Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de febrero de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que, la Vocal accionada, mediante Auto de Vista 549/2022 declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto contra la determinación que rechazó la cesación de su detención preventiva, bajo el argumento de no haber fundamentado los agravios a tiempo de plantearlo ante el Juez “cautelar”. Aspecto que resulta ilegal, pues la modificación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, no exige esta formalidad para admitir el recurso de apelación incidental.
Ante ello, la Vocal accionada señaló que: 1) El accionante no fundamentó su recurso de apelación al momento de plantearlo ante el “Tribunal de Primera Instancia”; tampoco invocó normativa procesal que respalde su pretensión; 2) No es atribución de la jurisdicción constitucional realizar la interpretación de legalidad ordinaria; y, 3) No puede alegarse la conculcación de derechos, cuando el acto cuestionado deriva de una omisión atribuible a la defensa técnica del ahora impetrante de tutela, específicamente al incumplir lo establecido en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en materia Penal.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 16 agosto, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración del derecho a la libertad en conexitud a su derecho al debido proceso en su dimensión impugnativa; en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías; siempre y cuando, la determinación asumida por esta autoridad no hubiera sido ejecutada; y/o variado la situación jurídica del accionante por el carácter temporal e instrumental de las medidas cautelares.
2° Llamar la atención a Ernesto Macuchapi Laguna, Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0041/2025-S2 Sucre, 25 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49881-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 16 agosto, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Vidal Santos Saavedra en representación sin mandato de Grover Tola Jallurana contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de agosto de 2022, cursante a fs. 1; y, 4 a 6 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
En el proceso penal seguido en su contra a denuncia de Irene Mamani Espinoza, con el Código Único de Denuncia (CUD) 214102122100243, se dispuso su detención preventiva por Auto Interlocutorio 55/2022 de 17 de febrero, al advertirse la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), confirmado en instancia de apelación. Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP; empero, el Juez Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 159/2022 de 20 de junio, rechazó dicha pretensión, con el argumento de que el 17 de junio de 2022, el Ministerio Público presentó acusación formal en su contra y no se enervaron los riesgos procesales que motivaron la imposición de la medida cautelar; por lo que, al margen de que dicho fundamento sea contrario al procedimiento penal y la jurisprudencia constitucional, fue impugnado mediante recurso de apelación incidental, interpuesto oralmente por su defensa técnica al concluir la audiencia en la que se notificó el fallo, con base en lo previsto en los arts. 251, 404 y 405 del CPP, y, una vez concedido por el referido Juez, se elevó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su resolución. En instancia de apelación, se realizaron dos observaciones al “cuaderno de apelación”; las cuales una vez subsanadas, motivaron a Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionada- a fijar la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental para el 8 de agosto de 2022, a horas 10:30. No obstante, la audiencia se instaló con retraso, aproximadamente a horas 13:00 y luego de la intervención y argumentación de las partes -recurrente y víctima-, dicha autoridad por Auto de Vista 549/2022 de 8 de agosto declaró inadmisible el indicado recurso, con el argumento que como recurrente omitió sustentar sus agravios al momento de plantear dicho recurso, remitiéndose como sustento a una modificación a los arts. 251 y 404 del CPP por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. Sin embargo, de la revisión exhaustiva a la modificación o complementaciones introducidas por la citada Ley, se advierte que esta no exige la fundamentación previa como requisito formal para la interposición del recurso de apelación incidental; no existiendo óbice para que la Vocal accionada ingrese a resolver el fondo del mismo. Asimismo, debe considerarse que dicha exigencia no fue aludida a tiempo de observarse su planteamiento en dos oportunidades. De igual manera, si la Vocal accionada consideraba que el recurso de apelación planteado era inadmisible por incumplimiento de esta formalidad, debió rechazarlo mediante auto fundamentado con carácter previo al señalamiento de la audiencia de 8 de agosto de 2022, ya que, a partir de ello, de manera tácita se admitió el mismo. Finalmente, aclara que, durante el lapso previo a la instalación de la audiencia, su defensa técnica advirtió que, en casos análogos resueltos con anterioridad por la Vocal accionada, esta autoridad habría decidido sobre el fondo de recursos de apelación incidental sin exigir como requisito de admisibilidad la formulación previa de agravios al momento de su interposición.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, sin aludir precepto constitucional alguno que lo reconozca.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la Vocal accionada que, de forma inmediata, ingrese a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio 159/2022; o eventualmente, se disponga su libertad inmediata, al verificarse el cumplimiento del plazo de cuatro meses para su detención preventiva y que ni el Fiscal de materia ni la víctima solicitaron la ampliación de plazo de esta medida cautelar.