Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 6 de marzo de 2024
Deniega la tutela
El solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en su garantía mínima a la comunicación previa y detallada de la acusación o incriminación; así como, de sus derechos a ser oído, a la defensa y a la fundamentación y motivación suficiente, razonable y congruente de las resoluciones; debido a que, los Vocales demandados de manera incongruente y arbitraria, confirmaron la decisión de la autoridad de primera instancia de rechazar su incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación; concluyendo que, su plazo para presentar dicho recurso corría desde la audiencia de medida cautelar, pese a reconocer que la notificación personal con dicha imputación, se la realizó de forma posterior; por lo que, tampoco se podía concluir que se convalidó la misma; apartándose de lo previsto en los arts. 167.II y 314.“II” del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 144 a 150 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2024-S4 Sucre, 6 de marzo de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 54695-2023-110-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 103/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 144 a 150 vta.; pronunciada, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaime Edwin Zurita Trujillo contra Pablo Antezana Vargas y Delina Irma Zurita Herbas, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 24 de marzo de 2023, cursante de fs. 55 a 63 vta.; y, el de subsanación de 8 de septiembre del mismo año (fs. 98), el accionante por sí y mediante su representante legal; manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, fue imputado por Resolución de 18 de febrero de 2021, presentado ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, siendo notificado mediante comisión instruida con tal decisión el 17 de marzo del año indicado; en virtud de lo cual, el 30 de igual mes y año, planteó incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa; empero, el Juez de la causa el 31 del citado mes y año, dispuso rechazarlo in límine; por lo que, activó una acción de amparo constitucional, cuya concesión de tutela ordenó se resuelva el fondo de dicho incidente; pronunciándose en consecuencia, el Auto Interlocutorio de 10 de agosto de 2022, determinando rechazar el mismo; motivo por el que, interpuso recurso de apelación contra el referido fallo, obteniendo en respuesta el Auto de Vista de 23 de septiembre de 2022, dictado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el cual dispuso confirmar la decisión recurrida, bajo el argumento de que si bien se le notificó de forma personal con la imputación el 17 de marzo de 2021; sin embargo, la autoridad de primera instancia concluyó que el 26 de febrero del año aludido, cuando se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, tuvo pleno conocimiento de la imputación formal; a partir de lo cual, tenía diez días conforme a norma para plantear el merituado incidente; por lo que, su presentación fue extemporánea, habiendo convalidado de este modo las actuaciones procesales, mismas que cumplieron con su finalidad; entendimiento que resulta totalmente vulneratorio y apartado de lo previsto por los arts. 167.II y 314.“II” del Código de Procedimiento Penal (CPP); dado que, los defectos absolutos no son susceptibles de convalidación, infringiendo de este modo su derecho a ser oído, para exponer sus razones y ejercer su derecho a la defensa; además que, el objeto de la audiencia cautelar no es el planteamiento de incidentes.
El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su garantía mínima a la comunicación previa y detallada de la acusación o incriminación; así como, de sus derechos a ser oído, a la defensa y a la fundamentación y motivación suficiente, razonable y congruente de las resoluciones; citando al efecto, a los arts. 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de septiembre de 2022; b) Que las autoridades demandadas dicten un nuevo fallo, sobre la base de un examen integral y objetivo del proceso y la debida consideración de los argumentos expuestos en su recurso de apelación y tomando en cuenta los fundamentos de la Sala Constitucional; y, c) La condenación de costas, daños y perjuicios de dichas autoridades.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución de 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 64 a 65, declaró la improcedencia de esta acción de amparo constitucional por inmediatez; posteriormente, se notificó con dicho fallo a la parte solicitante de tutela el 30 de igual mes y año (fs. 66); por lo que, a través de memorial presentado el 31 del mismo mes y año (fs. 73 a 74 vta.), se impugnó dicha determinación.
Por Auto Constitucional (AC) 0064/2023-RCA de 8 de mayo, cursante de fs. 79 a 84, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 27 de marzo de 2023, disponiendo que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 139 a 143; presentes el accionante acompañado de su abogado y apoderado; así como, los terceros interesados; y, ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos esgrimidos en su demanda de esta acción de amparo constitucional; y ampliándolos, sostuvo que, las autoridades demandadas hicieron alusión en su informe respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria; empero, en su demanda de esta acción tutelar, no se denunció aquello; pese a que, no se realizó una adecuada interpretación de los arts. 167 y 314 del CPP.
Pablo Antezana Vargas y Delina Irma Zurita Herbas, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 20 de septiembre de 2023, cursante de fs. 112 a 114 vta.; señalaron que: 1) El solicitante de tutela no expuso el nexo de causalidad entre los derechos supuestamente lesionados y la actuación de sus autoridades en el fallo cuestionado, limitándose a transcribir antecedentes procesales, normas y jurisprudencia; y, 2) El Auto de Vista referido, se circunscribió a lo previsto por el art. 398 del adjetivo penal, no siendo viable que el accionante pretenda usar la vía constitucional como un medio alterno o de casación.
