B.IA.LEGAL

SCP 0041/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de marzo de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58826-2023-118-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso por falta de fundamentación y motivación, y, al derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho, en razón a que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 15/2023-SP1, que resolvió la apelación incidental planteada por el acusador -hoy tercero interesado- no respondió a todos los agravios, limitándose a responder solo a uno, referido a la observancia del plazo para la interposición del incidente, sin ingresar al fondo de lo pretendido en el recurso, respecto al doble juzgamiento. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 181 a 187, pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso
  2. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0041/2026-S3 Sucre, 2 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58826-2023-118-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 80/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 181 a 187, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Silvana Helen López Aceituno contra Luis Esteban Ortiz Flores y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 y 29 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 139 a 153 y 169 y vta., el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal de acción pública seguido en su contra por Iván Bluske Sagárnaga, radicado en el Juzgado de Sentencia Penal Quinto del departamento de Tarija con CUD NUREJ 601102012001322, planteó como medio de defensa, un incidente de nulidad por vulneración a la garantía y principio de non bis in ídem, que por Auto Interlocutorio 311/2021, fue declarado fundado y consecuentemente se dispuso la nulidad de todo el proceso conforme a lo establecido en el art. 169.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disponiendo el archivo de obrados; sin embargo, el querellante presentó apelación incidental contra la señalada decisión, emitiéndose el Auto de Vista 15/2023 de 27 de marzo, que da lugar a recurso planteado y revoca el auto impugnado, ordenando la continuidad de la causa penal. Los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista, vulneraron sus derechos constitucionales, como el de falta de fundamentación o indebida motivación como parte del debido proceso en su triple dimensión; indicando que, los agravios interpuestos fueron cinco, sin embargo, solo contestaron uno, observando una forma procesal, sin ingresar al fondo para advertir la vulneración de su derecho a no ser juzgada por el mismo hecho, como señala el art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y lo establecido en la jurisprudencia constitucional. El acusador –hoy tercero interesado- ya ejerció su derecho en la causa penal 6050583, que siguió por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza en su contra en el Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Tarija, emitiéndose la Resolución 08/2021 y que en segunda instancia se ordenó el reenvío mediante Auto de Vista 05/2023 de 27 de julio, dictada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Tarija y ahora con el recurso de casación presentado por el acusador particular, fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia; pretendiendo ahora, seguir un nuevo proceso penal, con mismo fundamento fáctico, el Ministerio Público y la acusación particular mediante causa signada como NUREJ 601102012001322, por los delitos de falsedad ideológica, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, con identidad hechos, sujetos procesales y narrativa acusatoria, cometiendo un exceso en el uso de derechos que ya fueron reclamados por vía alterna, intentando un doble enjuiciamiento, quedando de lado la justicia como valor supremo. El Auto de Vista 15/2023 de 27 de marzo, no observó derechos y garantías constitucionales en su favor, perdiendo objetividad en su fundamentación, omitiendo lo establecido en el art. 4 del CPP, que limita el procesamiento y condena más de una vez por el mismo hecho; señalando las autoridades demandadas como único fundamento, que se ha dejado transcurrir el plazo y su derecho caducó, sin pronunciarse sobre los demás agravios presentados en la apelación, no debiendo las autoridades estar supeditadas a un plazo meramente formal, que establece diez días para presentar excepciones e incidentes de conformidad al art. 314 del CPP, cuando existen vulneraciones a los derechos fundamentales que constituyen defectos absolutos. En los hechos que motivan la persecución penal en su contra, existe un indebido procesamiento por la vulneración de la garantía del non bis in ídem, aun cuando se modifique la calificación, que es precisamente lo que ocurrió en el caso, pues al existir un proceso por delitos de acción privada, en el cual se dictó sentencia condenatoria, existe otro proceso por delitos de acción pública, teniendo ambos procesos como base fáctica la contratación de su persona como asesora externa de las empresas BLUSIC SRL, empresa unipersonal Iván Bluske Sagárnaga y BLUSKE y Asociados, acusándole de un mal manejo contable respecto al pago de impuestos, debido a que no hubiera sido depositado en su totalidad, alterando para ello, los formularios presentados al Servicio de Impuestos Nacionales y aparentar dichos pagos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, así como el principio de non bis in ídem; citando al efecto los arts. 115.II y 117.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se declare “procedente” la acción tutelar y ordene a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emita un nuevo auto de vista, respetando la garantía de la prohibición del doble juzgamiento.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de octubre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 178 a 180 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de sus abogados, se ratificaron en el contenido de su demanda tutelar y ampliándolo, señalaron que: a) Las autoridades demandadas como el tercero interesado, razonaron a partir de la cantidad de agravios expuestos, que al solo exponer uno, exonera a la autoridad de poder manifestarse, sin pronunciarse por los demás argumentos; b) El derecho de las partes es tener una resolución motivada que justifique la decisión, donde mínimamente abarque los agravios y que en el presente caso, no se llegó al fondo de la problemática respecto al doble juzgamiento para que las autoridades protejan ese derecho; c) el art. 117 de la CPE y el derecho internacional de los derechos humanos, establecen la prohibición de juzgar dos veces por el mismo hecho; d) Citando jurisprudencia constitucional, se tiene que la forma procedimental no puede estar por encima del derecho humano, por lo que, no podría darse el plantear el incidente fuera de plazo, cuando ya se tiene sentencia condenatoria en primera instancia; y , e) Dando lectura a la Resolución 08/2021, indicó que ya se manifestó el juez de instancia al tema de la falsedad, aspecto reiterado en la segunda acusación, por lo que se está tratando es de evitar que haya una repetición de criterios y doble juzgamiento.

I.2.2. Informe de los demandados

Claudia Gamarra Hoyos y Luis Esteban Ortiz Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito presentado el 16 de octubre de 2023, cursante de fs. 175 a 177 vta., indicaron que: 1) Se rechazó la apelación incidental planteada por el ahora accionante, señalando que la etapa intermedia en el procedimiento penal boliviano se inicia con el requerimiento conclusivo, de acuerdo al art. 323 del CPP, donde se sanea mediante la revisión formal la acusación y aspectos incidentales del proceso, pasado aquello, ingresa a la siguiente etapa para llevar adelante el juicio oral público; en ese sentido, es que en mérito al art. 325 del CPP y la jurisprudencia constitucional, advierte que las excepciones e incidentes tienen un momento procesal para su interposición, que de otra manera, la causa no se enmarcaría dentro del debido proceso o que el derecho a la defensa esté debidamente resguardado; y, 2) No se vulneró el derecho al debido proceso, en su vertiente de prohibición de segundo juzgamiento por el mismo hecho, pues de conformidad con el art. 251 del CPP es una potestad de las salas penales considerar y resolver apelaciones incidentales.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Iván Bluske Sagárnaga a través de su a abogado, en audiencia refirió que: i) La acción de amparo constitucional, no es una doble instancia de revalorización, incurriendo en error el accionante al tratar que las autoridades ingresen al fondo, cuando aquello fue debatido al momento de la emisión del auto de vista cuestionado, ya que los vocales, al momento de la apelación presentada, revisan inicialmente los requisitos de forma y en caso de que no se haya cumplido, rechazan sin la necesidad de ingresar al fondo, siendo esto lo que se confunde en este caso; ii) El primer agravio que invoca el accionante es por la falta de motivación y fundamentación del auto de vista en su triple dimensión, porque de cinco agravios solo se respondió uno, en todo caso, ese agravio debió ser para las víctimas en el proceso penal y no así para los accionantes; en tal sentido, al haber respondido solo un agravio, fue precisamente por haber resuelto el aspecto formal, por lo que no ingresaron al fondo de la problemática, aspecto que el juez que resolvió el incidente, entró en error al no considerar los aspectos formales, que de ser así debió rechazar el mismo; por lo que no se advierte una falta de fundamentación y motivación al exponerse razones claras y precisas, sobre el plazo de presentación del incidente; y, iii) Como segundo agravio los accionantes, refieren la vulneración del art. 117.II de la CPE, sobre la prohibición del doble juzgamiento, que en el presente caso no debe ser atendido, ya que las autoridades accionadas no ingresaron al fondo, ya que solo analizaron el tema de forma, por lo que esta acción de amparo constitucional no abarca aspectos no pronunciados ni resueltos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 80/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 181 a 187, denegó la tutela impetrada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El primer proceso penal, luego de pasar por las instancias de juicio oral, en la que se emitió sentencia condenatoria, fue apelada por la ahora accionante, emitiéndose auto de vista que revocó y determinó su reenvío, extremo al que la víctima, recurrió en casación; en consecuencia, no se trata aun de una sentencia condenatoria ejecutoriada; b) En cuanto a la presentación del incidente por la prohibición de un doble juzgamiento de conformidad al art. 117.II de la CPE, debe tomarse en cuenta la jurisprudencia constitucional en cuanto a la oportunidad de la presentación de las excepciones e incidentes, donde se establece que son necesariamente 10 días que debe presentarse a partir del conocimiento de la notificación del acto que se considera vulnerado; en el presente caso, el Auto de Vista 15/2023 de 27 de marzo, evoca precisamente el plazo para la interposición de estos incidentes, que no debe computarse a partir de la acusación, sino, del conocimiento del hecho, siendo el accionante conocedor de ese aspecto, desde el momento en que se presentó la querella y la imputación, decidiendo oponerla recién como incidente pero ya fuera del plazo establecido en el art. 314 del CPP; c) No se puede dar una interpretación distinta a la norma, pues no se trata de una mera formalidad, sino, de la aplicar la bilateralidad de los procesos judiciales, para dar lugar a lo que señala el art. 119.I de la CPE, referido a la igualdad de las partes en conflicto; y, d) Sobre la insuficiente motivación y fundamentación en el auto de vista impugnado, debe tomarse en cuenta que no se está negando ningún derecho al accionante, pues la situación referida al art. 117.II de la CPE, debió plantearla en tiempo oportuno, aspecto que advierte en la resolución emitida por las autoridades accionadas. I I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta querella de 9 de marzo de 2020, interpuesta por Iván Bluske Sagárnaga, en contra de Silvana Helen López Aceituno –ahora accionante– por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y falsedad de documento privado (fs. 31 a 38); querella por la cual, el Ministerio Público imputa formalmente a la ahora peticionante de tutela el 31 de agosto de 2020, presentado mediante memorial al Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (fs. 39 a 47 vta.). II.2. Se tiene acto conclusivo de acusación formal emitido por el Ministerio Público de 13 de abril de 2021, en contra de Silvana Helen López Aceituno, por los delitos de falsedad ideológica, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado (fs. 48 a 51 vta.). II.3. Consta incidente de un nulidad por vulneración de la garantía y principio del non bis in ídem, presentado el 8 de julio de 2021, por Silvana Helen López Aceituno –ahora accionante– dentro del proceso penal seguido en su contra por Iván Bluske Sagárnaga, por los delitos abuso de confianza y apropiación indebida (fs. 1 a 6 vta.) II.4. Cursa Auto Interlocutorio 311/2021 de 13 de agosto, por el cual el Juez de Sentencia Penal Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el incidente planteado y declaró fundado el mismo, disponiendo el archivo de obrados. (fs. 7 a 18)

II.5. A través del Auto de Vista 15/2023-SP1, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, se determinó declarar a lugar al recurso de apelación incidental planteada por Iván Bluske Sagárnaga y en consecuencia, los vocales demandados revocaron el Auto Interlocutorio 311/2022 de 13 de agosto, disponiéndose que continúe con la secuencia procesal que corresponda al estado de la causa (fs. 23 a 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso por falta de fundamentación y motivación, y, al derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho, en razón a que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 15/2023-SP1, que resolvió la apelación incidental planteada por el acusador -hoy tercero interesado- no respondió a todos los agravios, limitándose a responder solo a uno, referido a la observancia del plazo para la interposición del incidente, sin ingresar al fondo de lo pretendido en el recurso, respecto al doble juzgamiento. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso

En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, sostuvo que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

(…)

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’” (las negrillas corresponden al texto original). Ahora bien, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativo o cualquier otro, expresada en un fallo en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión, fue desarrollado por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre y está dado por sus finalidades, las cuales son: “…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. Sobre el segundo contenido, es decir lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia, la precitada SCP 2221/2012 desarrolló las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando que: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’.

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La ‘justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]’. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’. En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

(…)

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada” (el resaltado nos corresponde).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso por falta de fundamentación y motivación, y, al derecho a no ser juzgada dos veces por el mismo hecho, en razón a que los Vocales demandados al emitir el Auto de Vista 15/2023-SP1, que resolvió la apelación incidental planteada por el acusador -hoy tercero interesado- no respondió a todos los agravios, limitándose a responder solo a uno, referido a la observancia del plazo para la interposición del incidente, sin ingresar al fondo de lo pretendido en el recurso, respecto al doble juzgamiento. Conforme a los antecedentes del expediente, se evidencia que, el 9 de marzo de 2020 se interpuso una querella contra la ahora accionante por la presunta comisión de los delitos de falsedad material y falsedad de documento privado; elemento con el cual, luego de la etapa investigativa, el Ministerio Público imputa formalmente el 31 de agosto de 2020, presentado mediante memorial al Juez de Instrucción Penal Cautelar Segundo del departamento de Tarija (Conclusión II.1); posteriormente, el 13 de abril de 2021, el Ministerio Público emite acusación formal en contra de la accionante, por los delitos de falsedad ideológica, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.2); luego, la accionante, planteó ante el Juzgado Penal Quinto del departamento de Tarija, un incidente de nulidad por vulneración de la garantía y principio del non bis in ídem, el 8 de julio de 2021, dentro del proceso penal seguido en su contra por Iván Bluske Sagárnaga (Conclusión II.3); a ello, se emitió Auto Interlocutorio 311/2021 de 13 de agosto, con el que se resolvió el incidente planteado y declaró fundado el mismo, disponiendo el archivo de obrados (Conclusión II.4); a continuación, se deduce una apelación incidental presentada por el acusador particular, toda vez que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija mediante Auto de Vista 15/2023-SP1, determinó, revocar el Auto Interlocutorio 311/2021 y en consecuencia, continuar con la secuencia del proceso (Conclusión II.4). Planteada la problemática, la accionante solicita la revisión del Auto de Vista 15/2023-SP1, emitido por los Vocales al momento de resolver la apelación incidental presentada por el acusador particular -hoy tercero interesado-que revoca el Auto Interlocutorio 311/2021, decisión que a su criterio, vulneró el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, así como el derecho a la prohibición de ser juzgada dos veces por el mismo hecho; en ese sentido, es pertinente recurrir al entendimiento desarrollado en el citado Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, relativo a la fundamentación y motivación de las resoluciones, que citando la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, observa que: “(…) la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.. Ahora bien, continuando con la secuencia analítica de la presente acción tutelar, respecto al reclamo realizado por la peticionante de tutela, se tiene que, el auto de vista precedentemente señalado, refirió en la parte considerativa, que uno de los argumentos de la apelación incidental fue la observación sobre el plazo de interposición del incidente y que no hubiese sido planteado dentro de los 10 días que exige la norma. Más adelante, colige que el auto interlocutorio recurrido, contiene una incongruencia omisiva, toda vez que, de los motivos expuestos y contestados en el incidente, no existe pronunciamiento respecto a la cuestión formal. Asimismo, el auto de vista, haciendo una relación de los antecedentes, refiere inicialmente a la presentación de la querella y que, luego del inicio de la investigación, se formalizó la imputación formal el 27 de agosto de 2021, deduciendo que, la accionante tomó conocimiento de esos actuados, ya en etapa preparatoria del proceso y a partir del cual, transcurrieron más de 10 días para formular el incidente por doble juzgamiento, conforme el art. 314 del CPP, considerando que el objeto, sobre el cual se iba a desarrollar la investigación eran los mismos en relación a otro proceso que se había instalado en su contra, sin embargo, advierte que dejó transcurrir el plazo y de esa forma caducó su derecho; extremos estos, que bajo la aplicación de la razonabilidad de los Vocales ahora demandados respondieron sobre el agravio mencionado, de manera tal, que no se pronunciaron respecto a los demás puntos planteados, entre ellos el análisis de fondo sobre la supuesta vulneración al principio del non bis in ídem. De lo expuesto precedentemente, se evidencia que las autoridades accionadas, emitieron el Auto de Vista 15/2023-SP1 de manera fundamentada y motivada, pues la resolución explica que, una de las alegaciones de la apelación incidental presentada por la víctima -hoy tercero interesado- es el agravio en relación a la presentación del incidente en trasgresión al art. 314 del CPP, vale decir, que lo interpuso fuera del plazo de 10 días; en tal sentido, se identifica que, el argumento de respuesta en el señalado auto de vista, versó precisamente en relación al primer agravio aquejado en la apelación incidental, explicando que, al haber tomado conocimiento la accionante de un segundo proceso penal en su contra, por delitos de falsedad material y falsedad de documento privado, desde la querella interpuesta hasta inclusive la acusación fiscal, no presentó ningún incidente en el que hubiese reclamado lo que hoy pretende reclamar como derecho vulnerado, pues tuvo el tiempo más que suficiente para hacerlo en el proceso penal y no así luego de la presentación de la acusación, ponderando que la ahora accionante, dejó transcurrir el plazo y con ello, dejó precluir el derecho que intentó recobrar en la vía incidental, aspecto que los Vocales demandados, en cumplimiento al mandato normativo, aplicaron en el caso particular lo referido al art. 314.I del CPP. Sobre la temática, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 007/2018-S1 de 27 de febrero, estableció una postura razonable en relación a la presentación de los incidentes y excepciones en materia penal, siendo inadmisible que haya un tiempo indeterminado para presentar los mismos, refiriendo además: “la oportunidad procesal en el que pueden ser promovidos, como ser: 1) El plazo para la interposición de un incidente no puede estar sujeto a la voluntad desidiosa del supuesto agraviado, más al contrario, la parte que considere que durante el andamiaje procesal se han transgredido sus derechos o garantías constitucionales debe ser diligente en buscar la pronta reparación o restablecimiento de éstos; y, 2) La implementación de plazos procesales establecidos por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal responde a procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, a efecto de descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia, aspectos que responden al principio de celeridad y preclusión. En ese contexto, se tiene que los elementos que sustentan el Auto de Vista 15/2023-SP1, demuestran un análisis del aspecto cuestionado, que no revela vulneración alguna a los derechos supuestamente conculcados a la accionante, tomando en cuenta que, las autoridades demandadas, al momento de pronunciar su resolución con la debida pertinencia en su fundamento y motivación, refieren expresamente la razón por la cual no resolverán todos los agravios interpuestos por el querellante, en virtud al defecto procesal detectado, siendo este, el de la presentación del incidente en contravención al art. 314 del CPP; aspecto que al haber sido puntualizado, le da coherencia al pronunciamiento, en función a lo reclamado en la apelación incidental. Finalmente, es claro evidenciar, que la resolución emitida por los Vocales demandados, no emitieron criterio respecto a la vulneración al derecho a no ser juzgada por el mismo hecho, pues con precisión señalaron que no ingresarían su fundamentación a temas de fondo, por haber advertido aspectos procesales que la ahora accionante no cumplió y fue desarrollado en el punto precedente; consiguientemente, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 181 a 187, pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0041_2026-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3c79c101858783f3103fbf178efb7ca53164190ff4566d21d77bfe85c772ba02

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →