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SCP 0040/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 6 de marzo de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
6 de marzo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47673-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva que vienen cumpliendo en el Centro de Reintegración Social Varones de La Paz, al ser menores de edad, éste fue remitido ante el Tribunal de alzada; empero, hasta la presentación de la acción de libertad no se emitió la resolución que resuelva su recurso de apelación, incumpliendo el plazo de cinco días que prevé la ley al efecto. En consecuencia, corresponde en revisión analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandada–, en el plazo de veinticuatro horas emita la resolución correspondiente resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, salvo que por el trascurso del tiempo la situación jurídica de los mismos haya sido resuelta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Trámite de apelación incidental contra aplicación de medidas cautelares en el Sistema Penal para adolescentes conforme al Código Niña, Niño y Adolescente
  2. III.2. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0040/2024-S4 Sucre, 6 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47673-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Parijahua Villca en representación sin mandato de AA y BB contra Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcón, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 10 a 12, los accionantes a través de representante sin mandato señalaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de –violación de niña, niño o adolescente– se encuentran cumpliendo detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Varones de La Paz; en tal razón, solicitaron cesación de dicha medida cautelar, misma que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 14/2022 de 23 de marzo, resolución que carece de fundamentación y motivación, habiéndose incrementado nuevos argumentos y ampliando el plazo de investigación de manera ultrapetita; ante lo cual, conforme prevé el art. 314 del Código Niña Niño y Adolescente (CNNA) –Ley 548 de 17 de julio de 2014– interpusieron recurso de apelación incidental, el cual fue remitido ante las autoridades ahora demandadas el 4 de abril de 2022; empero, hasta la fecha no se emitió fallo al respecto, habiéndose incumplido el plazo previsto al efecto lo que generó una dilación indebida por los Vocales –ahora demandados–, lesionando sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 109.I, 115, 116.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene a las autoridades demandadas pronuncien en el plazo de veinticuatro horas la resolución que resuelva el recurso de apelación; y, b) En razón de haberse generado una dilación innecesaria por parte de las autoridades jurisdiccionales, se conceda el pago de costas del proceso en el monto de Bs5000.- (cinco mil bolivianos), como un acto de ejemplo para la administración de justicia y no se incurra en dilaciones indebidas cuando se trata de menores infractores.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 21 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17, presente la parte accionante y ausente las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela a través de su representante sin mandato ratificaron in extenso su demanda de acción de libertad; empero, ante la interrogante del Tribunal de garantías refirió que no conocía que se había observado, pero según su informe las autoridades demandadas establecen que el 11 de abril de 2022, el Juzgado de origen habría subsanado la observación, lo que advierte el incumplimiento del plazo para la emisión de la resolución.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal Presidente de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 20 de abril de 2022, cursante a fs. 15, manifestó que: 1) Ante cualquier pretensión debe regir el principio de verdad material dentro del proceso penal, como elemento del debido proceso; en cuya consecuencia, de la presente acción se tiene que el solicitante de tutela manifestó que el 4 de abril de 2022, el Juez a quo remitió el legajo de apelación; por ello, refirió que mediante decreto de 5 de igual mes y año, se observó y devolvió al Juzgado de origen, remitiéndose nuevamente el 11 del citado mes y año, por lo que mediante providencia de 12 de abril de 2022, se dispuso pase a despacho para la emisión de la resolución correspondiente, siendo el plazo a partir del cual se contabiliza; y, 2) Conforme lo establecido en el art. 314 del CNNA, que en la parte pertinente establece: “…Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días” (sic); en dicho mérito, se tiene que al momento de interponer la presente acción de libertad todavía se encontraba pendiente el cumplimiento del plazo estipulado para la emisión de la resolución; resultado el accionar del impetrante de tutela malicioso con la intención de hacer incurrir en error a las autoridades, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pese a su legal citación cursante a fs. 14, no presentó informe alguno ni se hizo presente en la audiencia de consideración de la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: i) El fallo cuestionado debió ser emitido dentro del plazo de cinco días; es así que, del informe de la parte demandada los mismos refirieron que, efectivamente se remitió ante la Sala Penal Cuarta del citado departamento y ésta observó aspectos formales devolviendo al Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Caranavi del indicado departamento, misma que, una vez subsanada dichas observaciones devolvió a la citada Sala Penal Cuarta el 11 de abril de 2022, a las 15:26; en consecuencia, mediante providencia de 12 del señalado mes y año se dispuso pase a despacho para dictar la resolución correspondiente; ii) Desde el 13 de abril de 2022, que es el primer día y 14 segundo; 15 y 16 son días no hábiles; por lo que, el 18 sería tercero y cuarto día hábil el 19 de igual mes y año; en consecuencia, el 20 del mencionado mes y año sería los cinco días de plazo; sin embargo, la acción de libertad fue presentada según el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) el 20 de abril de 2022 a las 09:36; es decir, que la parte accionante lo hizo de manera apresurada cuando aún no se había cumplido los cinco días de plazo; y, iii) Es más el abogado de los impetrantes de tutela demostró tener conocimiento de las observaciones efectuadas por la Sala Penal Cuarta –ahora demandada–; sin embargo, al fundamentar la acción de tutela hizo mención al 4 de abril de 2022 como fecha de referencia para ser emídido el auto de vista, omitiendo mencionar que tuvo conocimiento de las observaciones referidas y que una vez subsanada las mismas recién inició el cómputo del plazo de los cinco días; por lo que, fue interpuesta antes del plazo señalado por ley. Resolviendo la aclaración, complementación y enmienda solicitada por el impetrante de tutela conforme el art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se señaló que: a) El solicitante de tutela manifestó que, recién tuvo conocimiento de las observaciones de la Sala Penal Cuarta antes referida; sin embargo, cuando se le consultó expresó que fue de su conocimiento tales observaciones, teniéndose dos argumentos contradictorios que demuestra la falta de lealtad procesal y principio de verdad; y, b) Como Tribunal de garantías se estableció los plazos, fecha de remisión del Juez a quo ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fecha de la providencia y desde la cual debe computarse las mismas, no a capricho de la parte accionante; por lo que, no amerita aclaración o complementación alguna.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. El 28 de marzo de 2022 AA y BB –ahora accionantes– a través de sus representantes interpusieron recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 14/2022 de 23 de igual mes y año; que mediante decreto de 29 de marzo de 2022, se dispuso poner en conocimiento de las partes procesales (fs. 2 a 6). II.2. Cursa reporte del SIREJ donde se advierte que la apelación incidental interpuesta por los impetrantes de tutela fue remitida ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 4 de abril de 2022 (fs. 8). II.3. Se tiene Informe presentado por Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del citado Tribunal, el que fue presentado ante su similar Sala Penal Primera del mencionado Tribunal constituida en Tribunal de garantías, el 21 de abril de 2022 a las 08:45 (fs. 15 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; toda vez que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva que vienen cumpliendo en el Centro de Reintegración Social Varones de La Paz, al ser menores de edad, éste fue remitido ante el Tribunal de alzada; empero, hasta la presentación de la acción de libertad no se emitió la resolución que resuelva su recurso de apelación, incumpliendo el plazo de cinco días que prevé la ley al efecto. En consecuencia, corresponde en revisión analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Trámite de apelación incidental contra aplicación de medidas cautelares en el Sistema Penal para adolescentes conforme al Código Niña, Niño y Adolescente

