Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de febrero de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad, seguridad personal, privacidad, honor, propia imagen; por cuanto se ha librado un mandamiento de apremio dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, no obstante que dicha obligación fue cumplida en su totalidad, mediante transferencias bancarias que realizó; por lo que solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el mandamiento de apremio emitido en contra suya. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 14 a 17., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada por el impetrante, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de la Paz, constituida en Jueza de garantías, por la omisión en la remisión de los actuados necesarios, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2025-S3 Sucre, 28 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50023-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 14 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis René Vargas Rodríguez contra Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2022, cursante de fs. 6 a 8, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso de divorcio contra de Dayba Saray Ledezma Hensler, se pronunció por la autoridad demandada, resolución de asistencia familiar, a través de la cual se libró mandamiento de apremio para que sea conducido al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, hasta que se cancele la suma de Bs1 520.- (mil quinientos veinte bolivianos). El 18 de agosto de 2022, Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, libró mandamiento de apremio para su ejecución, sin considerar que realizó los pagos correspondientes mediante transferencias bancarias realizadas: el 18, 22 y 23 de agosto de 2022, por las sumas de Bs760.- (setecientos sesenta bolivianos), Bs260.- (doscientos sesenta); y, Bs500.- (quinientos bolivianos); que fueron puestos a conocimiento de la demandada; asimismo, el 23 de agosto de 2022 presentó memorial haciendo conocer el cumplimiento total del pago dispuesto por concepto de asistencia familiar, por lo que la Jueza demandada debió haber dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión, emitido en su contra, aspecto que no ocurrió, afectando su derecho a la libertad.
Denunció la lesión de los derechos a la dignidad, a la libertad personal, a la seguridad personal, a la privacidad, al honor, a la propia imagen; citando al efecto los arts. 21.2 y 3;22; y, 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se disponga: dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio 0000000113, de 18 de agosto de 2022.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 11 a 13., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que, ante las arbitrariedades cometidas por la autoridad demandada, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló que: a) Dentro del proceso de divorcio seguido por Luis René Vargas Rodríguez, -accionante-, contra Dayba Saray Ledezma Hensler, el 10 de junio de 2022, se presentó una liquidación de asistencia familiar, la cual fue practicada por la secretaria de dicho juzgado el 26 de junio del mismo año, por un total de Bs2 220.- (dos mil doscientos veinte bolivianos); b) Las partes fueron notificadas el 27 de julio, y al no existir observación, la liquidación fue aprobada el 2 de agosto; c) El 3 de agosto, se observó la liquidación por el accionante fuera del plazo, sin embargo, por el principio de lealtad procesal y buena fe, se trasladó la observación a la parte contraria, que rechazó la observación y, como resultado, se señaló una audiencia; d) Celebrada la audiencia el 15 de agosto, la parte contraria no reconoció un pago de Bs700.- (setecientos bolivianos), alegó que era para el pago de la niñera; después de escuchar a ambas partes, la autoridad demandada consideró que el pago de la asistencia familiar era legítimo, disponiendo la emisión de un mandamiento de apremio por Bs1 520.- (mil quinientos veinte bolivianos) contra el impetrante de la tutela; e) Con la finalidad de cumplir con la obligación, el accionante realizó transferencias bancarias parciales que ingresaron a despacho, el 19 de agosto de Bs760.- (setecientos sesenta), el 23 de agosto de Bs260.- (doscientos sesenta) y el 23 de agosto hizo la última transferencia bancaria de Bs500.- (quinientos bolivianos); f) Después de realizar la valoración correspondiente, en audiencia se dispuso dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio 0000000113, ante el cumplimiento del pago total de la planilla de liquidación; y , g) Se otorgó a la demandada, un plazo de no más de cuarenta y ocho horas, para que proceda con la devolución del mandamiento de apremio, cumpliendo con las formalidades de ley.
La Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto, del departamento de la Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 18/2022, cursante de fs. 14 a 17, DENEGÓ, la tutela con base en los siguientes fundamentos: 1) Evidenció que no se vulneró ningún derecho por la parte accionante, ya que, cuando se ordenó el mandamiento de apremio mediante Resolución 1465/2022, de 16 de agosto por deuda de asistencia familiar por Bs1 520.-(mil quinientos veinte bolivianos), de manera clara se estableció que el mismo debía estar vigente hasta que se cancele el monto total establecido; 2) La parte accionante realizó los depósitos de manera parcial, posterior a la emisión del mandamiento de apremio, es decir, después del 18 de agosto de 2022, cancelada en su totalidad la obligación, la autoridad demandada dispuso que se dejara sin efecto el mismo; y, 3) Se conminó al accionante devolver el mandamiento de apremio en el plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de su notificación, el 25 de agosto de 2022 a las 8:40, a través de su abogado, evidenció que el accionante tenía pleno conocimiento de la mencionada disposición, no siendo evidente lo manifestado por la demandada. En vía de aclaración, complementación y enmienda, en la misma audiencia, el abogado del accionante solicitó a la Jueza de garantías lo siguiente: i) Que enmendara la Resolución 1465/2022, ya que el demandado no fue notificado legalmente, planteándose la pregunta de cuándo comenzó a correr el plazo de tres días para que el demandado pudiera pagar la cantidad de Bs2 220 (dos mil doscientos veinte bolivianos) por concepto de asistencia familiar; ii) Que el demandado debía ser notificado y que tenía tres días para efectuar el pago, aceptando el mandamiento de apremio que fue emitido el 18 de agosto, dentro del plazo legal para el pago, que correspondía a los días 17, 18 y 19 de agosto del mismo año; y, iii) Que si el mandamiento de apremio se hubiera emitido después, del 22 de agosto del año mencionado, no habría motivo para esta acción, reiterando la solicitud de aclaración sobre el inicio del cómputo total plazo de los tres días para realizar el pago, pidiendo la complementación y enmienda de la resolución. En sustanciación y Resolución de lo impetrado, la Jueza de garantías, aclaró que: Con relación al Auto del 2 de agosto de 2022, por el cual se aprobó la liquidación y se otorgó un plazo de tres días para el pago. Se hizo una distinción entre ese auto y la resolución posterior, especificando que en el Auto de aprobación de la liquidación, se otorgó el plazo de tres días; pero que, mediante Resolución 1465/2022, se dispuso la emisión del mandamiento de apremio en contra del demandado hasta que pagara la suma total Bs1 520 .- (mil quinientos veinte bolivianos), sin embargo, en la misma, no se estableció ningún plazo para el pago, ya que ese detalle ya fue incluido en el Auto de aprobación de la liquidación, además, se mencionó que, en la audiencia de 16 de agosto de 2022, se dictó la Resolución, y las partes fueron notificadas en la misma, por lo que tenían pleno conocimiento de la situación. Aclarando también que, si bien la parte accionante refiere que no fue notificada con el Auto de aprobación de la liquidación del 2 de agosto, debió reclamarlo en su oportunidad ante la instancia correspondiente y no en una acción de libertad. El mandamiento de apremio contra el impetrante de la tutela fue emitido por una liquidación no pagada, es decir, lo que se ha solicitado es que se deje sin efecto el mandamiento de apremio y no así la notificación. Por lo tanto, determinó no ha lugar la solicitud de complementación y enmienda.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso de divorcio seguido por el accionante contra Dayba Saray Ledezma Hensler, la Jueza Público de Familia Primero del Alto del departamento de La Paz, luego de aprobarse la liquidación de asistencia familiar por un total de Bs2 220, (dos mil doscientos veinte bolivianos), el 3 de agosto de 2022, el accionante observó la liquidación en forma extemporánea, lo que motivó la celebración de una audiencia en la que se debatió el monto, emitiéndose la Resolución 1465/2022, de 16 de agosto que dispuso la cancelación de Bs1 520 (mil quinientos veinte bolivianos) por concepto de asistencia familiar, ordenando al efecto se libre mandamiento de apremio, es así que el 18 de agosto de 2022, se emitió el Mandamiento de Apremio 0000000113, por concepto de asistencia familiar, por la suma total de Bs1 520.- (mil quinientos veinte bolivianos) (fs.5). II.2. Mediante memorial de 18 de agosto de 2022, el accionante adjuntó comprobante de transferencia a la cuenta de la demandada del proceso de divorcio, por la suma de Bs760.- (setecientos sesenta bolivianos) (fs.2). II.3. Consta memorial presentado el 22 de agosto de 2022, en el cual el impetrante de tutela hizo conocer el pago de la suma de Bs260.-(doscientos sesenta bolivianos) a la beneficiaria Dayba Saray Ledezma Hensler (fs.3). II.4. Mediante memorial presentado el 23 de agosto de 2022, el impetrante de tutela solicitó se deje sin efecto el mandamiento de apremio, por haber realizado el depósito del saldo de Bs500.- (quinientos bolivianos)
(fs.4 a 5), mandamiento que fue dejado sin efecto, según audiencia de acción de libertad, no contrarrestado por el accionante (fs. 11-13).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad, libertad, seguridad personal, privacidad, honor, propia imagen; por cuanto se ha librado un mandamiento de apremio dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, no obstante que dicha obligación fue cumplida en su totalidad, mediante transferencias bancarias que realizó; por lo que solicita se conceda la tutela y se deje sin efecto el mandamiento de apremio emitido en contra suya. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 127.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, prescribe en forma terminante el cumplimiento oportuno e insoslayable de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios, en los siguientes términos: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”, pudiendo ordenarse las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV en la citada norma procesal, entre ellas, el apremio. Al respecto, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.2, con relación al cumplimiento de la asistencia familiar ha establecido que: La liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria (las negrillas son nuestras).
Ahora bien, las medidas compulsivas previstas en el Código de las Familias y del proceso familiar, entre ellas, el embargo, la venta de bienes, el apremio, se encuentran previstas como medidas compulsivas para cubrir el importe de las pensiones devengadas, por ello, la vigencia del mandamiento de apremio es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad hasta que la obligación por asistencia familiar sea cumplida en su totalidad.
En el caso que se analiza, el accionante denuncia que la autoridad judicial demandada libró mandamiento de apremio dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, no obstante que dicha obligación fue cumplida en su totalidad, mediante las transferencias bancarias que realizó; sin embargo, dejó subsistente el apremio librado en su contra. De la revisión de antecedentes, se advierte que en el proceso de divorcio seguido por Luis René Vargas Rodríguez -accionante- contra Dayba Saray Ledezma Hensler, la autoridad judicial demandada pronunció la Resolución 1465/2022, disponiendo la cancelación de Bs1 520 (mil quinientos veinte) por concepto de asistencia familiar, librándose el mandamiento de apremio 0000000113. Por memoriales de 18, 22 y 23 de agosto de 2022, el accionante hizo conocer los depósitos parciales efectuados por concepto de asistencia familiar hasta cubrir el total de lo adeudado, solicitando en el último memorial, se deje sin efecto el mandamiento de apremio. De los actuados procesales señalados, se advierte que la liquidación de asistencia familiar impuesta al accionante, fue realizada el 26 de junio de 2022, por un total de Bs2 220 (dos mil doscientos veinte bolivianos), siendo notificada a las partes el 27 de julio del mismo año, y al no existir observación, la liquidación fue aprobada el 2 de agosto de ese año; según informe expuesto por la Jueza demandada; esta liquidación fue observada de manera extemporánea por el accionante, es decir, el 3 de agosto de 2022; no obstante, esta situación, la autoridad judicial demandada determinó su traslado a la parte contraria, quien rechazó la observación. Por las circunstancias anotadas precedentemente, se celebró la audiencia de 15 de agosto de 2022, en la cual las partes debatieron el monto adeudado, oportunidad en la que la Jueza demandada, luego de evidenciar que el pago por asistencia familiar era legítimo, dispuso la emisión del mandamiento de apremio por Bs1 520.- (mil quinientos veinte bolivianos) contra el impetrante de tutela, vale decir, previa liquidación de asistencia familiar, aprobada por la autoridad judicial se libró el mandamiento de apremio, no siendo evidente que no se hubiere respetado el procedimiento previsto en el art. 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- por el contrario, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico.III.1, efectuada la liquidación de asistencia familiar y una vez aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de la obligación en favor del o los beneficiarios, no pudiendo posponerse o dilatarse, ni condicionarse a plazos, teniendo toda autoridad judicial, las facultades compulsorias para dicha finalidad, entre ellas, el apremio corporal hasta que el importe de la asistencia familiar devengada sea pagada. Si bien es evidente que el accionante ha realizado tres depósitos cubriendo el pago por asistencia familiar, no es menos cierto que éstos fueron realizados en forma posterior al mandamiento de apremio librado el 18 de agosto de 2022, practicándose un primer pagado, en la misma fecha; después de cuatro días, el 22 de agosto del mismo año, un segundo pago y por memorial de 23 de agosto de 2022, el último pago, situación que permite corroborar que el mandamiento de apremio, no podía dejarse sin efecto con el primer pago realizado por el accionante, dado que el mismo no cubría todo el monto adeudado.
Es importante aclarar al accionante que conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 las medidas compulsivas previstas en el art. 415.II, III y IV del CFPF, se mantienen subsistentes, hasta que la obligación de asistencia familiar sea suministrada en su totalidad, por ello, la vigencia del mandamiento de apremio es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad hasta que la obligación por asistencia familiar sea cubierta en el monto liquidado; situación que ha ocurrido en el caso en análisis, máxime si el mismo fue dejado sin efecto, conforme se tiene de la conminatoria a la parte demandante para devolver el mandamiento de apremio, según lo evidenciado por la Jueza de garantías. Consiguientemente, no se advierte que se hubiere librado mandamiento de apremio sin cumplir con el procedimiento establecido en el art. 415 del CFPF, tampoco se evidencia que el mandamiento de apremio por concepto de asistencia familiar hubiere puesto en riesgo indebido la libertad del accionante.
De los actuados procesales remitidos a este Tribunal, por la Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituida en jueza de garantías, se observa que dicha autoridad omitió remitir ante este Tribunal Constitucional Plurinacional los antecedentes del caso y que sirvieron de base para sustentar su determinación; por lo que, corresponde llamar la atención, por no haber adoptado las diligencias necesarias para que llegue a esta instancia los actuados que permitan a este Tribunal constar la causa y objeto de la presente acción de libertad, debiendo en lo posterior remitir a esta instancia constitucional toda la documentación arrimada a la acción tutelar, conforme lo establece el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Jueza de garantías, al DENEGAR la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2022 de 25 de agosto, cursante de fs. 14 a 17., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada por el impetrante, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a la Jueza de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de la Paz, constituida en Jueza de garantías, por la omisión en la remisión de los actuados necesarios, conforme lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0036_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 79aaddeffe89f6001ca1b5a1094ab609a99c9cfb4cafd055f1898f5a6ad2a1e2
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