Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; y, a los principios de celeridad y legalidad; toda vez que: 1) El Juez demandado, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de junio de 2023: i) Continuó indebidamente el acto pese a su desconexión involuntaria y emitió resolución en su ausencia; y, ii) Posteriormente, intentó “renovar” dicho acto procesal ya concluido, siendo que ya había anticipado criterio sobre el fondo de su pretensión, por lo que recusó a dicha autoridad; y, 2) La Secretaria codemandada no prestó la debida atención durante el acto. Ante ello, el Juez demandado señala que: a) Una vez iniciada la lectura de la resolución, ésta no podía ser interrumpida; b) La defensa informó la desconexión del impetrante de tutela únicamente después de concluida la lectura de la resolución, momento en el cual presentó recursos de reposición, complementación y enmienda; c) Se hicieron gestiones para restablecer la conexión del peticionante de tutela; sin embargo, antes de lograrlo, su defensa interpuso recurso de apelación conforme al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 184/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Exhortar a Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, para que dé estricto cumplimiento a lo desarrollado en el acápite III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56936-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 184/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Condori Almanci contra Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez; y, Judith Limachi Mamani, Secretaria ambos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, misma que se señaló para el 20 de junio de 2023 a horas 14:30. Durante el desarrollo de dicho acto, mientras Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz -hoy demandado- dictaba resolución, fue expulsado de la plataforma virtual, hecho que su abogado informó inmediatamente por escrito en el chat dirigido tanto a la referida autoridad como a Judith Limachi Mamani, Secretaria del mencionado despacho -ahora codemandada-. Pese a ello, el Juez demandado continuó con la emisión de la resolución, lo que vulneró sus derechos constitucionales al proseguirse el acto procesal sin su presencia. Además, dicha autoridad demandada anticipó criterio respecto al fondo del asunto.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; y, los principios de celeridad y legalidad; citando al efecto los arts. 109.I, 115.I, 119.I y II, y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se anule la audiencia de 20 de junio de 2023 y se remita antecedentes ante el Consejo de la Magistratura -se entiende para el respectivo inicio de proceso administrativo disciplinario- contra la parte demandada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 15 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El Juez demandado simplemente reconoció que no se percató de la desconexión y, en lugar de suspender o retrotraer válidamente el acto, pretendió continuar la audiencia y mantener los efectos de su resolución. Ante esta situación, su defensa solicitó la excusa del referido Juez en aplicación de la causal establecida en el art. 27.8 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), alegando que el mismo anticipó criterio respecto a su pretensión, particularmente durante los veintiocho minutos en los que no estuvo presente; ante ello, el Juez demandado rechazó la excusa y afirmó que “renovaría” el acto procesal, sosteniendo que su persona “se salió” y que ello no constituía una falta atribuible a dicha autoridad; b) Interpuso recurso de reposición, señalando que el Juez demandado no podía renovar un acto procesal ya concluido ni dictar una resolución distinta a la ya pronunciada, en virtud del principio de previsibilidad resolutiva y de los arts. 126 y “412” del CPP; no obstante, la autoridad demandada rechazó su recurso, puesto que la renovación era válida y que su criterio no cambiaría; y, c) Su defensa solicitó complementación y explicación respecto de la supuesta inaplicabilidad de las causales de excusa y recusación de la Ley del Órgano Judicial en materia penal y sobre la posibilidad misma de “renovar” un acto ya resuelto; en respuesta, el Juez demandado incurrió en contradicciones: indicó, primero, que dejaría sin efecto el auto; luego, que lo mantendría; después, que dictaría uno nuevo; y, finalmente, que notificaría a su persona con una resolución que él mismo declaró nula; ante ello, su defensa intentó interponer recurso de apelación incidental, pero el Juez demandado sostuvo que este no procedía contra resoluciones que resuelven un recurso de reposición.
Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 5, solicitó se deniegue la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La audiencia de cesación a la detención preventiva, realizada el 20 de junio de 2023 a horas 14:00, se instaló con normalidad; estuvieron presentes el impetrante de tutela -conectado desde el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento- y sus abogados, encontrándose ausente únicamente el Fiscal de Materia; 2) La defensa del peticionante de tutela expuso su pretensión sin dificultades y que, posteriormente, se inició la emisión de la resolución con la presencia del nombrado; 3) Conforme al registro audiovisual, aproximadamente en el minuto “02:00:40” de la grabación, y cuando la resolución estaba por concluir, el impetrante de tutela fue desconectado de la plataforma virtual, atribuyendo dicha desconexión a los funcionarios del citado Centro Penitenciario; 4) Una vez iniciada la lectura de la resolución, ésta no podía ser interrumpida ni podía disponerse un cuarto intermedio. La defensa informó la desconexión del accionante únicamente después de concluida la lectura de la resolución, momento en el cual presentó recursos de reposición, complementación y enmienda. Así, con el fin de evitar una situación de indefensión, se hicieron gestiones para restablecer la conexión del peticionante de tutela; sin embargo, antes de lograrlo, su defensa interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP; por ello, se dispuso la notificación personal del mismo en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz con la resolución física; y, 5) Uno de los agravios expuestos en la interposición del recurso de apelación incidental fue precisamente la ausencia del accionante en la parte final de la audiencia; dicho agravio corresponde ser analizado por el Tribunal de alzada, por lo que, no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional. Judith Limachi Mamani, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que: i) Su persona es Oficial de Diligencias y, solo hasta el 7 de junio -se asume de 2023-, fungió como Secretaria habilitada; ii) No conoce del manejo del sistema de grabación de audiencias; y, iii) “Yola Canabiri”, Secretaria titular del despacho, retornó de su baja médica el 9 de junio -se entiende de igual año-.
El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 184/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió en parte la tutela solicitada respecto al Juez demandado, disponiendo dejar sin efecto: “…los decretos y autos que habría emitido la autoridad accionada (…) en fecha 20 de junio de 2023, y conforme lo aclaró la defensa técnica, se queda latente y vigente la Resolución por la cual se habría dispuesto el rechazo a la cesación a la detención preventiva…” (sic);y, denegó la tutela impetrada respecto a la Secretaria codemandada; con base en los siguientes fundamentos: a) Según los elementos aportados por el accionante, su defensa comunicó mediante chat a la parte demandada que se encontraba desconectado, pese a lo cual la audiencia continuó; b) Al concluir la resolución, los abogados del impetrante de tutela informaron nuevamente la desconexión, lo que generó la presentación sucesiva de varios recursos; c) El Juez demandado anuló ciertos actos, luego los volvió a validar y dispuso notificaciones adicionales, lo que provocó confusión; d) La autoridad demandada desconoció que los abogados presentes no eran defensores públicos -quienes sí cuentan con facultades de representación sin mandato- y que, aun así, les permitió continuar interviniendo, lo que derivó en la interposición continua de recursos; situación anómala y confusa que motivó la presentación de la presente acción de libertad; y, e) Una vez emitida la resolución de cesación a la detención preventiva, la defensa del accionante ya no podía continuar actuando sin su presencia, situación que podría constituir una vulneración de derechos y garantías constitucionales, especialmente considerando que el mismo continuaba privado de libertad; en consecuencia, la acción tutelar es procedente al evidenciarse una posible vulneración al debido proceso.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 22); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 26); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta y oportuna; y, a los principios de celeridad y legalidad; toda vez que: 1) El Juez demandado, durante la audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de junio de 2023: i) Continuó indebidamente el acto pese a su desconexión involuntaria y emitió resolución en su ausencia; y, ii) Posteriormente, intentó “renovar” dicho acto procesal ya concluido, siendo que ya había anticipado criterio sobre el fondo de su pretensión, por lo que recusó a dicha autoridad; y, 2) La Secretaria codemandada no prestó la debida atención durante el acto. Ante ello, el Juez demandado señala que: a) Una vez iniciada la lectura de la resolución, ésta no podía ser interrumpida; b) La defensa informó la desconexión del impetrante de tutela únicamente después de concluida la lectura de la resolución, momento en el cual presentó recursos de reposición, complementación y enmienda; c) Se hicieron gestiones para restablecer la conexión del peticionante de tutela; sin embargo, antes de lograrlo, su defensa interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP; por ello, se dispuso la notificación personal del mismo en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz con la resolución física; y, d) Uno de los agravios expuestos en la interposición del recurso de apelación incidental fue precisamente la ausencia del accionante en la parte final de la audiencia, lo que corresponde ser analizado por el Tribunal de alzada; por consiguiente, no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional. Por su parte, la Secretaria codemandada sostiene que, es Oficial de Diligencias y, solo hasta el 7 de junio de 2023, fungió como Secretaria habilitada, puesto que, la Secretaria titular del despacho retornó de su baja médica el 9 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Jurisprudencia reiterada La SCP 0900/2012 de 22 de agosto, sostuvo que: “Dada la naturaleza jurídica de esta acción tutelar y su alcance, a partir de la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, se establecieron los supuestos de subsidiariedad excepcional del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, cuando existan medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; entendimiento modulado y precisado por el Tribunal Constitucional en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, señalando lo siguiente: 'I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’” (las negrillas nos corresponden). Complementado dicho entendimiento, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, estableció como uno de los tres supuestos de improcedencia de esta acción de defensa allí desarrollados: “Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…” (el resaltado corresponde al texto original).
