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SCP 0042/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 12 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
61028-2024-123-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, y a la seguridad jurídica; en virtud a que, la autoridad demandada al resolver una apelación dentro del trámite de aplicación de medidas cautelares, emitió una resolución arbitraria, confundiendo los hechos fácticos, al afirmar que no se habrían completado los actos de investigación y al detectarse la falta de motivación y fundamentación en la resolución del Juez a quo, por extensión debería haber corregido los agravios denunciados; por lo que, el Auto de Vista 598/2023, carece de una debida fundamentación, motivación; por cuanto, no ha realizado un análisis correcto de la situación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 236/2023 de 1 de diciembre, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:
  2. III.2.La acción de libertad y su ámbito de protección
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2025-S4 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 61028-2024-123-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 236/2023 de 1 de diciembre, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Wilfredo Vino Vino contra Felix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 12 de octubre de 2023, cursante de fs. 1; y, 10 a 15 vta.; y, de subsanación de 1 de noviembre de igual año (fs. 40 a 43 vta.) el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación de niño, niña y adolescente tipificado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), en audiencia de aplicación de medidas cautelares realizada el 22 de julio de 2023, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento, mediante Resolución 339/2023 de la misma fecha, dispuso la medida cautelar de detención preventiva en el Centro de Custodia de Patacamaya del referido departamento por el tiempo de seis meses. Contra dicha determinación, en la misma audiencia, interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la Resolución apelada al existir agravios cometidos por el Juez a quo y que deben ser corregidos en alzada; la impugnación planteada fue resuelta mediante Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto; por el cual, la autoridad ahora demandada, declaró la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto, determinando disponer procedente en parte la impugnación, y confirmando en parte la Resolución confutada, estableciendo que no concurre el riesgo de fuga contemplado en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); manteniéndose subsistente los riesgos procesales de los arts. 234.7 y 235.2 de la mencionada norma adjetiva penal, afirmando que la detención preventiva es proporcional respecto a su imposición por el termino de seis meses.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, alegó la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia y a la seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto alguno, “La ilegales Resolución N° 598/2023, APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR de fecha 16 de agosto de 2023, emitido por el Vocal presidente Dr. Félix Orlando Rojas de la SALA PENAL CUARTA del TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ. y que el accionado emita una nueva Resolución conforme a procedimiento, debiendo señalar que el Art. 235 Numeral 2 de la Ley Adjetiva Penal queda desvirtuado por mala fundamentación y motivación del Juez Adquo” (sic); y, b) También exigió la imposición de costas a la autoridad demandada, y aplicación de procesos disciplinarios, amparado en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual, el 1 de diciembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 57, presentes el abogado del impetrante de tutela, el tercero interesado y la representante legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, ausentes el accionante, el representante legal del Ministerio Público y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su abogado, respondió ante la interrogante del Tribunal de garantías respecto a que no estaba munido de ningún instrumento legal que le otorgue la personería necesaria para que intervenga en la audiencia; razón por la cual, el citado Tribunal ordenó que se dé lectura al memorial de acción de defensa presentado por el impetrante de tutela.

Sin embargo, ante la consulta sobre que los supuestos agravios denunciados en la acción de amparo constitucional que se tramita serían los causantes de la privación de libertad del accionante, el abogado patrocinante, respondió expresando que, la autoridad simplemente se abocó a determinar la existencia de riesgos de manera genérica porque además existen actos pendientes de la investigación. Cuando la resolución de primera instancia carece de motivación y fundamentación, los Tribunales de alzada pueden suplir esa falencia por extensión, no se puede privar de libertad a una persona que está siendo procesada cuando no se ha llegado a conocer la verdad material.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno; así como, tampoco participo de la presente audiencia, pese a su diligencia de notificación cursante a fs. 99.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Joel Alanoca Catacora, en su condición de padre de la víctima, a través de su abogado manifestó; la víctima dentro de la causa ordinaria de la cual deviene la presente acción tutelar, es una persona menor de edad, una niña, se tiene elementos probatorios colectados en Cámara Gessell; además, existen una serie de riesgos procesales que han incrementado la situación de peligro para la víctima; no se evidencia en la resolución cuestionada aspectos que denoten falta de fundamentación y motivación.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

El Fiscal de materia, no intervino en la presente audiencia, ni presento escrito alguno, pese a su legal notificación (fs. 62).

I.2.5. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a través de su representante legal, en la misma audiencia, el accionante no ha demostrado los agravios expresados en su pretensión, se debe tomar en cuenta que la víctima de violación es una niña que fue abusada por el marido de su hermana.

I.2.6. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 236/2023 de 1 de diciembre, cursante de fs. 58 a 60 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Tomando en cuenta el contenido y ratio de las SSCCPP 011/2018-S2 de 28 de febrero, 0077/2012 de 16 de abril y SC 0782/2005-R de 13 de julio, respecto al deber de fundamentación de las resoluciones de alzada y las facultades de dichos entes colegiados en relación al art. 398 del CPP, cuando se da la revisión de medidas cautelares; y, b) La interpretación del citado artículo no puede ser literal, no se evidencia que los agravios denunciados sean evidentes; si el Juez de instancia determinó la existencia de riesgos procesales contenidos en el art. 235.2 de la referida norma procesal penal no constituye una vulneración al derecho al debido proceso, la autoridad jurisdiccional únicamente aplico criterios jurisprudenciales que se constituyen en vinculantes al caso concreto.

I.3. Trámite procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Auto Constitucional (AC) 0314/2024-CA/S de 17 de octubre, cursante de fs. 107 a 110, la Comisión de Admisión de este Tribunal, declaro ha lugar la solicitud de adelanto de sorteo formulada por la parte impetrante de tutela; disponiendo que, se dé priorización del sorteo, dejando presente que dicha determinación no constituye una opinión anticipada sobre la pretensión litigada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Franz Wilfredo Vino Vino, –ahora accionante– por la supuesta comisión del delito de violación de niño niña y adolescente tipificado en el art. 308 bis de CP; el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 339/2023 de 22 de julio, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, al comprobar que existían riesgos procesales que denotaban que el imputado no se sometería a la tramitación de la causa, aplico la medida cautelar de detención preventiva por el lapso de seis meses a cumplirse en el Centro de Custodia de Patacamaya del señalado departamento. En la misma audiencia la parte imputada, planteó a través de su abogado recurso de apelación contra la precitada Resolución para que sea tramitada ante el superior en grado; (fs. 3 a 7). II.2. Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal y Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, –hoy autoridad demandada– resolviendo la impugnación, emitió el Auto de Vista 598/2023 de 16 de agosto, declarando la admisibilidad del recurso de apelación, declarando la procedencia en parte, determinando que no concurre el riesgo de fuga contemplados en los arts. 234.1 del CPP y manteniendo subsistente los riesgos procesales contemplados en el 234.7 y 235.2 de la referida norma procesal penal (fs. 8 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación, y a la seguridad jurídica; en virtud a que, la autoridad demandada al resolver una apelación dentro del trámite de aplicación de medidas cautelares, emitió una resolución arbitraria, confundiendo los hechos fácticos, al afirmar que no se habrían completado los actos de investigación y al detectarse la falta de motivación y fundamentación en la resolución del Juez a quo, por extensión debería haber corregido los agravios denunciados; por lo que, el Auto de Vista 598/2023, carece de una debida fundamentación, motivación; por cuanto, no ha realizado un análisis correcto de la situación. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la acción de amparo constitucional y su ámbito de protección:

Todos los demás derechos no protegidos por otras acciones de defensa

Las garantías jurisdiccionales y las acciones de defensa, materializan la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, entre las que se encuentran: la acción de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, de inconstitucionalidad, la acción popular, la acción de cumplimiento y el recurso directo de nulidad, las cuales según su naturaleza tienen distintos ámbitos de tutela; en ese marco, con relación a la acción de amparo constitucional la SCP 0087/2020-S4 de 14 de julio; estableció que: “Conforme (…) el art. 128, la acción de amparo constitucional ‘…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley´.

De acuerdo a ello, se puede afirmar que la citada acción, es un mecanismo constitucional de defensa con un amplio margen de protección, por cuanto no especifica de manera concreta, detallada y limitada qué derechos son susceptibles de ingresar a su ámbito de resguardo; sin embargo, en el Código Procesal Constitucional, se establecen ciertas restricciones en concordancia con las demás acciones de defensa constitucional reconocidas por la Constitución Política del Estado. Así, como una de las causales de improcedencia, prevé ‘Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular’ (art. 53.5), entendiéndose de ello que todos los demás derechos no protegidos por las otras acciones constitucionales, son amparados por la presente acción tutelar” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2.La acción de libertad y su ámbito de protección

De igual manera, la precitada SCP 0087/2020-S4, en cuanto a la temática de exordio, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “La acción de libertad, por otra parte, conforme se tiene del art. 125 de la CPE, está al alcance de ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal (…) y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y tomando en cuenta que la referida disposición constitucional establece la activación de dicho mecanismo de defensa constitucional ante la vulneración del derecho a la vida y a la libertad, la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad’.

Conforme al art 46 del CPCo: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. En la SCP 0212/2012 de 24 de mayo, se estableció que: ‘…para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley”’ (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció como acto lesivo a sus derechos invocados en esta acción de defensa, el Auto de Vista 598/2023, porque dicha determinación no ha realizado un análisis sobre la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales previstos en la Norma Suprema incurrido por el Juez a quo al momento de disponer la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, por el lapso de seis meses; y ante la evidencia de los agravios denunciados el Tribunal de alzada debería haber corregido los errores del inferior. Ya establecido el contexto, de los antecedentes procesales cursantes en obrados, podemos colegir que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Franz Wilfredo Vino Vino –ahora impetrante de tutela–, por la presunta comisión del delito de violación de niño niña y adolescente, a través de la Resolución 339/2023, la autoridad a cargo del Juzgado de Instrucción Penal Primero del El Alto del departamento de La Paz, resolvió disponer la detención preventiva por el tiempo de seis meses en el Centro de Custodia de Patacamaya del citado departamento, al evidenciarse la existencia de riesgos procesales que podrían significar peligro para la víctima (Conclusión II.1). Al considerar que la precitada resolución es lesiva a sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, el ahora accionante, ejerciendo su derecho a la impugnación inserto en el art. 180.II de la CPE; en audiencia planteó recurso de apelación y a consecuencia de dicha tramitación, emerge el Auto Vista 598/2023, que admite en parte el recurso de apelación estimando que no existía el riesgo de fuga y determina mantener los riesgos procesales contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. (Conclusión II.2) Ahora bien, con carácter previo a ingresar a realizar cualquier consideración de fondo, resulta necesario tener presente que si bien de acuerdo al contexto de la demanda, el cuestionamiento traído a materia a través de esta acción tutelar versa en presuntos defectos de fundamentación y motivación, generados a raíz de haberse desvirtuado un riesgo procesal y mantener vigente otro, lo que ha generado la permanencia como detenido preventivo al ahora impetrante de tutela; no obstante, al hallarse dicha medida bajo el régimen de medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal, es evidente que se encuentra en directa vinculación con su situación jurídica y por ende con su derecho a la libertad; en ese entendido, cabe resaltar que si bien la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo constitucional de defensa con contenido amplio, al proteger todos los derechos fundamentales de acuerdo a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; ahora bien, el diseño constitucional vigente en Bolivia, reconoce de manera expresa otras acciones tutelares regidas bajo propias configuraciones, entre ellas, la acción de libertad estatuida como el medio constitucional de defensa que protege el derecho a la vida, la integridad física, la libertad personal y la libertad de locomoción; la cual, posee una naturaleza carente de formalismos y rigurosidades que hace posible en caso de ser pertinente, la tutela inmediata y eficaz ante la lesión de los aludidos derechos, conforme previene el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.

Bajo esa línea de análisis, es evidente la concurrencia de la causal de improcedencia de esta acción de defensa, prevista en el art. 53.5 del CPCo, al no encontrarse los derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados de lesión, dentro del ámbito de su protección; pues de acuerdo a lo explanado, los mismos se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad del impetrante de tutela; por lo que, se concluye que el mecanismo constitucional idóneo a efectos de resolver la problemática planteada, es la acción de libertad; ya que, las vulneraciones denunciadas, obedecen a una detención preventiva impuesta por autoridad competente, razones que hacen inviable el control tutelar de lo reclamado, lo que conlleva denegar la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Por consiguiente, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 236/2023 de 1 de diciembre, cursante de fs. 58 a 60 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0042_2025-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 14e20689b0e04091b302d4e0602984fae8fc989459bcda546bdd1cb7a177cf38

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