Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 28 de enero de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia como vulnerado su derecho a la propiedad privada; puesto que, el ahora accionado habría ejecutado medidas de hecho arbitrarias, consistentes en el ingreso no autorizado con maquinaria pesada al lote de terreno de la accionante, el retiro y desplazamiento de postes y alambres de púas que delimitaban la propiedad, así como la ocupación material y cercado de una fracción del inmueble, pese a que la accionante contaba con derecho propietario debidamente registrado y delimitado, sin que el hoy accionado hubiese acreditado título o derecho alguno que justifique su actuación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la imposibilidad de la jurisdicción constitucional para dilucidar derechos controvertidos o definir el reconocimiento; b) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la jurisdicción constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160/2023 de 17 de octubre, cursante de fs. 73 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0037/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58881-2023-118-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 160/2023 de 17 de octubre, cursante a fs. 73 a 76 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez contra Marcos Eugenio Dorado Martínez.
La accionante, por memorial presentado el 10 de octubre de 2023, cursantes de fs. 40 a 48 vta., manifestó lo siguiente:
Es copropietaria legítima de un lote de terreno urbano ubicado en el Cerro Churuquella de la ciudad de Sucre, con una superficie de 1 832,49 m², derecho inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, asiento A-7, adquirido por sucesión hereditaria conforme al Testimonio 075/2022 de 25 de marzo, con antecedente en el Testimonio 416 de 21 de diciembre de 1956 y que además de encontrarse su derecho propietario plenamente registrado dicho lote se encontraba delimitado con postes y alambre de púas. Manifestó que, a principios de “abril” de 2023, recibió una llamada telefónica del hoy accionado, quien le anunció que realizaría trabajos de movimiento de tierra e ingresaría maquinaria pesada en la parte norte de su terreno, alegando contar con derecho propietario; no obstante, de haberle indicado que su lote de terreno se encontraba debidamente delimitado, el ahora accionado insistió de manera grosera en ingresar al terreno.
Indicó que el 24 de abril de 2023, por la mañana, fue alertada por vecinos de la presencia del hoy accionado en su propiedad junto a una excavadora y una volqueta, constituyéndose de inmediato en el lugar. En dicha ocasión, el ahora accionado sostuvo que el alambrado debía ser recorrido, sin exhibir documentación alguna que respalde su pretensión, mientras que la accionante sí mostró sus títulos de propiedad. Ante la advertencia de llamar a la “policía”, el hoy accionado se comprometió a no afectar los postes ni el alambrado y a trabajar solo en el terreno que afirmaba ser de su propiedad. Relató que, confiando en dichas manifestaciones, se retiró del lugar; no obstante, el 29 de abril de 2023, por la mañana y aprovechando su ausencia por encontrarse en la ciudad de Cochabamba, el ahora accionado procedió a voltear y desplazar los postes y el alambrado, retiró el letrero de propiedad privada e ingresó con maquinaria pesada a su lote de terreno, invadiendo aproximadamente 2 metros de frente por 9 metros de fondo en el sector colindante a la calle sin denominación y 2 metros por 10 metros en la parte posterior, afectando una superficie aproximada de 38 m². Señaló que, a principios de “mayo”, al reclamarle por dichos actos, el ahora accionado negó su derecho propietario, afirmó que esa fracción de lote de terreno le pertenecía, desacreditó su documentación y la amenazó, indicándole que ahora él era el dueño. Indicó que, el Informe de Coordenadas del GAM de Sucre -Predio Sector 1A-acreditó que la propiedad colindante correspondía a “Natividad Rojas Chura de Baldivieso”, demostrando que el ahora accionado no era colindante ni tenía derecho alguno sobre el terreno invadido. Manifestó que, a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, el ahora accionado había cercado la fracción de lote de terrero invadida con nuevos postes y alambre de púas, impidiéndole ejercer su derecho de uso, goce y disfrute, configurándose una lesión consumada y un daño irreversible debido al movimiento de tierras realizado.
La accionante denunció la vulneración de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) El reconocimiento de su derecho propietario sobre la fracción de su lote de terreno objeto de avasallamiento; b) El inmediato restablecimiento de dicho derecho, conminando al ahora accionado a desocupar la fracción invadida, retirar los postes y alambre de púas colocados indebidamente, y restituir el cerco a su ubicación original, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, bajo conminatoria de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública, en caso de resistencia; y, c) Se condene al ahora accionado al pago de daños y perjuicios, a ser determinados en ejecución de sentencia.
