Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 6 de marzo de 2024
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de cosa juzgada; y, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, los Vocales ahora accionados, mediante el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 -hoy impugnado-, si bien revocaron la decisión de primera instancia que dispuso no ha lugar a la conminatoria para remisión del dinero embargado; empero, ordenaron que la Jueza de la causa solicite informe sobre el monto retenido que corresponda al ejecutado de acuerdo a su cuota de participación en la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”; determinación que desconoce la autoridad de la cosa juzgada de las resoluciones emitidas dentro del proceso monitorio ejecutivo que sigue contra el ahora tercero interesado -Edson Acebo Castro-; y, que además resulta dilatoria; toda vez que, ya existen informes que dan cuenta del monto de dinero retenido que debe ser remitido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 028/2024-SCII de 15 de febrero, cursante de fs. 2679 a 2681, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 de 1 de agosto, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, emitan uno nuevo conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su vertiente de cosa juzgada, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2024-S3 Sucre, 6 de marzo de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 61563-2024-124-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 028/2024-SCII de 15 de febrero, cursante de fs. 2679 a 2681, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Victoria Durán Sánchez contra Hugo Bernardo Córdova Egüez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
La accionante, por memoriales presentados el 8 de diciembre de 2023 y 15 de enero de 2024, cursantes de fs. 2602 a 2609 vta.; y, 2612 a 2613, manifestó lo siguiente:
En el proceso monitorio ejecutivo seguido contra Edson Acebo Castro -hoy tercero interesado- persiguiendo el pago de la suma adeudada de $us673 840.-(seiscientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta dólares estadounidenses) más el interés convencional del 3% sobre ese capital, en la demanda solicitó la retención de dineros pendientes de pago por parte de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" a la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”. En dicho trámite, mediante Sentencia -inicial- 0139/2018 de 5 de octubre, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró probada su demanda y dispuso que se le pague el monto adeudado y los intereses convenidos. Posteriormente, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca por decreto de 24 de mayo de 2019, ordenó a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" la retención y remisión del dinero pendiente de pago a la Sociedad Accidental “POMA-Oruro” -de la cual forma parte la empresa DREMARK de propiedad del ejecutado Edson Acebo Castro- por la construcción de la obra “Teleférico Turístico Oruro”. En conocimiento de dicha determinación la referida empresa estatal respondió que no tenía competencia ni atribución de realizar pagos por orden preferente y realizar la división que por ley corresponda y solicitó que se aclare algunos aspectos para cumplir lo ordenado. Ante lo cual, por su parte, pidió la retención de la suma de Bs7 959 154,42.- (siete millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro 42/100 bolivianos); pedido al que accedió la Jueza de la causa mediante decreto de 6 de enero de 2020, en cuyo mérito se ofició a la mencionada Empresa Estatal para que remita dicho monto económico. Posteriormente, obtuvo certificación de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO", que da cuenta que existía un pago pendiente por la suma de Bs10 000 000.- (diez millones de bolivianos) y que correspondía el pago solicitado de su parte. Con base en ese documento, pidió una nueva retención y remisión por el saldo restante; solicitud que fue aceptada por la Jueza de la causa, quien dispuso la retención y remisión de la suma de Bs2 040 854,58.- (dos millones cuarenta mil ochocientos cincuenta y cuatro 58/100 bolivianos). Dichas determinaciones judiciales no fueron recurridas por ninguna de las partes procesales, adquiriendo de esa manera la calidad de cosa juzgada. Más adelante, la Jueza de la causa dispuso la remisión del dinero retenido e inclusive conminó su cumplimiento; ante lo cual la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" remitió la suma de Bs3 405 542,67.-(tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y dos 67/100 bolivianos). Ante ese hecho, pidió que se conmine a la señala Empresa Estatal a remitir el saldo del monto retenido con anterioridad. En respuesta la indicada autoridad judicial; no obstante, de que existía certeza sobre el monto retenido que se debía remitir, solicitó informe a la citada Empresa Estatal, la cual no respondió; por lo que, requirió nuevamente conminatoria para la remisión del saldo que ascendía a la suma de Bs4 059 168,75.- (cuatro millones cincuenta y nueve mil ciento sesenta y ocho 75/100 bolivianos); a lo que se le dio curso; puesto que, la Jueza de la causa solicitó nuevamente a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO” la remisión de ese monto económico. Hace notar, que nunca se tuvo certeza de los montos cobrados por la empresa DREMARK - de propiedad del ejecutado- y por la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia -de propiedad de Valentín Carlos Abecia López, ahora tercero interesado-; asimismo, que la parte ejecutada intentó confundir a los jueces ordinarios con una modificación de cuotas de capital -99% para la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia y 1% para la empresa DREMARK, la cual fue correctamente valorada por dichas autoridades a tiempo de resolver respecto a la tercería de dominio excluyente planteada por el hoy tercero interesado-representante de la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia; ya que, determinaron que en el marco del art. 519 del Código Civil (CC), dicho documento no le alcanza a su persona en cuanto a sus efectos. Sin embargo, una vez emitidas las órdenes de remisión del saldo restante de la retención, de manera sorpresiva la Jueza de la causa, por Auto de 22 de mayo de 2023, dispuso no ha lugar a la solicitud de conminatoria de remisión por no encontrarse respaldada documentalmente. Determinación contra la que interpuso recurso de revocatoria bajo alternativa de apelación. Toda vez que, la autoridad judicial de primera instancia confirmó su decisión, concedió dicho recurso. Resolviendo el mencionado recurso, los Vocales ahora accionados, mediante Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 de 1 de agosto, si bien dispusieron la revocatoria total del Auto impugnado; empero, ordenaron que “…la Jueza A-quo libre nuevo oficio dirigido a los responsables de la Empresa de Trasporte ‘MI TELEFERICO’ de la ciudad de la Paz, a fin de que bajo prevención de ley y en el plazo más breve posible, informen a su despacho, los montos de dineros que hubiesen sido retenidos y que por derecho le corresponden a la Empresa del ejecutado Edson Acebo Castro (DREMARK) como integrantes de la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, ello, teniendo en cuenta la cuota de participación que tiene la Empresa del demandado en la referida Asociación Accidental, procediendo a su vez, a la remisión de los montos retenidos al Juzgado a cargo del presente proceso, en la porción que le corresponde en derecho al supra nombrado ejecutado…” (sic); con lo cual se dilata el cumplimiento de la Sentencia y las resoluciones ejecutoriadas; puesto que, se conoce de forma innegable que el monto retenido es de Bs7 959 154,42.