B.IA.LEGAL

SCP 0036/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38265-2021-77-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, legalidad, juez natural competente e imparcial, igualdad de partes en el proceso, doble instancia y a la fundamentación y motivación; toda vez, que dentro del proceso penal en el que se constituye en parte denunciante, seguido en contra de Juan Wilfredo Cossio Zapana, por la presunta comisión de los delitos de incumplimientos de deberes y otros, presentó recusación contra el Juez ahora demandado, mismo que a través del Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2020, rechazó in límine el incidente, incurriendo en los siguientes agravios: i) No remitió la resolución que resuelve la recusación ante el Tribunal de Alzada para su revisión, sin considerar el plazo de veinticuatro horas en vulneración al principio de legalidad; ii) La resolución carece de una debida fundamentación y motivación, en razón a que no se mencionó la prueba adjunta al memorial de recusación, no describió los parámetros que orientaron a concluir con su rechazo y además, no se expuso las circunstancias concretas que derivaron en su emisión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre el procedimiento ante el rechazo “in límine” de recusaciones en el proceso penal; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 080/2020 de 16 de junio, cursante de fs. 138 a 142, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración del derecho al debido proceso en relación al principio de legalidad, ante la dilación cometida por el Juez ahora accionado, disponiendo mantener incólume la determinación asumida por la Sala Constitucional; es decir, se deberá remitir a conocimiento del Tribunal de Alzada el Auto interlocutorio 95/2020 de 2 de junio que resolvió el incidente de recusación para su revisión, si es que hasta la fecha no lo hubiera realizado. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, derecho al debido proceso en su vertiente, Juez natural imparcial e igualdad de las partes conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el procedimiento ante el rechazo “in límine” de recusaciones en el proceso penal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0036/2023-S1 Sucre, 9 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 38265-2021-77-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 080/2020 de 16 de junio, cursante de fs. 138 a 142, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwin Nina Mamani, contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de junio de 2020, cursante de fs. 84 a 92 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en contra de Juan Wilfredo Cossio Zapana, el 13 de septiembre de 2019, se presentó denuncia contra la autoridad accionada ante el Consejo de la Magistratura, en razón a que retuvo el expediente durante más de tres meses; sin intención de remitir el mismo a las salas penales para la revisión de su decisión. Además, en dicho proceso, el ahora accionado en aplicación del art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP), dispuso la nulidad de la imputación formal y de forma posterior, la extinción de la acción penal pública. Estos actos irregulares, se debe al hecho del grado de amistad existente entre el la autoridad ahora accionada, con el abogado del imputado; por lo que, siendo su actuar perseguible penalmente; el 1 de junio de 2020, se presentó denuncia por los delitos de consorcio de jueces y abogados y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.

Entonces, evidenciándose los actos de corrupción dentro del proceso, el 1 de junio de 2020 a horas 11:17, se presentó recusación por causal sobreviniente, adjuntando la copia de la denuncia al Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y la denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura el año 2019. El mismo día, a horas 12:36, el imputado Juan Wilfredo Cossio Zapana, presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva y tan solo horas después se señaló audiencia para el 2 de junio de 2020 a horas 8:00. En dicha audiencia se hizo conocer de la recusación presentada y toda la prueba a la autoridad ahora accionada; sin embargo, el mismo determinó rechazar in limine tal situación privando a su persona de acceder a una justicia con un Juez imparcial, disponiendo llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, que se resolvió en favor a los intereses del imputado. Esta Resolución que rechaza in limine la recusación planteada, no fue remitida a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para su revisión, vulnerando de esta manera derechos y garantías constitucionales. Entre ellos, se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad, al haberse apartado totalmente de lo establecido por el art. 321 del CPP, actuando sin competencia, por encontrarse cuestionada mediante la interposición de un memorial de recusación. Además, se vulneró el art. 320 del CPP; toda vez que, si la recusación fue planteada el 1 de junio de 2020, debió haberse remitido junto con Resolución fundamentada el 2 de junio de similar año -veinticuatro horas-; sin embargo, hasta la presentación de la acción de amparo constitucional no fue remitida, situación que demuestra el interés y desconocimiento absoluto de la norma en incumplimiento de sus deberes, impidiendo que nadie revise su fallo y vulnerando de esta manera, su derecho a la doble instancia. Finalmente, la Resolución emitida el 2 de junio de 2020 que rechaza in limine la recusación planteada, carece de una debida fundamentación y motivación, en razón a que no mencionó la prueba adjunta al memorial de recusación, sin describir los parámetros que orientaron a concluir con tal determinación; además de no exponer las circunstancias concretas o razonamientos que derivaron en la emisión de la misma.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de legalidad, Juez natural competente e imparcial, igualdad de las partes en el proceso, doble instancia y a la fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 120, 122 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se ordene a la autoridad ahora accionada reanudar los actos realizados con competencia cuestionada; es decir, la celebración de audiencia de cesación a la detención preventiva y otros; b) La emisión de la resolución fundamentada que resuelva la recusación planteada considerando la prueba y los extremos expuestos; y, c) Sea cual sea la resolución que resuelva la recusación planteada, debe ser remitida a la Sala de turno competente para su correspondiente revisión.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de defensa, se celebró el 16 de junio de 2020, según consta en acta cursante a fs. 130 a 137, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de amparo constitucional y ampliando el mismo, señalo que: 1) Como primer elemento probatorio, se tiene que el 1 de junio de 2020, con cargo de recepción a horas 11:17, el señor Vladimir Lorenzo Flores, en representación de la víctima y denunciante, se apersona ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz y presentó el memorial con la siguiente suma: “dándome con notificado con el Auto de radicatoria interpongo incidente de recusación por causal sobreviniente” (sic), esto en base a las causales establecidas en el art. 316.6 y 11 del CPP. El art. 316.6, establece como causal de recusación, tener proceso pendiente o sus parientes en los grados pre indicados con alguno de los interesados o con una de las partes, iniciado con anterioridad al proceso penal, y el art 316.11 del mencionado código, por su parte, establece la enemistad manifiesta con alguno de los interesados o de las partes; 2) El memorial de denuncia contra el Juez Alan Mauricio Zárate Hinojosa, se presentó el 1 de junio de 2020 a horas 10:25, y para el momento de celebración de la audiencia ya existía un inicio de investigaciones; además, se presentó contra el Juez, una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, esto