Celebrada la audiencia pública el 17 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 72 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándola manifestó lo siguiente: 1) El derecho propietario cuya tutela se solicitó no se encontraba en discusión, toda vez que se acreditó plenamente con documentación inscrita en la Oficina de DD.RR., lo que generó oponibilidad frente a terceros; ya que dicho derecho se encontraba respaldado por el Certificado de Tradición y la certificación georeferencial, los cuales permitían identificar de manera clara la ubicación y delimitación del lote de terreno; 2) Conforme a la documentación presentada, la única persona que eventualmente podría haber alegado confusión o sobre posición habría sido “Natividad Rojas Chura de Baldivieso”; sin embargo, sostuvo que Marcos Eugenio Dorado Martínez -ahora accionado- no era colindante ni vecino del predio; y pese a ello, el nombrado ingresó maquinaria pesada y un tractor en el sector denunciado, materializándose el avasallamiento; 3) Conforme a lo previsto en el art. 3 de la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-, los actos ejecutados por hoy el accionado se adecuaron a dicha definición, al haberse realizado sin respaldo legal y al margen de los mecanismos institucionales, aprovechando además su ausencia para retirar los postes que delimitaban su propiedad, realizar trabajos de movimiento de tierra y ocupar la fracción denunciada como avasallada; y, 4) La situación denunciada constituyó una lesión consumada; puesto que, el espacio se encontraba ocupado y cercado, con alteración física del terreno, y que en la parte posterior existía incluso un riesgo de derrumbe debido a los trabajos ejecutados; actos que respondieron a una determinación unilateral del ahora accionado, quien definió de manera arbitraria los límites del lote de terreno, asumiendo justicia por mano propia.
Marcos Eugenio Dorado Martínez a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: i) El Tribunal considere no solo la legitimación activa de la accionante, sino también la legitimación pasiva, cuestionando que sea el sujeto correcto contra quien se dirigió la acción de amparo constitucional; ii) No era evidente que el derecho propietario alegado por Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez -la accionante- no se encontrara en discusión, sosteniendo que, así como la nombrada indicó tener un derecho inscrito en DD.RR. y oponible a terceros, la familia política de su representado también contaba con derechos propietarios debidamente inscritos sobre los predios del sector y que el ahora accionado sí era colindante en la zona y que su derecho propietario se encontraba incluso ratificado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de una resolución municipal de reordenamiento territorial; iii) El verdadero propietario de los terrenos supuestamente avasallados no sería el hoy accionado, sino su suegro, Marco Durán, razón por la cual consideró que el sujeto pasivo de la acción de amparo constitucional se encontraba incorrectamente identificado; iv) Existían derechos propietarios inscritos en DD.RR. a favor de terceros, específicamente de la “familia Bonifaz”, mediante subinscripciones registradas a nombre de “Carmen Navarro Bonifaz”, “Eusebia Navarro” y “Fermín Bonifaz Loaiza”, extremo que -según indicó- demostraría que la afirmación de la accionante en sentido de que la única persona que podría oponerse sería “Natividad Rojas Chura de Valdivieso”, no era cierta; v) El derecho propietario se encontraba en discusión, razón por la cual la jurisdicción constitucional no era competente para resolver la controversia, los cuales debían ser previamente dilucidados en la vía ordinaria; dado que, la acción de amparo constitucional no podía ser utilizada para definir colisiones de derechos propietarios ni para sanear títulos de propiedad que se encontraban controvertidos; vi) Conforme a lo manifestado por la propia accionante, la fracción de lote de terreno ya se encontraría ocupada, por lo que la acción de amparo constitucional carecería de trascendencia, toda vez que -a su criterio- la tutela debía activarse antes de que se pierda la posesión, además el ordenamiento jurídico preveía otros mecanismos civiles y penales más idóneos para la restitución de derechos, en casos donde se alegue posesión o propiedad; vii) No se citó ni consideró a terceros interesados, pese a que existirían personas con derechos propietarios inscritos que podrían verse afectados por una eventual resolución constitucional, lo que -a su entender-vulneraría el principio de lealtad procesal; viii) La accionante no acudió previamente a instancias administrativas del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no solicitó audiencias ni promovió mecanismos institucionales para hacer valer su derecho, pese a que -según afirmó- existía conocimiento previo de la controversia entre las familias involucradas; y, ix) Asimismo, anunció la presentación de prueba documental digital, solicitando que la misma sea incorporada y valorada al momento de dictar resolución, consistente en: formulario de DD.RR. que identificaba como propietario vigente a Hernán Navas Burgos, con data del 