Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una valoración integral, a una fundamentación congruente y a la presunción de inocencia; toda vez que, el Vocal demandado mediante Resolución de 16 de marzo de 2023, rechazó la cesación de su detención preventiva, argumentando que, por tratarse del delito de violación agravada, no correspondían las medidas alternativas previstas en el art. 231 bis del CPP, sin realizar una valoración integral y proporcional de los argumentos y pruebas de la apelación incidental, basando su decisión en hechos ya desvirtuados en Cámara Gesell, afectando la congruencia y objetividad, desconociendo que los riesgos procesales fueron enervados, quedando únicamente el previsto en el art. 234.7 del CPP, por lo que considera que correspondía aplicar una medida menos gravosa. Ante ello, el Vocal demandado, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por Juez de Sentencia Penal Quinceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56666-2023-114-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yonathan Callejas Masvidal en representación sin mandato de Paul Martin Yovio Rocha contra Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 y 2 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal llevado en su contra a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación a infante, en audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, mediante Resolución de 16 de marzo de 2023, Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-, rechazó la cesación de su detención preventiva, argumentando que, por tratarse del delito de violación referido, no corresponde medidas alternativas previstas en el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, en dicha decisión correspondería otorgar una medida menos gravosa.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una valoración integral, a una fundamentación congruente y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 115, 116 y 137 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se valore de forma integral y proporcional los elementos de prueba aportados a fin de determinar si existe un riesgo procesal, correspondiendo conceder una medida menos gravosa que la detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que: a) El Vocal demandado, no realizó una valoración integral y proporcional de los argumentos y pruebas presentados en apelación incidental, pese a haberse ofrecido jurisprudencia relevante que obliga a considerar medidas cautelares menos gravosas conforme al principio de favorabilidad, puesto que no revisó el cuaderno procesal, afirmando incorrectamente que el imputado vivía cerca de la víctima, cuando acreditó un domicilio distinto y alejado; asimismo, su fundamentación se basó en hechos inicialmente denunciados, que fueron desvirtuados en Cámara Gesell, lo que revela falta de congruencia y de valoración objetiva; y, b) Cuestiona que la autoridad demandada, haya aplicado la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, para sostener que por tratarse de violación agravada no corresponde una medida alternativa; sin embargo, desconoció que el art. 231 bis del CPP prevé medidas menos gravosas y que la presunción de inocencia impide tratar a la denunciante como víctima antes del juicio oral; asimismo, siendo que los riesgos procesales han sido enervados, quedando únicamente el art. 234.7 del CPP, por lo que corresponde una medida cautelar menos lesiva, en consecuencia la resolución impugnada vulneró los derechos denunciados.
Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, ni estuvo presente en audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 6.
El Juez de Sentencia Penal Quinceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 08/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 25 a 26 vta., denegó la tutela solicitada; con base en el siguiente fundamento: i) Conforme a la jurisprudencia constitucional, al existir otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías, impidiendo el conocimiento y resolución de supuestos fácticos, deviniendo en la improcedencia de la acción de libertad, este Tribunal se encontraría impedido de emitir un pronunciamiento, toda vez que existen los medios idóneos para hacerlo a través de la jurisdicción ordinaria, por lo que corresponde denegar la tutela pretendida por el accionante.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 30); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 34); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la imputación formal por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público a denuncia de Alfredo Para Pesoa contra Paul Martin Yovio Rocha -ahora accionante- (fs. 12 a 16 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 84 de 16 de marzo de 2023, Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandado-, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela, en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 03/23 de 23 de febrero de 2023 emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Doceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 20 a 22).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a una valoración integral, a una fundamentación congruente y a la presunción de inocencia; toda vez que, el Vocal demandado mediante Resolución de 16 de marzo de 2023, rechazó la cesación de su detención preventiva, argumentando que, por tratarse del delito de violación agravada, no correspondían las medidas alternativas previstas en el art. 231 bis del CPP, sin realizar una valoración integral y proporcional de los argumentos y pruebas de la apelación incidental, basando su decisión en hechos ya desvirtuados en Cámara Gesell, afectando la congruencia y objetividad, desconociendo que los riesgos procesales fueron enervados, quedando únicamente el previsto en el art. 234.7 del CPP, por lo que considera que correspondía aplicar una medida menos gravosa. Ante ello, el Vocal demandado, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0048/2025-S2 de 25 de febrero, señaló: “El art. 233 de la Ley 1970 de 5 de marzo de 1999 -Código de Procedimiento Penal-, estableció dos condiciones para la procedencia de la detención preventiva: 1) La acreditación de elementos de convicción respecto a la autoría o participación del imputado; y, 2) La existencia de riesgos procesales. En este contexto, si ambos supuestos se presentaban ante el juez o tribunal, la aplicación de la detención preventiva no era potestativa, sino obligatoria. Así lo dispuso, por ejemplo, la SC 0294/2003-R de 10 de marzo, que en su oportunidad sostuvo: ´En los casos en que procede la detención preventiva y se llenan los requisitos establecidos por el art. 233, no es posible aplicar las medidas sustitutivas señaladas por el art. 240 CPP (…) el juez recurrido, al haber dispuesto en forma incongruente la sustitución de la detención preventiva a un supuesto en que, conforme a su fundamentación, era procedente la detención, ha hecho una errónea aplicación de las normas procesales antes aludidas´. Ahora bien, debe precisarse que, bajo esta normativa, el plazo de la detención preventiva no era indefinido, sino que respondía a lo que la doctrina denominaba un plazo "tácito". Esto implicaba que su duración dependía de la capacidad del imputado o acusado para demostrar que los presupuestos que justificaban la medida cautelar habían cambiado o se habían desvirtuado, conforme a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 1970. En este caso, era posible aplicar medidas sustitutivas conforme al art. 240 de la misma Ley. Posteriormente, con la promulgación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se introdujo un tercer supuesto al art. 233 de la Ley 1970. Además de los dos elementos previos, se añadió un tercer requisito: La obligación de justificar un plazo para la duración de la detención preventiva, así como los actos investigativos que debían realizarse durante dicho plazo. En consecuencia, una vez radicada la acusación ante un juzgado o tribunal de sentencia, continuaba aplicándose la teoría del plazo ´tácito´ respecto a la duración de la detención preventiva.
Posteriormente, con la promulgación de la Ley 1173 se suprimió la denominación de ´medidas sustitutivas´ y el anterior deber de aplicar la detención preventiva. En su lugar, el art. 231.I bis del Código de Procedimiento Penal estableció lo siguiente: "Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, y además existan elementos suficientes que indiquen que el imputado no se someterá al proceso ni obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a solicitud del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas cautelares personales: 1) Fianza juratoria, consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 2) Obligación de presentarse ante el juez o la autoridad que él designe; 3) Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, bajo las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal; 4) Prohibición de concurrir a determinados lugares; 5) Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6) Fianza personal o económica, la cual podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante el depósito de dinero, valores o la constitución de prenda o hipoteca; 7) Vigilancia mediante un dispositivo electrónico de rastreo o localización de la ubicación física del imputado, sin costo alguno para éste; 8) Prohibición de salir del país o del ámbito territorial determinado, sin autorización judicial previa, lo que conllevaría su arraigo ante las autoridades competentes; 9) Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. En caso de que el imputado no pudiera cubrir sus necesidades económicas o las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podría autorizar su ausencia durante la jornada laboral; y 10) Detención preventiva, exclusivamente en los casos permitidos por este Código´. Ahora bien, la Ley 1443 modificó el régimen de la detención preventiva en delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente. En este sentido, el art. 231.II bis del CPP, estableció lo siguiente: ´Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo precedente, excepto para las personas procesadas por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente´. Esto significa que, para los delitos mencionados, se restableció la obligación, prevista en la Ley 1970, de aplicar la detención preventiva cuando concurran dos presupuestos: 1) La existencia de elementos de convicción respecto a la autoría o participación del imputado; y, 2) La presencia de riesgos procesales. No obstante, si no se cumplen ambos presupuestos de manera simultánea, no debe entenderse que procede la libertad pura y simple. En lugar de ello, y en atención a los derechos de las víctimas de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se habilita la aplicación de alguna de las medidas establecidas en los numerales 1 al 9 del art. 231.I bis del CPP. Por otro lado, conforme al art. 233 del CPP penúltimo párrafo, modificado por la Ley 1443, se establece lo siguiente: ´En los procesos sustanciados por delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente, se exceptúan las previsiones contenidas en el numeral 3 del presente Artículo, únicamente en cuanto a la fundamentación del plazo´. Esto implica que estos delitos se rigen por un plazo "tácito"; ya que, de acuerdo con la literalidad del texto, se excluye la necesidad de fundamentar dicho plazo. Es decir, al igual que sucedía antes de la reforma introducida por la Ley 1173, el plazo de la detención preventiva se determina en función de cuando el imputado o acusado logre desvirtuar los presupuestos que la justifican. Lo expuesto concuerda con lo establecido en el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH), específicamente en la Observación General 35 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señala: ´…La reclusión previa al juicio no debe ser preceptiva para todas las personas acusadas de un delito concreto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso… Una vez se haya hecho una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas…´ (las negrillas son añadidas); por su parte, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en la Sentencia de 30 de octubre de 2008 dentro del caso Bayarri vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció: ´Este derecho impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva, y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparencia al juicio, distintas a la privación de su libertad mediante encarcelamiento…´ (las negrillas nos corresponden).