La SCP 0504/2023-S4 de 19 de junio, al respecto manifestó que: “El trámite previsto para la apelación incidental contra la resolución que determine la aplicación de una medida cautelar a un adolescente con responsabilidad penal, contenido en el art. 314 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), establece: 'Artículo 314. (Apelación Incidental). I. El recurso de apelación incidental procederá contra las siguientes resoluciones:

a. Sobre medidas cautelares o su sustitución o el sobreseimiento; (…) II. El recurso se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada ante la Jueza o el Juez que dictó la resolución, dentro de los tres (3) días de notificada la misma al recurrente. III. Con la respuesta al traslado o vencido el plazo para hacerlo, el recurso será elevado a consideración del Tribunal Departamental de Justicia, que lo resolverá por escrito en el plazo de cinco (5) días, a contar desde la radicatoria del proceso'. Por otra parte, sobre la regulación normativa procesal relacionada con el recurso de apelación y el cómputo de plazos, el art. 292 del CNNA establece: 'Artículo 292. (Cómputo de Plazos).

I. Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado'.

Conforme a las disposiciones legales precedentemente transcritas, contra la resolución que disponga la aplicación de medidas cautelares a un adolescente sujeto a responsabilidad penal, procede el recurso de apelación incidental que deberá ser presentado por escrito debidamente fundamentado dentro del plazo de tres días, a computarse desde la notificación con la decisión, con la respuesta al traslado o vencido el plazo para el efecto, se remitirán los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia procediéndose el sorteo a la Sala que le corresponderá conocer y resolver el recurso; instancia que radicará la causa, momento a partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de cinco días establecidos para emitir la resolución” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0986/2023-S4 de 14 de noviembre, al respecto y enunciando la SCP 0114/2018-S2 de 11 de abril, señaló que: “La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013-L de 9 de diciembre, 1135/2016-S2 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al antes habeas corpus, ahora acción de libertad, indico que: ‘Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Sobre lo cual la SC 0465/2010-R de 5 de julio, asumida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, determinó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) todas aquellas solicitudes vinculadas a la libertad del imputado, en especial la cesación de la detención preventiva, deben ser tramitadas con la debida celeridad, puesto que el ingresar en una demora o dilación indebida en que incurra una autoridad judicial al resolver una solicitud de tal naturaleza, implica una lesión a ese derecho fundamental, supuesto ante el cual se activa el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; empero se deja claramente establecido, que no existirá lesión si la demora o dilación es promovida por el propio imputado’”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al debido proceso; en mérito a que, encontrándose cumpliendo una detención preventiva en el Centro de Reintegración Social Varones de La Paz por ser menores de edad, solicitaron la cesación de dicha medida cautelar, pretensión que fue rechazada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; por lo que, interpusieron recurso de apelación incidental, el que fue remitido ante el Tribunal de alzada el 4 de abril de 2022; empero, que hasta la interposición de la presente acción de defensa –20 de abril de 2022– no se emitió la resolución que resuelva su recurso de apelación por ende su situación jurídica, incumpliendo el plazo de cinco días que prevé la ley al efecto. Ahora bien, de obrados se puede advertir que el 28 de marzo del referido año, los impetrantes de tutela mediante su representante sin mandato plantearon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 14/2022 de 23 de marzo, el que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva que vienen cumpliendo dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente; es así que, mediante decreto de 29 del mismo mes y año, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, dispuso correr en traslado a las partes procesales (Conclusión II.1); asimismo, cursa reporte del SIREJ, del cual se advierte que, dicho recurso fue remitido ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 4 de abril de del citado año (Conclusión II.2). Por su parte, Félix Orlando Rojas Alcon, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandado–, mediante Informe presentado el 21 de abril de 2022 a las 08:45 en la presente acción de libertad, refiere que efectivamente el 4 del citado mes y año, fue remitido ante la mencionada