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SCP 0033/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
18 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55956-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de la garantía al debido proceso, toda vez que, el Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio “…cursante a fs. 524…” (sic), negó la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, calificándolas de potestativas, exigiendo que se soliciten antes de la ejecutoria y considerando imposible modificarlas una vez firme la Sentencia 193/2022, ejecutoriada el 9 de septiembre de 2022; decisión que desatendió su petición formulada el 12 de ese mes y año, lo dejó en indefensión y derivó en su remisión al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz por orden de captura de 21 de abril de 2023. Ante ello, el Juez demandado sostiene que: 1) Ya se promovieron dos acciones de libertad por el mismo asunto; 2) La vía idónea era el recurso de apelación incidental, no la acción de libertad; 3) La Sentencia se encuentra ejecutoriada y amparada por la cosa juzgada; 4) La orden de captura provino del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por lo que carece de legitimación pasiva respecto de ese acto; 5) El recurso de reposición se resolvió luego mediante decisión fundamentada que denegó las sanciones alternativas y no fue apelada; y, 6) El art. 76 de la Ley 348 exige requisitos que debían acreditarse dentro de quince días y antes de la ejecutoria, lo que no ocurrió. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 289/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La identidad de sujeto, objeto y causa como causal de improcedencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0033/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55956-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 289/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandro Freddy Chambi Chávez en representación sin mandato de William Nina Quelali contra Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de abril de 2023, cursante de fs. 20 a 21, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra -actualmente radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz-, mediante Sentencia 193/2022 de 11 de julio, fue condenado por Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de la referida ciudad -demandado-, a dos años y seis meses de reclusión en el Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento. El 9 de septiembre de 2022 se dispuso la ejecutoria de la Sentencia. El 12 de mismo mes y año solicitó la aplicación de sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-; empero, dicha petición fue observada mediante providencia que se remitió al Auto Interlocutorio de 9 de septiembre de ese año y que fue suscrito únicamente por la Secretaria del mencionado Juzgado. Contra dicha providencia interpuso recurso de reposición el 30 de igual mes y año y, al no obtener pronunciamiento, reiteró su solicitud el 22 de noviembre del mismo año. Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio “…cursante a fs. 524…” (sic), la autoridad demandada resolvió no dar curso a las sanciones alternativas, señalando que su aplicación es potestativa, que debió pedirse antes de que la sentencia quede ejecutoriada y que, estando firme, no es posible modificarla. A pesar de ello, el 21 de abril de 2023, por mandamiento de condena emitido por el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, fue conducido al Centro Penitenciario San Pedro del mismo departamento; decisión que no consideró la posibilidad de solicitar las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, siendo que cumple los presupuestos para su otorgamiento; por lo que, esta negativa lo dejó en indefensión.

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada

El accionante denuncia la lesión de su garantía al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna que la contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la aplicación de sanciones alternativas conforme lo prevé el art. 76 de la Ley 348 y, por ende, su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 25 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) A través de Auto Interlocutorio de 24 de septiembre de 2023, la autoridad demandada llamó severamente la atención a la Secretaria de su Juzgado por haber emitido providencia sin tener la facultad para ello; b) El Juez demandado debió aplicar lo establecido en el art. 76 de la Ley 348, y no simplemente referir que dicho precepto es potestativo y no obligatorio, siendo que cumplió con todos los requisitos para ser beneficiado con sanciones alternativas a su pena privativa de libertad; c) El Juez demandado refirió que no pudo atender su solicitud de aplicación de sanciones alternativas, toda vez que la Sentencia ya estaría ejecutada y que debió de presentar su solicitud antes de dicha ejecutoria; no obstante, el art. 76 de le Ley 348 no hace referencia alguna de que dicha solicitud deba realizarse momentos antes de que se ejecutoríe la sentencia, como tampoco señala la supuesta potestad o no de negar la aplicación de dichas sanciones alternativas; y, d) En ese momento contaba con los mecanismos necesarios para hacer valer su derechos; no obstante, no está “yendo” contra la Sentencia condenatoria ni está pidiendo complementación o enmienda, sino que la autoridad demandada disponga la aplicación de las sanciones alternativas conforme el art. 76 y ss. de la Ley 348.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada con base en los siguientes argumentos: 1) El accionante ya promovió dos acciones de libertad por el mismo tema, por lo que opera el principio non bis in ídem; 2) La vía idónea para cuestionar su decisión era el recurso de apelación incidental, no la jurisdicción constitucional; 3) La Sentencia 193/2022 se ejecutorió y adquirió cosa juzgada, de modo que no corresponde modificarla para imponer sanciones alternativas con posterioridad; 4) La orden de captura y cumplimiento de pena provino del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por lo que carece de legitimación pasiva respecto de ese acto; 5) El recurso de reposición fue inicialmente atendido por Secretaría del Juzgado a su cargo, situación que luego corrigió emitiendo resolución fundamentada que denegó las sanciones alternativas, la cual no fue apelada; 6) La aplicación del art. 76 de la Ley 348 exige que la pena no supere tres años y que el sentenciado no sea reincidente; este último extremo debió acreditarse por la defensa en el plazo de quince días y antes de la ejecutoría, lo que no ocurrió; y, 7) Acoger la tutela implicaría un doble pronunciamiento en sede constitucional y la reapertura de una sentencia firme, en desmedro de la seguridad jurídica.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 289/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, señale audiencia de aplicación de sanciones alternativas, donde deberá observar los requisito como el certificado de antecedentes penales del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y el Certificado de No Violencia (CENVI), de conformidad a la SCP 0721/2018-S2 -se asume de 31 de octubre- y dar viabilidad a su pretensión, con base en los siguientes fundamentos: i) La autoridad demandada no aplicó lo establecido en el art. 15 de la CPE y los estándares internacionales de protección; ii) El Juez demandado aplicó un criterio arbitrario y alejado de la norma, restringiendo derechos, realizando una aplicación normativa como opciones, cuando la norma es clara y de cumplimiento obligatorio, máxime si se tiene en cuenta que, tanto la norma adjetiva penal como la Ley 348, no prevén un término o plazo perentorio para la aplicación de dichas sanciones alternativas; iii) El accionante cumpliría con los requisitos previstos en la norma, por lo que corresponde otorgar esas sanciones alternativas, puesto que dicha norma no señala que se necesite o no la ejecutoría de la sentencia; y, iv) Si bien se hizo referencia a la interposición de otra acciones de libertad, no se adjuntaron las mismas, por lo que es un extremo que se desconoce. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante solicitó que se disponga que el Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz remita antecedentes ante el juzgado de origen, a fin de que dicho despacho judicial de cumplimiento a la determinación emitida por el Juez de garantías; en respuesta, el referido Juez dispuso que se notifique a dicho Juzgado a fin de que se remitan todos los antecedentes ante el Juez demandado para que de aplicación a su determinación. Asimismo, en vía de complementación y enmienda, por memorial cursante de fs. 44 a 46 vta., el Juez demandado solicitó se aclare y complemente los siguientes puntos: a) Una consideración específica respecto a si la acción de libertad presentada por el hoy impetrante de tutela se concedió porque se ejecutó el mandamiento de condena en su contra o porque mediante Auto Interlocutorio de 24 de noviembre de 2022 se rechazó su solicitud de aplicación de sanciones alternativas; b) El fundamento legal y/o lógico jurídico por el cual no otorgó ni un porcentaje mínimo de credibilidad a su informe presentado en audiencia de garantías, el cual, inclusive, bajo una perspectiva presuntiva pudo ser parcialmente corroborado a través de la revisión del “SIREJ” o de acuerdo a lo previsto en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitando al accionante que admita o niegue esa parte de su informe; c) Si la garantía del non bis in ídem, contemplada en el art. 117 de la CPE, fue afectada y de qué modo es posible repararla o resguardarla nuevamente; d) Cuál la analogía entre el presente caso y la SCP 1074/2019-S2 de 5 de diciembre, en la cual basó su razonamiento y decisión; e) Cuál fue el motivo lógico jurídico para que haya estimado innecesario convocar a la víctima del proceso en el que el accionante fue sentenciando conforme al art. 35.2 del CPCo; f) La cita de forma textual donde la SCP 1074/2019-S2 haya establecido que se deba dar viabilidad a todas las solicitudes de aplicaciones de sanciones alternativas, inclusive en casos en los que la sentencia se halle ejecutoriada; g) Que aclare que cuál es su interpretación semántica o gramatical de los términos “viabilidad”, “podrá” y “posibilidad” contenidos en su Resolución; h) Explique por qué, después de reiterar la SCP 1074/2019-S2, se apartó de ella en su parte dispositiva, disponiendo se dé “viabilidad” a la pretensión del accionante cuando dicha Sentencia solo dispuso que el Juez demandado resuelva la situación jurídica del accionante; e, i) Aclare bajo que fundamento jurídico llegó a la conclusión que es posible la modificación de la pena con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia. En respuesta, el Juez de garantías, a través de Auto cursante a fs. 47, señaló que la solicitud realizada por el Juez demandado no se encuadra dentro de lo ya determinado, puesto que la aclaración, complementación y enmienda no procede para modificar argumentos que no fueron debatidos en audiencia, por lo que declaró no ha lugar su solicitud.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 68); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 72); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIÓN

No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de la garantía al debido proceso, toda vez que, el Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio “…cursante a fs. 524…” (sic), negó la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, calificándolas de potestativas, exigiendo que se soliciten antes de la ejecutoria y considerando imposible modificarlas una vez firme la Sentencia 193/2022, ejecutoriada el 9 de septiembre de 2022; decisión que desatendió su petición formulada el 12 de ese mes y año, lo dejó en indefensión y derivó en su remisión al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz por orden de captura de 21 de abril de 2023. Ante ello, el Juez demandado sostiene que: 1) Ya se promovieron dos acciones de libertad por el mismo asunto; 2) La vía idónea era el recurso de apelación incidental, no la acción de libertad; 3) La Sentencia se encuentra ejecutoriada y amparada por la cosa juzgada; 4) La orden de captura provino del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por lo que carece de legitimación pasiva respecto de ese acto; 5) El recurso de reposición se resolvió luego mediante decisión fundamentada que denegó las sanciones alternativas y no fue apelada; y, 6) El art. 76 de la Ley 348 exige requisitos que debían acreditarse dentro de quince días y antes de la ejecutoria, lo que no ocurrió. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La identidad de sujeto, objeto y causa como causal de improcedencia

Conforme al art. 203 de la CPE, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, por lo que cierran el debate e impiden su prolongación indefinida. Ahora bien, para verificar la denominada triple identidad no se exige una coincidencia absoluta entre sujetos, objeto y causa, sino que corresponde valorar, en cada caso, si la cuestión de fondo o el conflicto jurídico-material reproduce sustancialmente lo ya planteado ante esta jurisdicción. Este criterio evita el uso abusivo o repetitivo de las acciones constitucionales y evita fallos contradictorios que menoscaben la autoridad del Tribunal. Al respecto, la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, estableció: “…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática traída en revisión, corresponde remitirnos al Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, de cuya revisión se tiene que existe una acción de libertad interpuesta por Rosmery Condory Chambi en representación de William Nina Quelali -ahora accionante- contra Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado- signada con el número de expediente 53647-2023-108-AL, en la que el mencionado denunció el procesamiento indebido, debido a que el Juez demandado no le otorgó la aplicación de sanciones alternativas conforme el art. 76 y ss. de la Ley 348. En ese entendido, se debe verificar la existencia o no de identidad de sujetos, objeto y causa, de lo que se tiene: a) Sobre la identidad de sujeto En el expediente correspondiente al número 53647-2023-108-AL, la acción de libertad fue interpuesta por Rosmery Condory Chambi en representación de William Nina Quelali -ahora accionante-; en el presente caso, con el expediente signado con el número 55956-2023-112-AL, la acción de libertad es presentada por Alejando Freddy Chambi Chávez en representación sin mandato de William Nina Quelali, es decir, fue interpuesto en representación de la misma persona, por lo que existe una identidad total del sujeto accionante. Asimismo, ambas acciones constitucionales son contra el mismo demandado, es decir, contra Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, por lo que existe una identidad total del sujeto demandado.

b) Sobre la identidad de objeto En ambas acciones de libertad puede evidenciarse que lo que se pretende es que la autoridad demandada disponga la aplicación de las sanciones alternativas conforme el art. 76 y ss. de la Ley 348, en relación a la Sentencia 193/2022 de 11 de julio, donde se le impuso la pena de reclusión de dos años y seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; y, por ende, que se disponga su libertad. En ese entendido, existe una identidad total del objeto. c) Sobre la identidad de causa Finalmente, en ambas acciones de libertad se denuncia la decisión del Juez demandado que, mediante Auto Interlocutorio “…cursante a fs. 524…” (sic), negó la aplicación de las sanciones alternativas previstas en el art. 76 de la Ley 348, calificándolas de potestativas, exigiendo que se soliciten antes de la ejecutoria y considerando imposible modificarlas una vez firme la Sentencia 193/2022, ejecutoriada el 9 de septiembre de 2022; por lo que existe una identidad total de la causa. En consecuencia, es evidente que ambas acciones de libertad tienen el mismo fin, las mismas partes procesales y denuncian el mismo hecho, razón por la cual la presente causa debe denegarse sin ingresar al análisis de fondo del asunto por la concurrencia señalada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 289/2023 de 30 de abril, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0033_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 333db83ba8dd7923b55fc548f0afbda42f71123835201f8d75acb22f2e3d5915

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