por la víctima, el Juez de instancia advirtió varias causas penales; sin embargo, en su mayoría estaban archivadas y cerradas; salvo dos, una por la presunta comisión del delito de robo agravado iniciado por Rafael Vargas Villegas y otra por el ilícito penal de amenazas y atentado contra la libertad de trabajo; en cuanto a ese último, dicha autoridad sostuvo que concurría el art. 234.6 del CPP, para “…Juan Fernando Sardán Gómez y para (…) Margarita Rocío esposa del Sr. Sardán, mas no así para el hijo…” (sic); por tal razón, formularon apelación incidental; b) El Vocal demandado, en cuanto a la concurrencia del aludido riesgo procesal, dejó de lado el hecho que la carga de la prueba correspondía a la afectada, pues solo presentó un reporte de procesos sin acreditar si seguía vigente; no obstante, dicha autoridad no explicó por qué consideró la concurrencia de ese peligro, más aún, si en la imputación formal y la solicitud de medidas cautelares no se denunció la existencia del art. 234.6 del CPP, el cual, mediante memorial fue incorporado por la víctima; c) En su impugnación, pidieron individualización en el análisis de la valoración de la prueba y revisión de los peligros procesales; si los mismos fueron impetrados por los “acusadores”; d) En cuanto al art. 234.7 del aludido Código, cuestionó cómo pudo el Vocal demandado determinar su concurrencia en un delito de carácter patrimonial, donde no se vulneró la vida ni la integridad física “…nadie ha golpeado a nadie…” (sic); e) El Juez de la causa manifestó que hubo los suficientes elementos de convicción de que los accionantes serían con probabilidad autores del ilícito investigado siendo un peligro efectivo para la sociedad y la afectada; y, f) La autoridad demandada descartó el riesgo efectivo para la sociedad; sin embargo, mantuvo el concerniente hacia la víctima, sin explicar cuáles fueron las razones para determinar aquello.
José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante a fs. 30 y vta., manifestó que: 1) Hubo peligro de fuga (art. 234.6 del CPP) de Juan Fernando Sardán Gómez y Margarita Rocío Blacutt Ramírez, basado en una causa penal anterior instaurada por el delito de amenazas y atentados contra la libertad de trabajo; pues dicho precepto legal, solo requiere la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, importando que “a la fecha” haya estado vigente ese proceso, otra cosa era que por el transcurso de tiempo pueda o no estar cerrada la causa; lo que, podría ser desvirtuado en una posible y eventual cesación; por lo que, no vulneró el debido proceso en su componente de motivación, siendo irrelevante el reclamo de los accionantes; 2) En cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del aludido Código, modificó el fallo del Juez a quo, señalando que si bien la línea jurisprudencial establece que ese riesgo debe concurrir por la existencia de antecedentes penales ejecutoriados; sin embargo, en el Auto de Vista, razonó que los impetrantes de tutela no eran un peligro efectivo para la sociedad, sino solo para la víctima, basado en la naturaleza del hecho; y, 3) En lo concerniente a la temporalidad, los prenombrados indicaron que una familia estaba detenida; lo que, no implicó reforzar automáticamente los derechos de los peticionantes de tutela; ya que, no pertenecen a algún grupo vulnerable y tampoco reclamaron ese aspecto; por lo que, al haberlo hecho en sede constitucional, consideró que no es posible su consideración; por tales razones, pidió se deniegue la tutela.
Rafael Vargas Villegas -denunciante en el proceso penal-, a través de su abogado, en audiencia de garantías manifestó que: i) Los accionantes expusieron diferentes fundamentos en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, en la apelación del Auto Interlocutorio del a quo y en la acción de libertad planteada; ii) En el marco del art. 233 del CPP, argumentó los riesgos procesales (art. 234.6 y 7 del citado Código) vinculándolos al tipo penal, acreditando con fotografías cómo se encontraba el bien inmueble antes del hecho y posterior a la toma del mismo, pues desde el techo amedrentaron a la gente que estaba esperando la llegada de la Policía Boliviana, pues los prenombrados construyeron un fortín de fierro en la parte superior evitando el ingreso; iii) Si los impetrantes de tutela hubieran sido arrendatarios, no serían objeto de una acción de reivindicación que concluyó con un mandamiento de desapoderamiento, y un interdicto de recobrar la posesión; iv) El Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, analizó los puntos cuestionados en la apelación los argumentos del Auto Interlocutorio impugnado y respondió a dichos puntos conforme el art. 398 del CPP, siendo un fallo coherente; y, v) La SCP 0879/2019-S2 de 25 de septiembre, “…otorg[ó] la tutela a la parte recurrente (…) generan[do] las condiciones que deben desarrollarse a propósito de impugnar Autos de Vista vinculados al debido proceso y su componente dispositivo, y la condición es de que el tribunal no deba inmiscuirse en una respuesta vinculada a cómo debería ser el Auto de Vista…” (sic), sino se activó la justicia constitucional como si fuera una instancia más de impugnación; razones por las que, impetró se deniegue la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 38 a 44, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Aclaró que no le fue remitida el acta de audiencia de apelación incidental, pero sí la del verificativo de aplicación de medidas cautelares, advirtiendo que: “…los fundamentos [vertidos] no concuerdan (…) son totalmente distintos…” (sic); b) Del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, evidenció que los peticionantes de tutela indicaron como primer agravio que en la audiencia de 29 de octubre de igual año, se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 564/2021, estableciendo que son con probabilidad autores o partícipes del hecho punible; al respecto, el Vocal demandado respondió que el Juez a quo obró conforme a derecho, en atención a que el art. 233.1 del CPP, no requiere prueba plena, sino elementos indiciarios suficientes para sostener la probabilidad de autoría y la participación en un hecho punible, después de efectuar la valoración de los elementos probatorios; c) Como segundo agravio, respecto al art. 234.6 del aludido Código, en alzada el Vocal demandado fundamentó modulando sobre la concurrencia, atingente a que solo se hubiera acreditado el mismo con relación a Juan Fernando Sardán Gómez y Margarita Rocío Blacutt Ramírez; también, se refirió a que no se acreditó el estado de otros procesos que tenían, pero dicha autoridad entendió que estaba vigente y en trámite, pronunciándose sobre ello; y, d) En cuanto al tercer agravio, relacionado al art. 234.7 del Código Adjetivo Penal, el citado Vocal emitió pronunciamiento sin sustento legal ni citar jurisprudencia constitucional; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista confutado evidenció que el nombrado al señalar “artículo por artículo”, mencionó los distintos riesgos que describe, cumpliendo con la fundamentación y motivación. En vía de complementación, los accionantes cuestionaron cuál era la necesidad de mantener su detención preventiva; y, que su derecho a la defensa estaba siendo vulnerado, pues la víctima solicitó medidas cautelares (art. 234.6 del CPP), solo para Juan Fernando Sardán Gómez y Jhoan Fernando Sardán, mas no así para Margarita Rocío Blacutt Ramírez; empero, el Juez de la causa de oficio le atribuyó ese riesgo procesal, dictando una resolución respecto a los tres; en relación a ello, el Tribunal de garantías manifestó que, no se constituía en una tercera instancia; por lo que, no podía pronunciarse sobre la persistencia de la detención preventiva; en cuanto, a que de oficio se impuso un peligro procesal a Margarita Rocío Blacutt Ramírez, aquello se basó en el Auto de Vista cuestionado, “…en esta solicitud de complementación que están realizando no coincide, ni tiene coherencia con el agravio que (…) hubieran aludido ante la autoridad accionada…” (sic), porque luego refirieron que ese riesgo solo fue impetrado para Juan Fernando Sardán Gómez y no así para Margarita Rocío Blacutt Ramírez; cumpliendo con la complementación respecto al último punto, recalcando que fundó su Resolución y complementación en los antecedentes del Auto de Vista que refirió los agravios que se hubieran invocado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan acta de registro de audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal y Auto Interlocutorio 564/2021 de 29 de octubre, dictado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, quien dispuso la detención preventiva de Juan Fernando Sardán Gómez y Jhoan Fernando Sardán Blacutt -hoy impetrantes de tutela- en el Centro Penitenciario San Pedo de Oruro; así como, Margarita Rocío Blacutt Ramírez -accionante-, en el Centro Penitenciario La Merced del mismo departamento por el plazo de cuatro meses. Los prenombrados conforme prevé el art. 251 del CPP, indicaron que: “…vamos a formalizar apelación incidental contra la resolución…” (sic [fs. 56 a 69]). II.2. A través del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado- declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por los peticionantes de tutela, confirmando el aludido Auto Interlocutorio; aclarando que se encontraba fundado el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en su componente de peligro para la víctima (fs. 2 a 6).
Los accionantes a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación; toda vez que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, ratificó de manera ilegal su detención preventiva dispuesta en el Auto Interlocutorio 564/2021 de 29 de octubre -objeto del recurso de apelación-, cuando debió aplicar la Ley 1173 vinculada a la prueba y a la jurisprudencia constitucional, dando por enervados los riesgos procesales y revocar la aludida determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto al tema, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’.
Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
De la documentación arrimada al expediente, se tienen el acta de registro de audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal y Auto Interlocutorio 564/2021 de 29 de octubre, dictado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Oruro, quien dispuso la detención preventiva de Juan Fernando Sardán Gómez y Jhoan Fernando Sardán Blacutt -impetrantes de tutela- en el Centro Penitenciario San Pedo de Oruro; así como, Margarita Rocío Blacutt Ramírez -accionante-, en el Centro Penitenciario La Merced del citado departamento por el plazo de cuatro meses. Los prenombrados conforme dispone el art. 251 del CPP, indicaron “…vamos a formalizar apelación incidental contra la resolución…” (sic [Conclusión II.1]); asimismo, cursa el Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, pronunciado por el Vocal demandado, a través del cual declaró improcedente el referido recurso y confirmó el aludido Auto Interlocutorio; aclarando que se encuentra fundado el riesgo procesal del art. 234.7 del CPP en su componente de peligro para la víctima (Conclusión II.2). En el caso en examen, los solicitantes de tutela a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de motivación; toda vez que, la autoridad demandada mediante Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, ratificó de manera ilegal su detención preventiva dispuesta en el Auto Interlocutorio 564/2021 -objeto del recurso de apelación-, cuando debió aplicar la Ley 1173 vinculada a la prueba y a la jurisprudencia constitucional, dando por enervados los riesgos procesales y revocar la aludida determinación. Planteada la problemática, se ingresará al estudio del caso a partir del Auto de Vista de 8 de noviembre de 2021, dictado por el Vocal demandado que resolvió el recurso de apelación incidental formulado por los accionantes contra el Auto Interlocutorio 564/2021, ratificando la determinación de imposición de la detención preventiva, determinada por el Juez inferior en grado; en tal sentido, se tiene lo siguiente: 1) En atención al art. 398 del CPP, el Vocal demandado circunscribió su fallo a aquellos aspectos cuestionados por los justiciables; siendo así que, en cuanto al presupuesto material en lo atingente al art. 233.1 del CPP “…se tiene acreditad[a] la misma por la resolución judicial hoy cuestionada a través de varios elementos de convicción…” (sic), como ser: i) El informe preliminar del investigador que indicó, los solicitantes de tutela presumiblemente ingresaron por la fuerza y con violencia al inmueble ubicado en calles Caro, Pisagua y Antofagasta, ocupándolo; ii) Acta de entrevista a Rafael Vargas Villegas, condijo con la imputación formal en cuanto a que el inmueble se encontraba en posesión de Isabel Guarachi Adrián Vda. de Ortuño y, que los trabajadores contratados por esta última fueron desalojados por la fuerza; lugar en el que tenía equipos de frío; y, iii) Declaración informativa de Zenobio Choque Vasco, quien sostuvo que, el 18 de septiembre de 2020, los imputados ingresaron por la fuerza al señalado inmueble, sacándolo junto a otras personas con violencia, versión coincidente con otras atestaciones; bajo esas connotaciones, aludió que se acreditó los señalados actos, razonando el Juez a quo que: “…en el presente caso existe[n] hechos