Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Amparo Constitucional · Sala Tercera · 2 de marzo de 2026
Deniega la tutela
La parte accionante denunció la vulneración a su derecho al debido proceso en sus vertientes de congruencia y legalidad, y la garantía de protección para efectivizar un procedimiento eficaz y proporcionar la asistencia familiar, toda vez que la Jueza demandada, mediante Auto de 30 de agosto de 2023, hoy impugnado, dispuso la ejecución de la reducción de la asistencia familiar dispuesta por el Auto 49/2023 de 14 de agosto, ordenando que se emita el mandamiento de apremio por un monto inferior al consignado en la planilla de liquidación aprobada anteriormente a pesar de que se encontraba pendiente la resolución de la apelación que interpuso contra el auto que dispuso dicha reducción, lo cual considera ilegal y contrario al procedimiento en materia familiar, que afecta a un menor de edad, cuyo interés superior debe prevalecer.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 126/2023 de 9 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2026 Sucre, 02 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional Expediente: 59041-2023-119-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 126/2023 de 9 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jhoseline Karla Sarmiento Lino contra Rosario Elena Centellas Rojas, Jueza Público de Familia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2023, cursante de fs. 40 a 44 vta., la accionante, señaló lo siguiente:
Dentro del proceso familiar de ruptura unilateral interpuesto por Carlos Mauricio García Inquillo en su contra, el Juzgado Público de Familia Primero del Tribunal Departamental de Oruro, dispuso otorgarle la tutela de su hijo José Karlo García Sarmiento y fijar una asistencia familiar mensual de Bs500 (quinientos bolivianos); Habiendo conseguido la aprobación de una liquidación de asistencia familiar devengada por la suma de Bs39 161 (treinta y nueve mil ciento sesenta y uno bolivianos) y ante el incumplimiento del obligado solicitó que se emita mandamiento de apremio con facultad de allanamiento. Simultáneamente a dicho trámite, el demandante presentó un incidente de convivencia, el cual fue resuelto mediante Auto 49/2023 de 14 de agosto, que fue declarado probado en parte, disponiéndose que no se tomen en cuenta ocho meses, como tampoco dos mensualidades pagadas al Colegio Anglo Americano, para fines de liquidación de la asistencia familiar al 50% entre partes como corresponsabilidad; en ese entendido, el 21 de agosto de 2023 interpuso recurso de apelación contra dicho Auto. En estas circunstancias, cuando insistió que se expida mandamiento de apremio con facultades de allanamiento por asistencia familiar en el importe de Bs39 161, la jueza demandada emitió el decreto 16 de agosto de 2023, señalando únicamente: “Estése al auto 49/2023”, frente a lo cual interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por Auto de 30 de agosto de 2023, disponiendo que se descuente la asistencia familiar hasta alcanzar el monto de Bs19 557,8.- (diecinueve mil quinientos cincuenta y siete 8/100 bolivianos), de acuerdo a los alcances y cumplimiento del Auto 49/2023 de 14 de agosto, sin que éste se encuentre ejecutoriado; de tal forma que el pronunciamiento al resolver su recurso de reposición fue ilegal y contrario al procedimiento en materia familiar, estando involucrado un menor de edad que goza de interés superior del Estado, por corresponder a un sector vulnerable.
Denunció vulneración a su derecho al debido proceso en sus vertientes de congruencia y legalidad, y la garantía de protección para efectivizar un procedimiento eficaz y proporcionar la asistencia familiar, citando al efecto los arts. 60 Y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), los arts. 1, 2, 3, 5, 13 y 32 del Código Niña, Niño y Adolescente y el art. 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).
Solicitó se conceda la tutela y; en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el auto interlocutorio de “31” –siendo lo correcto 30- de agosto del 2023 y que se emita de forma inmediata el mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, conforme a la aprobación de la liquidación de 31 de marzo del mismo año.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de octubre de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 73 a 78, se produjeron los siguientes actuados:
La demandante a través de su abogado a tiempo de ratificar su acción constitucional, agregó que: a) No es posible ejecutar el Auto 49/2023 de 14 de agosto que está pendiente de un recurso de apelación, siendo que ante la necesidad en la que se encontraba su hijo menor y debido a que existía un primer mandamiento de apremio que no se cumplió porque el demandado se ocultó, es que solicitó un segundo mandamiento con allanamiento que fue aceptado; sin embargo, con el importe establecido en el Auto 49/2023 de 14 de agosto, que es inferior al importe inicial, lo cual le genera perjuicio; y, b) La jueza que resolvió su recurso de reposición invirtió los papeles, dejando sin protección legal a un menor de edad que goza de una tutela mayor en consideración a formar parte de un sector vulnerable como son los niños, en función de lo cual, en esta acción tutelar es plenamente aplicable la excepción al principio de subsidiariedad, dada la apremiante situación en la que se encuentra un menor de edad.
Rosario Elena Centellas Rojas, Jueza Público de Familia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito de 9 de octubre de 2023, cursante de fs. 69 a 71 y en audiencia, manifestó que: 1) Los progenitores quienes eran convivientes por voluntad de ambos decidieron separarse, constituyendo domicilios diferentes; no obstante, por un corto periodo de tiempo volvieron a la vida en común, separándose nuevamente, motivo por el cual se presentó el incidente de convivencia y se dedujo la liquidación de la asistencia familiar; 2) Rige en la actualidad la asistencia familiar en Bs500, habiendo una liquidación de Bs39 161; no obstante, este monto fue reducido, como emergencia del incidente de convivencia presentado por el demandante al haberse retomado la vida en común y pagado algunas colegiaturas, estando pendiente de resolución un recurso de apelación contra el mencionado Auto; y, 3) En el caso existió uso de firmas diferentes por parte de la ahora impetrante de tutela, lo cual representa un comportamiento irregular, siendo que su persona como autoridad actuó conforme a derecho y que tiene es su poder el Auto de Vista que confirmó su decisión final en relación a la liquidación de la asistencia familiar.
Carlos Mauricio García Inquillo, a través de su abogado, en audiencia manifestó que: i) Fue la ahora demandante de tutela, quien retrasó la solución al conflicto a través de suspensiones de audiencias, presentación de recurso de compulsa y una anterior acción de amparo constitucional; y, ii) Mediante Auto 423/2023 de 5 de octubre, la Sala Civil Comercial Primera confirmó el Auto 49/2023 de 14 de agosto, con la reducción de la liquidación de asistencia familiar e incluso subió el periodo de convivencia a once meses, consiguientemente, no puede hablarse que se conculcó el interés superior del menor, cuando la solicitante de tutela, ni siquiera le dejó visitar a su hijo.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 126/2023 de 9 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, denegó la tutela impetrada, determinación con base en los siguientes fundamentos: a) La parte demandante de tutela, reclamó que el Auto 49/2023 de 14 de agosto, que declaró probado el incidente de convivencia, no se encontraba ejecutoriado a tiempo de ordenarse se libre mandamiento de apremio por un importe de asistencia familiar menor al inicialmente liquidado; no obstante, tal determinación de la Jueza debe ser interpretada como observancia a la prioridad que merece el interés superior de un menor y si bien no fue dispuesta la medida en el importe pretendido por la ahora solicitante de tutela, la deducción efectuada por la Jueza podía ser objeto de compensación posterior conforme a las resultas de la apelación que se encontraba pendiente; y, b) En función al principio de verdad material se puso en conocimiento el Auto de Vista 223/2023 de 5 de octubre, mediante el cual se resolvió la apelación pendiente sobre el importe de la liquidación, confirmando el sentido de lo resuelto por la Jueza, e incluso incrementó la duración de la convivencia de ocho a once meses, consecuentemente, no se puede advertir ninguna vulneración de derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de liquidación de asistencia familiar presentado el 07 de marzo del 2023, por Jhoselin Karla Sarmiento Lino, hoy accionante, por el importe de Bs. 39 161 (fs. 4 y vta.) dentro del proceso familiar de ruptura unilateral interpuesto por Carlos Mauricio García Inquillo contra Jhoseline Karla Sarmiento Lino –demandante de tutela-, el Juzgado Público de Familia Primero del Tribunal Departamental de Oruro, en el que se dispuso otorgarle la tutela de su hijo José Karlo García Sarmiento y fijar una asistencia familiar mensual de Bs500. II.2. Cursa memorial presentado el 22 de marzo del 2023, mediante el cual el demandante presentó un incidente de convivencia resuelto mediante Auto 49/2023 de 14 de agosto, que fue declarado probado en parte, disponiéndose que no se tomen en cuenta ocho meses, como tampoco dos mensualidades pagadas al Colegio Anglo Americano para fines de liquidación de la asistencia familiar al 50% entre partes como corresponsabilidad, siendo que el 21 de agosto de 2023, la demandada interpuso recurso de apelación contra dicho auto, el cual a la fecha de presentación de esta acción tutelar se encontraba pendiente de resolución (fs. 6 y 7). II.3. Ante solicitud de que se expida mandamiento de apremio con facultades de allanamiento por asistencia familiar en el importe de Bs39 161, la jueza emitió el decreto 16 de agosto de 2023, que únicamente dispuso: “Estese al auto 49/2023” (fs. 25). II.4. Contra el decreto antes mencionado la ahora demandante de tutela, interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por Auto de 30 de agosto de 2023, en el que se dispuso liquidar la asistencia familiar en el importe de Bs19 557,8 de acuerdo a los alcances de lo resuelto en el Auto 49/2023 de 14 de agosto (fs. 30 vta. y 36).