2012, como antecedente del derecho propietario; Acta de Declaración Notarial y un Acta de Verificación Notarial realizadas en el predio; certificados de tradición que acreditarían derechos propietarios sobre el mismo terreno alegado por la accionante; documentación que acreditaría que el predio se encontraba actualmente inscrito a nombre de “Carmen Navarro”, “Eucebia Bonifaz” y “Fermín Bonifaz”, con registros del mismo año; Testimonio 354 de la gestión 1970, como antecedente nominal; folio real bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0038851, correspondiente a un predio ubicado en la Av. del Ejército 415, con una superficie de 982 m², en cuyo asiento 4 figuraban como titulares “Carmen Navarro Vda. de Bonifaz”, “Eucebio Bonifaz Loaiza” y “Fermín Bonifaz Loaiza”, señalando que dicho registro tenía una antigüedad aproximada de tres meses a la fecha de la audiencia de la presente acción de defensa; comprobantes de pago de impuestos municipales realizados por Carlos Bonifaz Paredes, respecto del mismo predio; folio real bajo la matrícula computarizada 1.01.1.19.9003829, correspondiente a un inmueble ubicado en la Av. del Ejército 433, colindante a la zona, donde figuraban como titulares Josefina Dorado Martínez, María Elena Dorado Martínez y Marcos Eugenio Dorado Martínez, con una complementación de paso común a favor de María Elena Dorado Martínez de 35,65 metros, con registros que datan del 2006; certificado de tradición que refrendaba dicho derecho propietario. Posteriormente, durante las preguntas formuladas por Julia Jimena Andrade Rendón, Vocal Presidenta de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el hoy accionado manifestó que: a) No destruyeron postes o alambrado alguno, aunque reconoció que sí existieron conversaciones entre vecinos, la “familia Sandoval” y su persona, mientras se realizaban movimientos de tierra, las cuales se produjeron debido a la edad avanzada del suegro de su representado y a la intención de reunirse para exhibir documentación de las familias involucradas; b) Ante la consulta de si el ahora accionado era colindante, respondió que era colindante respecto de los terrenos supuestamente avasallados; c) Ante la pregunta sobre quién contrató la maquinaria pesada, manifestó que los trabajos de movimiento de tierra fueron realizados por el hoy accionado en los predios de su suegro; y, d) Al ser consultado si el derecho propietario alegado facultaba a su representado a ingresar a otros predios, sostuvo que la accionante nunca habría tenido posesión de dicho lote de terreno, reiterando que los trabajos se realizaron en el terreno de su suegro y negando de manera expresa que se hubiera ingresado a predios de propiedad de la accionante.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 160/2023 de 17 de octubre, cursante de fs. 73 a 76 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Para activar la tutela constitucional frente a medidas de hecho, debían concurrir ciertos presupuestos, entre ellos: la flexibilización del principio de subsidiariedad, la carga probatoria a cargo de la accionante y la correcta legitimación pasiva; y además aclaró que la jurisdicción constitucional no se encuentra habilitada para dilucidar hechos controvertidos ni definir derechos propietarios, pues dicha función corresponde a la jurisdicción ordinaria o administrativa; 2) Ambas partes acreditaron su derecho propietario inscritos en DD.RR. sobre los lotes colindantes, evidenciándose una divergencia respecto a los límites de cada predio y que, durante la inspección ocular, se constató que la accionante tenía cercado su inmueble con postes y alambre de púas, y que existió movimiento de tierras en el lote de terreno colindante; sin embargo, no se pudo establecer de manera contundente que el hoy accionado hubiese retirado totalmente los postes y alambrado de la accionante, señalando que algunos postes pudieron haberse deslizado por efecto del movimiento de tierras y luego fueron puestos en orientación distinta; 3) El movimiento de tierras fue realizado por el hoy accionado por encargo y autorización de su suegro, propietario del predio colindante, extremo que fue corroborado tanto en audiencia como en la inspección ocular, donde no se evidencio arbitrariedad suficiente ni una vía de hecho de manera deliberada, individual y autónoma, sino una situación derivada de una controversia sobre linderos entre predios colindantes; 4) La controversia existente debía ser resuelta en la vía ordinaria o administrativa, mediante procedimientos de mensura y deslinde, ya sea ante el Gobierno Autónomo Municipal o ante la jurisdicción ordinaria, y que no correspondía a la jurisdicción constitucional definir tales extremos; y, 5) No se encontraban acreditados los presupuestos para la concesión de la tutela constitucional, al existir hechos controvertidos, colisión de derechos propietarios y ausencia de una vía de hecho de manera deliberada, individual y autónoma que justifique la intervención de la acción de amparo constitucional.