por los cuales se habría ingresado a dicho inmueble realizando actos violentos (…) aspecto (…) verificado en la audiencia de inspección realizado en (…) febrero del (…) 2021…” (sic), elementos de convicción que mostraron que la autoridad inferior en grado “…no ha cometido error alguno, siendo y teniendo en cuenta el carácter provisional en referencia a este requisito establecido en el art. 233.1 del CPP por cuanto no se requiere plena prueba, sino el sostenimiento de lo que antes era referido como elementos indiciarios como elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de autoría y participación del hecho punible” (sic); 2) Con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del CPP, este no fue acreditado respecto a Jhoan Fernando Sardán Blacutt, pero si sobre Juan Fernando Sardán Gómez y Margarita Rocío Blacutt Ramírez, por existir una causa abierta debido a la presunta comisión de los delitos de amenazas y atentados contra la libertad de trabajo, cuya data de 2013 fue cuestionada; empero, al margen de establecerse los antecedentes que algunas causas estén cerradas o con sobreseimiento, “…sobre este particular es que señala dicha documental que está abierto tal como establece también el historial de denuncias…” (sic); razonamiento del Juez de la causa, que en cualquier momento podrá ser desvirtuado por los peticionantes de tutela;
3) En lo concerniente al art. 234.7 del citado Código, ese riesgo no está sustentado en las supuestas amenazas que hubiera recibido la víctima, sino desde la perspectiva de los hechos y la conducta de los accionantes, pues hubieron suficientes elementos de convicción que los prenombrados junto a otras cuatro personas ingresaron al bien inmueble en cuestión donde se encontraban depositadas las maquinarias de refrigerio, muebles y herramientas de albañilería que fueron sustraídas de forma violenta y por la fuerza desalojando a empujones a los albañiles que realizaban trabajos de refacción cuando la posesión legal del bien inmueble la tenía Isabel Guarachi Vda. de Ortuño; empero, pese a ello, los peticionantes de tutela se apoderaron ilegalmente de aquella propiedad realizando un cerco de calaminas; no obstante, fueron desalojados con mandamiento judicial, extremos acreditados a través del informe del investigador, declaraciones de testigos, facturas de las maquinarias, placas fotográficas, acta de registro del lugar del hecho y antecedentes del proceso civil; acervo probatorio que generó la convicción que los aludidos son un peligro para la víctima concordando con el Juez inferior, pero difirió en cuanto a que fueran un peligro para la sociedad; y, 4) Respecto a la temporalidad prevista en el art. 233.3 del Código Adjetivo Penal, fue sustentada en la necesidad, pues los hechos por los cuales se estableció el ilícito que está siendo investigado, se relaciona con la participación conjunta de los impetrantes de tutela y otros, con uso de la fuerza y con violencia en el delito investigado “…se habría ingresado a un domicilio ajeno en el cual estaban depositados maquinarias y objetos que a la fecha estarían sustraídos siendo que no son ellos poseedores, sino la Sra. Isabel Guarachi y que bajo ese antecedente su yerno Rafael Vargas al pretender ingresar a esa casa le habrían amenazado de muerte con palos y ese antecedente está en la declaración de (…) Isabel Guarachi, es decir esos son los ámbitos en los cuales ha sostenido la necesidad…” (sic), de la detención preventiva, “…en tanto se cumplan los actos pendientes anteriormente señalados” (sic). Ahora bien, de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se establece que la exigencia de pronunciar una resolución motivada no solo alcanza al juez a quo, sino también al tribunal de alzada que conozca en recurso de apelación incidental la determinación que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares; es decir, que igualmente