porque dentro del proceso de la empresa International Mining Company (IMCO), contra Juan Wilfredo Cossío Zapana; es decir, el mismo imputado dentro el caso de autos, mediante una resolución anuló siete meses de obrados, de oficio y posteriormente, dicha resolución, que fue objeto de apelación, no fue remitida a salas, sino cuatro meses después; 3) La resolución indica que la empresa, no podría plantear el incidente, al ser solo parte denunciante y no así víctima, siendo la recusación un medio al que recurrirse solo por las partes del proceso; 4) En cuanto a la vulneración al debido proceso, en su vertiente, legalidad, fundamentación y motivación el Juez ahora demandado, se apartó completamente de lo establecido en la norma procesal penal, al emitir un rechazo in limine, esto en razón a que para que el rechazo se emita de esta forma, se debe considerar que no sea con causal sobreviniente; sin embargo, el presente proceso, data de inicios del mes de mayo, y para entonces, la autoridad jurisdiccional era el juzgado de turno, siendo el Juez ahora accionando sorteado para el conocimiento de la causa en periodo de cuarentena, entonces el mismo no tenía competencia, y al apersonarse, recién se constituye la causal sobreviniente; por lo que no se evidencia que haya citado la norma en la cual sustentó su rechazo in limine; 5) Además se tiene que la recusación a pesar de haber sido emitida in límine, debió remitirse ante la sala penal correspondiente, en el plazo de veinticuatro horas, situación incumplida por el Juez ahora demandado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 12 de junio de 2020, cursante a fs. 118 y vta., manifestó que: i) Desde el 1 de junio de 2020 el proceso, radica en el Juzgado a su cargo, desarrollándose el 2 del mismo mes y año la audiencia de cesación a la detención preventiva, donde se puso a conocimiento la recusación interpuesta por el abogado apoderado de Edwin Nina Mamani, misma que fue rechazada in límine; ii) Respecto a la pretensión del accionante sobre el rechazo in límine de su recusación, no utilizó el medio previsto en el ordenamiento jurídico, por lo que corresponde denegar la tutela por no haberse agotado la vía ante la jurisdicción ordinaria penal, sin ingresar al análisis de fondo, tal cual estableció la SC 1008/2010-R de 23 de agosto en su Fundamento Jurídico III.2; iii) Es evidente que al haberse pronunciado el Auto Interlocutorio 95/2020 de 2 de junio, a través de la cual se procedió con el rechazo in límine de la recusación y notificada por su lectura al ahora accionante, este no promovió el recurso de apelación incidental en el plazo previsto, se constituye en una resolución consentida y por ende estaría impedido de acudir a la jurisdicción constitucional; iv) La primera tutela que solicita el accionante resulta incongruente, ya que pide que se reanuden los actos realizados con competencia cuestionada, sin considerar que la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley 586 de 30 de octubre de 2014), a partir de la cual la recusación en sí misma, más aun si se encuentra rechazada no suspende de ninguna forma la competencia del Juez, menos vicia de nulidad sus actos y haber sido la decisión del Juez consentida por el mismo accionante; y, v) Similar entendimiento mereció el segundo y tercer punto de la tutela impetrada, al existir un acto consentido y que no fue recurrido en apelación incidental.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Juan Wilfredo Cossío Zapana, apersonándose en audiencia, a través de su abogado señaló que: a) En la presente causa existe un acto consentido, puesto que el accionante, tuvo la posibilidad de promover el recurso de apelación respecto al Auto Interlocutorio emitido por el Juez ahora demandado, no haciendo uso oportuno del mismo; b) Debe presentarse atención a que en la presente causa, no existe la suficiente relevancia constitucional, puesto que no se evidencia trascendencia, siendo regla para la tutela en acciones de amparo constitucional; c) Existe una seria falla en la pretensión postulada por el impetrante de tutela, ello respecto al petitorio, ya que este sería contradictorio, pues pretende que rompamos las reglas de las auto restricciones, ya que la jurisprudencia constitucional, enseño que la Justicia Constitucional, está inhibida de la revaloración de la prueba, además que existe en la presente causa una pretensión que recae en un mero error formal respecto al señalamiento de pruebas.