En el presente caso, tras la imputación formal por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público a denuncia de Alfredo Para Pesoa contra el accionante (Conclusión II.1), el prenombrado formuló recurso de apelación contra el auto interlocutorio de 23 febrero de 2023, siendo confirmado por Auto de Vista 84 de 16 de marzo de 2023 (Conclusión II.2). Sobre la problemática planteada por el impetrante de tutela referida a que el Vocal demandado, mediante Resolución de 16 de marzo de 2023, rechazó la cesación de la detención preventiva sin realizar una valoración integral y proporcional de los argumentos y pruebas presentados, sosteniendo que aplicó la Ley 1443 para negar medidas alternativas del art. 231 bis del CPP solo por la gravedad del delito, ignorando la jurisprudencia ofrecida, cometiendo errores fácticos y basándose en hechos ya desvirtuados en Cámara Gesell. Además, de desconocer que los riesgos procesales fueron enervados, quedando solo el del art. 234.7 del CPP, por lo que correspondía imponer una medida menos gravosa. Se advierte que la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 84 de 16 de marzo de 2023 señaló que el Auto Interlocutorio 03/23 de 23 de febrero de 2023 fue dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Doceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz tomó en cuenta la SCP 385/2017-S2 y la SC 1147/2006, así como la existencia de un riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante. El Vocal demandado consideró que al tratarse el proceso de un delito de violación agravada, cuyo resultado fue el embarazo de la víctima, sin que se conozca si este continúa, con dicho estado de gravidez, resaltó que, debido a su condición de niña, la víctima requiere una protección reforzada conforme a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e indicó además que, al no existir una pericia que demuestre que el imputado no representa un riesgo para ella, no es posible sustituir la detención preventiva por otras medidas cautelares menos gravosas que pretendía inicialmente el accionante. En criterio de la autoridad demandada se realizó una valoración integral de los antecedentes del proceso y se ponderaron adecuadamente los derechos de la víctima, y recordó que la imputación formal expone los hechos investigados y que, en los procesos por delitos de violencia sexual agravada, el riesgo de obstaculización es especialmente alto debido a la intimidación, manipulación y relaciones de poder entre imputado y víctima. En lo referente a la interpretación del art. 231 bis del CPP, modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, a partir del cual se sostiene por la autoridad demandada que excluye la aplicación de medidas alternativas para delitos de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente, criterio contrario a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que si bien es equivocado se constituye en la decisión impugnada en una obiter dicta pues al haberse determinado en el caso concreto la persistencia del riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP existía la posibilidad de mantener la detención preventiva la cual puede estas vigente mientras subsistan los presupuestos que la justifican. En ese marco, no se advierte vulneración alguna a los derechos acusados de lesionados por el accionante y corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros términos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2023 de 21 de marzo, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por Juez de Sentencia Penal Quinceavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f62627dc23b67cc39043b36b9d1c29e661751d9e91db511e5f1a2fffea812853
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