B.IA.LEGAL

SCP 0044/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo · Sala Plena · 20 de junio de 2023

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
20 de junio de 2023
Acción
Recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
35582-2020-72-RRL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El recurrente denuncia que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la Resolución RALP 064/2019-2020, objetó su designación de Procurador General del Estado, cesándolo en sus funciones por el supuesto incumplimiento del requisito previsto en el art. 12.10 de la LPGE; entonces, lesionó el debido proceso en su componente de errónea interpretación de la ley y sus derechos a ser oído, a la defensa, a ejercer la función pública y la profesión de abogado, al trabajo, a la dignidad y a la ciudadanía; toda vez que, la referida objeción fue asumida sin su participación, ya que previo procedimiento y audiencia, el Órgano Legislativo debió averiguar la concurrencia de dicho supuesto, dado que el caso por el que se estableció que hubiese incumplido tal requisito, fue patrocinado por su parte, cinco años y dieciséis días antes de su designación; no existiendo un razonamiento lógico que justifique su arbitraria determinación, hecho que además evidencia una ausencia de explicación motivacional razonable al considerar que el patrocinio de una acción tutelar, interpuesta contra un ente administrativo de impugnación tributaria, sería una causal excluyente que se adecuaría al art. 12.10 de la citada Ley, incurriendo en tal sentido en una errónea interpretación de la ley. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de resolver el recurso interpuesto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 142 del Código Procesal Constitucional; resuelve, declarar: INFUNDADO el recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo interpuesto por Alberto Javier Morales Vargas, y SUBSISTENTE la Resolución RALP 064/2019-2020 de 6 de octubre de 2020.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza del recurso contra las resoluciones del Órgano
  2. III.2. Sobre el debido proceso
  3. III.3. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria o administrativa en la jurisdicción constitucional
  4. III.4. Sobre el patrocinio jurídico brindado por los abogados y abogadas en el Estado Plurinacional de Bolivia
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0044/2023 Sucre, 20 de junio de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo Expediente: 35582-2020-72-RRL Departamento: Chuquisaca El recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo interpuesto por Alberto Javier Morales Vargas contra la Resolución RALP 064/2019-2020 de 6 de octubre, pronunciada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por la presunta lesión de los arts. 22, 46.I.1 y II, así como el 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 13 de octubre de 2020, cursante de fs. 20 a 30 vta., el recurrente impugnó la Resolución RALP 064/2019-2020, pronunciada por la Asamblea Legislativa Plurinacional; por la que, se objetó su designación como Procurador General del Estado, dispuesta mediante Decreto Presidencial 4345-A de 17 de septiembre de 2020, cuyo efecto fue su cesación en el referido cargo; decisión que fue asumida sin amplio debate y sin oír a su persona ni a la Presidenta, entonces en ejercicio del Estado, a través de una indebida motivación, vulnerando el principio de legalidad, el debido proceso y su derecho fundamental a ejercer la función pública, por el hecho de haber patrocinado una acción de amparo constitucional interpuesta contra la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, por parte de la empresa Flor Exótica Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), caso que patrocinó cinco años y dieciséis días antes de su designación en el cargo antes mencionado; inobservándose de esta forma los alcances del art. 12.10 de la Ley de la Procuraduría General del Estado (LPGE) –Ley 064 de 5 de diciembre de 2010–, lesionando su dignidad personal y profesional.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, al emitir la aludida Resolución RALP 064/2019-2020, incurrió en un acto ilegal y arbitrario, al aplicar erróneamente su facultad prevista en el art. 14 de la LPGE, desnaturalizando y envileciendo como un acto de poder, las atribuciones sujetas al principio de potestad reglada del art. 230.III de la CPE; puesto que, se incumplió con la obligación constitucional ineludible de motivar debidamente la referida Resolución, así como de interpretar y aplicar la normativa ordinaria desde y hacia la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad, no habiendo un razonamiento lógico que justifique su arbitraria determinación, existiendo ausencia de explicación motivacional razonable al considerar que el patrocinio de una acción tutelar, interpuesta contra un ente administrativo de impugnación tributaria, sería una causal excluyente y se adecuaría al art. 12.10 de la LPGE; omitiendo la Resolución impugnada, exponer la determinación del nexo entre la causal alegada para la objeción al nombramiento y el supuesto hecho inserto en la norma aplicable, aspecto que debió efectuarse en su motivación del fallo cuestionado, para evitar así una decisión arbitraria. Siendo evidente la supuesta inobservancia a la ética en el ejercicio profesional, por haberse sancionado a su persona por una prejuiciosa afirmación, evitando pueda acceder al ejercicio de la función pública para la que fue designado conforme a ley, dado que, la observación del requisito previsto en el art. 12.10 de la referida Ley, debió ser acreditada previamente en un debido proceso conforme establecen los principios básicos de la función del abogado; razón por la que, fue objeto de una limitación irrazonable y desproporcionada asumida en la Resolución RALP 064/2019-2020; puesto que, la objeción de la Asamblea Legislativa a su designación de Procurador General en el Estado, tuvo como base la supuesta falta del requisito de no haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones contra el Estado durante los cinco últimos años anteriores a su nombramiento, caso en el que previo procedimiento y audiencia, el Órgano Legislativo debió averiguar la concurrencia de este supuesto, que en el caso de autos, no ocurrió; hecho que de manera objetiva invalida la mencionada Resolución, al haber incurrido en una interpretación errónea de la ley, en razón a que, el Órgano demandado no realizó la interpretación de los arts. 12.10 y 14 de la LPGE, aplicando los estándares o cánones universales de interpretación, tampoco aplicó los métodos literal, teleológico y sistemático, en razón a que se señaló que no era necesario oír al Procurador General del Estado, antes de emitir la referida Resolución, cuando el art. 14 de la mencionada ley, exige la concurrencia de un procedimiento para el ejercicio de la facultad de objeción o de impugnación, es decir que, la misma debió ser puesta en conocimiento de la autoridad para que, si ésta estime conveniente, asuma defensa. Asimismo, en la cuestionada Resolución se expuso que al haberse patrocinado la acción de amparo constitucional contra la AIT Regional Cochabamba, Alberto Javier Morales Vargas –ahora recurrente– tuvo una conducta reñida o contraria con los intereses del Estado, cuando en una interpretación correcta del art. 12.10 de la LPGE, la actuación de un abogado en una acción como la de amparo constitucional en contra de una autoridad pública, no se puede entender como una acción en contra del Estado, al no haber sido dirigida contra éste, al contrario, se pidió su protección por medio de uno de sus Órganos, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, interpretación que resulta ser la concordante con el sistema garantista de derechos fundamentales; hecho que también vulneró su dignidad que es objeto expreso de protección por parte del art. 22 de la Norma Suprema y su derecho al trabajo, al limitársele el ejercicio de un cargo público por designación, que también se constituye en una actividad laboral al servicio del Estado.

I.1.1. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El recurrente, considera que la Resolución RALP 064/2019-2020 lesionó sus derechos al debido proceso en sus componentes, a ser oído, a la defensa y errónea interpretación de la ley, así como a ejercer la función pública, la profesión de abogado, y su derecho al trabajo, a la dignidad y a la ciudadanía; citando al efecto los arts. 22, 46.I.1 y II, 115.II de la CPE; y, 8.1 de la CADH.

I.1.2. Petitorio

Solicitó se declare fundado su recurso y en consecuencia se disponga la nulidad de la Resolución RALP 064/2019-2020.

I.2. Admisión y citación

Mediante Auto Constitucional (AC) 0210/2020-CA de 23 de octubre, cursante de fs. 31 a 36, se admitió el recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo y se ordenó poner el mismo en conocimiento del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a efectos de su apersonamiento y formulación de alegatos en el plazo de quince días, a partir de su notificación; dicha determinación fue diligenciada el 15 de junio de 2021 (fs. 37).

