B.IA.LEGAL

SCP 0031/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
7 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
36219-2020-73-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y a la defensa; puesto que: 1) El Fiscal Policial ahora demandado presentó los Requerimientos de Ampliación de Investigación de 28 de agosto y de 18 de septiembre de 2020, sin fundamentación y fuera del plazo establecido en el art. 67 de la Ley 101; y, 2) El Fiscal Policial otorgó el plazo de veinte días de ampliación del inicio de investigación sin la debida fundamentación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales denuncias son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) El objeto de protección de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2020 de 2 de octubre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciado por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; constituido en Tribunal de garantías, y en consecuencia DENEGAR, la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de las problemáticas planteadas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El objeto de protección de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0031/2023-S1 Sucre, 7 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 36219-2020-73-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2020 de 2 de octubre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Nina Rodríguez en representación sin mandato de Ivan Eloy Rojas del Carpio contra Mario Vaca Zeballos, y Freddy Pérez Zelaes, Fiscales Policiales de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de octubre de 2020, cursante de fs. 29 a 31 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 10 de julio de 2020, fue denunciado por la presunta víctima, por faltas disciplinarias previstas en la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, la cual fue aceptada por la Fiscalía Policial, decretando así el inicio de investigación en su contra el 30 de igual mes y año, requerimiento que fue firmado por el entonces Fiscal Policial asignado al caso 150/2020, consecutivamente el 20 de agosto del mismo año prestó su declaración dentro del referido caso y el 28 del mes y año señalado, el Fiscal Policial ahora demandado mediante requerimiento, solicitó la ampliación de la investigación por el espacio de veinte días, que fue otorgado por el Fiscal Policial -ahora codemandado-a través de Auto de la misma fecha; lesionando de esta forma su derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación; toda vez que, esa ampliación por el tiempo señalado puede darse cuando se trata de un caso complejo, además de ser fundamentado tal como prevé la última parte del art. 67 de la Ley 101, concordante con el art. 17 inc. e) del Reglamento de la Fiscalía Policial. Asimismo, en virtud al informe de los investigadores policiales de fecha 17 de septiembre de 2020, en el que simplemente repiten lo mismo que la denuncia presentada por la presunta víctima, sin ningún elemento que pueda justificar una eventual ampliación de investigación; puesto que, desde el acto inicial de la mencionada denuncia se identificó a la persona investigada; por lo que, fuera de todo plazo, las autoridades policiales ahora demandadas emiten un requerimiento de ampliación de investigación de 18 de igual mes y año, después de cerca de sesenta días sin ningún fundamento, infringiendo respecto de los plazos establecidos en el art. 67 de la Ley 101, así como los arts. 17 inc. e) y 18 del Reglamento de la Fiscalía Policial, vulnerando a su vez el debido procesamiento disciplinario, ampliando ilegal e indefinidamente la referida investigación, lesionando el cumplimiento de los plazos procesales; y poniéndole en un estado de indefensión, además de ser víctima de un cuestionamiento público en el cual denigra su prestigio conseguido a lo largo de treinta años de carrera profesional. El derecho a la fundamentación y el cumplimiento de los plazos procesales sean en sede administrativa, jurisdiccional, o disciplinaria, comprometen el orden público y forman parte de la seguridad jurídica, puesto que el derecho del justiciable sometido a proceso, a causa de cualquier acto inicial como es la denuncia, es el de ser procesado en un tiempo razonable y conociendo el hecho por el que se le procesa; considerando que, el procesamiento diligente libera de la falta de sindicación y calumnia, permitiendo igualmente el ejercicio del derecho a la defensa, tal como establece el art. 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela alegó la vulneración de su derecho al debido proceso, en su elemento de fundamentación y a la defensa, citando al efecto el art. 50 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia disponga: a) Dejar sin efecto y valor legal el Requerimiento de Ampliación de Plazo y Auto emitido por el Fiscal, ambos de 28 de agosto y el Requerimiento de Ampliación de Plazo de 18 de septiembre de igual año; y, b) Ordenar a los Fiscales Policiales demandados que cumplan los plazos establecidos en los arts. 42 numeral 4 y 67 de la Ley 101.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 40 a 42 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato ratificó íntegramente el tenor de su demanda y ampliando la misma refirió que: 1) La Ley 101 regula los procesos disciplinarios y utiliza la misma nomenclatura que del procedimiento penal, pues forma parte del derecho sancionador, como establece la doctrina, en este entendido se debe cumplir los mismos derechos que del imputado; es decir, que se inicia la investigación; consiguientemente, continua la fase preliminar, en la cual se puede rechazar, imputar o buscar una salida alternativa, procedimiento que utiliza la Fiscalía Policial; en este entendido el 10 de julio de 2020, se realizó una denuncia formulada contra varios ciudadanos, la cual de acuerdo a lo dispuesto por la citada Ley, debe ser admitida mediante requerimiento de inicio de investigaciones dentro de las veinticuatro horas, pero en este caso se inició en fecha 30 de igual mes y año, en el que además no se relatan los hechos y no se encuentra fundamentado y por analogía con el Código de Procedimiento Penal, los requerimientos deben ser finalizados; 2) Denuncia el procedimiento indebido; toda vez que, el art. 51 de la norma señalada establece que los plazos son de cumplimiento obligatorio y caso contrario, su incumplimiento daría lugar a la nulidad de obrados; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en su art. 67, el tiempo de la investigación tiene una duración de quince días calendario; por lo que, debería culminar el 25 de julio de 2020, plazo que solo puede ampliarse por diez días a solicitud fundamentada del Fiscal o departamental y que únicamente en los casos que son complejos puede ampliarse hasta veinte días, pero previa solicitud fundamentada; sin embargo, en el presente proceso no se demuestra el caso complejo, además de estar fuera del término establecido; 3) De acuerdo a la SC 0867/2010-R de 18 de septiembre, el Auto inicial de un sumario administrativo debe describir los hechos y la calificación legal de la conducta, pero en este caso no existe fundamentación; sin demostrarse por parte de los investigadores que incluso están solicitando una ampliación, pidiendo se repare el daño y se vuelva a dictar el inicio de investigaciones; y, 4) A la pregunta del Juez de garantías de que si el accionante recibió una diligencia de notificación respecto a la ampliación de denuncia, responde que no fue notificado, pero lo que está requiriendo es el procesamiento indebido desde el inicio de investigaciones, debido a que se consumó el hecho, caso contrario se declare la nulidad,”…aquí no hay un juez cautelar, no hay un reglamento y menos en la Ley 101…” (sic).

I.2.2. Informe de los funcionarios policiales

Mario Vaca Zeballos y Freddy Pérez Zelaes, Fiscales Policiales de la Policía Boliviana, presentaron su informe oral en audiencia, a través de sus abogadas, señalando que: i) Con relación a la etapa preparatoria, inicia con la investigación en contra los autores, sin identificar al ahora impetrante de tutela; toda vez que, a través del Requerimiento Ampliatorio de 18 de septiembre de 2020, emitido por la Comisión de Fiscales, recién lo hace contra funcionarios policiales, entre ellos el nombrado, no habiéndose perfeccionado aún la notificación al mismo con ese requerimiento, a objeto de que pueda ponerse a disposición del art. 67 inc. a); por lo que, a la fecha -se entiende momento de la audiencia- todavía no es investigado por la Fiscalía Policial; al no existir notificación expresa, el mencionado no está siendo indebidamente procesado e investigado por la referida Fiscalía; ii) Los plazos corren a partir de la notificación con el inicio de investigaciones y con el requerimiento ampliatorio del mismo, conforme establece la normativa de la Policía Boliviana; iii) En la fase investigativa se encuentran nuevos elementos de convicción contra el ahora impetrante de tutela, quien está siendo investigado al igual que otros posibles implicados; por lo que, la Fiscalía Policial puede requerir la ampliación de investigación, haciendo mención a la calificación provisional a los nuevos investigados; iv) En cuanto al tiempo de ampliación, de conformidad a lo dispuesto por el art. 67 de la Ley 101, la misma puede ser de diez a veinte días; en consecuencia, no existe ningún derecho vulnerado contra el ahora accionante, solicitando se deniegue la tutela; y, v) A la pregunta de la Jueza de garantías, respecto a que si dentro del mecanismo procesal que vienen desarrollando los ahora demandados se podría establecer por la vía ordinaria la oposición a estos requerimientos; responden que, el ahora impetrante de tutela se encontraba en calidad de testigo, y posteriormente en el Requerimiento Ampliatorio de 18 de septiembre de 2020, recién se amplía la investigación contra el nombrado, no habiéndose notificado con dicho requerimiento al mismo; por lo que, tendría que haber presentado su denuncia ante la Fiscalía Policial o ante otra instancia pertinente; empero, no lo realizó.

I.2.3. Intervención del Defensor del Pueblo

La Defensora del Pueblo a través de su apoderado en audiencia señaló que la acción de libertad y su alcance respecto al debido proceso, conforme la “SC 200/2020 S3” que hace referencia a la “SC 1253/2017 S3, 464/2015 S3” (sic), no abarca a todas las formas que pueden ser vulneradas sino que queda reservada cuando concierne la libertad física o locomoción, pero en el presente caso el ahora accionante no alega encontrarse vinculado a esos elementos y tampoco se encuentra en total indefensión, más aún cuando los demandados señalan que no se le notificó; por cuanto solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

El Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 13/2020 de 2 de octubre, cursante de fs. 43 a 46, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el procesamiento indebido reclamado por el impetrante de tutela, debido a los actos ilegales en los que hubieran incurrido los funcionarios policiales demandados, no se encuentran vinculados con el derecho a la libertad; por lo que, no operan como causa directa a la restricción alegada, por ende no se puede atender su denuncia través de la acción de libertad, b) En este acto procesal establecieron que existen otros mecanismos; empero, el ahora peticionante de tutela, aún no fue notificado con el requerimiento de ampliación de investigación; por lo que, si se establece la existencia de un procesamiento indebido tendrían que existir otros aspectos que formarían parte de los presupuestos lesivos y sería el acto omisivo reclamado; sin embargo, tampoco se alcanzaría a su revisión, puesto que aún se encuentra posibilitado a impugnar la resolución cuestionada por los mecanismos procesales instaurados, es así que la SC 0800/2018-S1 de 28 de septiembre, establece que esta clase de demandas ya no podrían ser presentadas por la naturaleza de la acción de libertad; c) Respecto a la solicitud de complementación y enmienda del accionante, pidiendo que se aclare quién controla si la vulneración o no del cumplimiento de los plazos y el procesamiento indebido que fueron reclamados, cuando este juzgamiento afecta su derecho a la vida y que valor se le puede dar, a lo cual responde que la autoridad fiscal debe asumir los plazos establecidos en el Reglamento Interno o la Ley 101; en consecuencia, el Tribunal es claro y preciso en sus fundamentos y se rechaza esa solicitud; y, d) A la intervención nuevamente del impetrante de tutela, en la que solicita una aclaración respecto a que si se encuentran en un Tribunal Constitucional para reparar el daño, conocer quien controla el procedimiento sobre el cumplimiento de los plazos; ya que en la justicia ordinaria lo controla un Juez, entonces los fiscales pueden hacer su trabajo sin control como lo estaban haciendo de manera arbitraria, porque como Tribunal tienen la autoridad para poder dejar sin efecto esos actos procesales como el indebido procesamiento y ante qué autoridad debe acudir, a lo cual señala mantener su determinación; toda vez que, fue claro y expreso.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 26 de octubre de 2021, cursante a fs. 50, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 1 de marzo de 2023 (fs. 69); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa en fotocopias simples de Informe de denuncia de 10 de julio de 2020, dirigido al Sub Comandante General de la Policía Boliviana, sobre actos dolosos e irregulares, manipulación de casos y acoso laboral, presentado por una Oficial de Policía contra Ivan Eloy Rojas del Carpio -ahora accionante- (fs. 2 a 6). II.2. Se cuenta con Requerimiento de inicio de investigación de 12 de agosto de 2020, seguido por Erwin Morales Rosas, Fiscal Policial de la Policía Boliviana, contra autor o autores, por presunta transgresión a los arts. 12.2, 5, 12, 23 y 38; 13.1; y, 14.8, de la Ley 101 (fs. 7). II.3. Mediante Acta de Declaración Informativa de 20 de agosto de 2020, el ahora impetrante de tutela prestó su declaración en calidad de testigo (fs. 8 a 10). II.4. A través de Requerimiento Fiscal Policial de 28 de agosto de 2020, presentado por Mario Vaca Zeballos, Fiscal Policial, –ahora demandado-ante el Fiscal Departamental de La Paz, dentro del caso 150/2020 requiere ampliación de plazo de investigación por veinte días; señalando que de acuerdo a la revisión del cuaderno de investigaciones “…aún no se tienen los suficientes elementos de convicción que permitan fundamentar una resolución de acusación o rechazo…” (sic), existiendo actuaciones investigativas pendientes que fueron ordenadas por requerimiento de inicio de investigación, otorgado por Auto de igual fecha emitido por la referida autoridad policial (fs. 11 a 12). II.5. Por Requerimiento Ampliatorio de Inicio de Investigación de 18 de septiembre de 2020, dentro del Caso 150/2020, dirigido al Fiscal Policial -ahora codemandado-, el Fiscal Policial -ahora demandado- requirió la ampliación del inicio de investigación contra el ahora peticionante de tutela y otros funcionarios policiales con la finalidad de establecer la verdad histórica de los hechos (fs. 17 a 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y a la defensa; puesto que: 1) El Fiscal Policial ahora demandado presentó los Requerimientos de Ampliación de Investigación de 28 de agosto y de 18 de septiembre de 2020, sin fundamentación y fuera del plazo establecido en el art. 67 de la Ley 101; y, 2) El Fiscal Policial otorgó el plazo de veinte días de ampliación del inicio de investigación sin la debida fundamentación. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales denuncias son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) El objeto de protección de la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. El objeto de protección de la acción de libertad

