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SCP 0029/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 27 de febrero de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
27 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
49888-2022-100-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio, el 15 de agosto de 2022, se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares sin ser notificada con el señalamiento de dicho actuado; y, si bien consta notificación realizada al teléfono 67821956 que fue considerada válida, tal número no le pertenece a ella ni a su abogado; además que la autoridad accionada, omitió tomar en cuenta que presentó un memorial el 1 de junio del citado año, en el que señaló sus datos de contacto y el celular 73150247, aspecto que le impidió poder asumir defensa en dicho actuado procesal y conllevó a que se disponga su detención preventiva por el lapso de ciento cincuenta días. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes aspectos: a) Con relación a las reglas de tramitación y resolución de los recursos de apelación incidental de medida cautelar en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo, la tutela impetrada, manteniendo incólume las disposiciones asumidas por el Tribunal de garantías, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Con relación a las reglas de tramitación y resolución de los recursos de apelación incidental de medida cautelar en el marco de la Ley 1173.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2025-S4 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49888-2022-100-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Sánchez Rodríguez en representación sin mandato de María Danny Sejas Castel contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 29 a 33, la parte accionante expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio, el 21 de julio de 2022, se le aplicó medidas sustitutivas a la detención preventiva; es así que, apeló la determinación al igual que las otras partes procesales y se sorteó su expediente a la Sala Penal de la autoridad ahora accionada, quien mediante Decreto de 8 de agosto del indicado año, señaló audiencia para el 15 del mismo mes y año. Con el señalamiento, nunca fue notificada personalmente o a su abogado; sin embargo, en antecedentes consta notificación realizada por la Oficial de Diligencias al número de teléfono 67821956 que fue considerada válida, pero, dicho número no le pertenece a su abogado, y se obvió incluso tomar en cuenta que en el mismo expediente consta memorial de 1 de junio de 2022, por el cual señaló los datos de contacto del defensor y su número de teléfono 73150247; por tal situación, no tuvo conocimiento del señalamiento de audiencia, que se instaló en ausencia suya y de su abogado, en la que se determinó su detención preventiva por el lapso de ciento cincuenta días, lesionándose su derecho a la defensa material y técnica.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva citando al respecto al art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, a) Se ordene la cesación de su detención preventiva; b) La nulidad de notificación del señalamiento de audiencia de apelación de medidas cautelares de 12 de agosto de 2022 y los actos posteriores; y, c) Se ordene a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el señalamiento de una nueva audiencia de apelación de medidas cautelares.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 54 a 56, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, ratificó los términos de su acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se presentó en audiencia, ni remitió informe, pese a su legal notificación cursante a fs. 35.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, por Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 56 a 57 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada y dispuso: la nulidad de la notificación realizada al celular 67821956, la nulidad del Auto de Vista que dispuso la detención preventiva de la ahora accionante; y, ordenó que la autoridad accionada señale audiencia para resolver la apelación de medidas cautelares dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; determinación asumida en base a los siguientes argumentos; 1) Es evidente que se incurrió en lesión de los derechos y garantías constitucionales que le asisten a la accionante, pues se le notificó con una apelación de medidas cautelares vía WhatsApp a un numero de celular que el abogado hizo conocer fue modificado; y, 2) Pese a ello, se llevó adelante la audiencia de este recurso de apelación, donde la autoridad accionada resolvió revocar la resolución que venía en grado de apelación de la localidad de Comarapa del departamento de Santa Cruz, lo que agravó la situación de la ahora accionante al ordenarse su detención preventiva, por lo que corresponde, dejar sin efecto dicha notificación realizada, al ser un número que no pertenece a la defensa de la impetrante de tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene memorial de 1 de junio de 2022, por el cual la ahora accionante, solicitó a la Jueza de primera instancia, se conmine al Ministerio Público para la emisión de requerimiento conclusivo correspondiente; agregó en su segundo otrosí: “Domicilio procesal: Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Villa 1° de Mayo, Calle 2 Este No 25. Y a efecto del Art. 72,II de la Ley 439 hago conocer mi WhatsApp 73150247…” (sic [fs. 44 a 45]). II.2. Consta Decreto de 8 de agosto de 2022, por el que el Vocal ahora accionado, señaló audiencia para resolver la apelación de medidas cautelares, para el 15 de igual mes y año a horas 15:00 (fs. 20). II.3. Cursa formulario de notificación, elaborado por Kimberling Maria Clavel Becerra, Oficial de Diligencias de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por el cual dio a conocer que, a horas 11:50 del 12 de agosto de 2022, notificó a la ahora accionante al número telefónico 67821956 correspondiente a su abogado José Leonor Morales García (fs. 22). II.4. Se tiene Acta de Audiencia de apelación a la aplicación de medidas cautelares de 15 de agosto de 2022, en el cual se evidencia que por secretaría se informó la ausencia de la ahora accionante, lo que conllevó a que el Vocal ahora accionado de por desistida la apelación presentada por la misma (fs. 24 a 26). II.5. Mediante Auto de Vista 357 de 16 de agosto de 2022, el Vocal ahora accionado, declaró por desistida la apelación interpuesta por la ahora accionante; y, admisible y procedente parcialmente la apelación presentada por el Ministerio Público y la parte civil, revocando parcialmente la Resolución de 21 de julio de 2022, manteniendo en vigencia los riesgos procesales establecidos en el art. 234.2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y disponiendo la detención preventiva de la imputada por el lapso de ciento cincuenta días (fs. 26 a 27 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio, el 15 de agosto de 2022, se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares sin ser notificada con el señalamiento de dicho actuado; y, si bien consta notificación realizada al teléfono 67821956 que fue considerada válida, tal número no le pertenece a ella ni a su abogado; además que la autoridad accionada, omitió tomar en cuenta que presentó un memorial el 1 de junio del citado año, en el que señaló sus datos de contacto y el celular 73150247, aspecto que le impidió poder asumir defensa en dicho actuado procesal y conllevó a que se disponga su detención preventiva por el lapso de ciento cincuenta días. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes aspectos: a) Con relación a las reglas de tramitación y resolución de los recursos de apelación incidental de medida cautelar en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. Con relación a las reglas de tramitación y resolución de los recursos de apelación incidental de medida cautelar en el marco de la Ley 1173.

Al respecto la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, señaló: “A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han tenido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, por su pertinencia se debe precisar que uno de los institutos procesales que mereció modificaciones sustanciales, en cuanto a su tramitación, es el referido al régimen de la apelación incidental contra resoluciones concernientes a las medidas cautelares de carácter personal, respecto al que la disposición legal referida en su Disposición Adicional Segunda, modificando el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableció que: ‘II. Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal (…), serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa’. Asimismo, la mencionada Ley 1173 con el objeto dinamizar en desarrollo de las audiencias durante la tramitación de todo el proceso penal, en su disposición transitoria Décima Tercera determinó que: ‘Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Tribunal Supremo de Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal’; en ese entendido, el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el “Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal”, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: ‘I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente’. De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’ (las negrillas son agregadas). Se tiene entonces, que en el caso de personas con detención preventiva, su concurrencia a un acto procesal no depende únicamente de su voluntad, sino está condicionada a la actuación de la autoridad jurisdiccional, quien debe ordenar su conducción al acto procesal en el que se requiere su presencia, y de la autoridad administrativa encargada del recinto penitenciario donde se encuentra recluido, que en cumplimiento a dicha disposición debe presentarlo ante la autoridad requirente, asumiendo las medidas necesarias para cumplir con aquello; consiguientemente, en una audiencia de apelación de medidas cautelares, si el Tribunal de alzada no ordena su conducción o, no obstante de existir dicha orden, el director del recinto penitenciario no lo presenta ante la autoridad que lo solicita, dicha situación no puede surtir efectos procesales en desmedro del propio privado de libertad pues su inasistencia no obedece a su voluntad sino a la desidia o problemas internos de organización del propio sistema penal, entonces en esas situaciones, no es posible aplicar simple y llanamente lo dispuesto por el art. 25.II del aludido Reglamento, y celebrar en su ausencia la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, más aun si es el detenido preventivo el apelante, sino que el Tribunal de alzada a fin de no lesionar el derecho a la defensa material, debe verificar que la ausencia no se debió a una deficiencia y/o negligencia del sistema judicial o penal y que existe el consentimiento del privado de libertad mediante su abogado defensor -presente en audiencia- de llevar a cabo dicha actuación aun de la existencia de esa falencia no atribuible a su persona que tuvo como resultado su incomparecencia, y si este manifiesta su conformidad será plenamente viable la celebración de la audiencia en aplicación del mencionado artículo reglamentario y resolver el recurso interpuesto en base a los agravios expuestos por dicho abogado defensor, pues habrá certeza que el procesado consiente en no ejercer su defensa material, siendo para él suficiente su defensa técnica ejercida y garantizada por su abogado; de contrario, si la ausencia se debe a una renuencia u otra situación no justificada del procesado a asistir a la audiencia cautelar en apelación, entonces habrá constancia que el mismo no tiene la intención de ejercer su derecho a defensa material en esa actuación procesal, sino únicamente de su derecho a la defensa técnica a ser desplegado y garantizado por su abogado defensor” (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de su derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio, el 15 de agosto de 2022, se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares sin ser notificada con el señalamiento de dicho actuado; y, si bien consta notificación realizada al teléfono 67821956 que fue considerada válida, tal número no le pertenece a ella ni a su abogado; además que la autoridad accionada, omitió tomar en cuenta que presentó un memorial el 1 de junio del citado año, en el que señaló sus datos de contacto y el celular 73150247, aspecto que le impidió poder asumir defensa en el actuado procesal y conllevó a que se disponga su detención preventiva por el lapso de ciento cincuenta días. A partir de la problemática planteada, se verifica de los elementos adjuntos a esta acción tutelar, que la ahora accionante el 1 de junio de 2022, hizo conocer mediante memorial, los datos pertinentes para su notificación, en el que señaló entre otros, el número de WhatsApp 73150247 correspondiente a su abogado; a pesar de tal aspecto, la notificación realizada con el señalamiento de audiencia de apelación de medidas cautelares, se realizó al teléfono 67821956, no existiendo razón que justifique porque la notificación se realizó a dicho número telefónico; de igual manera, tampoco existe, informe presentado por la autoridad ahora accionada que explique porque la notificación se realizó a ese número telefónico; aspecto que generó que ni la ahora accionante, ni su abogado defensor pudieran presentarse en audiencia provocando una evidente indefensión. Con tal antecedente, es pertinente dejar establecido que la finalidad de las notificaciones en materia penal, no busca cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino que busca asegurar que la determinación judicial objeto de la misma, sea conocida efectivamente por el destinatario; así lo señaló la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre que textualmente refirió: “En el marco anotado, los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión…” A partir de dicho parámetro jurisprudencial, se puede establecer que la notificación realizada a la accionante, no cumplió con tal parámetro jurisprudencial, pues de ninguna manera se buscó asegurar su recepción, no justificándose además porque la misma se realizó a otro número telefónico. Más allá, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la audiencia de apelación de medidas cautelares si bien puede desarrollarse en ausencia del imputado, no puede desarrollarse de ninguna manera en ausencia de su abogado defensor cuando este fue debidamente autorizado por el mismo; es decir, toda autoridad judicial debe garantizar el ejercicio a la defensa material del imputado, y por ello, si bien se permite el desarrollo de una audiencia de apelación de medidas cautelares en ausencia del imputado, de ninguna manera se puede coartar que el mismo asuma defensa, por lo que la audiencia se puede desarrollar en presencia suficiente de su abogado, cuando el imputado autorizó ese aspecto; sin embargo, en el presente caso, esta situación no fue considerada, e incluso, la autoridad ahora accionada se tomó la ilegal atribución de declarar por desistido el recurso de apelación sin fundamento alguno que respalde tal determinación y desarrollar la audiencia para resolver su situación jurídica procesal en ausencia de la imputada y su defensa, aspecto que evidencia la lesión al derecho a la defensa de la accionante, pues no se garantizó su presencia en una audiencia cuyo fin era precisamente resolver su situación jurídica procesal. En consecuencia, al verificar la autoridad accionada que no se encontraba presente la parte imputada ni su abogado en audiencia de apelación que debió suspender la misma y convocar a una nueva de forma inmediata, notificando correctamente a la accionante, para así garantizar que la misma pueda ejercer ampliamente su derecho a la defensa. Por lo expuesto, al ser evidente la lesión al derecho a la defensa, corresponde conceder la tutela impetrada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2022 de 19 de agosto, cursante de fs. 56 a 57 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: CONCEDER en todo, la tutela impetrada, manteniendo incólume las disposiciones asumidas por el Tribunal de garantías, sea de conformidad a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0029_2025-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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