B.IA.LEGAL

SCP 0035/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 24 de mayo de 2023

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
24 de mayo de 2023
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
40965-2021-82-CCJ
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Control jurisdiccional / Fiscalía

Qué se discutió

Se activa el control competencial de constitucionalidad, para resolver el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la autoridad Indígena Originaria Campesina (IOC) de la Central Indígena del Pueblo Leco y el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero, ambos de Apolo del departamento de La Paz, sobre el conocimiento de la presunta comisión del delito engaño a personas incapaces que se sustancia ante la jurisdicción ordinaria, cuando a juicio del primero -quien promovió el presente conflicto-, la autoridad judicial debe apartarse del conocimiento del caso y remitir antecedentes a las autoridades de la JIOC. En consecuencia, en atención al control competencial de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver el indicado proceso.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, para el conocimiento y resolución de los hechos denunciados por Severino y Justina, ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, inherentes al presunto engaño a personas incapaces.

2° Disponer que el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción

Penal Primero de Apolo del departamento de La Paz, se aparte de conocer el mismo y remita todos los antecedentes a las indicadas autoridades originarias.

3° Exhortar a las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, enmarcar su accionar en resguardo de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, específicamente en cuanto a la protección a la que son acreedoras los adultos mayores.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el control plural de constitucionalidad
  2. III.2. Naturaleza jurídica del control competencial
  3. III.3. Control competencial entre la Jurisdicción Indígena Originaria
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0035/2023 Sucre, 24 de mayo de 2023 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 40965-2021-82-CCJ Departamento: La Paz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Agustín Vicente Mamani Peña, Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco; y, el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero, ambos de Apolo del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la solicitud de la autoridad indígena originaria campesina

Por memorial presentado el 30 de agosto de 2021, cursante de fs. 54 a 62 vta., Agustín Vicente Mamani Peña, Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, interpuso conflicto de competencias jurisdiccionales; al efecto indicó que, por escrito formulado el 10 del citado mes y año, solicitó al Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del departamento señalado, se aparte del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Severino y Justina, ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces; empero, dicha autoridad judicial no se pronunció al respecto; por lo que, acudió directamente a este Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese orden refirió que, la máxima autoridad de la comunidad de Pata Salinas dependiente de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), remitió nota al Directorio, dando a conocer la existencia de un conflicto respecto a la venta de espacio de trabajo agrícola al interior de esa Comunidad y que fue resuelto por la misma de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, conforme constaría en actas y documentos que adjuntaron.

No obstante lo expuesto, en la jurisdicción ordinaria se estaría procesando a Alejandro Huanca Gemio, miembro de la comunidad que representa, por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces en desconocimiento de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC) reconocida por los arts. 190.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ); más aún, ante la concurrencia de los ámbitos de vigencia: a) Personal, en razón a que los denunciantes y denunciado tendrían conocimiento y aceptaron regirse a la normativa indígena originario campesina del lugar; b) Territorial, la presunta comisión del hecho se suscitó en la comunidad indígena de Pata Salinas; por lo que, se encontraría dentro de su jurisdicción; y, c) Material, pues la citada comunidad indígena formaría parte de la CIPLA; en virtud a lo cual, correspondería aplicar sus normas y procedimientos propios como el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno, los que se constituyen en la fuente del derecho no estatal conforme al principio de pluralismo jurídico establecido en el art. 1 de la Ley Fundamental, siendo nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen así como los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 122 de la misma norma, siendo evidente que la autoridad ordinaria es incompetente para conocer el aludido proceso, debiendo apartarse del mismo.

I.2. Antecedentes procesales sustanciados ante el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Apolo del departamento de La Paz.

La indicada autoridad judicial no emitió pronunciamiento respecto al referido memorial presentado el 10 de agosto de 2021, cursante de fs. 5 a 10 vta.

I.3. Admisión y notificaciones

La Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante AC 0314/2021-CA de 9 de septiembre, cursante de fs. 63 a 66, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales presentado por Agustín Vicente Mamani Peña, Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco contra el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero, ambos de Apolo del departamento de La Paz, haciendo mención entre sus fundamentos que ante la falta de respuesta por parte de la nombrada autoridad jurisdiccional, el demandante acudió a este Tribunal para que resuelva el señalado conflicto; disponiendo las notificaciones correspondientes y posterior sorteo.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Decreto Constitucional de 29 de julio de 2022, cursante a fs. 89, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la suspensión de plazo a objeto de que la Secretaría Técnica y Descolonización de este Tribunal elabore un informe basado en trabajo de campo, reanudado el mismo por Decreto Constitucional de 2 de mayo de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2021, Agustín Vicente Mamani Peña, Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, -acreditando su condición a través del “Acta de la Elección y Posesión” (fs. 1 a 2)- reclamó competencia al Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de la misma provincia y departamento, respecto de la causa penal seguida por el Ministerio Público a instancias de Severino y Justina ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces, radicado en dicho despacho judicial (fs. 5 a 10 vta.).

II.2. Por Decreto Constitucional de 26 de agosto de 2022, se arrimó la documentación solicitada al nombrado Juez, inherente al referido proceso penal; constando que, por memorial presentado el 30 de julio de 2021, Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia asignada a la provincia Franz Tamayo del indicado departamento, informó a la citada autoridad judicial el inicio de investigación preliminar del caso CUD 207102092100036 a denuncia de Severino y Justina ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces (fs. 104 y vta.); asimismo, cursa Auto de 16 de febrero de 2022, por medio del cual el aludido Juez, suspendió la investigación de dicha causa penal, al haberse suscitado conflicto de competencias jurisdiccionales y que el mismo sea resuelto por este Tribunal (fs. 209).

II.3. Cursa Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/016/2022 de septiembre, “SISTEMA DE JUSTICIA DEL PUEBLO LECO, TIPO DE PROPIEDAD EN CONFLICTO Y VÍNCULOS DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD PATA SALINAS, APOLO, FRANZ TAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” (sic), remitido por la Secretaria Técnica y Descolonización de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyas conclusiones señala que:

Severino y Justina, ambos Salas Piluy, son integrantes de una familia de diez hijos (algunos de los cuales fallecieron y otros migraron) de Vicente Salas (fallecido) y Lucía Piluy (persona de la tercera edad que aún vive en la comunidad), quienes al enterarse de la transferencia del predio denunciaron que su progenitora fue víctima de engaño por encontrarse en condición senil; empero, son cuestionados por no cumplir con la función social y dejar en abandono a su madre “…principalmente Severino Salas Piluy, no haya cumplido con sus normas comunales, no se haya afiliado a la misma y, por el contrario, los confronte en la vía ordinaria a causa de la transferencia del predio de su madre” (sic); por su parte, Alejandro Huanca Gemio, sería una persona muy conocida en la población de Apolo, por haber sido alcalde municipal en gestiones anteriores, quien indicó que realizó la compra de manera correcta y haber sido solidario con Lucía Piluy en situaciones de enfermedad.

Sobre el tipo de propiedad (colectiva o individual), donde se suscitó el conflicto, se indicó que, la comunidad de Pata Salinas, se afilió recientemente a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Leco, de la revisión del “…`Plan de vida del pueblo Leco’…” realizado por la CIPLA, se observó que cada familia tiene asignada una parcela de tierra que se la transmite generacionalmente de padres a hijos, o en casos excepcionales, a terceros que sean de la idéntica identidad Leco; en tal contexto, para poder continuar con la posesión de la tierra los hijos jóvenes tienen la obligación de afiliarse a la comunidad y cumplir con sus obligaciones comunales y cargos; para transferir y enajenar el terreno, siguen un procedimiento convencional que consiste en informar a la asamblea local la pretensión; instancia que dará un mes de plazo para que haya proponentes de la misma comunidad, o en su caso, autorizar la transferencia a un tercero, es muy importante que estas sean de conocimiento de la comunidad y sus autoridades, las cuales de cierta manera dan el aval para que pueda transferirse el derecho a trabajar la tierra.

En el sistema de normas de esta TCO están estatuidos los requisitos y procedimientos para el acceso y conservación de sus derechos para comunarios de esa nación. Los casos de transferencia de la tierra son con base en el principio de consenso dentro la comunidad, al ser la posesión de la tierra el prerrequisito que define la pertenencia a la comunidad. Las autoridades de la CIPLA y de la indicada comunidad señalaron que Lucía Piluy, al sentirse abandonada, optó por transferir su terreno por motivos de enfermedad aspecto que Alejandro Huanca Gemio, confirmó; sin embargo, Mario Salas Capiona -quien afirmó ser nieto de la nombrada- sostuvo que el comprador se aprovechó de su abuela valiéndose de su enfermedad y condición senil.

