Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 28 de enero de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad, verdad material y motivación; entendiendo que en el proceso sumario administrativo llevado en su contra por la presunta presentación de un documento falsificado, las resoluciones asumidas (Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023 de 24 de julio; Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023 de 4 de agosto; y, Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 de 28 de agosto), carecen de fundamentación y vulneran -a su turno- los derechos mencionados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional no constituye una instancia casacional, dentro de la estructura ordinaria de administración de justicia (Jurisprudencia reiterada); b) La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° CONFIRMAR en parte la Resolución 121/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 392 a 401, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente por la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de motivación; disponiendo la dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, debiendo la autoridad correspondiente emitir una nueva resolución, atendiendo los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. No obstante, de haberse procedido a sustanciar un nuevo proceso sumario que se encuentre concluido, aquél deberá mantener sus efectos. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto de los derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y verdad material, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Carola Ríos Sánchez y Walter Chungara Condori, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0032/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58839-2023-118-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 121/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 392 a 401, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jaqueline Verónica Antezana Flores contra Freddy Rolando Herrera Cueto, Gerente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) Regional Oruro; y, Mauricio Jiménez Mier, Autoridad Sumariante de la misma entidad.
La accionante por memorial presentado el 18 de septiembre de 2023, cursante de fs. 45 a 55, manifestó lo siguiente:
Por Resolución de Apertura de Procedimiento Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR MJM - 02/2023 de 26 de junio, se le inició un proceso en su contra a denuncia de Zacarías Villazón Gonzáles, supuestamente porque habría utilizado un documento falsificado de la Carrera de Ingeniería Química de la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro (UTO); por lo que, presentó su documento original; sin embargo, ése no fue valorado por el hoy coaccionado, quien emitió la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial PAI/JU-DPOR - MJM-002/2023 de 24 de julio, sin fundamentación y estableciendo responsabilidad administrativa gravísima, determinando su destitución. Por ese motivo planteó recurso de revocatoria, que fue resuelto por la Resolución de Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR-MJM- 002/2023 de 4 de agosto, que no realizó ningún análisis de su recurso, principalmente de los derechos vulnerados, limitándose a confirmar la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial PAI/JU-DPOR - MJM-002/2023. De acuerdo con lo que determina el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, formuló recurso jerárquico, reiterando los elementos que debieron ser valorados al momento de determinar la decisión, añadiendo la carencia de motivación. Por Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 de 28 de agosto, nuevamente se confirmaron las resoluciones impugnadas. De esa manera, la Resolución Final del Proceso Sumario Administrativo Interno: Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR – MJM - 002/2023, contraviene lo establecido en la SCP 0463/2022-S4 de 6 de junio, la cual refiere que, las fotocopias poseen la misma fe probatoria que el original, determinando su responsabilidad administrativa sin adecuar su conducta a un tipo de contravención, vulnerando el principio de tipicidad, citando sólo los arts. 108 núm. 1 y 235 núms. 1 y 2 de la Constitución Política del Estado (CPE); 12, 13 y 14 del Reglamento Interno Tipo con relación al 13 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001; y 28 y 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; ninguna de las cuales prevé una contravención. Asimismo, la Autoridad Sumariante establece competencia en virtud del art. 18 del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 modificado por el Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, siendo que el primero sólo tiene dos artículos, contraviniendo el principio de legalidad. Con esos argumentos, planteó el recurso de revocatoria, resuelto por la Resolución del Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023, en el que se evidencia falta de fundamentación, al momento de no referirse a la carencia de los principios de legalidad, tipicidad y verdad material. Por último, en la instancia jerárquica resuelta por la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, se reiteraron los elementos que debieron ser valorados al momento de la exposición y determinación de confirmación en la revocatoria, añadiendo la carencia de motivación; no obstante, su fundamentación “se sale” completamente de contexto de la contravención, entendiendo que se apertura por indicios de responsabilidad por denuncia de uso de certificado falso, vulnerando con ello su derecho a la defensa.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad, verdad material y motivación; citando al efecto los arts. 46.I núm. 2 y parágrafo II, 115, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno, Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023 de 24 de julio; y asimismo, su inmediata reincorporación a la “empresa COMIBOL”.
Celebrada la audiencia pública el 29 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 382 a 391 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Freddy Rolando Herrera Cueto, Gerente de la COMIBOL Regional Oruro, a través de su abogado y representante legal, en audiencia manifestó que: a) La accionante en su exposición sólo hizo mención a las normas que regulan la conducta de un servidor público; b) Se presentó el Reglamento Interno Tipo de la referida entidad para su consideración en audiencia, y la nombrada, desde el 2021, cumplía funciones como Responsable de Recursos Humanos (RR.HH.), un cargo que requiere idoneidad, conforme el art. 3 del Reglamento Específico de Administración de Personal de la mencionada entidad; no obstante, de acuerdo con la denuncia presentada, la accionante únicamente hubiese cursado el primer semestre de su Carrera, para lo cual se envió documentación cotejada con la certificación que presentó la nombrada, denotándose su falsedad; y, c) Adjuntó fotocopia legalizada de un informe técnico que demuestra el daño económico que causó la accionante, haciendo incurrir en error a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la COMIBOL. Mauricio Jiménez Mier, Autoridad Sumariante de la COMIBOL, en audiencia mencionó el proceso y el procedimiento realizado, reiterando los antecedentes ampliamente expuestos, manifestando que: 1) Verificada la falsedad, el Reglamento Interno Tipo de la referida entidad prevé en su art. 57 el retiro definitivo, de acuerdo con la gravedad; y una falsificación no sólo es dañina a la institución, sino también al personal calificado; y, 2) En la Resolución del Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR – MJM- 002/2023 no se vulneró ningún derecho de la accionante.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 121/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 392 a 401, concedió la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023, no cumple con los criterios de valoración de la prueba, que es parte de la motivación, mencionando algunos elementos; empero, no su contenido; y no se advierte el valor que se le hubiese otorgado y qué relación tendría la señalada Resolución Final para sustentar la falsedad, calificando una documental como falsa basándose únicamente en la denuncia y en ningún otro documento; ii) Si bien toda entidad ante cualquier denuncia puede asumir las medidas correspondientes; empero, para ello deben seguir un debido proceso y observar todos sus elementos para llevar a cabo un proceso administrativo sin vulnerar derechos ni garantías; iii) No se refiere cuál es la documental específica que se hubiese usado como falsificada; puesto que, se hace una transcripción incompleta del memorial de denuncia; en ese sentido, se negó el diligenciamiento ofrecido como prueba, no se presentó como testigo para corroborar o ratificar la denuncia; iv) En cuanto a que no se habría adecuado de manera correcta la conducta a los ilícitos establecidos en la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023, ello no tiene que ver sólo con la fundamentación, sino; además, con los principios de legalidad y tipicidad, decisión en la que se estableció responsabilidad administrativa citando artículos del Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL, que no refieren específicamente a alguna falta o contravención, al contrario, denotan la forma y los requisitos que la empresa tiene la obligación de observar para el registro del kardex y antecedentes en cuanto a la documentación requerida a cada trabajador. Por ello, la Autoridad hoy coaccionada no efectuó la necesaria adecuación de la presunta conducta o conductas en las que habría incurrido la accionante, ausencia que debió ser subsanada por el Gerente ahora accionado; v) En la Resolución del Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR -MJM- 002/2023, identificados los agravios, luego de referirse a la normativa que le faculta realizar el proceso administrativo, se limita prácticamente y de manera incongruente, además, no se refiere a aquellos; por lo que, no fueron respondidos; vi) La Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM-002/2023, luego de describir los agravios, concluye que la accionante no tiene la formación profesional requerida, lo cual revela la incongruencia, al no ser un aspecto en tela de juicio o que fue juzgado en el proceso administrativo interno; y, vii) En consecuencia, se concedió la tutela solicitada, disponiendo: “…se deja sin efecto la Resolución de Revocatoria PAI/REV/JU-DPOR-MJM N° 02/2023 4 de agosto del 2023 y la Resolución de Recurso Jerárquico N° 002/2023 de fecha 28 de agosto de 2023 emitido por el Ing. Freddy Rolando Herrera Cueto –Gerente Regional COMIBOL Oruro, sin disponer una nueva emisión de las mismas conforme lo dispuesto supra. Con referencia a la solicitud de reincorporación, se dispone que las autoridades demandadas en el marco de los fundamentos de la presente resolución se abstengan de cesar en el cargo a la ahora accionante hasta que la autoridad demandada lleve adelante el proceso sumario interno respetando el debido proceso determinando lo que corresponde en derecho” (sic).