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SCP 0029/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 16 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
16 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
44054-2021-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante alega la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, congruencia y motivación de la resolución; toda vez que, la Vocal ahora demandada a momento de emitir la Resolución 541/2021, dejando latente los riegos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, declaró improcedente en parte el recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 313/2021, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin considerar el Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales(REJAP) en el que certifica que no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada; asimismo, no consideró el requerimiento conclusivo en el que no se propuso a la perito del IDIF, además que, ya se está en etapa de juicio y ya no concurre dicho riesgo que fue fijado para la etapa preparatoria. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 65 a 74, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2023-S4 Sucre, 16 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44054-2021-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 65 a 74, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de José David Sánchez Camacho contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 10 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 9, el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra cumpliendo detención preventiva; por lo que, solicitó la cesación de esta medida, misma que fue rechazada por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz; ante lo cual, planteó recurso de apelación que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la Vocal ahora demandada, la cual resolvió revocar en parte la Resolución impugnada, enervando los riesgos procesales previstos en el art. 234.1 y 2 y manteniendo incólume los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y su situación jurídica. La Vocal ahora demandada a momento de emitir el Auto de Vista, sostuvo lo siguiente: a) Respecto al art. 234.7 del CPP, refirió que se mantiene latente el peligro contra la sociedad debido a que su consumo va destinado a sectores vulnerables como ser a niñas, niños y adolescentes; usó como fundamento el precedente constitucional de la SC 070/2014 y la SCP 969/2017; sin embargo, debió aplicar la SCP 0185/2019-S3, que moduló el entendimiento de las anteriores; toda vez que, la única forma de acreditar este peligro es a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada; en consecuencia, generó una motivación arbitraria lesionando de esta manera el derecho de presunción de inocencia, más cuando se desconoce que la aplicación de las medidas cautelares son de carácter instrumental temporal y variable; por lo que, debe alcanzar un fin procesal que permita acceder al instituto de cesación de la detención preventiva; y, b) Con relación al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 de la norma adjetiva penal, en apelación se hizo mención a que se construyó este peligro procesal con el argumento que podría influir sobre dos oficiales de policía y un perito, siendo que la pertinencia de dicha construcción desapareció con el requerimiento conclusivo, ya que solo se ofreció a los dos policías y no así a la perito; empero, la Vocal demandada omitió enervar este riesgo procesal refiriendo que no se presentó ninguna documental para desvirtuar dicho peligro.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante alegó la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, congruencia y motivación de la resolución, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista 541/2021 de 13 de octubre, debiendo la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitir uno nuevo en el plazo de veinticuatro horas; 2) Se aplique la SCP 185/2019-S3, 220/2020-S3 y SCP 969/2017-S3, con relación al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP; 3) Aplicación de la SCP 276/2018-S2 y 0185/2019-S3, debiendo valorar la subsistencia del peligro de obstaculización del art. 235.2 del citado código sobre la necesidad, instrumentalidad, temporalidad y variabilidad; y, 4) La emisión de una resolución debidamente fundamentada con respeto a su estado de salud y su condición de adulto mayor, debiendo al efecto realizar un enfoque interseccional tal y como lo exige la SCP 234/2019-S3, en concordancia con la SCP 0010/2018-S2.