La parte accionante denunció la vulneración a su derecho al debido proceso en sus vertientes de congruencia y legalidad, y la garantía de protección para efectivizar un procedimiento eficaz y proporcionar la asistencia familiar, toda vez que la Jueza demandada, mediante Auto de 30 de agosto de 2023, hoy impugnado, dispuso la ejecución de la reducción de la asistencia familiar dispuesta por el Auto 49/2023 de 14 de agosto, ordenando que se emita el mandamiento de apremio por un monto inferior al consignado en la planilla de liquidación aprobada anteriormente a pesar de que se encontraba pendiente la resolución de la apelación que interpuso contra el auto que dispuso dicha reducción, lo cual considera ilegal y contrario al procedimiento en materia familiar, que afecta a un menor de edad, cuyo interés superior debe prevalecer.
Dada la naturaleza de la asistencia familiar, cuyo suministro está destinado a cubrir integralmente las necesidades indispensables del beneficiario, el Estado a través de sus diferentes órganos e instituciones tiene el ineludible deber de garantizar su cumplimiento, al estar destinados estos recursos económicos a la satisfacción de sus necesidades básicas, mereciendo especial atención cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ya que se constituyen en uno de los derechos de mayor relevancia que tendrá este sector vulnerable. El Código de las Familias y del Procedimiento Familiar prevé el procedimiento para efectivizar el pago de asistencia familiar a favor de los beneficiarios que la requieran, con medidas destinadas a asegurar su suministro, en consideración a que la finalidad de la asistencia familiar, es otorgar a los miembros de la familia que se encuentren en una situación de necesidad, los recursos necesarios que garanticen su alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; priorizándose el interés de niñas, niños y adolescentes. Es así que, por la importancia que reviste este derecho y obligación, ante el incumplimiento de su oportuno suministro, es posible el uso de los medios compulsivos para su cumplimiento, cuando, a pesar de la conminatoria emitida por la autoridad judicial, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar que cuantifica la misma, ésta no fue cumplida por el obligado, en cuyo caso, podrá disponerse el embargo y venta de sus bienes en la medida necesaria para cumplir el importe de las pensiones devengadas, sin perjuicio de emitir mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, conforme dispone el art. 415. I y III del CFPF. En efecto, el art. 127.I del CFPF, prescribe en forma determinante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio. Con relación a la emisión del mandamiento de apremio en casos derivados de procesos familiares sobre peticiones de asistencia familiar, la SCP 0828/2018– S2 de 10 de diciembre, estableció que se puede restringir el derecho a la libertad física con la ejecución del mandamiento de apremio, previa aprobación de la liquidación de asistencia familiar y el cumplimiento de los requisitos de legalidad material y formal, entendiendo que el apremio corporal como medio compulsivo resulta necesario para el cumplimiento de la asistencia familiar, en razón de la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que se encuentra destinada.