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 25, se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliando en audiencia señaló que: a) Sustentó sus agravios ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, alegando que el único óbice establecido en la jurisprudencia constitucional para negar la cesación a la detención preventiva por cumplimiento de plazo es que el Ministerio Público y la víctima hayan solicitado la ampliación de la detención preventiva -aspecto que no se suscitó en el caso- y luego de correrse en traslado el recurso de apelación, se asumió la determinación de no ingresar al fondo; b) Se solicitó la complementación y explicación -se infiere al Auto de Vista 549/2022- ya que, la decisión de inadmisibilidad del citado recurso no responde a lo dispuesto en los arts. 251 y 404 del CPP e incide en su derecho a la libertad, entendiendo que se basó en una directriz que se encuentra en un protocolo “…que intentamos buscar a todos los medios y no hay…” (sic); c) Se vulneró sus derechos, porque el 17 de junio de 2022, sin mayor trámite debió recobrar su libertad, puesto que fenecieron los cuatro meses dispuestos para su detención preventiva; d) Planteado el recurso de apelación incidental “…ya ha transcurrido 59 días en que el Sr. Grover Tola Jallurana continua privado de libertad extremo gravoso causado por la Dra. Claudia Catro Dorado...” (sic); y, e) Cuando se interpuso el recurso de apelación incidental, el Juez -cautelar- no exigió la formalidad de fundamentar agravios y concedió el señalado recurso, conforme lo establecido en el art. 251 del CPP, disponiendo su remisión al Tribunal de alzada. Asimismo, a la consulta efectuada por el Juez de garantías, referente a la oportunidad en que la Vocal accionada determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental, el abogado del accionante respondió que fue en audiencia de 8 de agosto de 2022 -fijada para la consideración de este mecanismo de impugnación-.
Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito cursante a fs. 21 y vta., refirió que: 1) El Auto de Vista 549/2022, se emitió dentro de los plazos procesales establecidos en la norma y cumpliendo los parámetros y límites de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP, por lo que, no puede “presumirse” la conculcación de derechos; 2) Al momento de pronunciar el citado Auto de Vista, se consideró lo dispuesto en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Material Penal -Acuerdo de Sala Plena 12/2019 de 10 de junio, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia- que, de acuerdo a las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal señala: “‘Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar, la parte apelara en el acto’” (sic); y en el caso el accionante no sustentó el agravio ante el “Tribunal de Primera Instancia”, ni invocó normativa procesal en la que sustente su pretensión; 3) Por el principio “‘Nadie puede ser escuchado, invocando su propia torpeza’” (sic) la parte impetrante de tutela no puede alegar la conculcación de sus derechos y garantías constitucionales, cuando el acto cuestionado deriva directamente de una omisión atribuible a su defensa técnica, específicamente al incumplir lo establecido en el art. 33 del indicado Reglamento; 4) La SCP 0039/2012 de 26 de marzo, señala que no es atribución de la jurisdicción constitucional ingresar a una interpretación de legalidad ordinaria, como pretende la parte accionante; y, 5) Al no haberse lesionado derechos y garantías constitucionales, no tiene legitimación pasiva.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 16 agosto, cursante de fs. 26 a 29, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista 549/2022; y, ii) Que, la Vocal accionada emita un nuevo fallo que ingrese a resolver en el fondo los agravios expuestos en audiencia de consideración del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 159/2022. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Los arts. 251 y 404 del CPP, no disponen que a tiempo de interponerse oralmente el recurso de apelación incidental deba sustentarse los agravios, pues se entiende que tal exigencia se realiza ante el Tribunal de alzada; sobre ese tema se tiene la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre; b) La Vocal accionada inclusive antes de admitir el referido mecanismo de impugnación, lo observó en dos ocasiones y señaló audiencia pública; empero, luego de la exposición de agravios y respuesta de la víctima, se emitió el Auto de Vista 549/2022, declarando inadmisible el mismo, remitiéndose a lo previsto en los arts. 396 inc. 3) y 398 del CPP; c) Conforme al principio de oralidad que rige en el sistema penal y la resolución de medidas cautelares se establece “…la necesidad de tramitar dicho incidente en audiencia pública resolviendo en fondo…” (sic), y la viabilidad de fundamentar los agravios ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que tiene competencia para resolver el mencionado mecanismo de impugnación; y, d) Únicamente compete al Tribunal de alzada resolver en el fondo los agravios planteados en el recurso de apelación incidental, en el caso concreto, el impetrante de tutela tendría una acusación formal por el delito de violación y tomando en cuenta que la detención preventiva dispuesta en su contra por cuatro meses habría fenecido el 17 de junio de 2022, correspondía resolver la situación jurídica del mismo, ya sea ampliando o no dicha medida cautelar.
Dado que, en la remisión de los antecedentes de esta acción de defensa no se acompañó la documentación relacionada con el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 159/2022 de 20 de junio, requerido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de 15 de agosto de 2022, pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del citado departamento, este Tribunal fundamentará su decisión con base en hechos admitidos y no controvertidos por las partes procesales, y la verificación de antecedentes que habría realizado dicho Juez de garantías al momento de asumir su determinación.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, toda vez que, la Vocal accionada, mediante Auto de Vista 549/2022 declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto contra la determinación que rechazó la cesación de su detención preventiva, bajo el argumento de no haber fundamentado los agravios a tiempo de plantearlo ante el Juez “cautelar”. Aspecto que resulta ilegal, pues la modificación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, no exige esta formalidad para admitir el recurso de apelación incidental.
Ante ello, la Vocal accionada señaló que: 1) El accionante no fundamentó su recurso de apelación al momento de plantearlo ante el “Tribunal de Primera Instancia”; tampoco invocó normativa procesal que respalde su pretensión; 2) No es atribución de la jurisdicción constitucional realizar la interpretación de legalidad ordinaria; y, 3) No puede alegarse la conculcación de derechos, cuando el acto cuestionado deriva de una omisión atribuible a la defensa técnica del ahora impetrante de tutela, específicamente al incumplir lo establecido en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en materia Penal.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre esta temática de índole procesal, la SCP 0149/2024-S2 de 7 de mayo, que cita a su vez a la SCP 1329/2022-S3 de 28 de septiembre, estableció que: “‘…con base en el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados (…) ello implica la interposición válida del recurso de apelación incidental (…), pues en virtud al señalado principio y en el marco de la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, la activación de la apelación incidental contra resoluciones relativas a medidas cautelares de carácter personal, no se halla sujeta a formalismos extremos, más aún cuando su planteamiento puede efectuarse de manera oral en audiencia, bastando únicamente su anuncio, pues la parte apelante tiene la posibilidad de fundamentar su recurso en la audiencia de resolución de alzada’ (el resaltado nos pertenece). Entendimiento que, -se reitera- responde a la naturaleza y alcance de las medidas cautelares como medida instrumental procesal regida con la normativa expresa que regula su tramitación y a su vez genera certidumbre sobre la situación jurídica del encausado dentro de la tramitación del proceso penal” (las negrillas nos corresponden).
Siguiendo esta línea de razonamiento, la SCP 0149/2024-S2, precisó además que: “… en cuanto a las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, el legislador realizó una distinción con los parámetros jurídicos o de trámite procedimental regulados por los arts. 404 y ss. del CPP, estableciendo la apelación incidental dentro del régimen de medidas cautelares, con un procedimiento especial y propio como un medio idóneo para recurrir de las mismas, conforme se tiene de lo dispuesto por el art. 251 del citado Código, que establece entre otros presupuestos procesales, que debe ser interpuesta por el agraviado en el término de setenta y dos horas de notificado con el fallo que se considera lesivo a sus derechos y garantías constitucionales; sin embargo, a partir de la uniforme línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal, y conforme ocurre en la práctica procesal se establece la posibilidad de su apelación de forma oral en la misma audiencia donde se emitió la resolución que presuntamente causa el agravio, lo que converge no en un imperativo, sino más bien en una potestad por un principio de favorabilidad a la celeridad, pues dada la naturaleza de las medidas cautelares se pretende ‘…garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP…’ ([el énfasis y subrayado son agregados] SCP 0561/2021-S3 de 30 de agosto citando a la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre)” (las negrillas y el subrayado corresponden al texto original).
En este marco, y en atención a los criterios jurisprudenciales desarrollados -que distinguen el alcance de las disposiciones contenidas en los arts. 251 y 404 del CPP; los principios pro actione (acceso efectivo a los recursos impugnativos), de prevalencia del derecho sustancial respecto al derecho formal; y, la naturaleza y alcance de las medidas cautelares- se concluye que, la interposición del recurso de apelación incidental contra determinaciones que resuelven medidas cautelares, puede realizarse oralmente en la misma audiencia en la que se emite la resolución, siendo suficiente el simple anuncio del recurso, sin la necesidad de fundamentación de agravios en ese momento procesal.
En el marco del objeto procesal delimitado en el acápite III de este fallo constitucional, que motivó la activación de la presente acción de defensa, corresponde analizar si la actuación de la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy accionada- configura una vulneración al derecho a la libertad -emergente del debido proceso-del accionante.
En esa línea, de las aseveraciones coincidentes y no refutadas por los sujetos procesales en esta acción tutelar se advierte que, en el proceso penal seguido contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de violación, se dispuso mediante Auto Interlocutorio 55/2022 de 17 de febrero, su detención preventiva. Posteriormente, ante la solicitud de cesación de dicha medida cautelar efectuada por el impetrante de tutela, el Juez Público Mixto de Familia de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Coroico del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 159/2022 de 20 de junio, rechazó dicha pretensión. Asimismo, se concluye que en la misma audiencia en la que se emitió este fallo, la parte accionante interpuso oralmente un recurso de apelación incidental; sin embargo, luego de elevarse las actuaciones pertinentes a instancia de apelación, y un trámite previo desplegado en la misma, se declaró la inadmisibilidad de dicho mecanismo de impugnación por Auto de Vista 549/2022 de 8 de agosto, pronunciado por la Vocal accionada, quien en el informe escrito que presentó cursante a fs. 21 y vta., con motivo responder a las denuncias efectuadas en su contra en esta acción de libertad, alegó haber asumido dicha determinación, en aplicación de lo dispuesto en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Material Penal que, de acuerdo a las modificaciones de la Ley de Abreviación Procesal Penal señala “‘Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar, la parte apelará en el acto’” (sic); enfatizando al respecto dicha autoridad, que el ahora impetrante de tutela, no sustentó el agravio ante el “Tribunal de Primera Instancia” -lo correcto es Juez cautelar que conoció de su solicitud-, ni invocó normativa procesal en la que sustente su pretensión.
En este contexto, resulta pertinente acudir al desarrollo jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional (fundado en el principio pro actione, orientado a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo formalismo excesivo -y no contemplado en la norma- que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre los agravios invocados; el principio de prevalencia del derecho material sobre el derecho formal, que implica la abstracción del cumplimiento de aspectos formales, con la finalidad de lograr la prevalencia del derecho sustancial; así como por la naturaleza y alcance de las medidas cautelares que como medida instrumental y temporal conlleva plazos procesales cortos y ausencia de rigorismos extremos, dado que, de por medio se encuentra la libertad personal) el cual reconoció que, frente a supuestos fácticos como el presente, la posibilidad de presentar el recurso de apelación incidental contra resoluciones que resuelven o deciden sobre medidas cautelares, puede realizarse dentro del mismo acto procesal en que se emitió la resolución impugnada, bastando con su simple anuncio, sin requerir una fundamentación previa de los agravios que lo sustentan, habida cuenta que, cuando se trata de medidas cautelares, su apelación prevista por el art. 251 del CPP difiere en su procedimiento a la prevista por los arts. 403 a 405 del citado Código, y por ende su fundamentación de agravios se realiza -independientemente del memorial de interposición que pueda existir- en la audiencia que señale el Tribunal de alzada.
En ese marco, la Vocal accionada, al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental por Auto de Vista 549/2022 y abstenerse de analizar materialmente la legalidad o no de la cesación de la detención preventiva impugnada -asumiendo que el accionante no sustentó sus agravios de apelación ante el Juez que rechazó su solicitud de cesación, ni invocó normativa procesal en la que sustente su pretensión- inobservó el citado precedente constitucional en vigencia, que reconoce la posibilidad de interponer de forma oral este recurso en audiencia de medida cautelar, sin exigir y que sea causal de inadmisibilidad la fundamentación previa a la audiencia de fundamentación de apelación fijada al efecto por el Tribunal de alzada; a pesar además de conocer que el impetrante de tutela representado por su abogado optó por esta forma de activación del recurso de apelación incidental en la audiencia en la que se decidió rechazar su solicitud de cesación de su detención preventiva -mediante Auto Interlocutorio 159/2022- y que incluso por dos veces se habrían realizado observaciones al cuaderno en el trámite de apelación sin que la referida Vocal hubiese hecho mención a esta situación como causal de inadmisibilidad, habiendo asimismo celebrado la audiencia de fundamentación -escuchando a ambas partes, como lo indica en su demanda el ahora peticionante de tutela- sin tampoco señalar dicho aspecto, que luego recién fue puesto de manifiesto para declarar la inadmisibilidad sin pronunciarse en el fondo del recurso planteado; hechos que no fueron refutados, por la autoridad accionada a tiempo de precisar en su informe escrito, las razones que fundaron la inadmisibilidad de este recurso.
De modo que, al haberse subsanado cuestiones formales que motivaron el señalamiento de audiencia, correspondía a la Vocal accionada escuchar la exposición de agravios del recurrente y la intervención de las partes en la audiencia de 8 de agosto de 2022, -como en efecto habría ocurrido- y a partir de ello, directamente decidir en el caso concreto, sobre la situación jurídica del accionante que fue objeto de impugnación.
Por consiguiente, dicha actuación que al mismo tiempo se tradujo en una omisión, no solo implica la afectación al ejercicio del derecho a la libertad del ahora impetrante de tutela sino en conexitud a su derecho al debido proceso en su dimensión impugnativa, -en vinculación además de aplicación de los principios pro actione y prevalencia del derecho material sobre el derecho formal-; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada; en los términos dispuestos por el Juez de garantías; vale decir, dejar sin efecto el Auto de Vista 549/2022 y ordenar a la autoridad accionada que de forma inmediata a la notificación con este fallo constitucional, señale audiencia de consideración del recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 159/2022 y dentro del marco jurídico, resuelva el fondo del mismo. En ese orden, corresponde aclarar que el alcance de tutela se limita a asegurar un procedimiento de impugnación ajustado a derecho, pues la resolución de fondo corresponderá al órgano jurisdiccional competente y sea conforme corresponda en derecho.
Resuelta la problemática jurídica planteada, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la actuación procesal del Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, quien desplegó actos procesales en calidad de Juez de garantías. Debido a que, esta autoridad, mediante Auto emitido el 15 de agosto de 2022 (fs. 7) ordenó a la Vocal accionada remitir los antecedentes relacionados con el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 159/2022; sin embargo, incurrió en la omisión de elevar a esta instancia de revisión esta documentación, la cual, según se infiere, fue analizada por dicho Juez de garantías, al referirse en términos categóricos sobre la veracidad de los actuados procesales desplegados en el trámite del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada. En consecuencia, dicha omisión constituye una clara inobservancia a lo dispuesto en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que establece una obligación para esta autoridad de elevar de oficio los antecedentes que hubiesen sido de su conocimiento. En ese sentido, en un escenario fáctico distinto, esta circunstancia hubiera ameritado la suspensión de plazos procesales para recabar dicha documentación. No obstante, en el presente caso, tal incumplimiento no incidió en la resolución de la acción de defensa, toda vez que esta se sustentó en hechos reconocidos y no controvertidos por los sujetos procesales, en particular, resultó determinante el informe escrito cursante a fs. 21 y vta., por la Vocal accionada, en el cual, no desvirtúa la base fáctica de que el recurso de apelación incidental fue efectivamente planteado de forma verbal durante la audiencia cautelar, más al contrario, admite expresamente que el acto lesivo -convergente en la inadmisibilidad de dicho mecanismo de impugnación- fue asumido por su autoridad en base a los criterios expuestos en dicho informe. Así, este Tribunal priorizó la resolución del caso en observancia del principio de celeridad procesal -art. 3.4 del CPCo-, que impone a esta jurisdicción la obligación de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación de los procesos. Ello sin perjuicio de llamar la atención al citado Juez de garantías, ante la evidente omisión inherente al procedimiento y al trámite procesal constitucional.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 16 agosto, cursante de fs. 26 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración del derecho a la libertad en conexitud a su derecho al debido proceso en su dimensión impugnativa; en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías; siempre y cuando, la determinación asumida por esta autoridad no hubiera sido ejecutada; y/o variado la situación jurídica del accionante por el carácter temporal e instrumental de las medidas cautelares.
2° Llamar la atención a Ernesto Macuchapi Laguna, Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, conforme las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0041_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): d0464cedb05dc184dd56cb20eed0723906f21148be1485e0160eb6acbfd4c843
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