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SCP 0038/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de febrero de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
50019-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alegó la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, aspecto que incluyó la determinación de detención preventiva emitida en su contra; sin embargo, la Jueza ahora demandada: i) No se pronunció a su solicitud de libertad inmediata presentada el 15 de junio de 2022, y si bien se emitió Resolución de 17 de ese mes y año, nunca tuvo conocimiento del mismo puesto que en Juzgado, le indicaron que el expediente se encontraría extraviado; y, ii) Su solicitud de cesación a la detención preventiva presentada el 18 de julio de 2022, no fue considerada hasta el 1 de agosto de ese año, señalándose audiencia para el 3 del mismo mes y año; pese a ello, tal audiencia también fue suspendida con argumentos irrazonables, pues se alegó la falta de entrega de material probatorio al Fiscal de Materia, dilatando la tramitación de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y debido proceso en su vertiente de celeridad; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 153 a 156 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con el presente fallo constitucional, se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante, si es que hasta la fecha no se hubiera realizado; sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y debido proceso en su vertiente de celeridad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0038/2025-S4 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50019-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 153 a 156 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wiliam Flavio Arteaga Soleto en representación sin mandato de Enrique Ipamo Chuve contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 133 a 141 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se le aprehendió ilegalmente y se emitió una infundada resolución de imputación formal que fue presentada ante la Jueza de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, quien al asumir conocimiento del proceso, se declaró incompetente para conocer su caso y declinó competencia al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien de igual manera se declaró incompetente y ordenó que la correspondiente Sala Penal dirima tal conflicto; ante tal situación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, determinó que ambas declaraciones de incompetencia fueron ilegales y anuló obrados hasta el vicio más antiguo, aspecto que incluyó la determinación de detención preventiva emitida en su contra, ordenando que sea la Jueza ahora accionada quien reasuma conocimiento de la causa.

Por tal determinación, el 15 de junio de 2022, solicitó su libertad inmediata y la Jueza hoy accionada emitió Resolución de 17 de ese mes y año, de la cual nunca tuvo conocimiento pues en el Juzgado, se le indicó que el expediente se encontraría extraviado. Posteriormente, el 18 de julio de ese año, solicitó su cesación a la detención preventiva, y recién el 1 de agosto del mismo año le indicaron que el expediente apareció, explicando que el motivo de su extravío fue en razón a que este fue olvidado por la oficial de diligencias en una fotocopiadora cercana, señalándose audiencia para el 3 de ese mes y año, por lo que se movilizaron para realizar todas las diligencias pertinentes y asegurar el desarrollo de la misma. Es así que, instalada la audiencia, por secretaría se informó que supuestamente no se notificó al Ministerio Público, pero en respuesta, dio a conocer que tal aspecto no sería evidente puesto que personalmente informó a una funcionaria del Fiscal de Materia que tenía audiencia y se le entregó los elementos de prueba correspondientes; razón por la cual, la secretaria cambió su versión e indicó que los elementos de prueba que recibió el Fiscal no se encontraban legibles ni completos y que se devolvió la notificación con un informe; en consecuencia, la Jueza ahora accionada definió suspender la audiencia de cesación a la detención preventiva lesionando su derecho a la libertad, el debido proceso y la defensa, puesto que tal aspecto no se constituye en causal para suspender la misma, dilatando la tramitación de su situación jurídica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al principio de celeridad, citando al respecto los arts. 9, 22, 23, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 152 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de libertad

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a través del informe presentado el 5 de agosto de 2022, cursante a fs. 150 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: a) El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de Santa Cruz, dispuso por resolución de 3 de abril de 2022, la detención preventiva del accionante por el lapso de ciento veintiún días; siendo evidente que, una vez devuelto el expediente a su juzgado, este fue dejado por la oficial de diligencias de su despacho en una fotocopiadora, desconociendo la razón por la que no fue recogido de forma oportuna, aspecto que impidió que el memorial de 18 de julio del mencionado año fuera resuelto; b) Aparecido el expediente, de manera inmediata se señaló audiencia de cesación a la detención preventiva del imputado para el 3 de agosto de 2022 a horas 14:30, audiencia que se reprogramó por falta de notificación al Fiscal de Materia, reprogramándose de oficio para el 5 del mismo mes y año; sin que tampoco pueda llevarse a cabo ya que no se hicieron presentes ninguna de las partes debido a que el audio de la sala virtual no se escuchaba, reprogramándose para el 8 de agosto del mencionado año a horas 12; y, c) Al no existir privación de libertad indebida, amenaza o riesgo a la vida del accionante, además de no evidenciarse lesión al debido proceso u otro derecho o garantía, puesto que la falta de audiencia no es por responsabilidad de su persona, corresponde se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 16/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 153 a 156 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la audiencia señalada para el 8 de agosto de 2022 se desarrolle de manera impostergable, debiendo activar todos los mecanismos de notificación y celeridad para evitar la suspensión de la misma, determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) El 4 de mayo de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolviendo un conflicto de competencias, dispuso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, ordenando además, que la Jueza ahora accionada, tome conocimiento de esta causa; sin embargo, no se puede dejar de lado, que la misma Sala emitió un nuevo Auto de Vista que corrigió lo dispuesto, estableciendo que no se anula obrados y que únicamente se declara competente a la Jueza ahora accionada; entonces no se puede disponer por ello la libertad del accionante, puesto que las medidas cautelares impuestas siguen vigentes conforme lo descrito en dicha corrección; y, 2) Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva, es evidente que esta se suspendió el 3 y 5 de agosto de 2022, de manera injustificada, lesionando el derecho a la libertad del accionante pues situaciones como la pérdida del expediente no son atribuibles a su persona y solo conllevaron a que no se pueda realizar su audiencia de cesación a la detención preventiva, razón por la cual la audiencia señalada para el 8 de agosto del citado año, deberá llevarse de manera impostergable, debiendo activar la autoridad accionada todos los mecanismos para que se lleve adelante la misma en la fecha mencionada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto de Vista 83 de 4 de mayo de 2022, por el cual los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ante el conflicto de competencias suscitado entre la ahora accionada y el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del mencionado departamento, dispusieron anular obrados hasta el vicio más antiguo, debiendo la Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del citado departamento, reasumir conocimiento de la causa (fs. 50 a 51). Fallo que posteriormente fue corregido por Auto de Vista 125 de 4 de mayo de 2022, por el que se aclaró que no correspondía la nulidad de obrados y únicamente se declara competente a la Jueza ahora accionada (fs. 70). II.2. Cursa memorial presentado el 15 de junio de 2022, por el ahora impetrante de tutela, por el que solicitó mandamiento de libertad en razón de la nulidad resuelta por el Auto de Vista 83/22 de 4 de mayo de 2022 (fs. 72 a 75 vta.). II.3. A través de Decreto de 17 de junio de 2022, la Jueza ahora demandada, rechazó la solicitud de libertad del ahora accionante (fs. 76). II.4. Por memorial presentado el 18 de julio de 2022, el ahora accionante solicitó la cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) (fs. 128 a 129 vta.). II.5. Se tiene Informe de 27 de julio de 2022, por el que la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, dio a conocer que el 23 de junio del citado año, la Oficial de Diligencias de ese despacho dejó el expediente en la fotocopiadora que se encuentra frente a la casa judicial, sin que hubiera vuelto a recogerlo hasta la fecha (fs. 131). II.6. Mediante Decreto de 1 de agosto de 2022, por el cual la Jueza ahora accionada señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 3 de agosto de 2022 a horas 14:30 (fs. 130).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alegó la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, aspecto que incluyó la determinación de detención preventiva emitida en su contra; sin embargo, la Jueza ahora demandada: i) No se pronunció a su solicitud de libertad inmediata presentada el 15 de junio de 2022, y si bien se emitió Resolución de 17 de ese mes y año, nunca tuvo conocimiento del mismo puesto que en Juzgado, le indicaron que el expediente se encontraría extraviado; y, ii) Su solicitud de cesación a la detención preventiva presentada el 18 de julio de 2022, no fue considerada hasta el 1 de agosto de ese año, señalándose audiencia para el 3 del mismo mes y año; pese a ello, tal audiencia también fue suspendida con argumentos irrazonables, pues se alegó la falta de entrega de material probatorio al Fiscal de Materia, dilatando la tramitación de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y debido proceso en su vertiente de celeridad; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y debido proceso en su vertiente de celeridad

A partir de la tipología de la acción de libertad establecida por la jurisprudencia y doctrina constitucional, en lo que hace a la acción de libertad de pronto despacho y el alcance de su activación a objeto de determinar su procedencia, la SCP 0835/2020-S3 de 30 de noviembre, precisó que: “Respecto a la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, sistematizando la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, precisó que: ‘La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: «…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad».

Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: «Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.

En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad».

Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispuso anular obrados hasta el vicio más antiguo, aspecto que incluyó la determinación de detención preventiva emitida en su contra; sin embargo, la Jueza ahora demandada: 1) No se pronunció a su solicitud de libertad inmediata presentada el 15 de junio de 2022, y si bien se emitió Resolución de 17 de ese mes y año, nunca tuvo conocimiento del mismo puesto que en Juzgado, le indicaron que el expediente se encontraría extraviado; y, 2) Su solicitud de cesación a la detención preventiva presentada el 18 de julio de 2022, no fue considerada hasta el 1 de agosto de ese año, señalándose audiencia para el 3 del mismo mes y año; pese a ello, tal audiencia también fue suspendida con argumentos irrazonables, pues se alegó la falta de entrega de material probatorio al Fiscal de Materia, dilatando la tramitación de su situación jurídica. De las conclusiones del presente fallo constitucional, se puede observar que, el 4 de mayo de 2022, se emitió el Auto de Vista 83/22, que en un primer momento dispuso la nulidad de obrados, hasta el vicio más antiguo; aspecto que, de mantenerse vigente, evidentemente hubiera alcanzado a la determinación de detención preventiva y favorecido al accionante con su libertad irrestricta; sin embargo, dicho fallo del Tribunal de alzada, fue corregido mediante Auto de Vista de 125, donde se aclaró que no correspondía determinar la nulidad de obrados y en cambio declaró únicamente competente a la Jueza ahora accionada para conocer el proceso (Conclusión II.1). Se observa además, que el accionante asumiendo conocimiento del Auto de Vista 83/22 presentó un memorial el 15 de junio de 2022 ante la ahora accionada, por el que solicitó se emita a su favor mandamiento de libertad; mismo, que mereció Decreto de 17 de junio de ese año, rechazando tal solicitud, bajo el argumento que ese Auto de Vista fue corregido, aclarando que no correspondía la determinación de nulidad (Conclusiones II.2 y II.3). Sobre este punto, se puede determinar que el Decreto de 17 de junio de 2022, es correcto, pues no correspondía determinar la libertad del accionante en función a la modificación realizada por el Auto de Vista 125; sin embargo, la problemática central versa en que este Decreto no fue puesto a conocimiento del accionante, aspecto que se constituye en evidente, considerando los elementos aportados a esta acción tutelar y la falta de pronunciamiento de la Jueza ahora demandada sobre este punto en específico; aspecto, que evidentemente lesiona su derecho al debido proceso, pues conforme regula el art. 160 del CPP, toda determinación emitida fuera de audiencia, debe hacerse conocer en el plazo de veinticuatro horas desde su pronunciamiento. Ahora bien, sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva, por la cual se demanda, no fue resuelta de manera pronta y oportuna se debe considerar lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el cual señala que: “Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”.

Bajo dicho parámetro jurisprudencial, se verificó que la cesación a la detención preventiva fue impetrada el 18 de julio de 2022 conforme el 239.1 del CPP; sin embargo, consta informe de 27 de julio de ese año, por el cual la Secretaria de Juzgado, informó que el expediente se extravió desde el 23 de junio del mismo año; y por ello, la Jueza ahora accionada recién decretó la solicitud el 1 de agosto de ese año, con señalamiento de audiencia para el 3 del mismo mes y año. Tales antecedentes, que son parte de los elementos aportados a esta acción de libertad, demuestran una evidente dilación en la tramitación de la cesación a la detención preventiva, pues conforme el art. 239 del CPP se establece el plazo de cuarenta y ocho horas para resolver tal solicitud; y, en el presente caso, se sobrepasó este plazo de forma abundante, más tomando en cuenta que la audiencia de 3 de agosto de 2022, fue suspendida y tras su nuevo señalamiento para el 5 del mismo mes y año, se determinó una nueva suspensión por razones no atribuibles al imputado pues conforme lo informado por la ahora accionada se debería a faltas de notificación y conflictos con la señal de internet, lesionando su derecho a la libertad al incumplirse los plazos establecidos. Se debe tomar en cuenta que si bien la Jueza ahora accionada, alega no tener responsabilidad por las causales de suspensión o retraso, la dirección del Juzgado le corresponde como autoridad; razón por la cual, debe realizar un seguimiento constante de su personal de apoyo jurisdiccional y garantizar de esta manera se evite cualquier forma de dilación que afecte derechos fundamentales, más tratándose de personas privadas de libertad, aspecto también considerado por la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, que indica textualmente: “si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado” (las negrillas nos pertenecen). Por lo descrito, siendo evidente la dilación generada por la autoridad ahora accionada en la tramitación de la cesación a la detención preventiva, que se evidencia una lesión a los derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad del accionante, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 153 a 156 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas desde su notificación con el presente fallo constitucional, se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva impetrada por el accionante, si es que hasta la fecha no se hubiera realizado; sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0038_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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