I.3. Respuesta del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional

David Choquehuanca Céspedes, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su representante legal, mediante memorial presentado el 7 de julio de 2021, cursante de fs. 71 a 79, señaló que: a) El ex Procurador señaló que la Resolución impugnada lesionó su derecho al ejercicio libre del cargo al que fue designado, restringiendo su derecho a la libertad y a la dignidad; empero, no tomó en cuenta que la función pública de Procurador General del Estado, exige ciertos requisitos y condiciones que califiquen su idoneidad para el cargo, como los previstos en el art. 12 de la LPGE, cuyo incumplimiento no permite la validez y eficacia de la designación, en este caso, la Senadora Rossio Lima Escalante, mediante nota de 5 de octubre de 2020, solicitó dispensación de trámite y voto de urgencia para su tratamiento en la 35va Sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que, se observó la designación de Alberto Javier Morales Vargas, ahora recurrente, como Procurador General del Estado, solicitud que se amparó en lo previsto por el art. 6.20 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el art. 17 inc. b) del Reglamento General de la Cámara de Senadores, aplicables a la organización de sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme lo prevé el art. 158.II de la CPE; en tal entendido, los derechos a la libertad y a la dignidad del recurrente no fueron vulnerados, en razón a que las acciones realizadas por la Senadora antes mencionada, se encontraban dentro sus atribuciones y facultades; b) En la revisión y fiscalización de la postulación del ex Procurador se pudo evidenciar que éste incumplió con uno de los requisitos de habilitación, específicamente el establecido en el art. 12.10 de la LPGE; por lo cual, se determinó la observación y posterior objeción de su designación, puesto que el art. 230 de la Norma Suprema hace referencia a la facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional de poder objetar tal decisión por dos tercios de sus miembros ante el incumplimiento de los requisitos previstos en el citado precepto legal, por lo que, el desarrollo de cada procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de la Ley, atribuciones y competencias, sin afectar ni coartar los derechos del implicado; c) No existe lesión al debido proceso, ya que en el caso presente se procedió en concordancia con el cumplimiento de la Ley de la Procuraduría General del Estado, el Reglamento General de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado, y se realizó una interpretación sistemática para el presente caso, para emitir la Resolución ahora impugnada; y, d) La objeción de la designación al Procurador General del Estado, por ser un acto de pleno derecho, se realizó en subsunción precisa de los antecedentes a los requisitos previstos por ley, habiéndose evidenciado en el caso presente, el incumplimiento de estos de parte del ahora recurrente; puesto que, al ser el Procurador General del Estado, la máxima autoridad de defensa de los intereses y patrimonio de Bolivia, y verificarse, en el caso concreto, la participación activa del recurrente en una acción de amparo constitucional planteada contra la AIT Regional Cochabamba, institución pública que tiene por objeto resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan por controversias entre el contribuyente y la administración tributaria contra los actos definitivos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Aduana Nacional (AN) y los Gobiernos Autónomos Municipales, es evidente que con la mencionada acción tutelar, claramente se fue contra los intereses del Estado.

I.4. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 16 de septiembre de 2021, cursante de fs. 85 a 86, se suspendió el cómputo de plazo por solicitud de documentación requerida; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 2 de junio de 2023, cursante a fs. 187; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Se tiene el Decreto Presidencial 4345-A de 17 de septiembre de 2020; por el que, la entonces Presidenta en ejercicio del Estado Plurinacional de Bolivia, designó al ahora recurrente como Procurador General del Estado (fs. 167). II.2. Corre en antecedentes, convocatoria a la Trigésima Quinta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2019-2020, fijada para el 6 de octubre de 2020, estableciendo en el Orden del día, el tratamiento del informe final de conclusiones de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Respiradores y otros; así como de, la ampliación del plazo de trabajo de las Comisiones Mixtas de Investigación y sustitución de miembros (fs. 112). II.3. Mediante Nota de 5 de octubre de 2020, la Senadora Rossio Lima Escalante, se dirigió a la entonces Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de poner en consideración previa, la alteración del orden del día de la Sesión Trigésimo Quinta de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2019-2020, solicitando dispensación de trámite y voto de urgencia para que en la referida sesión se trate el proyecto de Resolución por el que se objetó la designación de Alberto Javier Morales Vargas, ahora recurrente, como Procurador General del Estado (fs. 162). II.4. Por Resolución RALP 059/2019-2020 de 6 de octubre de 2020, se aprobó la alteración del Orden del día de la Trigésima Quinta Sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2019-2020, incluyéndose, el tratamiento del proyecto de Resolución; por el que, se objeta la designación del ahora recurrente como Procurador General del Estado (fs. 113). II.5. Cursa Acta de la Trigésima Quinta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional 2019-2020 de 6 de octubre, en la que se aprobó la Resolución RALP 064/2019-2020; por la que, se objetó la designación de Alberto Javier Morales Vargas, como Procurador General del Estado (fs. 115 a 161). II.6. A través de la Resolución RALP 064/2019-2020 de 6 de octubre de 2020, dictada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y aprobada por el voto de dos tercios, se determinó objetar la designación del ahora recurrente, como Procurador General del Estado, mediante Decreto Presidencial 4345-A de 17 de septiembre de 2020, cesando al mismo de sus funciones, por contravenir el art. 12.10 de la LPGE (fs. 3 a 6); puesta en conocimiento del recurrente, mediante Nota CAR/MPR/VCGG/DGGLP 381/2020 de 8 de octubre, en la misma fecha (fs. 1). II.7. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se evidencia que dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Javier Morales Vargas, en representación legal de la empresa

“Florexótica S.R.L.” contra Teresa del Rosario Borda Rocha, Directora Ejecutiva Interna y Henry Tola Horacio, y Subdirector Tributario ambos de la AIT Regional Cochabamba; la Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, mediante SCP 0061/2016-S1 de 14 de enero, confirmó la Resolución de 1 de septiembre de 2015, dictada por Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Sentencia que fue notificada al ahora recurrente, en calidad de abogado representante de la parte accionante, el 21 de marzo del 2016.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente denuncia que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la Resolución RALP 064/2019-2020, objetó su designación de Procurador General del Estado, cesándolo en sus funciones por el supuesto incumplimiento del requisito previsto en el art. 12.10 de la LPGE; entonces, lesionó el debido proceso en su componente de errónea interpretación de la ley y sus derechos a ser oído, a la defensa, a ejercer la función pública y la profesión de abogado, al trabajo, a la dignidad y a la ciudadanía; toda vez que, la referida objeción fue asumida sin su participación, ya que previo procedimiento y audiencia, el Órgano Legislativo debió averiguar la concurrencia de dicho supuesto, dado que el caso por el que se estableció que hubiese incumplido tal requisito, fue patrocinado por su parte, cinco años y dieciséis días antes de su designación; no existiendo un razonamiento lógico que justifique su arbitraria determinación, hecho que además evidencia una ausencia de explicación motivacional razonable al considerar que el patrocinio de una acción tutelar, interpuesta contra un ente administrativo de impugnación tributaria, sería una causal excluyente que se adecuaría al art. 12.10 de la citada Ley, incurriendo en tal sentido en una errónea interpretación de la ley. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de resolver el recurso interpuesto.

III.1. Naturaleza del recurso contra las resoluciones del Órgano

Legislativo

El art. 202.5 de la CPE, establece como atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver: “Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas”.

Asimismo, el art. 139 del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: “Este recurso tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica frente a resoluciones emitidas por el Órgano Legislativo”.

Sobre este recurso, su naturaleza y alcances, la SCP 1922/2012 de 12 de octubre, determinó que: “…procede contra las resoluciones dictadas por el Órgano Legislativo Plurinacional o una de sus cámaras, que afecten uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas; vale decir, se constituye en un medio de defensa de carácter tutelar, instituido para la protección de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales que hubiesen sido restringidos o suprimidos en el ejercicio de la función legislativa y que afecten de manera directa a determinada persona, sea natural o jurídica.

En atención a su objeto, este recurso se asemeja bastante a la acción de amparo constitucional, en cuanto tutela derechos y garantías constitucionales de las personas; con la diferencia de que aquél está instituido específicamente contra decisiones que emanen de un órgano del Estado como tal (Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores o Diputados), no así en contra de sus miembros como servidores públicos, cuyos actos ilegales u omisiones indebidas en los que pudiesen incurrir, deben ser reclamados por vía de la acción de amparo constitucional” (las negrillas son nuestras).

Acotando a dicho desarrollo, la SCP 0086/2017 de 29 de noviembre, señaló que: “…el recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo, es un proceso constitucional de naturaleza tutelar que tiene por objeto reponer los derechos y garantías constitucionales de la persona que, hubieren sido restringidos por una resolución legislativa emitida por un órgano estatal -ya sea por la Asamblea Legislativa Plurinacional o la Cámara de Senadores o la de Diputados-. Es decir, la activación constitucional por esta vía se da, no por actuaciones individuales de cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni por componentes de una de sus Cámaras -Senadores o Diputados- sino ante una decisión emitida como órgano estatal y que la misma afecte derechos y/o garantías constitucionales de toda persona natural o jurídica”.

En cuanto a su trámite, el AC 0240/2020-CA de 18 de noviembre, dispuso que: “…No obstante que ambos mecanismos de defensa, es decir la acción de amparo constitucional como el recurso contra resoluciones legislativas, tienen una similar naturaleza, como es la tutelar, tal como se señaló precedentemente, dada su finalidad, como es la protección de los derechos fundamentales y/o de las garantías constitucionales, otorgando la tutela efectiva e inmediata en aquellos casos en los que sean restringidos o amenazados como consecuencia de la resoluciones emitidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya sea en sesiones conjuntas; o una de sus Cámaras en sesiones camarales legislativas. Sin embargo, en cuanto a su tramitación existe una diferencia sustancial, habida cuenta que esta vía específica de impugnación ha sido prevista por el constituyente, tomando en consideración que las decisiones impugnadas se tratan de resoluciones pronunciadas por un órgano del poder del Estado; por lo tanto, tomando en cuenta su rango institucional en la estructura política del Estado, este órgano de Poder, como ente estatal no podría ser sometido a un amparo constitucional para impugnar sus decisiones, porque se trata de la oposición a las resoluciones del órgano como tal, no de sus miembros, como son los senadores y los diputados. Por esta razón, se justifica la existencia de una vía exclusiva de tutela de los derechos fundamentales de las personas frente a resoluciones del Poder Legislativo; y por lo mismo, el art. 128 de la CPE, con relación a las acciones de amparo, establece que procederán contra actos y omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución; y no así de órganos de poder del Estado.

Por las razones anotadas, este recurso debe ser presentado directamente ante el máximo órgano constitucional, y por ello, aun siendo de naturaleza tutelar, sin embargo, se encuentra consagrado en el Título VII del Código Procesal Constitucional, relativo a los Recursos Ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, de cuyo contenido no es posible establecer los requisitos específicos de procedencia y de admisibilidad. Sin embargo, de ello, de la interpretación integral de la normativa procesal constitucional, al ser una acción que guarda analogía y similitud con las acciones de amparo constitucional, se entiende que tanto las causales de improcedencia como los requisitos de admisibilidad, deben ser aplicados también a este mecanismo de defensa constitucional, en su fase de admisibilidad, la misma que le corresponderá ser verificada a la Comisión de Admisión de este Tribunal.

En conclusión, en la fase de admisibilidad a ser sustanciada ante la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, deben examinarse los llamados requisitos habilitantes para la activación del control tutelar de constitucionalidad a través del recurso contra resoluciones legislativas, causales y requisitos que se encuentran específicamente disciplinados en los arts. 24, 27, 33 y 53 del CPCo, los cuales pueden ser clasificados como requisitos de forma y causales de improcedencia reglada”.

III.2. Sobre el debido proceso

Respecto al particular, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, refirió que éste: “…comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos'. (…). Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”.

Asimismo, la SC 0999/2003-R de 16 de julio, precisó que: “La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes”.

En el ámbito normativo, el art. 115.II de la CPE, vigente dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Por su parte, la SCP 1913/2012 de 12 de octubre, señaló que: “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones”.

Definiciones orientadas a revelar la triple dimensión del debido proceso, que en la Constitución Política del Estado se encuentra reconocida como derecho – garantía – principio; y que fue ampliamente desarrollada en la SCP 1401/2015-S2 de 23 de diciembre, que al respecto expresó que: “…a partir de la interpretación sistemática, axiológica y teleológica de los arts. 115.II; 117.I y II; y 180 en relación al art. 13 constitucional, se puede establecer que el debido proceso, constituido en la mayor garantía constitucional de la administración de justicia, lleva inmerso en su núcleo una gran cantidad de derechos, entre ellos: a) a la defensa, b) al juez natural, c) a la presunción de inocencia, d) a ser asistido por un traductor o intérprete, e) a un proceso público, f) a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, f) a recurrir, g) a la legalidad de la prueba, h) a la igualdad procesal de las partes, i) a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, j) a la congruencia entre acusación y condena, de donde se desprende el derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales; k) la garantía del non bis in ídem; l) a la valoración razonable de la prueba, ll) a la comunicación previa de la acusación; m) concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) a la comunicación privada con su defensor; o) a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular; catálogo de derechos que no constituye un parámetro limitativo del campo de protección que abarca el debido proceso, sino que permite establecer el contenido expansivo de aquellos otros derechos que en el tiempo, y de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad cambiante, puedan desprenderse de ellos.

Es precisamente en atención a estos elementos constitutivos del debido proceso, que la jurisprudencia constitucional, le ha reconocido una triple dimensión a su ámbito de aplicación; así, lo concibe como derecho fundamental de los justiciables, como principio procesal y como garantía de la administración de justicia.

Se reconoce al debido proceso como derecho fundamental, porque se halla destinado para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originado no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

Del mismo modo y de acuerdo al contenido del art. 178.I de la CPE, el debido proceso se constituye también en un principio que rige a la administración de justicia ordinaria; en tal sentido, deberá concebírselo como un ideal orientador en la estructuración del órgano Judicial respecto a sus competencias y al establecimiento de procedimientos que aseguren, entre otras cosas, el ejercicio del derecho a la defensa; sin embargo no podemos apartarnos de su verdadera esencia que se trasunta en la obligatoriedad impuesta a los administradores de justicia de asegurar y garantizar la emisión de decisiones correctas, razonables e imparciales que, enmarcadas dentro de los cánones legales, materialicen el mayor fin del Estado: construir una sociedad justa y armoniosa para vivir bien (arts. 8.II y 9.I CPE).

En su dimensión de garantía jurisdiccional, se le atribuye la particularidad de constituirse en un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos en su núcleo, como elementos del debido proceso, entre ellos, la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, la facultad de recurrir, entre otros, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad.

En consecuencia, el debido proceso, se sustenta en la observancia obligatoria e ineludible de las formas propias de cada proceso, mismas que se encuentran previamente establecidas en el ordenamiento jurídico y que establecen con claridad las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y etapas previstas para cada caso en particular” (las negrillas corresponden al texto original).

Con base al citado desarrollo jurisprudencial, se tiene claramente establecido que el debido proceso en el orden constitucional boliviano se manifiesta en su triple dimensión (derecho – garantía – principio), en razón a que se encuentra reconocido en su dimensión de derecho en el art. 8.1 de la CADH, que señala que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; así como en el art. 14. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que dispone que: “…Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”, instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y que tienen relación con lo dispuesto en los arts. 115.II y 117.I de la CPE.

