B.IA.LEGAL

SCP 0043/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53068-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la vida; toda vez que, desde el 13 de julio de 2022 los demandados (la Ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el Representante legal de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., procedieron a negarle el ingreso al Edificio Guerrero, en la que se encuentra su oficina donde se desempeña laboralmente como abogado libre y que posee desde hace más de trece años, producto de un contrato privado de anticrético, colocando un candado en la puerta principal del edificio, acción realizada por el portero dependiente del Ministerio de la Presidencia, quien habría indicado que fue por órdenes de los presuntos propietarios; es decir, los ahora demandados le hubieran encargado que no dejara ingresar a personas particulares al edificio, siendo ese ingreso (puerta principal) el único acceso a su oficina ubicada en el tercer piso; por todo ello, y considerando que tales hechos constituyen medidas de hecho que vulneran sus derechos fundamentales, acude a la instancia constitucional solicitando se le conceda la tutela y, en consecuencia se conmine a los demandados para que le permitan el acceso al referido ambiente para ejercer su derecho al trabajo, como a sus clientes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 309/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 49 a 53, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada en los términos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia
  3. III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas de hecho
  4. III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia
  5. III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho
  6. III.6. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0043/2025-S3 Sucre, 10 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53068-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 309/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 49 a 53, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marco Antonio Aldayus Fuentes contra María Nela Prada Tejada, Ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; y, Nery Nelly Arteaga De Szasz, representante de DECORACIONES BRASILIA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 15 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 7 a 8 vta.; y, 15 a 16 el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encontraba en pacífica posesión de una oficina ubicada en el Edificio Guerrero, (específicamente la oficina “306”, Piso 3), situado entre las calles Mercado y Socabaya de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, teniendo ocupación del referido ambiente en base a un contrato privado de anticrético por el monto de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) otorgado por Héctor Arnez Torrejón -entonces propietario-, siendo dicha oficina su domicilio procesal y de trabajo debido a que desempeñaba funciones como abogado litigante y cuya posesión fue pacífica desde febrero de 2009 hasta el 13 de julio de 2022, fecha en la que ocurrió la medida de hecho que vulneró sus derechos; ya que, se le impidió el acceso al mismo por parte del portero del mencionado inmueble, dependiente del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, quien colocó un candado a la puerta central, indicando que tenía órdenes de cerrarla y no permitir el ingreso de ninguna persona al edificio, restringiéndole de esa manera la entrada a su oficina. En vista de tal acto unilateral por parte del Ministerio de la Presidencia, entabló una reunión con Nery Nelly Arteaga de Szasz, Gerente General de “Decoraciones Brasilia S.R.L. (SELECTA)” -lo correcto y en adelante DECORACIONES BRASILIA S.R.L.-, quien le manifestó que no podía ingresar a su fuente laboral, y que debía sacar sus pertenencias, sin tomar en cuenta que por más de trece años dicho ambiente se constituyó en su domicilio procesal. El acceso al mencionado inmueble, así como las gradas del mismo eran de uso común y la única entrada por la cual podía ingresar a su oficina, cuya ocupación no perjudicaba al uso de los ambientes de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., ni de la “Gaceta Oficial del Estado”, dependiente del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; empresa e institución que no contaban con derecho propietario sobre el ambiente en la cual desempeña sus actividades laborales. Con el objeto de encontrar una solución pacífica, intentó conciliar con la representante de la citada empresa; sin embargo, no pudo llegar a acuerdo alguno, pese a sostener que lo único que pretendía era el ingreso a su fuente de trabajo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la alimentación, a la salud y vida, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se conmine a los demandados a permitirle el ingreso a su oficina y ejercer su derecho al trabajo, además se le permita la entrada irrestricta de las personas que son catalogadas como sus clientes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 44 a 48, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, ratificó de forma íntegra los argumentos contenidos en el memorial de su acción tutelar y ampliándolos manifestó que: Los ahora demandados no acreditaron la titularidad respecto al inmueble en el que se encontraba su oficina, además de que estos tenían vías legales a su disposición para poder reclamar y establecer su derecho propietario; sin embargo, se procedió directamente a restringirle el acceso a su lugar de trabajo. Dando respuesta a las preguntas realizadas por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, afirmó que: a) No pudo recuperar ningún documento ni objeto de la oficina a la cual se le impidió el acceso; b) El Ministerio de la Presidencia, así como DECORACIONES BRASILIA S.R.L., afirmaron ser supuestos propietarios del inmueble, por ello, ambos tomaron la decisión conjunta de negarle el acceso a su oficina; en relación a esta última, la referida empresa ingresa su mercadería por la puerta central del edificio; la cual, fue cerrada con candado, dando a entender dicha actuación que también es una puerta sobre la cual toman decisiones de manera conjunta y consensuada con los responsables de las oficinas de la Gaceta Oficial del Estado dependiente del Ministerio de la Presidencia; y, c) La conciliación fue planteada como una opción de resolución pacífica del conflicto y solo fue llevada a cabo con la mencionada empresa, y no así con el Ministerio de la Presidencia porque la misma como institución estatal no podía ser convocada a dicha instancia.