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia virtual, el 11 de noviembre de 2021, conforme consta en el del acta cursante de fs. 61 a 64, presente el abogado del impetrante de tutela y ausente la Vocal demandada y el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de libertad y además señaló que: 1) A momento de la audiencia de cesación de la detención preventiva se presentó un Certificado de Antecedentes Penales que no fue valorado por la Vocal ahora demandada; toda vez que, demostraba que no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada, debiéndose aplicar la jurisprudencia constitucional de la SCP 0185/2019-S3; por lo que, se debió dar por enervado el art. 234.7 del CPP; empero, se hizo un razonamiento genérico, referido a que por tratarse de un delito de sustancias controladas es un peligro para la sociedad, incumplió lo establecido en el art. 203 de la CPE, ya que no aplicó la sentencia constitucional que no necesita presupuestos análogos pero que es reconductora de línea además es análoga por tratarse de hechos fácticos idénticos; y, 2) La resolución primigenia establece con relación al riesgo procesal del art. 235.2 de la norma adjetiva penal, que era posible influenciar sobre dos investigadores y una perito del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF); sin embargo, a momento de la presentación del incidente de cesación de la detención preventiva conforme el procedimiento inmediato para delitos en flagrancia, días antes de su celebración se emitió un requerimiento conclusivo, donde se establece que esas dos personas que se suponía podían ser influenciadas en etapa preparatoria, habían sido propuestas como testigo de cargo por el Ministerio Público, y la tercera persona identificada como perito no fue propuesta; por lo que, la protección que se pretendía en un momento procesal fue superado, más no existe un informe que evidencie que durante la etapa investigativa que se hubiera influido sobre las referidas personas.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante a fs. 57 y vta., refirió que: i) Al haberse exteriorizado manifiesta enemistad contra su persona la autoridad constituida como garante de derechos debe excusarse; al igual que el “Juez Técnico Huaynoca Villca Daniel Juan” quien debe apartarse del conocimiento de la presenta acción de defensa debido a que tienen pendiente con a suscrita un proceso penal, siendo esta una causal de excusa; ii) Se ratificó en la fundamentación del Auto de Vista 541/2021, ya que, al tratarse de un delito de sustancias controladas, se encuentra subsistente el riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, como peligro efectivo para la sociedad en su conjunto, compuesto por niños, mujeres y personas de la tercera edad, que por su grado de vulnerabilidad deben tener tutela efectiva del Estado; iii) En observancia del art. 203 de la CPE, que obliga observar las Sentencias Constitucionales Plurinacionales entre ellas la SCP 0070/2014, la cual logró establecer en su razón de decidir que esos ilícitos contenidos de suministro o tráfico de sustancias se encuentran contemplados dentro de un riesgo potencial contra la sociedad debido a que el consumo va destinado a sectores vulnerables; y, iv) Se tiene entendido que el proceso fue devuelto al Juzgado de origen.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no se hizo presente en la audiencia de consideración de acción de libertad pese a su notificación cursante a fs. 59.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, mediante Resolución 23/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 65 a 74, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto a la recusación que refiere la demandada, se pone de manifiesto que no se encuentra dentro de ninguna causal prevista del art. 20 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no teniendo amistad tampoco enemistad que se hubiera exteriorizado por hechos notorios o recientes, menos proceso penal pendiente con la misma; por lo que, no corresponde excusarse de conocer la presente acción de defensa; b) No resulta evidente que hubiese existido lesión al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación en la Resolución 541/2021, conforme el alcance del art. 398 del CPP, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada al resolver el recurso de apelación, según los cuales solo puedan resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución impugnada; aspectos que se evidencian como cumplidos por la autoridad demandada; y, c) Es necesario referir respecto del trámite de la acción de defensa; dado que, para lograr y considerar un fallo ecuánime y justo, se requiere contar con elementos que posibiliten dicha labor, como son los antecedentes necesarios que permitan evidenciar si los reclamos efectuados de quien procura tutela son o no ciertos; empero, en el caso presente la autoridad ahora demandada demostró que el legajo de apelación incidental fue devuelto al Juzgado de origen el 10 de noviembre de 2021; por lo tanto, este Tribunal de garantías, no contó con la Resolución de cesación de la detención preventiva pronunciada por el “Juez de Instrucción” a efectos de verificar las denuncias del impetrante de tutela respecto a las medidas cautelares.

II. CONCLUSIONES

De la recisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 23 de julio de 2021, el Juez de Instrucción Penal Quinto en suplencia legal de su similar Segundo del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de “Sergio” David Sánchez Camacho, por el plazo de noventa días a cumplirse en el Centro Penitenciario de Qalahuma de La Paz, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 15 a 17 vta.). II.2. Cursa Resolución 541/2021 de 13 de octubre, pronunciada por Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de apelación incidental planteada por José David Sánchez Camacho –ahora accionante– contra el Auto Interlocutorio 313/2021 de 20 de septiembre, habiéndose declarado improcedente en parte el indicado recurso y revoca en parte el referido Auto Interlocutorio, únicamente en lo que significaría considerar como no concurrente el art. 234.1 en la vertiente de actividad lícita y en consecuencia la no concurrencia del art. 234.2 en mérito haberse demostrado la existencia de arraigo natural y social, como riesgos de fuga, confirmando los fundamentos que mantienen subsistente los riesgos contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP modificado por la Ley de – Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres (fs. 54 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, congruencia y motivación de la resolución; toda vez que, la Vocal ahora demandada a momento de emitir la Resolución 541/2021, dejando latente los riegos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, declaró improcedente en parte el recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 313/2021, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, sin considerar el Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales(REJAP) en el que certifica que no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada; asimismo, no consideró el requerimiento conclusivo en el que no se propuso a la perito del IDIF, además que, ya se está en etapa de juicio y ya no concurre dicho riesgo que fue fijado para la etapa preparatoria. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 747/2021-S4 de 26 de octubre, refirió lo siguiente: “En el marco del debido proceso, la fundamentación y motivación de la decisiones judiciales es un elemento insoslayable que deben contener las resoluciones de las autoridades que administran justicia, requerimiento de especial cumplimiento cuando se trata de medidas cautelares que afectan la libertad de las personas; así, la SC 1326/2010-R de 20 de septiembre, expresó que: '…la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas'. Asimismo, en la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, el Tribunal Constitucional estableció la vinculación entre la valoración de la prueba con la fundamentación y motivación de las decisiones jurisdiccionales, indicando lo siguiente: 'Finalmente, en coherencia con la argumentación desarrollada (…) y en cuanto al segundo supuesto descrito supra; es decir, en lo relativo a la conducta omisiva de la autoridad jurisdiccional o administrativa en lo referente a su facultad de valoración probatoria, debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de la prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra la descripción individualizada de todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, la valoración de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, la asignación de un valor probatorio específico y la determinación del nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, en consecuencia, queda claro que la omisión valorativa de prueba, vulnera de manera directa el derecho de motivación como elemento configurativo del debido proceso'”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión del debido proceso en sus vertientes debida fundamentación, congruencia y motivación de la resolución; toda vez que, la Vocal ahora demandada a momento de emitir la Resolución 541/2021, declaró improcedente en parte el recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio 313/2021, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, dejando latente los riegos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, no realizó una valoración del REJAP en el que certifica que no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada; asimismo, no consideró el requerimiento conclusivo acusatorio en el que solo se propuso a dos testigo y no así a la perito del IDIF, además que, ya se está en etapa de juicio y por tanto, ya no concurre dicho riesgo que fue fijado para la etapa preparatoria. De la revisión de antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del ilícito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio 245/2021, pronunciado por el Juez de Instrucción Penal Quinto en suplencia legal de su similar Segundo del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de “Sergio” David Sánchez Camacho, por el plazo de noventa días a cumplirse en el Centro de Penitenciario Qalahuma de La Paz (Conclusión II.1). Posteriormente, el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio 31 3/2021 de 20 de septiembre, contra la cual el accionante interpuso recurso de apelación, que fue resuelto mediante Resolución 541/2021, pronunciada por la Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, –autoridad ahora demandada– que declaró improcedente en parte el indicado recurso y revocó en parte el referido Auto Interlocutorio, únicamente en lo que significaría considerar como no concurrente el art. 234.1 del CPP, en la vertiente de actividad lícita y en consecuencia la no concurrencia del art. 234.2 del mencionado código, en mérito haberse demostrado la existencia de arraigo natural y social, como riesgos de fuga, confirmando los fundamentos que mantienen subsistente los riesgos contenidos en los arts. 234.7 y 235.2 de la norma adjetiva penal (Conclusión II.2). En ese marco, a los fines de verificar los defectos denunciados, incumbe remitirnos al Auto de Vista cuestionado, de donde se extraen los agravios deducidos en dicho recurso, respecto a los riesgos subsistentes que reclama, siendo estos los siguientes: a) Con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, como peligro efectivo para la sociedad, el accionante considera que hubo errada aplicabilidad de la jurisprudencia vinculante inobservando los arts. 203 de la CPE y 17 del CPCo, “hubiera llegado a modular la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 969/2017, asimismo la Sentencia Constitucional N° 220/2020, la cual ingresa en un razonamiento que emerge respecto a este tiempo de ilícitos al hecho de contar con una Sentencia Condenatoria” (sic); y, b) Respecto al art. 235.2 de la CPP, como peligro de obstaculización, alega hubiese se cumplido con la instrumentalidad de la medida cautelar aplicada, tomando la posibilidad de influir negativamente “en el Teniente Rocabado”; sin embargo, a la fecha se cuenta con acusación formal en la que no se tomó en cuenta dicha declaración. En conocimiento de los extremos denunciados por el accionante en su recurso de apelación, se analizará los argumentos señalados por la autoridad ahora demandada en la Resolución 541/2021, con relación a éstos, siendo los siguientes: 1) Con relación al riego procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, se toma como referente que dentro de los ilícitos como lo es el tráfico de sustancias controladas y otros, la SCP 0070/2014 estableció en su razón de decidir que estos delitos se encuentran contemplados dentro de un riesgo potencial contra la sociedad debido a que el consumo de estas sustancias va destinado a sectores vulnerables, es decir niños, niñas y adolescentes; siendo también fundamento de la SCP 969/2017, moduladas en la SCP 0220/2020; el impetrante refirió que se utilizó argumentos genéricos al señalar que el delito de tráfico de sustancias controladas constituye un peligro efectivo para la sociedad; sin embargo, la Vocal ahora demandada no pudo advertir de forma especifica que dicha Sentencia Constitucional haya tenido que considerar que dichos ilícitos no sean peligro efectivo para la sociedad o para el sector vulnerable que genera el suministro, más cuando dicho sector está protegido por imperio del art. 60 de la Ley Fundamental, habiendo el Juez a quo hecho referencia al Auto Supremo 559/2007 y 128/2009, en ese entendido considera que dicho peligro procesal se encuentra subsistente; y, 2) Respecto al art. 235.2 del CPP, se indicó que el Ministerio Público habría presentado requerimiento conclusivo acusatorio, y no se hubiera considerado los testimonios de los testigos “el Sargento Flores y el Teniente Rocabado”; por lo que, no tendría sentido mantener dicho riesgo; empero, el Juez de la causa señaló que no se aportó documental o carga probatoria respecto a dicho extremo; en ese entendido y de acuerdo a la delimitación de la competencia que se genera respecto al agravio, el Tribunal de alzada considera que no se motivó objetivamente en audiencia, efectivamente el Juez a quo, realizó la fundamentación en base a lo que se desarrolló en audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, ya que le corresponde a la parte impetrante motivar con los documentos necesarios “bajo ese entendido, se tiene a la presentación únicamente de Requerimiento Conclusivo Acusatorio, no así a la existencia de una Sentencia Condenatoria, extremo que también es fundamental para poder advertir la subsistencia o no del núm. 2) del Art. 235 de la Ley 1173…” (sic). Ahora bien, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto la obligación que tiene toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud o reclamo que exige la emisión de una resolución, esta debe necesariamente ser debidamente fundamentada y motivada, es decir debe exponer los motivos que sustentan la decisión, tanto de hecho como de derecho, así también se debe exponer el valor que se otorgó a los medios de pruebas, sin que ello signifique la exposición amplia de normativas, sino la respuesta clara y precisa a cada uno de los requerimientos interpuestos por las partes. En el caso de autos, el impetrante de tutela denunció que: i) Respecto al riesgo procesal que constituye peligro efectivo para la sociedad previsto en el art. 234.7 del CPP, solo se encontraría latente cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra; por lo cual, presentó en la audiencia de cesación de la detención preventiva el respectivo Certificado de Antecedentes Penales, mismo que no hubiera sido considerado para enervar dicho riesgo procesal; además refirió que, se debió aplicar la SCP 0185/2019-S3; sin embargo, de la revisión del Auto de Vista impugnado no se advierte que el impetrante de tutela hubiera reclamado en su recurso de apelación la aplicación de la referida Sentencia Constitucional como agravio que ahora reclama en la vía constitucional; advirtiéndose además que la Vocal ahora demandada en el punto 3 de la Resolución 541/2021, indicó que: “siendo el Juez de origen quien señala que no se ha portado documental o carga probatoria respecto a este extremo, bajo este entendido (…) le corresponde a la parte impetrante motivar con documentos necesarios debido a que la carga probatoria que le arroja en esa Audiencia la normativa vigente y así también, bajo ese entendido, se tiene a la presentación únicamente de Requerimiento Conclusivo Acusatorio, no así a la existencia de una Sentencia Condenatoria…” (sic), entendiéndose que no fue adjuntado ningún Certificado de Antecedentes Penales, que denuncia no fue valorado; empero, al considerar que dicha documentación no fue oportunamente presentada ante el Juez de la causa, no puede reclamar en apelación que la misma sea considerada, menos en esta acción de defensa, extremo que tampoco fue refutado por el impetrante de tutela en el trámite de esta acción de defensa; adjuntándose constancia alguna de que dicho Certificado hubiese sido efectivamente presentado; ii) Así, respecto al peligro procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, el impetrante de tutela indicó en su demanda de acción de libertad que, este peligro procesal se construyó; dado que, podría influir negativamente sobre “2 OFICIALES DE POLICIA Y 1 PERITO”; empero, en la acusación fiscal solo se ofreció en calidad de testigos “A LOS DOS POLICIAS Y NO ASÍ A LA PERITO EN CALIDAD DE TESTSIGOS”, considerando con ello que ya no concurriría tal riesgo procesal; sin embargo, realizando el análisis de los agravios expuestos en el recurso de apelación tomados del mismo Auto de Vista ahora impugnado, se observa en el Considerando I de dicho fallo, que, con relación al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, que al existir acusación fiscal en su contra ya se hubiera tomado la declaración del “Teniente Rocabado” y que por lo tanto la medida cautelar cumplió su finalidad; seguidamente refiere la Vocal ahora demandada en el punto tres de sus Conclusiones que, el Ministerio Público ya habría remitido Requerimiento Conclusivo Acusatorio y no se hubiera considerado los testimonios de los testigos “Sargento Flores y el Teniente Rocabado”; en consecuencia, no existe coherencia entre lo planteado en la presente acción de defensa y lo cuestionado en el recurso de apelación. Pese a los extremos e incoherencias en las que recayó el accionante señalados precedentemente, la Vocal ahora demandada cumplió con su obligación de fundamentar y motivar su resolución, ya que explicó sus razones determinativas respecto a los riesgos procesales latentes, haciendo un análisis razonable tanto de las circunstancias del hecho ilícito y la jurisprudencia constitucional debido a que el consumo de sustancias controladas va destinado a sectores vulnerables, como son niños, niñas y adolescentes, razonamiento que no genera ninguna arbitrariedad, por el contrario responde de manera precisa y clara a los agravios deducidos en apelación. No advirtiéndose tampoco una omisión valorativa de documental cuestionada, ya que como se analizó anteriormente, esa no fue oportunamente presentada para enervar el riego procesal previsto en el art. 234.7 del CPP. En consecuencia, se concluye que, la Vocal ahora demandada al emitir la Resolución 541/2021, realizó una fundamentación y motivación correcta y precisa a los puntos impugnados, correspondiendo por tanto denegar la tutela impetrada, no siendo evidente la lesión de los derechos invocados por el accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 23/2021 de 11 de noviembre, cursante de fs. 65 a 74, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuesto en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navia MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0029_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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