Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y derecho a la defensa-; y, al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad demandada: a) Demoró sesenta días en resolver su solicitud de revocatoria de medidas cautelares; y, b) Emitió el Auto Interlocutorio 27/2023 rechazando su petición, decisión que califica de arbitraria por prescindir de la normativa específica aplicable -en particular, los arts. 6, 7 y 8 de la LSNRA; 92.II inc. b) del DS 29215; y, la Resolución Suprema 22273-, evidenciando un incumplimiento del deber de fundamentación. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 32 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56151-2023-113-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Cardozo Jemio en representación sin mandato de Julio Cesar Sierra Terrazas contra Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 19 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 10 a 20, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y asociación delictuosa, el 11 de febrero de 2023, Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz -demandado-, dispuso su detención preventiva en un lugar distinto a donde se tramitaba la causa. Posteriormente, el 20 de marzo de 2023, interpuso una solicitud de revocatoria de medidas cautelares al amparo de lo establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), basándose en un nuevo elemento de prueba: el Informe Técnico Legal DDSC-DT-INF 116/2022 de 17 de octubre, emitido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuyas conclusiones establecían de manera inequívoca que el predio denominado “Yuby Guasu” constituía tierra fiscal de propiedad del Estado boliviano y se encontraba bajo la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). A través de providencia de 21 de marzo de 2023, el demandado dispuso correr traslado a las partes su solicitud de revocatoria. Entre el 15 y el 18 de mayo de igual año, su defensa se presentó en oficinas del demandado para insistir en el cumplimiento de la Resolución 13/2023 de 12 de mayo -emitida dentro de una acción de libertad-, exigiendo la emisión de una resolución sobre la citada solicitud de revocatoria; sin embargo, la notificación con el Auto Interlocutorio 27/2023 de 15 del mismo mes, con el cual el demandado rechazó su solicitud, se produjo sesenta días después de su presentación inicial. La determinación adoptada resultó arbitraria, pues desconoció normativa específica aplicable, en particular los arts. 6, 7 y 8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996-; 92.II inc. b) del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007; y, la Resolución Suprema 22273 de 9 de octubre de 2017, evidenciándose así un incumplimiento del deber de fundamentación. Finalmente, conforme a la certificación emitida por la Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB), su persona tiene la condición de miembro del pueblo indígena guarayo, circunstancia que permite sustraer el caso de las reglas de subsidiariedad, en tanto dicha condición otorga una protección reforzada por parte del Estado.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y derecho a la defensa-; y, el principio de seguridad jurídica; sin citar norma constitucional alguna que los contenga.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad demandada que emita una resolución fundamentada y motivada que resuelva su solicitud de revocatoria de oficio de medida cautelar, aplicando la normativa específica que rige el instituto, modificando la calificación del delito de avasallamiento por otro y aplicando medidas cautelares personales menos gravosas; y, b) Se disponga la remisión de antecedentes al Ministerio Público y Consejo de la Magistratura por retardación de justicia e incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, sostuvo que: 1) El Auto Interlocutorio de 27/2023 fue obtenido únicamente después de promover una acción de libertad y que dicha notificación se produjo sesenta días después de presentar la solicitud inicial; 2) La autoridad demandada, de manera arbitraria, afirmó que no se adjuntó la supuesta resolución administrativa que declaraba el predio “Yuby Guasu” como tierra fiscal no disponible ni la resolución que aprobaba el Informe Técnico Legal DDSC-DT-INF 116/2022, concluyendo que ese informe no constituía nuevo elemento para modificar el Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2022 y que, en consecuencia, debía mantenerse la medida cautelar; 3) Dicho informe sí se encontraba incorporado en el memorial de demanda y el Juez demandado solo consideró parcialmente la normativa agraria, ignorando los arts. 6 al 8 de la LSNRA, que establece que el Presidente del Estado es la autoridad competente para emitir resoluciones supremas una vez concluidos los procedimientos de saneamiento; 4) La autoridad demandada omitió reconocer la existencia y vigencia de normas públicas contenidas en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, cuya incorporación al proceso no requería requerimiento fiscal ni judicial; 5) Se adjuntó documentación legalizada que acreditaba que su persona pertenecía al pueblo indígena guarayo y que la Resolución Suprema 22273 establecía con claridad que el predio “Yuby Guasu” constituía tierra fiscal, mencionando incluso que la denunciante del supuesto avasallamiento no presentó un título ejecutorial, sino únicamente una fotocopia; y, 6) La medida cautelar impuesta el 11 de febrero de igual año, se mantuvo sobre la base de dicha fotocopia, mientras la autoridad demandada ignoró normativa pública y vinculante que, de haber sido considerada, habría eliminado la probabilidad de autoría por el delito de avasallamiento, subsistiendo únicamente la hipótesis de amenazas, insuficiente para justificar una detención preventiva; por ello, el Juez demandado debió ordenar la libertad del beneficiario, lo cual no ocurrió.
Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 22.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 14 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 32 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante pretendió acudir directamente a la vía constitucional alegando su pertenencia a una comunidad indígena para obviar el recurso de apelación incidental de medidas cautelares previsto en el art. 251 del CPP; sin embargo, no demostró la existencia de un peligro inminente ni de un daño irreparable que justificara flexibilizar el principio de subsidiariedad; ii) La detención preventiva del impetrante de tutela provino de una resolución anterior del Juez demandado, por lo que, la sola condición de indígena, no habilitaba prescindir del medio impugnatorio ordinario; iii) La jurisprudencia citada por el peticionante de tutela -referida a los principios pro actione y favor debilis-aplicaba únicamente cuando existían dudas interpretativas sobre normas procesales o situaciones de desigualdad material entre las partes, lo cual no ocurrió en el caso; iv) El accionante no acreditó encontrarse en una posición de inferioridad frente a la denunciante, quien también pertenecía a un grupo vulnerable; por ello, la jurisprudencia invocada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1596/2022-S4, 1953/2012 y 0292/2012- resultaba impertinente; y, v) El Auto Interlocutorio de 27/2023, que rechazó la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, era impugnable mediante el recurso de apelación incidental, mecanismo eficaz, inmediato y suficiente para procurar la restauración de derechos; en ese sentido, la acción de libertad no puede sustituir la competencia de los tribunales ordinarios ni convertirse en una instancia paralela de revisión de medidas cautelares. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el impetrante de tutela cuestionó que el Tribunal de garantías no consideró el daño irreparable alegado ni la supuesta omisión de normativa pública vinculante por parte del Juez demandado. Asimismo, solicitó aclaración sobre la relación entre su pertenencia a un grupo vulnerable y la flexibilización de la subsidiariedad, así como el desglose de la documentación presentada. Ante ello, el Tribunal de garantías señaló que, en su Resolución, analizó toda la jurisprudencia citada, concluyendo que ninguna justificaba acudir directamente a la vía constitucional, pues no se acreditó la existencia de un daño inminente ni la necesidad de protección inmediata; bajo esa comprensión, reafirmó que el art. 251 del CPP proporcionaba un medio impugnatorio idóneo, eficaz y obligatorio, cuya omisión impedía activar la tutela constitucional.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 37); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 41); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 27/2023 de 15 de mayo, Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz -demandado-, rechazó la solicitud de revocación de oficio interpuesta por Julio Cesar Sierra Terrazas -accionante-, disponiendo que el prenombrado continúe cumpliendo la medida cautelar personal de detención preventiva dispuesta por Auto Interlocutorio de 11 de febrero de 2023 (fs. 3 a 4).
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad personal, a una justicia pronta y oportuna y al debido proceso -en sus elementos fundamentación, motivación y derecho a la defensa-; y, al principio de seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad demandada: a) Demoró sesenta días en resolver su solicitud de revocatoria de medidas cautelares; y, b) Emitió el Auto Interlocutorio 27/2023 rechazando su petición, decisión que califica de arbitraria por prescindir de la normativa específica aplicable -en particular, los arts. 6, 7 y 8 de la LSNRA; 92.II inc. b) del DS 29215; y, la Resolución Suprema 22273-, evidenciando un incumplimiento del deber de fundamentación. La autoridad demandada no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la improcedencia de la acción de amparo constitucional por identidad de sujeto, objeto y causa; este Tribunal, en base a la jurisprudencia constitucional establecida a través de la SCP 0720/2024-S2 de 23 de diciembre, extrayendo los alcances de la identidad, determinó que: “‘…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es decir: a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo…’; ello implica que la presentación de un segundo o posterior recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, impide el ingreso al análisis de la problemática planteada, por cuanto supone que la misma ya fue analizada en una primera oportunidad habiendo sido resuelta mediante una resolución constitucional que tiene entre sus efectos la vinculatoriedad y por ende es irrevisable, adquiriendo la calidad de cosa juzgada constitucional. (…) En ese entendido, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada por la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, que cita a su vez otras Sentencias Constitucionales, indica que: ‘Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías’”.
La jurisprudencia constitucional manifestó, con base en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, que la subsidiariedad en los casos de interposición de la acción de libertad opera de la siguiente manera: “I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos
, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son añadidas).
