B.IA.LEGAL

SCP 0035/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de febrero de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
49957-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de EMAPA por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro, se le impuso alerta migratoria, que le impidió viajar a Miami - Florida de los Estado Unidos de Norte América para asumir defensa dentro de otro proceso de arbitraje iniciado contra su empresa -ECUBOL LLC-; por lo que, el 9 y 11 de agosto de 2022, respectivamente, se apersonó ante el Juez de la causa y el Fiscal de materia asignado al caso, para solicitar permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 de igual mes y año, cuestionando además que la alerta migratoria es una medida restrictiva de sus derechos, más cuando no tenía arraigo ni otra medida cautelar que disponga la limitación de su derecho a la libertad de locomoción; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, la autoridad demandada no respondió de manera positiva ni oportuna su petición, dejándolo en estado de indefensión e incertidumbre. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se recogerán también los siguientes problemas jurídicos de carácter procesal constitucional que fueron planteados por la autoridad demandada, terceros intervinientes y por el Tribunal de garantías, relativos a: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad; ii) Activación de la acción de libertad, previo reclamo ante la aut…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 100/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer:

i) Que, e Fiscal de Materia asignado al presente caso o el que se encuentre en suplencia legal, en representación del Ministerio Público, deje sin efecto la alerta migratoria emitida sin respaldo legal, de acuerdo al análisis realizado en este fallo constitucional; siempre y cuando en el transcurso del tiempo no lo hubiera realizado. ii) Que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, ejerza el control jurisdiccional sobre las actuaciones del Ministerio Público, con base en los razonamientos establecidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, velando porque no se vulneren derechos ni garantías constitucionales del accionante; 3º Exhortar:

a) Al Tribunal de garantías para que en casos análogos asuma los principios de la justicia constitucional y la jurisprudencia establecida en este fallo constitucional; b) Al Fiscal General del Estado en coordinación con la Dirección General de Migración, para que, en un plazo de tres meses, regulen la activación de la alerta migratoria siempre y cuando, coadyuve a la materialización de cualquiera de las medidas restrictivas de los derechos a la libertad física y de locomoción, legalmente establecidas por ley; tomando en cuenta los entendimientos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; pero de ninguna manera de oficio o a petición de parte. 4º Notificar por Secretaría General:

1) Al Fiscal General del Estado para que, por las unidades correspondientes del Ministerio Público, se difunda la presente Sentencia, a efectos de suspender las emisiones de alertas migratorias de oficio o a petición de parte; y, 2) Al Tribunal Supremo de Justicia, para que socialice el presente fallo constitucional, a todas las instancias judiciales correspondientes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante
  2. III.2. Activación de la acción de libertad, previo reclamo ante la autoridad judicial que ejerce el control de la investigación
  3. III.3. El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad
  4. III.4. Sobre el derecho a la libertad de locomoción o circulación y los mecanismos legales para su restricción
  5. III.5. Sobre la alerta migratoria
  6. III.6. Análisis del caso concreto
  7. III.7. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2025-S3 Sucre, 28 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 49957-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 100/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pamela Guarabia Jordán en representación sin mandato de Hedim Céspedes Saucedo contra Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante a fs. 1 y 18 a 21 vta., el accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Emergente del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de la Empresa de Apoyo a la producción de alimentos (EMAPA), por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro, tuvo que afrontar un proceso en Estados Unidos -Miami Florida-; por ello a efectos de asumir defensa en dicha causa, identificada como arbitraje DURON LLC vs. ECUBOL LLC; en el que era necesaria e imperiosa su presencia, tenía previsto efectuar su salida del país del 9 al 30 de agosto de 2022; empero, cuando intentaba viajar, le informaron que tenía una alerta migratoria, situación que le resultó extraña; toda vez que, se estaría utilizando una medida restrictiva en su contra por el Gobierno, como un mecanismo de presión y de restricción ilegal de su libertad de locomoción; siendo que la alerta migratoria al no constituirse en una medida cautelar, su ejecución vulnera lo establecido en la Constitución Política del Estado, por no obedecer a un mandato legal; pues no se encuentra regulada dentro del ordenamiento jurídico como una medida restrictiva de carácter cautelar, sino a través de un gobierno interinstitucional; ya que lo único existente para impedir el flujo al exterior es el arraigo dispuesto en el art. 231bis.I.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En esa circunstancia, ante lo dispuesto por la Dirección General de Migración (DIGEMIG), mediante memorial de 9 de agosto de 2022, acudió al Juez de la causa, a efectos de solicitar el permiso correspondiente, adjuntando la notificación del proceso judicial en Miami, los pasajes aéreos, el garante personal solvente con un bien patrimonial -adjuntando folio real original-, lo que demostraba su buena fe; sin embargo, la autoridad judicial al no conocer sobre la alerta migratoria, exigiendo un procedimiento, dispuso informe de las partes interesadas. No obstante, mediante memorial de 11 de agosto de 2022, hizo conocer también al Fiscal de Materia dicho aspecto, pero hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, no obtuvo respuesta alguna, a pesar de haber adjuntado la documentación correspondiente que acredita la veracidad y necesidad de su traslado; generándole perjuicio a su derecho a la libertad de locomoción para enfrentar el proceso de referencia. Razones por las cuales, se encuentra en una condición semejante a la de un detenido preventivo; sin haber sido sometido a ninguna medida cautelar; peor si la alerta migratoria no se equipara a un arraigo; por lo que, se halla impedido de moverse libremente, afectando su derecho a la libertad de locomoción para asumir defensa en el extranjero; y siendo que la autoridad demandada no responde oportunamente su solicitud de levantar la alerta migratoria, se encuentra en estado de indefensión.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso, citando al efecto los arts. 21.7 y 23.III de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Ordenar a la autoridad demandada, levantar la alerta migratoria por el lapso de veinte días y así poder restablecer su derecho a la libertad de locomoción; y, b) Llamar severamente la atención, a la autoridad fiscal demandada por vulnerar el debido proceso, por dejarlo en incertidumbre.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de agosto de 2022, según acta cursante de fs. 44 a 56 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló lo siguiente: i) La alerta migratoria no tiene un sustento legal, fue creada por Arturo Carlos Murillo Prijic, exministro de Gobierno, mediante un convenio interinstitucional, pero no se encuentra en el procedimiento penal como medida cautelar, tampoco está establecida mediante decreto supremo, resolución ministerial, menos en una ley ; ii) En todo caso, la alerta migratoria es un medio para buscar a las personas de forma internacional mediante la INTERPOL; iii) Conforme el art. 231bis. 8 del CPP, el arraigo es la única medida restrictiva para impedir que una persona salga del país; por lo que, existe la posibilidad mediante el permiso de la autoridad jurisdiccional de poder salir del país; sin embargo, la decisión del Fiscal de Materia demandado parecería absoluta, lo cual lo deja en un estado de indefensión; y, iv) Le urge viajar para asumir defensa durante 20 días, sin embargo, al no dar respuesta sobre su permiso de salida, lo están sometiendo a estado de incertidumbre.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia, a través de informe escrito de 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 41 a 43 vta., y en audiencia, señaló que: a) Existen dos imputaciones contra el accionante, estando pendientes audiencias de medidas cautelares; siendo que la última imputación fue presentada el 5 de agosto de 2022; b) La solicitud realizada por el impetrante de tutela se encuentra decretada para que informe el investigador; por lo que, no correspondía que se interponga la acción de libertad; c) No acudió a la autoridad jurisdiccional competente conforme lo establece el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que, no se observó el principio de subsidiariedad; d) No participó en la emisión del requerimiento de alerta migratoria de 27 de septiembre de 2022, siendo que fue dispuesto por Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia en suplencia legal; por lo que no tiene legitimación pasiva para responder esta demanda tutelar; e) Existe denuncia interpuesta por EMAPA contra el accionante, donde varias carteras de Estado se arrimaron al proceso de investigación; existiendo pendientes dos audiencias de medidas cautelares; f) El impetrante de tutela realizó su solicitud adjuntando dos pasajes aéreos de ida y vuelta y otros documentos en fotocopia simple, pero para el Ministerio Público no son suficientes para la emisión de un requerimiento que suspenda la alerta migratoria, porque no respaldan el regreso del imputado; es decir, que no se constituyen en elementos de convicción para posibilitar el levantamiento de esta medida; g) La alerta migratoria no es una medida cautelar de carácter restrictiva emitida por autoridad jurisdiccional, es un procedimiento administrativo a través del cual, se prevé que el imputado ya no regrese al país; y, h) El impetrante de tutela, el 9 de agosto de 2022 acudió ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, para solicitar el permiso de viaje en el extranjero, presentando la misma documentación que para esta acción de defensa; por lo que, este asunto ya se encuentra en conocimiento de una autoridad jurisdiccional, la cual hasta la fecha no solicitó informe alguno al Ministerio Público; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Participación del Tercero interviniente