La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 125 que:

“Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas fueron añadidas). Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), respecto al derecho a la libertad personal, establece en su art. 7.6, que:

“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona”. En ese marco constitucional y convencional, la acción de libertad constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por lo que, se dispone los siguientes supuestos para su activación: a) Cuando la vida se encuentre en peligro; b) Cuando exista persecución ilegal o indebida; c) Cuando exista procesamiento ilegal o indebida; y, d) Cuando exista privación de libertad indebida. Ahora bien, con relación a la garantía del debido proceso en la acción de libertad, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional, en base a una interpretación sistemática y teleológica, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, estableció en el Fundamento Jurídico III.1, que:

1 El FJ III.1, manifiesta: “Los razonamientos citados precedentemente, han permitido la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad siempre y cuando se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad; sin embargo, de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad.

A este efecto corresponde extraer las partes esenciales de los precitados preceptos legales; en consecuencia, se tiene que el art. 125 de la Constitución, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o indebidamente procesada o privada de libertad (…), podrá interponer Acción de Libertad (…) ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará (…) se restablezcan las formalidades legales…”(las negrillas son nuestras); lo cual implica expresamente que, la acción de libertad se podrá activar en los siguientes supuestos: 1) Cuando se encuentre en peligro la vida; 2) Cuando exista o se denuncie persecución ilegal; 3) Cuando exista o se denuncie procesamiento indebido; y, 4) Cuando exista amenaza o privación efectiva de la libertad; es decir que, en cualquiera de estos supuestos, podrá acudirse a la acción constitucional a efectos de que los derechos vulnerados sean protegidos o restituidos, no siendo imprescindible la concurrencia simultánea de dos o más de estos presupuestos para activar la presente acción tutelar y tampoco que se encuentren vinculados directamente con el derecho a la libertad o se desprendan de ella.

“Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal. En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone… (…) las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad” (sic [las negrillas fueron adicionadas]). En esa comprensión, la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de Efectivamente, debe considerarse, por un lado, que los supuestos de procedencia de la acción de libertad señalados en el art. 125 de la CPE y el art. 47 del CPCo, y cuando se hace referencia al indebido procesamiento, en ningún momento se condiciona la procedencia la vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal.

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. Dicho razonamiento se refuerza con lo previsto en el art. 125 de la CPE, que determina que la acción debe ser presentada ante el juez o tribunal competente en materia penal, de donde se puede extraer que tanto la finalidad de dicha previsión como la intención del constituyente es que sean los jueces especializados en materia penal los que puedan analizar los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de la acción de libertad -que en su mayoría emergen de procesos penales- entre ellos el procesamiento indebido, pues, conforme al principio de especialidad, no resultaría congruente que las lesiones al debido proceso sean conocidas y resueltas a través de una acción de amparo constitucional (…)

Como consecuencia, el debido proceso en materia penal, constituye ante todo una limitación al poder punitivo del Estado, siendo que en su esencia comprende el conjunto de garantías sustanciales y procesales establecidas por el legislador a efectos de asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, siempre bajo la condicionante de proteger los derechos y garantías constitucionales de las personas; protección que abarca entre otros elementos, los principios medulares que integran su núcleo esencial: legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. De esta manera, se concluye que el debido proceso penal, es una garantía procesal establecida por la Constitución Política del Estado, que tiene como objetivo proteger los derechos constitucionales que de él emergen y en ese proceso controlar la capacidad punitiva del Estado que, en su momento puede afectar la libertad personal y la presunción de inocencia de aquellos que se encuentran involucrados en una contienda judicial penal.

En este contexto y estando establecido que toda persona sometida a un proceso penal, se halla constitucionalmente imbuido del derecho a la defensa, a la asistencia de un abogado para su asesoramiento en las diferentes etapas del proceso, a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, a la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos.

En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad”.

forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. Además, es necesario resaltar las siguientes características que definen a la acción de libertad: el informalismo que se traduce en la ausencia de requisitos formales para su presentación, inclusive a través de su formulación oral; la inmediatez como respuesta a la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad que se manifiesta en el desarrollo de un trámite marcado por su celeridad; la generalidad reflejado en que no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa contra quien debe demandarse; y la inmediación por cuanto para la resolución del problema planteado, la autoridad judicial en ejercicio de la jurisdicción constitucional requiere tener contacto con la persona presuntamente afectada en sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, hasta acudir inmediatamente incluso al lugar de detención y celebrar la audiencia en el mismo.

III.2. Análisis del caso concreto

2 La SCP 0160/2005-R de 23 de febrero, que es fundadora de la línea jurisprudencial referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el FJ III.1.2, que: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.

El entendimiento interpretativo aludido guarda compatibilidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En efecto, lo que exigen tales instrumentos, es que los países partes, provean en sus ordenamientos, un medio de defensa efectivo; esto es pronto y eficaz, contra actos que lesionen los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad. Conforme a esto, el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclama que `Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley´. En lo regional, el art. 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, con más especificidad, proclama que 'Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.

Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus”. 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, señalo respecto a las características de la acción de libertad: “… el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”.

El peticionante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y a la defensa; puesto que: i) El Fiscal Policial ahora demandado presentó los Requerimientos de Ampliación de Investigación de 28 de agosto y de 18 de septiembre de 2020, sin fundamentación y fuera del plazo establecido en el art. 67 de la Ley 101; y, ii) El Fiscal Policial otorgó el plazo de veinte días de ampliación del inicio de investigación sin fundamentación. De las conclusiones arribadas en la presente causa se establecen los aspectos que se señalan a continuación: Con claridad se puede señalar que la presente causa deviene de un proceso disciplinario en el ámbito de la Policía Boliviana contra el ahora accionante, promovida a denuncia de 10 de julio de 2020 (Conclusión II.1), con requerimiento de inicio de investigación de 12 de agosto, por la presunta comisión de faltas disciplinarias definidas en la Ley 101 (Conclusión II.2), por medio de requerimiento fiscal ante la Fiscalía Departamental de La Paz, solicita ampliación de plazo de investigación (Conclusión II.4), el Fiscal Policial dispuso la ampliación del inicio de investigaciones (Conclusión II.5); es ese el contexto en el cual se desarrolla la acción de libertad interpuesta. Ahora bien, antes de ingresar al análisis de las cuestiones planteadas por el accionante, es necesario efectuar un análisis sobre las cuestiones procesales que conciernen al caso. En esa comprensión, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es necesario precisar que la acción de libertad se activa: a) Cuando la vida se encuentre en peligro; b) Cuando exista persecución ilegal o indebida; c) Cuando exista procesamiento ilegal o indebida, empero, vinculado al inicio y desarrollo de un proceso penal, conforme al diseño jurisprudencial; y, d) Cuando exista privación de libertad indebidamente, explicitado en el Fundamento Jurídico de la presente sentencia constitucional plurinacional. En ese marco jurídico, el accionante en el desarrollo de un proceso disciplinario en el ámbito policial -no proceso penal-, denuncia la presunta lesión del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación y defensa, con la pretensión de que se deje sin efecto el requerimiento de ampliación y el Auto que lo autoriza, emitido por el Fiscal Policial. En ese entendido, en virtud al Fundamento Jurídico expresado precedentemente, puede advertirse con claridad que no se encuentra en peligro la vida del ahora peticionante de tutela, tampoco se encuentra en riesgo, ni afectado su libertad; la presunta afectación del debido proceso no se encuentra vinculado a un proceso penal del derecho a la libertad, puesto que la presente acción deviene de un proceso disciplinario en el ámbito de la Policía Boliviana.

Consiguientemente, la presente acción de libertad presentada por el accionante en el contexto del desarrollo de un proceso disciplinario policial, no se constituye en una acción tutelar idónea para la protección de los presuntos derechos fundamentales denunciados por el accionante; en cuyo mérito no es posible ingresar al fondo del análisis de la presente acción tutelar. En consecuencia, el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes del proceso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2020 de 2 de octubre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciado por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; constituido en Tribunal de garantías, y en consecuencia DENEGAR, la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al fondo de las problemáticas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0031_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): f519f525f85bb2801f014fc8790f0b08c9b41e6f81565a4f436edd140e6dfefc

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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