Sala Penal el legajo de apelación; empero, habiendo sido observado mediante decreto de 5 de igual mes y año, fue devuelto al Juzgado de origen; quienes nuevamente remitieron ante la indicada Sala Penal el 11 del referido mes y año; en consecuencia, por providencia de 12 de igual mes y año se dispuso pase a despacho para su correspondiente resolución (Conclusión II.3). A efectos de resolver la problemática planteada, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en cuanto al establecimiento de un trámite procesal especial y sumarísimo cuando se hallan involucrados menores infractores y el trámite a efectuarse respecto del recurso de apelación incidental contra la imposición de medidas cautelares en el Sistema Penal para adolescentes conforme al Código Niña, Niño y Adolescente, que en su art. 292.I, estableció que: “Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado”; en consecuencia, el recurso de apelación incidental una vez interpuesto, con respuesta al traslado o vencido el plazo para el efecto, se remitirán los antecedentes ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, procediéndose al sorteo a la Sala que le corresponderá conocer y resolver el recurso; instancia que radicará la causa, momento a partir del cual se iniciará el cómputo del plazo de cinco días establecidos para emitir la resolución. En ese entendido, en el caso de autos, si bien no consta en obrados la observación referida por la autoridad demandada con la que se devolvió el legajo de apelación ante el Juzgado de origen y posterior radicatoria de la citada apelación en el Tribunal de alzada; empero, ambas partes insinúan coincidentemente que, la radicatoria fue el 12 de abril de 2022; por lo que, a partir del día hábil siguiente y el cómputo de los cinco días hábiles para su resolución, el vencimiento del plazo correspondería al 20 del citado mes y año. De manera que, si bien es evidente que los impetrantes de tutela interpusieron la presente acción de libertad en la misma fecha –20 de abril de 2022–, es decir cuando aún se encontraba vigente el plazo para la emisión de la resolución del recurso de apelación por el Tribunal de alzada; sin embargo, tomando en cuenta que la audiencia tutelar de la presente acción fue realizada el 21 de igual mes y año, es decir al día siguiente del cumplimiento del plazo para la emisión de la resolución cuestionada, sin que la autoridad hubiere referido y acreditado el cumplimiento del citado acto, adjuntando cuando menos la copia del mencionado fallo; este Tribunal no puede soslayar dicho extremo en atención a la protección reforzada al que está obligada toda autoridad jurisdiccional.

Conforme lo precedentemente expuesto y de los antecedentes acompañados y lo manifestado por las partes intervinientes; se advierte que, con la conducta asumida por parte de las autoridades judiciales demandadas, vulneró uno de los principios básicos sobre los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, como es el principio de celeridad, consagrado en la Constitución Política del Estado, que impone a los operadores de justicia, el deber jurídico ineludible de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas; empero, los Vocales –ahora demandados– inobservaron lo estableció en la jurisprudencia constitucional, descrita en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional –respecto a que, el Estado debe garantizar la prioridad del interés superior del menor, a través de los administradores de justicia, en la protección a los adolescentes con responsabilidad penal, realizando un acceso a la justicia pronta y oportuna–; es decir que, las autoridades demandadas no cumplieron con el plazo estipulado de los cinco días para resolver el recurso de apelación interpuesto por los accionantes; advirtiéndose una dilación indebida; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada Finalmente corresponde aclarar que, en el presente caso no existe un pronunciamiento de fondo sobre la situación jurídica de la parte accionante sino únicamente sobre la dilación procesal denunciada, respecto a la cesación a su detención preventiva; correspondiendo a las autoridades jurisdiccionales pertinentes analizar tal extremo y emitir la correspondiente resolución que conforme a las circunstancias del caso concreto corresponda. En con secuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 18 a 20 vta., pronunciada por La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandada–, en el plazo de veinticuatro horas emita la resolución correspondiente resolviendo el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, salvo que por el trascurso del tiempo la situación jurídica de los mismos haya sido resuelta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0040_2024-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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