Ingrid Rocío Feraudi Guerra, no se presentó a audiencia, ni emitió informe escrito, pese a su legal notificación cursante a fs. 94.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 080/2020 de 16 de junio, cursante de fs. 138 a 142, concedió en parte la tutela impetrada por Edwin Nina Mamani, contra Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que la autoridad demandada remita en consulta la Resolución de Recusación a la autoridad de instancia, dentro de las veinticuatro horas de su notificación, con base en los siguientes fundamentos: 1) A partir del desarrollo jurisprudencial establecido a partir del año 2017, se estableció la obligación de los Jueces ante el rechazo in límine, sin perder competencia y seguir conociendo la tramitación de la causa, deben remitir en consulta su Resolución ante una Sala Penal de Turno, puesto que el imputado no puede ver su pretensión o acceso a la justicia limitado, simplemente por la discreción resolutiva de la autoridad; tal discrecionalidad, que si bien le permite al Juez emitir resoluciones rechazando in límine, no puede recaer la misma en arbitrariedad; 2) Se establece así, que la autoridad ahora accionada, debió remitir los antecedentes correspondientes al tribunal de Alzada para su revisión; esto, en aplicación de la jurisprudencia de carácter vinculante; 3) No se ingresará a observar la valoración o ausencia de la Resolución, ni menos recaerá sobre la resolución de la Autoridad Jurisdiccional, puesto que se entiende que cuando la Autoridad Jurisdiccional cumpla su deber de remisión, será otra instancia la que defina si su actuar fue conforme a derecho o no.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 15 de diciembre de 2021, cursante a fs. 146, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 2 de marzo de 2023 (fs.198); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 1 de junio de 2020, Edwin Nina Mamani mediante su apoderado legal, dentro el proceso penal seguido en su contra a instancia del Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes y otros, interpuso incidente de recusación por causal sobreviniente solicitando que la autoridad ahora demandada Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se inhiba del conocimiento de las actuaciones en el presente caso (fs. 14 a 15 vta.) II.2. Cursa, Auto Interlocutorio 95/2020 de 2 de junio, a través del cual el Juez ahora demandado Alan Mauricio Zarate Hinojosa, rechazó in límine el incidente de recusación planteado (fs. 183 a 185).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, legalidad, juez natural competente e imparcial, igualdad de partes en el proceso, doble instancia y a la fundamentación y motivación; toda vez, que dentro del proceso penal en el que se constituye en parte denunciante, seguido en contra de Juan Wilfredo Cossio Zapana, por la presunta comisión de los delitos de incumplimientos de deberes y otros, presentó recusación contra el Juez ahora demandado, mismo que a través del Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2020, rechazó in límine el incidente, incurriendo en los siguientes agravios: i) No remitió la resolución que resuelve la recusación ante el Tribunal de Alzada para su revisión, sin considerar el plazo de veinticuatro horas en vulneración al principio de legalidad; ii) La resolución carece de una debida fundamentación y motivación, en razón a que no se mencionó la prueba adjunta al memorial de recusación, no describió los parámetros que orientaron a concluir con su rechazo y además, no se expuso las circunstancias concretas que derivaron en su emisión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: a) Sobre el procedimiento ante el rechazo “in límine” de recusaciones en el proceso penal; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre el procedimiento ante el rechazo “in límine” de recusaciones en el proceso penal