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Testimonio 416 de 21 de diciembre de 1956, por el cual Fidel Varona y Alfredo Arce, Procurador y Síndico, respectivamente del Convento de La Recoleta dieron en calidad de venta a Guillermo Sandoval padre de Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez -accionante- del inmueble ubicado en las faldas del Cerro Churuquella con una superficie de 1 970 m, inscrito en DD.RR. bajo matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885 (fs. 6 a 8). II.2. Consta Certificado de Tradición de 22 de septiembre de 2023, emitido por DD.RR. a solicitud de Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez del inmueble registrado bajo matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, mediante el cual se acreditó que el inmueble se encuentra ubicado en Cerro Churuquella, identificado como lote de terreno, con una superficie aproximada de 1 832,49 m², registrando como colindancias: al norte, con la propiedad de Natividad Rojas de Baldivieso y una vía sin denominación; al este, con calle sin denominación; y al sur y oeste, con propiedad de personas desconocidas. Asimismo, el bien tuvo origen en la partida L: PCL 1; A: 1958; P: 546; F: 213, figurando como primer adquirente Guillermo Sandoval, quien adquirió el derecho propietario mediante escritura pública de compraventa otorgada el 21 de diciembre de 1956, inscrita ante el Notario Romelio Poppe. Igualmente, de los distintos asientos de propiedad se constató la posterior transmisión del derecho propietario a favor de los herederos de Guillermina Rodríguez Peñaranda Vda. de Sandoval, conforme a declaratorias de herederos, otorgadas mediante Escrituras Públicas de 24 de marzo y 13 de julio de 2022, quedando registrados como cotitulares a Roger Jaime Sandoval Rodríguez, Roberto Oscar Sandoval Rodríguez, Fernando Sandoval Rodríguez, Marco Antonio Quiroga Sandoval, Oscar Sandoval Rodríguez y Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez -accionante-, manteniéndose vigente el registro dominial conforme a los asientos consignados en la referida matrícula (fs. 3 a 5). II.3. Cursa Folio Real de registro de bien inmueble, inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, que registra un lote de terreno ubicado en el Cerro Churuquella, con una superficie de 1 832,49 m, inscrito en el asiento A-7, a nombre de la accionante y sus cinco hermanos, por sucesión hereditaria, previa declaratoria de herederos mediante escritura pública 75 de “24” -25- de marzo de 2022 (fs. 9 a 11 vta.). II.4 Por formulario Único de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, correspondiente al 2 de diciembre de 2015, se evidenció el registro tributario y pago de tributos municipales del inmueble identificado con la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, consignándose como contribuyente a Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez -entre otros-, incluyendo el trámite de cambio de nombre y la aplicación del beneficio previsto por la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012- (fs. 13). II.5. Cursa Solicitud de cambio de nombre en el registro de propiedad inmueble, presentada ante la Jefatura de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante la cual la accionante, su mamá y hermanos, solicitaron la actualización del registro del inmueble con superficie de 1 832,49 m², inscrito bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, asiento A-2, sustentada en la Escritura Pública 864/2015 de 27 de julio, habiéndose aprobado el trámite el 27 de noviembre de 2015 (fs. 14). II.6. Consta Certificado de Registro Catastral emitido por la Jefatura de Catastro Multifinalitario del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, de 8 de febrero de 2023, mediante el cual se acreditó el registro del inmueble identificado bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, a nombre de Deysi Mercedes Sandoval Rodríguez y copropietarios, con número de registro de propiedad 42218, con Código Catastral Actual 4-114-5-0, superficie total de 1 832,49 m², y sin construcciones, precisándose que dicho certificado tenía validez únicamente para fines administrativos y no constituía derecho propietario (fs. 15). II.7. Cursa formularios de pago de impuestos de la propiedad con número de inmueble 42218, referido al lote de terreno con Código Catastral 004-0114-005-000 (fs. 16 a 20). II.8. Por Informe Topográfico con Cite TOP-PRAHS-GAMS 65/2015 de 9 de marzo, sobre coordenadas del predio sector 1 A, acreditó precisamente que la propiedad que colinda con el lote de la accionante, es de “Natividad Rojas Achura de Baldivieso” (fs. 21). II.9. Consta Testimonio 075/2022 de 25 de marzo, de proceso sucesorio de aceptación de herencia a solicitud escrita de la accionante y sus hermanos, al fallecimiento de su madre (fs. 24 a 29). II.10. Cursa muestrario fotográfico, donde se identifica un lote de terreno, un poste con la leyenda “PROPIEDAD PRIVADA FLIA. SANDOVAL”; asimismo, en otras fotografías, postes, maderas y el citado letrero en el suelo, también un lote de terreno sin construcción alambrado, plano y nivelado; finalmente, se tiene una volqueta dentro del lote de terreno (fs. 31 a y 39). II.11. Consta fotocopia del Folio Real de registro de bien inmueble, inscrito en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0038851, del lote de terreno ubicado en la Av. del Ejército 415, con una superficie de 982 m, inscrito en el Asiento 4, a nombre de Carmen Navarro Bonifaz Vda. de Loayza, Eucebia Bonifaz Loayza y Fermín Bonifaz Loayza mediante Escritura Pública 907 de 6 de junio de 2011 (fs. 54 a 55). II.12. Por Testimonio 354 de 12 de septiembre de 1970, Francisco Robles y Leonor Flores de Robles, dieron en calidad de venta a Carlos Bonifaz Paredes, el lote de terreno ubicado en la Av. del Ejército con una superficie de 982 m, inscrito en DD.RR. (fs. 56 a 58). II.13. Cursa copia de Formulario Certificado de Tradición de 11 de mayo de 2018 emitido por DD.RR. mediante el cual se evidenció que el inmueble inicialmente se encontraba registrado bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0038851, ubicado en la Av. del Ejército, en inmediaciones del Cerro Churuquella, con una superficie de 982 m², conforme a sus antecedentes dominiales y primeras inscripciones. Asimismo, de dicho formulario se constató que, como resultado de posteriores actos de transferencia y desagregación, se generó la matrícula computarizada 1.01.1.99.0068146, correspondiente a un inmueble ubicado en la Av. del Ejército 415, con una superficie de 400 m², consignándose como antecedente dominial la matrícula primigenia. Del análisis de los asientos de propiedad se verificó la sucesión de transmisiones del derecho propietario mediante compraventas y declaratorias de herederos, figurando como titulares, entre otros, Francisco Robles, Leonor Flores de Robles, Carlos Bonifaz Paredes y los herederos Bonifaz Loayza, manteniéndose vigente el registro conforme a los asientos consignados en DD.RR. (fs. 59 a 60). II.14. Consta Inspección Ocular efectuada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca se constituyó en el predio objeto de la acción de amparo constitucional con la finalidad de verificar los hechos denunciados como avasallamiento y la presunta vulneración del derecho propietario de la accionante, estableciéndose que: i) Durante la inspección, la accionante sostuvo que se habrían realizado movimientos de tierra y retiro de postes y alambres de púas que delimitaban su terreno, señalando que dichas acciones eran recientes; por su parte, el ahora demandado negó la existencia de avasallamiento, afirmando que los trabajos observados correspondían a un terreno colindante y que no se ingresó ni se afectó el predio de la accionante; ii) La referida Sala Constitucional, tras la inspección ocular, constató la existencia de movimiento de tierras en el lote colindante; sin embargo, no se evidenció de manera clara y objetiva que dichos trabajos hubiesen ingresado o afectado directamente el lote de terreno de la accionante, ni que se hubiese producido ocupación material o despojo del mismo; y, iii) Ambas partes contaban con títulos de propiedad registrados, advirtiéndose que el conflicto planteado se relacionaba con una controversia de linderos, la cual requería dilucidarse por las vías ordinarias o administrativas correspondientes (fs. 68).
La accionante denuncia como vulnerado su derecho a la propiedad privada; puesto que, el ahora accionado habría ejecutado medidas de hecho arbitrarias, consistentes en el ingreso no autorizado con maquinaria pesada al lote de terreno de la accionante, el retiro y desplazamiento de postes y alambres de púas que delimitaban la propiedad, así como la ocupación material y cercado de una fracción del inmueble, pese a que la accionante contaba con derecho propietario debidamente registrado y delimitado, sin que el hoy accionado hubiese acreditado título o derecho alguno que justifique su actuación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Sobre la imposibilidad de la jurisdicción constitucional para dilucidar derechos controvertidos o definir el reconocimiento; b) Resumen de presupuestos procesales para acceder a la jurisdicción constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0419/2022-S2 de 30 de mayo, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional, tanto en medidas de hecho, como en otras circunstancias, se encuentra impedida en el fondo, a considerar cuestiones que conlleven la existencia de hechos controvertidos, o a definir el reconocimiento de derechos; y citando a la SCP 0145/2012 de 14 de mayo, establece que: “Conforme la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, cual es tutelar derechos que hubieren sido lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, en ese entendido no puede ingresar a dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos; así la SC 0675/2011-R de 16 de mayo, recogiendo la uniforme jurisprudencia, indicó: …el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; (...) '(…)el ámbito del amparo constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales'. Del razonamiento expuesto, se concluye que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante: De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”.
La SCP 0669/2020-S1 de 30 de octubre, señala que: “La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías, menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad; ii) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, iv) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”.