Antes de ingresar al análisis del fondo, corresponde precisar que, si bien el accionante dirigió su denuncia contra el Juez y la Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz el agravio atribuido a la Secretaria codemandada se limita a la supuesta falta de atención durante la audiencia de forma que no advirtió que el accionante ya no estaba conectado a la audiencia virtual; sin embargo, conforme establece el art. 338 del CPP, es el juez el que dirige la audiencia y ordena los actos necesarios para su desarrollo, a fin de garantizar el ejercicio pleno de la acusación y de la defensa. En consecuencia, frente a la actuación de la Secretaria codemandada correspondía en su caso efectuar el reclamo respectivo y oportuno ante la autoridad jurisdiccional competente por lo que incumbe denegar la tutela solicitada respecto a la misma por incumplir el principio de subsidiariedad. Por otra parte respecto a la actuación del Juez demandado se alega que durante la audiencia de cesación a la detención preventiva de 20 de junio de 2023 se observa dos aspectos; primero, el hecho de que continuó indebidamente el acto pese a su desconexión involuntaria de la audiencia virtual y que emitió resolución en su ausencia; y, segundo, porque una vez advertido y reconectado renovó dicho acto procesal, siendo que ya había anticipado criterio sobre el fondo de su pretensión, por lo que el impetrante de tutela presentó recusación contra dicha autoridad.
Respecto a ambas denuncias si la parte accionante consideraba que invalidaban la audiencia de medidas cautelares y que rechazaban su solicitud de cesación a la detención preventiva, se tiene que no cumplió con el principio de subsidiariedad, presupuesto esencial para la procedencia de la acción de libertad conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que, el impetrante de tutela contaba con un mecanismo procesal idóneo para cuestionar el presunto desarrollo irregular del acto y la decisión de mantener su detención preventiva, como es el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, destinado, precisamente, a impugnar resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, así como la forma en que se tramitó la audiencia. En consecuencia, siendo que el peticionante de tutela no demostró que dicho recurso resultara ineficaz, inoportuno o insuficiente para la protección de sus derechos, se configura el incumplimiento del principio de subsidiariedad. Por ello, corresponde denegar la tutela impetrada, pues la acción de libertad no puede sustituir los mecanismos procesales ordinarios previstos por el legislador para el control de legalidad de las medidas cautelares ni para la corrección de eventuales irregularidades surgidas durante su tramitación.
Finalmente, corresponde precisar que los hechos que motivaron la interposición de la presente acción tutelar por parte del accionante tuvieron su origen en la celebración de una audiencia virtual de cesación a la detención preventiva, dirigida por el Juez demandado, en la cual se suscitaron problemas de conectividad a internet. Tales deficiencias técnicas derivaron en una serie de actuaciones denunciadas por el impetrante de tutela, generando una disfunción procesal susceptible de afectar garantías fundamentales. En ese contexto, resulta imperativo que el juez que preside audiencias vinculadas directamente con la libertad personal adopte las medidas necesarias para resguardar de manera efectiva el derecho a la defensa y el debido proceso. A tal efecto, cobra especial relevancia el entendimiento desarrollado en la SCP 0116/2025-S2, de 14 de marzo, que al analizar el principio de inmediación en las audiencias en materia penal, sostiene que: “…la inmediación es fundamental por el ejercicio del derecho a la defensa; en este sentido, es necesario estar presente para defenderse pues solo así puede someter a crítica la prueba y en su caso desvirtuarla. En relación al principio de inmediación este se ve reducido en atención a la virtualidad de las audiencias, pues empíricamente limita la apreciación de las pruebas; por ejemplo, al ser la mayor parte de la comunicación no verbal, se pierde gran parte del mensaje, de ahí que en materia penal la regla debe ser la presencialidad y la excepción la virtualidad; y por ello, el art. 113.I y II del CPP, indican que ‘Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación…’; y, ‘La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa…’; por lo que, debe existir la debida justificación para la realización de una audiencia virtual, ello porque la excepción es la que necesita probarse” (las negrillas fueron añadidas), por lo que corresponde exhortar al Juez demandado, para que en futuros actos cumpla lo señalado en el citado fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 184/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 2º Exhortar a Moisés Alexis Vilela Dorado, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Copacabana del departamento de La Paz, para que dé estricto cumplimiento a lo desarrollado en el acápite III.3 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0038_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4db47264face9c13abb84d5715cd806d32c9f076a4d0f42883ae21df57d639ad
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