Juan Roberto Velásquez Rojas, representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), en audiencia de garantías, mencionó; 1) Existe una resolución de imputación formal, con señalamiento de audiencia para establecer medidas cautelares; 2) El accionante tenía conocimiento de la denuncia de 23 de septiembre de 2021, presentada en su contra, cuyo objeto de investigación era la compra y venta de trigo para la elaboración de harina a través de un contrato que fue anulado por EMAPA, al no existir un pago por el Estado; 3) El impetrante de tutela conforme al art. 314 del CPP debió plantear un incidente de nulidad ante la autoridad judicial o una objeción a la resolución del Ministerio Público; y, 4) La prueba presentada por el impetrante de tutela está en inglés, no está traducida para poder ser valorada. Razones por las cuales, amerita denegar la tutela. Daniel Juniors Mollo Figueroa, Jefe de Unidad del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en audiencia de garantías refirió: i) El accionante presentó dos incidentes, uno de extinción de la acción penal por vencimiento de la etapa preparatoria, otro de actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de la primera imputación formal, denotando un comportamiento reticente y dilatorio, ocasionando que se suspendieran reiteradamente las audiencias, con el pretexto que el Ministerio Público, no habría remitido el cuaderno investigativo; sin embargo, el 8 de agosto de 2022, desistió de los incidentes presentados, que retrasaban las medidas cautelares; ii) El Juez de la causa, debería ingresar a conocer las medidas cautelares; sin embargo, por la carga procesal suspendió la audiencia para el 23 de agosto de 2022; iii) Existe un requerimiento a la Dirección General de Migraciones de 27 de diciembre de 2021, con el objetivo de restringir todo trámite migratorio y la salida del país del accionante; el cual es de su conocimiento; en consecuencia, no activó los medios de reclamo idóneos, pues conforme los arts. 167 y 314 del CPP, debió acudir dentro de los diez días ante el Juez de la causa; iv) Conforme al segundo párrafo del art. 306 del CPP, las partes pueden proponer diligencias en la etapa preparatoria, consiguientemente el Ministerio Público puede aceptarlas si las considera pertinentes, siendo que la negativa deberá ser fundamentada, pudiendo ser objeto de objeción ante el superior jerárquico, quien lo resolverá en el plazo de 72 horas; en este caso, el accionante no activó el mecanismo de rechazo de proposición de diligencia de permiso al extranjero; debiendo haber acudido incluso ante el Fiscal Departamental, para que haga una compulsa de antecedentes; al no haberlo hecho, opera la subsidiariedad; v) Si bien esta causa está en conocimiento del Juez contralor de garantías, pero no fueron notificados al igual que EMAPA; encontrándose en plena tramitación; por lo que, al no haber concluido esta vía de reclamo, no debió plantear directamente esta acción de tutela, sino esperar que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz resuelva el asunto; y, vi) Es por el comportamiento dilatorio del imputado que hasta la fecha no se resuelven las medidas cautelares solicitadas en su contra, no siendo otro el motivo; por lo que, solicita se deniegue la tutela. Xiomara Rodríguez Delgadillo, Abogada de EMAPA, en audiencia de garantías expresó que: a) La empresa que representa el accionante tenía un día de constitución legal en Estado Unidos de Norte América, siendo que al día siguiente se adjudicó de un contrato con EMAPA; b) Existe el riesgo de que el solicitante de tutela conjuntamente con el otro imputado huyan del país con el pretexto de asumir defensa en el extranjero, porque ambos fueron retenidos en el aeropuerto al tiempo de abordar el avión; generando perjuicio al Estado; c) Durante el proceso, el solicitante de tutela presentó varios incidentes y excepciones que están retrasando la aplicación de medidas cautelares; d) No se agotó el principio de subsidiariedad, al no haber acudido a las instancias correspondientes, pretendiendo sorprender con la acción de libertad presentada; la cual, no cumple con los requisitos establecidos para el procedimiento constitucional; existiendo la posibilidad incluso de que el accionante ya esté formulando solicitudes de refugio; pues no es correcto que no se haya presentado en la audiencia de consideración de esta demanda tutelar; siendo que incluso puede encontrarse fuera del país aplicando otros mecanismos, dado que las fronteras son amplias; y, e) En razón también a no haberse agotado las instancias correspondientes, amerita la denegatoria de tutela por subsidiariedad.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 100/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Conforme antecedentes procesales y lo manifestado por el accionante, se establece que el Fiscal de Materia demandado, no participó en la emisión de la orden de alerta migratoria, existiendo error en la identificación de la autoridad demandada; careciendo de legitimación pasiva al no existir coincidencia entre la persona o funcionario contra quien se interpuso la acción de libertad respecto a la vulneración del derecho; y, 2) No se interpuso ningún recurso por la vía ordinaria ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de departamento de La Paz, o ante la autoridad superior jerárquica del Ministerio Público; incumpliendo con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción tutelar; toda vez que, ante la solicitud de autorización de salida impetrada por el impetrante de tutela, fue emitida la providencia por el Fiscal de Materia asignado al caso, mereciendo su impugnación según normativa; empero, al no haberla efectuado, no se agotó la instancia; razón por la cual, no es viable otorgar la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Requerimiento Fiscal, de 27 de diciembre de 2021, emitido por Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia en suplencia legal, instruyendo a la DIGEMIG, restringir todo trámite migratorio y la salida del país de Hedim Céspedes Saucedo -ahora accionante-, José Ramiro Monje Calderón y José Roberto Arturo Suárez, al ser investigados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de EMAPA por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otro (fs. 38). II.2. Oficio MG/DGM/UCMA/AARR/NIE/90/2022 de 24 de mayo, emitido por el Encargado Nacional de Arraigos y el Jefe de la Unidad de Control Migratorio y Arraigos de la DIGEMIG; mediante el cual, se informó al Fiscal de Materia demandado, sobre el registro de alerta migratoria de 27 de diciembre de 2021 contra el accionante, relativo a la restricción de todo trámite migratorio y restricción de la salida de país hacia el exterior, con estado de alerta vigente (fs. 39 a fs. 40). II.3. Constan pasajes aéreos emitidos el 8 de agosto de 2022, por la empresa Boliviana de Aviación (BOA), con cargo a Hedim Céspedes Saucedo -ahora accionante- y certificación de pase a bordo de 9 de igual mes y año (fs. 5 a fs. 10). II.4. Cursa Memorial de 9 de agosto de 2022, presentado por el accionante ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; a través del cual, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de EMAPA, solicitó permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 de agosto de igual año, a efectos de asumir defensa dentro de otro proceso de arbitraje instaurado contra su empresa -ECUBOL LLC-en Miami, Florida de los Estado Unidos de Norte América, denotando que no se encuentra sometido a ninguna medida cautelar que restrinja su derecho de locomoción (fs. 3). II.5. Por memorial de 10 de agosto de 2022, el impetrante de tutela a efectos que el Juez de la causa levante la alerta migratoria, en cumplimiento a lo dispuesto por esta autoridad, adjuntó el original del folio real del bien inmueble que ofreció como garantía (fs. 15).

II.6. A través del memorial presentado el 11 de agosto de 2022, el peticionante de tutela solicitó a Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia asignado al caso -ahora demandado- permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 de igual mes y año, afirmando que ofreció al Juez de la causa un garante personal para garantizar su retorno al país; mereciendo el decreto de 11 del mismo mes y año, emitido por Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia en suplencia legal, disponiendo informe del investigador asignado al caso (fs. 16 a 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de EMAPA por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias y otro, se le impuso alerta migratoria, que le impidió viajar a Miami - Florida de los Estado Unidos de Norte América para asumir defensa dentro de otro proceso de arbitraje iniciado contra su empresa -ECUBOL LLC-; por lo que, el 9 y 11 de agosto de 2022, respectivamente, se apersonó ante el Juez de la causa y el Fiscal de materia asignado al caso, para solicitar permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 de igual mes y año, cuestionando además que la alerta migratoria es una medida restrictiva de sus derechos, más cuando no tenía arraigo ni otra medida cautelar que disponga la limitación de su derecho a la libertad de locomoción; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, la autoridad demandada no respondió de manera positiva ni oportuna su petición, dejándolo en estado de indefensión e incertidumbre. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se recogerán también los siguientes problemas jurídicos de carácter procesal constitucional que fueron planteados por la autoridad demandada, terceros intervinientes y por el Tribunal de garantías, relativos a: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad; ii) Activación de la acción de libertad, previo reclamo ante la autoridad judicial que ejerce el control de la investigación, sin necesidad de agotar el recurso de apelación; y, iii) El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad. Asimismo, a efectos de resolver los problemas jurídicos de carácter sustantivo, se abordarán los siguientes ejes temáticos: a) Sobre el derecho a la libertad de locomoción o circulación y los mecanismos legales para su restricción: a.1) Naturaleza jurídica y ámbito de protección del derecho a la locomoción o circulación; a.2) Mecanismos legales de restricción del derecho a la libertad de circulación o locomoción, observancia del principio de reserva legal; a.3) Sobre las restricciones del derecho a la libertad de circulación o locomoción -específicamente del derecho a salir del país- reconocidas en el ordenamiento jurídico boliviano; y, b) Sobre la alerta migratoria.

III.1. De la legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 255/01-R de 2 de abril de 2001, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001, la que la define señalando que ésta, debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción.

En este contexto, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que 1El cuarto Considerando, señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”. 2El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 4El FJ III.1, refiere que: “…en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera estableció que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal sea ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales. Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo. Una de ellas está contenida en la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre, que por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos”. 5La SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, sistematizó en el FJ III.1, subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo, que se desarrollaran a continuación: “1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras. 6El FJ III.1. señala: “En armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia establece la posibilidad de ingresar de manera excepcional al análisis fondo de una acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación, en los supuestos en los que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante (las negrillas son añadidas). La sistematización desglosada fue realizada en la SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre, entre otras.