Por otra parte, el debido proceso en su dimensión de principio, se encuentra reconocido en el art. 180 de la Norma Suprema, que establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso…” (las negrillas son nuestras). Finalmente en cuanto a la dimensión de garantía del debido proceso, ésta, se encuentra reconocida en el art. 115.II de la Ley Fundamental, que dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso…”; y el art. 117.I de la CPE, que dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; triple dimensión del debido proceso que no limita su alcance al mero cumplimiento de reglas de procedimiento formales, sino que ahora se encuentran ligados al valor justicia.

III.3. Respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria o administrativa en la jurisdicción constitucional

Conforme ya se expuso, sobre la similitud entre la naturaleza del recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo y la acción de amparo constitucional, en cuanto a la interpretación de la legalidad ordinaria o administrativa, se debe precisar que, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado que esta jurisdicción, dada su naturaleza y fines, se encuentra impedida de revisar o sustituir por otra la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los juzgadores y tribunales de las otras jurisdicciones, esto en virtud a que el art. 179.III de la CPE, establece que: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”; por lo que, se la concibe como una instancia independiente del judicial, razón por la que el Título III, Capítulo Primero de la Ley Fundamental, regula al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, existiendo en dicho precepto una clara distinción entre ambas entidades dentro de la estructura jurídica boliviana.

En este entendido y; toda vez que, el art. 178 de la Norma Suprema, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica…”; la labor interpretativa según la jurisdicción y competencia que la Constitución Política del Estado reconoce a las otras jurisdicciones, entre ellas la de los jueces y tribunales ordinarios y entidades administrativas con competencia para tal actividad, es exclusiva de éstos y no de la jurisdicción constitucional que conforme ya se refirió está concebida como una jurisdicción especializada, que tiene como objetivos el ejercer el control de constitucionalidad en los diferentes ámbitos normativo, tutelar y competencial, así como de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

Ahora, si bien la interpretación legal que realizan los jueces y tribunales de las otras jurisdicciones o entes administrativos es independiente y de atribución exclusiva de éstos; por lo que, no puede ser perturbada con la utilización de acciones constitucionales, también se debe tener en cuenta que ninguna jurisdicción está exenta del control que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual puede ingresar a revisar la interpretación realizada por los juzgadores, solo cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales, fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error evidente, para lo cual resulta importante la existencia de una carga argumentativa que acredite los presupuestos para que esta jurisdicción pueda ingresar en el análisis de fondo del acto lesivo denunciado.

En ese sentido, la SC 0085/2006-R de 25 de enero, respecto a la interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria estableció que: “…si bien la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales y administrativas; compete a la jurisdicción constitucional, en los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela, de la decisión impugnada, a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales”.

En ese orden, la citada Sentencia Constitucional, estableció además que:“…atendiendo a que la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”.

También, es importante resaltar que quien interpone una acción constitucional no debe limitarse a hacer una relación o descripción de antecedentes de la causa o simplemente realizar un análisis crítico de la interpretación realizada, sin establecer los derechos y la forma en que dicha interpretación vulneró los mismos, sino que debe explicar por qué considera que la interpretación es arbitraria y no es razonable, en tal entendido la SC 0718/2005-R de 28 de junio, estableció que: “… para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional (…)”.

En este marco, se tiene claramente establecido que la interpretación de la legalidad ordinaria es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios, no siendo posible que esta jurisdicción constitucional irrumpa en esa labor y será posible solo cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y exista evidente afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional; es así que la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, señaló que: “…cabe recordar que el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas”.

III.4. Sobre el patrocinio jurídico brindado por los abogados y abogadas en el Estado Plurinacional de Bolivia

El patrocinio jurídico brindado por los abogados, consiste en la actividad remunerada de informar a las personas que se constituyen en parte procesal, en un proceso judicial, administrativo o de otra naturaleza, asesorando sobre temas de técnica jurídica, así como, representando y guiando a la misma, ya sea que actúen como demandantes o demandados en el litigio; vale decir que, el patrocinio tiene que ver directamente con el ejercicio de la abogacía y representa una de sus principales actividades en la sociedad, la función estatal y la administración de justicia, que conforme ya se mencionó en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, realizando un análisis de la Ley de la Abogacía vigente en ese entonces, cuando se dictó la referida Resolución constitucional, señaló que: “…el ejercicio de la Abogacía es una función social al servicio del Derecho y la justicia, como prevé el art. 1 de la LA…”; criterio en cuanto a la labor del abogado también reconocido y regulado en la normativa vigente contenida en el art 2.II Decreto Supremo (DS) 0100 de 29 de abril de 2009, que al respecto precisó: “El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio del Derecho y la justicia. Su ejercicio es una función pública de desempeño particular”; definición también contenida en el art. 3 de la Ley 387 de 9 de julio de 2013 –Ley del Ejercicio de la Abogacía–, en la que se determinó que: “El ejercicio de la abogacía es una función social al servicio de la Sociedad, del Derecho y la Justicia; es en este marco que, el art. 5 de la misma Ley, señaló que: “Las abogadas y los abogados son profesionales que prestan un servicio a la sociedad en interés público; ejercen su trabajo bajo los principios establecidos en la presente Ley, por medio del asesoramiento y la defensa de derechos e intereses tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica”, servicios profesionales que conforme se expuso supra, constituyen el patrocinio del abogado en los procesos judiciales, administrativos y otros.

El ejercicio de la abogacía en el patrocinio de los procesos, se encuentra vinculado al derecho a la defensa técnica reconocido en favor de todo individuo y consiste en el derecho irrenunciable de las partes procesales de contar con asistencia de un abogado en su defensa, desde el inicio del proceso hasta la conclusión del mismo. Al respecto, la SCP 0224/2012 de 24 de mayo, concluyó que: “…uno de los componentes del derecho a la defensa, y concretamente de la defensa técnica, es el derecho que tiene el imputado a contar con un abogado de su elección, que ha sido definido como:’ (…) el derecho esencial del imputado de elegir un jurista que lo asesore y defienda (facultad de elección) desde el primer momento del procedimiento seguido en su contra’ (…).

Bajo ese entendimiento, la inviolabilidad de la defensa técnica implica necesariamente el derecho de contar con un abogado defensor de confianza, es decir, de libre elección por el imputado, desde el primer acto del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa…” (las negrillas nos corresponden); criterio que si bien se desarrolla en el ámbito penal, resulta aplicable, a todo tipo de proceso por cuanto se reconoce a las partes, el derecho de contar con defensa técnica que se traduce en el asesoramiento o patrocinio de un profesional abogado, desde el inicio del proceso hasta su conclusión e incluso en ejecución de sentencia, según se acuerde y tomando en cuenta la naturaleza del proceso; es por tal razón que incluso el art. 33.3 del CPCo, que, entre los requisitos para la admisibilidad de las acciones constitucionales, exige el “Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor público”; consiguientemente, se puede concluir que, el patrocinio que la abogada o abogado, debe ejercerse en cumplimento de los deberes previstos en el art. 9 de la Ley 387.

En este marco, se puede señalar que el patrocinio que nace del ejercicio profesional de la abogada o abogado, consiste en brindar asesoramiento técnico jurídico a las partes e incluso terceros en asuntos judiciales, administrativos o de otra naturaleza sean contenciosos o no, estando el abogado patrocinante facultado para comparecer a nombre de su cliente ante las autoridades jurisdiccionales que imparten justicia; patrocinio que concluye o termina cuando exista constancia en el mismo, que acredite la expiración o cesación de sus servicios o su mandato; caso último en el que incluso puede operar el cambio de patrocinio, conforme prevé el art. 31 de la Ley 387, que sobre tal situación, estableció que: “I. La abogada o el abogado no podrá patrocinar una causa que fue encomendada a otra abogada o abogado, salvo lo establecido en el presente Artículo.

II. El cambio de patrocinio sobreviene por fallecimiento o renuncia de la abogada o del abogado que patrocinó la causa ó a petición de la parte patrocinada y autorización, ante la Jueza o Juez que conoce la causa.

III. Las servidoras y servidores judiciales están prohibidos de exigir a cualquiera de las partes, la autorización de cambio de patrocinio o la certificación de no adeudar honorarios”; aspecto último que, si bien prohíbe la exigencia del pase profesional, empero, se puede concluir que mientras no se haya consignado en el expediente prueba alguna que acredite la sustitución del abogado patrocinante, se entiende que el mismo conserva el patrocinio.

III.5. Análisis del caso concreto

En el caso en análisis, el recurrente acusa que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la Resolución RALP 064/2019-2020, objetó su designación de Procurador General del Estado, cesándolo de sus funciones, por lo que, lesionó el debido proceso en su componente de errónea interpretación de la ley y los derechos a ser oído, a la defensa, a ejercer la función pública y la profesión de abogado, al trabajo, a la dignidad y a la ciudadanía; toda vez que, que la referida objeción, fue asumida sin su participación, dado que previo procedimiento y audiencia, el Órgano Legislativo debió averiguar la concurrencia del cuestionado requisito, dado que, el caso por el que se estableció que hubiese incumplido con lo previsto en el art. 12.10 de la LPGE, fue patrocinado por su parte, cinco años y dieciséis días antes de su designación; no existiendo un razonamiento lógico que justifique su arbitraria determinación, hecho que además evidencia una ausencia de explicación motivacional razonable al considerar que el patrocinio de una acción tutelar, interpuesta contra un ente administrativo de impugnación tributaria, sería una causal excluyente que se adecuaría al art. 12.10 de la mencionada Ley, incurriendo en tal sentido en una errónea interpretación legal. Identificada la problemática que plantea el recurrente, corresponde precisar que en lo principal, el mismo, denuncia la lesión de sus derechos a partir de tres actos en particular, que considera, evidenciarían la indebida y arbitraria motivación por la que se hubiese asumido la decisión de cesarlo del cargo de Procurador General del Estado, y, que se identifican en: 1) El supuesto indebido procesamiento, en razón a que no hubiese participado en la objeción a su designación, lesionando de esta forma sus derechos a ser oído y a la defensa; 2) La supuesta indebida interpretación y aplicación de la ley a partir de que no se hubiese considerado que la acción por la que se asumió la determinación de que patrocinó un caso contra el Estado para cesarlo, fue patrocinado por su parte, cinco años y dieciséis días, antes de su designación, es decir que dicho caso estaba fuera del tiempo previsto en el art. art. 12.10 de la LPGE; y, 3) La errónea interpretación del precepto legal antes mencionado, en razón a que el patrocinio de una acción tutelar no puede enmarcarse dentro del supuesto contenido en la referida norma.

III.5.1. Respecto al supuesto indebido procesamiento por el que se objetó su designación como Procurador General del Estado

Sobre el particular, corresponde señalar que el art. 158.II de la CPE, establece que la organización y las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regularan por el Reglamento de la Cámara de Diputados; en este marco se debe precisar que, entre los instrumentos de acción parlamentaria, previstos por el art. 126 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, por los cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional expresa su voluntad y ejerce sus atribuciones, se tiene a la facultad de dicho Órgano de pronunciar o emitir Resoluciones, que conforme prevé el art. 130 del referido Reglamento, son disposiciones obligatorias, en el marco y ejercicio de las competencias y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo trámite para su emisión se encuentra regulado en el art. 132 del cuerpo normativo antes mencionado, el cual establece: “Los Proyectos de Resolución o Declaración Camaral serán presentados ante la Presidencia de la Cámara, que los remitirá de inmediato y de oficio a la Comisión correspondiente, la cual informará al Pleno en un plazo no mayor a tres días. La Asamblea no podrá tratar ningún Proyecto de Declaración o Resolución Camaral sin el dictamen de la Comisión, excepto en situaciones de emergencia declarada. Si la Comisión no emitiera el informe en el plazo fijado, el proyectista podrá solicitar su consideración inmediata en el Pleno”.

El proyecto de Resolución puede ser considerado en el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a solicitud de uno de los asambleístas, mediante las respectivas mociones, previstas en el art. 98 y sgtes. del Reglamento General de la Cámara de Diputados regente de la Asamblea Legislativa Plurinacional; que resultan ser los mecanismos por los que los mismos, pueden solicitar la consideración de determinados asuntos de competencia del Órgano Legislativo; en tal sentido, los asambleístas, según la necesidad o urgencia, pueden acudir a la moción de dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, previsto en el art. 103 del Reglamento antes mencionado que, al respecto, señala: “Moción de dispensación de trámite y voto de urgencia es la que propone liberar del cumplimiento del procedimiento normal a cualquier asunto que por su naturaleza o urgencia así lo requiera. Estas mociones podrán considerarse en un tiempo máximo de treinta minutos, transcurrido el cual se procederá indefectiblemente a resolver el asunto mediante el voto de dos tercios de los miembros presentes” (las negrillas nos corresponden).

Ahora bien, es dentro de este marco normativo que corresponde analizar los antecedentes procesales que cursan en el expediente del presente recurso en relación a la emisión de la cuestionada Resolución RALP 064/2019-2020, para que, con base en ello, determinar si en efecto el derecho al debido proceso del recurrente fue lesionado en los términos denunciados. Así, de la contrastación de lo señalado se advierte que, la Secretaría General de la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocó a la Trigésima Quinta sesión ordinaria 2019 – 2020, fijada para el 6 de octubre de 2020, estableciendo en el Orden del día, en el tratamiento del informe final de conclusiones de la Comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Respiradores y otros; así como de, la ampliación del plazo de trabajo de las Comisiones Mixtas de Investigación y sustitución de miembros; sin embargo, mediante Nota de 5 de octubre de 2020, la entonces Senadora Rossio Lima Escalante, se dirigió a la Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para solicitar la previa alteración del orden del día de la aludida Sesión, solicitando dispensación de trámite y voto de urgencia para que en la referida sesión se trate el proyecto de Resolución por el que se objetó la designación de Alberto Javier Morales Vargas, ahora recurrente, como Procurador General del Estado, solicitud que fue admitida por la Resolución RALP 059/2019-2020, que aprobó la alteración del Orden del día de la referida sesión ordinaria, incluyendo, el tratamiento del proyecto de Resolución; por el que, –se reitera– se objetó la designación del ahora recurrente como Procurador General del Estado; aprobándose en el mismo acto, por más de dos tercios, la Resolución RALP 064/2019-2020; por la que, en ejercicio de la facultad prevista en el art. 230.III de la CPE, se objetó la designación.

En este antecedente, se evidencia que en el caso presente, la entonces Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplió con los tramites previstos en el Reglamento General de la Cámara de Diputados, para la consideración y posterior aprobación de la objeción a la designación como Procurador General del Estado del ahora recurrente, que fue presentada en ejercicio de la atribución prevista en el art. 230.III de la Norma Suprema, que en relación a la designación en el referido cargo, prevé que: “La designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada”; vale decir que, a partir del mencionado precepto constitucional se atribuye al Órgano Legislativo la facultad de objetar la designación del Procurador General del Estado; dicha consideración de la objeción, necesariamente debe realizarse con base a sus procedimientos, que conforme establece el art. 158.II de la Ley Fundamental, es regulada por el Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Razón por la que, conforme antecedentes, la objeción en cuestión fue considerada y tratada siguiendo el procedimiento de la moción de dispensación de Trámite y Voto de Urgencia, tomando en cuenta que para realizar tal objeción existe un plazo de sesenta días; habiendo sido aprobada la ahora cuestionada Resolución RALP 064/2019-2020, por más de dos tercios de voto, conforme prevé el art. 230.III de la CPE. Ahora, si bien el recurrente cuestiona que no hubiese tenido la posibilidad de ser oído y de asumir defensa en dicho trámite, corresponde tener en cuenta que es la misma Constitución Política del Estado, la que reconoce a la Asamblea Legislativa Plurinacional la facultad de objetar la designación del Procurador General del Estado, cuando este no cumpla con los requisitos para ejercer tal cargo, conforme a sus propios procedimientos, que vale precisar, de acuerdo a su consagración normativa, son procedimientos administrativos y de deliberación, que no reconocen un proceso contradictorio para emitir sus resoluciones, que posibiliten la participación del recurrente en dicho procedimiento cual si se tratase de un proceso contencioso.