En el mismo orden, la SCP 0714/2019- S2, de 21 de agosto, razonó que la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad 1 FJ III.2” (…) Por otra parte, el apremio corporal, como medio compulsivo resulta necesario para la satisfacción de la asistencia familiar; puesto que, si bien es cierto que es posible constreñir al cumplimiento de la obligación mediante la ejecución patrimonial de los bienes del obligado; empero, en los casos en los que ello es posible, la realización del crédito alimentario no opera con la prontitud que exige la satisfacción de las necesidades básicas del beneficiario, a la que está destinada la asistencia familiar; toda vez que, los trámites judiciales necesarios, que se requiere para obtener el cobro efectivo de la obligación devengada, implica el transcurso de un tiempo, que no es compatible con la urgencia de la satisfacción de las necesidades a las que está destinada; además, puede demandar de parte de los beneficiarios el gasto de recursos económicos, que son precisamente de los que carece el alimentario o su representante, y que por consiguiente, pueden dificultar el logro del objetivo oportunamente; y en los supuestos en los que el obligado carece de bienes embargables, dicha medida se presenta como la única posible para compeler al obligado a extremar sus esfuerzos, para obtener los recursos económicos que se requiere para cumplir con su obligación alimentaria. Sin embargo, es evidente que para lograr la finalidad que se busca con la asistencia familiar, que fue descrita precedentemente, la autoridad judicial competente, no debe limitarse a expedir el mandamiento de apremio por la asistencia familiar devengada, y esperar que el mismo, cumpla con su objetivo compulsivo; sino, que al tiempo de ordenar el apremio corporal debe procurar la ejecución patrimonial de los bienes del obligado en la medida de lo necesario, en los casos en los que ello sea posible, teniendo en cuenta que el objetivo esencial, es que provea oportunamente a las necesidades básicas del beneficiario. Finalmente, a la luz del principio de proporcionalidad, el legislador propició las necesidades de la o el beneficiario, en razón a que la obligación de asistencia familiar es de interés social, dado el carácter urgente que implica la satisfacción oportuna de las necesidades básicas del alimentario, como son los relativos a su propia alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; y en consideración a la prioridad del interés superior de los niños y adolescentes beneficiarios, la preeminencia y primacía de su derechos reconocidos por los arts. 60 de la CPE; y, 6 inc. i) y 220 inc. k) del CFPF; así como de la protección reforzada, de la que son objeto otros beneficiarios que forman parte de grupos vulnerables, como es el caso de personas en situación de discapacidad, adultos mayores y mujeres, que por su condición socioeconómica se encuentran en situación de desventaja; aspectos que hicieron que el legislador se decante por la protección de los derechos de los beneficiarios a la asistencia familiar, permitiendo el apremio corporal del obligado, como medio compulsivo para lograr que el mismo cumpla con su obligación devengada. (…) 2 FJ III.2 “Es decir, la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento judicial y notificada al obligado, marca el momento del suministro de esta obligación en favor del beneficiario y no puede posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal. Su Fundamento Jurídico III.2 establece lo siguiente:
La liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria (las negrillas son nuestras).
La citada Sentencia, también enfatizó que la determinación de las medidas compulsivas no implica la restricción del derecho a impugnar del obligado, quien podrá activar los mecanismos de defensa previstos por ley, para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.
La SCP 0719/2020-S4 de 12 de noviembre establece que: “El principio del interés superior de los menores, irradia a todo el ordenamiento jurídico vigente del país; en ese orden, el art. 4 de la Ley 348, establece que la dignidad de toda persona, en especial niñas, niños, adolescentes, mujeres, sin distinción de edad, son seres únicos y valiosos, y como tales, se deben respetar sus necesidades particulares, sus intereses y su privacidad; por lo que dispone que se debe otorgar una atención prioritaria y diferenciada a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de hechos delictivos, por parte de instituciones públicas y privadas; para lo cual deben garantizar a las víctimas, las medidas y protección y seguridad necesarias, considerando las particularidades del hecho, el posible vínculo de la víctima con el agresor, la edad, el sexo, cultura, entre otros; y cuando se trate de tomar decisiones que afecten derechos de los niños o incluir la participación de estos, se debe aplicar el mejor interese para ellos, y para resguardar el principio del interés superior.
La accionante, denunció que la Jueza demandada, mediante Auto de 30 de agosto de 2023, hoy impugnado, dispuso la ejecución de la reducción de la asistencia familiar dispuesta por el Auto 49/2023 de 14 de agosto, ordenando que se emita el mandamiento de apremio por un monto inferior al consignado en la planilla de liquidación aprobada anteriormente, a pesar de que se encontraba pendiente la resolución de la apelación que interpuso contra el auto que dispuso dicha reducción, lo cual considera ilegal y contrario al procedimiento en materia familiar, que afecta a un menor de edad, cuyo interés superior debe prevalecer; acto que reputa como vulnerador de su derecho al debido proceso en sus vertientes de congruencia y legalidad, y la garantía de protección para efectivizar un procedimiento eficaz y proporcionar la asistencia familiar; dicha denuncia se examina a continuación.