se encuentra obligado a dictar una decisión debidamente fundamentada y motivada sobre la necesidad de aplicar una medida extrema de carácter personal, que debe ser estructurada de manera congruente en la forma y en el fondo con la motivación pertinente, que dé certeza al justiciable que no existía otra manera de resolver, más que como se determinó. En ese entendido, del contenido del Auto de Vista cuestionado, se advierte que el Vocal demandado en el punto I Antecedentes, plasmó de forma detallada los agravios que los accionantes cuestionaron a través de su recurso de apelación incidental, y los argumentos de la víctima cumpliendo con la fundamentación descriptiva; asimismo, en dicho acápite aludió a la prueba que fue considerada por el inferior en grado, lo cual le llevó a confirmar la determinación, observando la fundamentación fáctica; como punto II. Fundamentos de la Resolución, en ese apartado haciendo hincapié en el art. 398 del CPP, se circunscribió a los aspectos confutados por los impetrantes de tutela, citando los preceptos legales que los contienen y explicando las razones de su decisión, cumpliendo con la fundamentación jurídica e intelectiva. De la revisión del fallo confutado, se advierte que la autoridad demandada resolvió todos los cuestionamientos de la impugnación formulada por los peticionantes de tutela, pues se refirió de forma ordenada respecto al art. 233.1 del CPP y la existencia de elementos de convicción consistentes en el informe preliminar del investigador, declaraciones informativas, facturas de las maquinarias, placas fotográficas, acta de registro del lugar del hecho y antecedentes del proceso civil, considerados por el Juez de la causa, teniéndolos el Vocal demandado como suficientes para sostener que los prenombrados son con probabilidad autores o partícipes del delito endilgado; asimismo, el pronunciamiento atingente a los riesgos procesales (art. 234.6 y 7 del mismo Código) que merecieron atención; al respecto, dicho Vocal señaló que el numeral 6 del referido artículo no fue acreditado con relación a Jhoan Fernando Sardán Blacutt, pero sí sobre los otros dos accionantes por existir una causa penal abierta en su contra, debido a la presunta comisión de los delitos de amenazas y atentados contra la libertad de trabajo, aludiendo que este podrá ser desvirtuado por los recurrentes; por otra parte, en cuanto al numeral 7, en alzada dejó latente el peligro procesal solo respecto a la víctima sustentado en los hechos de violencia y la conducta de los precitados, indicando que hubieron suficientes elementos de convicción los cuales mostrarían que los prenombrados ingresaron al bien inmueble con violencia desalojando a la afectada por la fuerza, además de sustraer objetos como maquinaria de refrigerio, muebles y herramientas de albañilería; encontrándose resueltos dichos cuestionamientos. Lo mismo ocurrió con el art. 233.3 del CPP, referente a la temporalidad, el Vocal demandado sostuvo que la necesidad de la medida extrema, radicó en la conducta violenta de los solicitantes de tutela, que evidenció el Juez a quo y fue confirmada por el antes nombrado. En atención a lo precedentemente expuesto, se advierte que el Auto de Vista impugnado, se encuentra debidamente fundamentado y motivado; toda vez que, resolvió todos los cuestionamientos del recurso de apelación incidental, observando el principio dispositivo que implica la respuesta a las pretensiones planteadas; así como, la exposición suficiente de motivos que llevaron a confirmar la Resolución del Juez de instancia, no siendo evidente la vulneración de los derechos invocados; consiguientemente, por las razones desplegadas, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 38 a 44, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0044_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.
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