Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 18 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, seguridad y libertad personal; debido a que, en el proceso de divorcio seguido en su contra se encuentra: a) Indebidamente procesado, puesto que, su persona ni su abogado fueron notificados con el señalamiento de la audiencia de 24 de noviembre de 2022, además que en el acta aparece la firma de su abogado, cuando ninguno de los dos asistió a esa audiencia; vulnerándose así sus derechos, que implica contar con la asistencia técnica de un abogado de su confianza, si bien participó su abogada de oficio, nunca llegó a conocer a la misma; y, b) Ilegalmente perseguido, debido a que al haberse emitido el Auto de 18 de mayo de 2023, que aprobó la liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs4 800.- intimándole a cancelar esa suma en el plazo de tres días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio, su situación de locomoción se encuentra en peligro, con el riesgo de ser detenido ilegalmente por un proceso injusto en el que se lo puso en indefensión. Ante ello, la autoridad demandada, pese a su notificación, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada por el Juez de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada aclarando que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2026-S2 Sucre, 18 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56168-2023-113-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jimmy Zapata Pérez contra Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 1 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 89 a 94 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Por divergencias en su matrimonio, el año 2021, su esposa abandonó su hogar llevándose a sus dos hijos y el 10 de junio de 2022, inició demanda de divorcio en su contra, solicitando implícitamente asistencia familiar, siendo citado con dicha demanda el 16 de agosto de ese año. Cuando respondió a la referida demanda mencionó que su domicilio se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra e hizo constar los medios electrónicos para las notificaciones; sin embargo, por problemas sociales y bloqueos, no pudo apersonarse a los juzgados del municipio de Cliza del departamento de Cochabamba, desde septiembre de 2022 a enero de 2023. Ante su inasistencia a la audiencia de 17 de noviembre de 2022, se designó defensora de oficio, y se señaló la audiencia de 24 de noviembre de “2023” -siendo lo correcto 2022-; no obstante, ni su persona ni su abogado fueron notificados por ningún medio electrónico para asistir a dicha audiencia, por lo cual no pudo presentar apelación ni ejercer su derecho a la defensa; no obstante, en el acta de la referida audiencia de 24 de noviembre de 2022, consta la firma de su abogado, esto debido a que cuando el mismo se apersonó al Juzgado Público de Familia y Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, uno de los funcionarios le exigió que firme una hoja en blanco para que realice la notificación con el memorial de 17 de agosto de 2022 y decreto de 18 de ese mes y año; sin embargo, esas notificaciones se realizaron por WhatsApp y no se tiene constancia del destino de la hoja firmada en blanco, ante cuya vulneración interpuso un incidente de nulidad, refiriendo el desconocimiento de la referida audiencia, en la cual se pronunció resolución que fija la asistencia familiar en la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos). Asimismo se emitió Sentencia de divorcio, contra lo cual presentó recurso de apelación el 1 de marzo de 2023; una vez que, proveyó los recaudos solicitó el expediente durante tres meses, pero el mismo no le fue entregado, esto con la excusa de estar en poder del Secretario del mencionado Juzgado, extremo que hizo notar en el incidente de nulidad de 8 de mayo de 2023; sin embargo, el incidente fue declarado improbado por Auto de 18 de mayo de 2022, con el argumento de que las notificaciones se practican en secretaría; de igual manera, denunció que la diligencia de notificación cursante a “fs. 156 vlta.” indica en el municipio de Arani, cuando el proceso se sustancia en el municipio de Cliza del departamento de Cochabamba. Por otro lado, observó la liquidación de asistencia familiar de 9 de mayo de 2023, presentada por la demandante del proceso familiar, siendo notificado con el Auto de 18 de igual mes y año, en la que se aprobó la liquidación en la suma de Bs4 800.- (cuatro mil ochocientos bolivianos), intimándole a cancelar dicho monto en el plazo de tres días bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio. Dicho Auto, fue objeto de apelación presentada el 26 de igual mes y año. En ese contexto, se encuentra indebidamente procesado, puesto que su persona ni su abogado fueron notificados con el señalamiento de la audiencia de 24 de noviembre de 2022, de consideración y resolución de la demanda de divorcio; sin embargo, en el acta de registro de esa audiencia, aparece la firma de su abogado, cuando ninguno asistió a esa audiencia, vulnerándose así su derecho a la igualdad, a ser oído y a la defensa que implica contar con la asistencia técnica de un abogado de su confianza. Asimismo, se encuentra ilegalmente perseguido, puesto que, por Auto de 18 de mayo de 2023, se aprobó la liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs4 800.- intimándole a cancelar esa suma en el plazo de tres días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio, Auto que le fue notificado el 23 de ese mes y año y contra el cual presentó recurso de apelación el 26 del mismo mes y año. Si bien se encuentra con detención domiciliaria a consecuencia de una denuncia por violencia familiar, y a pesar de estar en trámite el recurso de apelación contra el Auto de 18 de mayo de 2023; sin embargo, su situación de locomoción se encuentra en peligro, con el riesgo de ser detenido ilegalmente por un proceso injusto en el que se lo puso en indefensión.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, seguridad y libertad personal, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se deje en suspenso la ejecución del mandamiento de apremio dispuesto por Auto de 18 de mayo de 2023, hasta que el recurso de apelación interpuesto contra dicho Auto se resuelva con respecto al incidente de nulidad de obrados; y, b) Se restituya su libertad de locomoción y demás derechos y garantías expuestos en la acción de libertad.