La accionante denuncia como lesionado su derecho a la propiedad privada; habida cuenta que, el ahora accionado habría ejecutado medidas de hecho arbitrarias, consistentes en el ingreso no autorizado con maquinaria pesada al lote de terreno de la accionante, el retiro y desplazamiento de postes y alambres de púas que delimitaban la propiedad, así como la ocupación material y cercado de una fracción del inmueble, pese a que la accionante contaba con derecho propietario debidamente registrado y delimitado, sin que el hoy accionado haya acreditado título o derecho alguno que justifique su actuación. De manera previa, corresponde aclarar lo observado en audiencia por el hoy accionado en relación a la supuesta falta de legitimación pasiva y a la inobservancia del principio de subsidiariedad, aspectos que, conforme a la jurisprudencia constitucional vigente, deben ser analizados de forma conjunta cuando se denuncian medidas o vías de hecho. En cuanto a la legitimación pasiva, la SCP 0669/2020-S1 (citada en el FJ. III.2.) ha establecido que, en los casos de presuntas medidas o vías de hecho, las reglas de legitimación pasiva se encuentran flexibilizadas, permitiendo que la acción de amparo constitucional sea dirigida contra personas particulares que, aun cuando no sean titulares formales del derecho real o no aparezcan como propietarios registrados del predio cuestionado, se encuentren vinculadas materialmente con los actos denunciados, pudiendo asumir defensa y hacer valer sus derechos sin que opere la preclusión; en el caso concreto, si bien el hoy accionado sostuvo en audiencia que los trabajos de movimiento de tierra fueron efectuados en un predio perteneciente a un tercero y no en un inmueble de su propiedad, también reconoció su intervención material en la contratación y ejecución de dichos trabajos, extremo que, desde la óptica constitucional, resulta suficiente para considerar habilitada su participación procesal, sin que la observación de legitimación pasiva constituya, por sí sola, una causal de improcedencia de la acción de defensa. Por otra parte, respecto al principio de subsidiariedad, el mismo fallo constitucional, ha señalado que, tratándose de medidas o vías de hecho, la acción de amparo constitucional puede ser activada de manera directa, sin exigencia de agotamiento previo de otras vías y sin sujeción al plazo de caducidad de seis meses, siempre que la vulneración o amenaza al derecho persista; sin embargo, dicha flexibilización no implica que la acción tutelar pueda ser utilizada para sustituir a las vías ordinarias cuando la controversia planteada requiere la resolución de hechos controvertidos o la definición de derecho propietario. De la relación cronológica de antecedentes se advierte que los hechos denunciados por la accionante habrían ocurrido principalmente el 24 y 29 de abril de 2023, fechas en las cuales se produjeron los trabajos de movimiento de tierra y los supuestos actos de afectación al inmueble, mientras que la acción de amparo constitucional fue interpuesta con posterioridad a dichos acontecimientos, cuando, según lo manifestado por la propia accionante, la fracción de lote de terreno denunciada ya se encontraba cercada y ocupada, configurándose una situación de hecho que se mantuvo en el tiempo; en ese contexto, si bien la acción de defensa fue promovida cuando los efectos de los hechos denunciados aún subsistían, la tutela solicitada no se orientó a evitar un acto inminente o actual, sino a revertir una situación consolidada cuya resolución se encuentra condicionada a la definición de linderos y a la determinación del alcance de derechos propietarios inscritos. Ahora bien, hecha la debida aclaración corresponde señalar que, de la revisión integral de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene acreditado que la accionante figura como copropietaria de un lote de terreno ubicado en el Cerro Churuquella de la ciudad de Sucre, inscrito en DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, asiento A-7, con una superficie de 1 832,49 m², cuyo origen dominial se remonta a la compraventa efectuada mediante Testimonio 416 de 21 de diciembre de 1956; dicho derecho, fue transmitido por sucesión hereditaria conforme a declaratorias de herederos protocolizadas mediante Testimonio 075/2022 de 25 de marzo, encontrándose vigente el registro dominial conforme a los asientos consignados en DD.RR. Asimismo, el inmueble cuenta con antecedentes administrativos, tales como el registro catastral ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Certificado Catastral emitido el 8 de febrero de 2023, formularios de pago de impuestos municipales, así como la solicitud de cambio de nombre aprobada el 27 de noviembre de 2015, también cursa el Informe Topográfico con Cite TOP-PRAHS-GAMS 65/2025 de 9 de marzo, relativo a coordenadas del predio Sector 1A, en el que se identifica como colindante a la propiedad registrada a nombre de Natividad Rojas Achura de Baldivieso. De manera paralela, constan en antecedentes registrales correspondientes a otros predios ubicados en el mismo sector, entre ellos el Folio Real bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0038851, relativo a un inmueble ubicado en la Av. del Ejército 415, con superficie de 982 m², inscrito a nombre de Carmen Navarro Bonifaz Vda. de Loayza, Eusebia Bonifaz Loayza y Fermín Bonifaz Loayza, así como documentación que acredita antecedentes dominiales de dicho predio mediante Testimonio 354 de 12 de septiembre de 1970 y certificados de tradición posteriores. Estos antecedentes evidencian la coexistencia de múltiples registros dominiales inscritos en DD.RR. respecto a predios colindantes en el sector del Cerro Churuquella y la Av. del Ejército, los cuales fueron introducidos al proceso tanto por la accionante como por el ahora accionado. Ahora bien, cabe precisar que, en cuanto a los hechos que motivaron la interposición de la acción de amparo constitucional, la accionante sostuvo que durante “abril” de 2023 se produjeron actos materiales consistentes en el ingreso de maquinaria pesada, retiro de postes y alambre de púas, y ocupación de una fracción aproximada de su predio, hechos que, según su versión, se habrían ejecutado en su ausencia y sin respaldo legal. No obstante, durante la audiencia pública celebrada el 17 de octubre de 2023, el ahora accionado, a través de su abogado, negó la existencia de actos de avasallamiento y sostuvo que los trabajos de movimiento de tierra fueron realizados en un predio colindante perteneciente a su suegro, Marco Durán; donde además, acompañó diversa documentación registral, notarial y tributaria, consistente en folios reales, certificados de tradición, actas notariales de verificación, comprobantes de pago de impuestos municipales y resoluciones administrativas municipales, mediante las cuales afirmó la existencia de derechos propietarios inscritos a favor de terceros en el sector y la condición de colindante de los predios involucrados. Así también, es necesario señalar que, durante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, el ahora accionado manifestó que los trabajos de movimiento de tierra fueron contratados por él para ejecutarse en el predio de su suegro, reconoció la existencia de conversaciones previas entre vecinos y reiteró que no se ingresó y afectó el predio de propiedad de la accionante. Esas manifestaciones generaron una contradicción fáctica directa respecto a la ubicación exacta de los trabajos realizados, la afectación material denunciada y la titularidad del predio sobre el cual se ejecutaron trabajos con maquinaria pesada. En ese marco, con el objeto de verificar los hechos denunciados, la Sala Constitucional se constituyó en el lugar objeto de la acción de defensa, practicando una inspección ocular; de dicha actuación, se dejó constancia de la existencia del movimiento de tierras en un lote de terreno colindante, así como de la presencia de cercos con postes y alambre de púas. Durante la inspección, la accionante sostuvo que los trabajos observados correspondían a su predio y que se retiró los elementos de delimitación; en tanto que el ahora accionado reiteró que los trabajos se realizaron en un lote de terreno distinto, perteneciente a un tercero, negando el ingreso o afectación al inmueble de la accionante. Como resultado de la inspección, no se evidenció de manera clara y objetiva que los trabajos de movimiento de tierra hubiesen ingresado o afectado directamente el predio inscrito a nombre de la accionante, advirtiéndose que la situación se encontraba vinculada a una divergencia respecto a los límites entre predios colindantes, en un contexto donde ambas partes exhibieron títulos de propiedad inscritos en DD.RR. Cabe señalar que, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se advierte que la acción de amparo constitucional no constituye una vía idónea para dilucidar hechos controvertidos ni para reconocer o definir derechos que no se encuentren plenamente consolidados; ya que su finalidad se circunscribe a la protección de derechos fundamentales frente a actos u omisiones ilegales cuando estos se encuentren debidamente acreditados y no dependan de una controversia previa de hecho o de derecho. Por su parte, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional ha establecido subreglas procesales específicas para la activación de la acción de amparo constitucional frente a medidas o vías de hecho, entre las cuales se destaca que la carga de la prueba recae en la accionante, quien debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos materiales ejecutados sin causa jurídica, al margen de los mecanismos institucionales y sin que ello implique la existencia de hechos controvertidos que deban ser dilucidados en otra jurisdicción. Ahora bien, considerando que esta acción de amparo constitucional, tiene por finalidad la tutela inmediata de derechos fundamentales cuando estos se encuentran plenamente consolidados y han sido objeto de lesión o amenaza por actos u omisiones ilegales o indebidas; no obstante, dicha garantía no constituye una instancia destinada a definir derechos, dilucidar hechos controvertidos ni resolver conflictos que requieren actividad probatoria amplia o determinaciones técnicas propias de la jurisdicción ordinaria o administrativa. Este entendimiento ha sido desarrollado de manera uniforme por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableciendo límites claros a la competencia de la jurisdicción constitucional, particularmente cuando se denuncian medidas o vías de hecho vinculadas al derecho propietario. En el caso concreto, de la relación cronológica y de los antecedentes dominiales y administrativos que cursan en obrados, identificados en la Conclusión II.1 y citados precedentemente, se evidencia que la accionante acreditó la existencia de un