Gabriel García Rojas, Fiscal de Materia, en audiencia; manifestó que: i) El impetrante de tutela no cumplió con la carga argumentativa suficiente; es decir, no manifestó de qué manera los métodos interpretativos debían ser aplicados y por qué el no hacerlo vulneraba sus derechos; y, ii) Respecto a que no hubiese podido asumir defensa, de la revisión de obrados se constata que desde la declaración informativa del sindicado el 2020, tenía pleno conocimiento de los hechos por los que se le juzgaba y contó con hasta cinco abogados en las diferentes actuaciones judiciales, llegando a interponer anteriormente un incidente de actividad procesal defectuosa y su participación activa en cada etapa procesal.
Gerardo Puma Cruz y María Javier Yucra, como apoderados de las víctimas del proceso, mediante sus abogados en audiencia; indicaron que: a) El solicitante de tutela reconoció de forma expresa en la audiencia de esta acción tutelar, que tuvo conocimiento de la imputación en la audiencia cautelar; es decir, el 26 de febrero de 2021; contrastando además, la prueba que presentó el Ministerio Público en aquella oportunidad; y, b) Los momentos procesales recursivos han estado a disposición plena del sindicado; empero, al no haber recurrido a tiempo a éstos, el mismo pretende enmendar su propia negligencia acudiendo a la vía constitucional.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 103/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 144 a 150 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de obrados; se constata que, el 19 de febrero de 2021, el Ministerio Público presentó imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares, contra el hoy accionante, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; quien, por decreto de 22 del mismo mes y año, tomó conocimiento de aquello y señaló la audiencia respectiva para el 26 de igual mes y año; y, dispuso la notificación personal de Jaime Edwin Zurita Trujillo, con la referida imputación formal y dicho proveído, notificación que fue cumplida a cabalidad el 22 del citado mes y año; en virtud de lo cual, tanto el impetrante de tutela como su abogado, asistieron a la mencionada audiencia ejerciendo su derecho a la defensa plenamente; y, 2) En tales antecedentes, se demuestra que, siendo la imputación la base esencial para consideración de la aplicación de medidas cautelares; se tiene que, el solicitante de tutela al momento de la realización de la audiencia cautelar señalada, tuvo conocimiento cierto, objetico y efectivo de la misma; por lo que, la preclusión del plazo para interponer incidente contra dicho actuado fiscal fue por decisión propia y libre arbitrio.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 10 de agosto de 2021, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Jaime Edwin Zurita Trujillo –hoy accionante–, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, y asesinato en grado de tentativa, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinó rechazar el incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación formulado por el sindicado; decisión, que fue impugnada por la defensa del hoy impetrante de tutela en el mismo actuado procesal (fs. 44 a 47 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista de 23 de septiembre de 2022, Pablo Antezana Vargas y Delina Irma Zurita Herbas, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandados–, determinaron declarar procedente en parte el recurso de apelación indicado en la Conclusión previa; y, en consecuencia, debiendo sustraerse de la resolución apelada lo relativo a lo establecido por el art. 315 del CPP, respecto a la malicia del incidente y los argumentos referidos a que se trataría de “un mismo incidente” (sic); confirmando en lo restante, el Auto Interlocutorio recurrido (fs. 108 a 111 vta.).
El solicitante de tutela, denunció la lesión del debido proceso en su garantía mínima a la comunicación previa y detallada de la acusación o incriminación; así como, de sus derechos a ser oído, a la defensa y a la fundamentación y motivación suficiente, razonable y congruente de las resoluciones; debido a que, los Vocales demandados de manera incongruente y arbitraria, confirmaron la decisión de la autoridad de primera instancia de rechazar su incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación; concluyendo que, su plazo para presentar dicho recurso corría desde la audiencia de medida cautelar, pese a reconocer que la notificación personal con dicha imputación, se la realizó de forma posterior; por lo que, tampoco se podía concluir que se convalidó la misma; apartándose de lo previsto en los arts. 167.II y 314.“II” del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0175/2020-S4 de 21 de julio, reiterando la línea jurisprudencial emitida con relación a la temática de exordio; sostuvo que: “Al respecto la SCP 0551/2019-S4 de 25 de julio, señaló que: ‘Conforme se ha establecido a través de la jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal.
Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea este judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara y sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición. Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R y 1369/2001-R, entre otras). En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente la decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere. Ahora bien, de manera imprescindible, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se encuentra vinculado con el principio de congruencia, entendido como: «…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0486/2010-R de 5 de julio); de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse, en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales. En armonía con los criterios previamente glosados, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose a la motivación de los fallos, estableció que: «…la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad». Respecto a la congruencia de las resoluciones judiciales, como elemento constitutivo del debido proceso, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, estableció que: «…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa»; razonamiento que nos permite concluir que la congruencia, se traduce en la respuesta expresa a las pretensiones formuladas por las partes, atendiendo todos y cada uno de los puntos en los cuales se sustenta una acción o recurso y que constriñe a la autoridad que los conoce a contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas, debiendo, además de ello, establecer una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume’. De lo señalado se concluye que la congruencia como elemento del debido proceso, responde a la estructura misma de una resolución, por la cual, toda autoridad jurisdiccional, está obligada a contestar y absolver cada una de las pretensiones expuestas por las partes en su recurso, lo que implica que el fallo emitido debe responder a la pretensión jurídica y expresión de agravios formulados por las partes, y la concordancia que debe existir en todo el contenido de la respectiva resolución, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la debida coherencia y armonía. Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, implica que la autoridad que emite una resolución, debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes, realizar una exposición clara de los aspectos fácticos, describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso, detallar los medios de prueba aportados, valorar de manera concreta todos y cada uno de los medios probatorios asignándoles un valor específico a cada uno de ellos de forma motivada, determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; empero, la motivación de una resolución que resuelve cualquier conflicto jurídico o administrativo, no necesariamente implica que su exposición deba ser ampulosa o abundante con consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, pues al contrario como se dijo anteriormente una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara cuales las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, adecuados o subsumidos a la fundamentación legal y citando para ello las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución” (las negrillas nos pertenecen).
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Jaime Edwin Zurita Trujillo –hoy accionante–, por la presunta comisión de los delitos de asesinato, y asesinato en grado de tentativa, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinó rechazar el incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación formulado por el sindicado; decisión, que fue impugnada por la defensa del hoy impetrante de tutela en el mismo actuado procesal (Conclusión II.1); en cuyo mérito, mediante Auto de Vista de 23 de septiembre de 2022, Pablo Antezana Vargas y Delina Irma Zurita Herbas, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandados–, determinaron declarar procedente en parte el recurso de apelación indicado; y, en consecuencia, debiendo sustraerse de la resolución apelada lo relativo a lo establecido por el art. 315 del CPP, respecto a la malicia del incidente y los argumentos referidos a que se trataría de “un mismo incidente” (sic), confirmando en lo restante el Auto Interlocutorio recurrido (Conclusión II.2). En ese contexto, el solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su garantía mínima a la comunicación previa y detallada de la acusación o incriminación; así como, de sus derechos a ser oído, a la defensa y a la fundamentación y motivación suficiente, razonable y congruente de las resoluciones; alegando que, los Vocales demandados de manera incongruente y arbitraria, confirmaron la decisión de la autoridad de primera instancia de rechazar su incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación; concluyendo que, su plazo para presentar dicho recurso corría desde la audiencia de medida cautelar, pese a reconocer que la notificación personal con dicha imputación, se la realizó de forma posterior; por lo que, tampoco se podía concluir que se convalidó la misma; apartándose de lo previsto en los arts. 167.II y 314.“II” del CPP.
En ese contexto, para efectuar el análisis respectivo de la problemática planteada, corresponde inicialmente desglosar los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista de 23 de septiembre de 2022; siendo éstos, los siguientes: i) El Juez a quo; concluyó que, el 26 de febrero de 2021, al llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares y estar presente el prenombrado se ha efectuado o convalidado la actuación procesal; sin embargo, pese a ello, el 30 de marzo de igual año, el sindicado presenta el referido incidente; es decir, un mes después, pretendiendo dar a entender que recién tuvo conocimiento de la imputación formal el 17 de marzo de 2021; lo cual, estaría fuera de contexto; ya que, significaría que tanto el abogado como el imputado no habrían escuchado en audiencia de medidas cautelares la imputación formal, cuando ambos inclusive han realizado la defensa técnica y material en la misma; en ese contexto, la defensa técnica tenía el plazo de diez días para formular su incidente; por lo que, al no haber