Sobre la estructura de la JIOC de la comunidad de Pata Salinas, la misma está a la cabeza de un Cacique comunal y un Segundo Cacique, colaborados por un conjunto de Secretarías que asumen temas tales como de conflictos y agricultura, recursos naturales y tierra, organización y actas, economía, salud y comunicación, las indicadas autoridades estarían afiliadas a la CIPLA en la cual depositan la solución a sus problemas internos cuando sobrepasan las capacidades locales de resolución, la CIPLA, agrupa a diecinueve comunidades, se auto asume como la instancia máxima para el conocimiento y resolución de problemas relacionados con el acceso a la tierra.

Entre otros datos, en el predio se encuentran viviendo Lucía Piluy y Mario Salas Capiona, este último afirmando ser nieto de la primera niega lo aseverado por la comunidad y reclama que se trata de una situación de engaño manifestando su preocupación por la transferencia al ser perjudicado pues tendría una porción de tierra dentro del predio, asimismo, indicó la existencia de otro proceso penal por agresiones con la familia del comprador.

Finalmente, si bien no se consignó en las conclusiones del referido Informe Técnico; el trabajo de campo también abordó lo inherente a “SITUACIONES DE 'ENGAÑO' EN LA COMUNIDAD”; apartado en el que se refirió que, las autoridades de la comunidad de Pata Salinas y de CIPLA, sobre las normas o capacidades que tienen para solucionar casos en los cuales esté involucrado situaciones de “engaño” entre miembros de la comunidad “Ellos manifiestan que nunca conocieron este tipo de problemas, que no existen situaciones de engaño dentro la comunidad, que todas las transacciones que se realicen dentro de la comunidad son públicas, pues existe un control social muy fuerte.

Hemos revisado los estatutos de la comunidad Pa[t]a Salinas y la (…) CIPLA, y solo se han encontrado disposiciones respecto de la forma de transferencia del usufructo de la tierra, es decir, solo se transfiere el derecho a trabajar la tierra, más no así la propiedad de la tierra. No existe ninguna disposición respecto de la protección de personas ante situaciones de engaño que se pudieran suscitar. La única garantía señalan que para que no se produzcan estos casos es que todas las transferencias se realicen en conocimiento de la asamblea, con el consentimiento de esta instancia local” (sic [fs. 219 a 251]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se activa el control competencial de constitucionalidad, para resolver el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la autoridad Indígena Originaria Campesina (IOC) de la Central Indígena del Pueblo Leco y el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero, ambos de Apolo del departamento de La Paz, sobre el conocimiento de la presunta comisión del delito engaño a personas incapaces que se sustancia ante la jurisdicción ordinaria, cuando a juicio del primero -quien promovió el presente conflicto-, la autoridad judicial debe apartarse del conocimiento del caso y remitir antecedentes a las autoridades de la JIOC. En consecuencia, en atención al control competencial de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para conocer y resolver el indicado proceso.

III.1. Sobre el control plural de constitucionalidad

Conforme determina el art. 196.I de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional, cumple la función de velar por la supremacía de dicha Ley Fundamental, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. En ese orden, el control de constitucionalidad, comprende el control normativo, el control competencial de constitucionalidad y el control tutelar; el primero, tiene por objeto resguardar que el ordenamiento jurídico del Estado resulte compatible con los valores, principios y preceptos de la ley Fundamental y de las normas del bloque de constitucionalidad, a través de los controles previo y posterior, que se patentizan mediante las consultas sobre la constitucionalidad de tratados internacionales, proyectos de leyes, estatutos, cartas orgánicas y preguntas de referendos, que formulan las autoridades legitimadas para el efecto y las acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta. Por su parte, el control competencial de constitucionalidad, tiene por objeto dirimir los conflictos de competencias que se susciten entre los diferentes Órganos del poder público; entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y entre éstas; y, entre las diversas jurisdicciones reconocidas por la Norma Suprema, como ser la IOC, la ordinaria y agroambiental, precautelando que los Órganos del Poder Público, las ETA y jurisdicciones, no sobrepasen sus atribuciones, ni invadan las reconocidas a otras, como límite al ejercicio del poder público que les asiste, en el marco de los roles previamente establecidos por la Constitución Política del Estado o la ley. Asimismo, como otro mecanismo del control competencial de constitucionalidad corresponde señalar al recurso directo de nulidad, establecido en resguardo del art. 122 de la CPE. De otro lado, el control tutelar inherente a la protección de los derechos fundamentales de las personas consagrados por la Ley de leyes se activa a través de las acciones de defensa previstas en dicha Norma, las cuales son: la acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular, las cuales, de acuerdo a la atribución inserta en el art. 202.6 de la CPE, en revisión son resueltas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El art. 1 de la CPE, establece: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”; en tal sentido, uno de los elementos fundantes del Estado boliviano es la pluralidad en distintas dimensiones entre las cuales se encuentra el pluralismo jurídico el cual es comprendido como la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo Estado, cuyo ejercicio se encuentra garantizado por la Norma Suprema que, con respecto a los Pueblos Indígena Originario Campesinos (PIOC), estableció que los mismos cuentan con el derecho fundamental a ejercer sus propios sistemas jurídicos, así el art. 30.II inc. 14 de la CPE, dispone que: “En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: (…) 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión”. Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0300/2012 de 18 de junio, estableció el siguiente entendimiento: “…debe señalarse que la Constitución boliviana ha diseñado un sistema de control de constitucionalidad plural, pues no solamente se ejerce el control sobre normas formales, sino también sobre las normas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de conocer los conflictos de competencias entre las diferentes jurisdicciones y de revisar las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originaria campesina cuando se considere que estas normas son lesivas a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Estas facultades fueron introducidas en la actual Constitución Política del Estado, en mérito al reconocimiento expreso a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos, a la igualdad jerárquica de sistemas jurídicos y jurisdicciones; pero además debe considerarse que la Ley Fundamental fue el resultado de un proceso dialógico en el que intervinieron los diferentes sectores de la población boliviana y, claro está, también las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que tuvieron un rol protagónico para la consolidación del Estado Plurinacional” (las negrillas son nuestras).

III.2. Naturaleza jurídica del control competencial

Sobre el particular, la SCP 0045/2019 de 28 de agosto, citando a la SCP 0039/2015 de 19 de marzo, sostuvo que: El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), constituye un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…’ cuyas bases fundamentales son: …la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico…´; es decir, en el marco del régimen jurídico, Bolivia se constituye en un Estado Constitucional de Derecho, lo cual en líneas generales significa sumisión a la Constitución Política del Estado, siendo la Norma Suprema fundamento para la actividad legislativa y que rige la conducta de gobernantes y gobernados; por lo tanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el ejercicio de sus diferentes atribuciones, cumple un rol determinante en el modelo de Estado asumido por el constituyente boliviano. El control competencial de constitucionalidad es una atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, impartida desde diferentes ámbitos; así, el art. 202 de la CPE, señala que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público´. (…) El art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), dispone que: ʽ(COMPETENCIA). Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto′, en efecto, el ejercicio de la competencia, constituye un elemento configurador del debido proceso, a partir del ejercicio del derecho al juez natural, en tal sentido, el art. 120.I de la CPE, señala que: ʽToda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa’. En la búsqueda de un debido procesamiento, la competencia de las autoridades resulta ser determinante, si una controversia fuere resuelta o sometida a una autoridad carente de esa facultad, la consecuencia inmediata sería la franca vulneración del debido proceso; por lo tanto, a partir de la interpretación de las normas constitucionales glosadas anteriormente y debido a que el aspecto competencial tiene directa incidencia en los derechos fundamentales; el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (ETA), así como entre éstas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC) y la jurisdicción ordinaria y la agroambiental. El constituyente boliviano delegó al Tribunal Constitucional Plurinacional, la potestad de dirimir las controversias competenciales, suscitadas entre la JIOC, la jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras de especial naturaleza; así, el art. 202.11 de la CPE, señala que: ‘Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver:

11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental´. (…) Finalmente, el art. 14.I de la LOJ, en armonía con el cuerpo legal glosado precedentemente, dispone lo siguiente: ‘Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originaria campesina, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional’.

En el marco de las previsiones normativas referidas anteriormente, es viable concluir que la jurisdicción constitucional tiene plena protestad de dirimir las controversias competenciales suscitadas en el ejercicio de la jurisdicción”’. (Las negrillas son nuestras).

III.3. Control competencial entre la Jurisdicción Indígena Originaria

Campesina, la Ordinaria y Agroambiental Ahora bien, para el análisis y resolución del presente caso, adquiere importancia abordar los conflictos de competencias entre la jurisdicciones JIOC, la ordinaria y agroambiental, que corresponde conocer y resolver al Tribunal Constitucional Plurinacional como una de sus atribuciones conferidas por el art. 202.11 de la CPE, que en esencia busca garantizar el ejercicio del debido proceso en su componente juez natural, a partir de lo que se consagra en el art. 120.I de la Norma Suprema, la cual dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa” (las negrillas fueron añadidas).

En tal sentido, el art. 178.I de la CPE, establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos; por su parte, el art. 190.I de la Norma Suprema señala que las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Igualmente, el art. 191.I de la Ley Fundamental, señala que: “La jurisdicción indígena originaria campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino” y que se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, conforme señala su parágrafo II, precisando que: “1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”.

Ahora bien, en desarrollo de los preceptos constitucionales anteriormente citados, se promulgó la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010- con el objeto de regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la JIOC y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico. En cuanto a los ámbitos de aplicación sobre los cuales se ejerce la JIOC, la indica Ley precisa: “Artículo 9. (ÁMBITO DE VIGENCIA PERSONAL). Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.

Artículo 10. (ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL).

I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación.

II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:

a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.

III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas.

Artículo 11. (ÁMBITO DE VIGENCIA TERRITORIAL). El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley”. Sobre el particular, la SCP 0026/2013 de 4 de enero, estableció el siguiente entendimiento: “…respecto a los ámbitos de aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina el art. 191.II de la CPE, determina que: 'La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los (…) ámbitos de vigencia personal, material y territorial…' correspondiendo efectuar una interpretación desde y conforme a la Constitución y los Tratados del Derecho Internacional de Derechos Humanos (arts. 13. IV y 256 de la CPE) del art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, es decir:

(…) Ámbito de vigencia personal El art. 30.I de la CPE, precisa: 'Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española', por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental, hace referencia a dos elementos a considerar que son: 'Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…' y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: 'La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino'.

En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: 'Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino`, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: `Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos', de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:

1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios. Al respecto, la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, aclaró que: ‘…debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras…´, aspecto que no debe resultar sorprendente si se considera la cantidad oficial de personas auto-identificadas como indígenas y la magnitud de migración interna provocadas por las necesidades económico - sociales en nuestro país.

2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina, por ello mismo el art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que: `La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio'. 3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE. (…) Ámbito de vigencia territorial Respecto al ámbito territorial, el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), señala que: 'El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley', lo que sin duda busca preservar la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas entendida en la SC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, como: `…condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio'. Ahora bien, dicha norma, también debe interpretarse en el marco del art. 191.II.3 de la CPE, que refiere: 'Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino', es decir:

i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales.

ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación.

(…) Ámbito de vigencia material Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: '…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional', pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto” (las negrillas fueron agregadas).

III.4. Análisis del caso concreto

En el presente caso se tiene que, mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2021, Agustín Vicente Mamani Peña, Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, quien acreditando su condición de Autoridad IOC a través del “Acta de la Elección y Posesión”, reclamó competencia al Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de la misma provincia y departamento, de la causa penal seguida por el Ministerio Público a instancias de Severino y Justina, ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces, radicado en dicho despacho judicial (Conclusión II.1); por Decreto Constitucional de 26 de agosto de 2022, se arrimó la documentación solicitada al nombrado Juez, inherente al referido proceso penal; constando que, por memorial presentado el 30 de julio de 2021, Blanca Tatiana Zambrana Condori, Fiscal de Materia asignada a la provincia Franz Tamayo del indicado departamento, informó a la citada autoridad judicial el inicio de investigación preliminar del caso CUD 207102092100036 a denuncia de Severino y Justina ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces; asimismo, cursa Auto de 16 de febrero de 2022, por medio del cual el aludido Juez, suspendió la investigación de dicha causa penal, al haberse suscitado conflicto de competencias jurisdiccionales y que el mismo sea resuelto por este Tribunal (Conclusión II.2); y, cursa Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/016/2022 de septiembre, “SISTEMA DE JUSTICIA DEL PUEBLO LECO, TIPO DE PROPIEDAD EN CONFLICTO Y VÍNCULOS DE PERTENENCIA A LA COMUNIDAD PATA SALINAS, APOLO, FRANZ TAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ” (sic), remitido por la Secretaria Técnica y Descolonización de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional (Conclusión II.3). Ahora bien, corresponde precisar que de acuerdo a lo desglosado en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, Agustín Vicente Mamani Peña, a través del Acta de Elección y Posesión demostró su calidad de Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, acreditando de tal manera su legitimación activa dentro de la presente demanda. En consecuencia, a los efectos de resolver el conflicto competencial, a partir de los antecedentes arrimados al expediente y del Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/016/2022, cursante en obrados, corresponde establecer si concurren los tres ámbitos que hacen al ejercicio de la JIOC; para así determinar cuál es la autoridad competente para sustanciar la causa de referencia. En tal sentido, se tiene:

III.4.1. En cuanto al ámbito de vigencia personal

Conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; a partir de la interpretación de los arts. 9 y 191.II.1 de la CPE, el ámbito de vigencia personal comprende a los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios; a partir de ello, están sujetos a la JIOC los miembros de la NPIOC, sea que actúen como actores o demandados.

En ese sentido, del aludido Informe Técnico de Campo; se tiene que: Severino y Justina, ambos Salas Piluy, son integrantes de una familia de diez hijos de Vicente Salas -fallecido- y Lucía Piluy, nacidos en la comunidad de Pata Salinas; por lo que, se estable que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión; al igual que, Alejandro Huanca Gemio, quien es una persona muy conocida en la población de Apolo, por haber sido incluso alcalde municipal en gestiones anteriores.

Por lo precedentemente expresado y conforme al entendimiento jurisprudencial, no cabe duda que en el presente caso, respecto a los querellantes y al denunciado dentro del proceso penal de referencia, corresponde establecer que concurre el ámbito de vigencia personal de dicha jurisdicción, perteneciendo ambos a la comunidad de Pata Salinas, Provincia Apolo del departamento de La Paz.

III.4.2. En cuanto al ámbito de vigencia territorial

El Capitán Grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, indicó que el caso concreto, se habría suscitado en la Comunidad de Pata Salinas, dependiente de la CIPLA; afirmación coincidente con lo concluido en el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/016/2022, que refirió: “El lugar donde se suscitaron los hechos está en la comunidad Pata Salinas. Se trata de la parcela de posesión de los esposos Vic ente Salas y Lucía Piluy de tierra que se encuentra en las proximidades de la comunidad. Se trata de un predio de 21 hectáreas que fue transferido a cambio de 3 vacas (10.000 bs.)…” (sic). Consecuentemente, conforme a lo desglosado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se dio cumplimiento a los arts. 191.I de la CPE; y, 11 de la LDJ respecto al ámbito de vigencia territorial.

III.4.3. En cuanto al ámbito de vigencia material

El art. 191.II.2 de la CPE, con relación al ámbito de vigencia material, establece que la JIOC: “…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”, remitiéndonos a dicha Ley el art. 10.II señala que: “El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya victima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio”. Al respecto, siendo que los delitos atribuidos al denunciado en la justicia penal de la jurisdicción ordinaria, conforme el informe de inicio de investigación preliminar del caso CUD 207102092100092100036 a denuncia de Severino y Justina Salas ambos Piluy contra Alejandro Huanca Gemio, es por la presunta comisión del delito de engaño a personas incapaces (Conclusión II.2); el cual no está excluido del ámbito de vigencia material de la JIOC, previsto en el art. 10.II de la LDJ; por lo que, también se tiene por cumplido el ámbito de vigencia material. Conforme a lo precedentemente desarrollado, en la problemática analizada, se evidencia que concurren simultáneamente los ámbitos de vigencia personal, territorial y material determinados por el art. 8 de la LDJ; por lo que, corresponde declarar competente a las actuales autoridades de JIOC de la CIPLA del departamento de La Paz; quienes además, deberán tomar conocimiento de las incidencias que emerjan de sus determinaciones.

III.4.4. Otras consideraciones

Estando involucrada una persona adulta mayor -Lucía Piluy- quien además se encontraría delicada de salud; cabe señalar que, el art. 67 de la Ley Fundamental, prevé: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”; asimismo, en el art. 68.II, establece la prohibición y sanción de: “…toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores”; en consecuencia, dicho grupo es acreedor a un trato preferente y especial, dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos; aspecto que la JIOC tiene la obligación de tomar en cuenta en la sustanciación del caso.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina del Pueblo Leco de Apolo del departamento de La Paz, para el conocimiento y resolución de los hechos denunciados por Severino y Justina, ambos Salas Piluy en contra de Alejandro Huanca Gemio, inherentes al presunto engaño a personas incapaces.

2° Disponer que el Juez Público Civil y Comercial e Instrucción

Penal Primero de Apolo del departamento de La Paz, se aparte de conocer el mismo y remita todos los antecedentes a las indicadas autoridades originarias.

3° Exhortar a las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, enmarcar su accionar en resguardo de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política del Estado, específicamente en cuanto a la protección a la que son acreedoras los adultos mayores. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0035_2023.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 363361de802f33802c55af0c053182631d010177ba0172de9f0aeead7ded215d

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