Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de abril de 2024
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, principio de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, el 10 de noviembre de 2021 solicitó oficios para la Junta de Trabajos y Estudio del tiempo de permanencia y conducta en el Centro Penitenciario de San Pedro “de Chonchocoro” para clasificar al periodo que corresponda al Sistema Progresivo; a tal efecto, por providencia de 11 del mismo mes y año se dispuso lo impetrado; consiguientemente, su defensa técnica interpuso incidente de redención el 20 de enero de 2022, admitido por providencia de 21 de igual mes y año; empero, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no cumplió con lo dispuesto por los referidos decretos que se practique los oficios y cómputo de la pena cumplida, habiendo trascurrido más de dos meses desde la presentación de su solicitud. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El principio de celeridad en la justicia pronta y la acción de libertad traslativa de pronto despacho y la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; y, ii) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial y su excepcionalidad; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 11/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2024-S1 Sucre, 1 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 47688-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 11/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gabriela Britto Sempertegui en representación sin mandato de José Luis Mangudo Ramírez contra Zuleika Abelina Altamirano Torres, Secretaria Abogada del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.
JURÍDICA
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2022, cursante de fs. 1 a 4, la parte accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por el delito de Corrupción de niño, niña y adolescente, mediante memorial de 10 de noviembre de 2021, hizo llegar al Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, solicitud de oficios para la Junta de Trabajos y Estudio; toda vez que, se encuentra en el tercer periodo de clasificación del Sistema Progresivo, a tal efecto a través de providencia de 11 del indicado mes y año, el Juez del citado Juzgado dispuso: “Oficiese al Consejo Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro a los fine solicitados” (sic); empero, hasta la fecha -se entiende hasta la presentación de esta acción tutelar- no fueron remitidos dichos oficios al Régimen Penitenciario.
Asimismo, el 20 de enero de 2022, su defensa técnica interpuso un incidente de redención de la pena y reiteró la solicitud de los oficios para el Régimen Penitenciario de Junta de Trabajo y de Estudio; por lo que, mediante proveído de 21 del citado mes y año, refiere: “Se admite el incidente de redención planteado por JOSE LUIS MANGUDO RAMIREZ, por secretaria emítase computo de pena cumplida sobre las 2/5 partes e informe sobre el cumplimiento de requisitos…ofíciese al fin impetrado” (sic); sin embargo, hasta la fecha la Secretaria del mencionado Juzgado no remitió el computo de la pena y tampoco los oficios de junta de trabajo y estudio al Régimen Penitenciario. Por lo referido se advierte la vulneración de sus derechos y el principio de celeridad; ya que, con la retardación de justicia no se procedió de manera pronta y oportuna.
El impetrante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, el principio de celeridad, justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 115.2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 del Pacto de San José de Costa Rica; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo que la Secretaria demandada se pronuncie de manera objetiva a su solicitud remitiendo el correspondiente cómputo de pena y los oficios de Junta de Trabajo y Estudio mediante las Gestoras al Régimen Penitenciario de “Chonchocoro”, previas las formalidades de ley.
Celebrada la audiencia pública el 6 de mayo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela ratificó el tenor íntegro de la acción libertad interpuesta.
Zuleika Abelina Altamirano Torres, Secretaria Abogada del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por informe presentado el 6 de mayo de 2022, cursante a fs. 9, refirió que: a) Fue posesionada en el cargo de Secretaria del mencionado Juzgado el 1 de diciembre del citado año, posteriormente se ingresó en vacaciones judiciales el mismo mes; b) Haciéndose cargo del mencionado Juzgado en el “mes de enero”, no contando con personal subalterno; siendo que, la “Auxiliar” concluyó su contrato y la anterior Secretaria del señalado juzgado renunció “en octubre”; por lo que, tenía una elevada carga procesal, que le impidió cumplir a cabalidad todas sus funciones; y, c) Al momento de presentar su informe se dio cumplimiento con la elaboración y correspondiente generación de notificaciones, habiendo dejado seis en la Gestora de Procesos para su respectiva notificación.
William Alave Laura, representante del Ministerio Público, pese a su legal notificación, cursante a fs. 6, no presentó escrito ni se presentó en la audiencia programada.
El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 11/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el día se elabore los oficios correspondientes, bajo responsabilidad de la Secretaria Abogada demandada; por lo que, la parte solicitante de tutela tiene la facultad de remitir la Resolución Constitucional al Consejo de la Magistratura para su proceso disciplinario.
Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, Jose Luis Mangudo Ramírez -ahora accionante-, solicitó al Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz: “JUNTA DE TRABAJO Y ESTUDIO”; toda vez que, se encuentra en el tercer periodo del Sistema Progresivo, dicha petición se ampara de conformidad a lo establecido en los arts. 24 y 74 de CPE; 9 y 17 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-; el mismo fue providenciada el 11 de noviembre de 2021 “Ofíciese al Concejo Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro a los fines solicitados” (sic [fs. 10 y vta.]). II.2. A través de escrito presentado el 20 de enero de 2022, dirigida al Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz el impetrante de tutela: “PLANTEA INCIDENTE DE REDENCIÓN DE LA PENA”, bajo el argumento: 1) Por Sentencia 047/2021 de 3 de mayo, fue sentenciado a una pena privativa de libertad de cuatro años por el delito de corrupción de niño, niña y adolescente, y que de acuerdo al Certificado de permanencia y conducta se estableció que su detención fue el 6 de diciembre de 2018; por lo que, hasta el 18 de enero de 2022 su permanencia en el Centro Penitenciario de San Pedro “de Chonchocoro” es de 3 años, 1 mes y 12 días” (sic); y, 2) Solicitando emitir los siguientes oficios: -Al Señor DIRECTOR DEL PENAL DE SAN PEDRO DE CHONCHOCORO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, a fin de que se remita ante su despacho el CERTIFICADO DE PERMANENCIA Y CONDUCTA ACTUALIZADO correspondiente a mi persona. -Al señor DIRECTOR DEL PENAL DE SAN PEDRO DE CHONCHOCORO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ a fin de que por el Consejo Penitenciario se me pueda clasificar al PERIODO QUE CORRESPONDA DEL SISTEMA PROGRESIVO, solicitud que la realizo de conformidad al art. 24 de la C.P.E. y 157 de la Ley 2298. -AL CONSEJO PENITENCIARIO DEL PENAL DE SAN PEDRO DE CHONCHOCORO, PARA QUE REMITAN A SU AUTORIDAD INFORME DE JUNTA DE TRABAJO Y ESTUDIO, de todo el tiempo de permanencia en el penal de San Pedro de Chonchocoro (sic [fs. 11 y vta.]) II.3. Por providencia de 21 de enero de 2022, el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, admitió el incidente de redención planteado por el ahora peticionante de tutela, ordenándose que por “…secretaria se emita el computo de pena cumplida sobre las 2/5 partes e informe sobre el cumplimiento de requisitos” (sic [fs. 12]). II.4. Zuleika Abelina Altamirano Torres, Secretaria Abogada del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, mediante informe escrito de 6 de mayo de 2022 - señaló que no contaba con personal subalterno; siendo que, la Auxiliar concluyó su contrato y la ex secretaria renunció en octubre; por lo que, tenía una elevada carga procesal, que le impidió cumplir a cabalidad sus funciones viene (fs. 9).