III.2. Activación de la acción de libertad, previo reclamo ante la autoridad judicial que ejerce el control de la investigación

La jurisprudencia constitucional a través de la SC 0957/2004-R de 17 de junio ha establecido que cuando se tratan de denuncias sobre actuaciones de funcionarios policiales y fiscales que vulneren derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, vinculados con su aprehensión, el afectado, previo a activar la vía constitucional, debe acudir con su reclamo ante el Juez cautelar a cargo del control jurisdiccional, como medio idóneo, expedito y eficaz para el recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas son nuestras). 7 El Fundamento Jurídico III.2 expresa el siguiente precedente constitucional “De acuerdo a lo anotado, al juez no le está permitido convalidar los actos en los que se vulneraron esos derechos; al contrario, tiene el deber, impuesto por la norma antes transcrita, de pronunciarse sobre la legalidad de los mismos; por consiguiente, frente a una presunta aprehensión ilegal, le corresponde al juez cautelar, conforme lo establece el art. 54.1) del CPP, controlar la investigación y, en consecuencia, proteger los derechos y garantías en la etapa investigativa; por lo que, frente a una petición efectuada por el imputado, en sentido de que se pronuncie sobre la legalidad de su detención, el juez está impelido, antes de pronunciar la resolución sobre cualquier medida cautelar, a analizar los siguientes aspectos: 1) Legalidad formal de la aprehensión.- Es decir, deberá evaluar si se observaron los presupuestos constitucionales y legales para la aprehensión, consistentes en: a) orden escrita emanada de autoridad competente -salvo caso de flagrancia-; b) adopción de la medida en base a las formalidades legales (aprehensión en caso de desobediencia a la citación prevista en el art. 224 del CPP o resolución debidamente fundamentada si se trata de la atribución conferida al fiscal de acuerdo al art. 226); c) el cumplimiento del término previsto por ley para remitir al aprehendido ante autoridad judicial (art. 226). Si después del análisis formal realizado por el juzgador, se concluye que se observaron las normas para la aprehensión del imputado, el juez deberá examinar la legalidad material de la aprehensión. 2) Legalidad material de la aprehensión.- Cuando el fiscal aprehendió directamente al imputado, haciendo uso de la facultad prevista en el art. 226 del CPP, el juez deberá evaluar los siguientes aspectos: a) la existencia de suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en el momento de la aprehensión; b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años y; c) si existieron los elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado podía ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad (art. 226 del CPP). Si del análisis efectuado, el juzgador concluye que tanto el aspecto formal como material fue observado al momento de la aprehensión, determinará la legalidad de la aprehensión y, con los elementos de convicción existentes, pronunciará la Resolución mediante la cual aplicará la medida cautelar pertinente, si es el caso, ajustada a lo previsto por el art. 233 del CPP, definiendo la situación jurídica del imputado. Si al contrario, del análisis efectuado por el juez cautelar, se concluye que no se observaron las formalidades o existió infracción a la legalidad material en la aprehensión ordenada, el juez anulará la actuación realizada con violación a las normas constitucionales y legales, y pronunciará la resolución de medidas cautelares, en base a los elementos de convicción existentes, que no hayan sido obtenidos en infracción a los derechos y garantías del imputado, a consecuencia del acto ilegal declarado nulo. Entendimiento que ya fue asumido por este Tribunal en la SC 562/2004-R, de 13 de abril.

restablecimiento de lo vulnerado a efectos de realizar un control sobre la legalidad formal y material de su aprehensión o cualquier otra situación que hubiere restringido su libertad; y si pese a haberlo hecho, no logra una conducta que enmiende los derechos que considera vulnerados, entonces recién queda expedita la acción de libertad. El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0749/2019-S2 de 2 de septiembre -entre otras-, al tiempo vincularse al precedente constitucional referido, asumió los entendimientos de las SSCC 0774/2006-R de 8 de agosto y 0524/2006-R de 2 de junio, señalando que: “…una vez impugnada la supuesta aprehensión fiscal o policial ante el juez cautelar, se podía presentar directamente el entonces recurso de hábeas corpus, no siendo necesario interponer el recurso de apelación contra la decisión del juez”. Consiguientemente, de la lectura de los precedentes extraídos se concluye que cuando el accionante cumple con la obligación de denunciar los actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público ante el Juez cautelar relacionados con la restricción a su libertad física o de locomoción y, en consecuencia, se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de los mismos, se tiene por agotado el recurso idóneo e inmediato previsto por el Código de Procedimiento Penal, a efectos de poder plantear la acción de libertad e ingresar a conocer el fondo del asunto, siempre que la jurisdicción ordinaria no haya podido lograr la reparación de sus derechos a la libertad física o de locomoción; debiendo tomarse en cuenta que, en los casos de lesión de estos derechos por una supuesta actuación ilegal del Ministerio Público, no reparada por el Juez contralor de garantías, no es exigible que el imputado interponga recurso de apelación contra la resolución del juez. Lo cual se constituye una excepción a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad.

III.3. El principio de informalismo y la tutela de hechos y derechos conexos en la acción de libertad

El principio de informalismo que rige la acción de libertad fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional y se manifiesta a través de diferentes tópicos; uno de ellos corresponde mencionar, a la posibilidad de tutelar otros derechos que no se encuentran dentro de su ámbito de protección por medio de esta acción de defensa, así como revisar otros hechos distintos al denunciado.

En relación a la temática, en un principio el Tribunal Constitucional a través de la SC 1204/2003-R de 25 de agosto, admitió la posibilidad de revisar otros hechos y verificar la vulneración de otros derechos, siempre que tengan conexitud con el hecho inicialmente denunciado. Posteriormente, la SC 0345/2011-R de 7 de abril, aplicando la jurisprudencia de la acción de amparo constitucional a la acción de libertad, sostuvo que no es posible modificar hechos ni derechos luego de presentada la acción de libertad, pues esa posibilidad resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales, porque cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, determinaría que el demandado estaría frente a nuevos hechos, situándolo en indefensión. En sentido similar al establecido inicialmente en la referida SC 1204/2003-R, la SCP 0591/2013 de 21 de mayo en mérito al aludido principio de informalismo contenido en el art. 125 de la CPE y en virtud al cual deben ser interpretadas las normas procedimentales que rigen esta acción tutelar, recondujo la línea jurisprudencial trazada en la SC 0345/2011-R; por lo que, reiteró la posibilidad de modificar los derechos supuestamente vulnerados y ampliar los hechos; así como la posibilidad que la autoridad judicial que conoce la acción de defensa, pueda subsanar aspectos de derecho inobservados por el accionante, con la exigencia, siempre de conexitud, con el hecho inicialmente demandado. Finalmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, aplicando en su razonamiento los 8El FJ III.1, establece: “Que, en materia de hábeas corpus, dada la naturaleza de los derechos bajo su protección, le está permitido a la jurisdicción constitucional en una correcta aplicación de la justicia constitucional no sólo limitarse a compulsar la violación de las normas que citara el recurrente como vulneradas, sino también de otras que a consecuencia de aquéllas y principalmente del hecho o acto que se refiere como constitutivo de la lesión resultan también vulneradas, lo que bajo ningún motivo, puede interpretarse como resolver la problemática en base a presupuestos distintos a los que hubiera referido el recurrente, pues se reitera que lo dicho, se refiere únicamente a hechos conexos...”. 9El FJ III.1, refiere que: “…en acciones de amparo constitucional, de manera posterior a su presentación no pueden alegarse nuevos hechos y derechos como vulnerados, alterando de manera relevante los hechos expuestos y que sirvieron de fundamento fáctico del “recurso”. Actuar de esa forma, resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales prefijado en la Ley Fundamental, que impide cualquier forma de sorpresa en los procesos; y de hecho, cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción, situación que determinaría que el demandado esté frente a hechos nuevos, situándolo en una virtual indefensión, lesionando su derecho a la defensa y demás normas conexas del sistema de garantías procesales.

Razonamiento jurisprudencial que es perfectamente aplicable también a las acciones de libertad, por cuanto como se refirió, su objeto es no dejar en incertidumbre o defensión a la autoridad o persona demandada, la que en conocimiento de la acción planteada en su contra, la asume en base a los argumentos vertidos en ella; no pudiendo modificarlos durante su tramitación”. Dicho entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0174/2012 y 0175/2012, ambas de 14 de mayo. 10El FJ III.1, señala que al tiempo de referirse a la posibilidad de ampliar los derechos y los hechos en la audiencia de la acción de libertad “… en la substanciación de la acción, existe la posibilidad que los aspectos de derecho que fueron inobservados por el accionante sean subsanados por la autoridad judicial que conoce la acción y, por otra parte, conforme lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, es posible que, inclusive, se analicen hechos conexos al acto demando de ilegal”. 11El FJ III.3, al tiempo de desarrollar la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, indica que: “…si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con principios y valores que irradian el orden jurídico del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y en virtud del carácter informal de la acción de libertad y de la interdependencia de los derechos, posibilitó al juez constitucional ampliar su análisis sobre otros derechos vinculados o conexos a los derechos tutelados. Así como la posibilidad de extender su ámbito de protección frente aquellos actos ilegales no denunciados inicialmente, pero conexos con el acto lesivo que motivó la acción tutelar. En consecuencia, a partir de esta sistematización, se concluye que es posible ampliar el ámbito de protección de la acción de libertad respecto a otros hechos y derechos por conexitud; entendimiento que contiene el estándar de protección jurisprudencial más alto y que guarda armonía con la naturaleza jurídica de este instituto jurídico, regido por el principio de informalismo, que justifica la flexibilización que debe existir en el desarrollo de su procedimiento, a fin de alcanzar la protección inmediata y eficaz de los derechos que tutela, desde una perspectiva diferente a la concepción ius positivista y a las prácticas formalistas que obstaculizan su vigencia (las negrillas son incorporadas). Esta sistematización fue desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0019/2018-S2 de 28 de febrero y 0437/2018-S2 de 27 de agosto, entre otras.

III.4. Sobre el derecho a la libertad de locomoción o circulación y los mecanismos legales para su restricción

los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos que se encuentra prevista en el art. 13.I de la CPE, que señala: `Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…´.

Efectivamente, la interdependencia es una de las características de los derechos fundamentales, que significa que éstos se encuentran conectados unos con otros, dependen unos de otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; en sentido contrario, la vulneración de un derecho, implica que se lesionen otros derechos que se hallan relacionados con él.

En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características al informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. (…)

El carácter informal de la acción de libertad, permite que la justicia constitucional pueda proteger de manera eficaz los derechos de los justiciables, concediendo la tutela frente a actos ilegales denunciados expresamente o aún no siéndolo, tengan vinculación con el acto que motivó la presentación de la acción de libertad”. 12La referida SCP 1977/2013, en el marco del constitucionalismo plurinacional y comunitario, en su fundamentación jurídica incorporó los principios pro homine, interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, aplicación directa de los derechos, prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, principio pro actione y justicia material, que sustentan la superación de la concepción formalista del derecho.

III.4.1. Naturaleza jurídica y ámbito de protección del derecho a la locomoción o circulación

El derecho a la libre locomoción se encuentra regulado y protegido por la Constitución Política del Estado y normas internacionales de protección de los derechos humanos; así el art. 21.7 de la CPE, establece que las bolivianas y los bolivianos gozan del derecho fundamental a la: “…libertad de (…) circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. Dentro del sistema Regional de protección de los derechos humanos, el art. 22.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), reconoce y protege el derecho de circulación y de residencia, señalando:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. En el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos a través del art. 12.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), sobre el derecho a la libre circulación se dispone:

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. De igual forma el art. 13.1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), reconoce el derecho a la libre circulación como un derecho humano que amerita su protección. Sobre el particular, la SC 1577/2005-R de 6 de diciembre en su Fundamento Jurídico III.2, entiende a la libertad de locomoción: “…como la libertad de hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo quiera y pretenda…”; de igual modo, la SC 0023/2010-R de 13 de abril, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que: ”El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario” (el resaltado es nuestro). Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través del Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, manifiesta que:

[…] el derecho de circulación y de residencia, establecido en el artículo 22.1 de la Convención, es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. Dicho artículo contempla, inter alia, lo siguiente: a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un Estado a circular libremente en él y escoger su lugar de residencia, y b) el derecho de éstos de ingresar, permanecer y salir del territorio del Estado sin interferencia ilegal. Así, el disfrute de este derecho no depende de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar (las negrillas son añadidas). Ahora bien, en cuanto al ámbito de protección del derecho a la locomoción o circulación, la referida SC 0023/2010-R en su Fundamento Jurídico III.4, desarrolla el siguiente entendimiento:

[A]dviértase que el derecho a la libertad tiene diferentes manifestaciones, como la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, la libertad de reunión y asociación, de expresión, la libertad personal o física y la libertad de residencia, permanencia y circulación, entre otros. Como se puede apreciar, del derecho a la libertad, emerge no sólo el derecho a la libertad personal o física, sino también el derecho a la libertad de circulación; constituyéndose ambos en derechos autónomos, que tienen una regulación internacional y nacional independiente. (…)

Asimismo, el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos. Considerando lo señalado, corresponde determinar si a través del hábeas corpus, ahora acción de libertad, es posible precautelar el derecho a la libertad de locomoción o si, por el contrario, ambos derechos se encuentran diferenciados y tienen regulación autónoma, y; por tanto, medios de protección diferentes. (…) Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud. Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad (las negrillas son añadidas). En igual sentido, la SCP 1915/2014 de 25 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.3, establece:

[D]e lo expuesto, se tiene que el derecho a la libertad de circulación constituye una derivación o extensión del derecho a la libertad física; consecuentemente, es lógico pensar que el moverse libremente en el espacio solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, de ahí la relación entre ambos derechos; consiguientemente, (…) el derecho a libre circulación es susceptible de ser tutelado vía acción de libertad cuando esté vinculado de forma directa con la libertad física o personal y con el derecho a la vida (las negrillas nos corresponden).

En ese sentido, el derecho a la locomoción o circulación es un derecho fundamental y humano que genera los siguientes entendimientos: i) El derecho a la libertad de circulación es una facultad inherente a toda persona que se halle legalmente en un territorio, considerándose una condición indispensable para su desarrollo, el cual contempla o le permite: i.a) Moverse o circular libremente en un espacio determinado -terrestre, aéreo o acuático; i.b) Permanecer en un territorio; i.c) Escoger su residencia; i.d) Desplazarse de un sitio a otro, dentro o fuera del país; y, i.e) Ingresar en el propio país y salir del mismo o de cualquier otro; sin restricción, sin ningún impedimento ni interferencia ilegal o arbitrario, salvo las limitaciones que la Norma Suprema y la Ley impongan; y, ii) La libertad tiene varias manifestaciones, entre ellas la libertad física o personal y la libertad de circulación; ambas: ii.1) Se constituyen en derechos autónomos e independientes con su propia regulación nacional e internacional para su protección y tutela; ii.2) Son derechos conexos e interdependientes el uno del otro; y, ii.3) Dada su íntima relación o vinculación, ambos, son tutelados dentro del ámbito de protección de la acción de libertad. Toda vez que, el derecho de circular o moverse libremente en un espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal.

III.4.2. Mecanismos legales de restricción del derecho a la libertad de circulación o locomoción. Observancia del principio de reserva legal

Conforme a lo señalado precedentemente, el derecho a la libertad de locomoción o circulación, únicamente puede ser restringido o limitado en los casos y presupuestos establecidos en la Constitución Política del Estado y en las leyes, lo cual encuentra su fundamento en el principio de reserva de ley; sobre el particular, el art. 14.IV de la CPE dispone que: “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban; de igual forma, el art. 109.II de la misma Norma Suprema, señala que: “Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley”; asimismo, en sus arts. 23.I y III y 116.II establece que el derecho a la libertad solo podrá ser restringida en las formas establecidas en la ley, así como cualquier sanción debe fundarse en la misma. Así, el Tribunal Constitucional Plurinacional también se pronunció sobre el principio de reserva de ley a través de la SCP 0036/2013 de 4 de enero, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, menciona:

[E]n ese marco, el principio de la reserva legal implica que los límites al ejercicio de los derechos fundamentales sólo pueden ser establecidos mediante ley en el sentido material, es decir, que sólo el legislativo tiene la potestad de establecer dichos límites, estando proscrita la potestad para el Ejecutivo. Consecuentemente, las normas constitucionales, Tratados y Convenios internacionales, la doctrina y línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional, han establecido que la limitación de los derechos fundamentales, sólo puede hacerse efectiva mediante una ley emitida por el ahora Órgano Legislativo, y no así por un Decreto Supremo emitido por el Órgano ejecutivo (las negrillas nos corresponden).

De igual modo la SCP 1053/2013 de 28 de junio, establece sobre el principio de reserva de ley: “…que toda limitación a los derechos fundamentales debe ser a través de una ley, conforme lo señala la normativa constitucional y el bloque de constitucionalidad de acuerdo el art. 410 de la CPE”.

En el ámbito del Derecho Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el art. 22.3 de la CADH, sobre las restricciones del derecho a la libertad de circulación o locomoción, señala:

El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. Respecto al alcance de las restricciones de los derechos humanos con relación al principio de reserva legal -reconocido también internacionalmente-, el art. 30 de la CADH, dispone que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y libertades, no pueden ser aplicadas, sino conforme a las leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual fueron establecidas La Corte IDH, al tiempo de analizar el derecho a la libertad de circulación o locomoción, con relación a los parámetros de su restricción, estableció los siguientes entendimientos en el Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela: a) El derecho de circulación puede ser objeto de restricciones de conformidad con lo dispuesto por los arts. 22.3 y 30 de la CADH; no obstante, para establecer tales restricciones los Estados deben observar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad; b) Los Estados deben definir de manera precisa y mediante una ley los supuestos excepcionales en los que puede proceder una medida como la restricción de salir del país; la falta de regulación legal, impide la aplicación de tales restricciones, toda vez que, no se encontrará definido su propósito y los supuestos específicos en los cuales se hace indispensable aplicar la restricción, para cumplir con alguno de los fines indicados en el art. 22.3 de la CADH, así como también impide al procesado presentar los alegatos que estime pertinentes sobre la imposición de tal medida; c) Cuando la restricción se encuentre contemplada por ley, su regulación no debe tener ninguna ambigüedad, de tal forma que no genere dudas en los encargados de aplicar la restricción y con ello evitar actuaciones arbitrarias y discrecionales; d) Las medidas cautelares que afecten el derecho de circulación del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. Asimismo, dichas medidas cautelares no pueden constituirse en un sustituto de la pena privativa de libertad ni cumplir los fines de la misma, lo cual puede suceder si se continúan aplicando cuando han dejado de existir los riesgos procesales que se buscan prevenir. De lo contrario, la aplicación de una medida cautelar que afecte el derecho de circulación del procesado sería equivalente a anticipar una sanción con anterioridad a la emisión de la sentencia, lo cual contradice principios generales de derecho universal; e) La restricción al derecho a salir del país que se imponga en un proceso penal mediante una medida cautelar debe ser necesaria y guardar proporcionalidad con el fin legítimo perseguido, de manera que se aplique solamente si no existe otro medio menos restrictivo y durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con su función, en este caso la de evitar una fuga; y, f) Para determinar la necesidad y proporcionalidad de la restricción de la libertad de circulación, es necesario establecer si la decisión que ordenó dicha medida cumplió con una mínima argumentación que justifique su adopción. A la hora de analizar la imposición de ese tipo de medidas, las autoridades judiciales deben basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver . En el ámbito del Derecho Universal de Protección de los Derechos Humanos, el art. 12 del PIDCP, también reconoce y protege el derecho a la libertad de circulación, disponiendo los límites legales a su restricción; sobre el particular, el Comité de Derechos Humanos a través de la Observación General 27 de 2 de noviembre de 1999 sobre Libertad de Circulación, estableció los siguientes entendimientos:

1) La libertad de salir del territorio de un Estado no puede depender de ningún fin concreto o del plazo que el individuo decida permanece fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente; el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es una garantía jurídica; 2) El derecho a la libertad de circulación puede restringirse solo para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de terceros; estas restricciones deben estar previstas por ley, ser necesarias en una sociedad democrática para proteger los fines mencionados y ser compatibles con todos los demás derechos reconocidos en el Pacto; 3) La propia ley tiene que determinar las condiciones en que pueden limitarse el derecho a la libertad de circulación; las restricciones no previstas en la ley violarían este derecho humano garantizado;

4) Los Estados deben aprobar leyes que prevean restricciones; guiándose en el principio de que no deben comprometer la esencia del derecho a la libertad de circulación; no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción; es decir, que las leyes que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos y no conferir una discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación;

5) No basta con que las restricciones se utilicen para conseguir fines permisibles; deben ser necesarias también para protegerlos. Las medidas restrictivas deben ajustarse al principio de proporcionalidad; deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora; debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse;

6) El principio de proporcionalidad debe respetarse no sólo en la ley que defina las restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la apliquen. Los Estados deben garantizar que todo procedimiento relativo al ejercicio o restricción de esos derechos se lleve a cabo con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de medidas restrictivas:

7) Una resolución restrictiva del derecho a la libertad de circulación, en cualquier caso en particular debe tener un fundamento jurídico claro y cumplir con el criterio de que la restricción debe ser necesarias y proporcional ;

8) La aplicación de las restricciones del derecho a la libertad de circulación debe ser compatible con otros derechos consagrados en el Pacto y con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación; y,

9) El restringir el derecho a la libertad de circulación haciendo distinciones de cualquier clase, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social constituiría una clara violación del Pacto. El Comité ha observado en varias ocasiones, al examinar informes de los Estados, que las medidas que impiden a las mujeres su libertad de circulación o salir del país sin contar con el consentimiento o la compañía de un varón constituyen una violación del artículo 12.

Conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección del derecho a la libertad de circulación precedentemente citados; debemos tomar en cuenta que, sobre la base del principio de reserva legal, este derecho solo puede ser restringido excepcionalmente por una ley emitida por el Órgano legislativo, propio de un estado democrático; y en cumplimiento de los siguientes requisitos: i) La regulación legal no debe tener ambigüedades, de tal forma que no genere dudas en los encargados de aplicar la restricción y con ello evitar actuaciones arbitrarias y discrecionales; en todo caso debe determinar las condiciones en que pueden limitarse el derecho a la libertad de circulación; ii) La imposición de restricción del derecho de salir del país, debe ser dispuesta por una autoridad judicial competente, mediante una medida cautelar que debe observar los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; siempre que no exista otro medio menos restrictivo y durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir la función, como la de evitar una fuga; iii) La determinación que establezca una restricción a la libertad de circulación, debe estar debidamente argumentada al tiempo de justificar su adopción; y basarse en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver; iv) Solo en los casos que tengan por finalidad, proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud pública y los derechos y libertades de los demás; puede imponerse una restricción al derecho a la libertad de circulación; y, v) Las instancias judiciales que apliquen la restricción a este derecho, tienen la obligación de respetar el debido proceso, los principios de celeridad y reserva legal, así como el derecho a una debida fundamentación y motivación al tiempo de justificar las razones de la aplicación de esta medida restrictiva.

III.4.3. Sobre las restricciones del derecho a la libertad de circulación o locomoción -específicamente del derecho a salir del país- reconocidas en el ordenamiento jurídico boliviano

Sobre la base del principio de reserva legal, el Código de Procedimiento Penal, establece las restricciones del derecho a la libertad de circulación en todas sus implicancias, justamente por su relación estrecha con el derecho a la libertad física o personal; que deben ser aplicadas dentro de un debido procesamiento y ante autoridad competente; en ese sentido, el art. 231bis, establece las siguientes medidas cautelares de carácter personal -al margen de la detención preventiva-que restringen la libertad física o personal y por conexión el derecho a la libertad de circulación o locomoción:

(…) 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal; 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares; 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas; (…) 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física, sin costo para éste; 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes; 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral (…) (el resaltado es nuestro). En consecuencia, cada una de estas limitaciones al derecho a la libertad personal y de circulación amerita razonamientos independientes; es así que, en esta Sentencia Constitucional Plurinacional se analizará el arraigo como la única medida cautelar de carácter personal dentro del ordenamiento jurídico establecida para restringir el derecho a la libertad de circulación en su componente de derecho a salir libremente del país. En ese sentido, la SCP 0738/2011-R de 20 de mayo, sustentada en la SC 1577/2005-R de 6 de diciembre, en cuyo Fundamento Jurídico III.3, señala:

[…] existen medidas sustitutivas a la detención preventiva, que constituyen una limitación al derecho de locomoción; es decir, el poder circular, salir del país o trasladarse a diferentes puntos dentro del mismo, como el arraigo que constituye una limitación a la libre locomoción, que tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado dentro del proceso, medida que es aplicada ante la existencia de peligro de fuga o de obstaculización del proceso (…)

En este punto es preciso indicar que, siendo el arraigo una de las medidas sustitutivas a la detención preventiva, por la cual se restringe el derecho de locomoción de las personas, ésta debe ser aplicada en la medida, al igual que en las otras, que perjudique en lo menos posible a los imputados, conforme establece el art. 222 del CPP, al señalar que: “Las medidas de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutaran de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados”; sin embargo, ello no significa de ninguna manera que para evitar un perjuicio al imputado, el juzgador soslaye el objetivo y fin por el cual se aplicó la medida sustitutiva, cual es el de asegurar la presencia del imputado dentro del proceso, debiendo por ello en los casos en que se solicita la suspensión de alguna de ellas, valorar las circunstancias en la medida que se asegure la conclusión del proceso sin dilaciones indebidas, así como se proporcione a la parte querellante una tutela judicial efectiva (las negrillas nos corresponden). En ese sentido la SCP 0559/2012 de 20 de julio, en su fundamento jurídico III.2.1, respecto a la naturaleza jurídica del arraigo, establece: Bajo este razonamiento, en el ámbito procesal penal constituye una medida restrictiva al derecho a la locomoción y de carácter temporal -sustitutiva a la detención preventiva- impuesta por el Juez o Tribunal al imputado o procesado, determinándose así, la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o de un determinado ámbito territorial sin previa autorización judicial, en el supuesto que haya peligro de fuga; por ello, su finalidad es asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley; los sujetos que intervienen en esta medida, son necesariamente el órgano jurisdiccional competente, el Ministerio Público y el imputado o procesado que debe quedar arraigado, a no ser en otros delitos donde el Ministerio Público no participa.

Conforme al Régimen legal de Migración aprobado por Decreto Supremo 24423 de 29 de noviembre de 1996, que regula el movimiento de ingreso y salida de personas al y desde el territorio nacional; se establecen las facultades y competencias de los organismos y medios que permiten controlar el movimiento migratorio y turístico; en ese marco, con relación al arraigo, se pronuncia indicando, que es: “…la medida jurisdiccional precautoria dictada por autoridad judicial competente, por la que determinada persona no puede abandonar el país, negándosele la facultad de poder viajar al exterior, mientras ésta subsista”.

Sobre la base de esta disposición, la SCP 0732/2014 de 10 de abril, afirma que: “En materia penal, el arraigo se constituye en una medida cautelar impuesta por la autoridad judicial al imputado y que consiste en la prohibición que éste se ausente del departamento y/o del país, debiendo para el efecto registrarse el mandamiento de arraigo en la Dirección Distrital de Migración”.

De donde se tiene que, el arraigo reconocido en el art. 231 bis.8 del CPP, es la única medida cautelar legal, que restringe el derecho a la libertad de circulación dentro del ordenamiento jurídico boliviano, que debe ser dispuesta dentro de un debido procesamiento, y en cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad; siendo que la DIGEMIG se constituye en un instrumento del Ministerio Público para materializar el arraigo.

III.5. Sobre la alerta migratoria

La INTERPOL es la Organización Internacional de Policía Criminal intergubernamental que cuenta con 196 países miembros, es la mayor organización policial del mundo, que ayuda a la Policía de cada país a colaborar entre sí y con la Secretaría General, intercambiando información relativa a investigaciones policiales; para ello, facilitan el intercambio y acceso a información sobre delitos y delincuentes; ofreciendo apoyo técnico y operativo de diversa índole.

Las notificaciones de INTERPOL, codificadas por colores permiten a los países publicar alertas y solicitar información en todo el mundo, también pueden publicarse a petición de tribunales penales internacionales y la Corte Penal Internacional para localizar a personas buscadas por delitos que son competencia de estos foros, especialmente genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Asimismo, pueden publicarse a petición de las Naciones Unidas para la aplicación de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad.

Así, las notificaciones o alertas rojas, se utilizan para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir condena. De donde se tiene que, las alertas migratorias en los diferentes Estados, se activa como consecuencia de las notificaciones difundidas por la INTERPOL y publicadas directamente por las Oficinas Centrales Nacionales de los países miembros. Entendiéndose, que la notificación o alerta roja, tiene por objetivo buscar y encontrar a una persona que se encuentra condenada o sometida dentro de un debido proceso penal en tribunales nacionales e internacionales, en los cuales se le impuso una restricción a su derecho a la libertad de circulación o locomoción. En el caso de Bolivia, colabora con las policías de todo el mundo para determinar las conexiones globales con la delincuencia boliviana a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL, cuyas actividades se centran en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular el contrabando de productos ilícitos, la delincuencia económica y tecnológica, y la trata de personas, siendo las investigaciones de fugitivos, una alta prioridad para la OCN; y es gracias a sus vínculos directos con las fuerzas policiales de todos los continentes, que la OCN puede ayudar a la policía nacional a monitorear el panorama más amplio del crimen organizado y tomar medidas represivas contra él; siendo las notificaciones o alertas por color, los medios para poder difundir un caso específico de delincuencia o la búsqueda de una persona que debe responder a la justicia nacional o internacional. Ahora bien, el 14 de enero de 2020, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez Chávez, se suscribe un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la DIGEMIG, en cuya Cláusula Tercera, establece que el objeto del mismo es:

“…poner en vigencia mecanismos de acceso a la información referida al Flujo Migratorio que se genera en la DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN y del Sistema de Justicia Libre de la FISCALÍA, con carácter restringido y controlado, para que, a través del Sistema de Convenio Interinstitucional, se puede verificar los datos de las ciudadanas y los ciudadanos que tengan en su contra mandamientos de aprehensión librados por el Ministerio Público conforme al Código de Procedimiento Penal, arraigo y/o rebeldía, para cumplir objetivos institucionales de ambas entidades”. En consecuencia, sobre la base del referido Sistema de Convenio Interinstitucional, surge con la denominación de “alerta migratoria” el mecanismo de acceso a la información sobre flujo migratorio a cargo de la DIGEMIG conforme los datos que emita la Fiscalía, a efectos de evitar que personas que se encuentren dentro de un proceso penal con arraigo, mandamientos de aprehensión y/o rebeldía, evadan la justicia y abandonen el país.

Sin embargo, este Convenio interinstitucional tuvo vigencia de dos años, sin que hasta la fecha haya sido renovado; por lo que, actualmente se encuentra sin vigencia. Sobre la base de esta información, la alerta migratoria es un mecanismo internacional a cargo de la INTERPOL que tiene centrales de operación en todos los países -como en el caso boliviano- que se activa ante una notificación basada en colores –según el caso-; por ejemplo, en caso de una alerta migratoria roja, se activa a efectos de buscar a personas que se encuentran sometidas a un proceso penal internacional o para cumplir una condena, dentro de los cuales se cumplen requisitos a efectos de restringir el derecho a la libertad de circulación, tal cual se analizó precedentemente. En el caso de la alerta migratoria generada por efectos del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la DIGEMIG, que actualmente se encuentra sin efecto, tenía que ser activada siempre y cuando exista contra la persona sometida a una restricción de su derecho a la libertad de circulación, la emisión de un mandamiento de aprehensión, arraigo y/o rebeldía, por autoridad judicial competente y dentro de un debido proceso penal basado en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sobre la base de esta interpretación legal, ni la alerta migratoria de la INTERPOL menos la alerta migratoria que surge del referido Convenio de Cooperación Interinstitucional, podrían ser dispuestas sin cumplir los requisitos señalados anteriormente; toda vez que, por sí solas, carecen del principio de reserva legal, ya que ninguna autoridad administrativa ni judicial pueden disponer una medida restrictiva del derecho a la libertad de circulación sin que la misma se encuentre establecida por ley; por lo que, se reitera, la alerta migratoria solo se constituye en un mecanismo de ejecución de una medida restrictiva del derecho a la libertad personal o de circulación legalmente establecida por ley, dentro de un debido proceso y establecida por autoridad competente.

III.6. Análisis del caso concreto

Del estudio de la demanda tutelar, se tiene que el accionante enfoca su problemática en el hecho que, por requerimiento fiscal emitido dentro de un proceso penal seguido en su contra y otros por el Ministerio Público a instancia de EMAPA, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas, fue activada una alerta migratoria que no le permitió viajar a Miami – Florida de los Estados Unidos de Norte América a efectos de asumir defensa dentro de otro proceso de arbitraje iniciado contra su empresa –ECUBOL LLC-; en consecuencia, el 9 y 11 de agosto de 2022, respectivamente, se apersonó ante el Juez de la causa y el Fiscal de materia asignado al caso, para solicitar permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 de igual mes y año, cuestionando además que la alerta migratoria es un mecanismo restrictivo de sus derechos, más cuando no tenía arraigo ni otra medida cautelar que disponga la limitación de su derecho a la libertad de locomoción; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar, la autoridad demandada no respondió de manera positiva ni oportuna su petición, dejándolo en estado de indefensión; vulnerándole sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso.

Amerita con carácter previo, analizar los posibles obstáculos formales que limitarían conocer el asunto o en todo caso superarlos a efectos de ingresar al fondo de la problemática planteada. a) Sobre la falta de legitimación pasiva en la autoridad demandada

Esta causal de improcedencia reglada fue alegada por el Tribunal de garantías para denegar la tutela impetrada en esta acción de libertad, en sentido que el Fiscal de Materia demandado no emitió la orden de alerta migratoria, sino otro en suplencia legal, debiendo ser dirigida la acción en su contra; cabe señalar que, esta afirmación no es correcta, porque el Ministerio Público se rige -entre otros- por el principio de unidad de representación, establecido por el art. 5.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en sentido de que un fiscal representa al Ministerio Público en cualquier parte del país, dado que a través de él, interviene toda la institución; vale decir, que no actúa individualmente, siendo válidamente suplido por otro que lo representa íntegramente; lo que implica, que en caso de ausencia de uno de los representantes del Ministerio Público en un acto procesal, cualquier otro fiscal puede reemplazarlo, independientemente de que sea el titular de la investigación -razonamiento que fue desarrollado en la SCP 0299/2012 de 8 de junio-; en el caso de autos, tanto el Fiscal de Materia demandado asignado al caso como el Fiscal en suplencia legal que emitió el requerimiento de alerta migratoria, tienen plena legitimación activa para responder la presente demanda tutelar; toda vez que, ambos representan la actuación global de una institución cuya naturaleza jurídica es representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, cuyas actuaciones pueden ser reemplazadas por otros fiscales; por lo que, no correspondía denegar la tutela por falta de legitimación pasiva en el demandado. Tomando en cuenta además que, siendo el Ministerio Público, sin autorización judicial, el que emitió la alerta migratoria, era quien debió dar respuesta oportuna sobre la suspensión o no de la misma, tal cual se analizará posteriormente. Por otra parte, el accionante también se apersonó ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la capital del departamento de La Paz constituido en el Juez contralor de garantías dentro del proceso penal en el que se encuentra sometido; empero desde el 9 de agosto de 2022 -fecha de solicitud de permiso de viaje- hasta el 17 de agosto -data de presentación de esta acción de tutela-, tampoco existe constancia de que haya resuelto la situación jurídica del impetrante de tutela ejerciendo un adecuado control de la actividad del Ministerio Público; toda vez que, conforme a la SCP 0621/2023-S3 de 6 de junio en un caso donde se solicitó también dejar sin efecto una alerta migratoria, se estableció que quien tiene la responsabilidad para analizar la legalidad o ilegalidad de las actuaciones realizadas por el Fiscal de materia es el Juez contralor de garantías. En consecuencia, si bien no fue denunciado en esta acción de tutela el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo, sin embargo, es quien tiene la responsabilidad de conocer y controlar la actividad del Ministerio Público, previo procedimiento regido en el marco de la norma vigente y en consecuencia otorgarle una respuesta oportuna a través de una resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente, tal cual se analizará posteriormente; para lo cual, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, de manera excepcional el Tribunal Constitucional Plurinacional puede ingresar a conocer el fondo de la presente acción de libertad, a pesar de no haber sido dirigida contra la autoridad que ostenta la legitimación pasiva, siempre que se constate una evidente lesión de los derechos del accionante; lo que aconteció en el caso de autos, pues la referida autoridad jurisdiccional juntamente con el Fiscal de Materia demandado, tienen la obligación de conocer y resolver la problemática traída a conocimiento por el impetrante de tutela a través de esta demanda tutelar, sobre la base de los entendimientos generados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Sobre el principio de subsidiariedad alegada por la parte demandada

En el caso en análisis se tiene que, por memorial de 9 de agosto de 2022 -Conclusión II.4-, el accionante acudió ante la autoridad de control jurisdiccional a efectos de poner a su conocimiento que existe en su contra una alerta migratoria arbitraria e ilegal, emitida por el Ministerio Público, requiriendo se la suspenda por un plazo determinado a efectos de poder ausentarse del país para asumir defensa en otro proceso instaurado contra su empresa ECUBOL LLC en Miami – Florida de los Estado Unidos de Norte América De igual forma, cabe aclarar conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que corresponde la activación de la acción de libertad previo reclamo ante la autoridad judicial que ejerce el control de la investigación, sin necesidad de agotar el recurso de apelación para realizar el control jurisdiccional sobre la legalidad formal y material de la aprehensión o cualquier situación que restrinja la libertad física o de locomoción; toda vez que, tiene la obligación de pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de los actos realizados por el Ministerio Público de manera inmediata y oportuna, y de ninguna manera puede convalidarlos; con lo que se tiene por agotado el recurso idóneo e inmediato previsto por el Código de Procedimiento Penal, a efectos de poder plantear la acción de libertad e ingresar a conocer el fondo del asunto, siempre que la jurisdicción ordinaria no haya podido lograr la reparación de sus derechos a la libertad física o de locomoción; siendo que en el caso de autos, el accionante denunció sobre la actuación ilegal del Ministerio Público al tiempo de emitir una alerta migratoria arbitraria en su contra, que sin duda alguna restringía su libertad, concretamente de circulación o locomoción; sin embargo, la autoridad judicial en lugar de realizar el control jurisdiccional debido, no se pronunció oportunamente respecto a la situación de necesidad de repuesta del impetrante de tutela, omitiendo su deber de realizar un control jurisdiccional, además de incurrir en dilación indebida, aperturando con esta omisión la instancia constitucional para la resolución de su causa, teniendo en cuenta que no realizó ningún control jurisdiccional sobre lo denunciado por el accionante; pues no se le podría exigir al accionante esperar de manera indefinida a que el juez cautelar realice un pronunciamiento, cuando conforme ha establecido la jurisprudencia, el mismo debe ser resuelto de manera inmediata, situación que no ha ocurrido en el caso de autos.

Consiguientemente, por lo analizado, el accionante superó la barrera de la subsidiariedad al haber acudido tanto al Ministerio Público como a la autoridad de control jurisdiccional de manera oportuna. c) Sobre el principio de informalismo reconocido en el art. 125 de la CPE, que rige la acción de libertad

De igual forma, amerita analizar que si bien el peticionante de tutela a través de esta acción de defensa denuncia el estado de indefensión e incertidumbre en el que se encuentra, porque la autoridad fiscal demandada no se pronuncia oportunamente sobre su solicitud de suspensión de la alerta migratoria por un determinado tiempo, a efectos de poder viajar al exterior para asumir defensa dentro de otro proceso; pretendiendo que se levante temporalmente la misma en resguardo de su derecho a la libertad de locomoción; sin embargo, este Tribunal advierte que el núcleo del problema se centra en determinar la legalidad o ilegalidad de la emisión de la alerta migratoria contra el accionante y si como medida restrictiva del derecho a la libertad de locomoción goza del principio de reserva legal; por lo que, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad goza del principio de informalismo para poder revisar otros hechos, siempre que tengan conexitud con el denunciado; lo cual acontece en el presente asunto, porque el origen de la problemática traída a estudio de este Tribunal, es determinar -se reitera- si la alerta migratoria goza del principio de reserva legal para la restricción de un derecho fundamental; lo cual se constituye en el objeto de análisis de este fallo constitucional; más aún, cuando conforme al art. 109.I de la CPE el derecho a la libertad de locomoción goza de una directa aplicación y protección.

En consecuencia, al haber superado todas las barreras procesales que pudieran impedir el conocimiento del fondo de la problemática planteada, amerita realizar el siguiente análisis: d) Sobre la naturaleza jurídica de la alerta migratoria para poder restringir el derecho a la libertad de locomoción del accionante En el caso concreto, el impetrante de tutela alega que, sin la existencia de una medida cautelar emitida por una autoridad competente dentro del proceso penal seguido en su contra, como la detención preventiva o el arraigo, el Ministerio Público la impuso a sola petición de EMAPA; y si bien, denuncia a través de esta acción de tutela que la autoridad demandada lo dejó en estado de indefensión e incertidumbre por no responder oportunamente a su solicitud de suspenderla temporalmente, a efectos de poder viajar al exterior a asumir defensa en otro proceso; empero, también cuestiona la ilegalidad de dicho mecanismo de restricción del derecho de libertad de locomoción o circulación; por lo que, este Tribunal tiene la responsabilidad de estudiar por conexitud el origen de la problemática que aqueja al accionante. En ese entendido, conforme se analizó en los Fundamentos Jurídicos III.3.1. y III.3.2. de esta Sentencia, con base en la normativa y jurisprudencia nacional e internacional que reconoce y protege el derecho a la libertad de locomoción o circulación en su vertiente del derecho a la libertad de salir del país sin ningún impedimento ilegal o arbitrario, salvo las limitaciones que la Norma Suprema y la ley impongan; se tiene que, toda restricción al mismo debe gozar del principio de reserva legal, vale decir que, su limitación solo puede hacerse efectiva a través de una ley emitida por el Órgano Legislativo y no así por ninguna otra norma emergente de otros órganos o instituciones nacionales o departamentales; siendo que, en el caso de una restricción a este derecho fundamental, además del principio de legalidad deben observarse los principios de necesidad y proporcionalidad y el carácter excepcional de la medida restrictiva, la cual, indispensablemente debe ser dispuesta por una autoridad competente dentro de un debido proceso penal y a través de una resolución debidamente fundamentada y motivada, siempre que no exista otro medio menos restrictivo y durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir su función -como la evitar que una persona se fugue del país-; en consecuencia, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3.3. de este fallo constitucional, el arraigo es la única medida cautelar reconocida por el art. 231bis.8 del CPP, que cumple con todos los presupuestos legales precedentemente detallados establecidos en el adjetivo penal; vale decir, que observa el principio de reserva legal para poder restringir el derecho a la libertad de locomoción o circulación en su componente de derecho a salir libremente del país, dentro del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia. De donde se tiene que, conforme al Fundamento Jurídico III.4. de esta Sentencia, la alerta migratoria es una notificación internacional emitida por la INTERPOL y publicada por las oficinas centrales nacionales de los países miembros, siendo que la alerta de color rojo es activada a solicitud de Tribunales penales internacionales y de la Corte penal internacional para localizar a personas buscadas por delitos de lesa humanidad o publicar sanciones impuestas por el Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, a efectos de localizar o detener personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir una condena; empero, en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos; de donde se tiene que, en Bolivia existe una Oficina Central Nacional de la Interpol encargada de publicar, buscar y encontrar a una persona que haya sido notificada con una alerta del color respectivo, según el caso que corresponda; pero de ninguna manera se trata de una alerta migratoria que restrinja el derecho a la libertad de locomoción activada a sola petición de parte por el Ministerio Público, porque -se reitera- es de carácter internacional emitida sobre la base de normas internacionales. Ahora bien, en Bolivia, en la gestión 2020, se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno y la DIGEMIG con el objeto de generar un sistema para poder verificar los datos de las personas que tengan en su contra un mandamiento de aprehensión librado por el Ministerio Público, arraigo y/o rebeldía establecidos en el marco del Código de Procedimiento Penal, a efectos de materializar estas medidas restrictivas del derecho a la libertad física y de locomoción contra personas que se encuentren dentro de un proceso penal que pretendan evadir la justicia y abandonar el país; de donde surge, la figura de la “alerta migratoria” que a decir del accionante y ratificada por el Fiscal de Materia demandado, es emitida por el Ministerio Público a simple solicitud de parte y no de una autoridad judicial competente, siendo que a través de un requerimiento fiscal se dispone su activación para que la DIGEMIG a través de sus oficinas la ejecute, restringiendo el derecho a la libertad de locomoción de las personas; consiguientemente, en el caso concreto, la emisión de la alerta migratoria contra el impetrante de tutela, es contraria al orden constitucional y legal vigente, por las siguientes razones:

1) No se sustenta sobre la base del principio de reserva legal; pues la alerta migratoria no se encuentra establecida en ninguna ley menos en el Código de Procedimiento Penal a efectos de poder restringir el derecho a la libertad de locomoción; por lo que, carece de legalidad; toda vez que, todo derecho fundamental, en este caso el derecho a la libertad de locomoción únicamente puede ser limitado por una ley emitida por el Órgano legislativo; en el presente asunto, la emisión de la alerta migratoria tiene su origen en un Convenio de Cooperación Interinstitucional emitido el 14 de enero de 2020, que conforme a su cláusula Décima Segunda tiene validez por solo dos años; siendo que al 17 de agosto de 2022 -fecha de presentación de esta acción de tutela- dicho Convenio ya no se encontraba en vigencia por no haber sido renovado; razones por las que, la alerta migratoria emitida por la autoridad demandada no tenía fuente jurídica que la respalde; más aún, si su origen -un Convenio Interinstitucional- es contrario al ordenamiento jurídico; por lo que, no podía ser aplicada por el Ministerio Público; 2) Por otra parte, conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección del derecho a la libertad de circulación o locomoción establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, analizados precedentemente, la alerta migratoria emitida por la autoridad demandada, carece de constitucionalidad y convencionalidad, al no existir una ley que sustente un debido proceso llevado adelante por una autoridad jurisdiccional competente que autorice su emisión sobre la base de una resolución debidamente fundamentada y motivada; por el contrario, fue dispuesta a través de un requerimiento por el Ministerio Público a petición de parte, quien no tiene competencia, menos el respaldo legal para realizar dicha emisión, resultando su actuación arbitraria y contraria a las normas establecidas por la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; por lo que, no correspondía su aplicación;

3) Asimismo, se debe tomar en cuenta que el Ministerio Público no tiene la potestad a través de ningún Convenio, para emitir de oficio medidas restrictivas del derecho a la libertad de locomoción o circulación que no estén dispuestas por ley; toda vez que, su labor se enmarca en representar los intereses de la sociedad, velando por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, defendiendo la legalidad; y, ejerciendo la acción penal pública, la dirección de la investigación y la actuación policial, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Constitución Política del Estado, las convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos conforme lo establecen los arts. 2, 3 y 12 de la LOMP; en consecuencia, en el caso presente, el Ministerio Público en su labor investigativa cuenta con las medidas cautelares de carácter personal establecidas en el art. 231bis del CPP para solicitar ante la autoridad competente la restricción de los derechos a la libertad física o de locomoción del accionante, siempre que existan los suficientes elementos de convicción que permitan sostente que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y que además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; por lo que, si la autoridad demandada consideraba que existe un peligro de fuga al exterior por parte del impetrante de tutela, tiene la posibilidad de solicitar la imposición del arraigo u otra medida cautelar siempre que se cumplan los presupuestos establecidos por ley.

Por otra parte, cabe aclarar que el Convenio por el que se crea la figura de la alerta migratoria, de ninguna manera le otorga al Ministerio Público la atribución para emitirla de oficio o sola petición de parte; en todo caso, durante su vigencia, se tiene la posibilidad de activarla a través de la DIGEMIG, con la condicionante que exista previamente, un mandamiento de aprehensión, un arraigo y/o declaratoria de rebeldía en contra de una persona sometida a un debido procesamiento; aspecto que no ocurrió en el caso en estudio; por lo mismo, se restringió indebidamente el derecho a la libertad de circulación del accionante. Consiguientemente, en el caso de autos tanto la autoridad demandada como el Juez de la causa, al tiempo de responder la solicitud del impetrante de tutela, debieron dejar sin efecto la alerta migratoria como un mecanismo de restricción directa del derecho a la libertad de locomoción del accionante, conforme a los entendimientos nacionales e internacionales asumidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y en todo caso, correspondía analizar si era pertinente o no, la aplicación de medidas cautelares, siempre que se hubieran cumplido los presupuestos y principios establecidos en el Código de Procedimiento Penal; por lo que, amerita conceder la tutela impetrada al advertir que la ilegalidad de alerta migratoria lesiona el derecho a la libertad de locomoción o circulación y el debido proceso del solicitante de tutela.

III.7. Otras consideraciones

III.7.1. Con relación a la actuación del Tribunal de garantías

Amerita aclarar al Tribunal de garantías, que no es evidente que el Fiscal de Materia demandado al no haber emitido la alerta migratoria no tiene legitimación pasiva para responder en esta acción de libertad, dando a entender que la tiene, la autoridad que actuó en suplencia legal; lo cual, podría generar más dilación en el conocimiento de la presente causa, porque el accionante en busca de tutela de su derecho a la libertad de locomoción, tendría que aperturar nuevamente la vía constitucional contra el Fiscal en suplencia legal; lo que va en contra de los principios procesales de la justicia constitucional de celeridad, no formalismo y concentración establecidos en el art. 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); toda vez que, debió tomar en cuenta el principio de unidad de representación del Ministerio Público, a través del cual, tanto el Fiscal de Materia a cargo del caso -demandado- como el que se encuentra en suplencia legal, no actúan individualmente, sino representan íntegramente al Ministerio Público como única institución en cualquier actuación; por lo que, ante la ausencia de uno, otro puede reemplazarlo; teniendo en la presente causa, ambos Fiscales la legitimación activa para responder la presente acción de libertad; más aún, si conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la jurisprudencia ha establecido que es posible ingresar al fondo de la problemática planteada cuando la acción es dirigida contra otra autoridad distinta pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones; precedente que tampoco fue observado por el Tribunal de garantías; por lo que, corresponde exhortar, al constituirse en autoridades constitucionales llamadas a la protección y resguardo de los derechos fundamentales, en casos sometidos a su conocimiento, aplicar los principios que rigen la justicia constitucional, teniendo en cuenta que impera la materialización de los derechos frente a obstáculos procesales formales.

III.7.2. Con relación al Ministerio Público

Corresponde hacer notar que al tiempo de emitir un requerimiento de alerta migratoria sin que exista un previo mandamiento de aprehensión, un arraigo, una declaratoria de rebeldía u otra medida restrictiva del derecho a la libertad física o de locomoción legalmente establecida por ley, se encuentra asumiendo una actuación arbitraria e ilegal; pues, no solo carece del principio de reserva legal, sino, que el Convenio que le dio origen, ya no se encuentra vigente, siendo que el mismo en ninguna de sus cláusulas autoriza al Ministerio Público la emisión de una alerta migratoria de oficio ni a petición de parte, sino que, condiciona su activación, a una previa existencia de otras medidas restrictivas del citado derecho reconocidas legalmente por el adjetivo penal. En consecuencia, se exhorta al Ministerio Público regirse a lo dispuesto por esta Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo dejar de emitir requerimientos de alertas migratorias sin un debido sustento legal y constitucional; no siendo estos razonamientos un óbice para poder coordinar con la DIGEMIG a efectos de poder materializar las medidas cautelares de carácter personal, como el arraigo, frente a un peligro inminente de fuga a otro país; siempre y cuando -se reitera- exista previamente una medida restrictiva reconocida por ley y emitida por autoridad jurisdiccional competente dentro de un debido procesamiento y a través de una resolución debidamente fundamentada y motivada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 100/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 57 a 60 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas (Liquidador) Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2º Disponer:

i) Que, e Fiscal de Materia asignado al presente caso o el que se encuentre en suplencia legal, en representación del Ministerio Público, deje sin efecto la alerta migratoria emitida sin respaldo legal, de acuerdo al análisis realizado en este fallo constitucional; siempre y cuando en el transcurso del tiempo no lo hubiera realizado. ii) Que, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, ejerza el control jurisdiccional sobre las actuaciones del Ministerio Público, con base en los razonamientos establecidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, velando porque no se vulneren derechos ni garantías constitucionales del accionante; 3º Exhortar:

a) Al Tribunal de garantías para que en casos análogos asuma los principios de la justicia constitucional y la jurisprudencia establecida en este fallo constitucional; b) Al Fiscal General del Estado en coordinación con la Dirección General de Migración, para que, en un plazo de tres meses, regulen la activación de la alerta migratoria siempre y cuando, coadyuve a la materialización de cualquiera de las medidas restrictivas de los derechos a la libertad física y de locomoción, legalmente establecidas por ley; tomando en cuenta los entendimientos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; pero de ninguna manera de oficio o a petición de parte. 4º Notificar por Secretaría General:

1) Al Fiscal General del Estado para que, por las unidades correspondientes del Ministerio Público, se difunda la presente Sentencia, a efectos de suspender las emisiones de alertas migratorias de oficio o a petición de parte; y, 2) Al Tribunal Supremo de Justicia, para que socialice el presente fallo constitucional, a todas las instancias judiciales correspondientes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

13 El art. 13.1 y 2 de la DUDH, dispone: 1.Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2.Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

14 En la Sentencia de 27 de julio de 2022 sobre Excepciones, Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 381. 15La SC 0023/2010-R de 13 de abril, realiza una diferencia entre el derecho a la libertad física y el derecho a la libre circulación, a efectos de sostener que ambos derechos al encontrarse relacionados, se constituyen en objeto de tutela de la acción de libertad: [D]e acuerdo a las normas referidas, existe una clara distinción entre el derecho a la libertad física o personal, y el derecho a la libertad de circulación. El primero es entendido como la facultad que tienen los individuos de disponer de su propia persona, de determinarse por su propia voluntad y actuar en virtud a ella, sin que el Estado ni terceras personas puedan impedirlo a través de privaciones de libertad ilegales o arbitrarias. (…) El derecho a la circulación; en cambio, es concebido como la facultad de las personas de moverse libremente en el espacio, de desplazarse de un lugar a otro, de circular por todo el territorio nacional e inclusive, de salir e ingresar a él, sin que medie ningún impedimento ilegal o arbitrario.

16 El art. 23 de la CPE, dispone: I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito (las negrillas son nuestras). 17El art. 116 de la CPE, establece:

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 18El art. 30 de la CADH, dispone: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.

19 Sentencia de 30 de agosto de 2019 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, Serie c 380.

20 Ibidem, resumen del párrafo 172.

21 Ibidem, resumen del párrafo 173.

22 Ibidem, resumen del párrafo 173.

23 Ibidem, entendimiento extraído del párrafo 175. 24Ibidem, razonamiento sustentado en el párrafo 176. 25Ibidem, entendimiento establecido en el párrafo 177. 26El art. 12 del PIDCP, dispone: 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país (las negrillas son nuestras).

27 Observación General 27 de 2 de noviembre de 1999, párrafo 8.

28 Ibidem, resumen del párrafo 11.

29 Ibidem, resumen del párrafo 12.

30 Ibidem, resumen del párrafo 13. 31Ibidem, resumen del párrafo 14.

32 Ibidem, párrafo 15. 33Ibidem, resumen del párrafo 16. 34Ibidem, resumen del párrafo 18.

35 Incorporado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019.

36 La SC 1577/2005-R de 6 de diciembre, establece: “…en el régimen cautelar existen diversas medidas cautelares a fin de asegurar la presencia del imputado en juicio, existen las de naturaleza patrimonial como las fianzas, otras de naturaleza extrapatrimonial que tampoco afectan el ámbito de la libertad física del imputado. Al margen de estas medidas, existen otras que si bien no limitan el derecho a la libertad física de forma total, como resulta la detención preventiva, limitan el derecho a la libertad de locomoción, entendido éste como la libertad de hombre de poder mantenerse, circular, transitar, salir de su radio de acción cuando él así lo quiera y pretenda; en consecuencia, imponer por ejemplo un arraigo, implica limitar el derecho de salir o ingresar a nuestro país, de igual forma imponer como medida sustitutiva no acudir a determinados lugares o presentarse periódicamente ante una autoridad determinada, no importa sino limitar el derecho a la locomoción, entendida la limitación como una medida impuesta por una autoridad competente y mediante resolución debidamente fundamentada, pues si ello no ocurre no existirá limitación sino una restricción indebida al referido derecho o supresión del mismo desde la perspectiva del imputado que la tenga que cumplir” (las negrillas nos pertenecen).

37 Toda la información puede extraerse de la siguiente página web: https://www.interpol.int/es

38 Esta información puede ser encontrada en la página web: http://interpol.policia.bo/ “La Dirección Nacional de la O.C.N. INTERPOL dependiente de la Policía Boliviana afiliada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) con sede en Lyon – Francia, mediante Decreto Supremo Nº 06427 aprobado en fecha 19 de abril de 1963 y Decreto Supremo No. 25477 disponiéndose sobre su funcionamiento como oficina técnica de enlace, coordinación, cooperación e intercambio de información policial, de acuerdo a sus atribuciones realiza la cooperación de intercambio y alerta internacional de información relativa a hechos delictivos de derecho común; investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas, personas buscadas a nivel internacional por la comisión de delitos con fines de extradición, organizaciones criminales, modus operandi, vehículos robados, trata y tráfico de personas, ciudadanos dedicados al terrorismo, tráfico de drogas, obras de arte, armas de fuego, razones humanitarias y otros. Esta Dirección, en cumplimiento la función general y específica cumple con labores de cooperación internacional y recíproca, con los 195 países miembros de INTERPOL, como también cooperación interinstitucional a nivel nacional”.

39 El art. 5.6 de la LOMP, señala que el Ministerio Público: “Es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional, ejerce sus funciones a través de las y los Fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación…”.

40 La SCP 0299/2012, establece: “De acuerdo a este principio, cualquier fiscal tiene la representatividad del Ministerio Público, es decir, que no actúa personificado individualmente, puede ser válidamente suplido por otro que lo representa íntegramente, pues a través de él interviene toda la institución, lo que significa que en caso de ausencia de uno de los representantes del Ministerio Público en un acto procesal como una audiencia, cualquier otro fiscal puede reemplazarlo, independientemente de que sea el titular de la investigación. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con los jueces, no podrá anularse una diligencia o dejarse de practicar un acto invocando que el fiscal asignado se halle impedido de su concurrencia al mismo”. 41La SCP 0621/2023-S3, sobre quién tiene la competencia para conocer y resolver un asunto relacionado con la alerta migratoria, establece que: “…este Tribunal concluye que la resolución de las actuaciones ahora reclamadas, corresponden previamente ser verificadas y dilucidadas en su legalidad por el Juez de Instrucción Penal a quien se hubiese informado sobre el inicio de la investigación; además que al tener estos reclamos relación con la presunta comisión de un delito aun de no existir aun el pertinente informe de inicio de investigación corresponde dicho control al Juez de Instrucción Penal de Turno, ya que en el marco del entendimiento jurisprudencial referido, es la vía idónea y de acceso oportuno en la misma sede ordinaria para dilucidar y resolver la legalidad o ilegalidad de la actuación asumida por la Fiscal de Materia accionada; pues desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, dicha autoridad asume el rol de Juez controlador de derechos y garantías constitucionales del imputado y de los demás sujetos procesales, que deriven entre otras cuestiones de los conflictos emergentes de la actividad investigativa desarrollada por el Ministerio Público”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2025-S3.pdf · páginas 1 a 39.

Huella digital del PDF (SHA-256): 442beec1732d23d575a8f73b04937a1d125bf67d60bbcf0af0ad47ec266eeea2

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