-, de los cuales ya se remitió la suma de Bs3 405 542,67.- y que por los informes de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" se sabe que esta no tiene competencia para dividir y “…dar la Prelación de pagos…” (sic). Los informes solicitados resultan innecesarios; puesto que, ya existen varios que señalan el monto retenido; asimismo, se sabe de la incompetencia de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" para determinar la división o prelación y que se conocía de la existencia del documento de modificación de cuotas de participación, el cual no le afecta en el marco de lo establecido por el art. 519 del CC. Determinación con la cual los Vocales hoy accionados atentan contra la calidad de cosa juzgada; puesto que, la decisión adoptada con base en informes -que no fue impugnada por el ejecutado ni el tercerista-, no puede ser modificada, tanto más si ya se produjo la remisión parcial del dinero retenido y el cobro del mismo por su parte; con lo cual no solo se vulnera el derecho al debido proceso sino además el principio de seguridad jurídica. Toda vez que, dentro del proceso ejecutivo, la Sentencia dictada por la Jueza de la causa adquirió; primero, calidad de cosa juzgada formal, al no ser impugnada; y, de cosa juzgada material; puesto que, posteriormente no se produjo la ordinarización, su ejecución no puede ser dilatada con la solicitud de informes que ya cursan en obrados y que fueron valorados. Actuación no solo contraria al debido proceso sino también atentatoria de la naturaleza del proceso monitorio ejecutivo que pretende ser transformado en un ordinario, lo cual no se encuentra permitido legalmente; asimismo, se está desconociendo que por mandato del art. 400.I del Código Procesal Civil (CPC), la ejecución de la Sentencia no se puede dilatar por recurso alguno. Se hace notar que no existe cambio o modificación de ningún informe emitido por la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" que justifique la solicitud dilatoria de uno nuevo.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de cosa juzgada; y, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 de 1 de agosto; y, b) Que los Vocales “recurridos” dicten una nueva resolución respetando y garantizando sus derechos constitucionales, de tal manera que se cumplan las disposiciones ejecutoriadas de los propios jueces de instancia y con ello disponer la inmediata remisión por parte de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO” de los dineros retenidos dentro del proceso monitorio ejecutivo.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 2671 a 2678 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Hugo Bernardo Córdova Egüez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe presentado el 23 de enero de 2024, cursante a fs. 2631 y vta., manifestaron que: 1) No resulta evidente que sus autoridades en el Auto de Vista hoy cuestionado, hubieran dispuesto que se deje sin efecto las retenciones de dinero que se efectuaron dentro del proceso monitorio ejecutivo tramitado por la accionante contra el ahora tercero interesado Edson Acebo Castro; y, 2) Resolviendo el único agravio del recurso de apelación, solo dispusieron que la Jueza de la causa conmine a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" para que en el plazo más breve posible cumpla con informar de manera más exacta lo que se le solicitó mediante oficio de “fs. 206” del testimonio de la apelación, respecto a si existen dineros retenidos exclusivamente al demandado Edson Acebo Castro y en qué monto se habría efectuado esa retención; decisión que fue cumplida por la referida autoridad judicial mediante Auto de 23 de octubre de 2023, habiendo la demandante -hoy accionante- recogido en persona el oficio a las 16:30 horas, del 7 de noviembre del indicado año, acto que supone consentimiento tácito con lo decidido en el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 ahora cuestionado y torna improcedente la acción de amparo constitucional en el marco de lo que establece el art. 52.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); por lo que, no siendo ciertas las infracciones alegadas y existiendo actos consentidos, piden que se deniegue la tutela solicitada.
Valentín Carlos Abecia López y Edson Acebo Castro, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs. 2623 y 2668.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 028/2024-SCII de 15 de febrero, cursante de fs. 2679 a 2681, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante, tanto en su memorial principal, como en el de subsanación y en su intervención en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, se limitó a relatar los antecedentes de lo sucedido en la ejecución del proceso monitorio ejecutivo, concluyendo que los Vocales ahora accionados al disponer mediante Auto de Vista S.S.C.C. II 235/2023 que la Jueza de la causa ordene que se oficie a Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" para que remitan nuevos informes respecto a los montos retenidos y que por derecho le corresponde al ejecutado, estarían incurriendo en dilación y aparente arbitrariedad lesiva al debido proceso en lo concerniente a la cosa juzgada y al acceso a la justicia pronta y oportuna; sin embargo, no precisó de qué manera esa determinación atentaría a la cosa juzgada como al debido proceso en su componente de celeridad en la ejecución de los fallos judiciales; ii) En cuanto a la mayor dilación no explica cómo es que un nuevo oficio para precisar la información respecto de los montos retenidos al ejecutado per se resulta lesiva al debido proceso; más aún, si tomamos en cuenta que el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 emitido el 1 de agosto y notificado el 2 del mismo mes y año, recién fue cuestionado cinco meses y una semana después de haberse dado inicio al cumplimiento de las determinaciones asumidas en dicho Auto de Vista; en esa circunstancia, no se encuentra elementos razonables que puedan fundar una eventual concesión de la tutela con relación al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, iii) Al no haberse precisado las ilegalidades, arbitrariedades u omisiones indebidas causantes de la lesión de derechos fundamentales, ni haber acreditado la relación de causalidad, corresponde denegar la tutela solicitada.
En mérito al Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-01/2024 de 17 de enero, emitido por Sala Plena de este Tribunal, que dispuso la Reconformación Transitoria de Salas; se emite la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia -inicial- 0139/2018 del 5 de octubre, pronunciada en el proceso monitorio ejecutivo seguido por Victoria Durán Sánchez -ahora accionante- contra Edson Acebo Castro -hoy tercero interesado-, por el cobro de dólares estadounidenses, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, dio curso al pedido formulado por la ejecutante en el Otrosí tercero de su demanda de que la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" proceda a la retención de dinero de las planillas pendientes de pago a la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, compuesta accidentalmente por las empresas DREMARCK -de propiedad del ejecutado- y POMA S.A.S Sucursal Bolivia (fs. 55 a 57). Por memorial presentado el 22 de mayo de 2019, la ejecutante -ahora accionante-solicitó que se ordene a la referida Empresa la remisión de la suma de Bs7 959 154,42.-, mereciendo en respuesta el decreto de 24 de igual mes y año, por el cual la Jueza de la causa, dispuso que se oficie al Gerente Ejecutivo de la mencionada Empresa para que proceda a la remisión de los dineros retenidos para cuyo cumplimiento ordenó se expida orden instruida (fs. 173 y 174). II.2. Por decreto de 26 de julio de 2019, se conminó a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" para la remisión del dinero retenido que corresponde exclusivamente a Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- (fs. 208); retirándose mediante decreto de 6 de enero de 2020 (fs. 251). A través del decreto de 23 de julio del indicado año, la Jueza de la causa dio curso al pedido de que la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO” proceda a la retención y remisión por la suma adicional de Bs2 040 845,58.- (dos millones cuarenta mil ochocientos cuarenta y cinco 58/100 bolivianos) formulado por la ejecutante -hoy accionante- mediante memorial presentado el 27 de dicho mes y año (fs. 279 a 280). II.3. A través del decreto de 10 de febrero de 2021, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquiconminó a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" remitir la suma de Bs7 959 154,42.- (fs. 331). Posteriormente, por Auto de 7 de junio de igual año, dispuso que una vez realizados los trámites administrativos el Gerente Ejecutivo de la señalada Empresa remita el monto retenido (fs. 385 vta. a 386). Mediante Auto de 22 de octubre de dicho año, se conminó al Gerente Ejecutivo de la referida Empresa la remisión de los montos de dinero retenidos (fs. 447). II.4. Mediante Oficio con CITE EETTC MT-GJ-DAGJ-RSC-0621-CAR/21 de 18 de noviembre de 2021, Simón Sergio Choque Siñani, Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" informó a la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, que cumpliendo lo dispuesto en el Auto de 7 de junio de igual año, que dispone que se remita el monto de dinero retenido y la conminatoria dispuesta por Auto de 22 de octubre del mismo año, remitió la suma de Bs3 405 542,67.- (tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y dos 67/100 bolivianos), y aclara que deben cumplir con las órdenes de retención y montos en el orden de prelación de notificaciones de Bs79 591,54.- (setenta y nueve mil quinientos noventa y uno 54/100 bolivianos) dentro del proceso ejecutivo promovido por Anatoly Silvertrov Flores Durán contra Edson Acebo Castro -hoy tercero interesado-, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; de la suma de Bs199 851,46.- (ciento noventa y nueve mil ochocientos cincuenta y uno 46/100 bolivianos) dentro del proceso ejecutivo promovido por Jaime Abel López Salazar contra el indicado hoy tercero interesado, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo departamento; y, la retención de Bs4 059 168,75.-(cuatro millones cincuenta y nueve mil ciento sesenta y ocho 75/100 bolivianos) a favor del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del referido departamento, en la acción pauliana promovida por Victoria Durán Sánchez -hoy accionante- contra Valentín Carlos Abecia López y Edson Acebo Castro -hoy terceros interesados-; y que dichos montos representan la cantidad de Bs7 744 154,43.- (siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro 43/100 bolivianos) que constituye el único saldo pendiente de pago de la planilla 24 a la Asociación Accidental “POMA-Oruro”, considerando que el monto de Bs215 000.- (doscientos quince mil bolivianos) fueron remitidos a requerimiento expreso del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del mencionado departamento y que a esa fecha no existía monto sobre el que pueda ejecutarse retención y/o remisión (fs. 467 a 468). II.5. Cursa Auto Interlocutorio de 15 de marzo de 2022, mediante el cual la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, declaró improbada la tercería de dominio excluyente deducida por Valentín Carlos Abecia López -ahora tercero interesado- en representación de la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia (fs. 688 vta. a 694). II.6. Consta Auto de 13 de abril de 2022, mediante el cual la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, dispuso en vía ampliatoria el embargo y retención de la suma de Bs4 059 168,75.- (cuatro millones cincuenta y nueve mil ciento sesenta y ocho 75/100 bolivianos) que pudiera existir a favor del deudor Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- y una vez remitido sea enviado a la cuenta del Órgano Judicial (fs. 910); empero, dicha determinación fue dejada sin efecto por Auto Interlocutorio de 12 de mayo del indicado año, que dispuso que con el fin de no vulnerar los derechos de la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia representada legalmente por el hoy tercero interesado, dispuso que la ejecutante -ahora accionante- aclare lo solicitado en su memorial y señale con precisión el monto que le corresponde a Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- de los dineros cuya remisión solicita y que luego se dispondría lo que en derecho corresponda (fs. 1202 a 1204). Asimismo, cursa memorial presentado el 7 de octubre de ese año, por el cual la accionante, solita nueva conminatoria para que la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" remita la suma de Bs4 059 168,75.- (fs. 2074 y vta.) Resolviendo dicho pedido, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante Auto de 19 de octubre de dicho año, dispuso que por Secretaría del citado Juzgado se oficie al Gerente General de la merituada empresa para que remita a la cuenta del Órgano Judicial el monto de Bs4 059 168,75.-, que deberá ser remitido si exclusivamente corresponde a Edson Acebo Castro, en su calidad de persona particular (fs. 2075). Determinación mantenida mediante Auto Interlocutorio 914/2022 de 14 de noviembre, que resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 2094 a 2096), y posteriormente confirmado a través del Auto de Vista S.C.C. II 414/2022 de 8 de diciembre, emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 2114 a 2115 vta.). II.7. Por memorial presentado el 11 de enero de 2023, por la ejecutante Victoria Duran Sánchez -hoy accionante-, por el que se pronuncia sobre el informe de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" y solicita nueva conminatoria para remisión de dinero (fs. 2142 a 2143 vta.). En respuesta, la Jueza de la causa, por decreto de 13 de igual mes y año -modificado por Auto de 7 de febrero de dicho año- dispuso que con carácter previo se oficie al Gerente General de la indicada Empresa a efectos de que certifique y/o informe si lo aseverado en el memorial presentado por la ejecutante es evidente e informe si a esa fecha existía dinero retenido que exclusivamente le corresponde a Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- y que de ser así se señale el monto actual al cual asciende la mencionada suma retenida (fs. 2170 a 2171).
II.8. Cursa Oficio con Cite: EETC MT-GJ-DGAJ-RSC-0156-CAR/23 de 22 de marzo de 2023, mediante el cual Luis Alejandro Gonzales Blacutt, Gerente Jurídico de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO", da cuenta del pago electrónico efectuado por la suma de Bs3 405 542,67.- (tres millones cuatrocientos cinco mil quinientos cuarenta y dos mil 67/100 bolivianos) ante la orden y conminatoria efectuada, con la aclaración de que dicho monto considera la pluralidad de órdenes judiciales de retención y/o remisión de recursos económicos en los diferentes procesos y montos en el orden de prelación de notificaciones. Asimismo, respecto a haber comunicado en reiteradas ocasiones la modificación del testimonio de constitución por el cambio de paquete accionario de las empresas que la conforman (fs. 2201 a 2203). En conocimiento de dicho informe, la ejecutante Victoria Durán Sánchez -hoy accionante- se pronunció sobre el mismo y solicitó que se conmine a la indicada Empresa Estatal para que proceda a la remisión del dinero retenido consistente en la suma de Bs3 899 985,67.- (tres millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco 67/100 bolivianos) y la suma de Bs238 774,63.- (doscientos treinta y ocho mil setecientos setenta y cuatro 63/100 bolivianos); haciéndose un total de Bs4 138 760,3.- (cuatro millones ciento treinta y ocho mil setecientos sesenta 3/100 bolivianos [fs. 2235 a 2236 vta.]). Respondiendo a dicha solicitud, por Auto de 22 de mayo del citado año, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, dispuso no ha lugar a la solicitud de conminatoria de remisión de dineros a la referida Empresa Estatal, por cuanto tal solicitud no se encuentra respaldad documentalmente (fs. 2526 y vta.). Decisión que fue confirmada por la Jueza de primera instancia por Auto Interlocutorio de 22 de junio de ese año, que mantuvo subsistente el Auto impugnado mediante el recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 2545 vta. a 2549 vta.) II.9. Consta, Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 de 1 de agosto, mediante el cual, Hugo Bernardo Córdova Egüez y Ángel Edson Dávalos Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora accionados-, revocaron en todas sus partes el Auto apelado y su confirmatorio, disponiendo que la Jueza de la causa libre oficio dirigido a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" para que en el plazo más breve posible informen a su despacho los montos de dineros que hubieren sido retenidos y que por derecho le corresponden a la empresa del ejecutado Edson Acebo Castro (DREMARK) como integrante de la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, teniendo en cuenta la cuota de participación que tiene la empresa del demandado en la referida asociación accidental y procediendo a la vez a la remisión de los montos retenidos al Juzgado a cargo en la porción que le corresponde (fs. 2567 a 2568 vta.). Por Auto de 11 de dicho mes de 2023, se dispuso no ha lugar a la aclaración o complementación solicitada (fs. 2581 y vta.).
II.10. Por Auto de 23 de octubre de 2023, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, en cumplimiento al Auto de Vista S.C.C. II 235/2023, se dispuso que se oficie ante la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" (fs. 2591). Cursa la siguiente constancia manuscrita: “Recogí oficio Victoria Durán S Sucre, 7 de noviembre de 2023 Hrs. 16:30” (sic [fs. 2591 vta.]).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de cosa juzgada; y, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, los Vocales ahora accionados, mediante el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 -hoy impugnado-, si bien revocaron la decisión de primera instancia que dispuso no ha lugar a la conminatoria para remisión del dinero embargado; empero, ordenaron que la Jueza de la causa solicite informe sobre el monto retenido que corresponda al ejecutado de acuerdo a su cuota de participación en la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”; determinación que desconoce la autoridad de la cosa juzgada de las resoluciones emitidas dentro del proceso monitorio ejecutivo que sigue contra el ahora tercero interesado -Edson Acebo Castro-; y, que además resulta dilatoria; toda vez que, ya existen informes que dan cuenta del monto de dinero retenido que debe ser remitido. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La cosa juzgada a la que la doctrina procesal conceptualiza “…la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no exista contra ella medios de impugnación que permitan modificarla”, tiene su fundamento en el principio de la seguridad jurídica, el cual es uno de los principios que sustentan a la potestad de impartir justicia.
Refiriéndose a este instituto jurídico, la SCP 0450/2012 de 29 de junio señaló lo siguiente: “La cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por resolución firme, contra la cual, no se admite recurso alguno de impugnación salvo algunos casos excepcionales. Es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a los fallos ejecutoriados; la autoridad se refiere a la característica de que lo fallado en ellos se considera como irrevocable e inmutable; y la fuerza, consiste en el poder coactivo que dimana de la cosa juzgada, o sea que debe cumplirse lo que en ella se ordena. Se puede analizar desde dos puntos de vista, tal como se lo hizo en la SC 0217/2006-R de 7 de marzo, en la que se estableció lo siguiente: ‘…los efectos de la cosa juzgada se manifiestan bajo una doble perspectiva: formal y material. Así, la característica o efecto de la cosa juzgada formal es la de su inimpugnabilidad o firmeza. Producen este efecto cualquier resolución firme o lo que es lo mismo, cuando frente a ella no exista ningún otro recurso previsto en la ley (la excepción sólo se presenta cuando existe de por medio una lesión al contenido esencial de un derecho fundamental), hayan transcurrido los plazos para recurrirla o se haya desistido del mismo. En este sentido, los fallos del Tribunal Constitucional como los de la Corte Suprema de Justicia [ahora Tribunal Supremo de Justicia], surten los efectos de cosa juzgada formal (con la única excepción a esta regla antes referida), en la medida en que no hay ningún órgano judicial que pueda revisar sus decisiones; empero, al efecto negativo aludido se tiene otro de naturaleza positiva, que se expresa en el deber jurídico que tiene el órgano encargado de su ejecución de hacer efectiva la decisión contenida en el fallo en los términos establecidos en ella. Desde su vertiente material, la cosa juzgada despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos, que lleva un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto, impidiendo con ello la apertura de otros procesos nuevos sobre el mismo asunto (este efecto sólo la producen las decisiones firmes sobre el fondo); como único medio de alcanzar la paz jurídica, evitando, de un lado, que la contienda se prolongue indefinidamente y de otro, que sobre la misma cuestión puedan recaer resoluciones contradictorias, lesionando la seguridad jurídica procesal (así, SSCC 0029/2002, 0094/2002-R, 0554/2003-R, entre otras)’” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
La SCP 0663/2018-S2 de 17 de octubre, estableció que: “En cuanto al principio de celeridad la Constitución Política del Estado en sus arts. 178.I dispone que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos’; 180.I expresa que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’; y, 115.II señala que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’ (las negrillas nos corresponden).
Complementando lo señalo, la SC 0010/2010-R de 6 de abril[14], razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y, la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; dicho entendimiento fue ratificado en la SCP 0023/2013 de 4 de enero en el Fundamento Jurídico III.2.
Posteriormente, la SCP 0953/2015-S3 de 6 de octubre[15], respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas, en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra interrelacionado con otros principios, derechos y garantías.
Entendimiento ratificado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre”.
Por su parte la SCP 1237/2022-S4 de 26 de septiembre, refiriéndose a los arts. 178.I y 115.II de la CPE, señaló que: “En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; en los cuales, los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios.
La observancia del principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna compele a quienes administran justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir esto dentro de un plazo razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna; en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad ‘Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia’.
En ese entendido, este principio como elemento del debido proceso, se encuentra inserto en la norma, interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; y por ello, su inobservancia no solo afecta el mismo, sino otros elementos del debido proceso que se encuentren relacionados, activándose su resguardo y protección constitucional ante la demora de respuesta o diligenciamiento oportuno de los trámites por la administración de justicia”.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de cosa juzgada; y, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que, los Vocales ahora accionados, mediante el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 -hoy impugnado-, si bien revocaron la decisión de primera instancia que dispuso no ha lugar a la conminatoria para remisión del dinero embargado; empero, ordenaron que la Jueza de la causa solicite informe sobre el monto retenido que corresponda al ejecutado de acuerdo a su cuota de participación en la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”; determinación que desconoce la autoridad de la cosa juzgada de las resoluciones emitidas dentro del proceso monitorio ejecutivo que sigue contra el ahora tercero interesado -Edson Acebo Castro-; y, que además resulta dilatoria; toda vez que, ya existen informes que dan cuenta del monto de dinero retenido que debe ser remitido. Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde hacer referencia a la presunta existencia de actos consentidos a los que aluden los Vocales ahora accionados por el hecho de que la accionante hubiera recogido el oficio dirigido a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO", mediante el cual se ordenó el informe dispuesto en el recurso de apelación; determinación impugnada en esta acción de defensa.
Con relación a los actos consentidos, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…las siguientes subreglas para poder considerar la existencia de un acto consentido, en tal sentido deberá considerarse como acto consentido: a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos”.
Ciertamente, mediante el Auto de 23 de octubre de 2023, la Jueza de la causa, en cumplimiento al Auto de Vista S.C.C. II 235/2023, dispuso que se oficie ante la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO". Asimismo, es evidente que al reverso de dicho Auto de Vista existe una constancia que señala “Recogí oficio Victoria Durán S Sucre, 7 de noviembre de 2023 Hrs. 16:30” (sic); sin embargo, no se aprecia la firma de la persona que hubiera recogido el indicado Oficio, tampoco existe evidencia de que el mismo hubiera sido entregado a la Empresa Estatal requerida. Consiguientemente, no se trata de un acto inequívoco a partir del cual sea posible concluir que la ejecutante -accionante-, se hubiera conformado con la decisión emitida en segunda instancia, Auto de Vista que hoy impugna. En mérito de dichas consideraciones, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera que no se encuentra acreditado el acto consentido alegado por los Vocales ahora accionados y por lo mismo no existe óbice para examinar el fondo de las denuncias expuestas en esta acción de amparo constitucional.
Con relación a la cosa juzgada
La accionante, por una parte, hace alusión a las Resoluciones que dispusieron la retención y remisión de la suma de Bs7 959 154,42.-, que fue dejada sin efecto por la misma autoridad judicial que así lo dispuso y que se confirmó mediante Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 -hoy impugnado-; por otra parte, también hace referencia a la Sentencia emitida en el proceso monitorio ejecutivo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que mediante Sentencia -inicial- 0139/2018, pronunciada dentro del proceso monitorio ejecutivo seguido por la accionante contra Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado-, por el cobro de dólares estadounidenses, la Jueza Pública Civil y Comercial Decimocuarta de la Capital del departamento de Chuquisaca, dio curso al pedido formulado por la ejecutante en el Otrosí tercero de su demanda , solicitando que la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" proceda a la retención de dinero de las planillas pendientes de pago a la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, compuesta accidentalmente por las empresas DREMARCK -de propiedad del ejecutado- y POMA S.A.S Sucursal Bolivia (Conclusión II.1.).
En el curso del trámite de la ejecución del proceso monitorio ejecutivo, a solicitud de la ejecutante -ahora accionante-, la Jueza de la causa, en reiteradas ocasiones, ordenó a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" la remisión del dinero retenido, entre tales determinaciones resalta el decreto de 10 de febrero de 2021, por el cual le conminó a remitir la suma de Bs7 959 154,42.-. Posteriormente, por Auto de 7 de junio del mismo año, dispuso que una vez realizados los trámites administrativos remita el monto retenido; y, mediante Auto de 22 de octubre de dicho año, conminó al Gerente Ejecutivo a la remisión de los montos de dinero retenidos (Conclusión II.3.).
Precisamente, en mérito a dichas determinaciones, mediante Oficio con CITE EETTC MT-GJ-DAGJ-RSC-0621-CAR/21, el Gerente Ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" informó que procedió a la remisión de la suma de Bs3 405 542, 67.-; y, asimismo aclaró que debe cumplir con las órdenes de retención y montos en el orden de prelación de notificaciones de las sumas de Bs79 591,54.- dentro del proceso ejecutivo promovido por Anatoly Silvertrov Flores Durán contra Edson Acebo Castro -hoy tercero interesado-, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; de la suma de Bs199 851,46.- dentro del proceso ejecutivo promovido por Jaime Abel López Salazar contra el hoy tercero interesado, radicado en el Juzgado Público Civil y Comercial Séptimo de la Capital del mismo departamento; y, la retención de Bs4 059 168,75.- a favor del Juzgado Público Civil y Comercial Sexto de la Capital del referido departamento, en la acción pauliana promovida por Victoria Durán Sánchez -accionante- contra Valentín Carlos Abecia López y Edson Acebo Castro -hoy terceros interesados-; y que dichos montos representan la cantidad de Bs7 744 154,43.- que constituye el único saldo pendiente de pago de la planilla 24 a la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, considerando que el monto de Bs215 000.- fueron remitidos a requerimiento expreso del Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del mencionado departamento y que a esa fecha no existía monto sobre el que pueda ejecutarse retención y/o remisión (Conclusión II.4.).
Posteriormente, si bien es cierto que por Auto de 13 de abril del 2022, la Jueza de la causa, dispuso en vía ampliatoria el embargo y retención de la suma de Bs4 059 168,75.- que pudiera existir a favor del deudor Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- y que una vez retenido sea remitido a la cuenta del Órgano Judicial; empero esta decisión fue dejada sin efecto por Auto Interlocutorio de 12 de mayo del indicado año, que dispuso que con el fin de no vulnerar los derechos de la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia representada por Valentín Carlos Abecia López -ahora tercero interesado-, la ejecutante -accionante-aclare lo solicitado en su memorial y señale con precisión el monto que le corresponde a Edson Acebo Castro -hoy tercero interesado- de los dineros cuya remisión solicita y que luego se dispondría lo que en derecho corresponda. Más adelante, en mérito a la solicitud formulada por la accionante, mediante Auto de 19 de octubre de dicho año, determinó que por Secretaría del citado Juzgado se oficie al Gerente General de la merituada empresa para que remita a la cuenta del Órgano Judicial el monto de Bs4 059 168,75.-, que deberá ser remitido si exclusivamente corresponde a Edson Acebo Castro, en su calidad de persona particular; decisión que fue mantenida por Auto interlocutorio 914/2022 de 14 de noviembre, que resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; y, posteriormente confirmada a través del Auto de Vista S.C.C. II 414/2022 emitido por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (Conclusión II.6.).
De la relación de actuados que precede se advierte; por una parte, que el Auto de 19 de octubre de 2022, confirmado en recurso de apelación mediante el Auto de Vista S.C.C. II 414/2022 se halla consentido por la ejecutante -hoy accionante-; siendo esa la determinación que hace alusión al monto que tuviera en su poder la Empresa Estatal de Transporte por Cable “MI TELEFÉRICO”, después de haber efectuado la remisiones ordenadas por las autoridades judiciales, entre ellas, la que se produjo en el proceso monitorio ejecutivo que motiva esta acción de defensa. Por otra parte, se evidencia que las referidas Resoluciones judiciales contienen una orden de remisión del monto retenido o embargado, siempre y cuando se trate de dineros que le correspondan exclusivamente al ejecutado; es decir, no se trata de una orden de remisión simple y llana de Bs4. 059 168,75.-; lo que pone en evidencia que, en ese momento de la ejecución, el monto del embargo o cuando menos el porcentaje del dinero, cuya realización correspondía para el cobro del crédito ejecutado, no se hallaba precisado a ciencia cierta en las referidas Resoluciones; tal es así que, ante la solicitud de nueva conminatoria efectuada por la accionante por escrito presentado el 11 de enero de 2023, la Jueza de la causa, por decreto de 13 de igual mes y año -modificado por Auto de 7 de febrero de dicho año-, dispuso que con carácter previo se oficie al Gerente General de la referida Empresa Estatal a efectos de que certifique y/o informe si lo aseverado en el memorial presentado por la ejecutante es evidente e informe si a esa fecha existía dinero retenido que exclusivamente le corresponde a Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- y que de ser así se señale el monto actual al cual asciende la mencionada suma retenida (Conclusión II.7.).
En ese contexto, la Jueza de la causa, por Auto de 22 de mayo de 2023, decidió no ha lugar a la conminatoria de remisión, ya que estimó que el Informe 22 de marzo del mismo año, que envió la Empresa Estatal de Transporte por Cable “MI TELEFÉRICO” no señalaba el monto que con precisión solicitaba la ejecutante y que la misma no hubiera señalado que el monto cuya remisión pretende correspondería específicamente al ejecutado Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado-. Decisión mantenida mediante Auto Interlocutorio de 22 de junio de igual año, que resolvió el recurso de reposición bajo alternativa de apelación presentado por la ejecutante -accionante- (Conclusión II.8.). Resolviendo dicho recurso, los Vocales hoy accionados, en el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023, hoy impugnado, observaron que la Jueza de la causa tomó la decisión apelada sin considerar, analizar, ni confrontar lo que se había solicitado en el oficio de 09 de febrero de 2022 y que fue lo que informó el Gerente Jurídico de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “MI TELEFÉRICO”; puesto que, a dicha empresa no se le pidió información sobre el cambio de paquete accionario de la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”; puesto que, tales datos ya constan en obrados sino se le pidió que informe al Juzgado de origen si se había procedido a retener dineros que pertenecen al ejecutado Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado- y en qué monto o cantidad en su condición de representante y único socio de la empresa DREMARK que integra la referida Asociación, hecho que no fue informado por el suscribiente del Informe de 2 de febrero de 2023; puesto que, todo pago que se hubiera efectuado a la señalada empresa DREMARK, aún sea integrante de la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, si le corresponde al ejecutado dentro de la presente causa en la porción que por ley se dispone como miembro de la señalada sociedad; por lo que, resulta imperioso que la Empresa Estatal de Transporte por Cable “MI TELEFÉRICO” informe con exactitud y claridad lo que se le solicitó (Conclusión II.9.).
Ahora bien, del examen del Auto de Vista S.C.C. II 235/2023, no se advierte que la decisión de los Vocales ahora accionados, hubiera modificado la decisión adoptada en el Auto Interlocutorio de 19 de octubre de 2022, confirmada a través del Auto de Vista S.C.C. II 414/2022; puesto que, los referidos Vocales hoy accionados no denegaron la remisión del monto solicitado, sino observaron que la Jueza de la causa haya tomado la decisión de no dar curso a la conminatoria de la remisión sin percatarse que la Empresa Estatal de Transporte por Cable “MI TELEFÉRICO”, en cuanto depositaría el monto retenido, no habría cumplido con informar lo que se le solicitó. Consiguientemente, no es evidente que se modificara una decisión ejecutoriada relativa a la remisión del dinero retenido, y por lo mismo que se hubiera lesionado la cosa juzgada; puesto que, como ya se tiene señalado la orden de remisión del último monto no era pura y simple, sino que se hallaba supeditada a la constatación de que se trate de dineros que exclusivamente correspondan al ejecutado Edson Acebo Castro -ahora tercero interesado-; razón por la cual, respecto de esta denuncia corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, no es evidente que se estuviera afectando la cosa juzgada de la Sentencia emitida en el proceso monitorio ejecutivo; puesto que, la decisión adoptada por los Vocales hoy accionados no contiene ninguna determinación contraria a dicho fallo.
Con relación a la vulneración del derecho a la justicia pronta y oportuna
Como se tiene señalado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, “…el principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; en los cuales, los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios”. Consecuentemente, no solo se afecta al principio de celeridad y por consiguiente al derecho a una justicia pronta y oportuna cuando no se realizan los actos procesales dentro de los plazos previstos, sino también cunado se practican actos innecesarios, como son los referidos al pedido de informes sobre aspectos que cursan en documentos adheridos a los expedientes o sobre otras cuestiones de derecho que les incumbe a las autoridades judiciales a dilucidar.
Como lo establece la doctrina procesal civil, tratándose de procesos ejecutivos por cobro de sumas de dinero, el embargo ejecutivo trabado sobre los bienes del acreedor, una vez firme la sentencia definitiva de remate se convierte en embargo ejecutorio y en consecuencia resulta definitivo, lo que implica que en tal circunstancia debe procederse al pago inmediato al acreedor si se trata de una suma de dinero retenida o a la venta judicial, según sea el caso. Lo cual no implica que el embargo pueda ser levantado cuando se acredite que el bien embargado no le pertenece al ejecutado, ya sea por haber prosperado una tercería de dominio excluyente o porque exista evidencia fehaciente que así lo acredite; toda vez que, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, el cumplimiento y ejecución de una resolución judicial -proveniente de cualquier jurisdicción- debe ser en la medida de lo determinado, caso contrario, se lesiona el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales; derecho al que se refiere el art. 397 del CPC, que establece que las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada deben ser ejecutadas “…sin alterar ni modificar su contenido, por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso” (sic); dicho derecho debe ser garantizado por el juez de la ejecución.
Toda vez que, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, las ejecuciones de esos fallos, en su caso procede inclusive de forma coactiva. De tal manera que la ejecución solicitada por la parte interesada, debe ser llevada a cabo sin demora alguna en resguardo al derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Precisamente, sobre ese aspecto, el art. 400 del CPC establece que la ejecución de la sentencia no puede ser suspendida por ningún recurso ordinario o extraordinario, incluido el de compulsa, ni por recusación como tampoco por solicitud alguna que tendiere a dilatar o impedir el proceso de ejecución, las cuales deben ser rechazadas de forma inmediata.
Ahora bien, en consideración a que el embargo ejecutorio tiene carácter definitivo, y que la ejecución no puede dilatarse por ninguna solicitud, el juez de la ejecución tiene el deber de garantizar la realización del crédito mediante la remisión del dinero retenido o embargado -el remate si es lo que corresponde- y su consiguiente entrega al ejecutante, rechazando en su caso las peticiones que tiendan a dilatar la ejecución.
En el caso que se examina, conforme a lo desarrollado en el acápite precedente, se advierte que las autoridades judiciales no esclarecieron con precisión cuál es monto de dinero embargado que debe remitirse; ya que, si bien se conoce la cantidad económica que la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" aún tiene en su poder y que estaba destinado al pago que correspondía a favor de la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”; empero, no se dilucidó si la suma de Bs4 138 760.3-, cuya remisión pretende el ejecutante, es o no el monto embargado que debe ser remitido; toda vez que, en la causa ejecutiva que motiva esta acción tutelar no están siendo ejecutados los dos integrantes de dicha Asociación o cuentas en participación, sino tan solo uno de ellos.
Ante ese panorama, resulta evidente que la obligación de verificar que el bien embargado se halla debidamente individualizado le corresponde a la autoridad judicial que se encuentra a cargo de la ejecución; puesto que, es la que ordena el embargo y la que debe garantizar la ejecución del fallo en la medida de lo determinado. Sin embargo, los Vocales ahora accionados, al ordenar que la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" informe sobre el monto retenido que le pertenece al ejecutado; pretenden que sea dicha empresa la que individualice el monto gravado que correspondería ser remitido, a sabiendas que la misma remitió reiterados informes dando cuenta cual era el único monto que adeudaba a la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, la cual se halla integrada por la empresa DREMARCK que es propiedad del ejecutado Edson Acebo Castro -hoy tercero interesado-, y la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia, representada por Valentín Carlos Abecia López; y que no tiene atribución para individualizar el monto que le corresponde a cada miembro de esa Asociación. En ese contexto, la determinación adoptada por los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023, hoy impugnado, disponiendo que que la Jueza de la causa libre oficio dirigido a la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO", para que en el plazo más breve posible informen a su despacho los montos de dineros que hubieren sido retenidos y que por derecho le corresponden a la Empresa del ejecutado Edson Acebo Castro (DREMARK) como integrante de la Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, teniendo en cuenta la cuota de participación que tiene la Empresa del demandado en la referida Asociación Accidental y procediendo a la vez a la remisión de los montos retenidos al Juzgado a cargo en la porción que le corresponde, resulta evidentemente dilatoria; puesto que, cursan en el expediente principal varios informes emitidos por la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO" sobre el monto retenido una vez efectuada las remisiones ordenadas por las autoridades judiciales; asimismo, están arrimados al expediente el documento relativo al acuerdo de Sociedad Accidental “POMA-Oruro”, en lo que se estipula, entre otros, la participación de los asociados, el contrato suscrito con la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO"; del mismo modo el antecedente sobre la trámite y resoluciones de la tercería de dominio excluyente que interpuso la empresa POMA S.A.S Sucursal Bolivia; en todo caso el tribunal de apelación, si considera pertinente puede ordenar que el la autoridad judicial de primera instancia le remita testimonio de las piezas que estime necesario. Es decir, cuenta con los elementos suficientes para decidir si esa suma de dinero es la que se halla embargada, en cuyo caso no cabría justificativo alguno para no ordenar su remisión inmediata o si por el contrario advierte que existe documentación que acredita de manera fehaciente que dicho monto, en todo o en parte, no le pertenecería al ejecutado; ante lo cual ameritaría igualmente que adopte la determinación que corresponda en derecho.
En mérito de lo precedentemente señalado, se concluye que resulta evidente que los Vocales hoy accionados al ordenar en el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023, hoy impugnado, que la Jueza de la causa ordene que se oficie nuevamente ante la Empresa Estatal de Transporte por Cable "MI TELEFÉRICO", incurrieron en actuación dilatoria que vulnera el derecho de la accionante a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, razón por la cual corresponde conceder tutela solicitada sobre esta denuncia.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 028/2024-SCII de 15 de febrero, cursante de fs. 2679 a 2681, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C. II 235/2023 de 1 de agosto, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, emitan uno nuevo conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho al debido proceso en su vertiente de cosa juzgada, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
1 Eduardo J. Couture; Fundamentos de Derecho Procesal Civil.
2 El AC 0287/99-R de 28 de octubre de 1999, estableció que: “‘La seguridad jurídica’ uniformemente entendida como ‘condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio’. (…) CONSIDERANDO: Que, el inc. a) del art. 7 de la Constitución Política del Estado consagra a la Seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el que disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos”.
3 Lino Enrrique palacios. Manual de Derecho Procesal Civil , pág. 193
4 Así, la SC 0944/2001-R de 6 de septiembre, señala el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales, como un imperativo básico de la administración de justicia.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0031_2024-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d708111937ccb160b35b6ba4e3236009242bbbf399fe794effbcf46da714ef5
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