Celebrada la audiencia pública el 2 de junio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 136 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de acción de libertad.
Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, pese a su notificación cursante a fs. 99, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías.
Claudia Mejía Molina, pese a su asistencia a la audiencia, no se tiene constancia de su participación en la misma; no obstante, de acuerdo a la Resolución de 2 de junio de 2023, habría indicado que la acción de libertad no cumple con la excepcionalidad, por cuanto se tiene una apelación pendiente.
El Juez de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 137 a 140, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante denuncia la presunta lesión al debido proceso ya que se encuentra ilegalmente perseguido debido a la futura emisión del mandamiento de apremio a raíz de una injusta liquidación; 2) En antecedentes cursa la Sentencia de 29 de noviembre de 2022, que fija la asistencia familiar de Bs800.-, disposición contra la cual mediante memorial de 1 de marzo de 2023, se presentó recurso de apelación; 3) Por memorial de 8 de marzo de 2023, la ahora tercera interesada solicitó liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs4 800.-, liquidación que fue observada por el accionante por memorial de 9 de mayo de 2023, aprobada dicha liquidación, el impetrante de tutela planteó recurso de apelación; 4) Por memorial de 8 de mayo de 2023, el accionante interpuso incidente de nulidad cuestionando las diligencias de notificación efectuadas en el proceso de divorcio y asistencia familiar. Llama la atención que los fundamentos expuestos en el referido incidente de nulidad, son los mismos planteados en la presente acción de libertad, incidente que habiendo sido declarado infundado, se interpuso la apelación respectiva, la cual se constituye en el mecanismo intraprocesal idóneo para la pretensión del impetrante de tutela; y, 5) La acción de libertad opera solo cuando no se hubiera reparado la afectación en la vía ordinaria pese a haberse agotado los recursos específicamente previstos, aspecto que no fue considerado por el impetrante de tutela, que de manera paralela acudió a la justicia constitucional sin cumplir el principio de subsidiariedad, correspondiendo que primero se resuelvan sus recursos de apelación, no siendo viable activar dos jurisdicciones de manera simultánea con el mismo objeto.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria (fs. 147); reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 151); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de 24 de noviembre de 2022, de audiencia de consideración y resolución de demanda de divorcio interpuesta por Claudia Mejía Molina contra Jimmy Zapata Pérez -hoy accionante-, en la misma se emitió Auto de la misma fecha que establece el pago de asistencia familiar; asimismo, se emitió Sentencia de divorcio que resuelve declarar disuelto el vínculo conyugal y la cancelación de la partida matrimonial, y como medidas complementarias la guarda temporal del menor AA a favor de la madre y la asistencia familiar en la suma de Bs800.- mensuales que debe pagar el impetrante de tutela (fs. 48 a 51 vta.).
II.2. Consta Sentencia 73/2022 de 29 de noviembre, emitida dentro del proceso de divorcio seguido por Claudia Mejía Molina contra Jimmy Zapata Pérez, que resuelve declarar disuelto el vínculo conyugal y la cancelación de la partida matrimonial, y como medidas complementarias la guarda temporal del menor AA a favor de la madre y la asistencia familiar en la suma de Bs800.- mensuales que debe pagar el accionante (fs. 52 a 53 vta.). Sentencia que fue notificada de manera personal al impetrante de tutela el 13 de febrero de 2023 (fs. 54). II.3. Por memorial de 1 de marzo de 2023, el accionante presentó recurso de apelación solicitando se revoque parcialmente la Sentencia 73/2022, en lo que respecta a la asignación familiar (fs. 55 a 56). Por decreto de 2 de ese mes y año, Juan Carlos Campero Zurita, Juez Público de Familia y Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba -demandado-, señaló que, pese a la apelación extemporánea, se corre en traslado la misma (fs. 57). Por Auto de 8 de marzo de 2023, el referido Juez demandado, ordenó la remisión de actuados ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia de Turno, concediendo la apelación en efecto devolutivo al tratarse de una resolución de asistencia familiar favorable al beneficiario (fs. 60). II.4. Por memorial de 8 de mayo de 2023, el impetrante de tutela, interpuso incidente de nulidad, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto de 24 de noviembre de 2022 y se convoque a una nueva audiencia (fs. 62 a 65), la misma fue resuelto por Auto de 18 de mayo de 2023, emitido por el Juez demandado, que declara improbada la nulidad de obrados planteada (fs. 104 a 106 vta.). II.5. Cursa informe de 8 de mayo de 2023, emitido por Ramiro Balderrama Ponce, Secretario del Juzgado Público de Familia y Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, que refiere: i) En el acta de 17 de noviembre de 2022, por error de tipeo se señaló como nueva fecha de audiencia el 24 de noviembre de 2023, siendo el año correcto 2022; ii) A la audiencia de 24 de noviembre de 2022, concurrió la defensora de oficio y además Juan Carlos Villarroel, abogado del demandado pero sin la presencia de su cliente, motivo por el cual dicho abogado no intervino en la audiencia; y, iii) En secretaría de dicho Juzgado jamás los abogados dejan hojas firmadas en blanco, menos para las notificaciones, prohibición que es de conocimiento de todo el mundo litigante (fs. 125). II.6. Por memorial de 9 de mayo de 2023, el accionante, observó la liquidación de 8 de marzo de ese año, aludiendo al incidente de nulidad que interpuso previamente (fs. 66); en respuesta, el Auto de 18 de mayo de 2023, señala que de acuerdo al art. 127 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por ningún recurso, por tanto no corresponde esperar el pronunciamiento previo sobre la nulidad de obrados; en consecuencia, se rechaza la observación a la liquidación y se aprueba la liquidación presentada en la suma de Bs4 800.-, intimándose a cancelar dicho monto en el plazo de tres días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (fs. 107 vta.). II.7. Por memorial de 26 de mayo de 2023, el impetrante de tutela presentó recurso de apelación contra los Autos de 18 de mayo de 2023 y solicitó se ordene la nulidad de obrados hasta el Auto de 24 de noviembre de 2022 (fs. 72 a 75).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la dignidad, seguridad y libertad personal; debido a que, en el proceso de divorcio seguido en su contra se encuentra: a) Indebidamente procesado, puesto que, su persona ni su abogado fueron notificados con el señalamiento de la audiencia de 24 de noviembre de 2022, además que en el acta aparece la firma de su abogado, cuando ninguno de los dos asistió a esa audiencia; vulnerándose así sus derechos, que implica contar con la asistencia técnica de un abogado de su confianza, si bien participó su abogada de oficio, nunca llegó a conocer a la misma; y, b) Ilegalmente perseguido, debido a que al haberse emitido el Auto de 18 de mayo de 2023, que aprobó la liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs4 800.- intimándole a cancelar esa suma en el plazo de tres días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio, su situación de locomoción se encuentra en peligro, con el riesgo de ser detenido ilegalmente por un proceso injusto en el que se lo puso en indefensión. Ante ello, la autoridad demandada, pese a su notificación, no presentó informe ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado “…entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional”.
Dentro de la demanda de divorcio instaurada en contra del accionante, por su entonces conyugue Claudia Mejía Molina, se llevó a cabo la audiencia de 24 de noviembre de 2022, de consideración y resolución de demanda de divorcio, en la misma se emitió Auto de la misma fecha que establece la asistencia familiar en la suma de Bs800.-; asimismo, se emitió Sentencia que resuelve declarar disuelto el vínculo conyugal y la cancelación de la partida matrimonial, y como medidas complementarias la guarda temporal del menor AA a favor de la madre y reitera la asistencia familiar fijada en la suma de Bs800.- mensuales que debe pagar el demandado (Conclusión II.1.); posteriormente, se emitió la Sentencia 73/2022 de 29 de noviembre, que replicó todo lo dispuesto en la audiencia de 24 de noviembre de 2022, resolviendo declarar disuelto el vínculo conyugal y la cancelación de la partida matrimonial, y como medidas complementarias la guarda temporal del menor AA a favor de la madre y la asistencia familiar en la suma de Bs800.- que debe pagar mensualmente el demandado (Conclusión II.2). Por memorial de 1 de marzo de 2023, el impetrante de tutela presentó recurso de apelación solicitando se revoque la Sentencia 73/2022, en lo que respecta a la asignación de asistencia familiar; pese a la apelación extemporánea, el Juez demandado, por Auto de 8 de marzo de 2023, ordenó la remisión de actuados ante la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia de turno, concediendo la apelación en efecto devolutivo (Conclusión II.3). Por memorial de 8 de mayo de 2023, el impetrante de tutela, interpuso incidente de nulidad, alegando que no fue notificado con el Acta de audiencia de 17 de noviembre de 2022, que no conocía el señalamiento de la audiencia de 24 de noviembre de 2022, y que en el acta de la misma aparece la firma de su abogado, sin que el mismo haya asistido a esa audiencia, habiéndose usado una hoja en blanco que dejó firmada (Conclusión II.4). Al respecto, el Secretario del Juzgado Público de Familia y Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, por informe de 8 de mayo de 2023, señaló que, a la audiencia de 24 de noviembre de 2022, concurrió la defensora de oficio y además Juan Carlos Villarroel, abogado del demandado, pero sin la presencia de su cliente, motivo por el cual dicho abogado no intervino en la audiencia -pero sí asistió a la misma-; y, que en secretaría del Juzgado referido los abogados jamás dejan hojas firmadas en blanco (Conclusión II.5). El mencionado incidente de nulidad fue declarado improbado por Auto de 18 de mayo de 2023 (Conclusión II.4), contra el cual el accionante, por memorial de 26 de mayo de 2023, presentó recurso de apelación (Conclusión II.7). Por memorial de 9 de mayo de 2023, el hoy accionante observó la liquidación de asistencia familiar de 8 de marzo de ese año, señalando que el 8 de mayo de 2023, interpuso un incidente de nulidad que debe ser resuelto de manera previa; en respuesta, por Auto de 18 de mayo de 2023, se señaló que de acuerdo al art. 127 del CFPF el cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por ningún recurso, por tanto no corresponde esperar el pronunciamiento previo sobre la nulidad de obrados; en consecuencia, se aprueba la liquidación presentada en la suma de Bs4 800.-, intimando al obligado a cancelar dicho monto en el plazo de tres días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (Conclusión II.6.). Auto contra el cual el ahora accionante, por memorial de 26 de mayo de 2023, presentó recurso de apelación (Conclusión II.7). En ese contexto, el ahora accionante, en esta acción tutelar, plantea dos agravios, el primero referido a que se encuentra indebidamente procesado, debido a que su persona ni su abogado fueron notificados con el señalamiento de la audiencia de 24 de noviembre de 2022, además que en el acta aparece la firma de su abogado, cuando ninguno de los dos asistió a esa audiencia, vulnerándose así su derecho a la igualdad, a ser oído, y a la defensa que implica contar con la asistencia técnica de un abogado de su confianza, si bien en dicha audiencia participó su abogada de oficio, nunca llegó a conocer a dicha abogada. Al respecto, de la revisión de antecedentes y conforme se señaló en esta acción de libertad, por memorial de 8 de mayo de 2023, el ahora impetrante de tutela, interpuso incidente de nulidad, solicitando la nulidad de obrados hasta el Auto de 24 de noviembre de 2022 y se convoque a una nueva audiencia, alegando como agravios que no fue notificado con el Acta de audiencia de 17 de noviembre de 2022; que no conocía sobre el Auto emitido el 24 de noviembre de 2022; y, que en el acta de 24 de noviembre de 2022, aparece la firma de su abogado, sin que el mismo haya asistido ese día a la audiencia ni conocido sobre la misma, habiéndose usado una hoja en blanco que dejó firmada (Conclusión II.4). Agravios que son los mismos que plantea en esta acción de libertad. El referido incidente de nulidad, fue resuelto por el Juez demandado, por Auto de 18 de mayo de 2023, que declara improbada la nulidad de obrados planteada. Auto contra el cual, el impetrante de tutela, por memorial de 26 de mayo de 2023, planteó recurso de apelación, mismo que a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, se encontraba pendiente de resolución (Conclusión II.7). En ese marco, la jurisprudencia de este Tribunal, fue reiterativa al señalar que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; en ese sentido, siendo que el impetrante de tutela, de manera previa a interponer la presente acción tutelar, expuso los mismos agravios en el referido incidente de nulidad, estando pendiente la resolución de la apelación interpuesta contra el Auto de 18 de mayo de 2023, que declaró improbada dicha nulidad, corresponde por consiguiente cumplir con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y agotarse los mecanismos intraprocesales de defensa que fueron activados pero no fueron concluidos, más aun considerando que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los órganos jurisdiccionales ordinarios que conocen la causa y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional; motivo por el cual, sobre este agravio, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Como segundo agravio, el impetrante de tutela, reclama que se encuentra ilegalmente perseguido, debido a que, al haberse emitido el Auto de 18 de mayo de 2023, que aprobó la liquidación de asistencia familiar en la suma de Bs4 800.- intimándole a cancelar ese monto en el plazo de tres días, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio, se pone en peligro su situación de locomoción, con el riesgo de ser detenido ilegalmente por un proceso injusto en el que se lo puso en indefensión. Al respecto, conforme a la SC 0021/2011-R de 7 de febrero, la cual refiere que: “…si no se advierte la orden o emisión de ningún mandamiento que disponga la privación de libertad personal o de locomoción del actor, no es posible admitir que éste estuviera indebida o ilegalmente perseguido, por cuanto, es irracional suponer que podría ejecutarse una disposición que no existe ni existió jamás”; en el caso concreto, al momento de presentarse la acción de libertad, no se había emitido aun el mandamiento de apremio, por lo cual no se advierte ninguna persecución ilegal, teniendo el accionante la posibilidad de cancelar la suma de Bs4 800.- por concepto de asistencia familiar para evitar la emisión de cualquier mandamiento. Asimismo, se advierte que el mencionado agravio, se encuentra vinculado al petitorio de la acción de libertad, referido a la suspensión de la “ejecución” del mandamiento de apremio dispuesto por Auto de 18 de mayo de 2023, hasta que el recurso de apelación interpuesto contra dicho Auto se resuelva con respecto al incidente de nulidad de obrados. Con referencia a ello, corresponde señalar que de acuerdo al Código de las Familias y del Proceso Familiar, en sus arts.: 127.I “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial” (el resaltado es añadido), -concordante con el art. 415.VII-; y, 257 “(CONTINUIDAD DEL PROCESO). El planteamiento de incidentes no interrumpirá la tramitación del proceso”; asimismo, considerando el principio de interés superior del niño, normativa y principio de los que se establece que el cumplimiento de la asistencia familiar, no puede suspenderse por recurso o procedimiento alguno. En ese sentido, se reitera que no es viable atender el pedido del accionante de suspender la posible emisión del mandamiento de apremio mientras se resuelva la apelación que presentó en contra del Auto que declara improbado su incidente de nulidad, más aún cuando de acuerdo al art. 127.III del CFPF, el apremio corporal solo podrá suspenderse si el deudor ofrece el pago de la asistencia familiar en el plazo que se acuerde entre las partes; por consiguiente, corresponde denegar la tutela también sobre este segundo agravio. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 2 de junio de 2023, cursante de fs. 137 a 140, pronunciada por el Juez de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada aclarando que no se ingresó al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0030_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): fa41e317ed40679d5de5189a0518cc94fedcb662fc8a8f0e93df730afff6fad5
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