Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de febrero de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a un juez imparcial, al trabajo y de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación y congruencia; toda vez que, dentro de los procesos administrativos internos que se siguieron en su contra, el Gobernador ahora demandado pronunció las RRAA 088/2023 y 089/2023, declarando ilegal la excusa efectuada por el Gerente General de SETAR, incurriendo en los siguientes actos lesivos: i) Omitió valorar el Instructivo GER.GRAL.0148-05-2022; el informe de 6 de junio de 2022, las Circulares Internas de 17 y 22 del mismo mes y año; de igual forma, no valoró el memorial presentado de 21 de marzo de igual año, mediante el cual recusaron al referido Gerente General, por haber emitido criterio anticipado, adjuntando además copia del recurso de revocatoria que el mismo presentó, pidiendo se sancione a otros involucrados y a sus personas; empero, el referido memorial no mereció respuesta y directamente se emitió una resolución final destituyéndolos y alejándolos de su fuente laboral; y, ii) No analizó integralmente las causales de excusa previstas en el art. 3.9 y 11 de la Ley 1760. Ante ello, la autoridad demandada manifestó que: a) Las causales de excusa, fueron analizadas conforme los arts. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 2568 a 2578 vta., pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2026-S2 Sucre, 12 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58808-2023-118-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 03/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 2568 a 2578 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Armando Rosales Llampa y Robín Igor Martínez Chumacero contra Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Tarija.
Por memoriales presentados el 13 y 15 de junio 2023, cursantes de fs. 221 a 230 vta.; y, 233 a 239 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
Desempeñaron funciones como Ingenieros Eléctricos de la Empresa de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR), siendo designados como Supervisores del Proyecto ‘“CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN TARIJA - ENTRE RÍOS - COMUNICACIÓN”’ (sic), a cuya conclusión, Marco Antonio López Zamora, Gerente General de la referida empresa -ahora tercero interesado-, mediante Instructivo GER.GRAL.0148-05-2022 de 30 de mayo, ordenó al Ingeniero José Cuenca Benítez, encargado de Apoyo Seguimiento, Control de Proyectos de Energía y Requerimiento de Gerencia General, que proceda a la revisión y evaluación técnica del referido Proyecto. En cumplimiento, el 6 de junio de 2022 se emitió el informe requerido, recomendándose que el mismo sea remitido al responsable sumariante para la determinación de responsabilidad administrativa mediante proceso interno; asimismo, ante la existencia de indicios de daño económico con posible responsabilidad civil y/o penal, se sugirió su remisión a asesoría legal de SETAR. En virtud a ello, el 17 de junio de 2022, el Gerente General de SETAR, a través de una circular interna, ordenó la evaluación y cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe; y, el 22 del citado mes y año, a través de la Circular Interna REG.IN-220 de misma fecha, dispuso que el “Juez Sumariante” adopte las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente. En consecuencia, de dichas disposiciones, el Juez Sumariante pronunció los Autos Iniciales de Proceso Administrativo Interno 03/2022 de 18 de julio y 04/2022 de 19 del mismo mes, emitiendo posteriormente las Resoluciones Finales de Proceso Administrativo Interno 03/2022 de 9 de diciembre y 04/2022 de 12 de igual mes, determinaciones que fueron impugnadas, mereciendo las Resoluciones de Recurso de Revocatoria - Proceso Administrativo Interno 03/2022 de 24 de enero y 04/2022 de 25 de similar mes, a través de las cuales las confirmaron. Frente a ello, el 2 y 3 de febrero de 2023 interpusieron recursos jerárquicos, los cuales fueron remitidos mediante notas de 6 y 9 de similar mes y año, por el Gerente General de SETAR a Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del GAD de Tarija -ahora demandado-, alegando la existencia de una causal de excusa al haber ordenado, el referido Gerente, el inicio del proceso administrativo interno, siendo radicados dichos recursos por la autoridad demandada mediante Resolución de 23 de igual mes y año; de modo que, mediante memorial de 21 de marzo del mismo año, solicitaron formalmente que el referido Gerente General se aparte del conocimiento del recurso jerárquico, recusándolo por haber dispuesto el inicio del proceso Sumario Administrativo y emitir criterio anticipado. Ante tal situación, la autoridad demandada, emitió las Resoluciones Administrativas (RRAA) 088/2023 y 089/2023, ambas de 8 de marzo, argumentando que, si bien el Gerente General de SETAR alegó la existencia de una causal de excusa al haber emitido un criterio anticipado, las derivaciones realizadas por el mismo constituían actos de mero trámite, siendo inclusive que no se adjuntó prueba, omitiendo pronunciarse sobre hechos irrefutables como el Instructivo GER.GRAL.0148-05-2022, mediante el cual, el Gerente General de SETAR ordenó la revisión, evaluación técnica de dicho proyecto, el informe de 6 de junio de 2022, la Circular Interna de 17 de junio del citado año, la cual dispuso: ‘“La evaluación y cumplimiento de la conclusiones y recomendaciones del informe CITE: JRCR 101/22”’ (sic); la circular interna de 22 del mismo mes y año, que ordenó al Juez Sumariante ‘“Tomar las acciones