derecho propietario inscrito en DD.RR. respecto al inmueble ubicado en el Cerro Churuquella, bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0016885, con antecedentes dominiales que se remontan al 1956 y transmisión hereditaria debidamente registrada en 2022; de igual forma, consta que dicho inmueble cuenta con registros catastrales, antecedentes tributarios y un informe técnico municipal que identifica sus colindancias; sin embargo, de manera paralela, en el mismo expediente cursa documentación registral y notarial presentada por el hoy accionado, relativa a otros predios ubicados en el mismo sector, con matrículas computarizadas vigentes, certificados de tradición y antecedentes dominiales inscritos en DD.RR., los cuales fueron alegados para sustentar la existencia de derechos propietarios de terceros y la condición de colindancia de los predios involucrados. Respecto a los hechos denunciados, la accionante sostuvo que en “abril” de 2023 se produjeron actos materiales consistentes en el ingreso de maquinaria pesada, retiro de postes y alambre de púas y ocupación de una fracción de su predio, extremos que motivaron la interposición de la acción de amparo constitucional; no obstante, el ahora accionado, al comparecer en audiencia pública, negó la existencia de actos de avasallamiento, afirmó que los trabajos de movimiento de tierra fueron realizados en un predio distinto, perteneciente a su suegro, y cuestionó tanto la legitimación pasiva como la competencia de la jurisdicción constitucional para resolver una controversia vinculada a linderos y derecho propietario, dichas manifestaciones fueron acompañadas por documentación registral, notarial y administrativa, cuya validez y alcance fueron controvertidos por la accionante. La contradicción fáctica planteada por ambas partes fue objeto de verificación mediante inspección ocular practicada por la Sala Constitucional, actuación en la cual se constató la existencia de movimiento de tierras en un lote de terreno colindante y la presencia de cercos con postes y alambre de púas; sin embargo, de dicha diligencia no emergió un elemento objetivo e indubitable que permita establecer que los trabajos de movimiento de tierra hubieran ingresado o afectado directamente el predio inscrito a nombre de la accionante, advirtiéndose más bien una situación vinculada a la delimitación de linderos entre predios colindantes, en un contexto en el que ambas partes exhibieron títulos de propiedad inscritos en DD.RR. En ese marco, la determinación de la existencia de una medida o vía de hecho de manera deliberada, individual y autónoma exige, conforme a la jurisprudencia constitucional, que se acredite de manera objetiva la ejecución de actos materiales sin causa jurídica, al margen de los mecanismos institucionales y sin que su verificación dependa de la resolución previa de una controversia sobre hechos o derechos, en el presente caso, la acreditación de los hechos denunciados se encuentra directamente condicionada a la definición de los linderos y a la determinación del predio exacto sobre el cual se realizaron los trabajos, aspectos que requieren procedimientos técnicos de mensura y deslinde y una valoración probatoria amplia, propios de la jurisdicción ordinaria o administrativa. Por lo expuesto, al advertirse que la controversia planteada involucra hechos controvertidos, la concurrencia de derechos propietarios inscritos en DD.RR. y la necesidad de definir con precisión los límites y linderos entre predios colindantes, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en aplicación directa de la jurisprudencia constitucional citada, que delimita el ámbito de competencia de la acción de amparo constitucional a la protección de derechos consolidados y no a la resolución de controversias fácticas o jurídicas complejas; en ese sentido, al no haberse acreditado de manera clara, objetiva e indubitable la existencia de una medida o vía de hecho de manera deliberada, individual y autónoma, ejecutada sin causa jurídica y al margen de los mecanismos institucionales establecidos, ni el despojo material incontrovertido del derecho alegado, no se configuran los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de amparo constitucional en supuestos de esa naturaleza. En consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada, no en razón a la inexistencia del derecho propietario alegado, sino debido a la imposibilidad de la jurisdicción constitucional de pronunciarse sobre su alcance y delimitación en un contexto de hechos controvertidos y colisión de derechos, dejando a salvo el derecho de las partes para acudir a las vías ordinarias o administrativas competentes; ya que tales instancias resultan idóneas para la dilucidación de la controversia planteada, mediante los procedimientos de mensura, deslinde, saneamiento o las acciones judiciales correspondientes, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y la producción de prueba técnica necesaria para la definición de los límites y derechos emergentes, conforme a los procedimientos y garantías previstos por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 160/2023 de 17 de octubre, cursante de fs. 73 a 76 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0037_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): bdb2768766cbcb0def9c42d3b75fbbcac1b6e9e746052ddb8f3e1eac98678e70
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →