Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 21 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad y al trabajo, así como al principio de debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad procesal y defensa “…y de todos sus elementos constitutivos…” (sic) en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica; puesto que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez accionado: a) No diligenció su solicitud de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria, al encontrarse superabundantemente vencido; b) A tiempo de disponer su detención preventiva incurrió en una indebida valoración de la prueba; puesto que: 1) No valoró correctamente y omitió elementos de prueba idóneos y pertinentes que presentó para desvirtuar riesgos procesales, fundándose en presunciones abstractas para determinar su concurrencia; 2) Señaló que solo contaba con documentos en fotocopia simple, pese a que por la Oficina Gestora de Procesos se recibió dichos elementos de prueba en originales; y, 3) Dispuso su detención preventiva; pese a que, de forma verbal y repetitiva mencionó en audiencia de consideración de esta medida cautelar, que estuvo detenido preventivamente durante un año aproximadamente y que en dicho proceso enervó todos los riesgos procesales insertos en los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2021 de 11 de junio, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, por el accionante respecto a sus derechos a la libertad y al trabajo, así como al principio de debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad procesal y defensa “…y de todos sus elementos constitutivos…” (sic), en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2023-S3 Sucre, 21 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 43957-2021-88-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2021 de 11 de junio, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Daniel Omonte Lima contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de junio de 2021, cursante de fs. 12 a 17, el accionante manifestó lo siguiente:
En el proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra -por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica-, fue notificado por medio digital con la Nota Marginal de 25 de mayo de “2025” -se infiere de 2021-, a fin de intervenir en la audiencia virtual de consideración de medidas cautelares fijada para el 9 de junio de 2021 en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -a cargo del Juez ahora accionado-. Sin embargo, transcurrió superabundantemente el tiempo de duración de la etapa preparatoria, ya que la imputación formal fue realizada a través de la Resolución -de Imputación Formal- 63/2019 de 4 de julio; es decir, aproximadamente dos años atrás; por lo que, solicitó conminatoria -se deduce de Resolución conclusiva- que no mereció diligencia por parte de la autoridad judicial accionada, a quien le correspondería velar por los derechos procesales que la Ley le reconoce. Es así que, en la referida audiencia de consideración de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, por el lapso de tres meses; pese a que, en dicho acto procesal de forma verbal y repetitiva señaló que como consecuencia de otro proceso penal seguido en su contra, en el que la víctima es la misma, guardó detención preventiva durante un año aproximadamente y que enervó todos los riesgos procesales insertos en los arts. “233”, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -verbigracia, los elementos que se evalúa para desvirtuar la concurrencia de riesgo de fuga relativos a la tenencia de trabajo, domicilio y familia- y no consideró que a la interposición de esta acción de defensa va cumpliendo detención domiciliaria con salida laboral que le permite cumplir con sus obligaciones de manutención a sus hijas. Por otro lado, al asumir la determinación de imponerle esta medida cautelar, el Juez accionado no valoró correctamente la documentación que presentó para desvirtuar la concurrencia de los riesgos procesales contemplados en los arts. 233, 234 y 235 del CPP e incurrió en incongruencias respecto a los mismos. Puesto que, en lo concerniente al elemento domicilio que se evalúa para desvirtuar al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, presentó documentación que acredita que sí cuenta con una vivienda que habita hace más de dos años; entre ellas, un Contrato Privado de Alquiler de 28 de enero de 2021, fotocopia de cédula de identidad del propietario del inmueble, así como su Número de Identificación Tributaria (NIT), un certificado de cambio de domicilio emitido por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y factura de luz y agua; a pesar de ello, el Juez accionado señaló que existiría contradicción e hizo referencia al domicilio donde habrían sucedido los hechos -zona de Villa el Carmen, casa propia donde hoy habita la supuesta víctima- aunque estaba impedido de concurrir al mismo, lo cual no fue valorado por la autoridad judicial accionada. Asimismo, para acreditar la tenencia de trabajo, conforme a lo previsto en el art. 234.1 del CPP, el Juez accionado no consideró la documentación idónea y pertinente que adjuntó, consistente en el Memorándum de Designación GAMP/MAE/MD/003/2021 de 6 de mayo; asignación de funciones como Director Administrativo y Financiero del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Palca del departamento de La Paz; un certificado de declaración jurada de bienes y rentas que acreditaría su ingreso a la función pública y certificado de la Contraloría General del Estado (CGE); basándose en presunciones abstractas con relación a la concurrencia de los riesgos de fuga contemplados en el art. 234.1 al 8 del citado Código y tampoco valoró su situación económica. De igual modo, con relación a los elementos trabajo, domicilio y familia, la autoridad “recurrida” manifestó en audiencia que solo contaba con fotocopias simples; empero, en el sistema que genera la Oficina Gestora de Procesos 2 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se puede corroborar que se recibió la documentación en originales. Por otro lado, pese a que se sometió al proceso penal en cumplimiento de la ley, presentándose todas las veces que fue convocado y no tuvo ningún contacto con la víctima, salvo cuando “…POR CIRCUNSTANCIAS DE PROCEDIMIENTO, SE TUVO LA NECESIDAD DE PROXIMACIÓN CON EL RESPETO NECESARIO Y EN CUMPLIMIENTO A LAS DIRECTRICES EMANADAS POR EL FISCAL DE MATERIA” (sic), así como asistió a terapia psicológica en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI), en la que se manifestó que su estabilidad emocional es satisfactoria a los efectos de la presente causa; el Juez accionado determinó la concurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, además que no consideró los certificados del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE) y Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) que presentó para desacreditar rebeldía o “contumacia” a la Ley.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al trabajo, así como al principio del debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad procesal y defensa “…y de todos sus elementos constitutivos…” (sic), en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se suspenda y extinga la persecución indebida realizada mediante la Resolución que dispone su detención preventiva “…SE DETENGA CUALQUIER ACTO DE PERSECUCION Y SE REVISE A FONDO LOS ANTECEDENTES DENTRO DEL PRESENTE CASO ASI COMO LA AUDIENCIA QUE FUE LLEVADA EN FECHA 09 DE JUNIO DE 2021” (sic), conminando a la autoridad jurisdiccional a que resuelva de una forma idónea y transparente su situación procesal.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 11 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 27 y 33 vta., en presencia del peticionante de tutela asistido de su abogado, así como el Juez accionado; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, manifestó que: a) Debe considerarse que en otro proceso penal seguido en su contra con las mismas características y los mismos sujetos procesales, fue detenido preventivamente por el lapso de aproximadamente un año, enervó los riesgos procesales y se le benefició con la cesación a esta medida cautelar con salida laboral; b) La autoridad judicial accionada no tomó en cuenta los memoriales que presentó el 9 y 10 de mayo, ambos de 2021, para adjuntar documentación que demuestra que cuenta con actividad laboral y domicilio, y que dicha autoridad manifestó que se presenten en audiencia virtual; sin embargo, estos elementos de prueba se encuentran en el cuaderno de control jurisdiccional; de igual modo, el Juez accionado no valoró un contrato de alquiler y certificado de nacimiento que avalan la familia constituida por el imputado -hoy impetrante de tutela-; y, c) “…con relación al principio de subsidiariedad informar a su autoridad que se ha presentado la apelación incidental en contra de la resolución de medidas cautelares, apelación que hasta el momento no ha sido remitido al tribunal de alzada, lo que vulnera flagrantemente mis derechos” (sic).
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia señaló que: 1) Contra el impetrante de tutela se sigue un proceso penal por la presunta comisión del delito de “asistencia familiar”, en el que se emitió el Auto Interlocutorio 95/2021 de 9 de junio, como consecuencia de una “…resolución de imputación formal…” (sic); 2) La pruebas presentadas por el imputado fueron valoradas conforme lo establece el procedimiento; 3) Toda vez que, se estableció la existencia de probabilidad de autoría y concurrencia de riesgos procesales, el peticionante de tutela no estableció de manera clara qué derecho o garantía se vulneró; y, 4) Estando pendiente la tramitación de un recurso de apelación incidental, solicitó que se deniegue la tutela impetrada y agote previamente las instancias correspondientes.
El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por Resolución 13/2021 de 11 de junio, cursante de fs. 28 a 30, denegó la tutela solicitada; decisión asumida, bajo los siguientes fundamentos: i) El “Tribunal” de garantías tiene la competencia de administrar la justicia constitucional, correspondiendo a la jurisdicción ordinaria la competencia para establecer la existencia de probabilidad de autoría y concurrencia de riesgos procesales; y, ii) El 27 de mayo de 2019, se presentó una Resolución de Imputación Formal 63/2019 contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, solicitándose su detención preventiva habiéndose señalado audiencias de medidas cautelares de carácter personal que fueron suspendidas por causas no atribuibles al órgano judicial; posteriormente, se emitió el Auto Interlocutorio 95/2021, determinándose su detención preventiva por tres meses, decisión contra la cual la defensa técnica del imputado -hoy impetrante de tutela-, así como la víctima interpusieron recurso de apelación incidental, conforme lo previsto en el art. 251 del CPP, por lo que, se inobservó el principio de subsidiariedad excepcional que caracteriza a la acción de libertad, ya que debió agotarse previamente los recursos ante la jurisdicción ordinaria a fin de que no se produzcan dos resoluciones que podrían ser contradictorias; de modo que, no corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Resolución de Imputación Formal 63/2019, presentada el 4 de julio de 2019 ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, así como solicitud de detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz contra Roberto Daniel Omonte Lima -ahora peticionante de tutela- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, con base en la existencia de riesgos procesales y elementos de prueba que demuestran la probabilidad de autoría, al demostrarse los presupuestos procesales contemplados en los art. 233.1 y 2; 234.1, 2 y “10”; y, 235.2 del CPP (fs. 19 a 22 vta.). II.2. A través de memorial presentado el 10 de mayo de 2021, por Roberto Daniel Omonte Lima -hoy impetrante de tutela- ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, solicitó que en el proceso penal signado como caso LPZ1901448 seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, conmine al Fiscal Departamental para que presente en el plazo de cinco días, resolución conclusiva de la etapa preparatoria, debido a que transcurrió más de un año y nueve meses desde que el Ministerio Público presento imputación formal el 4 de julio de 2019, en el marco de lo previsto en el “…Art. 134 último párrafo…” (sic). II.3. Cursa Auto Interlocutorio 95/2021 de 9 de junio, pronunciado por el Juez accionado, que dispone la detención preventiva del accionante, en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, con base en la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núms. 1, 2, 6 y 7; y, 235.2 del CPP, por el plazo de tres meses, conminando al Ministerio Público que en dicho plazo, realice los actos procesales pendientes (fs. 23 a 25).
El peticionante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad y al trabajo, así como al principio de debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad procesal y defensa “…y de todos sus elementos constitutivos…” (sic) en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica; puesto que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez accionado: a) No diligenció su solicitud de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria, al encontrarse superabundantemente vencido; b) A tiempo de disponer su detención preventiva incurrió en una indebida valoración de la prueba; puesto que: 1) No valoró correctamente y omitió elementos de prueba idóneos y pertinentes que presentó para desvirtuar riesgos procesales, fundándose en presunciones abstractas para determinar su concurrencia; 2) Señaló que solo contaba con documentos en fotocopia simple, pese a que por la Oficina Gestora de Procesos se recibió dichos elementos de prueba en originales; y, 3) Dispuso su detención preventiva; pese a que, de forma verbal y repetitiva mencionó en audiencia de consideración de esta medida cautelar, que estuvo detenido preventivamente durante un año aproximadamente y que en dicho proceso enervó todos los riesgos procesales insertos en los arts. “233”, 234 y 235 del CPP; y, c) Hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad, no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que presentó contra la Resolución que determinó su detención preventiva. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la procedencia de la acción de libertad por presuntas irregularidades del debido proceso, la SCP 0010/2021-S3 de 10 de febrero, citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0547/2019-S1 de 16 de julio y 0139/2015-S3 de 19 de febrero que precisan el alcance y presupuestos de activación del debido proceso vía acción de libertad, señala: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal’”.
(…) la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.
En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, 6 precisó lo siguiente: “‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional’.
(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la SCP 0401/2020-S3 de 5 de agosto, sostuvo que: «En cuanto a la impugnación de resoluciones dentro del régimen de medidas cautelares, la SCP 001/2018-S1 de 14 de febrero, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, precisó “La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, ampliamente ratificada, estableció las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, bajo los siguientes entendimientos: ‘…los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
(…)
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal…
De la citada jurisprudencia, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, se establecieron tres supuestos que constituyen una excepción al carácter no subsidiario de la acción tutelar -acción de libertad-, siendo el segundo de estos, la existencia de ‘recurso de impugnación a una resolución judicial de medida cautelar’, por cuanto ese es el medio idóneo, rápido y efectivo a través del cual se repararán las presuntas arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido”» (las negrillas nos corresponden).
Sobre esta temática, y partiendo de la finalidad y alcance de este medio recursivo y su trámite sumario en directa vinculación con el derecho a la libertad, la SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, reiterando los fundamentos de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: «“La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares”.
La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.
No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días). De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas” » (el resaltado nos pertenecen).
En ese sentido, los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, convergen en establecer que precisamente por la particularidad y características de este medio recursivo, es que los plazos para su tramitación son breves, debido a que en el mismo se discute y resuelve la situación jurídica de una persona sometida a medidas cautelares personales, muchas de las veces privada de libertad; por ello, el legislador otorgando la importancia necesaria a dicho recurso, implementó medidas para agilizar y dinamizar los trámites relativos a la apelación de las medidas cautelares, así la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificó el art. 251 del CPP, bajo los siguientes términos: “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad…” (las negrillas nos corresponden).
A objeto de delimitar el objeto procesal, inicialmente resulta necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal en el que se circunscribe el mismo. En tal sentido, de la documentación precisada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que a través de la Resolución de Imputación Formal 63/2019 de 4 de julio, el Ministerio Público imputó formalmente a Roberto Daniel Omonte Lima -ahora accionante- ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, así como solicitó su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento, determinando la existencia de riesgos procesales y elementos de prueba que les permitiría atribuirle la probabilidad de su autoría (Conclusión II.1).
Luego de ello, -10 de mayo de 2021- el accionante solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- conmine al Ministerio Público a que emita requerimiento conclusivo al haberse cumplido el plazo fijado para la etapa preparatoria (Conclusión II.2). Seguidamente, el 9 de junio de 2021, el Juez accionado, en audiencia de consideración de la solicitud de medida cautelar requerida anteriormente por el Ministerio Público, pronunció el Auto Interlocutorio 95/2021, por el cual dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, con base en la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234 núms. 1, 2, 6 y 7; y, 235.2 del CPP, por el plazo de tres meses, conminando al Ministerio Público que en dicho término, realice los actos procesales pendientes (Conclusión II.3). En tal contexto, el peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al trabajo, así como al principio del debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad procesal y defensa “…y de todos sus elementos constitutivos…” (sic), en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica; debido a que el Juez accionado: i) No diligenció su solicitud de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria, al encontrarse superabundantemente vencido; ii) A tiempo de disponer su detención preventiva incurrió en una indebida valoración de la prueba; puesto que: a) No valoró correctamente y omitió elementos de prueba idóneos y pertinentes que presentó para desvirtuar riesgos procesales, fundándose en presunciones abstractas para determinar su concurrencia; b) Señaló que solo contaba con documentos en fotocopia simple, disponiendo su inadmisión, pese a que por la Oficina Gestora de Procesos se recibió dichos elementos de prueba en originales; y, c) Dispuso su detención preventiva; pese a que, de forma verbal y repetitiva mencionó en audiencia de consideración de esta medida cautelar, que estuvo detenido preventivamente durante un año aproximadamente y que en dicho proceso enervó todos los riesgos procesales insertos en los arts. “233”, 234 y 235 del CPP; y, iii) Hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad, no remitió al Tribunal de alzada el recurso de apelación incidental que presentó contra la Resolución que determinó su detención preventiva. Con respecto a la falta de diligencia a su solicitud de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria Uno de los reclamos planteados por el impetrante de tutela, radica en la omisión en la que supuestamente incurrió la autoridad judicial accionada, al no pronunciarse sobre la solicitud de conminatoria de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria, en razón a que dicha etapa se encontraría superabundantemente vencida; en este marco, se pudo constatar que en efecto, el 10 de mayo de 2021, el peticionante de tutela solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado- que conmine al Ministerio Público a que en el plazo de cinco días presente la resolución conclusiva de la etapa preparatoria, debido a que -hasta ese entonces- transcurrió más de un año y nueve meses desde que se le imputó formalmente la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, a través de la Resolución de Imputación Formal 63/2019 (Conclusiones II.1 y II.2). En ese marco, corresponde remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de éste fallo constitucional, conforme al cual este Tribunal estableció que para conocer y resolver vía acción de libertad denuncias de procesamiento ilegal o indebido, se deben cumplir dos presupuestos necesarios establecidos en ese lineamiento jurisprudencial, referidos a que: 1) El acto lesivo, debe estar vinculado con la libertad por operar este como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Debe existir absoluto estado de indefensión.
En ese orden de ideas, es menester precisar que la solicitud de conminatoria de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria -cuya falta de diligenciamiento y providencia se reclama- fue efectuada el 10 de mayo de 2021; es decir, antes de considerarse la medida cautelar personal que solicitó el Ministerio Público contra el accionante. Asimismo, con respecto a su situación jurídica el impetrante de tutela en el planteamiento de esta acción de defensa, refirió que: “…más aun cuando se estableció de forma verbal y repetitiva dentro de la audiencia [de medida cautelar] que a raíz de otro proceso con la misma persona (VICTIMA) (…) cuento con salida alternativa con la detención domiciliaria derecho al trabajo mismo que voy cumpliendo…” (sic [las negrillas son ilustrativas]). Por lo que, de esta aseveración se puede evidenciar que a tiempo de solicitar la conminatoria de requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria -cuya falta de diligenciamiento y providencia se reclama- el accionante no se encontraba privado de su libertad como consecuencia de un acto procesal emitido durante la etapa preparatoria correspondiente al proceso penal sino que cumplía una medida de detención domiciliaria con salida laboral como efecto de lo dispuesto en un proceso penal seguido en su contra, diferente del que deriva la omisión que ahora se acusa como lesivo a sus derechos. Por otro lado, este Tribunal considera que los actos conclusivos del Ministerio Público, pueden orientarse a efectivizar posibilidades diversas en el proceso penal, no necesariamente restrictivas de la libertad del accionante, ya sea a los efectos de concluir con la investigación, concluyendo el proceso o más bien dando paso a nuevas etapas del mismo -art. 323 del CPP-. Por tales motivos, no puede concluirse en la existencia de relación directa entre la omisión de diligenciamiento que se denuncia y el derecho a la libertad del impetrante de tutela. En tal sentido, no se cumple con el primer presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a fin de que este Tribunal pueda ingresar a analizar esta denuncia.
En esa misma línea de análisis, tampoco se evidencia que el accionante se encuentre en absoluto estado de indefensión, ya que de la carga argumentativa que efectuó en esta acción tutelar se puede inferir que que el impetrante de tutela tiene pleno conocimiento de los hechos que se le imputan y los recursos previstos por la Ley para modificar su actual situación jurídica; motivo por el que inclusive, se encuentra pendiente de revisión el recurso de apelación incidental planteado contra la determinación que principalmente denuncia como lesiva a sus derechos en esta acción tutelar; por tanto no existen indicios que permitan evidenciar su estado de indefensión, como alega el peticionante de tutela. Por lo expuesto, tampoco se cumple con este segundo presupuesto para tutelar la denuncia de procesamiento ilegal o indebido; consiguientemente, con relación a esta denuncia corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de esta denuncia.
Sobre la incorrecta y omisiva valoración de la prueba a tiempo de disponerse la detención preventiva del accionante y la demora en la remisión del recurso de apelación incidental
En el marco de la delimitación del objeto procesal precedentemente efectuada, se puede establecer que una vez fijada audiencia de consideración de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, mediante el Auto Interlocutorio 95/2021 se determinó su detención preventiva; no obstante, el Juez accionado: i) No valoró correctamente y omitió elementos de prueba idóneos y pertinentes que presentó para desvirtuar riesgos procesales, fundándose en presunciones abstractas para determinar su concurrencia; ii) Señaló que solo contaba con documentos en fotocopia simple, disponiendo su inadmisión, pese a que por la Oficina Gestora de Procesos se recibió dichos elementos de prueba en originales; y, iii) Dispuso su detención preventiva; pese a que, de forma verbal y repetitiva mencionó en audiencia de consideración de esta medida cautelar, que estuvo detenido preventivamente durante un año aproximadamente y que en dicho proceso enervó todos los riesgos procesales insertos en los arts. “233”, 234 y 235 del CPP; que la primera denuncia se circunscribe al valor probatorio que se otorgó o debió otorgarse a la prueba de descargo presentada para desvirtuar los riesgos procesales y la ausencia de motivación racional en torno a ella; y en esa misma línea, en un segundo punto, lo referente a la proposición y admisión de la prueba; y finalmente la pertinencia y suficiencia de los antecedentes de otro proceso penal que debió considerar la autoridad judicial accionada en la valoración de la prueba para desvirtuar dichos riesgos procesales; dicho de otro modo, cada uno de ellos guarda relación con el despliegue argumentativo emergente de la actividad probatoria que realizó esta autoridad judicial para emitir el Auto Interlocutorio 95/2021 y que ahora acusa como lesivo a sus derechos.