Delimitado como está el ámbito de análisis, corresponde abordar la problemática planteada de la siguiente forma: Respecto al punto a) del objeto procesal En el caso objeto de análisis, el accionante, sometido a la medida cautelar de detención preventiva -dispuesta dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento y asociación delictuosa-, sostiene que presentó el 20 de marzo de 2023 una solicitud de revocatoria de medidas cautelares al amparo de lo establecido en el art. 250 del CPP. Dicha petición derivó en la emisión de la providencia de 21 de marzo de 2023, por la cual, la autoridad demandada dispuso correr en traslado la referida solicitud a los demás sujetos procesales. Sin embargo, pese a las reiteradas gestiones efectuadas por la defensa del impetrante de tutela -incluidas aquellas realizadas en cumplimiento de la Resolución 13/2023 de 12 de mayo, dictada dentro de otra acción de libertad-, el prenombrado fue notificado con el Auto Interlocutorio 27/2023 de 15 de mayo sesenta días después de que la petición fue presentada inicialmente, configurándose así una dilación significativa. En ese contexto, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se constató la existencia de una acción de libertad anterior, en la cual intervinieron los mismos sujetos procesales y cuyo objeto se refirió precisamente a la demora en la resolución de la solicitud de revocatoria de medidas cautelares. Dicha acción fue registrada bajo el expediente 55584-2023-112-AL e ingresó a conocimiento de este Tribunal el 9 de junio de 2023. En consecuencia, respecto de la problemática consistente en la dilación en la resolución de la solicitud de revocatoria de medidas cautelares, se configura en la presente acción de defensa la triple identidad, conforme se detalla a continuación: 1) Identidad de sujetos: En ambos procesos intervienen los mismos sujetos procesales. El accionante es el mismo en ambas acciones de libertad y la autoridad demandada es, en ambos casos, Roberto Cruz Hurtado Roca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz. Esta coincidencia resulta plenamente verificable al contrastar los expedientes respectivos; 2) Identidad de objeto: En la acción de libertad registrada con el expediente 55584-2023-112-AL, la pretensión se orientó a obtener la pronta emisión de una resolución respecto de la solicitud de revocatoria de medidas cautelares. En la presente acción, correspondiente al expediente 56151-2023-113-AL, la pretensión es sustancialmente idéntica, pues nuevamente se denuncia una presunta dilación indebida y retardación de justicia en la tramitación de la mencionada solicitud. Si bien la presente acción es planteada en vía reparadora, el núcleo problemático -la alegada demora injustificada- es coincidente con el de la acción anterior, lo que demuestra que ambas acciones buscan el mismo resultado tutelar; y, 3) Identidad de causa: Los hechos que motivan ambas acciones son los mismos, puesto que en ambos casos se denuncia la misma conducta omisiva atribuida a la autoridad judicial demandada, consistente en la falta de resolución oportuna de la solicitud de revocatoria de medidas cautelares formulada el 20 de marzo de 2023. De lo expuesto, se concluye que la presente acción reproduce íntegramente los hechos ya denunciados en la acción anterior, invoca la presunta vulneración de los mismos derechos fundamentales y persigue una finalidad tutelar idéntica, con intervención de los mismos sujetos procesales. Por ello, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo respecto a la misma problemática, pues ello implicaría la emisión de un pronunciamiento duplicado sobre una pretensión que ya fue objeto de examen constitucional, por lo que corresponde denegar la tutela respecto a este punto. Respecto al punto b) del objeto procesal Al respecto, el accionante sostiene que la autoridad demandada, al pronunciar el Auto Interlocutorio 27/2023, rechazó su solicitud de revocatoria de medidas cautelares inobservando normativa agraria específica -arts. 6, 7 y 8 de la LSNRA; art. 92.II inc. b) del DS 29215; y, la Resolución Suprema 22273-, constituyendo este, en su criterio, un acto arbitrario carente de fundamentación. Sin embargo, previo al análisis de fondo de la problemática planteada, le corresponde a este Tribunal verificar el cumplimiento de los presupuestos de procedencia de la acción de libertad, particularmente su naturaleza subsidiaria, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, donde se estableció que, esta acción tutelar constituye un mecanismo excepcional, cuyo uso se justifica únicamente cuando los medios procesales ordinarios resultan ineficaces o insuficientes para la protección inmediata de la libertad personal o para la corrección de actos arbitrarios vinculados con su restricción. En el caso concreto, el impetrante de tutela cuestiona el Auto Interlocutorio 27/2023, que rechazó su solicitud de revocatoria de medidas cautelares. Así, frente a dicha determinación, el ordenamiento procesal penal prevé un mecanismo específico y plenamente idóneo: el recurso de apelación incidental establecido en el art. 251 del CPP, mismo que permite la revisión integral de las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares; sin embargo, el impetrante de tutela no hizo uso de dicho mecanismo procesal, no pudiendo ahora pretender activar de manera directa la jurisdicción constitucional. Por otra parte, si bien el accionante invoca su condición de indígena y el correlativo deber estatal de otorgar una protección reforzada a los grupos en situación de vulnerabilidad, tal circunstancia no constituye, por sí misma, un factor que permita prescindir del principio de subsidiariedad, ya que no se configura automáticamente en un supuesto de daño irreparable ni acredita de manera fehaciente la ineficacia o inaccesibilidad de los mecanismos ordinarios para la tutela de sus derechos. En consecuencia, al existir un mecanismo procesal específico, idóneo y eficaz, que no fue activado por el accionante -el recurso de apelación incidental según lo previsto por el art. 251 del CPP-, corresponde denegar la tutela por incumplimiento al principio de subsidiariedad que rige esta acción tutelar. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 vta. a 32 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0031_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3b11ef002da53908028246e37cf497a20a85ccbcb558928ca0bc077f3eedeef5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →