B.IA.LEGAL

SCP 0029/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
51916-2022-104-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante por sí y en representación de su hijo menor de edad, considera lesionados sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la “legalidad”; toda vez que: i) La autoridad fiscal hoy accionada formuló acusación formal en su contra sin existir los elementos legales valederos basándose en prueba insuficiente y contradictoria a fin de favorecer una apropiación indebida, sin que los hechos fueran investigados, incurriendo en incumplimiento de deberes al ser la acusación apartada de la realidad sobre un delito que no cometió, habiéndola acusado sin la debida motivación; ii) La acusación particular fue presentada respecto al delito de violencia familiar o doméstica, cuando su accionar no se acomoda a ninguno de los supuestos del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 177 a 178 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido
  3. III.3. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y el incidente de actividad procesal defectuosa en materia procesal penal
  4. III.4. Sobre los requisitos para la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0029/2023-S3 Sucre, 13 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 51916-2022-104-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 04/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 177 a 178 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por AA por sí y su hijo menor de edad NN contra Martha Beatriz Saavedra Urquizu, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 136 a 154, la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la investigación penal instaurada en su contra, la autoridad fiscal ahora accionada formuló acusación fiscal por la presunta comisión del delito de amenazas; asimismo, por su parte, Lucía Tavera “Montecinos” de Patiño como denunciante formuló maliciosamente acusación particular por la presunta comisión del delito de violencia familiar y/o doméstica, como si la nombrada perteneciera a su familia o tuviera algún vínculo familiar, en función a lo cual dicha acusación de ninguna forma se acomoda al contenido del art. 272 bis del Código Penal (CP); puesto que, no existe ningún vínculo de familiaridad o cercanía. La antes mencionada y entonces denunciante inició una serie de procesos penales en su contra con el único fin de apropiarse del bien inmueble que pertenece a su hijo menor de edad y con discapacidad, aspecto que fue de conocimiento de la denunciante dentro del proceso agroambiental a través del documento privado donde se transfirió el inmueble a nombre del menor de edad, encontrándose frente a una indefensión y grosera vulneración del debido proceso al estar plagado -se entiende el proceso penal- de actividad procesal defectuosa de principio a fin, pues el Ministerio Público formuló acusación sin existir los elementos legales valederos basándose en la denuncia y prueba insuficiente y contradictoria a fin de favorecer una apropiación indebida. Por otra parte, su hijo menor de edad que fue sindicado en varios documentos y que se constituye en testigo presencial de los hechos, no fue llamado para prestar su declaración, acusándola sin buscar la verdad de los hechos incurriendo en una parcialización sólo para llegar a una acusación ociosa. Asimismo, se pasó por alto llamar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) a fin del resguardo del menor de edad que es el dueño del inmueble del cual la denunciante busca apropiarse. Debe considerarse que entre las partes existe un visible conflicto patrimonial que todavía no terminó de resolverse en la vía extrapenal; sin embargo, utilizan dicha vía para conseguir una ilícita ventaja. Por otro lado, se “burló” las notificaciones para crear indefensión; toda vez que, se refirió que se le habría notificado -no refiere con qué actuado- el 22 de enero de 2022, y que ello no sería evidente porque el 25 de dicho mes y año su persona prestó su declaración y dejó -la dirección de- su domicilio y la de su abogado. Asimismo, su persona solicitó se cite a la DNA pero dicho actuado fue suprimido. La acusación es una falsedad demostrada por las propias palabras de la acusadora, omitiendo el Ministerio Público realizar un análisis, acusando sobre los hechos que además no fueron investigados. No se comprende cómo habiendo señalado la denunciante que era un lugar deshabitado y que no había testigos presenciales, salvo su hijo menor de edad, fueron propuestos catorce testigos, lo que demuestra la persecución indebida contra dicho menor de edad. Lo que pretende la denunciante es apropiarse del inmueble del menor de edad, logrando con base en falacias una Sentencia civil interdicta, que sólo es una crasa manipulación como se demuestra en el recurso de apelación interpuesto. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ordenó el registro del inmueble a nombre del menor, girándose el Certificado de posesión por la autoridad competente que precisamente es el INRA, lo que demuestra que el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Tarija usurpó funciones quitándole el inmueble en cuestión al menor para entregarlo a la denunciante, ocurriendo lo propio dentro del proceso penal, donde la autoridad usurpó funciones de la jurisdicción originaria campesina. A través de la SCP 0594/2021-S3 de 6 de diciembre, se advierte que la denunciante no es poseedora de nada; sin embargo, dicho fallo fue inobservado por el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Capital del departamento de Tarija, por lo que se solicitó que se aplique dicha Sentencia como antecedente. Además de no especificar para qué son los catorce testigos, los mismos son los socios delincuenciales de la denunciante que varias veces ingresaron al domicilio, protegiendo el Ministerio Público a los avasalladores y allanadores, quienes estuvieron presentes en los allanamientos “…QUE PROPONEN MUERTE…” (sic) como los hechos de 31 de enero de 2022; empero, que no estuvieron en los hechos de 14 de ese mes y año, sin embargo, no consideran -como testigo- a su hijo lo que evidencia un comportamiento temerario que obstaculiza la justicia para mantener el problema en el inmueble y con todo el peligro de vida que implica para el dueño. Interpone la presente acción de libertad por encontrarse indebidamente procesada y por afectar su integridad psicológica y en el fondo la de su hijo menor de edad que es el dueño del predio, por el cual hasta “quieren matar”, siendo que la madre de uno de los testigos los amenazaron de muerte el 25 de octubre de 2021. Su integridad psicológica y seguridad jurídica fue dañada porque tras habérsela declarado rebelde ante su apersonamiento operaría el cese de la acusación formal y particular, las que son ilegales y arbitrarias. Asimismo, se encuentra indebidamente procesada por que se vio privada de ejercer su derecho a la defensa, al incurrir la Fiscal de Materia accionada en incumplimiento de deberes siendo que la acusación fiscal resulta ser paupérrima y apartada de la realidad. En ese sentido, al existir defectos absolutos en los que se incurrieron en su caso a raíz del cual se presentó una incierta e infundada acusación demuestra que quedó en indefensión, por lo tanto dicha nulidad es inconfirmable e insalvable procedimentalmente “…LA REBELDÍA ARTIFICIOSAMENTE INTRODUCIDA EN MÍ CONTRA, me provocó agravios que son de extrema gravedad y más aún, afectan directamente a mi hijo Menor…” (sic). Se vulneró su derecho de acceso a la justicia, porque el caso no es penal pero lo penalizaron a fin de una persecución indebida, o en todo caso correspondía acudir a la propia “comunidad agroambiental” en forma previa, acusándola sin la debida motivación y sin el debido razonamiento. También se vulneró su derecho al debido proceso al negar su derecho de ser sometida a una autoridad judicial imparcial e idónea, más aún cuando se vulneran los derechos de un menor quien atraviesa un verdadero peligro de vida, siendo amenazado en un video público por Benita Mariscal -madre de uno de los testigos propuestos- el 25 de octubre de 2022; además de haber sido acusada formalmente sobre hechos inexistentes y sobre un delito que no cometió. Es sometida a un indebido procesamiento toda vez que los Informes psicológicos y sociales ni siquiera se refieren a su persona, evidenciando unos Informes parcializados y direccionados, emitidos incluso antes que exista el hecho pues los mismos y su orden de autorización es de finales del 2021, suprimiendo su derecho de conciliación al notificarla indebidamente, lo que demuestra que fue acusada formalmente con base en supuestas pruebas montadas, pues la investigación no tiene elementos indiciarios de delito basándose solo en artilugios de funcionarios dispuestos a dañar al menor. Su derecho a la legalidad fue vulnerado al acusarla de hechos no acaecidos y plagado de defectos absolutos. Asimismo, su vida se encuentra en peligro al ser amenazada junto a su hijo por ser este último dueño del inmueble; quien a su vez es ilegalmente perseguido por la denunciante, lo que se demuestra con varios informes así como con la ilegal ampliación de denuncia contra el padre de su hijo menor, omitiendo la participación de su hijo como testigo y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA); es indebidamente procesada siendo su hijo afectado al omitir su incorporación en su defensa; es privada de su libertad personal; puesto que, le prohíben gozar y disfrutar de su casa restringiendo su locomoción para que pueda ingresar o salir de la misma. En función a lo expuesto, solicita la “declaración” de medidas de protección como el alejamiento de la denunciante de la casa propiedad de su hijo menor de edad, específicamente de la fracción del inmueble que la denunciante obtuvo como préstamo el cual ya se extinguió por el tiempo y en mérito a lo consecuente y progresivo de la “…SENTENCIA AGROAMBIENTAL 018/2018 EXP. 097/2017…” (sic), que determinó la nulidad del contrato de préstamo de la habitación en la que vive la denunciante, faltando únicamente disponer el desalojo a fin de la conclusión del problema jurídico, y se disponga el cese de toda agresión al menor.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La accionante por sí y en representación de su hijo menor de edad, consideran lesionados sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la “legalidad”; citando al efecto los arts. 15, 115.II, 122, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga medidas de protección para su hijo menor de edad, incorporando la orden de alejamiento de la agresora Lucía Tavera “Montecinos” del inmueble de propiedad de su hijo y la prohibición de acercarse al menor de edad, determinándose su desalojo del inmueble, así como el cese de toda agresión al menor.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 173 a 176 vta., presente la accionante, el adherido a la presente acción tutelar BB padre del menor NN, y la autoridad accionada, ausente el representante del Ministerio Público, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante madre del menor pidió al adherido se refiera sobre la acción tutelar interpuesta, quien en su intervención reiteró lo manifestado en el memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Martha Beatriz Saavedra Urquizu, Fiscal de Materia, por memorial cursante de fs. 158 a 160 vta., manifestó lo siguiente: a) El 23 de septiembre de 2022, presentó acusación formal contra la accionante por la comisión del delito de amenazas respecto a un hecho acontecido el 14 de enero de 2022 en inmediaciones de la comunidad Turumayo, toda vez que la acusada profirió amenazas de muerte contra la víctima Lucía Tavera “Montesinos” quien logró esquivar un machete que la impetrante de tutela le había lanzado; b) La acusación formulada en ningún momento hizo referencia al hijo de la peticionante de tutela; por lo que, mal se puede referir que el mismo tenga algún tipo de legitimación dentro de la presente causa; c) La prueba fue generada dentro de la etapa preparatoria de juicio con conocimiento y participación activa de la accionante quien ejerció su derecho a la defensa tanto material como técnica; d) En ningún momento ingresó a analizar cuestiones del derecho propietario del inmueble “La Bendita”, por lo que mal podría pronunciarse sobre derechos del menor de edad, menos aún perjudicar a su hijo en el ámbito psicológico, pues la investigación y posterior acusación fue planteada únicamente contra la impetrante de tutela; e) Se denunció indefensión y la grosera violación al debido proceso sin precisar de qué manera se vulneraron dichos derechos; f) La accionante señala que se la acusó por violencia familiar o doméstica; sin embargo, la acusación versa sobre el delito de amenazas; g) Se puede advertir que la accionante no tuvo el mínimo cuidado de articular la presente acción tutelar dado que realiza una mezcla sin sentido de normas pretendiendo la tutela y alegando indefensión la cual nunca se le causó conforme se acredita de la declaración informativa de la acusada que fue presentada con la presencia de su abogado defensor, además de advertirse su activa participación; h) Los hechos referidos a un proceso civil no corresponden ser analizados en la vía penal conforme pretende la peticionante de tutela quien con un total desconocimiento de las normas de redacción y lealtad procesal, pretende hacer ver que existe una suerte de favorecimiento a la víctima para despojar de derechos de índole patrimonial a su hijo, lo que no circunscribe al tratamiento de una acción de libertad; i) La accionante a más de realizar una transcripción íntegra de algunos artículos de la Constitución Política del Estado, divaga respecto a normas del procedimiento penal relativas a defectos absolutos sin precisar de manera clara y concreta el modo en que se afectó el derecho al debido proceso, realiza una serie de afirmaciones que rayan en la barbarie jurídica sin entender por qué menciona a catorce testigos si la acusación refiere solo cinco, estableciéndose que no existe la mínima coherencia jurídica en el relato que pretende sea tutelado vía acción de libertad; j) Respecto al derecho a la vida de su hijo, en ningún momento la accionante indica de qué forma la acusación causó tal efecto, además que al citado menor no se le sindicó la comisión de ningún delito; k) En cuanto a que su hijo menor de edad se encontraría indebidamente perseguido, reitera que contra el mismo nunca se instauró ningún proceso penal por lo que de ninguna forma se podría incurrir en dicho defecto, ocurriendo lo propio respecto a la denuncia de que el citado menor es ilegalmente procesado; l) Respecto a que su hijo está privado de su libertad en sentido de que se le prohibió usar, gozar y disfrutar de su casa, es importante hacer notar que en ningún momento se realizó alguna acción para limitar la libertad de dicho menor, dado que la acción penal nunca estuvo dirigida en su contra; m) En cuanto al debido proceso, debe tenerse en cuenta que no se vulneró la libertad ni de la impetrante de tutela ni de su hijo menor de edad, tampoco se le causó indefensión porque en todo momento la referida tuvo la asistencia de su abogado como lo refleja el Acta de declaración informativa presentada de su parte el 25 de enero de 2022; n) No se presentaron ninguno de los presupuestos para la procedencia de la acción de libertad reparadora; puesto que siempre se tuvo control jurisdiccional ante el cual la peticionante de tutela debió deducir los incidentes que creyere pertinentes; y, o) La acción de libertad instructiva tampoco fue acreditada dado que no se refirió de qué manera la acusación formal pudo vulnerar la vida de la accionante, cuando lo único que hace la misma es escudarse en su hijo menor de edad y con discapacidad que nunca fue parte de la acusación que hoy tilda de viciada de nulidad, ocurriendo lo propio respecto a la acción de libertad innovativa. Aspectos a partir de los cuales solicita se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 177 a 178 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante durante la tramitación de la fase de la instrucción del proceso penal de referencia no hizo uso de su derecho a la defensa activando algún mecanismo establecido por la norma procesal penal para reclamar la nulidad de la acusación, imputación u otra actuación que considere lesiva a sus derechos y garantías constitucionales, no habiendo agotado las instancias pertinentes conformes lo establece la jurisprudencia constitucional inobservando el principio de subsidiariedad, no encontrándose los hechos denunciados en esta acción de libertad dentro de las excepciones para incumplir con el señalado principio; por lo que, no es posible considerar los aspectos de fondo que fueron plasmados en la demanda constitucional; 2) El hijo menor de edad de la impetrante de tutela no es parte del proceso, y si bien se manifiesta que es el hijo de la mencionada, la jurisdicción constitucional no es competente para disponer medidas de protección, correspondiendo a la accionante iniciar el proceso penal pertinente contra quien supuestamente está agrediendo al menor para que la autoridad ordinaria pueda considerar esa solicitud; y, 3) De atender lo reclamado se estaría quebrantando las competencias delimitadas entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; en ese sentido, además de no haberse cumplido con el principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta que el menor de edad no está siendo procesado, no corresponde ingresar al fondo de los aspectos planteados.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acusación Formal de 23 de septiembre de 2022, por la que Martha Beatriz Saavedra UrquizU, Fiscal de Materia -ahora accionada- acusó formalmente a Carmen Rosa Alcoba Armella -hoy peticionante de tutela-por la presunta comisión del delito de amenazas, respecto a los hechos acontecidos el 14 de enero de 2022, cuando la prenombrada supuestamente amenazó a la denunciante y víctima, Lucía Tavera “Montecinos” de Patiño (fs. 31 a 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante por sí y en representación de su hijo menor de edad, considera lesionados sus derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la “legalidad”; toda vez que: i) La autoridad fiscal hoy accionada formuló acusación formal en su contra sin existir los elementos legales valederos basándose en prueba insuficiente y contradictoria a fin de favorecer una apropiación indebida, sin que los hechos fueran investigados, incurriendo en incumplimiento de deberes al ser la acusación apartada de la realidad sobre un delito que no cometió, habiéndola acusado sin la debida motivación; ii) La acusación particular fue presentada respecto al delito de violencia familiar o doméstica, cuando su accionar no se acomoda a ninguno de los supuestos del art. 272 bis del CP; su hijo menor de edad no fue llamado a declarar; no se citó a la DNA; no se la notificó debidamente -no refiere el actuado-; se determinó artificiosamente su rebeldía; la autoridad judicial usurpó funciones de la jurisdicción indígena originaria; no se respetó la competencia de la jurisdicción agroambiental; no fue sometida a autoridad judicial imparcial; se incurrieron en defectos absolutos; se amplió indebidamente la denuncia contra el padre del menor de edad; los Informes psicológicos y sociales no se referían a su persona, siendo parcializados y direccionados; iii) Se vulneró su derecho a la vida e integridad física, por cuanto la madre de uno de los testigos mediante un video de 25 de octubre de 2021 la amenazó de muerte y a su hijo menor de edad y con discapacidad por ser dueño del predio del cual la denunciante pretende apropiarse; iv) Se encuentra privada de su libertad personal, pues le prohíben gozar y disfrutar de su casa restringiendo su locomoción para que pueda ingresar o salir de la misma. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

Al respecto, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, sostuvo que: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.

Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.

En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.

Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido

Asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0506/2019-S1 de 9 de julio, citando a su vez a la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, sobre la procedencia del debido proceso vía acción de libertad, sostuvo: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal”’.

Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión.

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.

En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “'…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'.

(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” » (las negrillas son nuestras).

III.3. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y el incidente de actividad procesal defectuosa en materia procesal penal

Sobre el particular, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa.

En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”» (las negrillas nos pertenecen).

En este alcance de limitación excepcional procesal-constitucional de la acción de libertad, se tiene el incidente de actividad procesal defectuosa como medio idóneo para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes precisando al respecto la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad’, en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas corresponden al texto original).

III.4. Sobre los requisitos para la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad

La SCP 0229/2020-S3 de 13 de julio, recogiendo la jurisprudencia emitida respecto a la procedencia de la tutela del derecho a la vida a través de la acción de libertad, concluyó que: «…la SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio, citando a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sostuvo que: ‘“…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.

Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.

Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.

Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”’.

Del entendimiento jurisprudencial citado, se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar; por cuanto, las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con su derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo (en ese mismo sentido las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0278/2018-S1 y 0418/2018-S1), contrastando los hechos denunciados con los elementos fácticos que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conceder la tutela solicitada» (las negrillas nos pertenecen).

III.5. Análisis del caso concreto

A partir de la presente acción de libertad la accionante por sí y en representación de su hijo menor de edad y con discapacidad, denuncia una serie de aspectos que para su mejor comprensión, dada la desordenada y poco prolija exposición de los hechos o actos lesivos, fueron agrupados en los siguientes motivos de agravio constitucional; así, en relación a la autoridad fiscal ahora accionada señaló que ésta formuló la acusación formal en su contra sin existir los elementos legales valederos basándose en prueba insuficiente y contradictoria a fin de favorecer una apropiación indebida, sin que los hechos fueran investigados, incurriendo en incumplimiento de deberes al ser la acusación apartada de la realidad sobre un delito que no cometió, habiéndola acusado sin la debida motivación; respecto a otros actuados también considerados indebidos por la parte impetrante de tutela refirió que la acusación particular fue presentada respecto al delito de violencia familiar y/o doméstica, cuando su accionar no se acomoda a ninguno de los supuestos del art. 272 bis del CP; que su hijo menor de edad no fue llamado a declarar; que no se citó a la DNA; que no se la notificó debidamente -no refiere el actuado-; que se determinó artificiosamente su rebeldía; que la autoridad judicial usurpó funciones de la jurisdicción indígena originaria campesina; que no se respetó la competencia de la jurisdicción agroambiental; que no fue sometida a autoridad judicial imparcial; que se incurrieron en defectos absolutos; que se amplió indebidamente la denuncia contra el padre del menor de edad; que los informes psicológicos y sociales no se referían a su persona siendo parcializados y direccionados; respecto a la vulneración del derecho a la vida manifestó que este fue vulnerado por cuanto la madre de uno de los testigos mediante un video de 25 de octubre de 2021 la amenazó de muerte a su persona y a su hijo menor de edad y con discapacidad por ser dueño del predio del cual la denunciante pretende apropiarse; y finalmente, en cuanto a su derecho a la libertad personal denunció que el mismo es restringido por cuanto le prohíben gozar y disfrutar de su casa restringiendo su locomoción para que pueda ingresar o salir de la misma. Aspectos sobre los cuales corresponderá referirnos a continuación.

Sobre la autoridad fiscal accionada

En inicio cabe mencionar que la parte accionante realiza su reclamo constitucional a partir del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de amenazas, mismo que fue sustentado conforme se advierte de la acusación formal de 23 de septiembre de 2022, en los hechos acaecidos el 14 de enero de ese año, oportunidad en la que en horas de la noche, llegando la víctima Lucia Tavera “Montecinos” de Patiño, a su domicilio, habría observado que la hoy accionante se encontraba dentro del mismo, procediendo la acusada a reclamarle la entrega de su propiedad y posteriormente a amenazarla con un machete el cual lanzó impactando en la pared del dormitorio, donde a su vez la víctima se resguardó cerrando la puerta, la cual la peticionante de tutela golpeaba con el machete amenazándola verbalmente (Conclusión II.1).

Es en mérito a dicha acusación que la accionante reclama la vulneración de sus derechos por parte de la autoridad fiscal, refiriendo que tal Resolución fue formulada sin existir elementos legales valederos, habiéndose basado en prueba insuficiente y contradictoria a fin de favorecer la apropiación indebida de su inmueble, y sin que los hechos hayan sido investigados, incurriendo de esta manera en incumplimiento sus deberes por apartarse de la realidad y acusar sobre un delito que no cometió, no contando la acusación emitida con la debida motivación.

Al respecto, cabe manifestar que lo expuesto se constituye en el único acto lesivo referido en cuanto a la actuación de la autoridad identificada con la legitimación pasiva dentro de esta acción tutelar, percibiéndose que la denuncia realizada recae sobre en la supuesta indebida emisión de la acusación formal por una serie de aspectos antes mencionados, en función a lo cual se hace imprescindible referirnos a la naturaleza de la acción de libertad así como a la línea jurisprudencial emitida respecto a la protección del debido proceso vía acción de libertad, entendimientos que fueron plasmados en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional.

Así, es necesario referir que la acción de libertad es un mecanismo de defensa instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. En ese marco, de lo manifestado en esta acción tutelar, se advierte que con relación a la acusación formal la parte accionante reclama entre varios aspectos la indebida motivación a tiempo de emitir la misma así como la consideración inadecuada de los datos del proceso investigativo, la falta de realización de la investigación como tal, la inexistencia de elementos valederos para formular la acusación, la consideración de prueba insuficiente y contradictoria, el incumplimiento de deberes, y el establecimiento de la acusación por un delito que no cometió, aspectos que dan cuenta que la problemática expuesta por la parte accionante se encuentra relacionada a denuncias con el indebido procesamiento, correspondiendo en esa circunstancia considerar el entendimiento sentado acerca de su protección vía acción de libertad.

En ese entendido, de la uniforme línea jurisprudencial se tiene establecido que a fin de resguardar denuncias relacionadas al procesamiento ilegal o indebido vía acción de libertad, de manera concurrente se deben presentar los dos presupuestos exigidos, centrándose estos por una parte en la relación o vinculación directa del acto lesivo con la libertad por operar como causa directa de su restricción o supresión; y además, debe existir absoluto estado de indefensión, es decir que, en el caso, la accionante no haya tenido la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso; en ese marco, del reclamo constitucional efectuado, se advierte que el mismo no se constituye en la causa directa de la restricción o supresión de la libertad de la accionante como parte acusada del proceso penal, y menos aún contra su hijo menor de edad que no tiene participación alguna en el mismo, de hecho de lo manifestado a través de esta acción tutelar no se advierte que contra la impetrante de tutela o su hijo menor de edad pese alguna medida restrictiva relacionada con su libertad que haya sido dispuesta dentro del proceso y menos por la autoridad identificada como accionada a fin de dar curso al presente mecanismo de defensa, habiéndose únicamente limitado a referir que la acusación formal no estuvo debidamente motivada, que la autoridad accionada en realidad no realizó acto investigativo alguno incumpliendo sus deberes, que las pruebas colectadas eran insuficientes y contradictorias, etc., lo que de forma alguna se configuran como aspectos que en esencia causen la restricción al derecho a la libertad de la accionante o su hijo menor de edad, denotando la inconcurrencia de este primer y vital presupuesto para la concesión de tutela.

En cuanto al absoluto estado de indefensión, tampoco se advierte que dicho elemento haya estado presente en la situación de la peticionante de tutela; toda vez que, teniendo conocimiento del proceso la accionante conocía con exactitud la autoridad que ejercía el control jurisdiccional de la investigación a fin de denunciar ante la misma cualquier circunstancia que considere lesiva a sus derechos fundamentales y que estuviere relacionado al proceso penal en sí, y en el caso específico de la denuncia de la falta de motivación de la acusación formal, la prenombrada podía plantear su reclamo vía incidental activando en ese sentido el incidente de actividad procesal defectuosa ante la mencionada autoridad jurisdiccional y de este modo reparar la supuesta inobservancia de los elementos del debido proceso, como es el caso de la motivación, y no acudir de forma directa con tal reclamo a la vía constitucional, con lo que evidenciándose que en el caso de la impetrante de tutela no se observó el cumplimiento de ninguno de los presupuestos, únicamente corresponde al respecto denegar la tutela solicitada.

Sobre los actuados desarrollados en el proceso penal

En este punto de análisis se quiso concentrar todas aquellas denuncias efectuadas en el memorial de la acción de libertad que no fueron identificadas como actuaciones de la autoridad fiscal accionada, haciendo una suma de reclamos del proceso penal en sí respecto a los cuales en principio puede claramente advertirse que la autoridad fiscal no ostenta la legitimación pasiva por cuanto lo que se reclama son actuaciones de la querella particular y hasta de la autoridad jurisdiccional como la indebida aplicación del art. 282 bis del CP, la falta de citación a la DNA; la falta de consideración de su hijo menor de edad como testigo; su indebida notificación; la determinación supuestamente artificiosa de su rebeldía; la usurpación de funciones por la autoridad judicial, así como el cuestionamiento a su imparcialidad y a su vez el desconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina y agroambiental; la concurrencia de defectos absolutos; la indebida ampliación de la denuncia contra el padre del menor de edad; la elaboración parcializada y direccionada de los informes psicológicos y sociales que además no se referían a su persona; aspectos que a más de lo referido precedentemente en cuanto a la falta de legitimación pasiva como un aspecto que también impediría ingresar al análisis de fondo de la problemática; sin embargo, resulta aún más conveniente hacer referencia al igual que en el anterior punto de análisis a la relación existente entre lo denunciando y el indebido procesamiento.

En ese sentido, en la misma línea de análisis efectuada anteriormente es claramente perceptible con los aspectos antes mencionados corresponden a vulneraciones del debido proceso, y en función a ello de igual forma corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial antes vertido en cuanto a la posibilidad de tutelar denuncias al indebido o ilegal procesamiento vía acción de libertad, evidenciándose que ninguno de los aspectos referidos se constituyen en causa directa de la privación de libertad, misma que incluso por los datos expresados y la consideración de antecedentes del caso, en realidad no habría sido dispuesto dentro del proceso penal seguido contra la accionante, con lo que se tiene por incumplido el primer presupuesto para que las denuncias efectuadas sean consideradas mediante esta acción tutelar.

Con relación al estado absoluto de indefensión, conforme lo estable el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, la normativa procesal penal tiene previsto un mecanismo específico frente a denuncias que involucren la actividad procesal defectuosa como en efecto se constituyen los reclamos efectuados en esta acción tutelar, incidente que tampoco se advierte haya sido activado para el resguardo y protección de los derechos fundamentales de la peticionante de tutela o de su hijo menor de edad, pese a que se tenía conocimiento de la autoridad que ejercía en su momento el control jurisdiccional y que en su caso podía determinar el restablecimiento de los derechos de la parte imputada considerados entonces vulnerados; asimismo, en cuanto al cuestionamiento de la imparcialidad de la autoridad judicial, el adjetivo penal también tiene previsto el medio específico para su consideración el cual es el mecanismo de la recusación, y sobre su competencia, el incidente de incompetencia, con lo que una vez más se advierte que ante tal incumplimiento de los presupuestos previstos, las denuncias realizadas relacionadas con el indebido o ilegal procesamiento no son susceptibles de protección vía esta acción tutelar correspondiendo al respecto de igual forma denegar la tutela solicitada.

Sobre el derecho a la vida

En cuanto a dicho derecho, la accionante identifica su lesión a partir de la publicación de un video suscitada el 25 de octubre de 2021 en el que la madre de uno de los testigos propuestos dentro del proceso penal de referencia, la habría amenazado a ella y a su hijo menor de edad por ser el dueño del predio del cual supuestamente la denunciante pretende apropiarse.

Al respecto, por una parte debe señalarse que lo referido se constituye en una denuncia diferente e independiente de la que en inicio dio origen al proceso penal instaurado contra la accionante, y a partir del cual se cuestionó en específico la actuación de la Fiscal de Materia identificada dentro de la legitimación pasiva de esta acción tutelar, pues como se advirtió en el primer punto de análisis, el proceso penal de referencia fue abierto a partir de los hechos acontecidos el 14 de enero de 2022, donde no se advierte participación alguna de la madre del testigo a la que en la presente acción de libertad se hizo referencia, evidenciándose a partir de lo reclamado la falta de correspondencia necesaria entre los hechos denunciados, el derecho invocado y la petición realizada a través de esta acción de libertad, y si bien es cierto que la misma se encuentra imbuida del principio de informalismo, no es menos cierto que el planteamiento constitucional debe contener una mínima carga lógico-argumentativa que la haga procedente.

En esa misma línea de análisis, un aspecto importante a tiempo de considerar la denuncia efectuada, como se adelantó, se refiere al tema de la legitimación pasiva, pues no obstante de que el derecho a la vida en efecto es susceptible de protección vía acción de libertad cuando exista un real peligro para este, en el caso, el acto lesivo identificado no guarda relación con la actuación cuestionada de parte de la Fiscal de Materia, sobre quien en esencia se denunció aspectos relacionados a la emisión de la acusación formal, y no así vulneraciones vinculadas a la lesión del derecho a la integridad física o el peligro evidente al derecho a la vida, y si lo que se pretendió es relacionar dicha afectación a la falta de determinación de medidas de protección, como se tiene dicho, el acto denunciado identifica otros actores que no se constituyen en parte principal del proceso penal instaurado contra la accionante y del cual deviene la actuación de la señalada autoridad fiscal a partir de la que de alguna manera pudiera reprocharse una actuación poco diligente del caso concreto; asimismo, por otro lado, debe considerarse que a partir de la incorrecta identificación de la parte accionada, la jurisdicción constitucional no podría determinar la vulneración de los derechos alegados, por cuanto las personas que supuestamente incurrieron en tal lesión, no tuvieron conocimiento de la presente acción tutelar para asumir su defensa, no resultando correcto considerar el planteamiento propuesto en desconociendo al derecho a la defensa de la parte accionada que al no haber sido correctamente identificada se le privó el ejercicio de su derecho a la defensa, aspecto que corrobora aún más el criterio de la falta de relación entre los hechos denunciados, los derechos identificados y el petitorio realizado.

Por otra parte, si bien el derecho a la vida conforme lo refiere el entendimiento jurisprudencial establecido a partir del Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, dado su carácter primario y básico del cual emergen el resto de los derechos, puede ser protegido mediante este mecanismo de defensa, empero debe dejarse establecido que su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar; por cuanto, las características particulares que conciernen al resguardo del derecho a la vida, no eximen a la parte accionante de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con su derecho cuya tutela se busca, considerándose que la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelarlo y protegerlo, lo que en el presente caso no acontece, pues la impetrante de tutela, al margen de las observaciones antes mencionadas, únicamente se limitó a denunciar su vulneración sin que esta se encuentre debidamente acreditada.

Es en función a las particularidades que presenta el caso de autos donde como se advirtió no existe una mínima carga lógico-argumentativa ni una relación entre lo denunciado y lo pedido, ello además vinculado al tema de la incorrecta identificación de la legitimación pasiva, y a su vez la falta de acreditación de la denuncia realizada, que en lo que concierne a este punto de análisis, no corresponde acoger de forma favorable la solicitud de tutela.

Sobre el derecho a la libertad Al respecto la peticionante de tutela denuncia que se encuentra privada de su libertad personal, pues le prohíben gozar y disfrutar de su casa restringiendo su locomoción para que pueda ingresar o salir de la misma.

Sobre el reclamo constitucional referido, al igual que en el punto anterior se advierte diversas falencias en cuanto a su postulación; toda vez que, de igual forma equívoca la identificación de la parte accionada al interponer la presente acción tutelar contra la Fiscal de Materia accionada, y no así sobre quien estuviera obstaculizando o vulnerando su derecho a la libertad personal que se entiende se suscita al interior de su inmueble, aspecto que impide ingresar al análisis de fondo a fin de no lesionar el derecho a la defensa de la denunciante del proceso penal quien se entiende ejercería dichas restricción al derecho a la libertad de la accionante y su hijo menor de edad, considerando además en la presente acción de defensa la denunciante ni siquiera fue notificada como tercera interviniente a fin de que de alguna manera se pueda suplir dicha deficiencia y en los hechos logre ejercer su derecho a la defensa.

Por otra parte, debe dejarse claramente establecido que si bien la acción de libertad está regida por el principio de informalismo, como se refirió en su oportunidad, ello no significa que la parte accionante no tenga que cumplir con una carga mínima a fin de acreditar su pretensión, que brinde a esta jurisdicción la certidumbre necesaria respecto a los actos que denuncia a objeto de establecer la vulneración de los derechos invocados y la consiguiente concesión de tutela, aspecto que en el presente caso tampoco aconteció pues la parte accionante únicamente se limitó a indicar que se le prohíbe disfrutar y gozar del inmueble en el que vive, sin que al respecto haya manifestado ni siquiera un hecho concreto a partir del cual pueda evidenciarse tal aspecto, menos aún presentó elemento alguno que haga factible su consideración; por lo que, con relación a dicha denuncia igualmente corresponde denegar la tutela solicitada. Por lo expuesto, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 17 de noviembre, cursante de fs. 177 a 178 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0029_2023-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 193ca3d24c2faf223d6d20e1c10b7d81a1e4a6a473b4be0e17c16bc0a15fa37a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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