Al respecto, la SCP 0477/2018-S3 de 1 de octubre, citando el entendimiento contenido en la SCP 0700/2015-S3 de 6 de julio, estableció que:

1. Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales» También, el art. 321.I y II del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586, estableció que: «Artículo 321. (EFECTOS DE LA EXCUSA Y RECUSACIÓN). I. Producida la excusa o recusación, la o el Juez reemplazante no podrá suspender el trámite procesal; aceptada la excusa o la recusación, la separación de la o el Juez será definitiva, aun cuando desaparezcan las causales que las determinaron. II. Las excusas y recusaciones deberán ser rechazadas in límine cuando: · No sea causal sobreviniente; · Sea manifiestamente improcedente; · Se presente sin prueba; o · Habiendo sido rechazada, sea reiterada en los mismos términos». Asimismo, corresponde citar el entendimiento asumido en la SCP 0038/2012 de 26 de marzo, al no ser contrario, al trámite y resolución de la recusación, cuando se produce el rechazo in límine, siendo más bien complementario a la normativa referida precedentemente, así: «…la finalidad de establecer un rechazo in límine cuando se presenten los supuestos regulados en la última parte del artículo 321 del CPP, los cuales por su naturaleza no se encuentran contemplados en el artículo 320, de acuerdo a una pauta teleológica y sistémica, tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas y asegurar así la consagración del principio de celeridad como presupuesto de un debido proceso penal. En base al razonamiento antes esbozado, considerando que la teleología de un rechazo in límine de recusaciones es el resguardo del principio de celeridad y por ende del plazo razonable de juzgamiento, toda vez que su finalidad es evitar dilaciones procesales indebidas, no sería coherente con esta interpretación teleológica, atribuirle a este supuesto los mismos presupuestos disciplinados para la tramitación de recusaciones enmarcadas en las causales plasmadas en el art. 320 del CPP, por cuanto, a la luz de esta interpretación teleológica, es razonable señalar que en este supuesto (rechazo in límine), los jueces o tribunales ordinarios, precisamente para asegurar esa celeridad procesal, en caso de enmarcarse la recusación a una causal de rechazo in límine, deberán establecer de manera previa y motivada este rechazo, luego de lo cual, a diferencia del primer supuesto disciplinado en el art. 321 de la Ley 007, deberán continuar de manera inmediata con el conocimiento y resolución de la causa, aspecto que de ninguna manera vicia de nulidad los actos procesales ulteriores». Significando que, una autoridad judicial, al rechazar in limine una recusación, cuando se incurra en una de las cuatro causales previstas en el art. 321.II del CPP, deberá continuar inmediatamente con el conocimiento y resolución de la causa, no viciándose de nulidad los actos procesales posteriores, por cuanto, si se suspendiera la tramitación del proceso se dejará sin control jurisdiccional el mismo, creando una disfunción contraria al principio procesal de celeridad que rige la jurisdicción ordinaria (art. 180.I de la CPE). Por lo que, la autoridad judicial recusada, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo in limine, sin suspender el proceso’" (las negrillas nos corresponden). La jurisprudencia citada, establece el modo de tramitación de la recusación interpuesta contra jueces unipersonales, cuya conclusión sea la disposición de su rechazo in limine, estableciendo que la autoridad jurisdiccional recusada, debe elevar antecedentes ante la sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro las veinticuatro horas, sin suspender el proceso y asegurando la celeridad en la tramitación procesal de la causa.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes, legalidad, juez natural competente e imparcial, igualdad de partes en el proceso, doble instancia y a la fundamentación y motivación; toda vez, que dentro del proceso penal en el que se constituye en parte denunciante, seguido en contra de Juan Wilfredo Cossio Zapana, por la presunta comisión de los delitos de incumplimientos de deberes y otros, presentó recusación contra el Juez ahora demandado, el cual a través del Auto Interlocutorio de 2 de junio de 2020, rechazó in límine el incidente, incurriendo en los siguientes agravios: 1) No remitió la resolución que resuelve la recusación ante el Tribunal de Alzada para su revisión, sin considerar el plazo de veinticuatro horas en vulneración al principio de legalidad; 2) La resolución carece de una debida fundamentación y motivación, en razón a que no se mencionó la prueba adjunta al memorial de recusación, no describió los parámetros que orientaron a concluir con su rechazo y además, no se expuso las circunstancias concretas que derivaron en su emisión. De las conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que el ahora accionante, el 1 de junio de 2020, presentó memorial interponiendo incidente de recusación por causal sobreviniente solicitando que Alan Mauricio Zárate Hinojosa, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se inhiba del conocimiento de las actuaciones del presente caso (Conclusión II.1) emitiéndose el Auto Interlocutorio 95/2020 de 2 de igual mes y año, a través del cual el Juez ahora accionado, determinó su rechazo in límine (Conclusión II.2). Con esos antecedentes, incumbe examinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; es así, que conforme a la delimitación de la problemática, se tiene que:

III.2.1. Respecto a que el Juez ahora demandado, no remitió la resolución que resuelve la recusación ante el Tribunal de Alzada para su revisión, sin considerar el plazo de veinticuatro horas en vulneración al principio de legalidad

Sobre el punto, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, determinó que la finalidad del rechazo in límine, tiene la finalidad de evitar dilaciones procesales indebidas y asegurar así, la consagración del principio de celeridad como presupuesto de un debido proceso penal; es así, que tras la emisión de tal determinación continuaran con el conocimiento y tramitación del proceso, puesto que la suspensión dejaría sin control jurisdiccional el mismo, creando una disfunción a la celeridad que se busca garantizar; por lo que, se establece que una vez emitida la resolución que resuelve la recusación; en el plazo de veinticuatro horas, remitirá antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia, acompañando el escrito de interposición con su decisión fundamentada de rechazo in límine, para su revisión. Siendo esta una interpretación cuya base se refleja de forma plena por el art. 320.II del CPP. Determinado así el marco jurisprudencial y normativo, se tiene que en el presente caso, se evidencia, que la resolución emitida, no fue elevada a conocimiento del superior en grado para su revisión en el plazo de veinticuatro horas conforme lo establecido; situación que generó una evidente vulneración al debido proceso relacionada al principio de legalidad, conforme lo alega el peticionante de tutela; toda vez que, la obligación de remitir los antecedentes al Tribunal de Alzada, se constituye en una atribución que de oficio debe realizar el Juez contra el que se planteó la recusación y que resolvió con el rechazo in limine de la misma. Es así que el hecho de que el rechazo haya sido in limine no exime a la autoridad judicial, de remitir de oficio el legajo de dicho trámite. Esta situación se corrobora en análisis del Auto Interlocutorio cuestionado, cuya emisión data del 2 de junio de 2020 (Conclusión II.2), y tomando en cuenta a la resolución de la audiencia de la presente acción tutelar -16 de junio de 2020-fecha hasta la cual, los antecedentes no se remitieron ante el Tribunal de Alzada para su revisión.

Por todo lo señalado anteriormente y estableciéndose un incumplimiento de lo regulado por el art. 320.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), al no elevarse en revisión la resolución que rechazó in límine la recusación planteada, corresponde conceder la tutela solicitada en lo que respecta a la presente problemática.

III.2.2. La resolución carece de una debida fundamentación y motivación, en razón a que no se mencionó la prueba adjunta al memorial de recusación, no describió los parámetros que orientaron a concluir con su rechazo y

además, no se expuso las circunstancias concretas que derivaron en su emisión Con carácter previo, debe establecerse que dentro de la presente acción, el impetrante de tutela, trae a colación dos problemáticas, siendo la primera -resuelta en el acápite previo- la omisión de la autoridad judicial de remitir en revisión la resolución que resolvió el incidente de recusación; y, la segunda -que se analiza en el presente acápite- referida a examinar si existe una carencia de fundamentación y motivación; sin embargo, debe establecerse, que la acción de amparo constitucional, se constituye en un instrumento cuya finalidad es reparar y reponer las deficiencias de la vía ordinaria; cuando se evidencie la vulneración de derechos y garantías constitucionales; y conforme establece el art. 129.I de la norma suprema: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

Ante tal razonamiento, se tiene la imposibilidad de que esta vía constitucional, ingrese a realizar un análisis de fondo de la resolución que resuelve la recusación en evaluación de una adecuada fundamentación y motivación, puesto que tal responsabilidad recae directamente ante el Tribunal de Alzada a quien deberá remitirse los antecedentes correspondientes; ello, en aras de evitar la existencia de resoluciones contradictorias entre sí, que posibilitaría se provoque una disfunción procesal, al dos vías pronunciarse por un mismo asunto. Por lo que, en lo que respecta a esta problemática corresponde denegar la tutela solicitada. Ahora bien, en consideración al petitorio del accionante, debe aclararse que conforme se desarrolló en el extenso de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde elevar la resolución que resuelve la recusación a conocimiento del Tribunal de Alzada, para que este defina la legalidad o no de dicha resolución, esto en cumplimiento al trámite de recusación inserto a partir del art. 316 del CPP. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 080/2020 de 16 de junio, cursante de fs. 138 a 142, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la vulneración del derecho al debido proceso en relación al principio de legalidad, ante la dilación cometida por el Juez ahora accionado, disponiendo mantener incólume la determinación asumida por la Sala Constitucional; es decir, se deberá remitir a conocimiento del Tribunal de Alzada el Auto interlocutorio 95/2020 de 2 de junio que resolvió el incidente de recusación para su revisión, si es que hasta la fecha no lo hubiera realizado. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación de las resoluciones, derecho al debido proceso en su vertiente, Juez natural imparcial e igualdad de las partes conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

“El art. 320.I y II del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, indicó: «Artículo 320. (TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA RECUSACIÓN). I. La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente. II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:

1 Artículo 320.- (Trámite y resolución de la recusación). (…) II. Si la o el Juez recusado admite la recusación promovida, continuará el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: 1. Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales. 2. Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior. 3. La recusación deberá ser rechazada cuando no se funde en causal sobreviniente o no se haya indicado la fecha y circunstancias de la causal invocada, sea manifiestamente improcedente o se presente sin prueba.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0036_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 09d0b3816a4e597ea996a6e9cd4e05793c2b7ecb3ac96d93324f917c4a543e5e

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