El accionante a través de su representante sin mandato, alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, principio de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, el 10 de noviembre de 2021 solicitó oficios para la Junta de Trabajos y Estudio del tiempo de permanencia y conducta en el Centro Penitenciario de San Pedro “de Chonchocoro” para clasificar al periodo que corresponda al Sistema Progresivo; a tal efecto, por providencia de 11 del mismo mes y año se dispuso lo impetrado; consiguientemente, su defensa técnica interpuso incidente de redención el 20 de enero de 2022, admitido por providencia de 21 de igual mes y año; empero, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no cumplió con lo dispuesto por los referidos decretos que se practique los oficios y cómputo de la pena cumplida, habiendo trascurrido más de dos meses desde la presentación de su solicitud. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) El principio de celeridad en la justicia pronta y la acción de libertad traslativa de pronto despacho y la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; y, ii) Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial y su excepcionalidad; y, iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto en sus fundamentos jurídicos trato el principio de celeridad y la acción de libertad traslativa de pronto despacho. Así en relación al principio de celeridad, ha señalado que por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principio y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin los administradores de justicia deben regir sus actos conforme al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embrago, cuando los jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, la parte perjudicada puede interponer la acción de libertad, esto cuando el juzgador incurra en dilaciones indebidas o se advierta una mora procesal o retardación de justicia, más aun cuando se trata de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .
1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril[1]; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012[2], que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que: “Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.”
La misma SCP 0266/2020-S1, también se ha referido a la acción de libertad traslativa de pronto despacho, como medio idóneo para que la parte perjudicada con la actuación dilatoria del juez, sea resguardado sus derechos; así ha señalado que, el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionado a la libertad o devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privado de libertad es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho .
Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios
Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio[3], reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril[4] citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado. 2 El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema.
Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE[5] de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.
En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.
En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:
“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.”
La misma Sentencia Constitucional Plurinacional en relación a la dignidad en derechos de los privados de libertad ha manifestado que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sean restringidos en su libertad de locomoción, ya sea por una sentencia condenatoria o una resolución de medida cautelar, en esa medida conforme a la de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298-, deben ser respetados su dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, así como lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos de éste grupo de personas .
Judicial y su excepcionalidad
La SCP 0387/2020-S1 de 25 de agosto, haciendo referencia a los funcionarios de apoyo jurisdiccional señala que por regla general carecen de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, porque no cumplen la función jurisdiccional; empero, excepcionalmente adquieren A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:
“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).” En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:
“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 3 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”
legitimación pasiva para ser demandados en dichas acciones tutelares en los supuestos detallados.
…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…” (las negrillas nos corresponden.
En este sentido la misma jurisprudencia constitucional textualmente expresa que los funcionarios de apoyo, adquieren legitimación pasiva en las acciones tutelares en los supuestos señalados.
El accionante a través de su representante sin mandato, alega como vulnerados sus derechos a la libertad, al debido proceso, principio de celeridad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, el 10 de noviembre de 2021 solicitó oficios para la Junta de Trabajos y Estudio 4 Sobre esta temática, la SCP 1572/2003-R de 4 de noviembre4, dentro de un recurso de amparo constitucional -ahora acción de amparo constitucional- señaló que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias no tienen legitimación pasiva, porque no ejercen la jurisdicción como los jueces sino que, cumplen sus órdenes e instrucciones, salvo que contradigan o alteren las mismas, que fue reiterada por las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y 1093/2010-R de 22 de agosto y 1521/2014 de 16 de julio.
Ahora bien, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, dentro de una acción de libertad desarrolló el fundamento jurídico respecto a la legitimación pasiva en funcionarios subalternos, reiterando el entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 1093/2010-R de 23 de agosto, la que a su vez repitió la SC 0332/2010-R de 17 de junio.
Por su parte la SCP 0326/2014 de 21 de febrero, desarrolló el fundamento jurídico sobre la legitimación pasiva de funcionarios de apoyo jurisdiccional en acción de libertad, reiterando el entendimiento desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1121/2012 de 6 de setiembre, 0691/2012 de 2 de agosto y 1093/2010-R, expresando que la referida acción debe dirigirse contra las personas o autoridades que son responsables del acto ilegal y que lesiona sus derechos, posibilitando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en el análisis de la problemática planteada, en este entendido la secretaria o el secretario, la o el auxiliar y la o el oficial de diligencias, son servidoras y servidores de apoyo judicial; por lo que, no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces, en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar órdenes o instrucciones de su superior, excepto cuando no asumen la determinación de la autoridad jurisdiccional y siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Asimismo, la referida SCP 0326/2014 fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0965/2014 de 23 de mayo, 1521/2014 de 16 de julio y 359/2016-S1 de 17 de abril. Siguiendo el desarrollo jurisprudencial sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo judicial, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, sobre este tema en la acción de libertad realizó un cambio de línea respecto al entendimiento efectuado en las Sentencias Constitucionales 0332/2010-R de 17 de junio y en la 1279/2011-R de 26 de septiembre, señalando que:
“…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente…”
La referida SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, fue reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0759/2015-S2 de 24 de junio, 0244/2016-S2 de 21 de marzo, 1110/2017-S2 de 23 de octubre, 0798/2018-S3, 0259/2019-S1 de 15 de mayo, entre otras.
del tiempo de permanencia y conducta en el Centro Penitenciario de San Pedro “de Chonchocoro” para clasificar al periodo que corresponda al Sistema Progresivo; a tal efecto, por providencia de 11 del mismo mes y año se dispuso lo impetrado; consiguientemente, su defensa técnica interpuso incidente de redención el 20 de enero de 2022, admitido por providencia de 21 de igual mes y año; empero, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, no cumplió con lo dispuesto por los referidos decretos que se practique los oficios y cómputo de la pena cumplida, habiendo trascurrido más de dos meses desde la presentación de su solicitud. De la revisión de antecedentes procesales de la acción de libertad traído en revisión, se advierte que mediante memorial de 10 de noviembre de 2021 José Luis Mangudo Ramírez -ahora impetrante de tutela- solicitó “JUNTA DE TRABAJO Y ESTUDIO”; por lo que, por providencia de 11 de noviembre del citado año indicó: “Oficiese al Concejo Penitenciario de San Pedro de Chonchocoro a los fines solicitados” (sic); asimismo, el 20 de enero de 2022 interpuso incidente de redención ante el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, autoridad que emitió el decreto de 21 del referido mes y año, disponiendo que por Secretaria se practique el cómputo de la pena cumplida (Conclusiones II.1 y II.2). Por informe escrito de 6 de mayo de 2022 la Secretaria ahora demandada señaló que se encuentra sin personal de apoyo, siendo que la Auxiliar concluyó su contrato y la anterior Secretaria renunció encontrándose solo con el Juez de dicho Juzgado; por lo que, tiene una elevada carga procesal, que le impidió cumplir a cabalidad sus funciones (Conclusión II.4).
En ese marco de los antecedentes expuestos, se colige que la interposición de la presente acción tutelar está dirigida contra una servidora de apoyo judicial; en consecuencia, corresponde remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que con referencia a la legitimación pasiva que adquiere el personal subalterno del Órgano Judicial, precisó, que en acciones tutelares pueden ser demandados siempre y cuando se cumplan con las siguientes subreglas:
…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva…
En el presente caso, el reclamo emerge del incumplimiento de las instrucciones dispuestas por el Juez de Ejecución Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, quien por proveídos de 11 de noviembre de 2021 y 21 de enero de 2022, admitió el incidente de redención planteado por el ahora peticionante de tutela, ordenándose que por “…secretaria se emita el computo de pena cumplida sobre las 2/5 partes e informe sobre el cumplimiento de requisitos” (sic) y por Secretaria se practique el cómputo de la pena cumplida y emita oficios de acuerdo a lo solicitado por José Luis Mangudo Ramírez, en ese entendido Zuleika Abelina Altamirano Torres, servidora de apoyo judicial -ahora demandada- no dio cumplimiento a ese mandato y su omisión por parte de dicha servidora conlleva a revestirla de legitimación pasiva para ser demandada en la presente acción de libertad, correspondiendo ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a efectos de su verificación.