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Apertura de Procedimiento Sumario Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU/DPOR MJM - 02/2023 de 26 de junio, emitida por Mauricio Jiménez Mier, Autoridad Sumariante de la COMIBOL Regional Oruro -hoy coaccionado-, quien inició el mencionado procedimiento contra Jaqueline Victoria Antezana Flores -ahora accionante-, por encontrar suficientes indicios de contravención a las normas que regulan la Conducta del Servidor Público Específicos previsto por los arts. 108.1 y 235 núms. 1 y 2 de la CPE; 12, 13 y 24 del Reglamento Tipo Interno, con relación al art. 9 del Reglamento Específico de Administración de Personal de la mencionada entidad; 13 del DS 26115; y 28 y 29 de la SAFCO (fs. 2 a 5 vta.). II.2. Por Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno -Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023 de 24 de julio, en el referido proceso sumario administrativo, que resuelve en su primer punto: “ESTABLECER RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, en contra de la trabajadora JAQUELINE VERONICA ANTEZANA FLORES con C.I. N° 4020684 Or, calificándose la infracción como gravísima, al haber presentado una certificación en la que se indica hubiese cursado la carrera de Ingeniería Química, faltando el proyecto de grado para su conclusión definitiva (FALSO Y CARENTE DE TODO VALOR LEGAL), evidenciándose la axiomática contravención al art. 12, 13 y 24 del Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL; Articulo 9 del Reglamento Específico de Administración de Personal de la Entidad en relación al Art 13 del D.S. 26115; art. 28 y 29 de la Ley 1178. Se impone a la señora JAQUELINE VERONICA ANTEZANA FLORES con C.I. N° 4020684 Or. la sanción de DESTITUCIÓN de la CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA – REGIONAL Oruro debiéndose realizar el trámite administrativo correspondiente” (sic [fs. 7 a 17]). II.3. Cursa la Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023 de 4 de agosto, dentro del referido proceso administrativo, que resuelve en su punto único: “CONFIRMAR en todas sus partes la RESOLUCIÓN FINAL DE PROCESO INTERNO RESOLUCIÓN SUMARIAL: PAI/JU-DPOR – MJM-N° 002/2023 de fecha 24 de julio de 2023, manteniéndose subsistente la sanción de DESTITUCIÓN dispuesta contra la Sra. JAQUELINE VERONICA ANTEZANA FLORES, de conformidad a la previsión contenida en el art. 24 de D.S. N° 23318-A, ejecutoriado como fuere la presente Resolución Administrativa” (sic [fs. 23 a 25]). II.4. Mediante memorial presentado el 15 de agosto de 2023, ante el hoy coaccionado, la accionante formuló Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023 (fs. 26 a 31). II.5. Consta Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 de 28 de agosto, emitido por Freddy Rolando Herrera Cueto, Gerente Regional de la COMIBOL Regional Oruro, que resuelve: “CONFIRMAR la Resolución Administrativa de Proceso Administrativo Interno - Resolución Sumarial de Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR – No. 002/2023 de 4 de agosto de 2023, emitido por la Autoridad Sumariante de la Gerencia Regional (COMIBOL) Oruro, en todas sus partes, manteniéndose la misma firme e incólume” (sic [fs. 32 a 42]).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad, verdad material y motivación; entendiendo que en el proceso sumario administrativo llevado en su contra por la presunta presentación de un documento falsificado, las resoluciones asumidas (Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM - 002/2023 de 24 de julio; Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023 de 4 de agosto; y, Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 de 28 de agosto), carecen de fundamentación y vulneran -a su turno- los derechos mencionados. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) El Tribunal Constitucional Plurinacional no constituye una instancia casacional, dentro de la estructura ordinaria de administración de justicia (Jurisprudencia reiterada); b) La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional no constituye una instancia más dentro de la estructura ordinaria de administración de justicia, ni actúa como un tribunal de casación destinado a revisar o revalorar la apreciación probatoria o la aplicación de normas sustantivas realizadas por los jueces y tribunales ordinarios; ya que, la justicia constitucional se erige sobre una finalidad distinta como es la de garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, conforme determinan los arts. 196 y 202 de la CPE. En ese sentido, su competencia no está orientada a sustituir la labor jurisdiccional ordinaria ni a corregir eventuales errores de hecho o de derecho cometidos por los jueces en la valoración de la prueba o en la aplicación de la norma. Así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, señalando que la acción de amparo constitucional no puede devenir en un medio de impugnación adicional frente a resoluciones judiciales que ya cuentan con recursos previstos por la ley, como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0039/2012 de 26 de marzo (valoración de prueba), 0718/2015-S3 de 3 de julio, 0357/2017-S3 de 25 de abril y 1063/2015-S2 de 27 de octubre, entre otras, que han sostenido que la acción de amparo constitucional no puede utilizarse como una “tercera instancia” ni como un mecanismo para reabrir el debate sobre la correcta interpretación de normas o valoración de la prueba, salvo que los actos judiciales revelen una afectación directa y arbitraria a derechos fundamentales o garantías constitucionales. De ese modo, la mera alegación de falta de fundamentación o de indebida valoración probatoria, sin que se acredite una vulneración concreta y verificable de derechos fundamentales, no justifica la apertura del control constitucional; por lo que, la valoración de la prueba; y, la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales forman parte de la facultad privativa de los jueces ordinarios, quienes como jueces naturales actúan dentro de la jurisdicción que les es propia y con base en el principio de independencia judicial reconocido por el art. 178 de la CPE. La SCP 0294/2012 de 8 de junio, establece que: “…el amparo constitucional no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una determinación judicial adversa, pues esta acción tutelar en ningún caso puede ser equiparado y/o utilizado como una instancia de apelación y menos de casación. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, ha establecido que: '…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’’’.
La SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señala que: “En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad, verdad material y motivación; entendiendo que en el proceso sumario administrativo llevado en su contra por la presunta presentación de un documento falsificado, las resoluciones asumidas (Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM -002/2023 de 24 de julio; Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM-002/2023 de 4 de agosto; y, Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 de 28 de agosto), carecen de fundamentación y vulneran -a su turno- los derechos mencionados. De manera previa a ingresar a resolver la problemática planteada, debemos remitirnos a lo establecido conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo, razonamiento jurídico aplicable también al ámbito administrativo, apoyado en la doctrina del self-restraint o autolimitación de interpretación de la legalidad ordinaria y de la valoración probatoria, que tiene como finalidad evitar que la jurisdicción constitucional sea considerada como una instancia o etapa adicional de los procesos judiciales o administrativos. Es así que, en razón a que la proposición que plantea la accionante pretende que la jurisdicción constitucional actúe como una instancia extra de aquel proceso administrativo sumario, al requerir un pronunciamiento que alcance incluso hasta la Resolución Final de Proceso Sumario Administrativo, es que debe activarse aquella restricción; por lo que, debe precisarse que dado que la acción de amparo constitucional fue interpuesta a la conclusión del procedimiento administrativo sumario desarrollado por la COMIBOL en contra de la accionante, proceso en el que se emitieron no sólo la Resolución Final de Proceso Sumario cuya nulidad ahora se requiere, sino también la Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023; y a continuación, la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, emergentes de las instancias de revocatoria y jerárquica respectivamente activadas por la nombrada, corresponde indicar que la revisión que se propone a la jurisdicción constitucional acerca del procedimiento desarrollado, debe efectuarse en el marco del principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa; es decir, a partir de la última resolución pronunciada, en razón a que, corresponde a la instancia superior corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, no correspondiendo a la jurisdicción constitucional suplir las funciones de la institucionalidad normativa establecida de manera legal. En virtud a ello, se procederá al análisis de la presunta vulneración de los derechos reclamados a partir de la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, dado que el procedimiento administrativo para la responsabilidad por la función pública prevé mecanismos de impugnación de los actos y/o decisiones considerados equivocados o excesivos, con la finalidad de que la parte interesada pueda corregirlos o revertirlos, siendo la instancia jerárquica la cúspide de aquel. Aclarado ese aspecto, se tiene que los motivos de la impugnación formulada por la accionante contra la Resolución del Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023, plasmados en su memorial presentado el 15 de agosto de 2023 -Recurso Jerárquico-, refiere que la decisión emitida sólo menciona y transcribe los arts. 14, 18, 21, 23 y 24 del DS 26237, sin realizar mayor análisis sobre el fundamento legal; así: 1) En el Considerando III, menciona el contenido de la señalada Resolución del Recurso de Revocatoria, describiendo la sanción de destitución; empero, sin realizar la valoración sobre los presupuestos expuestos; y, 2) En el Considerando V de la misma Resolución, acerca de la destitución, menciona que el art. 56 -del Reglamento Interno Tipo de la COMIBOL-atenúa la sanción; sin embargo, por jerarquía normativa se hace evidente la aplicación del art. 29 de la SAFCO, evidenciando una contradicción en el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público, sin llegar a establecer la precisión, menos la fundamentación que llevó a tomar aquella determinación de confirmar la decisión impugnada. En ese sentido, la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, que resuelve el Recurso Jerárquico, procede a desglosar el contenido del memorial, el ámbito de su competencia, la finalidad del referido Recurso Jerárquico, es el deber de fundamentación y motivación conforme a la jurisprudencia constitucional que alega; y, precisa algunos aspectos de la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno, Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR - MJM- 002/2023, pronunciándose sobre temas acerca del proceso en sí, al señalar: “De ahí que el sumariante no equivoca en cuanto asume que esta disposición normativa no se constituye únicamente en una obligación de terceros o de reparticiones de la Corporación Minera de Bolivia, sino fundamentalmente del trabajador y que en el marco del Art. 24 del Reglamento Interno Tipo de la Corporación Minera de Bolivia le es exigible, siendo - valga la redundancia - de cumplimiento obligatorio (…) No se puede dejar de lado que no se advierte en la actitud de la ahora recurrente que hubiere existido en su persona intención alguna de aclarar frente a la COMIBOL su situación académica, ni antes o después del sumario de marras (…) En ese marco se entiende que el inferior en grado hubo expuesto los motivos que sustentan su decisión, expone los hechos establecidos, realiza una descripción de los hechos, presenta una análisis tanto factico como normativo de los hechos motivo de la presente causa; es decir expresa las convicciones determinativas que justifican razonablemente su decisión entendiéndose cumplidas las normas del debido proceso…” (sic). Con lo que concluye disponiendo en su parte resolutiva confirmar la Resolución del Recurso de Revocatoria PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023 (Conclusión II.5). Por consiguiente, desglosado el contenido de la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023 emitida por el Gerente hoy accionado, resulta por demás evidente que el nombrado no se pronunció en ningún apartado acerca de los motivos expuestos por la accionante en el memorial presentado el 15 de agosto de 2023, por el que formuló recurso jerárquico impugnando la Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial: PAI-REV/JU-DPOR - MJM-002/2023 (Conclusión II.4.), sino que erradamente abordó aspectos que hacen a la valoración y desarrollo del procedimiento en instancia y actuación de la Autoridad ahora coaccionada, revisando los hechos y pruebas referidos a la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno, Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR-MJM-N° 002/2023, cuando su objeto de resolución es lo que correspondiere a lo impugnado de la señalada Resolución del Recurso de Revocatoria.
Por consiguiente, se evidencia no sólo una resolución que no cuenta con fundamentación ni motivación, por cuanto no contiene ningún argumento que efectivamente resuelva lo impugnado en nivel jerárquico, sino que también es incongruente con sus propios fundamentos; ya que, en el Considerando III, en el punto III.1., parte in fine, acerca de la finalidad el Recurso Jerárquico, el propio fallo apunta lo siguiente como fundamento: “De lo precedentemente expuesto se tiene que el recurso jerárquico procede solo y en cuanto a la resolución que resuelve el Recurso de Revocatoria y no así volviendo a ser un proceso inicial nuevamente” (las negrillas nos corresponden). En atención conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2., la fundamentación y motivación que debe contener una decisión en todo ámbito, por supuesto incluido el administrativo sumario, debe resolver lo que fue impugnado, aportando razones y normas que respalden la decisión, requisitos que no se encuentran en la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, que actuando como una primera instancia, se pronunció indebidamente acerca de la situación de la accionante y la prueba aportada en aquella etapa; y no respecto de lo que le correspondía. Por consiguiente, se entiende que dicha decisión vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de motivación, el cual debe ser tutelado. Asimismo, entendido el marco del presente pronunciamiento que debe tutelar el derecho vulnerado referido, por los fundamentos ya expuestos con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023; y de acuerdo con lo solicitado en el memorial de acción de amparo constitucional, los derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y verdad material se encuentran reatados a las demás resoluciones impugnadas del proceso administrativo sumario; por lo que, no corresponde pronunciarse sobre ellos, dada la limitación del pronunciamiento y por consiguiente debe denegarse la tutela al no encontrarse ésos elementos vinculados con la resolución revisada ni fundamentos sobre aquella. Otras consideraciones Resuelta la problemática planteada y bajo la atribución establecida por el art. 202.6 de la CPE, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera importante observar el pronunciamiento efectuado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que en los hechos excedió de sobremanera sus atribuciones; y cuyos efectos deben ser modulados. Ahora bien, conforme al presente fallo constitucional en el acápite I.2.3 Resolución, inc. vii) se tiene que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dejó sin efecto la Resolución de Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial PAI-REV/JU-DPOR - MJM- 002/2023, y Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, disponiendo que no se emitan nuevamente; además, que la accionante se mantenga en el cargo, en tanto se lleve adelante un proceso sumario interno que respete el debido proceso. En primer lugar, de acuerdo con los fundamentos desarrollados acerca de la autorestricción de esta jurisdicción, corresponde mantener vigentes las determinaciones contenidas en la Resolución Final del Proceso Administrativo Interno - Resolución Sumarial: PAI/JU-DPOR-MJM- 002/2023; y, la Resolución del Recurso de Revocatoria Proceso Administrativo Interno Resolución Sumarial PAI-REV/JU-DPOR-MJM-002/2023, dejando sin efecto únicamente la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, la cual debe pronunciarse en el marco del debido proceso acerca del recurso planteado; a diferencia de lo señalado en la decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ello con la finalidad de que sea la autoridad correspondiente legalmente establecida, quien determine la viabilidad del mecanismo de impugnación intentado. Segundo, la jurisdicción constitucional no puede impedir a la COMIBOL el cumplimiento de la normativa de responsabilidad y ejercicio de sus atribuciones, en tanto se estaría avalando una situación irregular, al no disponer la emisión de nuevas resoluciones e incluso retrotrayendo el proceso administrativo sumario a una instancia inicial sin ningún justificativo e invadiendo las labores de autoridades correspondientes, emitiendo pronunciamientos que no corresponden a la esfera constitucional; no obstante, dada la decisión de la Sala Constitucional de origen, cuyo cumplimiento es inmediato y obligatorio, conforme el art. 129.V de la CPE, entonces es previsible que aquel procedimiento sumario ya se hubiese efectuado, motivo por el cual los efectos de la presente decisión tendrán que ser modulados, ello tomando en consideración la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en la fecha, dada la carga procesal que atraviesa este Tribunal Constitucional Plurinacional. Continuando con lo anterior, corresponde llamar severamente la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por incurrir en un pronunciamiento no sólo excesivo, sustituyendo las labores de las autoridades administrativas de la COMIBOL, sino que además desconociendo por completo la jurisprudencia y por consiguiente las restricciones establecidas por la jurisprudencia constitucional para los pronunciamientos en el área constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1° CONFIRMAR en parte la Resolución 121/2023 de 29 de septiembre, cursante de fs. 392 a 401, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, únicamente por la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de motivación; disponiendo la dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 002/2023, debiendo la autoridad correspondiente emitir una nueva resolución, atendiendo los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional. No obstante, de haberse procedido a sustanciar un nuevo proceso sumario que se encuentre concluido, aquél deberá mantener sus efectos. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto de los derechos al trabajo, a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso en sus elementos de legalidad, tipicidad y verdad material, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Carola Ríos Sánchez y Walter Chungara Condori, Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0032_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d3e872fdf44e2f57df1af5f78370d1485f2f9663dc72eb26c87797ad4b2b53d
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