Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 9 de marzo de 2023
Concede la tutela
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la seguridad social; toda vez que, habiéndose notificado el 28 de febrero de 2020, a la CNS con la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz –confirmada mediante RA 123-20 de 1 de julio del mismo año–, mediante la cual se ordena la reincorporación laboral más el pago de sueldos y subsidios devengados, la entidad empleadora es renuente a cumplir la misma conforme señala el Informe de verificación J.D.T.L.P.-DASC-VR-026/2020. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional; 2) Inamovilidad laboral de mujeres embarazadas con contrato a plazo fijo hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 111/2020 de 26 de agosto, cursante de fs. 233 a 234 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada respecto de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la seguridad social, disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 en los términos que en ella se establecen, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0033/2023-S1 Sucre, 9 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 36270-2020-73-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 111/2020 de 26 de agosto, cursante de fs. 233 a 234 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pamela Topacio Salazar Colque contra Roberto Carlos Rojas Justiniano, Gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS).
A través de memoriales presentados el 15 de julio y 10 de agosto, ambos de 2020, cursantes de fs. 52 a 55 vta.; y, 59 a 60 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Prestó servicio en el cargo de auxiliar de enfermería en el Centro Integral de Salud en Medicina Familiar (CIMFA) 9 DE ABRIL dependiente de la CNS, mediante Contrato de Trabajo 4-00032/2019 de 2 de septiembre, el cual en su Cláusula Tercera hace referencia a la duración del mismo hasta el 31 de diciembre de 2019; entonces, en vigencia de este, puso en conocimiento del ente de salud mencionado, su estado de gestación, siendo que el seguro de la misma entidad ya le había otorgado certificado de control prenatal en el área de bienestar social, y por esa situación acudió en el “mes de enero” –se entiende de 2020- mediante carta dirigida a la máxima autoridad -ahora demandado-, haciéndole conocer su estado a fin de que se le tenga consideración; empero, en pleno conocimiento de ello, esta institución, sin respetar su condición de madre gestante y muy a pesar de tener el derecho de inamovilidad laboral, optó por no proceder a su recontratación.
Refiere que, se apersonó mediante memorial de 20 de enero de 2020 ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, solicitando su reincorporación por su estado de madre gestante, acto que concluyó con la emisión de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 de 27 de febrero, en el cual dispuso “…la inmediata reincorporación de la trabajadora Pamela Topacio Salazar Colque a su fuente laboral en la caja nacional de salud CNS al mismo puesto en el cargo de auxiliar de enfermería en el CIMFA 9 DE ABRIL mas el pago de salarios y subsidios devengados hasta su efectiva reincorporación...” (sic); empero, la CNS hizo caso omiso a la misma. Señala que, el Inspector de la Jefatura de Departamental de Trabajo de La Paz, emitió Informe de verificación de reincorporación J.D.T.L.P.- DASC-VR-026/2020 de 20 de marzo, el cual en su parte conclusiva menciona que la CNS no dio cumplimiento a la conminatoria de reincorporación, incumpliendo la normativa que garantiza una fuente laboral estable y sin discriminación. Aduce que, por informe de 1 de abril de 2020, emitido por el abogado Juan Carlos Flores Jiménez y la asesora del departamento jurídico nacional de la CNS, dirigido a su persona, se hace mención en el antecedente, que su hermano se habría apersonado a oficinas de dicha institución para poner en conocimiento que se encontraba en estado de gravidez en el hospital, para poder recibir atención, ya que su embarazo fue de alto riesgo, a su vez, se refiere a la conminatoria de reincorporación que se les habría puesto en conocimiento, y en su parte final hace alusión a que se estaría en espera de interponer recurso de revocatoria contra dicha conminatoria pero que debido a la pandemia se habría suspendido actividades y plazos y que se estaría en espera de la reapertura de actividades. Indica que, el 12 de abril del 2020, se produjo el nacimiento de su hijo; sin embargo, hasta el día de la presentación de la presente acción tutelar no se le dio respuesta acerca de su situación laboral de parte de la CNS, dejándola a ella y a su hijo en total desprotección, siendo que tiene también a cargo la mantención y cuidado de tres hijos más. Finalmente puntualiza que, la CNS interpuso recurso revocatorio contra la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, que fue resuelto el 1 de julio de 2020, mediante Resolución Administrativa (RA) 123-20 confirmando dicha Conminatoria y rechazando recurso de revocatoria.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la seguridad social; citando al efecto los arts. 35.I, 45, 49.III, 58, 59.I, 60, 128 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) El cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020; es decir, la inmediata reincorporación al puesto de trabajo que ocupaba de Auxiliar de Enfermería en el CIMFA 9 DE ABRIL; b) La cancelación de subsidio devengados de incapacidad temporal por maternidad, prenatal, natalidad y lactancia; y, c) Cancelación de sueldos devengados.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de agosto de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 230 a 232, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela a través de su abogada, ratificó los términos de su demanda de acción tutelar, y ampliándola manifestó que: 1) La acción de amparo constitucional interpuesta, se ha basado fundamentalmente en el acto u omisión que habría realizado la CNS ante el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, puesto que, el acto u omisión que estaría en discusión actualmente es ese documento, es así que, la CNS incurriría en un acto de incumplimiento de una disposición social y laboral claramente dispuesta en el art. 48 de la CPE, que menciona que estas disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, siendo que habría optado por la reincorporación; 2) Puso en conocimiento de la CNS, en vigencia del contrato suscrito, que se encontraba en estado de gestación situación por la cual, habría acudido ante la señalada Jefatura, misma que se habría pronunciado en el sentido de que la CNS debía haberla reincorporado de manera inmediata a su fuente laboral; y, 3) El Estado le da preferencia, le faculta y le garantiza a gozar de una asistencia a una maternidad segura y a una inamovilidad laboral en condición de madre gestante, es por esta razón que se hace énfasis de que actualmente ya habría dado a luz y que el menor ahora niño estaría en edad de cuatro meses, por lo cual también se habrían vulnerado los derechos del niño, niña, adolescente enmarcados en los art. 58 y 59 de la Norma Suprema, en este último menciona que todo niño, niña, adolescente tiene un derecho a un desarrollo integral siendo ahora también derechos vulnerados.