ejercido los mecanismos de defensa dentro el plazo establecido y otorgado por ley, su derecho hubiese precluido en previsión del art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y la jurisprudencia constitucional; puesto que, los actos procesales precluyen cuando los derechos no fueron ejercidos dentro los plazos establecidos por ley, aspecto que aconteció en el presente caso; consecuentemente, no pudiendo reabrirse plazos procesales transcurridos o que se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio, corresponde a la autoridad jurisdiccional dar cumplimiento a la normativa referida precedentemente; razonamiento que el Tribunal de Alzada, no advierte que hubiera incurrido en una errónea aplicación de la normativa legal, mucho menos que vulnere del derecho al debido proceso; siendo que, el Juez a quo se ha limitado a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, conforme a lo previsto por los arts. 314 y 167 del CPP, además de la jurisprudencia constitucional que establece el plazo de diez días para la interposición del incidente de nulidad de notificación o cualquier incidente; ii) En la aplicación de una medida cautelar el requisito sine qua non, es la existencia de una imputación formal; por ende, en el caso se puede concluir que tanto la defensa técnica como la parte imputada, tenían pleno conocimiento de la misma; y, por ello, la resolución que ordenó la aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, mereció la interposición de apelación incidental contra la misma; más aún, si conforme a la línea jurisprudencial se tiene establecido que toda notificación por defectuosa que sea, cuando esta cumpla con la finalidad establecida, como la de hacer conocer a las partes procesales la comunicación en cuestión resulta válida; por lo que, al respecto no tiene mérito la apelación formulada; y, iii) Con relación a que el Juez a quo también habría rechazado el incidente planteado; alegando que, sería similar a otro incidente interpuesto con anterioridad; de la resolución apelada, se tiene que, el Juez a quo revisó los antecedentes del caso, respecto al incidente de actividad procesal defectuosa planteado el 4 de enero de 2021; y, el de 30 de marzo de igual año, referido a la nulidad de imputación formal de actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación; de ello se advierte que, dadas las fechas es lógico que no se trataría de un mismo incidente, en cuanto al petitorio tampoco conlleva que tengan el mismo objetivo; toda vez que, el primer incidente era relativo a la actividad procesal defectuosa antes de la emisión de la imputación formal; y el segundo incidente, es relativo al cuestionamiento de la imputación formal; por lo que, dicho razonamiento del Juez a quo resulta erróneo y no acorde a los antecedentes que informan el proceso; por consiguiente, al respecto tiene mérito la apelación efectuada.
Así, del contraste de los agravios expuestos en la problemática planteada por la hoy accionante y los fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista cuestionado; se evidencia que, las autoridades demandadas de manera coherente y precisa establecieron que la imputación formal es el requisito esencial y central para el desarrollo de la audiencia de medida cautelar; la cual, en el caso de análisis se desarrolló el 26 de febrero de 2021, actuado en el que estuvo presente tanto el accionante como su abogado defensor; es decir, que en dicha fecha tuvo pleno conocimiento de manera personal de la mencionada imputación; por lo que, al haber el sindicado formulado el incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa, recién el 30 de marzo del año aludido, el plazo de diez días previsto por norma ya había precluido, tal como establece el art. 314.I del CPP, que a su letra ordena: “…Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional” (las negrillas fueron añadidas), previsión a la cual se remite el art. 167.II del mismo cuerpo legal, cuando respecto a la procedencia y oportunidad del planteamiento de actividad procesa defectuosa, manda “Los planteamientos de actividad procesal defectuosa, deberán ser formulados por una sola vez en el plazo de diez días de haber sido notificado el acto acusado de defectuoso, caso contrario operará el principio de convalidación y preclusión. La jueza o el juez deberá resolverlo conforme al Artículo 314 de este Código, antes de la conclusión de la etapa preparatoria” (las negrillas son nuestras); es decir, que el fundamento utilizado por los Vocales demandados se encuentra debidamente respaldado por norma; toda vez que, con el mismo no se valida una notificación personal con la imputación formal en la audiencia de medidas cautelares; sino que, se evidencia que en la misma tanto el imputado como su abogado tuvieron conocimiento pleno de la existencia de la misma y los términos de ésta; a partir de lo cual, a efecto de enmendar cualquier presunta nulidad de la misma, tenía el plazo de diez días para ejercer su derecho de plantear el incidente de actividad procesal defectuosa; por lo que, al haber obrado en contrario, su oportunidad de interposición de ese incidente precluyó por causa propia; entendimiento que fue expresado por los Vocales demandados, en el Auto de Vista ahora cuestionado.
Consiguientemente; se evidencia que, el Auto de Vista ahora cuestionado, contiene una estructura de forma y fondo, que expresa las convicciones determinativas que justifican legalmente su decisión; debiendo recalcarse que sólo en aquellos casos, en los que la fundamentación sea decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o en últimas, inexistente, puede la vía constitucional intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo cuestionado (Fundamento Jurídico III.1), extremo que no acontece en el caso de análisis; en virtud de lo cual, las normas del debido proceso se tienen por fielmente cumplidas, correspondiendo por ello denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 103/2023 de 21 de septiembre, cursante de fs. 144 a 150 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2024-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3455e3ba26aafe69f45fcc6873b13d02a94dd98695ea4ab3013e28ca19ff314a
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