Conforme se refirió de forma precedente, se tiene que el ahora solicitante de tutela planteo un incidente de redención impetrado por el ahora accionante, por memoriales de 10 de noviembre de 2021 y 20 de enero de 2022, solicitando oficios para el Consejo Penitenciario de San Pedro “de Chonchocoro” y también se emita el computo de pena sobre la dos quintas partes y el cumplimiento de los requisitos, disponiéndose a través de proveídos 11 de noviembre de 2021 y 21 de enero de 2022, que la Secretaria Abogada ahora demandada practique el cómputo de la pena cumplida; por lo que, en cumplimiento a los dispuesto en la Ley del Órgano Judicial que en su art. 94.6 estableció: “I. Son obligaciones comunes de las secretarias y los secretarios: (…) 6. Emitir informes que se les ordene”. De los antecedentes, la mencionada funcionaria judicial se encontraba obligada a practicar el informe requerido; extremo que, conforme lo vertido por informe de 6 de mayo de 2022 se advierte que dicha funcionaria reconoce no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por providencias 11 de noviembre de 2021 y 21 de enero de 2022 y corroborado en audiencia por el Tribunal de garantías a momento de resolver la presente acción tutelar, se constató que no existe un descargo de que se haya dado cumplimiento con la remisión de oficios y la emisión del cómputo de pena cumplida sobre las dos quintas partes habiendo transcurrido más de seis de meses desde su requerimiento; por lo que, en apego al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional supra citado, que estableció como una subregla que los funcionarios judiciales pueden ser demandados por el incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, corresponde realizar el reproche a dicha funcionaria, asimismo cabe referir que esta demora, vulneró el principio de celeridad, que de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional estableció que tiene como objeto garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones y acatando los plazos.
En tal sentido, y conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde aplicar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en razón a que esta tipología de la acción de libertad, tiene por objeto acelerar los trámites judiciales o administrativos, máxime cuando en dicha tramitación se encuentra vinculada a la libertad de las personas, como acontece en el presente caso; toda vez que, el cumplimiento al proveído supra citado, a decir de la Secretaria demandada fue atendido el 6 de mayo de 2022; empero, no existe una constancia de que se hubiera cumplido a cabalidad y tratándose que el cumplimiento a dicho proveído se encuentra vinculada a la libertad del impetrante de tutela, debe ser tramitada y resuelta con la mayor celeridad posible. Asimismo cabe resaltar, que conforme lo establecido a través del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el privado de libertad, por su sola condición no pierde sus otros derechos como todo ser humano; empero, si se encuentra en estado de vulnerabilidad; situación de desventaja y desigualdad; por lo cual, el Estado a través de sus instancias tiene la responsabilidad de velar el respeto de los derechos de este grupo de personas; es así que, la instancia judicial y administrativa, en la que se dilucidan sus derechos tienen el deber de llevar adelante estos trámites con diligencia y celeridad, cumpliendo a cabalidad los plazos que la normativa prevé, pues de lo contrario estaría consintiendo una actuación dilatoria e injustificada que repercute en la conculcación de los derechos humanos de los privados de libertad. Si bien la servidora de apoyo judicial -ahora demandada- en su informe escrito presentado el 6 de mayo de 2022, atribuyó la dilación, a la carga procesal, al estar sin personal de apoyo jurisdiccional, no resulta valedero, el argumento expuesto por actuar con dilación.
Bajo todo lo glosado corresponde acoger el presente reclamo, denunciado a través de la presente acción tutelar. Consiguientemente, el Tribunal de garantías al conceder la acción tutelar, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 11/2022 de 6 de mayo, cursante de fs. 15 a 17, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2024-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 461db7bb86c74b25437d922afad69eccd367094fe168ed10be0a715040e6267f
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