Roberto Carlos Rojas Justiniano, Gerente General de la CNS, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito, cursante de fs. 225 a 229 vta., así como en audiencia, manifestó que: i) La Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 efectivamente disponía la reincorporación de la ex trabajadora -ahora accionante-; empero, al estar viciado este acto administrativo de nulidad absoluta, fue objeto de impugnación en sede administrativa; en tal circunstancia, la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz mediante la RA 123-20, dispuso confirmar la “Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./D.S. No. 0495/No. 030/2020” (sic) y consiguientemente rechazar el recurso de revocatoria; sin embargo, ésta Resolución Administrativa confirmó la Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./D.S 0495/ 030/2020, sin hacer mención alguna a la confirmación de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, aspecto que desvirtúa en su totalidad los antecedentes de hechos que motivan la acción de defensa a los cuales hace referencia la solicitante de tutela, toda vez que la RA 123-20 emitida por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz infringió una serie de normas jurídicas de la Ley del Procedimiento Administrativo, principalmente incurrió en la omisión de cumplir con los presupuestos procesales del debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y pertinencia, haciendo completamente insostenible la decisión adoptada, porque no expuso las razones de hecho y de derecho que justifiquen el rechazo del Recurso de Revocatoria, menos ingresó a la valoración de las pruebas presentadas por la CNS, motivando que en tiempo y plazo oportuno, el 24 de julio de 2020 se formule Recurso Jerárquico, mismo que a la fecha se encuentra pendiente de resolución; ii) Respecto al fondo de la Conminatoria Reincorporación J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, corresponde exponer que para sustentar la decisión asumida, dicha Conminatoria refirió la aplicabilidad del Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero de 2019; sin embargo, omitió fundamentar la inaplicabilidad de su art. 5, respecto a que “La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra..”(sic); toda vez que, la accionante mantuvo una relación contractual con la CNS, emergente de un contrato a plazo fijo originado a raíz de la implementación del "Programa Más Calidad Menos Filas” dirigido al descongestionamiento en centros asistenciales; iii) El contrato suscrito, cumplió con su vigencia, hecho que se verifica de la inasistencia de la impetrante de tutela a partir del fenecimiento del mismo, dicho en otros términos, la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 se emitió sin haber considerado la existencia de un Contrato a Plazo Fijo; iv) Los errores y controversias de la señalada Conminatoria, se evidencian no solo en su encabezado en el que establece como normativa que funda su contenido y emisión el DS 29608 de 18 de junio de 2008, sin tomar en cuenta que esta normativa modifica y complementa el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, inherente a la protección, incorporación, ascenso y estabilidad laboral de personas con discapacidad; asimismo, establece como base normativa lo establecido en el art. 2 del DS 0012 referente a la inamovilidad laboral de la madre y/o padre progenitores, sin fundamentar su aplicación, puesto que, esta normativa prohíbe los despidos, hecho que no se materializó, toda vez que en ningún momento se despidió a Pamela Topacio Salazar Colque, sino que la conclusión de su relación contractual con la Institución emergió del cumplimiento de la vigencia del único contrato a plazo fijo suscrito, figuras totalmente diferentes; v) Con relación al Auto -JDTLP-DASC-018/20 de 11 de marzo de 2020, que se constituye en parte integrante de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, resulta importante señalar que si bien éste pronunciamiento de forma expresa determinó “Que, con relación a la solicitud de complementación y enmienda presentada por parte de la Caja nacional de Salud, la misma no se adecúa a lo establecido en el Art. 36 del Decreto Supremo No. 27113, siendo dirigida la Conminatoria de Reincorporación al Gerente General Sr. Roberto Carlos Rojas Justiniano, y valorada la documentación presentada, siendo que adjunta proceso sumario instaurado a¿ trabajador, por consiguiente es improcedente la presente solicitud planteada...” (sic), resulta por demás inentendible, toda vez que en ningún momento se adjuntó proceso sumario instaurado al trabajador, ya que, en el presente trámite nunca se aseveró la existencia de un sumario administrativo de ningún trabajador, máxime si la denuncia fue presentada por una ex trabajadora; vi) Con relación al reconocimiento de los beneficios sociales, el monto correspondiente a la ex trabajadora Pamela Topacio Salazar Colque –ahora accionante-, se encuentran consignados mediante demanda de consignación de pago de beneficios sociales en el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de Capital del departamento de La Paz; vii) La Conminatoria de Reincorporación realizada por la señalada Jefatura Departamental resulta ilegal, porque en primera instancia se ha suscrito un Contrato de Trabajo 4-00032/2019, a favor de la ahora impetrante de tutela, por el lapso de cuatro meses, este contrato obedece estrictamente al cumplimiento del presupuesto asignado en la planilla, como contrato temporal; viii) Si bien la citada Jefatura ha señalado que se trata de tareas propias y permanentes, solamente se ha suscrito un solo contrato con la trabajadora, y no ha habido reconducción, no se ha operado la suspensión de contratación, ella ha terminado su labor el 31 de diciembre de 2019 y a partir del “primero de enero” –se entiende de 2020- no ha prestado ningún servicio; ix) Conforme señala la Cláusula Segunda del contrato de trabajo, se ha contratado a la ahora solicitante de tutela dentro de un programa piloto implementado por la CNS, para descongestionar la carga de pacientes y las filas que se generan en cuatro Policlínicos, es decir que, no estamos hablando de tareas permanentes en la CNS, sino de la implementación del plan presentado por la Gerencia de Servicio Salud, que especifica claramente que este tiene simplemente una validez de ocho meses nada más; en todo caso, se está vulnerando la normativa al querer generar una relación laboral continúa con la ahora accionante, considerando que el pago es con cargo a la partida 12100, para el Programa de “Menos Filas y Más Calidad”; y, x) Se ha efectuado el contrato de trabajo dentro de la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, por eso es que la emisión de la citada Conminatoria de Reincorporación, resulta ilegal porque no se ha considerado el plan piloto ni la planilla de un presupuesto que es limitado solo para personal eventual, además la línea constitucional establece que estos contratos están eximidos de la estabilidad laboral por embarazo, razón por la que se ha considerado no hacer un segundo contrato y no ha operado ninguna tácita reconducción.
Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, por Resolución 111/2020 de 26 de agosto, cursante de fs. 233 a 234 vta., concedió en parte la tutela impetrada, disponiendo que la parte demandada cancele en favor del niño nacido los subsidios que le correspondan hasta que este cumpla un año; y, declaró “NO HA LUGAR” a la reincorporación de la solicitante de tutela, bajo los siguientes fundamentos: a) Evidentemente existe una relación laboral con Pamela Topacio Salazar Colque –ahora accionante- con la CNS, emergente de un contrato laboral a plazo fijo del 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019, se establece que la misma fue contratada para un plan piloto denominado “Menos Fila Más Calidad” en la CNS el mismo que tuvo como conclusión el 31 de diciembre del año 2019; b) Con la finalización del contrato, la accionante ya no fue a su fuente laboral y no prestó mayor servicio, puesto que, al verse seguramente en esta situación, ella entendió que, la relación laboral concluyó el 19 de diciembre de 2019, ante esa advertencia de que la relación hubiese concluido, ésta recurrió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz a efectos de que se respete su estabilidad laboral; c) La referida Jefatura Departamental emitió la Resolución de Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, bajo el fundamento de que la accionante es beneficiada con otro contrato de trabajo, que no fue así; además que, no fue visado por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, aspecto que no fue debatido en la audiencia de acción de amparo constitucional; y, que la Resolución de Conminatoria es de aplicación excepcional en el caso de la accionante, por su condición de madre gestante, disponiendo la reincorporación de la trabajadora a su fuente laboral; d) El Tribunal Constitucional Plurinacional ha modulado la aplicación obligatoria de las reincorporaciones a través de una acción de amparo constitucional, cuando ésta no contiene los mínimos requisitos de razonabilidad de los fundamentos de la resolución de reincorporación, en este marco, este se advierte que la reincorporación dispuesta no contiene ningún fundamento válido para disponer la reincorporación de la accionante a su fuente laboral; e) Es cierto que la trabajadora fue contratada a plazo fijo y al haberle vencido el plazo también se extingue la relación laboral, empero, se conoce el derecho que tiene el bebé gestante, en este caso, el bebé nacido en su beneficio únicamente, se debe proteger la vida del mismo a través de los derechos que le pueden asistir; y, f) Con relación a la subsidiariedad planteada por la parte demandada, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha determinado que no es necesario agotar las vías administrativas para el resguardo de los derechos de la madre gestante o padre con un bebé con menos de un año.
Por Decreto Constitucional de 9 de septiembre de 2021, cursante a fs. 238, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 2 de marzo de 2023 (fs. 260); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Trabajo 4-00032/2019 de 2 de septiembre, a plazo fijo suscrito entre la CNS y Pamela Topacio Salazar Colque –ahora accionante- que en su Cláusula Segunda referida al objeto del contrato, señala que el mismo es la prestación de servicios por necesidad en el CIMFA 9 DE ABRIL en el cargo de Auxiliar de Enfermería con cargo a la partida 12100 (Personal Eventual) del Programa (Mas calidad Menos Filas); y según la Cláusula Tercera, la vigencia del mismo es a partir del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 “indefectiblemente”, aclarando que a la culminación de dicho periodo le queda prohibido al contratado que continúe prestando servicios a fin de prevenir la tácita reconducción, salvando autorización expresa (fs. 3). II.2. Mediante nota presentada el 3 de enero de 2020, dirigida a Roberto Carlos Rojas Justiniano, Gerente General de la CNS –ahora demandado-, la peticionante de tutela presentó documentación de control prenatal de veinte semanas de gestación, a objeto de acceder a un segundo contrato (fs. 4). Así, se tiene un Certificado de Atención Prenatal 0094691 de 13 de diciembre de 2019, otorgado por la CNS, que certifica que la prenombrada recibió atención médica desde el quinto mes de embarazo, habilitándose para el subsidio prenatal (fs. 5); asimismo, se tiene fotocopia del carnet de salud de la madre que consigan como primer control el 5 de noviembre de 2019 y el nacimiento del bebé el 12 de abril de 2020, de quien cursa su certificado de nacimiento con la fecha indicada (fs. 6 a 7). II.3. Por memorial de 20 de enero de 2020, la impetrante de tutela presentó denuncia de despido pidiendo reincorporación inmediata ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz (fs. 8 a 9 vta.). II.4. A través de Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 de 27 de febrero, el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, conminó a la CNS a la inmediata reincorporación de la ahora accionante a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaba en el cargo de Auxiliar de Enfermería en el CIMFA 9 DE ABRIL más el pago de los salarios y subsidios devengados, Conminatoria que fue puesta a conocimiento de la CNS el 28 de febrero de 2020 (fs. 14 a 20). Luego por nota de 6 de marzo de igual año la peticionante de tutela solicitó verificación de reincorporación (fs. 21) motivando la emisión del Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-026/2020 de 20 de marzo, que concluye que la CNS no dio cumplimiento a la “Conminatoria de Reincorporación Inmediata J.D.T.L.P./D.S.0495/ 030/2020” (sic [fs. 22 y vta.]). II.5. Por RA 123-20 de 1 de julio de 2020, el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, en atención al recurso de revocatoria planteada por la CNS confirmó la “Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./D.S.0495/ 030/2020” (sic), rechazando el recurso (fs. 25 a 49), decisión que fue notificada a la CNS el 8 de mismo mes y año (fs. 156). II.6. Por memorial de 7 de julio de 2020 dirigido a la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz, la CNS, cumpliendo lo ordenado, adjunta certificado de depósito judicial y solicita se admita la admisión de la demanda de consignación de beneficios sociales (fs. 189), depósito efectuado el 2 de julio de 2020 en cumplimiento a providencia del mes de junio de igual año –es ilegible el día- (fs. 188). II.7. Por escrito presentado el 24 de julio de 2020, la CNS interpuso recurso jerárquico contra la RA 123-20 (fs. 181 a 186 vta.).
La accionante denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la seguridad social; toda vez que, habiéndose notificado el 28 de febrero de 2020, a la CNS con la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz –confirmada mediante RA 123-20 de 1 de julio del mismo año–, mediante la cual se ordena la reincorporación laboral más el pago de sueldos y subsidios devengados, la entidad empleadora es renuente a cumplir la misma conforme señala el Informe de verificación J.D.T.L.P.-DASC-VR-026/2020. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional; 2) Inamovilidad laboral de mujeres embarazadas con contrato a plazo fijo hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; y, 3) Análisis del caso concreto.
integral, y el acceso directo a la justicia constitucional
Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional (RDC) 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada. Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la RDC 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos jueces y tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica. Así entonces, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica. El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical, puesto que debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, jueces y tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.
En ese marco, la referida RDC 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:
Al respecto la mencionada RDC 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente. Así entonces la Resolución de Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, DS 28699 de 1 de mayo de 2006, DS 0495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:
…va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación. Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:
…deben concurrir los siguientes elementos: a) La voluntad inequívoca y documentada del trabajador, declarando conocer los efectos jurídicos de la rescisión del contrato de trabajo; y, b) La constancia escrita del pago de los beneficios y derechos sociales del trabajador, así como las obligaciones sociales del empleador, debiendo necesariamente incluir: b.1) La totalidad de salarios devengados hasta la fecha del retiro; b.2) El desahucio, indemnización por antigüedad, vacaciones, aguinaldos y otros derechos pagaderos a la conclusión de la relación laboral; b.3) Los aportes a la caja de salud; y, b.4) Los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP).
Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según AC 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambió e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que:
…en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo.
De igual forma la referida RDC 0001/2021, señaló que el Tribunal, en ejercicio la facultad de unificar la línea jurisprudencial prevista por el art. 28.I.15 de la LTCP, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada mediante acciones de amparo constitucional, efectúo: i) El análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciado a través de las acciones de amparo constitucional; y, ii) El análisis sobre la aplicación de estas líneas en la resolución de causas por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las “Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” entre las cuales fue citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria.
1La SCP 0138/2012 de 4 de mayo, resolvió una causa en la que, el accionante denunció la vulneración de sus derechos laborales ante el despido intempestivo e injustificado de su fuente laboral; y, pese a que la Dirección Departamental de Trabajo del Beni conminó a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Universidad Autónoma del Beni para que restituya al trabajador, se mantuvo vigente dicho despido, concediendo la tutela el Tribunal Constitucional Plurinacional con el argumento que: "...si en materia laboral, es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495”.
En este sentido, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, resolviendo un caso en el que la accionante denunció que el Rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de manera injustificada dejó sin efecto la Resolución que la designó como Docente Investigadora; por lo que, acudió ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que dentro de las Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, que señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada. Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso.
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y los Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495 emitió la conminatoria de reincorporación a su fuente de trabajo, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales, la cual, no obstante de ser notificada no fue cumplida. Destacándose el argumento que refiere que: “…si bien la acción de amparo constitucional tiene carácter subsidiario; empero, en el caso específico en que se advierte un retiro intempestivo sin causa legal justificada de una trabajadora o trabajador de su fuente de trabajo, se prescinde de este principio debido al imperativo categórico de la Ley Fundamental, que impone la protección del derecho del trabajo; así como su estabilidad, porque en estos casos no solo se afecta a la persona individual sino a todo el grupo familiar que depende de una trabajadora o trabajador, puesto que el trabajo está vinculado a la subsistencia y a la vida misma de una persona; de ahí que se enfatiza la connotación social que tiene el elemental derecho al trabajo”. 2La SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, moduló la SCP 0177/2012, indicando que, para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación a través de la acción de amparo constitucional, se exige como presupuesto adicional que aquella se encuentre debidamente fundamentada, refiriendo que: "...ante una destitución intempestiva e injustificada de una trabajadora o un trabajador, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, luego de imprimir el trámite del DS 0495, deben emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación pudiendo la parte procesal plantear amparo constitucional para su cumplimiento, pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna…” 3La SCP 0900/2013 de 20 de junio, concluyó que: "...el Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia más dentro del proceso administrativo laboral iniciado ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo, si bien, dichas instituciones pretenden precautelar los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, empero, al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la 'verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional y en la ley, normas en la cual, el Tribunal debe circunscribir sus decisiones. Aspecto concordante con el art. 2.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) (Ley vigente en su primera parte), que señala: 'La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales". 4La SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, en ese sentido, estableció que: "...mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción Por otro lado, citó la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, que establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional. Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales.
constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III. 1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio”.
5En la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, en la que los accionantes denunciaron la vulneración de su derecho al fuero sindical -entre otros-; y, a pesar de la existencia de conminatoria de reincorporación laboral, esta no fue cumplida por el empleador, este Tribunal refirió que: "...la normativa laboral de nuestro Estado, busca que la jurisdicción constitucional resguarde los derechos del trabajador disponiendo que la conminatoria de reincorporación sea cumplida en forma inmediata y obligatoria, puesto que el solo incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral del trabajador, tal como la uniforme jurisprudencia constitucional lo precisó, razón por la que corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esté ante una denuncia de incumplimiento de conminatoria, verificar únicamente si en este tipo de casos se emitió una conminatoria a favor de trabajadores amparados por la Ley General del Trabajo y si ¡a misma fue cumplida o incumplida, para otorgar la tutela solicitada, sin ingresar a resolver cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso del empleador (al no ser accionante) y de forma provisional, lo que quiere decir que el fallo a emitirse en esta jurisdicción no llega a ser definitivo, en virtud a que la validez de la conminatoria puede ser impugnada en la vía administrativa y/o judicial. El presente razonamiento constituye un cambio de línea jurisprudencial en resguardo y protección máxima de los derechos del trabajador (como principal fuerza de desarrollo del país y como sustento de su familia), en razón a que el Tribunal Constitucional Plurinacional, no se constituye en una instancia de impugnación de los procesos laborales". 6La SCP 0015/2018-S4 de 23 de estableció que: "...no es posible suponer que en la tarea de verificar una denuncia de incumplimiento de la conminatoria, lesivo del derecho al trabajo, se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación; en contrario, este Tribunal tiene atribuciones limitadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales; en consecuencia, corresponde reconducir el razonamiento jurisprudencial desarrollado sobre esta problemática, volviendo a sumir el previsto en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo”.
Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria. Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática. Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral.
7La SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, creó las siguientes subreglas: "...ante la evidente existencia de jurisprudencia dispersa que resuelve de manera diferente una misma problemática,; y con la finalidad de otorgar certeza jurídica al justiciable, corresponde establecer las siguientes subreglas respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación pronunciada por la autoridad del trabajo: a) Procede la acción de amparo constitucional de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar previamente la jurisdicción laboral ni la vía administrativa, constituyendo una excepción al principio de subsidiariedad; b) La jurisdicción constitucional verificará en cada caso la pertinencia de la conminatoria de reincorporación, limitándose tal análisis a constatar que aquella fue emitida a favor de! trabajador que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; supuestos que permitirán ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación; y, c) La tutela que otorga la jurisdicción constitucional es provisional, al quedar todavía mecanismos pendientes que pudieran eventualmente ser activados por el empleado o el empleador”. 8La SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que: "...no es posible ante un conflicto laboral por un presunto despido injustificado, disponer el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral cuando su emisión no resulta jurídicamente razonable. Debiendo en cada caso verificar la pertinencia de la conminatoria de reincorporación laboral, constatando que la misma haya sido emitida a favor del trabajador que se encuentre dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa complementaria, analizando también que no se trate de una relación laboral sujeta a un contrato a plazo fijo es decir, que la entidad encargada de emitir las conminatorias de reincorporación, en aplicación del principio de legalidad y conservación de la norma, debe identificar incuestionablemente la naturaleza de la relación laboral de la cual emergen los supuestos actos ilegales, dada la diversidad de trabajadores y disposiciones normativas que existen en protección a estos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no pueden recibir el mismo tratamiento los trabajadores que se encuentran bajo la protección de la Ley General del Trabajo y los servidores públicos, respecto a los cuales el legislador emitió el Estatuto del Funcionario Público.
(...)
En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor de velar por el respeto de los derechos de toda persona, a efectos de conceder o denegar la tutela en los casos en que se denuncie el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, debe analizar todos los aspectos inherentes al caso que le permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática, determinando cuestiones que por su naturaleza, deben ser resueltas en la vía laboral ordinaria, sin dejar de mencionar; además, que la tutela otorgada por este Tribunal tiene carácter provisional por cuanto, tanto empleador como trabajador pueden concurrir ante la judicatura laboral a efectos de que sea la autoridad competente quien a través de un contradictorio, defina el fondo del problema laboral”. 9La SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, indicó que a la jurisdicción constitucional le compete hacer cumplir de forma integral de la conminatoria de reincorporación: "En este entendido, este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros La RDC 0001/2021, bajo el epígrafe “Análisis sobre la vigencia de las líneas jurisprudenciales en materia de conminatorias de reincorporación laboral por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional”, efectuó la identificación de los problemas jurídicos inherentes a la resolución de casos en los que se denuncia incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, a partir de la individualización de los precedentes jurisprudenciales más relevantes en cuanto a la protección de los derechos de los (as) trabajadores (as) a partir de la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral; entonces definió que: a) Respecto a los alcances del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; es decir, cuando la conminatoria de reincorporación laboral establece además el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales; las Sentencias Constitucionales, establecieron distintas formas de resolución, siendo éstas: 1) Disponer el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en los mismos términos en que fue dispuesta, incluyendo el pago de sueldos devengados y otros derechos que correspondan por ley; 2) Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y no así el pago de salarios y sueldos devengados: argumentando que, estos aspectos deben dilucidarse en la vía administrativa y judicial; y, 3) Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela”. 10Así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0376/2019-S4 18 de junio, 0904/2019-S4 de 16 de octubre, 0938/2019-S4 de 2 de octubre, 0683/2019-S4 de 28 de agosto, 0619/2019-S4 de 14 de agosto, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0236/2019-S4 de 16 de mayo, 0173/2019-S4 de 25 de abril, 0117/2019-S4 de 17 de abril, 0502/2018-S4 de 5 de septiembre, 0370/2018-S4 de 25 de julio, 0342/2018-S4 de 17 de julio, 0259/2018-S4 de 11 de junio, 0169/2018-S4 de 8 de mayo, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0084/2018-S4 de 27 de marzo, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre, 0123/2018-S4 de 16 de abril, 0143/2019-S3 de 11 de abril, 0496/2019-S4 de 12 de julio, 1057/2019-S4 de 16 de diciembre, 0693/2019-S4 de 28 de agosto, 0417/2019-S4 de 2 de julio, 0529/2019-S4 de 12 de julio, 0082/2018-S4 de 27 de marzo, 0229/2019-S4 16 de mayo, 0068/2019-S4 de 5 de abril, 0092/2018-S4 de 27 de marzo, 0846/2018-S4 de 12 de diciembre, 0689/2018-S4 de 25 de octubre, 0617/2018-S4 de 2 de octubre, 0420/2018-S4 de 15 de agosto, 0318/2018-S4 de 27 de junio, 0235/2018-S4 de 21 de mayo, 0340/2018-S4 de 17 de julio, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0589/2018-2 de 28 de septiembre, 0564/2019-S4 de 29 de julio, 0028/2018-2 de 28 de febrero, 0096/2018-S3 de 4 de abril, 0212/2018-S3 de 1 de junio, 0396/2018-S3 de 14 de agosto, 0509/2018-S3 de 18 de septiembre, 0524/2018-S3 de 12 de octubre, 0457/2019-S3 de 23 de agosto, 0650/2019-S3 de 2 de octubre, 0498/2019-S3 de 26 de agosto, 0181/2019-S2 de 24 de abril, 0094/2019-S2 de 5 de abril y 0814/2018-S2 de 11 de diciembre; inclusive, debe ordenarse este pago aunque la conminatoria de reincorporación no lo haya dispuesto: Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0148/2019-S2 de 27 de abril, 0823/2020-S4 de 15 de diciembre y 0809/2020-S4 de 9 de diciembre. 11Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0178/2019-S2 de 24 de abril, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0809/2018-S2 de 11 de diciembre, 0127/2019-S2 de 17 de abril, 0348/2018-S2 de 18 de julio, 0048/2019-S1 de 3 de abril, 0783/2018-S1 de 28 de noviembre, 0222/2019-S1 de 7 de mayo, 0103/2019-S1 de 10 de abril, 0641/2018-S1 de 16 de octubre, 0534/2018-S1 de 17 de septiembre, 0042/2019-S2 de 1 de abril, 0130/2019-S1 de 17 de abril y 0422/2020-S3 de 2 de septiembre.
además dispuso la suscripción de un contrato por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que el peticionante de tutela trabajó durante varios años continuos bajo la modalidad de contratos a plazo fijo en la zafra y prezafra; asimismo, se dispuso el pago de los sueldos devengados, aunque este aspecto no haya sido dispuesto por la Jefatura Departamental del Trabajo. b) Con relación al análisis de la jurisdicción constitucional de la pertinencia y del contenido de la conminatoria de reincorporación; es decir, cuando la jurisdicción constitucional, previamente a disponer su cumplimiento realiza un control de la conminatoria de reincorporación e incluso de la relación laboral, los fallos emitidos por este Tribunal se resumen en lo siguiente: i) Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, limitándose la jurisdicción constitucional a constatar que esta haya sido emitida a favor del trabajador o de la trabajadora dentro del marco de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria; ii)Se denegó la tutela argumentando que la conminatoria de reincorporación laboral no se encontraba debidamente fundamentada; iii) No obstante, que la Jefatura Departamental del Trabajo dispuso la reincorporación del trabajador, la jurisdicción constitucional denegó la tutela considerando que esta decisión no era pertinente ni razonable, por no haber tomado en cuenta que el impetrante de tutela cobró sus beneficios sociales; y, en otro caso, se denegó la tutela indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables; iv) En otro supuesto en el que, el empleador acusó el cobro de beneficios sociales por parte del trabajador se concedió la tutela, ordenando la restitución del trabajador progenitor al último cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales: puesto que. el referido cobro del finiquito y la consiguiente inejecutabilidad de la conminatoria de reincorporación laboral, entre otras causales, deben ser dilucidadas en la jurisdicción ordinaria laboral que podrá ser activada por el empleador, para determinar con mayor libertad probatoria si el despido fue justificado o no; v) Se denegó la tutela por cuanto, a pesar de que, la relación laboral se encontraba dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo y su Reglamento, la modalidad de trabajo fue pactada bajo el contrato a plazo fijo; por lo que, no resulta posible: "...ir más allá de lo pactado en el contrato” teniendo conocimiento las partes de la fecha de su conclusión; asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo de Tarija "...no estableció ni realizó la conversión de la relación laboral de temporal a indefinida...": en este caso, el accionante suscribió cuatro contratos a plazo fijo y dos verbales, y la desvinculación se produjo meses después de la conclusión del último contrato; vi) Se denegó la tutela indicando que, la conminatoria de reincorporación emitida por la señalada Jefatura Departamental de Trabajo omitió considerar la existencia de derechos controvertidos, imposibilitando que su cumplimiento pueda ser dispuesto por esta jurisdicción; vii) Se dispuso la reincorporación del trabajador en los términos de la conminatoria -que además ordenaba el pago de salarios devengados y demás derechos sociales-, sin hacer referencia a la existencia de varios contratos a plazo fijo y que la desvinculación se produjo antes del cumplimiento del último contrato; asimismo, se concedió la tutela señalando que, no está permitida la celebración de más de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y permanentes de la entidad; por lo tanto, no existe impedimento para que el empleador cumpla con la conminatoria, produciéndose la desvinculación al día siguiente de cumplido el cuarto contrato; y, por último, se concedió la tutela concluyendo que, la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo que tengan como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la entidad, infringen las normas laborales vigentes debiendo disponerse la conversión a un contrato a plazo indefinido en cuanto concurra el tercer contrato, constituyéndose en este caso el despido en uno injustificado; en el caso, la desvinculación se produjo al cumplimiento del último contrato; viii) No se ordenó la reincorporación del trabajador
-denegándose la tutela- debido a que, el presupuesto o límite del cumplimiento de la conminatoria -además de que sus fundamentos jurídicos sean razonables- es la naturaleza jurídica de la relación laboral, considerando aspectos como la firma de contratos a plazo fijo o por tiempo indefinido, la prestación de servicios de consultoría o si el contrato es de naturaleza administrativa o civil; ix) Se denegó la tutela con el argumento de que, el peticionante de tutela pretende la conversión de sus contratos a plazo fijo a uno de carácter indefinido, circunstancia que incumbe a la judicatura laboral; en razón a que, los hechos controvertidos o aún pendientes de resolución en la vía judicial o administrativa no pueden ser dilucidados en la vía constitucional; y, x) Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria en los términos que fue dispuesta mismo que ordenaba la reincorporación y además la cancelación de sueldos devengados desde el despido injustificado y manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondían por ley; respecto a la denuncia sobre la desvinculación posterior al vencimiento del contrato a plazo fijo, haciendo hincapié en que a la justicia constitucional no le compete ingresar a analizar los elementos que hacen al fondo de la causa, pues ello implicaría un pronunciamiento previo y anticipado respecto a los hechos a ser conocidos por la autoridad laboral competente; siendo que, la presente acción tutelar está destinada únicamente a garantizar de manera provisional el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, en atención a los bienes jurídicos protegidos. c) Respecto al pago de sueldos y salarios del trabajador con inamovilidad por fuero sindical; es decir, cuando el impetrante de tutela denuncia despido injustificado, sin tomar en cuenta su inamovilidad por fuero sindical y la jurisdicción constitucional considera la pertinencia o no del pago de salarios devengados; se presentaron las siguientes formas de resolución del caso concreto: a) Se ordenó el cumplimiento íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, incluidos salarios devengados, por cuanto el peticionante de tutela tenía inamovilidad laboral en razón a su fuero sindical; no obstante, la suscripción de varios contratos a plazo fijo; b) Sin hacer referencia al pago de sueldos y salarios devengados, se estableció el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral aclarando que el nombrado se encontraba bajo el amparo del art. 51.VI de la CPE, dada su condición de dirigente sindical; en consecuencia, para proceder a su desvinculación laboral, se debió previamente instaurar un proceso de desafuero sindical en su contra; y, c) En otro caso, este Tribunal consideró que, a pesar de la inamovilidad por fuero sindical del trabajador, sólo debe ordenarse el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación y no así el pago de los salarios y sueldos devengados. Seguidamente, la referida RDC 0001/2021 bajo el título “UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL” procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, han logrado estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano. Así, la RDC 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tutelado de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:
1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:
1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación;
1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador; 1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador; 1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; 1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y, 1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.
2) Y con relación al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación del trabajador con inamovilidad laboral por fuero sindical, de acuerdo con los lineamientos de la SCP 0476/2018-S3 de 1 de octubre; es decir, disponiendo el cumplimiento inmediato de la conminatoria en su integridad, incluyendo el pago de los salarios devengados, considerando que el fuero sindical constituye un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores producto de las actividades desarrolladas en defensa de los intereses de su gremio, situación que amerita la imposibilidad de ser despedidos de sus fuentes laborales hasta un año después de concluida su gestión, salvo la existencia de un proceso de desafuero (las negrillas nos corresponde). En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se concluye que: 1) En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, corresponde a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones; 2) Respecto de la conminatoria de reincorporación laboral emitida en favor de trabajadoras y trabajadores que cuentan con fuero sindical, se debe considerar al fuero sindical como un medio de protección constitucional contra arbitrariedades o represalias de los empleadores, ordenando el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral incluyendo todos los derechos concedidos; y, 3) En caso de que la trabajadora o el trabajador escoge aceptar el despido injustificado en el marco del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, el empleador deberá acreditar el pago de la totalidad de los beneficios y derechos sociales, además de sus obligaciones patronales, a los efectos de brindar seguridad jurídica en la relación jurídico-laboral que se extingue.
El presente razonamiento fue desarrollado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0285/2021-S1 de 21 de julio, 0031/2021-S1 de 10 de agosto y 0346/2021-S1 de 18 de agosto.
Como ya se estableció en la amplia jurisprudencia constitucional, la Constitución Política del Estado consagra la garantía de la inamovilidad laboral de mujeres en estado de embarazo y progenitores, hasta un año de edad de los hijos, disponiendo en forma expresa en el art. 48.VI, que:
Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad (las negrillas son ilustrativas). Es en ese sentido, que este Tribunal ha consolidado el régimen reforzado de protección por la garantía de inamovilidad laboral en favor de mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo; puesto que, no solamente se debe proteger el derecho al trabajo, sino otros derechos primarios de la mujer embarazada y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que ante un retiro intempestivo de la madre progenitora o padre progenitor también implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida, tanto de la madre como del naciturus. La SCP 1245/2014 de 16 de junio, refirió que esta garantía está referida a la protección de trabajadores en su fuente de empleo, su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar desfavorablemente las condiciones laborales para obligarlos a su renuncia de manera encubierta, en ese entendido, la pérdida del puesto de trabajo, cuando un niño o niña está por nacer, puede suponer una terrible afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado Plurinacional tiene la intención de proteger . Así también, la SCP 0059/2015-S1 de 10 febrero, en lo que atañe a la inamovilidad laboral del progenitor, expresó textualmente
En esencia, el derecho a la estabilidad laboral reconocida en favor del trabajador, no se limita a la protección de los derechos del sujeto de la relación 28 En su F.J. III.3 señaló que: Esta protección garantizada por parte del Estado a favor de la mujer gestante o del progenitor, se halla directamente vinculada con el derecho a la seguridad social que se ha establecido en el art. 45.I de la Norma Suprema que prevé: “Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social”, normativa que en el parágrafo III, establece: ”El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales”; precepto que, emergiendo del art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, se vincula con el art. 9.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, que dispone: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”, disposición concordante con el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”, reconocimiento que se refuerza con el art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos Deberes del Hombre, cuando afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”; previsiones normativas de corte internacional que son aplicables en nuestro derecho interno por disposición de los arts. 410.II con relación al 13.IV de la CPE y el bloque de convencionalidad y constitucionalidad.
