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SCP 0034/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56150-2023-113-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento a la celeridad; toda vez que, se encuentra recluido en el CERPROM de Montero del departamento de Santa Cruz desde el 20 de noviembre de 2019, cumpliendo una condena de tres años que concluyó el 20 de noviembre de 2022. El 9 de mayo de 2023 pidió a la Jueza demandada la emisión de un mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, pero no obtuvo respuesta; por lo que, al haber excedido su pena por cinco meses y veinticinco días, su privación de libertad es indebida y solicita la libertad definitiva, destacando que su requerimiento nunca fue atendido formalmente. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) El 11 de noviembre de 2019 emitió el mandamiento de condena y el 26 de marzo de 2023 el mandamiento de libertad definitiva, el cual no fue presentado por falta de personal de apoyo; 2) Corresponde al secretario emitir las providencias de mero trámite; y, 3) Se encuentra declarada en comisión por las Jornadas de Descongestionamiento Carcelario en el CERPROM de Montero del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la Jueza demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y con los mismos alcances dispositivos asumidos por la citada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada con relación a la solicitud de que se ordene a la autoridad demandada emita mandamiento de libertad a su favor, por no estar dentro de las facultades de este Tribunal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0034/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56150-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 03 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Renato Mendoza Llovio, abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en representación sin mandato de Juan Borda Roca contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de mayo de 2025, cursante de fs. 3 a 8 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra privado de libertad en el Centro de Readaptación Productiva Okinawa de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz desde el 20 de noviembre de 2019, cumpliendo una pena de tres años de privación de libertad, impuesta mediante Sentencia condenatoria de la misma fecha, habiéndose cumplido el 20 de noviembre de 2022. Posteriormente, el 9 de mayo de 2023, presentó un memorial ante Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del referido departamento -demandada-, solicitando se libre mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; sin embargo, esta solicitud, a la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar- no tiene respuesta.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento a la celeridad; citando al efecto los arts. 22 y 23.I, 115, 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene a la autoridad demandada emita mandamiento de libertad a su favor, sea en el plazo de veinticuatro horas, de conformidad a lo establecido en los arts. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) y 129 inc. 7) del Código de Procedimiento Penal (CPP).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 18 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) De la lectura del informe de la autoridad demandada, está señaló que emitió el mandamiento de libertad a favor del accionante; sin embargo, el mismo no fue ejecutado ni comunicado al abogado del SEPDEP; y, durante la Jornada de Descongestionamiento, habló personalmente con la Jueza demandada, la cual le manifestó que aún buscaban el expediente para poder emitir el mandamiento de libertad respectivo, lo que demuestra que no existía una orden efectiva; y, b) Mediante memorial de 9 de mayo de 2023, el impetrante de tutela solicitó se expida mandamiento de libertad, sin recibir respuesta formal hasta la presente audiencia, siendo que cumplió su condena el 20 de noviembre de 2022 y permaneció detenido más de cinco meses adicionales, lo que constituye una privación indebida de la libertad, conforme al art. 39 de la LEPS; por lo expuesto, solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo la ejecución inmediata del mandamiento de libertad y se llame la atención a la autoridad demandada para evitar que situaciones similares se repitan con otras personas privadas de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 15 a 16, solicitó se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) En el Juzgado a su cargo radica el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por el delito de robo; 2) En relación con la presunta vulneración de derechos denunciada por el peticionante de tutela, consta que el 11 de noviembre de 2019 se emitió el mandamiento de condena y el 26 de marzo de 2023 el mandamiento de libertad definitiva, este último no pudo ser presentado por falta de personal de apoyo, debido a que se encuentra cumpliendo funciones simultáneas de secretaria y oficial de diligencias, en suplencia; y, 3) Sobre los memoriales pendientes de resolución, conforme al art. 56.I.3 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, corresponde al secretario emitir los proveídos de mero trámite. Por los descargos remitidos vía digital, se puede evidenciar que se encuentra declarada en comisión en las Jornadas de Descongestionamiento Carcelario en el CERPROM de Montero del departamento de Santa Cruz.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 03 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 19 a 21, concedió la tutela solicitada, disponiendo: i) Que la autoridad demandada se abstenga de repetir este tipo de actuaciones en cualquier proceso, bajo advertencia de remitir antecedentes al Consejo de la Magistratura; y, ii) En cuanto a la ejecución del mandamiento de libertad, si bien esta tarea corresponde a la secretaria del Juzgado, la responsabilidad del control jurisdiccional recae en la Jueza demandada; en consecuencia, es ella quien debe garantizar que el procedimiento se cumpla conforme a la normativa y que los derechos fundamentales de todas las partes sean efectivamente protegidos; con base en los siguientes fundamentos: a) Las autoridades jurisdiccionales están obligadas a cumplir estrictamente el ordenamiento jurídico boliviano y el bloque de constitucionalidad, lo que incluye la protección de los derechos y garantías de todos los sujetos procesales. En el caso de autos, se advierte que el accionante permaneció detenido por un tiempo superior al establecido en su Sentencia y que, pese a solicitar en varias ocasiones la emisión de su mandamiento de libertad, no obtuvo respuesta; y, b) Es preciso conceder la tutela solicitada con carácter innovativo, recordando a la autoridad demanda su obligación de actuar con diligencia en los trámites sometidos a su conocimiento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 25); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 29); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa certificación de permanencia y conducta, emitida por el Director y la Encargada de División de Archivos de CERPROM de Montero del departamento de Santa Cruz, por la que, certifica que Juan Borda Roca -accionante-, ingresó el 20 de noviembre de 2019 con mandamiento de condena de tres años, ordenado por Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes de ese departamento, dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la comisión del delito de robo, encontrándose con tiempo de permanencia desde su ingreso de tres años, tres meses y dos semanas (fs. 1). II.2. Por memorial presentado el 9 de mayo de 2025, el impetrante de tutela señaló que fue condenado a tres años por robo y que ya cumplió cinco meses y diecinueve días más de lo que establece su sentencia; por lo que, pidió su libertad inmediata por cumplimiento de condena (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento a la celeridad; toda vez que, se encuentra recluido en el CERPROM de Montero del departamento de Santa Cruz desde el 20 de noviembre de 2019, cumpliendo una condena de tres años que concluyó el 20 de noviembre de 2022. El 9 de mayo de 2023 pidió a la Jueza demandada la emisión de un mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, pero no obtuvo respuesta; por lo que, al haber excedido su pena por cinco meses y veinticinco días, su privación de libertad es indebida y solicita la libertad definitiva, destacando que su requerimiento nunca fue atendido formalmente. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) El 11 de noviembre de 2019 emitió el mandamiento de condena y el 26 de marzo de 2023 el mandamiento de libertad definitiva, el cual no fue presentado por falta de personal de apoyo; 2) Corresponde al secretario emitir las providencias de mero trámite; y, 3) Se encuentra declarada en comisión por las Jornadas de Descongestionamiento Carcelario en el CERPROM de Montero del departamento de Santa Cruz. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilataciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera adecuada. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I del texto constitucional instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia; disposiciones que concuerdan con lo dispuesto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), en el entendido que el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos con la finalidad de garantizar el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilatación indebida de una solicitud de tal naturaleza…”.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes del caso, se advierte que el accionante cumplió íntegramente su pena el 20 de noviembre de 2022 (Conclusión II.1); no obstante, continuó privado de libertad, pese a que el 9 de mayo de 2023 formuló una solicitud expresa para la emisión de su mandamiento de libertad (Conclusión II.2), sin obtener una respuesta oportuna de la autoridad competente. A su vez, la autoridad demandada reconoció que el mandamiento de libertad definitivo fue expedido el 26 de marzo de 2023, pero que no fue presentado por falta de personal de apoyo y al encontrarse declarada en comisión, justificaciones que resultan inadmisibles, pues ninguna carga administrativa o limitación operativa interna puede legitimar la prolongación de una privación de libertad, lo cual carece de sustento jurídico. Así, de conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando una autoridad judicial recibe una solicitud relacionada con la libertad personal, tiene el deber constitucional de resolverla con la máxima celeridad posible, pues toda demora injustificada constituye una restricción indebida. En estos casos, la celeridad no es una facultad discrecional, sino una obligación reforzada, dado que la libertad es un bien jurídico de máxima protección constitucional. En ese entendido, la omisión de presentar, ejecutar o activar un mandamiento de libertad ya emitido constituye un incumplimiento grave del deber de tutela judicial, en tanto coloca al ciudadano en una situación de detención materialmente ilegal. Sobre ello, ese Tribunal estableció reiteradamente que las deficiencias de gestión, la sobrecarga laboral o la ausencia de personal no eximen a las autoridades judiciales del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, especialmente cuando está comprometida la libertad personal. En el presente caso, la dilatación de varios meses para activar la libertad del accionante configura una demora indebida incompatible con el derecho a un proceso ágil y sin retardación, previsto en el art. 115.II de la CPE, que exige que toda actuación judicial se realice con prontitud y sin dilaciones, principio cuya observancia es aún más estricta cuando se trata de actuaciones vinculadas directamente con la libertad física, reconocida y protegida por el art. 23.I de la Norma Suprema. En el caso concreto, la solicitud presentada en mayo de 2023 permaneció sin una respuesta eficaz, pese a tratarse de un trámite de carácter urgente y esencial para la restitución de un derecho fundamental, por lo que, la demora no solo es irrazonable, sino que prolongó indebidamente una privación de libertad sin título válido, vulnerando el derecho a la libertad personal y el debido proceso en su elemento de celeridad. Por otro lado, el argumento de la autoridad demandada, basado en la falta de personal o en el desempeño simultáneo de funciones, no justifica el incumplimiento de su deber de activar el mandamiento de libertad, pues la disfunción administrativa no puede traducirse en afectaciones al derecho fundamental a la libertad, ya que ello equivaldría a subordinar un derecho constitucional a contingencias internas de la administración de justicia. En consecuencia, la ausencia de respuesta oportuna, la demora injustificada en la tramitación del mandamiento de libertad y la inexistencia de un título legítimo que justifique la permanencia del accionante en reclusión, evidencian una vulneración al derecho a la libertad personal y al debido proceso, especialmente en cuanto a su exigencia de celeridad, correspondiendo se active la protección que brinda la acción de libertad bajo su modalidad traslativa o de pronto despacho, debiendo otorgarse la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 03 de 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a la Jueza demandada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y con los mismos alcances dispositivos asumidos por la citada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada con relación a la solicitud de que se ordene a la autoridad demandada emita mandamiento de libertad a su favor, por no estar dentro de las facultades de este Tribunal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0034_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): d719f9e7f1c3b3f5556e7e5b8d9d8557eb70124b2b4775e1fa780772833ef178

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