Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 28 de enero de 2026
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, de acceso a la justicia, a la maternidad, de petición, “Y los derechos fundamentales del niño…” (sic); así como a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; puesto que, la accionante suscribió contratos similares el 7 de junio de 2018, el 10 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, este último prestando servicios como consultor en línea en el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; no obstante, por Nota de 19 de mayo de dicho año, se le indicó que partir del 24 de ese mes y año, ya no debía marcar asistencia en el sistema biométrico de la institución debido a la conclusión de su contrato; por lo que, por Nota de 20 de dicho mes y año, puso en conocimiento de la referida Entidad municipal que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación, pidiendo se considere su situación. Sin obtener respuesta, por Nota de 28 de febrero de 2023, ante el silencio administrativo, reitero por segunda vez que se considere su caso, al no ser atendida, el 10 de marzo de 2023 formuló recurso de revocatoria, señalando que dejó de trabajar desde el 24 de mayo de 2022 en dicha Entidad municipal; empero, nuevamente ante el silencio administrativo y al no obtener respuesta planteó recurso jerárquico; ante ello, por Nota con Cite UNID. DESP. G.A.M.T. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 69/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 160 a 163 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0034/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58868-2023-118-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 69/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 160 a 163 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Giovana Marisol Narvaez Pilinco contra Johnny Marcel Torres Terzo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
La accionante, por memoriales presentados el 21 y 27 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 84 a 91; y, 95 a 96 vta., manifestó lo siguiente:
Por Nota de 19 de mayo de 2022, le indicaron que en los “siguientes días” -24 de igual mes y año- concluiría su contrato como consultor individual en línea debiendo entregar los activos de manera inmediata. Ante esa situación, mediante Nota presentada el 20 de dicho mes y año, puso en conocimiento que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación, solicitando puntualmente conservar su fuente laboral hasta que su hijo cumpla 1 año de edad; asimismo, pidió que se protejan sus derechos como madre en estado de gestación. Situación que reclamó, expresando que no era la primera vez que suscribían un contrato de esa naturaleza; ya que, conforme adjuntó, celebró contratos por el mismo plazo con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, cumpliendo con los presupuestos necesarios para demostrar que se trata de contratos similares celebrados de manera reiterada, los cuales pueden ser analizados conforme el art. 5 del Decreto Supremo (DS) 012 de 12 de febrero del 2009, para expresar y demostrar la existencia de una verdad material; en ese sentido, señaló que suscribió contratos similares el 7 de junio de 2018, el 10 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, suscribiendo este último cuando se encontraba en estado de gestación. En ese entendido señala que suscribió más de siete contratos con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; por lo que, por la variedad y cantidad, configura la existencia de un contrato de carácter indefinido, y no eventual. Por ello al celebrar el contrato de 23 de febrero de -2022-, cumplió con los presupuestos necesarios para gozar de inamovilidad laboral, conforme a lo establecido en la SCP 0148/2019-S2, armonizadora de las dos modalidades de acceso, tutela directa y vía conminatoria. Posteriormente, el 28 de febrero de 2023, puso en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija que había transcurrido más de seis meses sin pronunciamiento alguno, configurándose así los efectos del silencio administrativo negativo, al no emitirse resolución dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente respecto a su solicitud. Ese silencio habilita a considerar el trámite como denegado; en consecuencia, podrá hacer uso de los recursos que le franquea la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento. De esa manera, al demostrar cronológicamente el cumplimiento del silencio administrativo, se agotó la vía administrativa, conforme al principio de subsidiariedad y al procedimiento administrativo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; puesto que, se reclamó de manera oportuna el acto vulneratorio con la finalidad de proteger su derecho a la inamovilidad laboral como madre en estado de gestación, conforme a lo dispuesto por el art. “46” núm. “8” de la Constitución Política del Estado (CPE). La entidad municipal soslayó su obligación de emitir una resolución administrativa, negando hechos evidentes, al decir que en sus antecedentes no se evidencia el recurso de revocatoria; sin embargo, fue presentado el 10 de marzo de 2023, a través de la oficina de comunicación, con número de registro 02775-2023. Así también, presentó recurso jerárquico que no mereció un pronunciamiento sobre el fondo de la vulneración, con número de registro 04726-2023. Con esa actitud negativa se acreditó como un elemento objetivo para considerar que se vulneró el derecho fundamental previsto por el art. “46 núm. 8” de la -CPE-. Ante esa peregrinación la accionante logró que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, realice una contestación formal al recurso jerárquico presentado el 25 de abril de 2023. Se demostró también que la relación laboral ya estaba establecida desde el 7 de junio de 2018 al 23 de mayo de “2002” -2022-; puesto que, fue contratada en reiteradas oportunidades como consultor en línea, existiendo más de siete contratos.
Señalaron que los consultores en línea se encuentran bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-; y, no tienen amparo de las normas laborales, así la madre se encuentre en estado de gestación; empero, la naturaleza de todos los contratos suscritos con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija son posteriores al 2009, señalando que la vigencia del art. 55 establecida en el DS 21060 de 29 de agosto de 1985, fue derogada por el DS 28699 de 1 de mayo de 2006; por lo que, el referido Gobierno Autónomo no podía realizar un contrato eventual. El art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979 señala que, no se permite más de dos contratos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la entidad, en caso de evidenciarse infracción de esas prohibiciones por el empleador, se dispondrá que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato a plazo indefinido.
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, de acceso a la justicia, a la maternidad, de petición, “Y los derechos fundamentales del niño…” (sic); así como a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 24, 35, 36, 37, 46 núm. 1 y “8”, 48 núm. 3, 4 y 6, 61, 62, 109, 115.I.II, 180 núm. 1 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que, a partir del quinto mes de gestación se reparen todos los daños ocasionados a la accionante y a su hijo.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de septiembre 2023, según consta en el acta cursante de fs. 156 a 160, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; y ampliándolo manifestó que: a) Entre el 2018 y 2023, se suscribieron más de siete contratos, que incorporan expresamente a la Constitución Política del Estado como legislación aplicable, lo cual se encuentra establecido en su cláusula segunda; en consecuencia, el derecho fundamental invocado es reconocido desde el 2009 hacia adelante; b) Con los contratos se demuestra que se cumple con las excepciones previstas o salvedades que señala el art. 5 del DS 012; c) Conforme el art. 48 núm. 3, 4, y 6 de la -CPE- las mujeres no pueden ser discriminadas o o despedidas por un estado civil, situación de embarazo o edad, rasgos físicos o número de hijos, además se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que el hijo cumpla 1 año de edad; d) Se demostró que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, existiendo contratos sucesivos, no atendió a su persona -madre- a partir del quinto mes de gestación, en dinero o especie equivalente al salario mínimo nacional; puesto que, no solamente se atentó contra sus derechos fundamentales como madre, sino también contra los derechos fundamentales de su hijo, previsto por el art. 61 de la CPE; e) Esta acción de defensa se presentó el 21 de septiembre de 2023, un día antes de que su hijo cumpla 1 año de vida ; y, f) De acuerdo a los contratos expuestos, existe la naturaleza de un contrato indefinido y no temporal; en ese sentido, el referido Gobierno Autónomo interpretó que no existió una relación de prestaciones laborales; ya que, existe el art. 9 dentro del contrato de “22” de febrero de -2022-; es decir, que por ese motivo no se otorgó una respuesta a pesar de haber instaurado el procedimiento administrativo de la Ley 2341; asimismo, debe prevalecer el art. 180 respecto al principio de verdad material. Ante las preguntas realizadas por la Sala Constitucional, que si consideraba que la accionante se encontraba bajo el régimen de la Ley General del Trabajo o bajo el Estatuto del Funcionario Público y sobre su petitorio concretamente. El abogado de la accionante señaló que se encontraba bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público, respecto a la segunda pregunta indicó que se pedían resarcir la parte de la atención obstetricia prenatal y postnatal hasta que cumpla 1 año a partir del quinto mes.
Johnny Marcel Torres Terzo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de sus representantes legales, mediante informe de 28 de septiembre de 2023; y en audiencia, manifestó que: 1) La accionante señala que no existe ningún medio de defensa pendiente, indicando de la subsidiariedad se hubiese agotado. En ese entendido, se presentó una contratación menor del Estado, regulada por norma especial del DS 0181 de 28 de junio de 2009, la accionante se inscribió al Servicio Nacional de Impuestos Nacionales; por cuanto, para el estado es una prestadora de servicios de carácter individual; 2) Luego del proceso de contratación realizado por el Estado, se tuvo una evaluación, una calificación y una nota de adjudicación, que fueron presentados como prueba, en ese entendido, la accionante se adjudicó la contratación menor por un plazo especifico, firmando un contrato con el Estado el cual tenía un inicio y una conclusión, teniendo pleno conocimiento de la conclusión de dicho contrato; 3) El mencionado contrato esta elevado e inscrito en la Contraloría General del Estado, es decir, que como parte del estado subieron al sistema de gestión pública estatal dicho contrato, como contrato de prestación de servicios, existiendo una norma especial que regula el proceso de contratación, las normas básicas del sistema de contratación estatal, en ese sentido se afirma que la accionante estaba regulada por el DS 0181 y no por la Ley general del Trabajo; 4) Se le indicó que debía entregar activos asignados como consultora; empero, es totalmente falso que se le hizo una ruptura o un despido intempestivo, solamente en cumplimiento de normas de formalismo y formalidad se le solicitó que haga entrega de los activos; puesto que, tenía conocimiento que su contrato concluiría, firmando posterior a la fecha de conclusión lo cual se adjunta en calidad de prueba un certificado de cumplimiento de subcontrato y un formulario de conclusión de servicios de consultoría; 5) Tiene un tratamiento diferente; ya que, no está regulada por la Ley General del Trabajo, presentaba mensualmente ante la AFP, pagaba de manera individual su formulario de aportes, el Estado no hizo de agente de retención; 6) Al concluir su contrato la accionante firmó un formulario de conclusión que es de fecha posterior a la Nota que envió el 20 de mayo de 2022, donde refiere que se le considere su contratación; por cuanto, la accionante ejecutó y validó desde el inicio hasta su conclusión, en ese sentido la SCP 0264/2018-S del 11 de junio, establece de manera clara que la consultoría en línea no tiene relación laboral, que no está regida por la Ley General del Trabajo, además, que los funcionarios, los prestadores de servicios como consultores en línea no gozan de la protección de derechos laborales; puesto que, están regulados por una norma especial; asimismo, la SCP 720/2015-S de 3 de julio señala de manera clara que la inamovilidad laboral no se aplica a los contratos de trabajo que por su naturaleza son temporales, eventuales o en contratos de obra, en ese sentido, para la accionante no aplica la inamovilidad laboral; 7) La accionante menciona que a través de una nota que envío el 20 de mayo hubiese impugnado un acto administrativo, confundiendo el hecho de una petición con o una solicitud a la existencia de un acto administrativo en concreto, en ese sentido, la SCP 249/2017-S3 de 27 de marzo, señala que en toda impresión existe una petición; empero, no toda petición involucra una impugnación, y en materia administrativa el recurso de impugnación surge contra una decisión de la administración pública; no obstante, solo hubo una conclusión de un contrato de consultoría en línea de la accionante, en ningún momento ha habido un acto administrativo, el cual se tenga que impugnar o reclamar; por lo que, solicita se deniegue la tutela solicitada.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 69/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 160 a 163 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Ingresando al análisis de los argumentos planteados por las partes, corresponde referirse inicialmente al principio de subsidiariedad, así como al principio de inmediatez. Respecto a este último, el art. 129 de la CPE y el art. 55 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establecen que el plazo para interponer una acción de amparo constitucional es de seis meses, plazo que se considera razonable, en tanto permite evitar que se reclamen indefinidamente actos presuntamente vulnera torios de derechos y garantías constitucionales siendo un plazo razonable, otorgando además un cierto grado de aceptación a los actos consentidos; ii) Este plazo tiene por finalidad impedir que las vulneraciones a derechos y garantías constitucionales se prolonguen indefinidamente en el tiempo, y exige que la persona afectada actúe con diligencia. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional se encuentra ampliamente desarrollada; por lo que, no resulta necesario citar sentencias constitucionales plurinacionales iii) No obstante, la jurisprudencia ha sido reiterada en señalar que, cuando se trata de mujeres en estado de gestación o embarazo, la protección prioritaria recae en el niño o niña por nacer, razón por la cual los principios procesales pueden flexibilizarse, especialmente cuando los actos vulnera torios se mantienen en el tiempo iv) En el presente caso, si bien el hecho generador data del 2022 y ha transcurrido más de un año, se evidencia que la accionante ha realizado actuaciones tendientes a reclamar los derechos que considera vulnerados, habiendo formulado un recurso de revocatoria -10 de marzo de 2023-. En ese sentido, debe entenderse que el reclamo se mantuvo vigente mediante un recurso jerárquico; por lo que, el cómputo del plazo de seis meses debe realizarse