I.2.2. Informe de los demandados

María Nela Prada Tejada, Ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su representante legal, en mediante informe escrito presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 35 a 38 vta., así como en audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: 1) El accionante interpuso un proceso preliminar de conciliación contra del representante legal de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., misma que resultó fallida, pero le abre la vía judicial, conforme lo previsto por el Código Procesal Civil, y genera la causal de improcedencia de la subsidiariedad en la presente acción de amparo constitucional; sin embargo, el impetrante de tutela de manera contradictoria señaló que no requería cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, cuando el art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece entre sus excepciones, que se debe demostrar las medidas de hecho denunciadas, la existencia de un daño irreparable o irremediable, o cuando no exista un medio de defensa eficaz, o se traten de la vulneración de derechos de grupos protección reforzada (mujeres embarazadas, menores de edad, personas con capacidades diferentes, etc.), debiendo existir una justificación fundada para tal requerimiento, requisitos que no se cumplen por parte del accionante; por lo que, no es posible activar la tutela de esta acción de defensa; 2) La jurisdicción constitucional no puede dilucidar derechos controvertidos; puesto que, los mismos tienen las vías administrativas y jurisdiccionales para su dilucidación, ante la existencia de conflicto de derechos; en ese entendido, se tiene que el impetrante de tutela no demostró su derecho propietario, y si bien sostiene que es anticresista, no acreditó si tal calidad que ostenta tener es o no oponible a terceros, tampoco se advierte que haya cumplido con el registro correspondiente, ni mucho menos adjuntó un antecedente dominial respecto a la titularidad del inmueble, ni demostró que Héctor Arnez Torrejón fuese propietario del inmueble ahora en controversia, aspectos que nuevamente generan una causal de improcedencia en la presente acción de amparo constitucional; y, 3) Con base al entendimiento adoptado en la SCP 0869/2015-S3 de 17 de septiembre, en el caso existe falta de legitimación pasiva; ya que, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que el impetrante de tutela debe demostrar la vinculación entre la autoridad o particular demandado y el acto que objeta por un derecho presuntamente vulnerado; empero, dichos requisitos fueron incumplidos en la presente acción tutelar; ya que, el ahora accionante de manera irracional interpuso la misma contra la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de la Presidencia, sin haber acudido ante dicha autoridad a objeto de hacer conocer su situación jurídico procesal, cuando incluso procedió a iniciar un proceso de conciliación con la precitada empresa; se tiene además que en la acción interpuesta argumentó que la vulneración de sus derechos se debió a la “…unitelaridad del Ministerio de la Presidencia…” (sic), elemento que denota la falta de legitimación pasiva en la autoridad demandada; ya que, ante esos supuestos, debió de acudir ante la autoridad que supuestamente llegó a lesionar sus derechos y garantías constitucionales, elemento incumplido por el accionante, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela impetrada. Rodrigo Antonio Loma, en representación de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., mediante informe escrito presentado el 7 de diciembre de 2022, cursante de fs. 28 a 31, así como en el desarrollo de la audiencia de garantías, manifestó lo siguiente: i) Respecto al edificio Guerrero, la citada empresa es propietaria de casi una mitad de acciones y derechos de dicho inmueble (lado izquierdo de las fotografías impresas adjuntadas) y la otra mitad corresponde al Ministerio de la Presidencia, donde funcionan las oficinas de la Gaceta Oficial del Estado, donde dicha sociedad comercial tiene su propia entrada al edificio a través de su local comercial y es el Ministerio de la Presidencia quien usa la puerta central para ingresar a sus oficinas; es decir, la puerta que obstaculizó el ingreso al accionante esa la que está administrada por el portero, quien es contratación de la referida repartición pública; ii) En relación a la falta de acreditación de la legitimación activa, el ahora accionante ostenta un documento de anticresis carente de los requisitos establecidos en los arts. 1392 y 1393 del Código Civil (CC); ya que, el denominado propietario le otorgó en calidad de anticrético la oficina 303, sin tener derecho propietario alguno sobre el inmueble; además, el supuesto contrato tampoco fue inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.); por lo que, el impetrante de tutela no demostró tener la titularidad que permita facultarle la suficiente legitimación activa para interponer la presente acción tutelar; iii) En cuanto a la falta de acreditación de la legitimación pasiva, con base en el entendimiento de la SCP 0442/2012 de 22 de junio, no existe coincidencia o conexitud en cuanto al hecho en que se fundamenta la acción de defensa, puesto que, los propietarios de la empresa que representa no pusieron ninguna limitación al ingreso principal del edificio, siendo falsa la manifestación de la parte accionante, de que no podía ingresar al edificio y que debía retirar sus pertenencias; por lo que, no habría razón para ser demandados; iv) Respecto a la carencia de causales para prescindir del carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, el impetrante de tutela en primera instancia debió acudir con el propietario del bien o con la persona con quien suscribió el contrato a fin de que se respete su derecho; empero, en la conciliación previa se limitó a citar solo al representante de la aludida sociedad comercial y no así al Ministerio de la Presidencia, quienes son responsables del acceso a la puerta principal del edificio, además que el accionante no habría acreditado su interés legal, siendo inviable que dicha empresa le facilite el ingreso por su propia tienda; puesto que, no podía darle acceso ni a sus clientes por medio de su local comercial; v) En base a la falta de acreditación del derecho supuestamente vulnerado, menciona que el accionante no acreditó con ningún documento que brinde certeza de que la oficina a la que pretende ingresar sea su oficina laboral o despacho jurídico; ya que, que en ningún documento señala la dirección de su supuesta oficina en el Edificio Guerrero; vi) Con relación al petitorio, el impetrante de tutela pretende que se conmine a los demandados a permitirle el ingreso a su oficina, pero cualquier persona debe ingresar por la puerta principal del edificio y no así por el ingreso del espacio comercial de DECORACIONES BRASILIA S.R.L..

I.2.3. Intervención del Tercero interesado

Héctor Arnez Torrejón, en su condición de tercero interesado, mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 43, manifestó lo siguiente: a) Es poseedor por más de treinta años de la oficina 306, ubicada en el piso 3 del Edificio Guerrero de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, cuya posesión deviene desde sus padres, la misma que por motivos económicos cedió en calidad de anticrético a Marco Antonio Aldayus Fuentes -ahora accionante-; b) Nunca hubo acciones de prohibición de ingreso por personas que ocupan las galerías de afuera de dicho Edificio; es decir, de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., ni de la Gaceta Oficial del Estado, dependiente del Ministerio de la Presidencia; por lo que, debe tomarse en cuenta que los demandados no pueden coartar el derecho de ninguna persona bajo ningún argumento; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada por el accionante.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 309/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 49 a 53, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, tanto la Ministra de la Presidencia, como el Representante legal de la empresa DECORACIONES BRASILIA S.R.L., ordenen la apertura del Edificio Guerrero, piso 3, oficina 306, lugar donde se encuentra la oficina del accionante, a fin de que se posibilite su ingreso a dicho inmueble, a cumplirse dentro del plazo de diez días; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Respecto al principio de subsidiariedad, de conformidad al art. 54 del CPCo y el entendimiento establecido en la SCP 0272/2024 de 20 de febrero, adoptado por esa Sala Constitucional, el impetrante de tutela cumplió con el presupuesto para aplicar la excepción al principio de subsidiariedad, al denunciar la comisión de medidas de hecho y acreditar la existencia de las mismas, en las que incurrieron los demandados, evidenciándose que si bien no emplearon medidas violentas para materializar el acto lesivo, lo consumaron de manera pacífica, prescindiendo de mecanismos legales para restringir los derechos del ahora accionante; con relación al principio de inmediatez, realizaron el cómputo a partir del día en el que se produjo la supuesta vulneración; es decir, desde el 13 de julio del 2022 hasta el 7 de noviembre del mismo año, fecha en la que se presentó la acción de amparo constitucional, encontrándose dentro del plazo de los seis meses establecidos para tal efecto; teniendo plena identificación de la legitimación activa y legitimación pasiva; 2) El solicitante de tutela demostró que se encontraba en posesión de la oficina 306, piso 3 del Edificio Guerrero en base a un documento privado de anticrético, suscrito el 6 de febrero de 2009, oficina que ocupaba como estudio jurídico en su condición de abogado litigante; a partir de ello, el 13 de julio de 2022, se le prohibió el ingreso a dicho ambiente colocando un candado al acceso principal al referido edificio; y, 3) La parte demandada alegó ser propietaria del mencionado inmueble; sin embargo, tal extremo no fue demostrado, y los derechos que aducen tener, para lograr la restitución de dicho inmueble deben ser acreditados por las vías legales pertinentes, y no a través de una acción tutelar por la cual no puede dilucidarse el derecho propietario; por lo que, los hechos denunciados, sin recurrir a las vías legales pertinentes vulneraron el derecho al trabajo de la parte accionante establecido en el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE), correspondiendo otorgar la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa documento privado de anticrético, suscrito el 6 de febrero de 2009, entre Héctor Arnez Torrejón, en calidad de propietario y Marco Antonio Aldayus Fuentes -ahora accionante-, teniendo como objeto la otorgación en calidad de anticrético de la oficina signada con el número 303, en el piso 3, del Edificio Guerrero, ubicado entre las calles Mercado y Socabaya, número 1115 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, por la suma de $us5 000.-(fs. 2). II.2. Se tiene fotografías impresas que muestran una puerta cerrada por un candado metálico y una cadena del mismo material, que no indica la fecha en la que fue tomada (fs. 12 a 14 y 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la vida; toda vez que, desde el 13 de julio de 2022 los demandados (la Ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el Representante legal de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., procedieron a negarle el ingreso al Edificio Guerrero, en la que se encuentra su oficina donde se desempeña laboralmente como abogado libre y que posee desde hace más de trece años, producto de un contrato privado de anticrético, colocando un candado en la puerta principal del edificio, acción realizada por el portero dependiente del Ministerio de la Presidencia, quien habría indicado que fue por órdenes de los presuntos propietarios; es decir, los ahora demandados le hubieran encargado que no dejara ingresar a personas particulares al edificio, siendo ese ingreso (puerta principal) el único acceso a su oficina ubicada en el tercer piso; por todo ello, y considerando que tales hechos constituyen medidas de hecho que vulneran sus derechos fundamentales, acude a la instancia constitucional solicitando se le conceda la tutela y, en consecuencia se conmine a los demandados para que le permitan el acceso al referido ambiente para ejercer su derecho al trabajo, como a sus clientes. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0091/2018-S2 de 29 de marzo, reiterada por la SCP 0119/2018-S2 de 11 de abril y la SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio -entre otras-, sistematizó y desarrolló el siguiente razonamiento: La acción de amparo constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebido de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; en este mismo sentido el art. 51 del CPCo, prevé al respecto: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/2012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1, expresó que la acción de amparo constitucional:

[S]e constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:

[E]stablece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras). Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo.

III.2. La proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia

La justicia constitucional en varias sentencias relevantes, como en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre 1El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho.

Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas). 2El FJ III.1, señala: “…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con y en especial en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere que el fundamento esencial de la proscripción de los actos vinculados a medidas o vías de hecho y a la justicia por mano propia, es el resguardo celoso del principio de Estado Constitucional de Derecho y la protección del derecho de acceso a la justicia o derecho a la jurisdicción en sentido amplio, que se ve fracturado y suprimido respectivamente, cuando el acto o los actos cometidos por particulares o servidores públicos, están al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales individuales y/o colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad. En efecto en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

[S]in ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de “Estado de derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho” cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, nace sepultando el modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.

Actualmente, el Estado de derecho, se configura como “Estado constitucional de Derecho”, que es “…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación”, o en palabras de Prieto Sanchís “…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realización”.

Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de “Estado de derecho”, debido a que en esta última fórmula “Estado Constitucional de Derecho”: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas.

De igual forma, la referida SCP 1478/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, expresa de manera explícita su preocupación -se reitera en este fallo- sobre las recurrentes denuncias de actos vinculados con medidas o vías de hecho a través de las diferentes acciones de defensa -acciones de amparo constitucional, libertad y popular- en diferentes supuestos, calificándolo como un problema estructural, como son:

[i)] Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.); y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos que propician, con un solo hecho (vías de hecho) la repetición crónica de violaciones de una serie de derechos humanos de afectación directa e indirecta, conforme se analizará posteriormente y que ameritan un análisis estructural de este problema (las negrillas son agregadas). En ese orden, la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia; con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte, traducido en la existencia y respeto a la 4La referida SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares] que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”.

Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional, a través del Recurso de amparo constitucional, las SSCC 489/01-R, 151/01-R, 28/2002-R, 944/2002-R, 0312/2003-R, 0178/2003-R, 0615/2003-R, 0376/2004-R, entre muchas otras. 5La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior, que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble. 6La SC 0517/2003-R de 22 de abril, en el FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos”.

Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras. 7Las SSCC 0562/2007-R, 0502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras, se refieren al caso.

institucionalidad y en especial la independencia en la administración de justicia, con un modelo de justicia plural eficiente, al servicio de la protección, tanto de derechos individuales como colectivos, con acceso a la justicia en sentido amplio, para la convivencia pacífica de los ciudadanos, que es un mandato prescrito principalmente en los arts. 1, 2, 9 y 178 de la CPE.

III.3. El Estado Constitucional de Derecho y el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia; su vulneración por las medidas de hecho

En correspondencia con lo anteriormente señalado, la citada SCP 1478/2012, entiende que el desconocimiento de particulares o servidores públicos, que existen mecanismos legales y autoridades competentes en el orden constitucional para la solución de sus conflictos, tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. Así, en el Fundamento Jurídico III.1.1, establece:

[El] derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en “el derecho protector de los demás derechos” y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho.

En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución.

En ese entendido, la potestad de impartir justicia, por mandato de la Constitución y desde su propia concepción plural (pluralismo jurídico) es la facultad del Estado Plurinacional a administrar justicia emanada del pueblo boliviano (art. 178 de la CPE) a través de los órganos formales competentes (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicciones especializadas: en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la LOJ) y también de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales (jurisdicción indígena originaria campesina).

Ahora bien, bajo el principio de unidad de la función judicial previsto en el art. 179.I de la CPE, que estipula que “La función judicial es única…”, todas las jurisdicciones previstas en la Constitución y la justicia constitucional (ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y los jueces y tribunales de garantías) tienen la misma autoridad para ejercer la función judicial, están sometidas a la Constitución y al bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE) y deben velar por el respeto a los derechos (art. 178 CPE). Esto, debido a que el modelo de justicia plural diseñado por la Constitución se articula y forma una unidad a partir de la posibilidad de que las resoluciones de las diferentes jurisdicciones sean revisadas por el Tribunal Constitucional, a través del control de constitucionalidad en sus tres ámbitos: a) Control normativo, que precautela la compatibilidad de las normas con la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; b) Control tutelar, que resguarda el respeto de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución; y, c) El control competencial, sobre las competencias asignadas a los órganos del poder público, a las entidades territoriales autónomas y a las jurisdicciones.

En ese orden de ideas, siguiendo la normativa referida, corresponde señalar que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión (las negrillas son incorporadas).

Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia, a partir del criterio de interpretación contenido en el art. 196.II de la CPE; esto es, de la voluntad del constituyente, debe ser garantizado en un sentido amplio por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía de la Constitución Política del Estado y de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que tiene naturaleza judicial y es de composición plurinacional, sin exclusión; más por el contrario, de forma compartida con los jueces y tribunales de garantías y los de la pluralidad de jurisdicciones; en especial, por los órganos de cierre, como son el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, que se constituyen en los garantes primarios de la Ley Fundamental -SCP 0112/2012 de 27 de abril- que conforman la función judicial única, en mérito al art. 179 de la CPE, mediante la cual se resguarda la unidad del sistema jurídico plural, bajo un modelo de justicia plural, regido por el principio de unidad de la función judicial. Esta pluralidad de jurisdicciones, como se señaló, está compuesta por los órganos judiciales formales competentes -jurisdicción ordinaria; jurisdicción agroambiental; y, jurisdicciones especializadas en materia administrativa, coactiva, tributaria, fiscal, etc.-; por las naciones y pueblos indígenas originario campesinos a través de sus autoridades naturales -jurisdicción indígena originaria campesina-; y, otros medios alternativos de solución de conflictos, reconocidos por el orden constitucional y legal, a los cuales se extiende la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales -SCP 0112/2012-.

En efecto, la Norma Suprema reconoce una pluralidad de fuentes normativas presentes en la realidad jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia, que visibilizan la existencia de otras formas de producción jurídica en la sociedad, de grupos, comunidades, sindicatos, corporaciones en general etc., que se autorregulan y ejercen un tipo de función jurisdiccional y solucionan conflictos, que demuestran que no solo el Estado crea derechos y gestiona el conflicto a través de la pluralidad de jurisdicciones formalmente reconocidas, sino que, existen otros derechos creados independientes de aquél; cuyo ejercicio, se advierte, debe tener un techo constitucional, pero además, internacional, de respeto a los derechos fundamentales, en el marco de la unidad de la Constitución Política del Estado, aspecto que constituye un verdadero reto para la conformación y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, debido a la necesidad de coordinación, armonización, entre esas fuentes normativas plurales.

III.4. La labor de la justicia constitucional ante la constatación de denuncias o actos vinculados a medidas o vías de hecho y justicia por mano propia

Después del análisis reflexivo del desarrollo jurisprudencial constitucional sobre este tema, es posible reafirmar, que independientemente de la acción de defensa que interponga el justiciable -acción de amparo constitucional, de libertad o popular-, por vulneración a derechos y garantías individuales o colectivos, por actos vinculados a medidas o vías de hecho provenientes de particulares o servidores públicos; de constarse esta situación, la justicia constitucional, otorga: 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio; y, ante la inobservancia y/o fractura del Estado Constitucional de Derecho; y, 2)

La tutela provisional y transitoria -con efectos preventivos o reparadores-, con relación al derecho sustantivo en cuestión -derechos a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, a los servicios básicos, etc.- hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso, defina o en su caso, reafirme su titularidad; distinciones, que inciden en los efectos de la resolución constitucional, como se pasa a reflexionar.

En efecto, la tutela provisional y transitoria ante medidas o vías de hecho, puede tener dos alcances y efectos no excluyentes: i) Preventiva y/o ii) Reparadora, a ser analizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, ante denuncias de actos vinculados a medidas de hecho que afectan la propiedad o posesión por avasallamientos, una tutela reparadora en el marco de la provisionalidad, puede disponer la desocupación inmediata de la propiedad, incluso con el auxilio de la fuerza pública, librándose a este fin los mandamientos que correspondan, hasta que la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso defina, o en su caso, reafirme la titularidad del derecho propietario. De ahí, que cesan los efectos de la tutela, que tiene carácter provisional y transitorio cuando la autoridad competente asume conocimiento, y por tanto, se tiene por cumplida en la medida -transitoriedad- de lo determinado. En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Asimismo, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobre posiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.5. Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: 1) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; 2) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; 3) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, 4) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria (las negrillas nos corresponden)

A lo anotado, corresponde señalar que la SCP 0998/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece:

[P]ara el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros.

13La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal. 14La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”. 15SCP 0998/2012, FJ III.4.

Entendimiento que fue complementado por la SCP 1478/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1.2, determina:

[P]ara los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie pérdida o perturbación de la posesión, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c), referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial.

III.6. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, a la alimentación, a la salud y a la vida; toda vez que, desde el 13 de julio de 2022, los demandados (la Ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el representante legal de DECORACIONES BRASILIA S.R.L., habrían procedido a negarle el ingreso al Edificio Guerrero, en la que se encuentra su oficina donde se desempeña laboralmente como abogado libre y que posee desde hace más de trece años, producto de un contrato privado de anticrético, colocando un candado en la puerta principal del edificio, acción realizada por el portero dependiente del Ministerio de la Presidencia, quien además habría indicado que supuestamente por órdenes de los presuntos propietarios; es decir, los representantes de la mencionada empresa y del Ministerio de la Presidencia, se le encargó que no dejara ingresar a personas particulares al edificio, siendo esa entrada (puerta principal) el único acceso a su oficina ubicada en el tercer piso; por todo ello y considerando que tales hechos constituyen medidas de hecho que vulneran sus derechos fundamentales, acude a la instancia constitucional solicitando que se le conceda la tutela y en consecuencia se conmine a los demandados a que le permitan el acceso a su oficina para ejercer su derecho al trabajo, como a sus clientes.

De la revisión de antecedentes se evidencia que, mediante la existencia de un documento privado de contrato de anticrético, por el cual el ahora accionante, ocupa la oficina signada con el número “306”, en el piso tercero del edificio Guerrero (Conclusión II.1); Se tiene un muestrario de fotografías impresas del referido edificio, en las que no consta la fecha en que fueron tomadas, en el que se advierte una puerta, misma que se encuentra cerrada con un candado y una cadena (Conclusión II.2). Respecto a los argumentos expuestos por parte de los demandados, afirmando que la acción presentada no cumple con el principio de la subsidiariedad, es necesario recordar la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que determinó la excepción a dicho principio cuando se denuncian medidas de hecho (SCP 0344/2018-S2, reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0373/2018-S2 y 0069/2019-S2), en mérito a que las medidas de hecho no solamente afectan derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad que disciplina la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde. Ahora, analizando el fondo de lo demandado, se advierte que el ahora accionante no presentó los suficientes elementos probatorios para demostrar que los demandados tienen vinculación directa con la supuesta medida de hecho que generó el acto lesivo y que estos sean responsables para restringirle el ingreso a su oficina ubicada en el mencionado edificio, ya que las pruebas presentadas se remiten simplemente a un muestrario fotográfico, mismo que no se tiene certeza a que fecha corresponden, al 13 de julio de 2022 o una fecha posterior, para poder determinar si efectivamente los candados y cadenas que figuran en la puerta de dicho edificio bloquearon el acceso del accionante a sus oficinas desde la indicada fecha (Conclusión II.2). Aparte de ello el accionante refirió que el portero del indicado edificio no le permitió el ingreso a sus oficinas; sin embargo, no existe prueba testifical o de otra naturaleza que confirme tal denuncia, como tampoco la vinculación que tendría dicho portero con los ahora demandados; en este punto se advierte que el representante de la merituada empresa sostuvo que en ningún momento se le restringió la entrada al edificio al accionante, mientras que la Ministra de la Presidencia sostiene que el aludido nunca acudió ante su autoridad a reclamar las supuestas vulneraciones a sus derechos, lo que implica que ninguno de los demandados aceptó que hayan procedido a restringir el derecho de paso al impetrante de tutela. Ante la no constatación de las vías de hecho ejecutadas por parte de los demandados, corresponde recordar la jurisprudencia establecida en el Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, que establece que para activar esta acción de defensa aduciendo medidas de hecho, entre las subreglas esenciales se tiene que el impetrante de tutela tiene la carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debiendo acreditar su existencia, de tal forma que se pueda evidenciar de manera objetiva, que fueron asumidas sin causa jurídica; dentro del presente caso tal subregla no ha sido cumplida, ya que las pruebas presentadas se remiten al ya mencionado muestrario fotográfico, mismo que resulta insuficiente para establecer de manera indubitable la existencia de vías de hecho como el nexo entre tal acto y los ahora demandados, mismo que en momento alguno aceptaron haber restringido de alguna manera el paso o acceso del impetrante de tutela a su oficina, por lo que ante la existencia de hechos controvertidos, corresponde denegar la tutela impetrada. Si bien las pruebas presentadas no fueron lo suficientemente claras como para demostrar las acciones o vías de hecho denunciadas, es necesario el advertir a los demandados que no pueden, bajo ningún contexto el recurrir a medidas o vías de hecho, para restringir el derecho de paso que tiene el impetrante de tutela a sus oficinas, ya que cualquier controversia respecto al documento de anticrético o a la posesión de dichas oficinas deben ser previamente dilucidadas en las vías legales que tienen a su alcance sin tener que recurrir a hacer justicia por mano propia, conforma a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional plurinacional. Respecto a la supuesta vulneración de su derecho a la alimentación, a la salud y a la vida, no se estableció el nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos mencionados respecto al acto lesivo; por lo que, no amerita su análisis. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 309/2022 de 19 de diciembre, cursante de fs. 49 a 53, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada en los términos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia MAGISTRADA

Notas al pie

abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales (…)”. 3El FJ III.1, establece que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

8 El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

9 La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.2, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: `…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto´”. 10La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

11 La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. 12La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”. En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0043_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 52a2aac7234a385702499433b442f92a7435ea6a93400a6416842b6432e0496f

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