Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de febrero de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de EMAPA, la Fiscal de Materia demandada emitió una alerta migratoria impidiéndole ausentarse del país para asumir la defensa de su empresa ECUBOL LLC dentro de otro proceso de arbitraje instaurado en Miami - Florida de los EE.UU.; en consecuencia, reiteradamente solicitó al Ministerio Público la suspensión temporal de dicha medida restrictiva, que además la considera ilegal por no encontrarse reconocida en el Código de Procedimiento Penal; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no respondió sus peticiones de forma oportuna, dejándolo en estado de indefensión e incertidumbre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, por existir cosa juzgada constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2025-S3 Sucre, 28 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50481-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pamela Guarabia Jordán en representación sin mandato de Hedim Céspedes Saucedo contra Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2022, cursante de fs. 31 a 34 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Como consecuencia del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra a instancia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otro, le fue instaurado un proceso judicial en Miami - Florida de los Estados Unidos de Norte América (EE.UU.); siendo imperiosa su presencia a efectos de asumir defensa en dicha causa; situación por la cual, el 9 de agosto de 2022, quiso realizar un viaje al referido país; sin embargo, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, se le informó que existía una alerta migratoria en su contra -se entiende registrada en la Dirección General de Migración (DIGEMIG)-, aspecto que impidió su viaje para asumir la defensa de su empresa ante la justicia americana. La alerta migratoria le fue impuesta por el Ministerio Público a solicitud de EMAPA en diciembre de 2021, en desconocimiento de su persona, constituyéndose en una medida ilegal, que lesiona los arts. 14.IV, 21.7 y 23.III de la Constitución Política del Estado (CPE), al no existir norma alguna que disponga su aplicación como una medida cautelar, como lo es el arraigo, establecido en el art. 231 bis.8 del Código de Procedimiento Penal (CPP), como el único mecanismo de restricción del derecho a la libertad de locomoción dentro del ordenamiento legal vigente. En consecuencia, por memorial de 9 de agosto de 2022, acudió ante el Juez contralor de garantías, para solicitar el permiso correspondiente, acompañando la notificación del proceso judicial en el extranjero, pasajes aéreos y el ofrecimiento de un garante personal solvente y con garantía patrimonial; empero, dicha autoridad judicial desconocía de la alerta migratoria, ordenando informe al respecto por parte de los sujetos procesales; de la misma manera, por memorial de 11 de agosto de 2022, acudió ante el Fiscal de Materia asignado al caso; empero, no obtuvo respuesta alguna, generándole un enorme perjuicio y vulnerando su derecho a la libertad de locomoción; por lo que, se encuentra en absoluto estado de indefensión e incertidumbre.
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 21.7, 22 y 23.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que: a) La Fiscal de Materia demandada, le otorgue el permiso solicitado y levante la alerta migratoria por el lapso de veinte días para poder restablecer su derecho a la libertad de locomoción o circulación; y, b) Se llame severamente la atención a la autoridad demandada, por haberlo sometido a un estado de incertidumbre jurídica.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 42 a 45, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.
Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) El Fiscal titular asignado al caso es Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, ante quien, el 14 de diciembre de 2021, EMAPA presentó memorial mediante el Sistema de Justicia Libre (JL), solicitando alerta migratoria contra el accionante y dos personas más que estaban siendo investigadas en el mismo proceso; petición que fue otorgada por dicha autoridad fiscal; sin embargo, el 27 del citado mes y año, su persona ingresó en suplencia legal del titular, firmando la mencionada medida; 2) El encabezado del requerimiento de activación de alerta migratoria, dirigido a la DIGEMIG, consigna el nombre del Fiscal titular asignado al caso; su persona no realizó actuados procedimentales dentro de una causa que nunca se encontró bajo su dirección funcional; 3) El principio de unidad del Ministerio Público rige en función a determinadas actividades que pueden ser cumplidas entre los fiscales, pero no permite inmiscuirse en procedimientos que son netamente inherentes al fiscal titular de la causa; 4) El impetrante de tutela faltó a la verdad; ya que, de la revisión del cuaderno de investigaciones, se evidencia que tenía dos imputaciones formales en su contra, una de 5 de agosto y otra de 14 de abril, ambas de 2022; por lo que, no podía señalar desconocimiento de los actos procesales del Ministerio Público; motivo por el cual, el Fiscal titular vio por conveniente la emisión de la alerta migratoria; 5) En el Sistema Informático JL2, no cursa queja alguna contra la alerta migratoria; tampoco hizo prevalecer sus derechos ante el Juez de la causa; por lo que, no cumplió con el principio de subsidiariedad; 6) Respecto a la solicitud de 11 de agosto del indicado año; por la cual, el accionante solicitó autorización de salida del país, no se le puede atribuir a su persona, responsabilidad por la supuesta falta de respuestas por parte del Fiscal de Materia titular y del Juez de la causa; 7) Existe Informe de 17 de agosto de 2022 del investigador asignado al caso, por el cual, hace constar que el accionante cuenta con una alerta migratoria; sin embargo, el solicitante de tutela no activó los medios legales pertinentes para suspenderla; 8) El impetrante de tutela no demostró que se encuentre privado de libertad, menos que exista alguna documentación por parte de la DIGEMIG, que establezca que esté perjudicado por haber pretendido salir del país; y, 9) Se le está atribuyendo una responsabilidad que no es propia de su función al haber cumplido con una suplencia legal; considerando que ya transcurrieron más de nueve meses desde que suscribió la alerta migratoria; por lo que, solicitó se rechace la acción de libertad y se sancione al accionante.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47, denegó la tutela solicitada, sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El accionante no demostró la vulneración de su derecho a la defensa; pues no realizó los reclamos pertinentes de forma oportuna, dejando pasar actuaciones procesales; por lo que, a través de esta acción tutelar, no se puede restablecer los derechos que no fueron vulnerados; y, ii) En esta acción de libertad, no se demostró de manera objetiva ni fehaciente que la autoridad demandada esté limitando o restringiendo los derechos a la libertad, la vida o el debido proceso; por lo que, no cumple lo establecido en el art. 125 de la CPE.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 9 de agosto de 2022, presentado por el accionante ante el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; a través del cual, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de EMAPA, solicitó permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 del citado mes y año y en consecuencia la suspensión temporal de la alerta migratoria emitida en su contra, a efectos de asumir defensa dentro de otro proceso de arbitraje instaurado contra su empresa -ECUBOL LLC- en Miami, Florida de los EE.UU., denotando que no se encuentra sometido a ninguna medida cautelar que restrinja su derecho de locomoción (fs. 3). II.2. A través del memorial presentado el 11 de agosto de 2022, el peticionante de tutela solicitó a Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia asignado al caso -ahora demandado- permiso de viaje al extranjero del 9 al 30 de igual mes y año; y en consecuencia, la suspensión temporal de la alerta migratoria emitida en su contra, afirmando que ofreció al Juez de la causa un garante personal para garantizar su retorno al país; mereciendo el decreto de 11 del mismo mes y año, emitido por Tomás Choque Condori, Fiscal de Materia en suplencia legal, disponiendo informe del investigador asignado al caso (fs. 20 a 21). II.3. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia que el 17 de agosto de 2022, el accionante -Hedim Céspedes Saucedo-, interpuso anteriormente otra acción de libertad contra Manuel Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia asignado a su caso; la cual, se encuentra signada con el número de expediente 49957-2022-100-AL; donde este Tribunal, mediante SCP 0030/2025-S3 de 28 de febrero, ingresó a conocer el fondo de la problemática planteada con identidad de sujetos, objeto y causa al igual que el presente asunto (www.tcp.gob.bo).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de EMAPA, la Fiscal de Materia demandada emitió una alerta migratoria impidiéndole ausentarse del país para asumir la defensa de su empresa ECUBOL LLC dentro de otro proceso de arbitraje instaurado en Miami - Florida de los EE.UU.; en consecuencia, reiteradamente solicitó al Ministerio Público la suspensión temporal de dicha medida restrictiva, que además la considera ilegal por no encontrarse reconocida en el Código de Procedimiento Penal; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no respondió sus peticiones de forma oportuna, dejándolo en estado de indefensión e incertidumbre. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional entiende que la cosa juzgada constitucional, comprende dos aspectos: a) Situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; y, b) La imposibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario contra cualquier resolución constitucional, sea Sentencia, Auto o Declaración Constitucional Plurinacional. La SCP 0038/2012 de 26 de marzo, emitida en una acción de libertad, establece que la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad, salvo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no hubiese ingresado al análisis de fondo de la problemática, Sentencia que confirmó el precedente contenido en la SC 183/00-R de 1 de marzo. Por su parte, la SCP 0564/2014 de 10 de marzo, en el marco de lo previsto en el art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y 1El FJ III.1, manifiesta: “La cosa juzgada en materia constitucional asegura que merced a la identidad de objeto, sujetos y causa, la decisión no pueda ser modificada ni alterada de manera ulterior; en ese contexto, para evitar duplicidad de fallos y por ende para prevenir el peligro de alteración de fallos con calidad de cosa juzgada, en resguardo de una eficaz seguridad y certeza jurídica, existe una prohibición de activación ulterior de mecanismos de tutela con identidad de objeto, sujeto y causa.
En el marco de lo expuesto, por la naturaleza jurídica y derechos tutelados a través de la acción de libertad, en mérito a su característica de eficaz y oportuno mecanismo de defensa de derechos, y a través de la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada en la SC 0101/2010-R de 10 de mayo, entre otras, se estableció la prohibición de activar mecanismos ulteriores de defensa cuando concurra una identidad de objeto, sujetos y causa; asimismo, partir de este entendimiento jurisprudencial aplicado de manera uniforme, se señaló también, la posibilidad de activar un ulterior mecanismo de defensa, solamente cuando en una petición de tutela anterior, el juez o tribunal de garantías por un presupuesto formal, no hubiere ingresado al análisis de fondo de la problemática, en este caso, la nueva acción estará destinada a lograr el análisis de fondo de la problemática, siempre y cuando el peticionante de tutela, subsane los aspectos formales que evitaron que el mecanismo de defensa anteriormente planteado hubiere ingresado al análisis de fondo de la causa. (…)
En esta perspectiva, es necesario señalar que al ser la acción de libertad un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la vida, libertad física o de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares y considerando que esta garantía jurisdiccional es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; inequívocamente debe establecerse que una vez interpuesta la acción de libertad, no puede activarse ulteriormente este mismo mecanismo, porque de lo contrario se generaría una disfunción procesal contraria a la seguridad y certeza jurídica”.
2El FJ III.3, establece: “En cuanto a la cosa juzgada constitucional, el art. 203 de la CPE, establece: `Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’, normativa concordante con los arts. 8 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y 15 del CPCo, último precepto este que, refiriéndose al carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, aclara que tanto éstas, como las declaraciones y autos dictados en acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos tienen efecto general (erga omnes); y que las razones jurídicas de la decisión, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.
sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional no cabe recurso ordinario ulterior alguno; explica que ningún juez, jueza, tribunal o autoridad e inclusive el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, puede revisar lo resuelto en una anterior resolución constitucional plurinacional, si es que ésta tiene cosa juzgada constitucional; es decir, si se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada en dicha acción de defensa.
En el mismo sentido, cabe señalar que el art. 29.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: “No serán admitidas Acciones de Defensa en los casos en los que exista cosa juzgada constitucional”. Estos entendimientos fueron desarrollados en la SCP 0047/2019-S2 de 1 de abril.
El accionante enfoca su problemática en el hecho que el Ministerio Público a solicitud de EMAPA emitió un requerimiento ilegal de alerta migratoria sin haber sido dispuesta previamente ninguna medida cautelar, la cual fue activada en su contra a tiempo de pretender ausentarse a Miami - Florida de los EE.UU. a efectos de asumir la defensa de su empresa en otro proceso de arbitraje; ante lo cual, solicitó reiteradamente tanto al Ministerio Público como a la autoridad de control jurisdiccional, la suspensión temporal de la citada medida de restricción; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar no obtuvo respuesta alguna, dejándolo en estado de indefensión e incertidumbre; vulnerándole los derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso y a la defensa. Conforme a Conclusiones II.1. y II.2 de este fallo constitucional, se constata que el accionante acudió tanto al Ministerio Público como ante la autoridad de control jurisdiccional para denunciar la emisión indebida de una alerta migratoria a sola petición de EMAPA y solicitar la suspensión temporal de la misma a efectos de poder viajar al extranjero para asumir defensa dentro de otro proceso iniciado contra su empresa; empero, ninguna de estas autoridades pudieron responder a su petición de forma oportuna; de donde este Tribunal advirtió que se trata del mismo problema jurídico resuelto a través de la SCP 0030/2025-S3 emitida dentro del expediente signado con el número 49927-2022-100-AL, advirtiendo la identidad de sujeto, objeto y causa con el presente asunto. En ese sentido, con base en los datos descritos en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, verificaremos sobre la concurrencia o no, de identidad de sujeto, objeto y causa entre la demanda tutelar planteada a través del expediente 49927-2022-100-AL y la presente acción de defensa: a) Con relación a la identidad de sujetos
En cuanto al accionante; en ambas acciones de libertad se trata del mismo impetrante de tutela -Hedim Céspedes Saucedo-.
Respecto a la parte demandada; en ambas acciones de defensa es el Ministerio Público; sin embargo, cabe aclarar que, si bien en el expediente 49927-2022-100-AL, la autoridad demandada es Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia asignado al caso y en la presente acción de defensa es Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia en suplencia legal de las actuaciones del primero; sin embargo, conforme al principio de unidad de representación establecido por el art. 5.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, un fiscal representa al Ministerio Público en cualquier parte del país, dado que a través de él, interviene toda la institución; vale decir, que no actúa individualmente, siendo válidamente suplido por otro que lo representa íntegramente; lo que implica, que en caso de ausencia de uno de los representantes del Ministerio Público en un acto procesal, cualquier otro fiscal puede reemplazarlo, independientemente de que sea el titular de la investigación -entendimiento asumido en la 0299/2012 de 8 de junio-; en ese sentido, cualquiera de las dos autoridades en representación del Ministerio Público pueden responder válidamente respecto a la ilegalidad o no de la emisión de la alerta migratoria o a la solicitud de suspensión temporal de esta medida restrictiva, cuestionadas por el accionante en ambas demandas tutelares. Amerita también hacer referencia, que la presente demanda tutelar deviene como consecuencia que, en la anterior acción de defensa, el Tribunal de garantías denegó la tutela impetrada por falta de legitimación pasiva en la persona de Benjamín Saavedra Saavedra, Fiscal de Materia titular asignado al caso, dando a entender erróneamente al accionante que debiera interponerla contra la Fiscal en suplencia legal que firmó la emisión de la alerta migratoria; causándole un estado de indefensión absoluto, al desconocer el principio de unidad que caracteriza las actuaciones de los fiscales en representación del Ministerio Público; razón por la cual, el impetrante de tutela tuvo que plantear la misma acción de defensa en busca de la tutela de sus derechos a la libertad física y de locomoción y al debido proceso, a través de esta acción de defensa; sin embargo, este Tribunal al conocer con anterioridad el asunto a través del expediente 49927-2022-100-AL, emitió la SCP 0030/2025-S3, de 28 de febrero impetrada, llamando la atención al Tribunal de garantías por el desconocimiento del principio de unidad de representación del Ministerio Público y de otros principios que caracterizan a la justicia constitucional.
En consecuencia, por lo analizado se advierte identidad de sujetos en ambas acciones de defensa.
b) En cuanto al objeto o pretensión del accionante En ambas acciones tutelares, el objeto de análisis se centra en una alerta migratoria emitida por el Ministerio Público a petición de EMAPA, cuya pretensión del accionante se enmarca en que, la institución demandada pueda suspenderla temporalmente a efectos de realizar un viaje al extranjero para asumir la defensa de su empresa en un proceso de arbitraje iniciado en su contra. Consiguientemente, existe identidad de objeto en ambas acciones de defensa.
c) Respecto a la causa o motivo En las dos acciones tutelares, el impetrante de tutela cuestiona la lesión de sus derechos a la libertad física, de locomoción, al debido proceso y a la defensa; a causa de la emisión de una indebida alerta migratoria a través de un requerimiento dispuesto por el Ministerio Público a sola petición de EMAPA, sin que se encuentre reconocida legalmente como una medida restrictiva del derecho a la libertad de locomoción dentro del Ordenamiento Jurídico; así como, la ausencia de respuesta oportuna ante su solicitud de suspensión temporal para que pueda asumir defensa en otro proceso de arbitraje en el extranjero; encontrándose en estado absoluto de indefensión e incertidumbre.
Vale decir, que la causa de pedir o hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda, son los mismos en ambas acciones tutelares. En ese contexto, a partir de la verificación efectuada, se evidencia en el caso de análisis, la concurrencia de identidad de sujeto, objeto y causa de la presente acción de defensa, con la acción de libertad correspondiente al expediente 49957-2022-100-AL, en cuya SCP 0030/2025-S3 se ingresó a conocer el fondo de la problemática planteada, concediendo la tutela en resguardo de los derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso del solicitante de tutela, dejando sin efecto la alerta migratoria emitida por el Ministerio Público contra el accionante, por no gozar del principio de reserva legal; vale decir, por no encontrarse dispuesta como una medida cautelar en el Código de Procedimiento Penal. Al respecto, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se presenta la cosa juzgada constitucional ante situaciones fácticas idénticas ya juzgadas; consiguientemente, frente a la activación de una anterior acción tutelar con identidad de objeto, sujeto y causa que tenga calidad de cosa juzgada es una causal para la denegatoria de la acción de libertad; lo cual acontece en el caso de autos, conforme a lo analizado precedentemente; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada en esta acción de defensa por existir cosa juzgada constitucional.
Amerita aclarar a Leticia Muñoz Daza, Fiscal de Materia, que actuó en suplencia legal del titular en el caso correspondiente al accionante dentro del proceso penal seguido en su contra a instancia de EMAPA; que no es evidente la ausencia de legitimación pasiva en su persona, para responder la presente acción tutelar, por no ser la autoridad titular; tampoco es correcta la afirmación que el principio de unidad solo se aplica para algunas actuaciones del Ministerio Público; en todo caso, conforme a lo señalado en el análisis del caso concreto, los fiscales que trabajan en un determinado asunto, ya sea como titulares o como suplentes, no lo realizan de manera individual sino en representación de una sola institución, cual es el Ministerio Público, quien como única entidad en defensa de la sociedad debe responder por sus actos, velando por el respeto y protección de los derechos y garantías constitucionales; por tal motivo, se le exhorta a observar y poner en práctica en todos los asuntos puestos a su conocimiento -entre otros-, el principio de unidad de representación del Ministerio Público. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta, aunque con otros fundamentos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 46 a 47, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, por existir cosa juzgada constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Ahora bien, los preceptos constitucionales y legales precitados, configuran la cosa juzgada constitucional, en el entendido de que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, no cabe recurso ordinario ulterior alguno, razonamiento que implica que los fallos emitidos por esta instancia, se halla dotados de un carácter de inmutable y definitivo, que sumado a su vinculatoriedad y obligatoriedad, como cualidades intrínsecas de las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, las protegen de ataques o cuestionamientos posteriores por cualquier medio o vía, inclusive la jurisdicción constitucional, toda vez que ni siquiera el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, podrá pronunciarse nuevamente o juzgar dos veces sobre lo ya decidido y resuelto en un fallo constitucional, mucho menos aún revisar la determinación adoptada en una sentencia con valor de cosa juzgada constitucional; una actuación contraria lesionaría el principio de seguridad jurídica, a partir del riesgo de emitir fallos contradictorios, lo cual sin duda podría generar caos jurídico e incertidumbre en la labor del Supremo intérprete y guardián de la Constitución” (las negrillas son añadidas).
3 El art. 5.6 de la LOMP, señala que el Ministerio Público: “Es único e indivisible en todo el territorio del Estado Plurinacional, ejerce sus funciones a través de las y los Fiscales que lo representan íntegramente, con unidad de actuación…”. 4La SCP 0299/2012, establece: “De acuerdo a este principio, cualquier fiscal tiene la representatividad del Ministerio Público, es decir, que no actúa personificado individualmente, puede ser válidamente suplido por otro que lo representa íntegramente, pues a través de él interviene toda la institución, lo que significa que en caso de ausencia de uno de los representantes del Ministerio Público en un acto procesal como una audiencia, cualquier otro fiscal puede reemplazarlo, independientemente de que sea el titular de la investigación. Por ello, a diferencia de lo que ocurre con los jueces, no podrá anularse una diligencia o dejarse de practicar un acto invocando que el fiscal asignado se halle impedido de su concurrencia al mismo”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0030_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 54e83db28ed7de2220f117ff3f2cbda64ccd8ada2afd1611cbad803eee923700
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