No obstante, sobre este agravio resulta aplicable el principio de subsidiariedad excepcional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, referido a que si la norma procesal ordinaria de manera específica prevé mecanismos procesales de impugnación idóneos, eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado y otros derechos conexos, estos deben ser agotados previamente antes de activar la acción de libertad, a fin de que con la mayor celeridad sea el mismo órgano judicial el que repare las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido; que se da en el supuesto en el que existe imputación formal y se cuestiona una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta el derecho a la libertad física o de locomoción, en tal caso con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe esperar a que el superior en grado resuelva la arbitrariedad. Puesto que, en el caso concreto el accionante a tiempo de ampliar sus alegatos en audiencia de esta acción de libertad, señaló textualmente que: “…con relación al principio de subsidiariedad informar a su autoridad que se ha presentado la apelación incidental en contra de la resolución de medidas cautelares, apelación que hasta el momento no ha sido remitido al tribunal de alzada, lo que vulnera flagrantemente mis derechos” (sic). De modo que, conforme a esta aseveración, se concluye que el impetrante de tutela interpuso el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 95/2021, ejerciendo la facultad prevista en el art. 251 del CPP; por lo que, al constituir este un mecanismo idóneo para apelar las resoluciones que disponen medidas cautelares, corresponde que sea el Tribunal de alzada quien resuelva el mismo con carácter previo a la apertura de esta jurisdicción constitucional; siendo en el caso el órgano competente para determinar la legalidad de las actuaciones que se denuncian; a fin de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad y evitar que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Por tanto, al no haber obrado de esa manera, acudiendo directamente a la jurisdicción constitucional sin aguardar la resolución al mecanismo recursivo que ya activó en la jurisdicción penal, el peticionante de tutela incurrió en uno de los supuestos excepcionales de subsidiariedad que rige esta acción tutelar; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al fondo de la problemática planteada. Por otro lado, se pudo advertir que en la audiencia de esta acción de libertad, el accionante a tiempo de argumentar lo concerniente a la interposición del recurso de apelación incidental, explícitamente amplió la relación de hechos complementando la denuncia de una omisión lesiva a sus derechos, mencionando que hasta ese momento, la autoridad judicial accionada no remitió dicho recurso al Tribunal de alzada; de modo que, al ser dicha demora un hecho que se vincula al inicialmente denunciado y considerando también que la pronta resolución de la apelación planteada cobra relevancia, ya que la problemática jurídica guarda relación con la libertad del impetrante de tutela; corresponde a este Tribunal su análisis. En esa línea, se advierte que pese a que el peticionante de tutela argumentó este hecho; empero, el Juez accionado a tiempo de contestar y presentar a su turno su informe en la citada audiencia no cuestionó, refutó ni desvirtuó este alegato, pues en consideración al mismo se restringió únicamente a mencionar que dicha tramitación del recurso de apelación incidental se encontraría pendiente y la inobservancia del principio de subsidiariedad. Al respecto, la jurisdicción constitucional de manera uniforme estableció que aquellas solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad del procesado, deben ser consideradas, tramitadas y resueltas dentro de un plazo legal o razonable, para dar concreción al debido proceso en su elemento de celeridad y justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; no obstante, se concluye que hasta la realización de la audiencia de esta acción de libertad, transcurrió más de veinticuatro horas que la Ley concede a la autoridad accionada a fin de remitir los antecedentes que conciernen al recurso de apelación incidental contra lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 95/2021, al Tribunal de alzada; incurriendo con dicha omisión en la inobservancia del principio constitucional de celeridad, previsto en el art. 180.I de la CPE, así como lo dispuesto en el art. 251 del CPP -modificado por la Ley 1173-. Por lo que, dichos aspectos son conducentes a la activación de la acción de libertad de pronto despacho, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en procura de garantizar que el trámite judicial se efectué sin dilación indebida emergente de la falta de diligenciamiento oportuno del Juez accionado, lo que ocasionó la indefinición de la situación jurídica del impetrante de tutela, debiéndose en consecuencia conceder la tutela solicitada sobre este punto ante la vulneración al derecho al debido proceso vinculado con la libertad del accionante y el principio de celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2021 de 11 de junio, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, por el accionante respecto a sus derechos a la libertad y al trabajo, así como al principio de debido proceso en sus elementos de celeridad, igualdad procesal y defensa “…y de todos sus elementos constitutivos…” (sic), en relación al principio de legalidad y seguridad jurídica, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 39d4fb6496374b0d0de9c62d704f1814dbb230f53c47888b2bc77dbf4d0ed380
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