desde esas últimas actuaciones y no desde el hecho inicial, motivo por el cual ese tribunal consideró razonable la flexibilización del principio al pertenecer a un sector vulnerable de la población v) Respecto al principio de subsidiariedad, ocurre una situación similar; puesto que, la accionante pertenece a un sector vulnerable de la población por encontrarse en estado de embarazo. En estos casos, la jurisdicción constitucional debe ser también flexible en cuanto a formalidades y requisitos priorizando la protección de derechos fundamentales, en especial los del menor que está por nacer vi) Al ingresar al análisis de fondo, corresponde señalar que la acción de amparo constitucional no es la vía idónea para dilucidar hechos controvertidos ni para reconocer derechos, sino protegerlos cuando se encuentren debidamente consolidadas conforme a lo establecido en la SCP 0327/2022-S2 de 18 de mayo vii) En el caso concreto, el accionante manifestó haber suscrito más de siete contratos como consultor en línea, alegando que estos contratos camuflados dentro de lo que se maneja en materia laboral. Refiriendo que en realidad se trataban de contrataciones laborales y no de consultoría en línea; puesto que, al suscribir más de dos contratos de acuerdo a la normativa laboral le correspondía la inamovilidad laboral; no obstante, el accionante sostuvo que la contratación se realizó conforme al DS 0181 que es una de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios del Estado, cumpliéndose con todos los procedimientos administrativos, registros en contraloría, facturación e informes correspondientes viii) La jurisdicción constitucional no puede ingresar ni a referirse a derechos cuando esos no se encuentran consolidados; la accionante debe consolidar su derecho en la instancia que corresponda sea en la vía administrativa o en la jurisdicción ordinaria, para tener ese derecho definido con precisión, mientras no defina esos derechos no puede acudir a la jurisdicción constitucional, por cuanto, al no considerar ese tribunal de garantías que esos derechos están consolidados que realmente le asiste ese derecho a la inamovilidad no puede entrar al análisis debiendo la accionante acudir a la vía que corresponda; asimismo, debe entenderse que el petitorio fue amplio y variado entre el memorial de acción de defensa y la audiencia, entendiéndose de acuerdo a las consultas realizadas que se debían resarcir los daños emergentes a la ruptura contractual que la interpretó como desvinculación laboral, razón para entender un resarcimiento de daños por efecto de cualquier actuación; empero, estos deben ser demostrados y consolidarse en la jurisdicción que corresponda para que pueda considerarse como un derecho propio de la accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual en Línea de 23 de febrero de 2022, “…INFORMATICO PARA LA SUB ALCALDIA DEL AREA RURAL (AUXILIAR -II)” CONTRATACIÓN MENOR Nº 1004/2022”, celebrado entre Johnny Marcel Torres Terzo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija -ahora accionado- y Giovana Marisol Narvaez Pilinco -hoy accionante-, que en su cláusula novena señala el plazo de prestación de los servicios de consultoría por tres meses, computado a partir del día de suscripción del contrato (fs. 76 a 78 vta.). II.2. Por Nota de 19 de mayo de 2022, dirigida a la accionante, el Sub Alcalde de la Provincia de Cercado del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, refirió que “…en próximas fechas concluye su contrato en la modalidad Consultor Individual de Línea por lo que a partir del día martes 24 de mayo 2022 no debe marcar biométrico de asistencia…” (sic), constando la firma de recepción de la accionante (fs. 44). II.3. Consta Nota presentada el 20 de mayo 2022, ante el Sub Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por la cual, la accionante puso en conocimiento que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación conforme al Carnet de Historia Clínica Perinatal de 7 de dicho mes y año, informe médico y Ecografía de 8 de marzo de igual año, pidiendo se considere su situación para garantizar sus derechos de madre en estado de gestación y de su hijo aún no nacido; asimismo, se garantice su estabilidad laboral en las funciones que desempeña (fs. 25). II.4. Mediante Nota presentada el 28 de febrero 2023, ante el Sub Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, la accionante, ante el silencio administrativo habiendo trascurrido más de seis meses desde la primera solicitud, reiteró por segunda vez que se considere su situación para garantizar sus derechos de madre en estado de gestación y de su hijo aun no nacido; así también, solicitó la remisión de la referida Nota a Recursos Humanos (RRHH) de dicho Gobierno Autónomo; puesto que, la primera no fue respondida y tampoco notificada a su persona (fs. 28).
II.5. Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, ante el Alcalde ahora accionado, la accionante formuló recurso de Revocatoria; debido a que, no existe respuesta a su Nota de 28 de febrero de dicho año, provocando un silencio administrativo; además, señala que dejó de trabajar desde el 24 de mayo de mencionado año, en dicha entidad municipal; por lo que, pide se declare “Con” lugar aceptando y revocando la “resolución” recurrida, se disponga la restitución a la fuente de trabajo en la que se encontraba cuando estaba embarazada, toda vez que, su hijo no “ha” cumplido el año de edad y conforme a los gastos, posteriormente se estime los daños y perjuicios (fs. 30 a 31 vta.). II.6. Mediante memorial presentado el 25 de abril de 2023, ante el Alcalde hoy accionado, la accionante planteó recurso jerárquico; puesto que, transcurrió y venció el plazo para otorgar una respuesta a su recurso de revocatoria planteado el “12” de marzo de dicho año, señalando en su petitorio se declare “Con lugar aceptando y revocando la resolución al imperio de la carta de despido indirecto e injustificado enviado a mi persona. Disponga la restitución a mi fuente de trabajo que tenía cuando estaba Embarazada, toda vez que mi hijo no ha cumplido año de edad. conforme a los gastos que serán ofrecidos posteriormente se estime los daños y perjuicios…” (sic [fs. 32 a 36). II.7. Cursa Nota con Cite UNID. DESP. G.A.M.T. GJTT 511/2023 (H.R.04726/23) de 5 de septiembre, dirigido a la accionante, por el Jefe de la Unidad de Coordinación Legislativa y Despacho indicando en su referencia “RESPUESTA A MEMORIAL - INTERPONE RECURSO JERARQUICO” que contiene el decreto de 22 de dicho mes y año, emitido por el Alcalde ahora accionado, señalando que de la revisión de antecedentes adjuntos al trámite no se evidencia “el recurso de revocatoria”; en ese sentido, en virtud del art. 56 de la Ley 2341, las notas presentadas por la accionante, no constituyen una resolución o decisión de la autoridad administrativa que ponga fin a un procedimiento administrativo, de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente; por cuanto, al no existir un acto administrativo de carácter definitivo que sea impugnable a través de un recurso de revocatoria o jerárquico, no corresponde resolver en fondo o en forma el señalado recurso jerárquico; por lo que, “SE RECHAZA EL RECURSO JERÁRQUICO POR LA INEXISTENCIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE TENGA CARÁCTER DEFINITIVO, en virtud al Art. 56 parágrafo I” (sic [81]).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, de acceso a la justicia, a la maternidad, de petición, “Y los derechos fundamentales del niño…” (sic); así como a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; puesto que, la accionante suscribió contratos similares el 7 de junio de 2018, el 10 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, este último prestando servicios como consultor en línea en el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; no obstante, por Nota de 19 de mayo de dicho año, se le indicó que partir del 24 de ese mes y año, ya no debía marcar asistencia en el sistema biométrico de la institución debido a la conclusión de su contrato; por lo que, por Nota de 20 de dicho mes y año, puso en conocimiento de la referida Entidad municipal que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación, pidiendo se considere su situación. Sin obtener respuesta, por Nota de 28 de febrero de 2023, ante el silencio administrativo, reitero por segunda vez que se considere su caso, al no ser atendida, el 10 de marzo de 2023 formuló recurso de revocatoria, señalando que dejó de trabajar desde el 24 de mayo de 2022 en dicha Entidad municipal; empero, nuevamente ante el silencio administrativo y al no obtener respuesta planteó recurso jerárquico; ante ello, por Nota con Cite UNID. DESP. G.A.M.T. GJTT 511/2023 de 5 de septiembre, que contenía el decreto de 22 de agosto de 2023, el Alcalde ahora accionado, refirió que se rechazó su recurso jerárquico por la inexistencia de un acto administrativo que tenga carácter definitivo conforme al art. 56 de la Ley 2341. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para tal efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) Excepción a la subsidiariedad en padres progenitores; b) No corresponde a la justicia constitucional dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos; c) Sobre los mecanismos para el cumplimiento y ejecución de las resoluciones de restitución de derechos laborales en la Ley 1468 y la imposibilidad de convertir a las acciones de amparo constitucional en medios de ejecución o cumplimiento de resoluciones de otras jurisdicciones o instancias; y, d) Análisis del caso concreto.
La SCP 0838/2012 de 20 de agosto, estableció que: “Pese al contenido del principio de subsidiariedad en la acción tutelar, existen excepciones a la regla, tal es el caso de que se alegue la supuesta vulneración de derechos y garantías de mujeres embarazadas y/o progenitores, por cuanto la solicitud de tutela, debe resolverse de manera inmediata, considerando los derechos fundamentales que se protegen -a la vida, a la alimentación, a la salud y al trabajo-; en ese sentido la SC 1795/2011-R de 7 de noviembre, dejo claramente establecido que: ‘…la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección en el caso de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, no siendo exigible agotar esos medios de defensa, pues esta exigencia implicaría un perjuicio que podría ser irreparable, por cuanto el derecho a protegerse no es solamente al trabajo, sino otros primarios de la recurrente, ahora accionante, y del ser en gestación de urgente e inmediata tutela como son la vida, la salud y la seguridad social, que con la medida adoptada por la autoridad recurrida, ahora denominada autoridad demandada, ponen en riesgo y que no pueden depender de otros recursos o vías administrativas'…” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0406/2025-S3 de 22 de mayo, haciendo cita a la SCP 0890/2013 de 20 de junio señala que, “…recogiendo entendimientos respecto a los hechos controvertidos en la acción de amparo constitucional, tanto del anterior Tribunal Constitucional como del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la naturaleza jurídica de la citada acción de defensa, tutela derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos ni reconocer derechos, los que deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.5, establece: [E]l anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: ‘…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: ‘…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos’; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: ‘…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…’; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: ‘…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante’; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: ‘…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…’. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: ‘De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional’; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos…’” (las negrillas nos pertenecen).
1468 y la imposibilidad de convertir a las acciones de amparo constitucional en medios de ejecución o cumplimiento de resoluciones de otras jurisdicciones o instancias
La Ley 1468 cuyo objeto es resguardar el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral en caso de despido injustificado, la inamovilidad laboral, la falta de pago de remuneración o salario, y el cumplimiento del fuero sindical; estableció que, corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en ejercicio de su potestad administrativa, emitir las resoluciones de restitución de derechos laborales, las cuales constituyen actos administrativos de alcance particular que están revestidas del principio de legalidad y presunción de legitimidad.
En ese marco legal, respecto al incumplimiento de las resoluciones de restitución de derechos laborales, el art. 14.I y II de la Ley 1468 establece lo siguiente:
“I. En caso de incumplimiento a la Resolución de Restitución de Derechos Laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución.
II. Sin perjuicio de lo señalado en el Parágrafo anterior, la trabajadora o el trabajador, de forma personal, mediante apoderado legal o por intermedio de un representante de la organización sindical a la que estuviese afiliado, podrá solicitar ante el Juez de Trabajo, la ejecución de la Resolución Ministerial de Restitución de Derechos Laborales”.
Dado que esta disposición normativa establece los mecanismos para el cumplimiento y la ejecución de dichas resoluciones, las cuales, mediante su judicialización, permiten la aplicación de medidas precautorias para garantizar su efectividad, conforme lo dispuesto en el art. 14.IV de la citada Ley, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ejercer una competencia que fue reservada al órgano jurisdiccional especializado.
En ese sentido, la SC 1891/2010-R de 25 de octubre estableció el alcance y límites en la acción de amparo constitucional, precisando que: “…ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional abarcando también al cumplimiento de resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales, así la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, establece: `…es necesario reiterar que el constituyente estableció el recurso de amparo constitucional, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos, lo que le otorga carácter subsidiario; en tal sentido, al Tribunal Constitucional, en el ámbito de las competencias asignadas por las normas previstas por el art 120 de la CPE y la Ley del Tribunal Constitucional, no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución. Consiguientemente, una vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para ese fin…’ ‘…razonamiento aplicable también para la ejecución de resoluciones administrativas, pues es al propio órgano emisor de la resolución administrativa al que le corresponde ejecutar sus resoluciones, y sólo si el órgano omite cumplir su deber de manera reiterada y ostensible, y se han agotado los medios legales para que tal órgano cumpla con su deber, se abrirá la jurisdicción constitucional, no para ejecutar las resoluciones, sino para reparar una lesión al debido proceso o a otros derechos fundamentales, dado que la eficacia de las resoluciones se constituye en un derecho que emerge de la garantías del debido proceso, y la no ejecución lesiona tal derecho’” (las negrillas son nuestras).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la salud, a la seguridad social, de acceso a la justicia, a la maternidad, de petición, “Y los derechos fundamentales del niño…” (sic); así como a los principios de legalidad, verdad material y seguridad jurídica; puesto que, la accionante suscribió contratos similares el 7 de junio de 2018, el 10 de diciembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022, este último prestando servicios como consultor en línea en el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; no obstante, por Nota de 19 de mayo de dicho año, se le indicó que partir del 24 de ese mes y año, ya no debía marcar asistencia en el sistema biométrico de la institución debido a la conclusión de su contrato; por lo que, por Nota de 20 de dicho mes y año, puso en conocimiento de la referida Entidad municipal que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación, pidiendo se considere su situación. Sin obtener respuesta, por Nota de 28 de febrero de 2023, ante el silencio administrativo, reitero por segunda vez que se considere su caso, al no ser atendida, el 10 de marzo de 2023 formuló recurso de revocatoria, señalando que dejó de trabajar desde el 24 de mayo de 2022 en dicha Entidad municipal; empero, nuevamente ante el silencio administrativo y al no obtener respuesta planteó recurso jerárquico; ante ello, por Nota con Cite UNID. DESP. G.A.M.T. GJTT 511/2023 de 5 de septiembre, que contenía el decreto de 22 de agosto de 2023, el Alcalde ahora accionado, refirió que se rechazó su recurso jerárquico por la inexistencia de un acto administrativo que tenga carácter definitivo conforme al art. 56 de la Ley 2341. Previamente a ingresar al análisis del presente caso, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es necesario precisar que existen excepciones en cuanto al principio de subsidiariedad, cuando se alega la vulneración de derechos y garantías de mujeres embarazadas; ya que, en estos casos la solicitud de tutela debe ser resuelta de manera inmediata, debido a los derechos fundamentales que están en juego, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al trabajo, “…la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección en el caso de la mujer gestante o hasta el año de nacido el hijo, no siendo exigible agotar esos medios de defensa, pues esta exigencia implicaría un perjuicio que podría ser irreparable” (SCP 1795/2011-R de 7 de noviembre). En ese contexto, conforme la jurisprudencia de este tribunal glosada precedentemente, corresponde entrar al análisis de la problemática planteada. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados mediante Nota de 19 de mayo de 2022, se informó a la accionante que su contrato como consultora en línea concluiría el 24 de mayo de 2022, debiendo entregar los activos. Ante ello, el 20 de dicho mes y año comunicó que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación y solicitó la conservación de su fuente laboral hasta que su hijo cumpla un año, invocando la protección de sus derechos como madre gestante. La accionante alegó que no era la primera vez que suscribía contratos de esa naturaleza, pues celebró más de siete contratos similares con el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, entre estos, desde el 7 de junio de 2018 hasta el 23 de febrero de 2022, incluso durante su embarazo. Asimismo, señaló que la entidad municipal no emitió pronunciamiento sobre su solicitud dentro de los plazos legales, configurándose el silencio administrativo negativo, con lo cual se agotó la vía administrativa conforme a la Ley 2341. A pesar de haber interpuesto recurso de revocatoria y recurso jerárquico, estos no fueron resueltos, evidenciando la vulneración de su derecho a la inamovilidad laboral como madre gestante, reconocido en el art. “46 num. 8” de la CPE. Finalmente, se estableció que la relación laboral fue continua y reiterada, que no correspondía la suscripción de contratos eventuales, y que, conforme al DL 16187, la celebración de múltiples contratos a plazo fijo en funciones permanentes convierte la relación en un contrato a plazo indefinido (84 vta. a 88; y, 96 y vta.). En ese entendido cursa Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual en Línea de 23 de febrero de 2022, “…INFORMATICO PARA LA SUB ALCALDIA DEL AREA RURAL (AUXILIAR -II)” CONTRATACIÓN MENOR Nº 1004/2022”, celebrado entre el Alcalde ahora accionado y la accionante, que en su cláusula novena señala el plazo de prestación de los servicios de consultoría por tres meses, computado a partir del día de suscripción del contrato (Conclusión II.1.), así también, por Nota de 19 de mayo de 2022, dirigida a la accionante, el Sub Alcalde de la Provincia de Cercado del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, refirió que “…en próximas fechas concluye su contrato en la modalidad Consultor Individual de Línea por lo que a partir del día martes 24 de mayo 2022 no debe marcar biométrico de asistencia…” (sic), constando la firma de recepción de la accionante (Conclusión II.2.). En ese contexto cursa Nota presentada el 20 de mayo 2022, ante el Sub Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por la cual, la accionante puso en conocimiento que se encontraba con 19 semanas y 2 días de gestación conforme al Carnet de Historia Clínica Perinatal de 7 de dicho mes y año, informe médico y Ecografía de 8 de marzo de igual año, pidiendo se considere su situación para garantizar sus derechos de madre en estado de gestación y de su hijo aún no nacido; asimismo, se garantice su estabilidad laboral en las funciones que desempeña (Conclusión II.3.), mediante Nota presentada el 28 de febrero 2023, ante el Sub Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, la accionante, ante el silencio administrativo habiendo trascurrido más de seis meses desde la primera solicitud, reiteró por segunda vez que se considere su situación para garantizar sus derechos de madre en estado de gestación y de su hijo aun no nacido; así también, solicitó la remisión de la referida Nota a Recursos Humanos (RRHH) de dicho Gobierno Autónomo; puesto que, la primera no fue respondida y tampoco notificada a su persona (Conclusión II.4.). Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, ante el Alcalde ahora accionado, la accionante formuló recurso de Revocatoria; debido a que, no existe respuesta a su Nota de 28 de febrero de dicho año, provocando un silencio administrativo; además, señaló que dejó de trabajar desde el 24 de mayo de dicho año, en dicha entidad municipal; por lo que, pide se declare “Con” lugar aceptando y revocando la “resolución” recurrida, se disponga la restitución a la fuente de trabajo en la que se encontraba cuando estaba embarazada, toda vez que, su hijo no “ha” cumplido el año de edad y conforme a los gastos, posteriormente se estime los daños y perjuicios (Conclusión II.5.); no obstante, mediante memorial presentado el 25 de abril de dicho año, ante el Alcalde hoy accionado, la accionante planteó recurso Jerárquico; puesto que, transcurrió y venció el plazo para otorgar una respuesta a su recurso de Revocatoria planteado el “12” de marzo de dicho año, señalando en su petitorio se declare “Con lugar aceptando y revocando la resolución al imperio de la carta de despido indirecto e injustificado enviado a mi persona. Disponga la restitución a mi fuente de trabajo que tenía cuando estaba Embarazada, toda vez que mi hijo no ha cumplido año de edad. conforme a los gastos que serán ofrecidos posteriormente se estime los daños y perjuicios…” (sic [Conclusión II.6.]). Asimismo, cursa Nota con UNID. DESP. G.A.M.T. GJTT 511/2023 de 5 de septiembre, dirigido a la accionante, por el Jefe de la Unidad de Coordinación Legislativa y Despacho indicando en su referencia “RESPUESTA A MEMORIAL - INTERPONE RECURSO JERARQUICO” (fs. 79); que contiene el decreto de 22 de dicho mes y año, emitido por el Alcalde ahora accionado, señalando que de la revisión de antecedentes adjuntos al trámite no se evidencia “el recurso de revocatoria”; en ese sentido, en virtud del art. 56 de la Ley 2341, las notas presentadas por la accionante, no constituyen una resolución o decisión de la autoridad administrativa que ponga fin a un procedimiento administrativo, de carácter definitivo o actos administrativos que tengan carácter equivalente; por cuanto, al no existir un acto administrativo de carácter definitivo que sea impugnable a través de un recurso de revocatoria o jerárquico, no corresponde resolver en fondo o en forma el señalado recurso jerárquico; por lo que, “SE RECHAZA EL RECURSO JERÁRQUICO POR LA INEXISTENCIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE TENGA CARÁCTER DEFINITIVO, en virtud al Art. 56 parágrafo I” (sic [Conclusión II.7.]).
Respecto al principio de inmediatez, el art. 55 de la Ley 254 señala que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho, si bien transcurrió un año desde el hecho generador, la accionante realizó actuaciones reclamando sus derechos vulnerados, siendo el último un recurso jerárquico presentando ante el Alcalde ahora accionado el 25 de abril de 2023; desde esa fecha, hasta la interposición de la presente acción tutelar transcurrieron aproximadamente 5 meses; por lo que, no es evidente que concurra el principio de inmediatez.
Bajo esos antecedentes en virtud a lo referido por ambas partes, se identifica la concurrencia de hechos controvertidos; puesto que, en audiencia de esta acción de defensa, el Alcalde ahora accionado, señaló además que la accionante suscribió el Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual en Línea -Conclusión II.1-encontrándose regulado por el Decreto DS 0181, que específicamente señala que son servicios prestados para realizar actividades y trabajos recurrentes dentro de la entidad con dedicación exclusiva en virtud a los términos de referencia y a las condiciones establecidas en el mismo contrato y que no está regido por la Ley General del Trabajo; asimismo, que el recurso de impugnación surge contra una decisión de la administración pública y que en el presente caso solo existe la conclusión de un contrato de consultoría individual en línea. Por otra parte, la accionante alega que adjunto más de siete contratos eventuales y que conforme al art. 2 del DL 16187, no se permite más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, tampoco están permitidos contratos a plazo en tareas propias y permanentes de la entidad, en caso de evidenciarse infracción de esas prohibiciones por el empleador, se dispondría que el contrato a plazo fijo se convierta en contrato a plazo indefinido, alegando que le correspondería la inamovilidad laboral (fs. 96); empero, conforme al Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, la accionante recurrió a la jurisdicción constitucional sin activar los mecanismos establecidos en la Ley 1468; por lo que, en su caso no puede acudir a la jurisdicción constitucional para analizar una tacita reconducción.
En este sentido, conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional, la jurisdicción constitucional no puede ingresar a valorar derechos cuando estos no se encuentren consolidados. En consecuencia este Tribunal no tiene facultad para reconocer derechos, vale decir, no alcanza a definir derechos ni a analizar o dilucidar hechos controvertidos, correspondiendo esa atribución a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria o administrativa. En ese entendido, conforme el Fundamento Juridico III.2. del presente fallo constitucional “a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados” . En esa línea de análisis, la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la protección de derechos consolidados a favor del accionante, siendo la jurisdicción ordinaria o administrativa la instancia idónea para dirimir hechos controvertidos, en tanto cuenta con facultades para conocer y resolver cuestiones de hecho. Admitir lo contrario implicaría reconocer derechos a través de esta acción tutelar, lo cual excede el ámbito de su protección; puesto que, la tutela que brinda se limita a garantizar y maximizar el ejercicio de derechos previamente consolidados. En consecuencia, al evidenciarse la existencia de hechos controvertidos en el presente caso y considerando que la accionante no acreditó, mediante prueba alguna, la titularidad de los derechos que alega como vulnerados, este Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse sobre el fondo de la controversia planteada; puesto que, los derechos invocados como vulnerados se encuentran en disputa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 69/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 160 a 163 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0034_2026-S1.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4f08856c10025f24ab0807640c2ac0505ffc8f9e17e552073e9c94abd6ea86dc
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