Ahora bien, la protección enunciada respecto a la inamovilidad laboral, tanto de la mujer embarazada como del progenitor, tiene como objetivo garantizar el respeto y materialización de los derechos del ser en gestación y del hijo o hija nacidos hasta que cumplan un año de edad; derechos entre los cuales, se identifica a la seguridad social en cuanto esta comprende las asignaciones familiares constituidas por los subsidios prenatal, postnatal y de lactancia, como beneficios directamente vinculados con la vida, la salud y la alimentación del nuevo ser; así lo entendió la SCP 0102/2012 de 23 de abril, que recogiendo los entendimientos jurisprudenciales desarrollados, señaló: “Debemos partir primero, hablando de los derechos fundamentales, al respecto el art. 15.I de la CPE que: 'Toda persona tiene derecho a la vida', a su vez en su art. 16.I indica 'Toda persona tiene derecho (…) a la alimentación'.
Por otra, el art. 60 de la misma Norma Fundamental, también establece que; 'Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado'.
Por su parte el art. 13 del Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA), establece que: 'Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral'”; infiriéndose en consecuencia de que los derechos de los niños así como de los seres en gestación, se encuentran constitucionalmente protegidos, siendo deber del estado garantizar su ejercicio, pues, conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia constitucional generada por esta instancia, los niños y niñas; mujeres embarazadas; personas con capacidades diferentes y adultos mayores, forman un universo especial que demanda del Estado una tutela especial por ser considerados vulnerables.
laboral, sino que, pretende asegurar y garantizar los derechos fundamentales de la minoridad, permitiendo el afianzamiento de las condiciones para el sustento vital y el desarrollo armónico e integral, debido a su condición de vulnerabilidad física y mental, habida cuenta que desde el momento de la concepción, el ser en proceso de gestación es sujeto de derecho; de ahí que surge la necesidad de establecer una protección reforzada del derecho al trabajo de los progenitores hasta que el hijo o hija cumpla el primer año de edad; en consecuencia, una ruptura abrupta de la relación laboral de los progenitores, implica la directa vulneración de los derechos a la vida, la salud, la integridad física y el desarrollo integral del menor... (las negrillas son ilustrativas). Respecto al ámbito de protección de la inamovilidad laboral de la mujer embarazada la SC 0505/00-R de 24 de mayo de 2000, ha señalado expresamente:
…por cuanto el derecho que se debe proteger no es solamente al trabajo, sino otros derechos primarios de la recurrente y el ser en gestación, los cuales necesitan protección urgente e inmediata, ya que el retiro intempestivo de la recurrente importa también la supresión del derecho a la seguridad social que a su vez, resguarda y garantiza el derecho a la salud, derechos que con la medida adoptada ponen en riesgo el primer derecho, la vida, que no puede estar pendiente de otros recursos o vías administrativas que establece la Ley (el resaltado es añadido). Consiguientemente, la inamovilidad laboral está referida a la protección del trabajador o trabajadora en su fuente de empleo, respecto a su permanencia, sin que el empleador pueda despedirlos, rescindir unilateralmente el contrato de trabajo o modificar las condiciones laborales en desventajosas para obligarlos a renunciar, pues perder el trabajo cuando un niño o niña está por nacer, supone una afectación a la estabilidad económica y emocional de la familia, con incidencia directa principalmente en el nuevo ser a quien el Estado pretende proteger. Ahora bien, sobre el alcance de protección respecto de progenitores trabajadores con contrato a plazo fijo, la SC 0109/2006-R de 31 de enero, estableció las siguientes subreglas, que definen los presupuestos procesales en los cuales es aplicable la garantía de inamovilidad, como son:
1) Si la mujer fue contratada a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 975, por cuanto no se ha operado la conversión del contrato en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce la conversión del contrato en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 975, o sea que se debe respetar la inamovilidad de la trabajadora hasta que su hijo o hija cumpla el primer año de edad, además de ser acreedora de las prestaciones y subsidios que la ley establece por la maternidad (las negrillas y subrayado son añadidas). Dicha Sentencia Constitucional, fue modulada por la SCP 0789/2012 de 13 de agosto, que interpretando el art. 5.II del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, con relación a los arts. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT); 1 y 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, sobre los contratos a plazo fijo e indefinidos, concluyó que:
…si bien por los argumentos expuestos, en los contratos a plazo fijo, no es aplicable la inamovilidad laboral del padre o madre progenitor, ya que ha fenecido el término acordado entre partes y se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, por lo que, es razonable en no poder exigirse al empleador mantener a la trabajador (a) en el cargo aunque haya resultado en el caso de la trabajadora embarazada en el lapso de la prestación de servicios; empero, debe considerarse su aplicabilidad en los siguientes supuestos: a) Cuando el trabajador o trabajadora ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador, lo que implicaría consentimiento, y sin haberse firmado ningún documento de prórroga, se entendería que se ha producido tácita reconducción, conforme establece el art. 21 de la LGT. b) Cuando el trabajador o trabajadora, contratada a plazo fijo, ha suscrito el mismo en más de dos oportunidades, operando la tácita reconducción, es aplicable la estabilidad laboral conforme lo establece la Ley 975 y el DS 0012 de 19 de febrero de 2009. c) Cuando se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de una empresa, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tácita reconducción, también es aplicable la estabilidad laboral; empero, a este efecto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General del Trabajo, Jefaturas Departamentales y Regionales, es el competente para la verificación del tipo de contrato antes del visado correspondiente, en cumplimiento a la RA 650/007 de 27 de Abril de 2007”. Luego, con relación al tercer supuesto, aclaró que con relación al visado de los contratos de trabajo a plazo fijo, la RA 650/007, establece el procedimiento para el refrendado de contratos por cierto tiempo o a plazo fijo, señalando el art. 1.2:
Que para una correcta y uniforme aplicación de la normativa vigente se debe precisar la definición de tareas propias y permanentes, contrario sensu, se debe precisar las tareas propias y no permanentes de la empresa. En este contexto las tareas propias y permanentes son aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, aquellas sin las cuales no tendría objeto la existencia de la unidad económica. Las tareas propias y no permanentes son aquellas que siendo vinculadas al giro habitual o principal actividad económica de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, señalando ser a continuación entre otras las siguientes: a) Las tareas de suplencias por licencia, bajas médicas, descansos pre y post natales, declaratorias en comisión (ver tiempo de duración). b) Las tareas por cierto tiempo por necesidades de temporada (art. 3 del DL 16187) exigencias circunstanciales del mercado, demanda extraordinaria de productos o servicios, que requieran contratación adicional de trabajadores. c) Las tareas por cierto tiempo en organizaciones o entidades, cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada (es resaltado es ilustrativo). Así, refiere que la mencionada Resolución Administrativa señala que para refrendar contratos a plazo fijo o contratos por cierto tiempo la Dirección General del Trabajo, las Jefaturas Departamentales y Regionales deben verificar las situaciones descritas en los incisos que preceden, realizando los siguientes requerimientos que deben ser adjuntados a los contratos como anexos.
a) Para el caso de suplencias se debe señalar en nota expresa el nombre del trabajador/a sustituido o al que se suple en sus tareas, adjuntando copias de bajas médicas, licencias, declaratorias en comisión, o situaciones análogas, especificando el tiempo por el cual será sustituido. b) Para el caso de necesidades de temporada o demanda extraordinaria de productos o servicios, contratos de obra, prestación de servicios, el empleador debe adjuntar en copias, los contratos, pedidos, planificación de producción, campañas de servicios, etc y toda la información sucinta y técnica que acredite la necesidad extraordinaria, con una nota expresa del empleador en la que declare que la actividad siendo propia es temporal y extraordinaria, nota que será considerada como declaración jurada. Reservándose la autoridad administrativa la facultad de verificar lo declarado. La misma documentación y declaración será solicitada cuando el empleador alegue que la actividad no es propia ni permanente. c) Para el caso de organizaciones o entidades cuya fecha de cierre o conclusión de actividades se encuentre predeterminada, las copias de los programas, convenios, o contratos suscritos (las negrillas son añadidas). Por consiguiente, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional concluye que la Dirección General del Trabajo, las Jefaturas Departamentales y Regionales, deben realizar la verificación de que las actividades a ser desarrolladas por el empleado o contratado, no constituyan tareas propias y permanentes, pues como se ha establecido existe la prohibición de realizar contratos a plazo fijo en este tipo de tareas, pudiendo sólo realizarse dichos contratos en tareas propias y no permanentes, las cuales están definidas por la Resolución mencionada como aquellas vinculadas al giro habitual o principal actividad de la empresa, se caracteriza por ser extraordinariamente temporales, y están identificadas claramente por la referida Resolución. De todo lo anteriormente señalado se puede determinar que, si bien el Estado garantiza la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas, en el caso de aquellas que fungen un cargo por contrato a plazo fijo, fenecido el término pactado, se extingue la relación laboral, debiendo el empleador de cancelar los beneficios que la ley acuerda para tales casos si corresponde, sin que pueda exigirse a este mantener a la trabajadora en el cargo aunque haya resultado embarazada en el lapso de la prestación de servicio; empero, debe considerarse su aplicabilidad, cuando: i) Ha continuado ejerciendo las funciones para las cuales fue designado de manera ininterrumpida, con conocimiento del empleador; ii) Se ha suscrito el mismo contrato en más de dos oportunidades, operando la tácita reconducción; y, iii) Se ha celebrado este tipo de contrato para trabajos propios y permanentes de la entidad empleadora, siendo que el mismo es una prohibición expresa establecida por ley e implica tácita reconducción.
La solicitante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la seguridad social; toda vez que, habiéndose notificado el 28 de febrero de 2020, a la CNS con la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz –confirmada mediante RA 123-20 de 1 de julio del mismo año–, mediante la cual se ordena la reincorporación laboral más el pago de sueldos y subsidios devengados, la entidad empleadora es renuente a cumplir la misma conforme señala el Informe de verificación J.D.T.L.P.-DASC-VR-026/2020. De los antecedentes venidos en revisión, plasmados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que, la CNS y Pamela Topacio Salazar Colque –ahora accionante- suscribieron el Contrato de Trabajo 4-00032/2019 de 2 de septiembre, a plazo fijo, el cual en su Cláusula Segunda referida al objeto del contrato, señala que el mismo es la prestación de servicios por necesidad en el CIMFA 9 DE ABRIL en el cargo de Auxiliar de Enfermería con cargo a la partida 12100 (Personal Eventual) del Programa (Mas calidad Menos Filas); y según la Cláusula Tercera, la vigencia del mismo es a partir del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 “indefectiblemente”, aclarando que a la culminación de dicho periodo le queda prohibido al contratado que continúe prestando servicios a fin de prevenir la tácita reconducción, salvando autorización expresa (Conclusión II.1). Luego, mediante nota presentada el 3 de enero de 2020, dirigida a Roberto Carlos Rojas Justiniano, Gerente General de la CNS -ahora demandado-, la peticionante de tutela presentó documentación de control prenatal de veinte semanas de gestación, a objeto de acceder a un segundo contrato. Así, se tiene un Certificado de Atención Prenatal 0094691 de 13 de diciembre de 2019, otorgado por la CNS, que certifica que la prenombrada recibió atención médica desde el quinto mes de embarazo, habilitándose para el subsidio prenatal; asimismo, se tiene fotocopia del carnet de salud de la madre que consigan como primer control el 5 de noviembre de 2019 y el nacimiento del bebé el 12 de abril de 2020, de quien cursa su certificado de nacimiento con la fecha aludida (Conclusión II.2) En ese estado de cosas, por memorial de 20 de enero de 2020, la impetrante de tutela presentó denuncia de despido pidiendo reincorporación inmediata ante la Jefatura Departamental del Trabajo de La Paz (Conclusión II.3). Atendida a través de Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 de 27 de febrero, por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, que conminó a la CNS a la inmediata reincorporación de la ahora accionante a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaba en el cargo de Auxiliar de Enfermería en el CIMFA 9 DE ABRIL más el pago de los salarios y subsidios devengados, Conminatoria que fue puesta a conocimiento de la CNS el 28 de febrero de 2020. Luego por nota de 6 de marzo de igual año la peticionante de tutela solicitó verificación de reincorporación, motivando la emisión del Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-026/2020 de 20 de marzo, que concluye que la CNS no dio cumplimiento a la “Conminatoria de Reincorporación Inmediata J.D.T.L.P./D.S.0495/ 030/2020” (sic [Conclusión II.4]). Por RA 123-20 de 1 de julio de 2020, el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, en atención al recurso de revocatoria planteada por la CNS confirmó la “Conminatoria de Reincorporación J.D.T.L.P./D.S.0495/ 030/2020” (sic), rechazando dicho recurso, decisión que fue notificada a la CNS el 8 de mismo mes y año (Conclusión II.5). Al efecto, por escrito presentado el 24 de julio de 2020, la CNS interpuso recurso jerárquico contra la mencionada Resolución Administrativa (Conclusión II.7). Así también, se tiene que por memorial de 7 de julio de 2020 dirigido a la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segunda de la Capital del departamento de La Paz, la CNS, cumpliendo lo ordenado, adjunta certificado de depósito judicial y solicita se admita la admisión de la demanda de consignación de beneficios sociales, depósito efectuado el 2 de julio de 2020 en cumplimiento a providencia del mes de junio de igual año (Conclusión II.6). Ahora bien, identificada como está la problemática traída en revisión, la pretensión de la accionante, es el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020, que dispuso su reincorporación inmediata a su fuente laboral al mismo puesto que ocupaba en el cargo de Auxiliar de Enfermería en el CIMFA 9 DE ABRIL más el pago de los salarios y subsidios devengados, disposición incumplida al presente por la CNS.
J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020
Al respecto, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene claramente establecido que ante la existencia de un despido intempestivo e injustificado, o por causas no previstas en el art. 16 de la LGT, que desvincula al trabajador de su fuente laboral, este puede acudir ante la jefatura departamental o regional de trabajo a objeto de denunciar ese hecho; instancia que tiene la atribución de emitir una conminatoria de reincorporación, que deberá ser acatada por el empleador de forma obligatoria, abriéndose la competencia de este Tribunal en caso de renuencia al cumplimiento de la misma, a través de la acción de amparo constitucional en razón a la inmediata protección que amerita el derecho a la estabilidad laboral. En ese marco, en el caso concreto, inicialmente se advierte que a consecuencia de la denuncia realizada por la ahora accionante, ante la Jefatura Departamental de Trabajo La Paz, debido a que la CNS ignoró su estado de embarazo y no cumplió con la renovación de su contrato, se emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 de reincorporación laboral, la cual en su contenido, a tiempo de resolver el asunto, consideró los siguientes puntos: a) Que el Contrato de Trabajo 4-00032/2019 de 2 de septiembre, si bien es a plazo fijo, el mismo no fue visado o refrendado por la referida Jefatura Departamental conforme a los arts. 22 de la LGT y 14 de su Decreto Reglamentario, por lo que no surte su eficacia; y, b) Respecto al objeto del contrato donde se establece que la impetrante de tutela fue contratada como Auxiliar de Enfermería para prestar servicios en el CIMFA 9 DE ABRIL de la CNS, considerando la naturaleza de los servicios principales y la misión institucional de esa entidad de salud, evidencia que la actividad para la que fue contratada la trabajadora es propia y permanente de la misma; disponiendo que la entidad demandada proceda a la reincorporación de la impetrante de tutela a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, más el pago de los salarios y subsidios devengados. No obstante, dicha Conminatoria fue incumplida por la parte empleadora tal cual se evidencia del Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-026/2020 de 20 de marzo, por el cual el Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, informó que la CNS incumplió con la “Conminatoria de Reincorporación Inmediata J.D.T.L.P./D.S.0495/ 030/2020” (sic). Así entonces, en el caso concreto, considerando que la activación de los recursos de revocatoria y jerárquico en la instancia administrativa no impiden el acatamiento inmediato de la disposición emanada por la autoridad administrativa laboral, máxime considerando que por RA 123-20 se confirmó la Conminatoria tantas veces aludida; la renuencia al cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación ya referida por parte de la CNS, vulnera el mandato de protección contenido en el art. 49.III de la CPE, ya que, de ningún modo puede incumplirse por parte del empleador la determinación de reincorporación del trabajador, en respeto justamente de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo y motivo por el cual resulta aplicable las razones jurisprudenciales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que desde una dimensión garantista y progresiva del derecho al trabajo, refuerzan su protección mediante la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de conminatorias, tal como ocurre en el presente caso; en el marco de la responsabilidad de materializar el ejercicio del derecho al trabajo e instar a que las disposiciones sociales y laborales sean cumplidas, conforme lo prevé el art. 48.I de la referida Norma Suprema. En tal sentido, corresponde otorgar la tutela en cuanto al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, debiendo en consecuencia disponerse el cumplimiento integral de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020; empero, corresponde aclarar que, la tutela a ser otorgada es provisional, precautelando el derecho de la parte demandada a acudir a las vías legales respectivas.
Reforzando el argumento antes expuesto, es menester enfatizar que conforme se expresa en la citada Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 y en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para la trabajadora madre de un hijo menor a un año, ahora accionante, debe considerarse la aplicabilidad de la inamovilidad laboral; por cuanto de los antecedentes venidos en revisión y del contenido en la Conminatoria referida se establece que, el contrato suscrito a plazo fijo con la CNS tiene por objeto la realización de trabajos propios y permanentes de la entidad empleadora, cuales son prestar servicios de atención en salud como Auxiliar de Enfermería en el CIMFA 9 DE ABRIL, siendo aquello una prohibición expresa establecida por ley que implica tácita reconducción y si bien en el caso el contrato refiere que es por una necesidad de temporada o demanda extraordinaria de prestación de servicios, la autoridad administrativa determinó que el objeto del mismo son trabajos propios y permanentes en razón a la actividad y misión de la CNS, afirmación de la cual se colige que es aplicable la tacita reconvención además tomando en cuenta que el contrato no fue visado por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social para su validez como contrato a plazo fijo. En ese entendido, la ahora impetrante de tutela debió obtener la tácita reconducción de su contrato, máxime si al haber comunicado su estado de gravidez fue habilitada a recibir el subsidio que le corresponde por ley, lo cual en el caso no sucedió, afectando en consecuencia otros derechos primarios de la mujer embarazada y el ser en gestación, quienes necesitan protección urgente e inmediata, puesto que el ignorar su condición de madre gestante implica la supresión del derecho a la seguridad social que resguarda y garantiza el derecho a la salud, poniendo en riesgo el derecho primario a la vida, tanto de la madre como del naciturus. En ese marco, no obstante, de haber advertido el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral en el anterior acápite, resulta aplicable lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que describe las reflexiones constitucionales sobre la protección de los derechos de las mujeres madres o gestantes con respecto a su inamovilidad cuando cumplen un contrato a plazo fijo, razones que se amparan en una línea protectiva garantista y progresiva de los derechos constitucionales, en correspondencia al nuevo modelo constitucional y el bloque de constitucionalidad.
Consiguientemente, en respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea defensa al derecho al trabajo, al evidenciarse la inobservancia de lo dictaminado en la tantas veces mencionada Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 por la parte accionante, amerita que se disponga su pronta ejecución; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela impetrada. Finalmente, se debe aclarar que la tutela otorgada tiene carácter provisional; toda vez que, la referida Conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora; puesto que, las autoridades judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador, en el entendido de que, conforme informó el demandado inició el proceso de consignación de pago de beneficios sociales, aspectos que deberán dilucidarse en la vía ordinaria siguiendo el procedimiento pertinente. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 111/2020 de 26 de agosto, cursante de fs. 233 a 234 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada respecto de los derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la salud y a la seguridad social, disponiendo el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 29608/ 030/2020 en los términos que en ella se establecen, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
12 SCP 0627/2018-S3 de 30 de noviembre. 13Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0318/2018-S2 de 9 de julio, 0214/2018-S2 de 22 de mayo, 0133/2018-2 de
16 de abril, 0260/2019-S2 de 21 de mayo y 0789/2018-S2 de 26 de noviembre. 14SCP 0861/2018-S4 de 18 de diciembre. 15SCP 0123/2018-S2 de 16 de abril, línea de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2355/2012 de 22 de noviembre y 0625/2019-S4 de 14 de agosto; en otro caso, en el que se denegó la tutela se indicó que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables: SCP 0856/2020-S3 de
4 de diciembre.
16 Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0590/2018-S4 de 28 de septiembre, 0301/2019-S3 de 15 de julio, 1004/2019-S4 de 27 de noviembre y 0071/2019-S4 de 5 de abril. 17SCP 0449/2019-S2 de 24 de junio. 18Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0159/2019-S4 de 25 de abril, 0165/2018-S4 de 30 de abril y 0592/2018-S1 de
1 de octubre. 19Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0805/2019-S4 de 12 de septiembre, 0684/2019-S4 de 28 de agosto, 0908/2019-S4 de 16 de octubre, 0091/2019-S4 de 10 de abril, 0654/2019-S4 de 21 de agosto, 0662/2019-S4 de 21 de agosto, 0664/2019-S4 de 21 de agosto, 0413/2019-S4 de 2 de julio, 0847/2019S4 de 2 de octubre, 0687/2019-S4 de 28 de agosto, 0142/2019-S3 de 11 de abril, 564/2019-S3 de 9 de septiembre, 0455/2019-S3 de 23 de agosto, 0778/2019-S4 de 12 de septiembre y 0091/2019-S4 de
10 de abril. 20SCP 0646/2018-S3 de 11 de diciembre. 21SCP 0212/2018-S3 de 1 de junio.
22 SCP 0188/2019-S1 de 7 de mayo 23SCP 0361/2018-S1 de 26 de julio 24Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0799/2018-S4 de 20 de noviembre, 0464/2018-S3 de 13 de septiembre, 0698/2018- S1 de 30 de octubre, 0674/2018-S1 de 26 de octubre de 2018 y 0359/2018-S1 de 26 de julio. 25Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0476/2018-S3 de 1 de octubre, 0641/2018-S3 de 4 de diciembre, 0012/2019-S3 de 1 de marzo, 0097/2019-S4 de 10 de abril, 0749/2018-S4 de 9 de noviembre, 0400/2019-S3 de 8 de agosto, 0534/2019-S3 de 2 de septiembre, 0325/2018-S4 de 27 de junio y 0164/2020-S4 de 21 de julio.
26 SCP 0230/2018-S1 de 29 de mayo. 27Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0162/2019-S1 de 26 de abril27, 0546/2018-S1 de 20 de septiembre27, 0223/2018-S1 de 28 de mayo y 0168/2018S1 de 9 de mayo.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0033_2023-S1.pdf · páginas 1 a 32.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6861bd758e1ca3bc7b8fecf625fee4a1d0aee304f727e3e813fdd63920dd9068
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