De la revisión de antecedentes se tiene que, a instancia de un proceso familiar de ruptura unilateral, el Juzgado Público de Familia Primero del Tribunal Departamental de Oruro, fijó asistencia familiar para Carlos Mauricio García Inquillo de Bs. 500, siendo que éste presentó un incidente de convivencia que fue resuelto mediante Auto 49/2023 de 14 de agosto, disponiendo que no se tomen en cuenta en la liquidación de la asistencia familiar ocho meses y dos mensualidades pagadas al Colegio Anglo Americano para fines de liquidación de la asistencia familiar al 50%, determinación que fue objeto de apelación cuyas resultas quedaron pendientes a la fecha de interposición de la presente acción tutelar. Sucedió que la ahora demandante de tutela, en ese intermedio, solicitó a la Jueza de instancia expida mandamiento de apremio con facultades de allanamiento por asistencia familiar en el importe de Bs39 161, en respuesta, la jueza emitió el decreto 16 de agosto de 2023, señalando: “Estese al auto 49/2023”, frente a lo cual interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por Auto de 30 de agosto de 2023, que ordenó se libre el mandamiento de aprehensión con el importe adeudado por asistencia familiar de Bs19 557,8; vale decir, conforme lo resuelto en el Auto 49/2023 de 14 de agosto (Conclusión II.1, 2 y 3). Hecha esa relación cabe señalar que la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que el suministro de la asistencia familiar en favor del beneficiario no puede posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno; consiguientemente, la ejecución compulsiva de la obligación alimentaria mediante el mandamiento de apremio no puede quedar suspendida por el efecto del recurso que se haya interpuesto por las partes, puesto que precisamente al ser el beneficiario un menor de edad que goza de protección reforzada, el suministro oportuno de la asistencia familiar no debe ser dilatada.
Ahora bien, del contenido de la acción tutelar presentada y su ratificación en audiencia se tiene que el acto lesivo denunciado por la accionante es que la jueza demandada haya dispuesto la ejecución de la reducción de la asistencia familiar dispuesta por el Auto 49/2023 de 14 de agosto, a pesar de que se encontraba pendiente la resolución de apelación que interpuso contra dicha resolución judicial; vale decir, que no contaba con ejecutoriedad, interpretando con ello que la decisión de la Jueza que autorizó la emisión del mandamiento de apremio con un importe menor, vulneró su derecho al debido proceso y la tutela reforzada hacia su hijo menor; lo cual no es evidente, puesto que como se tiene puntualizado, la interposición del recurso de apelación contra la resolución que ordenó la emisión del mandamiento de apremio por el monto reducido no impedía la ejecución de esa determinación, ya que precisamente en consideración al interés superior del niño beneficiario, no se podía esperar a las resultas de la apelación para ejecutar el mandamiento de apremio ordenado y es precisamente ante tal situación que la Jueza, pese a que inicialmente había negado la emisión del mandamiento, ante la presentación de un recurso de reposición, mediante Auto de 30 de agosto de 2023, con el fin de precautelar el pago de la asistencia familiar, dispuso dejar sin efecto el decreto impugnado y ordenó se libre el mandamiento de apremio aunque con el importe de Bs19 557,8, en cumplimiento a lo determinado en el Auto 49/2023 de 14 de agosto.
Como se tiene expuesto, en todo caso la Jueza aplicó correctamente los criterios de protección al menor como parte de un sector vulnerable, y garantizó el suministro de la asistencia familiar, ya que ante la premura de que se cobre la pensión alimentaria, no consideró un óbice para efectivizar el cobro compulsivo de la misma la falta de resolución de la apelación interpuesta contra el Auto 49/2023 de 14 de agosto, ya que como bien sostuvo el tribunal de garantías constitucionales, el importe de la liquidación constituía un factor que bien podía ajustarse o modificarse una vez conocida la resolución del recurso de apelación, consiguientemente no se advierte vulneración alguna a los derechos de la impetrante de tutela ni del menor involucrado.
Finalmente, corresponde acotar que tampoco resultaría relevante la modificación o sustitución del importe de la liquidación, puesto que en la misma audiencia de garantías constitucionales la autoridad demandada presentó el Auto de Vista 223/2023 de 5 de octubre mediante el cual el tribunal de alzada, ratificó el sentido de lo resuelto por la Jueza de instancia deduciendo el importe inicial de la liquidación de la asistencia familiar e incluso modificando de ocho a once meses la convivencia, a efectos de una nueva liquidación, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 126/2023 de 9 de octubre, cursante de fs. 79 a 83, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria. La determinación de las medidas compulsivas para el oportuno suministro de la asistencia familiar, de modo alguno implica la restricción del derecho a impugnar; por cuanto el obligado puede ejercer el derecho a recurrir o a asumir los medios o recursos idóneos para lograr la revisión de la determinación asumida, sin perjuicio del cumplimiento de la asistencia familiar, cuya liquidación se encuentre aprobada y notificada al obligado, con la aclaración que si la resolución del recurso planteado por el obligado, le favorece de alguna manera, de tal forma que haya diferencia cuantitativa o de cálculo a su favor, ésta debe ser tomada en cuenta por la autoridad judicial a tiempo de substanciar la aprobación de las futuras liquidaciones, reconociendo la diferencia que le favorezca.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0036_2026-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 86e9ac8363f156444c06efee2d9d700f43193cdbcf9f6a61a899d15d2758b6c0
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