Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de marzo de 2025
Concede la tutela
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad por dilación indebida; toda vez que, la autoridad demandada suspendió su audiencia de apelación incidental de medidas cautelares sin que al presente se haya reprogramado la misma y resuelto su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Sobre la acción de libertad innovativa y su configuración; y, iv) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 24/2021 de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y. 2° Disponer que Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, en lo sucesivo obre conforme al principio procesal de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a las solicitudes de apelación incidentales de medidas cautelares; debiendo obrar conforme los plazos establecidos en el adjetivo penal, más aún si la parte recurrente se encuentra dentro de grupos de atención prioritaria como en el presente caso que se trata de una adulta mayor.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2025-S1 Sucre, 7 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49872-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2021 de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eliana Felisa Rojas Quisbert y Sergio Abelardo Rojas contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 y 13 a 14, los impetrantes de tutela, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señalan que dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Pablo Quispe Ramos, por el supuesto delito de avasallamiento (CUD 201102032200191), el 14 de abril de 2022 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de ciudad de La Paz. En dicha audiencia, mediante Auto Interlocutorio 141/2022, se dispuso medidas cautelares de carácter personal como la detención domiciliaria sin salida laboral, “verificación domiciliaria”, arraigo, fianza económica, prohibición de comunicarse, presentación ante el Ministerio Público y garantías unilaterales para Sergio Abelardo Rojas. En cuanto a Eliana Felisa Rojas Quisbert, se ordenó su presentación ante el Ministerio Público, la prohibición de comunicarse, verificación domiciliaria y la presentación de un garante solvente.
En la misma audiencia, se formuló de forma oral recurso de apelación incidental contra dicho fallo, el cual fue remitido el 18 de abril de 2022 a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin embargo, la audiencia de consideración de dicha apelación no se realizó de manera oportuna, ya que después de más de dos meses de espera, es decir, el 17 de junio de 2022, se instaló la audiencia correspondiente que fue suspendida debido a que no se notificó a los nuevos abogados defensores. Posteriormente, el 1 de julio de 2022, se volvió a instalar la audiencia, pero nuevamente fue suspendida, esta vez por la inasistencia de la abogada de la parte contraria. En ese entendido, como consecuencia de estas dilaciones procesales, transcurrieron más de cuatro meses sin que la Sala Penal Tercera haya emitido el correspondiente Auto de Vista, en vulneración del principio de celeridad procesal establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Esta demora afectó directamente el derecho a la libertad personal y de locomoción de los afectados, en particular de Sergio Abelardo Rojas, quien continuó privado de libertad debido a la imposición de la detención domiciliaria sin salida laboral al no resolverse su situación jurídica en el tiempo razonable que establece la normativa vigente, máxime si Eliana Felisa Rojas Quisbert pertenece a un grupo vulnerable al ser persona de la tercera edad.
Consideran lesionado su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 22, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Los demandantes de tutela solicitan se conceda la tutela y se disponga que en el día, el Vocal de la Sala Penal Tercera demandado, señale día y hora de audiencia y resuelva su apelación incidental de medidas cautelares interpuesta contra el Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril, y sea bajo el principio de celeridad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, fue llevada a cabo el “1 de julio de 2022”, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22, produciéndose los siguientes actuados:
Los solicitantes de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificaron los términos de la acción presentada y ampliando la misma refirieron: a) Se denunció que transcurrió más de cuatro meses sin que se resuelva su situación jurídica mediante el correspondiente Auto de Vista por la Sala Penal Tercera, lo que conforme al art. 251 del CPP, vulneraría el principio de celeridad y su derecho a la libertad personal, resaltándose que Eliana Felisa Rojas, con setenta y tres años de edad, pertenece a un grupo vulnerable por ser adulto mayor; b) Pide se conceda la tutela invocada y se ordene al Vocal de la Sala Penal Tercera, Henry David Sánchez Camacho, fijar fecha y hora para la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares contra la Auto Interlocutorio 141/2022, garantizando así el cumplimiento del principio de celeridad en resguardo de sus derechos fundamentales; y c) Hasta esa fecha no fueron notificados, o por lo menos “…al suscrito abogado no le ha llegado notificación…” (sic) de respuesta al último memorial presentado.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno y tampoco asistió a la audiencia tutelar, pese a su legal citación conforme consta a fs. 18.
El Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 24/2021 de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) La autoridad demandada, conforme normativa señaló audiencia en dos oportunidades para considerar la apelación incidental; sin embargo, ambas fueron suspendidas por razones ajenas a su actuación y facultades, la primera ocurrió por falta de notificación a los abogados, y la segunda por la inasistencia de una de las abogadas debido a enfermedad por COVID-19, situación que fue consultada con la defensa sin que se presente objeción alguna; 2) Aunque la parte demandante de tutela presentó un memorial el 4 de agosto de 2022 solicitando un nuevo señalamiento de audiencia, dicho documento no cuenta con una providencia que acredite su tramitación, esto implica que no se conoce si fue respondido o si siquiera fue puesto en conocimiento de la autoridad competente; en consecuencia, no se cumplió con el principio de subsidiariedad, pues los solicitantes de tutela debieron primero reclamar o impugnar conforme a la respuesta obtenida sobre su solicitud; y, 3) La falta de reclamo y el incumplimiento del principio de subsidiariedad se corroboran en el informe del Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera, el cual señala que ya se emitió una providencia fijando audiencia de apelación incidental de medidas cautelares para el 22 de agosto a las 09:10, con anterioridad a la presentación de la acción de libertad, asimismo, las partes ya fueron notificadas con dicho señalamiento, lo que confirma que contaban con los mecanismos procesales ordinarios para impugnar o reclamar, sin necesidad de acudir a la vía constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de fundamentación de apelación de medida cautelar de 14 de julio de 2022, celebrada ante el titular de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, quien dispuso la suspensión de la audiencia, considerando que la parte querellante, en su calidad de apelante, debe fundamentar oralmente sus agravios a través de su abogada, quien no pudo comparecer por razones de salud otorgándose un plazo de dos días para que justifique su inasistencia, conforme a lo solicitado por la defensa técnica de los imputados, -ahora solicitantes de tutela- (fs. 10 a 11). II.2. Consta memorial presentado el 4 de agosto de 2022 por Eliana Felisa Rojas Quisbert -ahora co peticionante de tutela-, solicitando al Vocal -ahora demandado- señale nuevo día y hora de audiencia para considerar el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril (fs. 12). II.3. Cursa providencia de 18 de agosto de 2022 emitida por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por la cual, se fija audiencia virtual de apelación incidental para el 22 del mismo mes y año contra el Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril (fs. 19).
Los impetrantes de tutela denuncian la vulneración de su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad por dilación indebida; toda vez que, la autoridad demandada suspendió su audiencia de apelación incidental de medidas cautelares sin que al presente se haya reprogramado la misma y resuelto su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; iii) Sobre la acción de libertad innovativa y su configuración; y, iv) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad;
1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 5El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 6El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 7El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 8El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales:
que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal.
Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 9El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”. Los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la personalidad, siendo deber primordial del Estado, respetarlo y protegerlo por ser inviolable; razón por la que, fue configurada la acción de libertad de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que el citado derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de vulneración. A ese efecto, el Tribunal Constitucional cambiando el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R de 20 de octubre y confirmado por las SSCC 1589/2003-R, 1728/2003-R, 1757/2003-R y 1928/2003-R; desarrolló en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, además de determinar el ámbito de protección del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, una clasificación más, como es la acción de libertad innovativa, prevista para aquellos casos en los que se puede pedir la tutela ante una restricción del derecho a la libertad personal y de locomoción, aun después de cesada la detención; partiendo de su configuración como garantía constitucional de naturaleza adjetiva que debe ser explicada a la luz de una pauta hermenéutica, evolutiva e interpretación progresiva del art. 125 de la CPE; lo que evidencia el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de amenaza del derecho a la vida, privación de libertad, persecución indebida o procesamiento indebido vinculado con el derecho a la libertad física o personal; por lo que, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también, advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza, contravienen el orden constitucional, siendo susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, aun si hubiere cesado el acto ilegal, tal cual lo establece la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, asumida por la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, que recondujo el entendimiento contenido en la citada SC 0327/2004-R; por consiguiente, a la clasificación de los cinco tipos de acción de libertad, que fueron sistematizados en el Voto Disidente de la SCP 1045/2013 de 27 de junio, se suma la acción de libertad innovativa.
En consecuencia, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración, acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención, con el propósito fundamental de evitar que en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional. Por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados.
De la compulsa del expediente enviado en revisión, se advierte que en el marco del reclamo formulado por la parte demandante de tutela, según se precisó en el Fundamento Jurídico III.1, se tiene que la problemática central radica en la dilación en la que presuntamente habría incurrido el Vocal demandado, al suspender la audiencia de apelación incidental de medida cautelar y luego omitir señalar fecha y hora de su realización, pese a que transcurrió más de un mes de la actuación solicitada, con la consecuente demora en la resolución del recurso planteado por los solicitantes de tutela.
Bajo ese marco, si bien se evidencia que se dictó la providencia de 18 de agosto de 2022 por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por la cual, se fija audiencia virtual de apelación incidental para el 22 del mismo mes y año contra el Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril (Conclusiones II.3); empero, no es menos evidente que tal determinación no fue puesta en conocimiento de la parte ahora peticionante de tutela, pues no se acreditó dicha actuación procesal con las diligencias de notificación efectuadas con el indicado señalamiento de audiencia, puesto que de haberse realizado la notificación conforme alguno de los medios dispuestos por la norma procesal penal, como es el buzón judicial, la ciudadanía digital o incluso con las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), la parte ahora accionante no hubiese reclamado tal aspecto a través de la presente acción de defensa, máxime si dicha providencia fue dictada fuera del plazo establecido en el art. 132.1 del CPP conforme se evidencia del timbre electrónico de presentación del escrito presentado el 4 de agosto de 2022 por Eliana Felisa Rojas Quisbert -ahora co impetrante de tutela-, solicitando al Vocal -ahora demandado- señale nuevo día y hora de audiencia para considerar el recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril (Conclusiones II.2). En ese entendido, dicha situación, no es impedimento para que la jurisdicción constitucional pueda analizar la problemática planteada; toda vez que, es posible activar la acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro se reiteren dichas conductas u omisiones lesivas y dilatorias, que afecten el derecho a la libertad y que se encuentran al margen del ordenamiento jurídico vigente, conforme establece el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; debido a lo cual, se ingresará a examinar las actuaciones de las autoridades demandadas. Analizados los antecedentes que cursan en el expediente, se constata que dentro del proceso penal seguido contra los demandantes de tutela, por la presunta comisión del delito de avasallamiento se dictó el Auto Interlocutorio 141/2022 de 14 de abril, por la cual se impuso medidas cautelares de carácter personal contra los ahora solicitantes de tutela. Por esta razón, formularon recurso de apelación incidental, siendo remitidos los antecedentes ante el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien fijó audiencia para el primero de julio de 2022; sin embargo, ésta fue suspendida por la inasistencia de la abogada de la parte apelante -querellante- por motivos de salud sin que conste reprogramación alguna de dicho acto procesal (Conclusiones II.1).
De lo anotado, dicha actuación denota una dilación indebida en la consideración del recurso de apelación incidental de medidas cautelares impetrada por el peticionante de tutela; por cuanto, para el conocimiento y resolución de las apelaciones incidentales en medidas cautelares, el art. 251 del CPP, en su tercer párrafo dispone que: “El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.”; por lo que, el señalamiento de la audiencia extrañada debió reprogramarse de manera inmediata y efectivizarse de la misma manera; sin embargo, los impetrantes de tutela tuvieron que solicitar su realización mediante escrito presentado el 4 de agosto de 2022 y ante la falta de respuesta, interponer la presente acción de libertad el 19 del mismo mes y año a efecto que se ordene la celebración de la audiencia de apelación y se defina su situación jurídica, transcurriendo un lapso de más de un mes desde la suspensión de dicho acto procesal y el señalamiento de audiencia fijado para el 22 de similar mes y año, en el cual se definirá la situación procesal de los demandantes de tutela. Consecuentemente, la falta de resolución en el plazo establecido por ley -tres días-, conlleva la lesión del debido proceso vinculado al principio de celeridad y subsecuente afectación del derecho a la libertad de los demandantes de tutela, más aun cuando uno de ellos pertenece a un grupo vulnerable por ser de la tercera edad pues los administradores de justicia, deben proceder de manera diligente en todas sus actuaciones a objeto de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta y oportuna, aún no se traten de personas privadas de libertad pero se encuentran con la imposición de medidas cautelares personales que esperan la definición de su situación jurídica; en ese sentido, la tutela solicitada debe ser concedida a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Por lo referido, conforme se tiene desarrollado en el precitado Fundamento Jurídico III.2, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad; de manera que, habiéndose evidenciado, una suspensión de audiencia sin haberse reprogramado la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental sobre medidas cautelares, que provocaron dilación en la resolución de la situación jurídica de la parte solicitante de tutela, se activa la vía constitucional, en procura de acelerar el trámite judicial, demorado innecesariamente, en perjuicio de los peticionantes de tutela; correspondiendo conceder la tutela impetrada, se reitera, por no haberse observado el principio de celeridad que debe existir en todo trámite de medidas cautelares. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 24/2021 de 19 de agosto de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada en función a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y. 2° Disponer que Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, en lo sucesivo obre conforme al principio procesal de celeridad y se abstenga de incurrir en dilaciones indebidas, frente a las solicitudes de apelación incidentales de medidas cautelares; debiendo obrar conforme los plazos establecidos en el adjetivo penal, más aún si la parte recurrente se encuentra dentro de grupos de atención prioritaria como en el presente caso que se trata de una adulta mayor. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
4 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
10 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.
11 El FJ III.1, señala: “Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos”. 12El FJ III.2 describe: “6) Acción de libertad Innovativa En una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, la acción de libertad Innovativa, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La libertad física o de locomoción, el procesamiento indebido directamente vinculado con estos derechos o la persecución ilegal, aun cuando los actos u omisiones violatorias a los presupuestos antes señalados hubiesen cesado. Así, esta tipología fue asumida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, y debe ser incluida a la presente sistematización, por tanto, frente a los supuestos antes descritos, aun frente a la cesación de actos u omisiones lesivas a la libertad física o de locomoción, debe inequívocamente ejercerse el control de constitucionalidad, con la consiguiente responsabilidad de las autoridades o particulares demandados en caso de verificarse la existencia de actos u omisiones que afecten los derechos antes referidos” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0040_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): dc5e8967c0aa68601e15c98bab5f0b736eff3e0a0916a86b06f28eabe6ef2162
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