Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 28 de enero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; así como, del principio de impugnación; puesto que, los entonces Magistrados hoy accionados a tiempo de resolver el recurso de casación que formulado contra el Auto de Vista 132/2022, que declaró probada la demanda de usucapión decenal extraordinaria, y sin lugar su demanda reconvencional de reivindicación, declararon infundado el mismo mediante el AS 270/2023, y por consiguiente sin tomar en cuenta sus motivos recursivos sobre la falta de acreditación de la posesión de los ahora terceros interesados en el marco de los arts. 87.I y 138 del CC, lo que derivaría en una interpretación errónea e indebida, vinculada al error de hecho y derecho, en razón a que su condición fue de detentadores del bien inmueble o tolerados, lo que no puede servir de fundamento para adquirir la posesión tal cual prevé el art. 90 del mencionado Código; tampoco consideraron que en la posesión se desarrolló una acción de restitución y entrega del lote de terreno antes de la demanda de usucapión, evidenciando de manera inverosímil que no abandonó su intención de recuperación su bien inmueble y que por ello se interrumpió la prescripción adquisitiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la fundamentación y motivación como componentes del debido proceso. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 144/2023-SCII de 19 de octubre, cursante de fs. 608 a 612, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58883-2023-118-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución AAC 144/2023-SCII de 19 de octubre, cursante de fs. 608 a 612, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorenzo Rueda Castillo contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, -ex- Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
El accionante, a través de memorial presentado el 22 de septiembre de 2023, cursante de fs. 538 a 546, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso civil de usucapión decenal o extraordinaria, nulidad de declaratoria de herederos y cancelación de registro -sobre el lote de terreno 158, con una superficie de 420 m, ubicado en Av. San Martín entre calle Jorge Tassakis y 24 de Julio del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija-, seguido en su contra -accionante- y de sus hermanos, por Elba Rivero Párraga de Romero y Pablo Romero -ahora terceros interesados-, formularon reconvención demandando reivindicación del mismo, dando lugar a la Sentencia de 21 de marzo de 2022, que declaró improbada la demanda principal, probada la reivindicación e improbado el pago de daños y perjuicios, y dispuso la desocupación de los hoy terceros interesados del referido bien inmueble. Habiéndose planteado recurso de apelación por los nombrados, fue resuelto por Auto de Vista 132/2022 de 18 de noviembre, que revocó en parte la mencionada Sentencia recurrida y declaró probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, y sin lugar a la reconvención. Contra dicha determinación, formuló recurso de casación, siendo resuelto a través del Auto Supremo (AS) 270/2023 de 22 de marzo, emitido por los ex Magistrados hoy accionados, quienes de manera ilegal y arbitraria declararon infundado el mencionado recurso, sin fundamentación, motivación ni congruencia, puesto que: a) Incurrieron en una interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, vinculada al error de hecho y derecho de la prueba en virtud de los arts. 90, 138 y 1286 del Código Civil (CC), concordantes con los arts. 134 y 145.I y II del Código de Procedimiento Civil (CPC); y, 115.I y II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); en razón a que: 1) Según los hechos y la prueba admitida, los hoy terceros interesados no demostraron la posesión como establecen los arts. 87.I y 138 del CC, sino tenían la condición de tolerados por la amistad y familiaridad que existía con ellos, sin que jamás hubieran introducido mejoras al lote en cuestión, respecto del cual tuvieron la condición fue de detentadores; así como, tampoco se hubiese definido ni establecido el inicio de la supuesta posesión, ni cómo esta fue útil, continua, pública, pacífica e ininterrumpida, cuyo derecho propietario con registro se encuentra debidamente consolidado a su favor, y con inscripción catastral todavía a nombre de Eustaquio Rueda Fernández -su padre fallecido-, sin que además se tenga por acreditados ni demostrados los elementos de la posesión -corpus posessionis y animus possidendi-; y, 2) Los ahora terceros interesados manifestaron que desde el 26 de marzo de 1989, venían ocupando el lote de terreno señalando textualmente: “…lamentablemente desde que entramos a poseer dicho terreno, pese a nuestras constantes insistencias y rogativas no pudimos inicialmente hacernos instalar los servicios de agua y luz en dicho terreno, esto debido a que no contábamos con ningún título de propiedad, requisito que nos exigían para acceder a dichos servicios” (sic), cuando los servicios básicos constituyen un derecho fundamental que ninguna institución puede negar, más aun sobre un bien inmueble ubicado en el centro de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, siendo ilógico, irracional y precario habitar un terreno sin los mismos, y con artificios, engaños y falsedad se logró la instalación de agua potable y energía eléctrica a nombre de la hoy tercera interesada el 2009 y el empadronamiento municipal el 2010, cuando en ese último registro figuraba como titular su difunto padre en el Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba de ese departamento, en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) y otras entidades; por lo que, su condición de detentadores -hoy terceros interesados- no puede servir de fundamento para adquirir la posesión tal cual prevé el art. 90 del CC, no advirtiéndose coherencia con los hechos que fundaron su demanda y la prueba legalmente admitida en el proceso civil. b) No se consideró que en la posesión se desarrollaron distintos actos de perturbación e interrupción; ya que, con anterioridad a que presenten su demanda, su persona solicitó diligencia previa de conciliación; la cual, fue sustanciada en el Juzgado de Instrucción Civil y de Familia Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, donde ejerciendo el derecho y deber de cultura de paz, exigió la restitución y entrega del lote de terreno -ahora objeto de la litis-, conforme figura en el acta de audiencia de conciliación de 11 de julio de 2012, actuación que evidencia de forma inverosímil que no abandonó su intención de recuperar dicho bien inmueble, cumpliéndose con: i) Deducir su pretensión ante el órgano jurisdiccional; ii) Demostrar inequívocamente su voluntad de pretender recuperar y reivindicar su bien inmueble objeto de la litis; y, iii) Notificar a quien quiere impedir la prescripción adquisitiva. Requisitos exigidos por la jurisprudencia para interrumpir la prescripción.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; así como, del principio de impugnación; citando al efecto los arts. 115.I y II y 180.I y II de la CPE; y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: se deje sin efecto el AS 270/2023 de 22 de marzo, emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; debiendo emitirse uno nuevo, en el que se absuelvan en el fondo todos los agravios alegados, sea de manera congruente, fundamentada y motivada, y se declarare fundado el recurso planteado.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 598 a 607, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: a) Los ex Magistrados hoy accionados emitieron el AS 270/2023, que resolvió el recurso de casación formulado contra el Auto de Vista 132/2022, y no se pronunciaron sobre “…la calidad de tolerados por una razón de humanidad…” (sic) que se tuvo con “Felisa Romero” -madre de Pablo Romero-, operando por ello una subrogación de tolerados para ocupar el bien inmueble, al cual no se hicieron mejoras, que siempre estuvo registrado a nombre de su difunto padre; y, b) Los ahora terceros interesados no negaron ni contradijeron el hecho de que con anterioridad se inició una acción judicial de conciliación previa, convocándoles a una audiencia con la finalidad de conciliar y entreguen el bien inmueble bajo el principio de cultura de paz; empero, con una actitud reticente, al punto de desconocer quiénes fueron los dueños, a pesar de que conocían que dicha titularidad pertenecía a su persona y a los nombrados interesados por derecho sucesorio, el AS 27/2023 entiende que no solo la posesión se debe acreditar para la utilidad de una vivienda, sino también la condición de tolerados, no siendo correcta su apreciación; además, no se consideró que tanto su persona como los hoy terceros interesados siempre tuvieron acceso directo al bien inmueble. Ante la pregunta de uno de los Vocales Constitucionales respecto de prueba alguna de la condición de detentador y tolerado de los ahora terceros interesados en la vía civil con objeto de permitirles utilizar el bien inmueble objeto de la litis, respondió que no tiene.
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, ex Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 18 de octubre de 2023, cursante de fs. 588 a 591, manifestaron que: 1) El AS 270/2023, fundamentó su decisión en función a los reclamos vertidos en el recurso de casación, que no se llegó a desvirtuar la posesión ejercida por más de diez años de los hoy terceros interesados para fundar la usucapión decenal; la cual, no debe confundirse que sea exclusiva para vivienda con exigirse para su inicio de instalación de agua, luz y alcantarillado como erróneamente entiende el accionante, sino, que puede corroborarse mediante certificaciones, testificales e inspección judicial -entre otras-, tal cual sostuvo la jurisprudencia a través del AS 1078/2018 de 1 de noviembre; 2) La pruebas que las Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, tuvieron por acreditada la posesión de los ahora terceros interesados -libreta de matrimonio de los nombrados y certificaciones de la Organización Territorial de Base (OTB) del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba de dicho departamento, junto con una inspección judicial y una confesión atribuida al accionante- no fueron cuestionadas en el recurso de casación; además, vivir precariamente no desvirtúa la posesión ejercida por los ahora terceros interesados; frente reclamo del accionante sobre la detentación con el pago de servicios básicos es inconsistente y carece de certeza, cuyo reclamo en el recurso de casación se limitó únicamente a la falta de fundamentación sobre las facturas de dichos servicios y pagos impositivos efectuados entre 2009 y 2010; lo cual, no prueba la ausencia de posesión acreditada por los hoy terceros interesados, tal cual fue valorado por el tribunal ad quem; y, 3) No resulta evidente la falta de fundamentación, motivación y congruencia sobre el acta de conciliación de 11 de julio de 2012, la cual no demuestra que el accionante “…haya repulsado la posesión acreditada por los demandantes…” (sic); ya que, la petición de cualquier acto no tiene efecto para la interrupción de la prescripción adquisitiva, aspecto sustentando jurisprudencialmente. Por todo lo expuesto, habiendo el AS 270/2023 respondido a todos los agravios, piden se deniegue la tutela solicitada.
María Rueda Caro de Mérida, Celinda Rueda Caro de Reyes, David y Andrés Rueda Caro, mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2023, cursante de fs. 596 a 597 vta., y en audiencia a través de su abogado, manifestaron que: fueron igualmente demandados por usucapión decenal, nulidad de declaratoria de herederos y la cancelación de registro conjuntamente el accionante -su hermano-, concluyendo con el AS 270/2023, que no resulta motivado, fundamentado ni congruente a cada uno de los agravios del recurso de casación, el cual fue resuelto de manera extrapetita, al pronunciarse sobre cuestiones que no fueron deducidas, conteniendo un desajuste e inadecuación en su contenido que restringe los derechos que se alegan en la presente acción tutelar. Por lo manifestado, solicitan se conceda la tutela y se deje sin efecto el AS 270/2023, ordenando la emisión de uno nuevo que restablezca los derechos y garantías reclamados en la acción de amparo constitucional. Elba Rivero Parra de Romero y Pablo Romero, en audiencia a través de su abogado, manifestaron que: i) El fundamento del AS 270/2023, respecto a que no se hubiese demostrado su calidad de detentación, como valoraron los ex Magistrados ahora accionados y que podía dar lugar a una presunta interpretación errónea e indebida aplicación de la ley vinculada al error de hecho y derecho de la prueba en virtud de los arts. 90, 138 y 1286 del CC, concordante con los arts. 134 y 145.I y II del CPC; y, 115.I y II y 180.I de la la CPE, en sentido de que en el recurso de casación no cuestionó dicho extremo y que no puede ser desvirtuado con la simple aseveración; y, ii) Sobre lo referente a los actos de interrupción y perturbación de la posesión, alegado a que antes de la presentación de la demanda de usucapión de los hoy terceros interesados se les exigió la entrega del bien inmueble como una acción previa de conciliación, conforme figura en el acta de 11 de julio de 2012, fue respondido con base al AS 12/2016 de 14 de enero, que delimita los actos para interrumpir la prescripción adquisitiva, concluyendo que una medida previa de consideración, a más de ser una intención, no se logró a un acuerdo al contener posiciones opuestas, y cuyo acto no puede ser considerado para interrumpir ni perturbar la posesión y en efecto evitar que se computen los diez años para adquirir derecho propietario a través de la usucapión; además, el accionante debe acreditar por qué su pretensión debía ser concedida, incurriendo en omisiones que impidieron a los ex Magistrados ahora accionados analizar lo pretendido como establece la SCP 2056/2010-R de 10 de noviembre. Por lo manifestado, piden se deniegue la tutela solicitada. Ante la pregunta de Vocal La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sobre por qué accedieron recién a los servicios básicos el 2009, y cuándo se procedió al registro en el padrón o catastro municipal del bien inmueble objeto de la litis; respondieron que, fue debido a la ampliación de la mancha urbana en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, cuyo servicio utilizaban anteriormente de los vecinos; empero, viven en el bien inmueble desde 1989.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante la Resolución AAC 144/2023-SCII de 19 de octubre, cursante de fs. 608 a 612, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante una vez delimitó el primer agravio sobre una presunta existencia de interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, vinculada al error de hecho y derecho de la prueba alegado a los arts. 90, 138 y 1286 del CC, concordante con los arts. 134 y 145.I y II del CPC; y, 115.I y II y 180.I de la CPE, se limitó a señalar que no mereció un pronunciamiento motivado, fundamentado ni congruente, sin explicar de qué manera el AS 270/2023, carecía de esos elementos del debido proceso, omitiendo explicar el nexo de causalidad, circunscribiéndose a enunciar dicho reclamo sin sustento; b) Sobre la denuncia que no se estableció de manera motivada y fundamentada que los ahora terceros interesados demostraron que se encontraban en posesión del predio por más de diez años, y que no tenían la condición de tolerados y detentadores, al o estar precisado el inicio de la posesión útil, continua, pública y pacífica, para lo cual se resaltó la incorrecta valoración de unas facturas del pago de energía eléctrica y pagos de impuestos municipales; se respondió que se cumplió con el término requerido para la usucapión y que la decisión no fue adoptada únicamente sobre la base de dichas documentales, sino se efectuó una evaluación integral de la libreta de matrimonio de los hoy terceros interesados, certificaciones de la OTB del barrio Ferroviario del departamento de Tarija, del acta de inspección judicial y la confesión del accionante, y precisar que la posesión según el AS 853/2022 de 8 de noviembre, no necesariamente implica que el bien inmueble objeto de la usucapión este destinado al uso de vivienda, sino, denote que el uso y goce sea como propietario; y, c) Sobre la no consideración de la diligencia previa de conciliación contra ahora terceros interesados solicitándose la restitución del bien inmueble objeto de la litis presentada antes de la instauración del proceso de usucapión como un acto de perturbación e interrupción de la prescripción ante el Juzgado de Instrucción Civil y de Familia Segundo de Yacuiba del referido departamento; el AS 270/2023, basándose en el AS 12/2016 sostuvo que no toda acción judicial tiene efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino, debe estar orientada a repulsar esa posesión, extremo que no acontecería en el caso, cuya diligencia preliminar no estaba orientada a cuestionar la posesión; explicándose de manera clara, razonable, con precisión y base normativa y jurisprudencia vigente, basada en el cumplimiento de requisitos de la posesión emergente de la valoración integral de la prueba aportada en el litigio y no únicamente en la documentación señalada por el accionante.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso civil de usucapión decenal, nulidad de declaratoria de herederos y cancelación de registro -sobre el lote de terreno 158, con una superficie de 420 m, ubicado en Av. San Martín entre calle Jorge Tassakis y 24 de Julio, del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija-, seguido contra Lorenzo Rueda Castillo -hoy accionante- y sus hermanos, presentada por Elba Rivero Parraga de Romero y Pablo Romero -ahora terceros interesados-, el accionante y sus hermanos formularon reconvención demandando reivindicación de derecho propietario, constando Sentencia de 21 de marzo de 2022, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, que declaró improbada la misma y probada su reivindicación e improbado el pago de daños y perjuicios, y dispuso la reivindicación del lote de terreno (fs. 435 a 440 vta.). II.2. Cursa recurso de apelación planteado el 4 de abril de 2022, ante Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Yacuiba del departamento Tarija, por los hoy terceros interesados contra la Sentencia de 21 de marzo de dicho año, siendo resuelta por Auto de Vista 132/2022 de 18 de noviembre, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia referido departamento, declarando probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria, consiguientemente adquirido por usucapión el bien inmueble objeto de la litis, y sin lugar la demanda reconvencional de reivindicación formulada por el accionante y sus hermanos (fs. 441 a 451 y 479 a 488 vta.). II.3. Mediante recurso de casación presentado el 12 de enero de 2023, ante las Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por el accionante contra el Auto de Vista 132/2022, que fue resuelto por el AS 270/2023 de 22 de marzo, emitido por Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, cuya parte dispositiva declara “INFUNDADO el recurso de casación” (fs. 495 a 498 vta. y 520 a 525 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; así como, del principio de impugnación; puesto que, los entonces Magistrados hoy accionados a tiempo de resolver el recurso de casación que formulado contra el Auto de Vista 132/2022, que declaró probada la demanda de usucapión decenal extraordinaria, y sin lugar su demanda reconvencional de reivindicación, declararon infundado el mismo mediante el AS 270/2023, y por consiguiente sin tomar en cuenta sus motivos recursivos sobre la falta de acreditación de la posesión de los ahora terceros interesados en el marco de los arts. 87.I y 138 del CC, lo que derivaría en una interpretación errónea e indebida, vinculada al error de hecho y derecho, en razón a que su condición fue de detentadores del bien inmueble o tolerados, lo que no puede servir de fundamento para adquirir la posesión tal cual prevé el art. 90 del mencionado Código; tampoco consideraron que en la posesión se desarrolló una acción de restitución y entrega del lote de terreno antes de la demanda de usucapión, evidenciando de manera inverosímil que no abandonó su intención de recuperación su bien inmueble y que por ello se interrumpió la prescripción adquisitiva. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la fundamentación y motivación como componentes del debido proceso. Jurisprudencia uniforme; 2) Sobre la valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; y, 3) Análisis del caso concreto.
La SCP 0060/2025-S1 de 10 de marzo, reiterando los razonamientos de la SCP 0074/2024-S3 de 10 de abril, establece que: «“La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. (…) Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‛decisión sin motivación‛, o extiendo esta es, b.2) una ‛motivación arbitraria‛; o en su caso, b.3) una ‛motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas‛. ‛b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una 'decisión sin motivación', debido a que 'decidir no es motivar'. 'La justificación conlleva formular juicios evaluativos [formales o materiales] sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]'.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general 'judicial, administrativa, etc.' sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una 'motivación arbitraria'. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales]. En efecto, un supuesto de 'motivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. (…) b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’. En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: ‘La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado.
(...) Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‛…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas‛, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‛…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume‛ (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: ʽLa congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto. En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…). Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo) ”ʼ».
La justicia constitucional delimita las atribuciones entre jurisdicciones respecto a la valoración de la prueba; así, la SC 0025/2010-R de 13 de abril, señala que: “…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita...” (las negrillas son nuestras). También se establecieron situaciones excepcionales en las que se puede ingresar a la valoración de la prueba, así mediante las SSCC 0938/2005-R, 0965/2006-R y 0662/2010-R, entre otras, precisó que:“…La facultad de valoración de la prueba corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por ende la jurisdicción constitucional no puede ni debe pronunciarse sobre cuestiones de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, en consecuencia, menos aún podría revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, emitiendo criterios sobre dicha valoración y pronunciándose respecto a su contenido. Ahora bien, la facultad del Tribunal Constitucional a través de sus acciones tutelares alcanza a determinar la existencia de lesión a derechos y garantías fundamentales cuando en la valoración de la prueba efectuada por la jurisdicción ordinaria exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/o se hubiese omitido arbitrariamente efectuar dicha ponderación” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). De igual manera, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, consideró otra excepción a las subreglas jurisprudenciales, concluyendo que: “…además de la omisión en la consideración de la prueba, (…) es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento” (las negrillas nos corresponden). Finalmente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, sostuvo que: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones;
empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, valoración de la prueba y congruencia; así como, del principio de impugnación; puesto que, los entonces Magistrados hoy accionados a tiempo de resolver el recurso de casación que formulado contra el Auto de Vista 132/2022, que declaró probada la demanda de usucapión decenal extraordinaria, y sin lugar su demanda reconvencional de reivindicación, declararon infundado el mismo mediante el AS 270/2023, y por consiguiente sin tomar en cuenta sus motivos recursivos sobre la falta de acreditación de la posesión de los ahora terceros interesados en el marco de los arts. 87.I y 138 del CC, lo que derivaría en una interpretación errónea e indebida, vinculada al error de hecho y derecho, en razón a que su condición fue de detentadores del bien inmueble o tolerados, lo que no puede servir de fundamento para adquirir la posesión tal cual prevé el art. 90 del mencionado Código; tampoco consideraron que en la posesión se desarrolló una acción de restitución y entrega del lote de terreno antes de la demanda de usucapión, evidenciando de manera inverosímil que no abandonó su intención de recuperación su bien inmueble y que por ello se interrumpió la prescripción adquisitiva. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que los ahora terceros interesados plantearon reconvención demandando reivindicación, dictaminándose la Sentencia de 21 de marzo de 2022, por la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija; la cual, declaró improbada la misma y probada su reivindicación e improbado el pago de daños y perjuicios, y dispuso la reivindicación del lote de terreno (Conclusión II.1.); así también, cursa recurso de apelación formulado el 4 de abril 2022, contra esa Sentencia de 21 de marzo de dicho año, ahora terceros interesados del proceso civil, siendo resuelto mediante Auto de Vista 132/2022, pronunciado por las Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declarando probada la demanda de usucapión decenal o extraordinaria y consiguientemente adquirido por usucapión el bien inmueble objeto de la litis, sin lugar a la demanda reconvencional de reivindicación planteada por el accionante los hoy terceros interesados (Conclusión II.2.); contra la cual, el nombrado formuló recurso de casación el 12 de enero de 2023, para finalmente ser resuelto a través del AS 270/2023 por los entonces Magistrados ahora accionados, declarando infundado el mismo (Conclusión II.3.). En ese sentido, identificada la problemática del caso de autos, bajo el contexto fáctico que hacen al proceso civil de usucapión decenal, nulidad de declaratoria de herederos y cancelación de registro instaurado contra el accionante y los hoy terceros interesados, que concluyó en fase de casación, conforme fue descrita la documental en la parte conclusiva del presente fallo constitucional, corresponde abordar el análisis verificando si el AS 270/223 -motivo de la presente acción tutelar- se pronunció en el marco del debido proceso, o con carencia de alguno de los elementos denunciados, para tal propósito, amerita sintetizar los puntos cuestionados por el recurrente -accionante-, para luego proceder a su compulsa y contraste en función a los derechos cuya vulneración se alega, identificándose en el recurso de casación los siguientes puntos:
1. Se incurrió en una interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, vinculada al error de hecho y de derecho de la prueba bajo el principio de verdad material, en virtud de los arts. 90, 138 y 1286 del CC, concordante con los arts. 134 y 145.I y II del CPC; y, 115.I y II y 180.I de la CPE, respecto a que se hubiese demostrado que los ahora terceros interesados se encuentran por más de diez años en posesión del bien inmueble 158, con una superficie de 420 m., ubicado en Av. San Martin entre calle Jorge Tassakis y 24 de Julio, en el barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, sin demostrarse la condición de tolerados -detentadores- ni expresar de manera motivada, fundamentada y verosímil bajo qué cánones llega a tal convencimiento, cuando no se estableció ni definió el inicio de la posesión útil, continua, ininterrumpida, pública y pacífica de los nombrados, como requisito indispensable de la acción de usucapión decenal o extraordinaria; más aún, cuando ese predio tiene registro propietario consolidado a favor y registro catastral a nombre de su padre, sin considerar que: i) Si bien los hoy terceros interesados manifiestan que estuvieran ocupando el terreno desde el 26 de marzo de 1989; empero, por confesión espontánea manifestaron que “…se hace menester precisar a su digna autoridad que, lamentablemente desde que entramos a poseer dicho terreno, pese a nuestras constantes insistencias y rogativas no pudimos inicialmente hacernos instalar los servicios de agua y luz en dicho terreno, esto debido a que no contábamos con ningún título de propiedad, requisito que nos exigían para acceder a dichos servicios” (sic); hecho totalmente falso, cuyos servicios al constituirse en derechos fundamentales, ninguna institución puede negar su provisión, resultando ilógico, irracional y precario vivir en un lote sin esos mismos servicios; más aún, si manifestaron que vivieron con sus hijos, confesando que después de unos años recién pudieron acceder a su provisión y empadronamiento del mismo, sin indicar el día, mes y año del inicio de la posesión, elementos sustanciales a fin de acreditar el animus de dicha posesión; además según la factura de 22 de octubre de 2009, se evidencia que recién en esa fecha los hoy terceros interesados pudieron acceder a dichos servicios y al registro del empadronamiento con la cancelación de los impuestos a la propiedad inmueble de 2002, 2003 y 2004 recién el 14 de enero de 2010, sin acreditar bajo qué medios y/o trámite realizaron el empadronamiento catastral, considerando que el bien inmueble tenía registro a nombre de su padre fallecido, inscripción de pleno conocimiento de los ahora terceros interesados, quienes así lo acreditan al presentar el folio real e informes emitidos por la Oficina de DD.RR.; y, ii) No se tomó en cuenta en absoluto que existieron actos de perturbación e interrupción de la prescripción sobre el bien inmueble objeto de la litis, y esencialmente sobre los nombrados, habiéndose presentado -previo a que instauren su demanda- diligencia previa de conciliación, sustanciada en el Juzgado de Instrucción Civil y de Familia Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, en el que se exigió la restitución y entrega del bien inmueble, conforme se tiene del acta de 11 de julio de 2012, lo que demuestra de forma verosímil la voluntad del accionante de no abandonar su intención de recuperar el referido bien inmueble, cumpliéndose con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para interrumpir la prescripción, consistentes en: a) Deducir su pretensión ante el órgano jurisdiccional; b) Demostrar inequívocamente su voluntad de pretender recuperar y reivindicar su bien inmueble objeto de la litis; y, c) Notificar a quien se quiere impedir que prescriba; además, tampoco se cumplieron con los elementos de la posesión -corpus posessionis y animus possidendi-; por lo que, la detentación, ocupación y otros que constituyan actos de tolerancia, no fundan posesión; y, 2) Existe una interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, ante la falta de fundamentación y motivación contrariamente a los arts. 115.I y II y 180.I de la CPE, al no considerar los requisitos desarrollados en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, consistente en describir de manera individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, y que deben ser valorados por lo entonces Magistrados hoy accionados de forma concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de manera motivada, estableciendo el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de la partes procesales, sin darse valor alguno a ninguna de las pruebas de descargo debidamente judicializadas en el proceso, donde se pueda determinar de acuerdo a las reglas establecidas, sean esas positivas o negativas, cuya omisión según la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, conlleva la vulneración del debido proceso en los citados elementos. Seguidamente, de los fundamentos del AS 270/2023, se tienen los siguientes puntos:
i) “…de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de apelación, en lo relevante se extrae lo siguiente: ‘...se tiene demostrado que los demandantes ingresaron al inmueble hace más de diez años, (entre los años 1987 a 1990) sin que haya demostrado que el titular del derecho propietario les haya concedido autorización alguna para ser considerados como simples detentadores ... en el acta de inspección judicial, que se resume en la sentencia, en la que señala las mejoras y construcciones realizadas, actos de dominio que demuestran la posesión que los demandantes ejercieron en el lote terreno, habiéndose demostrado que la posesión que ejercen fue pacífica, pública, continua e ininterrumpida por más de 10 años...’; asimismo, el Tribunal de segunda instancia argumentó a fs. 487 que: ‘... para la procedencia de la acción principal de usucapión decenal, conclusión a la que se arriba en mérito a la prueba documental, inspección judicial, testifical y la confesión judicial de Lorenzo Rueda... ”ʼ.
Por lo referido, las Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para asumir la determinación de considerar que los hoy terceros interesados cumplieron con el tiempo requerido para la usucapión extraordinaria, no solo basaron su decisión en el pago de servicios básicos y pago de impuestos a la propiedad, conforme lo señalado a fs. 485, sino también sustentaron su decisión valorando conjuntamente las pruebas consistentes en la libreta de matrimonio de los nombrados, certificaciones de la OTB del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del mencionado departamento, así como en la inspección judicial y la confesión atribuida al accionante conforme el acta a fs. 316 y vta. No obstante, cabe resaltar que la razón esencial para que la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, revoque la Sentencia de 21 de marzo de 2022, y declare probada la demanda de usucapión decenal, se debe a que no se demostró la calidad de detentación por parte de los hoy terceros interesados considerándolos como poseedores del bien inmueble que es útil para usucapir el mismo; sin embargo, en casación el accionante no cuestionó ese extremo, es decir no objetó como agravio la condición de poseedores de hoy terceros interesados, razonada en alzada, sino que se limita a reclamar que no se habrían tomado en cuenta las facturas de servicios básicos de fs. 7 a 12, ni los pagos impositivos a la propiedad visibles de fs. 13 a 25 efectuados entre el año 2009 y 2010, y que lo expuesto en la demanda sería una confesión espontánea por ser falaz, ya que sería ilógico e irracional vivir precariamente sin el acceso a servicios básicos, aduciendo de esa manera que la posesión de los ahora terceros interesados no fue útil. Bajo esa circunstancia recursiva, se advierte que el accionante no cuestiona el fundamento principal del Auto de Vista 132/2022, esto es, la calidad de poseedores atribuida a los hoy terceros interesados por la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, ni la posesión de más de diez años de los nombrados, establecidos como hecho probado tanto en Sentencia (fs. 438) y sustentado en el Auto de Vista 132/2022 (fs. 485 y vta.); situación que permite determinar que cuando la referida Sentencia consideró una posesión sin animus sino como detentadores, no se puso en duda la fecha de ingreso en el bien inmueble debatido ni la posesión de más de diez años, y cuando el citado Auto de Vista razonó la calidad de poseedores y no de detentación, se entiende que es un hecho indudable la posesión de más de diez años ejercida por los hoy terceros interesados. Por lo tanto, el accionante no está poniendo en duda estos hechos, lo que implica un consentimiento con el plazo de posesión determinado en instancias previas. De igual manera, no resulta evidente el agravio manifestado por el accionante; ya que, las Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para mencionar que los hoy terceros interesados fueron poseedores, no omitió la valoración de las facturas de servicios básicos ni del pago impositivo municipal a la propiedad (fs. 485), sino que las valoró juntamente con las pruebas consistentes en la Libreta de Familia cursante a fs. 2, certificaciones de fs. 3 a 6 correspondientes a la OTB del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba de ese departamento, así como las pruebas testificales de fs. 304 a 308 vta. y de ese modo, asumir como hecho probado alegado también en la Sentencia de 21 de marzo de 2023, que la posesión de los mencionados fue por más de diez años. Asimismo, es necesario considerar que la posesión no se demuestra únicamente con el pago de servicios básicos o el pago impositivo municipal a la propiedad como erróneamente entiende el accionante, sino que la posesión al ser un ejercicio de hecho sobre la cosa, conforme el art. 87 del CC, se acredita por aquellos medios probatorios que corroboren tal situación como ser las certificaciones de juntas vecinales u organizaciones de base, testificales, así como la inspección judicial.
En ese entendido, el accionante citó las pruebas cursantes de fs. 7 a 9, que comprenden las facturas de conexión de agua potable y alcantarillado del mes de octubre de 2009 y los posteriores pagos por el mismo servicio; de fs. 10 a 13, constan el pago de servicios eléctricos que datan del 17 de diciembre de 2009 al 14 de abril de 2015; asimismo, de fs. 14 a 25, el pago impositivo a la propiedad efectuado desde el 7 de enero de 2010 al 2015, por los hoy terceros interesados. Alegando que con las pruebas citadas demostrarían la condición de vivienda precaria por parte de los nombrados. Al respecto, el accionante no cuestionó la valoración integral de la prueba -certificaciones de fs. 3 a 6 de la OTB del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, así como las pruebas testificales de fs. 304 a 308- efectuada por las las Vocales de la Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y Adolescencia Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, para rebatir la posesión de más de diez años atribuida a los actores -los ahora terceros interesados-, de modo que, resulta insustancial al proceso la condición de vivienda precaria alegada por el accionante; ya que, como se dijo, la acreditación de la posesión no se demuestra únicamente con la presentación o valoración aislada de la instalación y pago de servicios básicos o el pago impositivo municipal a la propiedad, las cuales únicamente llegan a corroborar la continuidad de la posesión ejercida por los hoy terceros interesados. En la misma línea, lo manifestado es consistente con la orientación jurisprudencial del AS 853/2022 de 08 noviembre, al establecer que: “...pues la posesión no implica necesariamente que la cosa, el inmueble en este caso, tenga como finalidad la vivienda, sino la posesión para el fin que el poseedor tenga del mismo”, por lo cual la posesión de un bien inmueble no implica, necesariamente, que el poseedor tenga que tener habitación en el mismo, sino que su ejercicio de hecho se denote en él por el uso y goce del inmueble como si fuera propietario.” (sic) concluyéndose que el reclamo del accionante deviene en infundado, debido a que independientemente que los servicios básicos o pago de impuestos a la propiedad se hubiese realizado entre los años 2009 a 2010, ello no implica necesariamente la falta de posesión sobre un bien inmueble; ya que, existen otros elementos que pueden acreditar la posesión, tal como se corroboró con las pruebas aportadas al proceso, no evidenciándose error en la decisión asumida en el Auto de Vista 132/2022. ii) Respecto de la interrupción y perturbación debe tomar en cuenta el AS 12/2016 de 14 de enero, al establecerse que: “...no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva (…) toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar esa posesión..." (sic); en ese entendido, la diligencia previa de conciliación alegada por el accionante no denota una actitud que repulse la posesión generada por los ahora terceros interesados; ya que, esta práctica no está relacionada directamente con la posesión o control efectivo del bien inmueble en disputa más cuando sobre esa base preliminar no se inició proceso que cuestione la posesión ejercida por los nombrados y en su mérito lo acusado carece de sustento.
Desarrollados como fueron los fundamentos del AS 270/2023, se evidencia que efectivamente -deliberado en el fondo-, declaró infundado el recuso de casación formulado por el accionante, decisión cuestionada por haber supuestamente omitido la necesaria fundamentación, motivación y congruencia, ameritado su análisis de manera separada: Sobre la elementos de fundamentación y motivación En este sentido dichos elementos del debido proceso, la jurisprudencia constitucional definió su alcance, de la fundamentación, como la obligación de toda autoridad que resuelva un determinado caso de citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada y, la motivación, como la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué el caso se ajusta a la premisa normativa; es decir, establecer los criterios jurídicos de la determinación a pronunciarse, exponiendo de manera clara las razones que la sustentan, citando las cuestiones de hecho y derecho, efectuando una explicación razonable e inteligible sobre el fondo, precisando las convicciones determinativas de su resolución bajo una estructura concisa y clara, además que satisfaga los puntos demandados; por lo que, corresponde precisar conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese marco, siguiendo con el análisis de examinar la última decisión en sede de la justicia ordinaria -AS 270/2023-, al cual se acusa no otorgar respuesta fundamentada ni motivada, cabe referirse al primer punto reclamado en el recurso de casación, en el que se denuncia una interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, vinculada al error de hecho y de derecho de la prueba bajo el principio de verdad material, en virtud de los arts. 90, 138 y 1286 del CC, concordante con los arts. 134 y 145.I y II del CPC; y, 115.I y II y 180.I de la CPE; el cual, lo subdivide en dos aspectos: 1) Lo referente a que no se hubiese demostrado que se encuentran por más de diez años en posesión del bien inmueble objeto de la litis, sino, se trataría de la condición de tolerados -detentadores de los ahora terceros interesados; ya que, no fue definido el inicio de la posesión útil, continua, ininterrumpida, pública y pacífica como requisito indispensable de la acción de usucapión decenal o extraordinaria, sobre un predio que tenía registro propietario consolidado a favor y registro catastral a nombre de su padre fallecido, cuya justificación de no haber podido hacerse instalar los servicios de agua y luz referida mediante confesión espontánea, fuera una aseveración falaz, al ser imposible habitar el mismo sin servicios básicos, llegando recién a instalarse el 2009 y su empadronamiento catastral el 2010, incumpliéndose con los elementos de la posesión -corpus posessionis y animus possidendi-; por lo que, la detentación, ocupación y otros que constituyan actos de tolerancia, no fundan posesión; y, 2) No se habría tomado en cuenta -previo a que los hoy terceros interesados instauren su demanda de usucapión- la presentación de la diligencia de conciliación, sustanciada en el Juzgado de Instrucción Civil y de Familia Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, en el que se exigió la restitución y entrega del bien inmueble, la cual puede constituir un acto de perturbación e interrupción de la prescripción sobre el bien inmueble objeto de la litis, cumpliéndose con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para interrumpir la prescripción, consistentes en: i) Deducir su pretensión ante el órgano jurisdiccional; ii) Demostrar inequívocamente su voluntad de pretender recuperar y reivindicar su bien inmueble objeto de la litis; y, iii) Notificar a quien quiere impedir la prescripción adquisitiva.
Sobre primer acápite, el análisis de los ex Magistrados ahora accionados, se sustentó en lo resuelto por el Auto de Vista 132/2022, que desplegó una valoración del tiempo en que los hoy terceros interesados ingresaron al bien inmueble -entre los años 1987 a 1990-, sin que el titular del mismo le hubiese concedido autorización para considerarlos como detentadores, y a partir del acta de inspección judicial resumida en la Sentencia de 21 de marzo de 2022, que precisaría las mejoras realizadas, actos de dominación que demostrarán la posesión pacífica, pública e ininterrumpida por diez años que ejercieron los nombrados, deducciones con base en prueba documental, testifical y confesión del propio accionante en el proceso principal, concluyendo que se cumplió con el término requerido para la usucapión extraordinaria. Asimismo, sobre la calidad de detentadores que atribuye el accionante a los ahora terceros interesados, en base a lo analizado por los Vocales Sala Civil y Comercial de Familia y Niñez y adolescencia Publica Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, consideró como poseedores; empero, hicieron notar que el nombrado no efectuó ese reclamo en el recurso de casación, extremo que se puede corroborar de su contenido transcrito precedentemente, donde el accionante se circunscribe a cuestionar que el bien inmueble no contaba con servicios de agua y luz, refiriéndose a la data de cuándo fueron recabados los mismos, infiriendo que fue imposible habitar sin los mismos, así como lo referente a la tramitación de su empadronamiento, como si los servicios básicos fueran un perjuicio en la continuidad o existencia de la usucapión decenal, cuestionamiento que fue dilucidado por el AS 270/2023 en cuestión, aclarándose con base al AS 853/2022, que la posesión de un bien inmueble no implica necesariamente que tenga como finalidad la vivienda o habite el poseedor, sino, que su ejercicio denote en él -por el uso y goce del bien inmueble- como si fuera propietario, con dicho análisis razona que las facturas de servicios básicos y pagos impositivos como elementos para acreditar la posesión no son relevantes, teniéndose en consecuencia por explicado referido agravio, respondiendo que se cumplió con el término requerido para la usucapión decenal en base no única y precisamente sobre que se tiene documentales, sino, como efecto de una evaluación integral, en consideración también a “la libreta de matrimonio de los demandantes, certificaciones de la Organización Territorial de Base del Barrio Ferroviario de Yacuiba” (sic); advirtiendo una exposición suficiente al respecto. Sobre del segundo acápite, concretamente respecto a que no se hubiese tomado en cuenta la diligencia previa de conciliación, presentada con anterioridad a la demanda de usucapión y sustanciada en el Juzgado de Instrucción Civil y de Familia Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, misma que constituirá un acto de perturbación e interrupción de la prescripción sobre el bien inmueble objeto de la litis, el AS 270/2023, concluyó que a partir de la doctrina aplicable al caso contenida en el AS 12/2016, que establece los presupuestos necesarios que generan el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva establece que “…debe estar orientada y dirigida a repulsar esa posesión..." (sic) respondiéndose por parte de los entonces Magistrados hoy accionados que la indicada diligencia previa argüida por el accionante para tener ese efecto, no tuviera tal dimensión, al no estar relacionada directamente con la posesión o control efectivo del bien inmueble objeto de la litis, despliegue que explica de manera concreta y precisa la impertinencia de la diligencia previa de conciliación para efectos de fundar tal interrupción; consecuentemente, dicho aspecto también se encuentra razonado y expuesto. En relación a la fundamentación -como elemento también presuntamente obviado por el AS 270/2023-, de una revisión minuciosa a la estructura y su contenido, desde el primer y segundo considerando identifica las partes y antecedentes de proceso, describiendo los hechos y actos procesales de la primera y segunda instancia, hasta la abstracción del recurso de casación y respuesta a ese, para en el tercer considerando establecer la doctrina aplicable al caso sentada por el Tribunal Supremo de Justica y en la parte de los fundamentos de la Resolución 270/2023, precisar la normativa tanto sustantiva como adjetiva aplicable, lo que hacen a una estructura sustentada en el marco de los criterios interpretativos del ordenamiento jurídico del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria; del cual, no se advierte de modo alguno vulneración del debido proceso en su elemento fundamentación.
En consecuencia, el AS 270/2023, desplegó un examen de fundamentación y motivación a partir de la incidencia en los motivos necesarios que interrumpen la prescripción en relación a la posesión decenal o extraordinaria, advirtiéndose un análisis claro y debidamente fundamentado y motivado que sustenta la determinación de declarar infundado el recurso de casación, con base en una estructura coherente y racional entre las observaciones recurridas y el análisis considerativo y normativo con la parte resolutiva del mismo, aspectos por los cuales corresponde denegar la tutela solicitada sobre dichos elementos. Respecto de la errónea valoración de la prueba Sobre la también denunciada falta de valoración probatoria por el AS 270/2023, según la jurisprudencia constitucional se estableció por regla general la imposibilidad de considerarla a través de esta jurisdicción, por ser una atribución de las autoridades administrativas y jurisdiccionales; empero, -siempre tratándose de la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales-, precisó situaciones en las que es posible tratar su análisis, reconociendo supuestos de verificación, si en dicha labor: “…a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento…” (SCP 1215/2012). En el caso, tal como fue examinado en el punto de motivación precedente, no se omitió valoración alguna de la prueba presentada por los hoy terceros interesados, sino, la prueba concerniente a las facturas de agua y luz y los pagos de impuestos en las gestiones 2009 y 2010, no alcanzaron relevancia a objeto acreditar la continuidad en la posesión de los nombrados en el proceso civil, y no fue la única prueba valorada efectuada por los entonces Magistrados ahora accionados una apreciación integral de los elementos probatorios, en particular atención de la libreta de matrimonio de los nombrados y certificaciones de la OTB del barrio Ferroviario de la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, por su pertinencia, no encontrándose motivo alguno para objetar la labor valorativa desplegada por los nombrados. Respecto de que se debía describir de manera individualizada los medios de prueba aportados por las partes procesales, en virtud de lo establecido por la SC 0871/2010-R, precisando el nexo de causalidad entre las denuncias de la partes procesales y darse valor a las de descargo debidamente judicializadas en el proceso; los entonces Magistrados hoy accionados en el AS 270/2023, observaron con base al art. 271.1 del CPC que el accionante debía precisar prueba en concreto para desplegar su consideración, para cuya explicación transcribieron el AS 0294/2018 de 26 de abril, que establece la prohibición de revalorización total de la prueba, sino únicamente de aquella acusada de indebidamente valorada o la que se vincule al agravio expuesto, lo que en el caso es evidente; es decir, el accionante, a más de simplemente citar las pruebas concernientes a la factura de agua y luz de la gestión 2009 y de pagos impositivos de la propiedad de 2010 -que fueron presentadas por los ahora terceros interesados en la vía ordinaria civil-, despliega una mención genérica sobre una falta de valoración y pretende su revalorización; más aún, si se advirtió que los mencionados Magistrados desplegaron una valoración integral, tal cual fue descrito líneas arriba; de modo que, no se advierte la concurrencia de los presupuestos de verificación de la labor valorativa señalada por la jurisprudencia constitucional, lo que imposibilita revisar la labor valorativa desplegada por los entonces Magistrados ahora accionados, deviniendo consecuentemente en la denegatoria al respecto. Con relación a la incongruencia alegada como vulnerada, el accionante refiere de manera general que no se hubiera cumplido con el elemento congruencia del debido proceso, sin precisar sobre que agravios no se recibió respuesta o bajo qué parámetros radica su denuncia de atribuir al AS 270/2023 de incongruente, máxime, si del contraste y revisión a detalle de los puntos cuestionados en el recurso de casación, cada uno de estos merecieron respuesta, y de cuya revisión a la estructura y los datos se coligió que contiene una orden y racionalidad desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios y los efectos de la parte dispositiva, manteniendo una coherencia entre sus partes, conforme sostuvo la jurisprudencia constitucional (SC 0486/2010-R de 5 de julio y SCP 1083/2014 de 10 de junio). Finalmente, con relación al derecho a la defensa, también alegado como vulnerado, no se tiene del memorial de amparo constitucional, cómo o de qué manera se vulneraron dichas prerrogativas, cuya amenaza debe demostrarse en circunstancias reales y materiales, siendo al contrario que en el caso, del desarrollo de la causa no se tiene que el accionante hubiese sido privado de acceder a pruebas y de su defensa dentro de la misma, sino, estuvo constantemente haciendo uso de los recursos que se le reconoce, tal es así que formuló el recurso de casación que motivó el AS 270/2023, de cierre en la jurisdicción ordinaria de su proceso. Así también, respecto del principio de impugnación, si bien en el caso estuviera vinculado con los derechos fundamentales que se alegan, no se advierte de los antecedentes remitidos a consideración que dentro del proceso civil instaurado contra el nombrado se vulneró el mismo, reconociéndose al accionante dentro del proceso la posibilidad de cuestionar actos o resoluciones judiciales que consideró contrarios como el Auto de Vista 132/2022, del cual pidió su revocación mediante el recurso de casación formulado ante una instancia superior; correspondiendo igualmente la denegatoria de la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AAC 144/2023-SCII de 19 de octubre, cursante de fs. 608 a 612, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0038_2026-S1.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): 63965c9737e52848b8dd3e2d35d4801be121b914c91494f671998a5443dcfd28
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