En este entendido, no resulta evidente que en el presente caso hubiese existido un indebido procesamiento en el que se hubieren lesionado los derechos a ser oído y a la defensa del ahora recurrente, por cuanto conforme se expuso ut supra, se cumplieron los procedimientos propios del Órgano Legislativo para tratar la referida objeción a su designación, en cumplimiento del art. 230.III de la CPE.

III.5.2. Sobre la supuesta indebida aplicación del art. 12.10 de la LPGE, respecto a que el caso que hubiese patrocinado contra el Estado, estuviese fuera de los cinco años previstos en el referido precepto legal

Al respecto, se debe señalar que el art. 12.10 de la LPGE, entre los requisitos para ser Procurador General del Estado, establece para acceder a dicho cargo: “No haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento” (el subrayado nos corresponde); precepto legal sobre el que, el ahora recurrente, cuestiona una indebida motivación y aplicación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en razón a que en el patrocinio de la acción de amparo constitucional en la que actuó en representación legal de la empresa “Florexótica S.R.L.” contra la Directora Ejecutiva Regional Interna y Subdirector Tributario ambos de la AIT Regional Cochabamba, su última participación hubiese sido el 1 de septiembre de 2015, es decir hubiere acontecido cinco años y dieciséis días antes de su designación en el cargo antes mencionado; inobservándose de esta forma, los alcances de la citada norma que establece un límite temporal de cinco años previos al nombramiento objetado, aplicando erróneamente el supuesto fáctico a los alcances normativos de la ley; lo que obliga a este Tribunal a verificar los antecedentes procedimentales de la aludida acción de amparo constitucional correspondiente a la SCP 0061/2016-S1.

Entonces, el recurrente al cuestionar que se hubiere inobservado los alcances del art. 12.10 de la LPGE, establece que su última participación en la acción de amparo constitucional interpuesta por su parte en representación de la empresa “Florexótica S.R.L.” contra la Directora Ejecutiva Regional Interna y Subdirector Tributario ambos de la AIT Regional Cochabamba, se hubiese realizado en la audiencia de consideración de la referida acción de defensa, sustanciada el 1 de septiembre de 2015, y que, desde entonces hasta su designación como Procurador General del Estado mediante el Decreto Presidencial 4345-A de 17 de septiembre de 2020, habrían transcurrido más de los cinco años previstos en la norma antes citada; sin embargo, se debe tener en cuenta que, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el patrocinio que nace del ejercicio profesional de la abogada o abogado, consiste en brindar asesoramiento técnico jurídico a las partes e incluso terceros en asuntos judiciales, administrativos o de otra naturaleza sean contenciosos o no, estando el abogado patrocinante facultado para comparecer a nombre de su cliente ante las autoridades jurisdiccionales que imparten justicia; patrocinio que concluye cuando exista constancia del mismo, que acredite la expiración o cesación de sus servicios o su mandato; caso este último, que se puede evidenciar incluso cuando se produce el cambio de patrocinio, conforme prevé el art. 31 de la Ley 387; en este sentido, respecto al patrocinio, al estar vinculado con el derecho que tienen las partes de contar con una defensa técnica, se entiende que éste se ejerce desde el inicio del proceso hasta su conclusión e incluso, en ejecución de sentencia, según se acuerde y tomando en cuenta la naturaleza del proceso; vale decir que, mientras no se haya consignado en el expediente prueba alguna que acredite la sustitución o cesación del abogado como patrocinante dentro una determinada causa, se entiende o presume que el mismo conserva el patrocinio profesional de la misma.

En ese marco, se debe considerar que conforme se tiene descrito en el apartado de Conclusiones en el punto II.7 del presente fallo constitucional; de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Javier Morales Vargas, en representación legal de la empresa “Florexótica S.R.L.” contra la Directora Ejecutiva Regional Interna y Subdirector Tributario Regional ambos de la AIT Regional Cochabamba; la Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, dictó la SCP 0061/2016-S1 de 14 de enero, que confirmó la Resolución constitucional 1 de septiembre de 2015, elevada en revisión; Sentencia que fue notificada al ahora recurrente el 21 de marzo del 2016, actuado, que de acuerdo al trámite procesal previsto en el art. 45 del CPCo, da por concluida la fase contenciosa del mecanismo de control tutelar de constitucionalidad activado –salvando el trámite por incumplimiento que se pueda aperturar en fase ulterior (art. 17 CPCo)– al emitirse una Sentencia Constitucional Plurinacional con los alcances previstos en el art. 15 del precitado Código en concordancia con lo preceptuado en el art. 203 de la Norma Suprema. Así tampoco consta acreditación alguna de que en la sustanciación de la referida acción tutelar, el patrocinio asumido por el ahora recurrente hubiere sido efectuado solo hasta la audiencia de consideración de la acción de defensa –según plantea– o que éste hubiese sido sustituido o cesado en la misma, aspecto que tampoco fue acreditado en el trámite del presente recurso; sino que por el contrario, se debe entender que al asumir el patrocinio y representación de la misma, se entiende que este actuó como abogado en toda la sustanciación de la referida acción de amparo constitucional, que en el caso en particular, al ser denegatoria de tutela, finalizó con la emisión y notificación de la SCP 0061/2016-S1, fallo constitucional con el que el ahora recurrente fue notificado el 21 de marzo de 2016; fecha desde la que recién corresponde el cómputo del plazo de cinco años previsto en el art. 12.10 de la LPGE.

En tal entendido, se tiene por acreditado que desde el 21 de marzo de 2016, hasta la designación del ahora recurrente, efectuada el 17 de septiembre de 2020, mediante Decreto Presidencial 4345-A, transcurrieron cuatro años, cinco meses y veintisiete días; razón por la cual, no resulta evidente que la Asamblea Legislativa Plurinacional hubiese omitido considerar o aplicar los alcances (en este caso de orden temporal) de la norma antes citada, al no ser cierto que en el caso presente, los cinco años que prevé la ley, hubiesen sido cumplidos antes de la designación del recurrente como Procurador General del Estado.

III.5.3. Sobre la presunta errónea interpretación del art. 12.10 de la LPGE, y la indebida y arbitraria fundamentación de la Resolución RALP 064/2019-2020

Sobre el particular, corresponde precisar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el recurso contra resoluciones del Órgano Legislativo se asemeja bastante a la acción de amparo constitucional, en cuanto tutela derechos y garantías constitucionales de las personas; con la diferencia de que el primero, está instituido específicamente contra decisiones que emanen de un órgano del Estado como tal (Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores o Diputados), no así en contra de sus miembros como servidores públicos, cuyos actos ilegales u omisiones indebidas en los que pudiesen incurrir, deben ser reclamados por vía de la acción de amparo constitucional, es decir, la activación constitucional por esta vía se da, ante una decisión emitida como órgano estatal y que la misma afecte derechos y garantías constitucionales de toda persona natural o jurídica, con esa diferencia, concretamente se puede establecer que estamos ante un recurso de naturaleza tutelar similar a la acción de amparo constitucional; razón por la que, en el mismo operan los mismos presupuestos de procedencia y de resolución como las autorestricciones que rigen el marco de actuación de las autoridades constitucionales en el conocimiento de las acciones tutelares.

Consiguientemente, se debe señalar que, en el caso en resolución, el recurrente acusa la errónea interpretación de la legalidad, concretamente de los arts. 12.10 y 14 de la LPGE, señalando que el Órgano demandado no interpretó dicho precepto legal, aplicando los estándares o cánones universales de interpretación, tampoco aplicaron los métodos literal, teleológico y sistemático; señalando que la Resolución de objeción a su designación, tuvo por efecto el cese de sus funciones, empero, el art. 14 de la mencionada ley, exige la concurrencia de un procedimiento para el ejercicio de la facultad de objeción o de impugnación, es decir que, la misma debió ser puesta en conocimiento de la autoridad para que si ésta, estima conveniente, asuma defensa; asimismo, en relación al art. 12.10 de la referida Ley, expusieron que al haber patrocinado la acción de amparo constitucional contra la AIT Regional Cochabamba, el ahora recurrente tuvo una conducta reñida o contraria con los intereses del Estado, cuando en una interpretación correcta del art. 12.10 de la LPGE, la actuación de un abogado en una acción como el amparo constitucional en contra de una autoridad pública, no se puede entender como una acción en contra del Estado, sino que por el contrario se pidió su protección por medio de uno de sus Órganos como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, interpretación que resulta ser la más concordante con el sistema garantista de derechos fundamentales.

Argumentos que evidencian el cumplimiento de los presupuestos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en relación a la supuesta errónea interpretación del art. 12.10 de la LPGE, por cuanto, conforme los fundamentos del recurso en análisis antes expuestos, el recurrente claramente identificó los métodos de interpretación omitidos, identificando la que en su criterio seria la premisa de interpretación falsa y exponiendo la premisa que sería correcta; sin embargo, con relación al art. 14 de la misma Ley, el reclamo planteado al respecto, fue vinculado al supuesto indebido procesamiento en la objeción que decantó en la cesación de su persona en el cargo de Procurador General del Estado; aspecto que ya fue resuelto en el punto III.5.1 del análisis del caso concreto en el presente fallo constitucional; vale decir que, el recurrente cumplió con la carga argumentativa, para que este Tribunal pueda ingresar en el análisis y revisión de la legalidad ordinaria, puesto que, conforme ya se expuso, explicó claramente porqué la interpretación efectuada en la Resolución RALP 064/2019-2020, sobre el art. 12.10 de la LPGE, resulta –en su criterio– insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, habiendo precisado sobre los métodos de interpretación que hubiesen sido mal aplicados, e identificando las premisas del fallo cuestionado que refiere serian falsas, señalando cuál fuese la correcta; vinculando el supuesto error en la interpretación con los derechos invocados de lesionados en el presente recurso.

Ahora bien, en análisis de lo referido, es decir, la verificación de la alegada ausencia de motivación racional, vinculada a una errónea interpretación del art. 12.10 de la LPGE, corresponde remitirnos a los razonamientos desarrollados en la Resolución RALP 064/2019-2020, ahora cuestionada, con base en los cuales se adoptó la decisión de objetar la designación del recurrente. En ese sentido, la aludida Resolución, interpretando y aplicando el precitado articulado, profirió que, conforme dispone el referido precepto legal, entre los requisitos para ser designado Procurador General del Estado, se establece una condición imprescindible que toda persona debe cumplir para acceder al referido cargo, requiriendo para ello, una conducta en la trayectoria profesional en la que, no se debe desplegar dentro los cinco años anteriores a su designación, patrocinio alguno de procesos ni acciones contra el Estado, puesto que para los fines específicos que desempeña ser Procuradora o Procurador General del Estado, el haber coadyuvado profesionalmente causas contrarias a los intereses del Estado sería incompatible con los fines que persigue el mencionado cargo; en este sentido, se debe comprender que, el patrocinio desde la perspectiva jurídica se entiende como el asesoramiento que brindan los profesionales del derecho para intervenir en una causa en sede judicial o extrajudicial; en el caso particular, toda vez que, para acceder al cargo en cuestión, se requiere que el profesional no haya tenido una conducta reñida o contraria a los intereses del Estado, en consecuencia, no se podría esperar una defensa integral de estos de una persona que en los cinco años anteriores defendió intereses particulares en detrimento o con la pretensión de afectar los intereses generales del Estado. Bajo dicho fundamento, la cuestionada Resolución continua señalando que, de acuerdo al expediente 12307-2015-25-AAC del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidenció que Alberto Javier Morales Vargas, patrocinó y representó a la empresa “Florexótica S.R.L.”, en una acción de amparo constitucional contra la AIT Regional Cochabamba, en una causa que compromete el erario público afectando los intereses del Estado, puesto que la referida institución, siendo parte del Ejecutivo estatal, se encuentra encargada de velar por intereses del Estado; razón por la que, el prenombrado, al haber patrocinado una acción judicial en contra los intereses estatales no cumpliría con el requisito señalado en el numeral 10 del art. 12 de la LPGE. Asimismo, remitiéndose a lo previsto en el art. 232 de la CPE, en la aludida Resolución, se establece que el principio de ética exige de los servidores públicos, y con mayor relevancia de autoridades de alta investidura –entre otros– se evite poner en entre dicho los principios de objetividad e imparcialidad de las altas autoridades que dirigen la gestión pública, y en el caso particular, del más alto representante de los intereses del Estado como es el “Procurador General del Estado”; razón por la cual, el accionar de la Presidenta Transitoria del Estado, al designar y posesionar a una persona que no cumple con los requisitos señalados en la Ley para el cargo de Procurador General del Estado, afecta la imparcialidad y la objetividad que el cargo requieren, en cuya virtud, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el art. 230.III de la CPE, ante la designación como Procurador General del Estado, el Órgano Legislativo en defensa de la institucionalidad pública, mediante el voto de dos tercios del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, RESOLVIÓ, de conformidad a los precitados fundamentos, objetar la designación de Alberto Javier Morales Vargas, por contravenir el numeral 10 del art. 12 de la LPGE. En este marco, ingresando en el análisis de la interpretación de la legalidad cuestionada por el ahora recurrente, como lesiva de sus derechos, incumbe señalar que conforme prevé el art. 12 de la CPE, el Estado Plurinacional de Bolivia organiza y estructura sus funciones públicas en los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, que administran y desarrollan las funciones normativas, jurisdiccionales, administrativas; de control, defensa de la sociedad y defensa del Estado, que son ejercidas por las autoridades y servidores públicos, quienes como parte de las entidades o instituciones públicas desempeñan funciones, que tienen que ver con el conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los referidos órganos y de las demás entidades según el fin que las mismas tengan; empero, para acceder al desempeño de las funciones públicas, en las diferentes instituciones públicas, el art. 234 de la CPE, establece condiciones o requisitos de ingreso, que tienen que ver con prohibiciones y obligaciones para el ejercicio de la función pública, cuyos requerimientos tienen por finalidad, la selección de servidores idóneos para tal función, entre ellos las autoridades que dirigen los órganos e instituciones estatales; pretendiendo de esta forma, eliminar cualquier situación de nepotismo e incompatibilidad, estableciendo prohibiciones constitucionales expresas, que además estén impregnadas de criterios de ingreso que tienen que ver con la ética pública, que asegure la transparencia de los mismos en el ejercicio de sus funciones. Así, en el marco de lo previsto en el art. 234 de la Norma Suprema, se desarrolló normativa específica para cada órgano e institución pública, en cuanto a los requisitos exigidos para acceder a ejercer la función como autoridades o como servidores; es así que, en el caso particular de la Procuraduría General del Estado, el art. 12.10 de la LPGE, entre los requisitos para ser Procuradora o Procurador General del Estado, señala: “No haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado durante los últimos cinco años anteriores a su nombramiento”; prohibición establecida específicamente para poder ser designado como máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, que en complementación con los demás requisitos previstos en el referido precepto legal en análisis, tiene por finalidad que dicha función pública, sea ejercida por una persona idónea para el cargo, cualidad vinculada directamente con lo previsto en el art. 229 de la Ley Fundamental, que establece que la referida institución tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado, norma constitucional con base en la cual, el art. 11 de la LPGE, establece que la Procuradora o el Procurador General del Estado, se constituye en la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado y la o el Representante Legal del Estado en la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y la referida Ley; representación que dicha autoridad ejerce sin necesidad de mandato expreso en procesos judiciales, extrajudiciales, conciliatorios, procesos arbitrales y administrativos en el ámbito de su competencia, todo dentro las restricciones que establecen las leyes.

Consiguientemente, el requisito contenido en el art. 12.10 de la LPGE, constituye un presupuesto que toda persona que se constituya en máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado debe cumplir de manera obligatoria e ineludible; siendo inconsecuente que una autoridad que se reviste como representante legal del Estado y principal defensor de los derechos, intereses y patrimonio del mismo, en el ejercicio de su profesión de abogado, haya patrocinado procesos u acciones en contra del Estado, que le hayan causado o hubieren tenido la finalidad de generar un menoscabo, detrimento o perjuicio patrimonial; en este sentido, el cumplimento de dicho requisito resulta de carácter imperante y específico para acceder al referido cargo, puesto que, su incumplimiento directamente contraviene el objeto y fin constitucional reservado a la Procuraduría General del Estado así como la principal atribución de su máxima autoridad, como representante legal del Estado y defensor de su patrimonio; en consecuencia, acudiendo a una visión teleológica de la norma en análisis, que consagra el requisito antes mencionado, se tiene incontrovertiblemente determinado que la finalidad del art. 12.10 de la LPGE, es la de impedir el acceso al cargo de Procurador General del Estado, de un profesional abogado que tenga o haya tenido intereses contrapuestos con el Estado o hubiere afectado al mismo, en un plazo de cinco años antes de su designación, en cualquier tipo de proceso que implique un perjuicio, daño o menoscabo al patrimonio estatal; perfil esencial requerido a quien postule y ulteriormente, asuma la representación y defensa legal del Estado. Entonces, si bien el recurrente alude a que, en una interpretación correcta del art. 12.10 de la LPGE, la actuación de un abogado en una acción de defensa como es el amparo constitucional, cuando la misma no es planteada contra el Estado de modo particular, sino contra una autoridad pública no es indebida; en cuyo supuesto, habiendo patrocinado la señalada acción contra la AIT Regional Cochabamba, se pidió la protección del Estado por medio de uno de sus Órganos, concretamente el Tribunal Constitucional Plurinacional; no obstante, corresponde hacer énfasis, que el tantas veces citado art. 12.10 de la LPGE, en la literalidad de su contenido, expresa que quien sea designado como Procurador General del Estado, no debe haber tenido ni patrocinado procesos judiciales y acciones en contra del Estado; vale decir que, dicho precepto no cierra tal prohibición a solo procesos judiciales sino a todo tipo de acciones, entre ellas las denominadas acciones de defensa –entre las que se encuentra la acción de amparo constitucional–, que si bien son de naturaleza tutelar, en razón a que tienen por finalidad la tutela de los derechos de las personas ante eventuales vulneraciones a los mismos por parte de servidores públicos o particulares, en cuanto corresponda; no obstante, las mismas pueden ser analizadas a partir de su alcance o efecto para determinar si constituyen o no, acciones en detrimento, vale decir que, a partir de su formulación contra autoridades, representantes de los órganos o entidades estatales, por su efecto puedan implicar o generar afectación, daño o menoscabo en el patrimonio del Estado, es decir que, la pretensión procesal deducida pueda generar o implique de manera inequívoca y directa, un detrimento o daño económico para el Estado, situación que puede evidenciarse, en aquellas causas relacionadas directamente con cuestiones impositivas emergentes de procesos iniciados por la administración tributaria, cuestiones aduaneras, entre otros. A la luz del referido razonamiento, corresponde entonces dilucidar la pretensión procesal deducida en la acción de defensa promovida por el ahora recurrente, a los fines de verificar si la autoridad demandada, vulneró los derechos invocados como vulnerados en el presente recurso, a partir de una errónea compulsa de los antecedentes en contraste con la normativa legal y constitucional aplicable, traducida en la supuesta arbitraria fundamentación denunciada. En este entendido, en el caso de la acción de amparo constitucional interpuesta y patrocinada por el ahora recurrente en representación legal de la empresa “Florexótica S.R.L.”, la misma fue formulada contra la Directora Ejecutiva Regional Interna y Subdirector Tributario ambos de la AIT Regional Cochabamba, acción que emergió de un proceso de ejecución tributaria iniciado por el SIN, en el que el ahora recurrente, actuó como representante y abogado patrocinante, solicitando a la Administración Tributaria la prescripción de las obligaciones que se intentaban cobrar, proceso en el que, agotando la vía administrativa, decantó en la presentación de la referida acción de amparo constitucional; antecedente que efectivamente, evidencia que el recurrente patrocinó una acción tutelar contra autoridades de una entidad del Estado, por un asunto impositivo en el que se buscó la prescripción de obligaciones tributarias, que al margen de que dicha pretensión se hubiese admitido o no; en su efecto sin duda implicaba afectación económica al Estado de haber sido admitida y declarada probada la referida prescripción. Consiguientemente, al haberse interpuesto la referida acción de amparo constitucional contra la administración tributaria y las autoridades de impugnación de la materia, en procura de reactivar el proceso de ejecución tributaria, para en definitiva lograr la prescripción de las obligaciones; en efecto, tal cual asumió la autoridad demandada, es evidente que el ahora recurrente patrocinó y representó una acción contra el Estado, y que, al encontrarse dentro del plazo de cinco año previos a su designación como Procurador General del Estado, conforme ya se explicó ut supra, la interpretación realizada por la instancia recurrida en relación a la aplicación del aludido art. 12.10 de la LPGE, resulta correcta; no siendo evidente que la motivación efectuada por el Órgano Legislativo en la interpretación del referido precepto legal sea ausente o insuficientemente razonable, arbitraria, absurda o ilógica. En consecuencia, con base en todos los fundamentos jurídicos constitucionales expuestos a lo largo del presente fallo constitucional, esta jurisdicción concluye que la lesión de derechos argüida por el ahora recurrente en el presente recurso formulado contra la Resolución RALP 064/2019-2020, no resulta evidente, al verificarse que la misma fue emitida en observancia del procedimiento constitucional y legal previsto al efecto; así como haberse desvirtuado la alegada incorrecta interpretación y aplicación del numeral 10 del art. 12 de la LPGE, en la objeción a la designación como Procurador General del Estado, no evidenciándose a lo largo de las consideraciones fundamentadas por el Órgano emisor de la Resolución Legislativa cuestionada, un apartamiento de los marcos de la razonabilidad en la determinación asumida, al haber expuesto de manera precisa y debidamente motivada las convicciones determinativas de su decisión, razones que llevan a este Tribunal, a no dar curso a la nulidad de la aludida Resolución.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 142 del Código Procesal Constitucional; resuelve, declarar: INFUNDADO el recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo interpuesto por Alberto Javier Morales Vargas, y SUBSISTENTE la Resolución RALP 064/2019-2020 de 6 de octubre de 2020. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen los Magistrados Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora y MSc. Brigida Celia Vargas Barañado, por ser de Voto Disidente; por otra parte, los Magistrados MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano, MSc. Georgina Amusquivar Moller y MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas son de Voto Aclaratorio. Por otra parte, el Magistrado René Yván Espada Navía es de Voto Disidente.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía

MAGISTRADO MAGISTRADO

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0044_2023.pdf · páginas 1 a 29.

Huella digital del PDF (SHA-256): f286c88c2d41e08007d5c85958700e55e38f9281d9e2b58e9ce30695b6743ede

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