correspondientes en el presente caso en base a la normativa legal vigente”’ (sic); y, el memorial de 21 de marzo de igual año, por el que recusaron al referido Gerente General, por haber emitido criterio anticipado, al dar inicio al proceso sumario administrativo; no obstante, producto de dichas resoluciones impugnadas que rechazaron la excusa del antes mencionado, este concluyó los procesos iniciados en su contra, destituyéndolos y alejándolos de su fuente laboral, lesionándose también su derecho al trabajo. En dichas Resoluciones Administrativas ahora cuestionadas, no se analizó en conjunto las causales de excusa relativas a ‘“Haber manifestado su opinión sobre la justicia o injusticia del litigio antes de asumir conocimiento de él. Ser o haber sido el juez denunciante o querellante contra una de las partes, o denunciado o querellado por cualquiera de éstas con anterioridad a la iniciación del litigio”’ (sic), contenidas en los arts. 3.9 y 11 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar -Ley 1760 de 28 de febrero de 1997-, aplicables por remisión expresa del Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001, modificatorio del Reglamento de la Responsabilidad de la Función Pública -DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992-. Consecuentemente, se tuvo que el proceso administrativo interno fue iniciado a denuncia y remisión expresa del Gerente General de SETAR, mismo que no podía resolver el recurso jerárquico que formularon sin tener comprometida su imparcialidad, por lo que se vulneró el derecho a un juez imparcial, lo que justifica la relevancia constitucional en el presente caso, debido a la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia y valoración integral de la prueba que podría modificar el resultado.
Denunciaron la lesión de sus derechos a un juez imparcial, al trabajo y a la garantía del debido proceso en sus elementos motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto las RRAA 088/2023 y 089/2023, y se emitan nuevas resoluciones que resuelvan la excusa del Gerente General de SETAR de manera motivada y congruente, debiendo retrotraerse el trámite hasta antes de su emisión; b) Se ordene la restitución a su fuente laboral de manera inmediata, así como el pago de sueldos devengados hasta el momento de su reincorporación; y, c) Se proceda al pago de costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 2558 a 2567 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos expuestos en su memorial acción de defensa y, ampliando en audiencia de garantías, señalaron que: 1) Al pronunciarse las RRAA 088/2023 y 089/2023, se manifestó que el Gerente General -ahora tercero interesado-, no emitió un criterio anticipado, ya que simplemente efectuó actos de mero trámite; empero, bajo el principio de verdad material y de la revisión de los documentos, se pudo verificar que no se trató de actos de mero trámite, al advertirse un criterio por el cual ordenó se inicie un proceso administrativo interno; y, conforme lo establece la normativa, dichos procesos pueden iniciarse de oficio o por denuncia; de igual forma, se indicó que no se presentó prueba suficiente para acreditar la excusa, cuando el propio Gerente General -ahora tercero interesado- adjuntó toda la carpeta; 2) Es falso que en su caso se aplicó la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que conforme estipula el art. 26 del DS 26237, para el trámite de excusa y recusación se debió emplear la Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar; 3) No se analizó la causal de excusa relativa a ser o haber sido juez o denunciante, pese a que, de forma oportuna, mediante memorial presentado el “21 de marzo de 2023”, se recusó al Gerente General de SETAR, adjuntando copia del recurso de revocatoria que el mismo presentó, pidiendo sé que se sancione a otras personas involucradas y a ellos; empero, ese memorial no mereció respuesta y directamente se emitió una resolución final; 4) En el caso no se podría plantear una recusación sobreviniente, ni tampoco interponer recursos de revocatoria o jerárquico contra las determinaciones del Gobernador demandado, al tratarse de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la institución, no existiendo subsidiariedad; 5) La autoridad demandada manifestó que se aplicaba el Código Procesal Civil; empero, el DS 26237 no indica que deba emplearse el mismo, y debía usarse la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar que establecía dos causales de excusa que no fueron tomadas en cuenta, y en todo caso, en el Código Procesal Civil ratificaron ambas causales; y, 6) Las RRAA 088/2023 y 089/2023 fueron notificadas a otro domicilio procesal ajeno al proporcionado; en ese sentido, en ningún momento fueron notificados con las mismas.
Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del GAD de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 1404 a 1410, a través de sus representantes legales, solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando lo siguiente: i) Mediante las RRAA 088/2023 y 089/2023 se resolvió la excusa (inhibición) planteada por el Gerente General de SETAR, describiendo de manera clara los hechos que dieron lugar a la solicitud, citando la normativa aplicable y efectuando una relación lógica y causal entre los hechos y las disposiciones legales; ii) Se analizaron las causales previstas en los arts. 347 y 348 del Código Procesal Civil (CPC), siendo aplicable supletoriamente conforme lo dispuesto por el art. 26 del DS 23318-A, modificado por el DS 26237; y, 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), concluyendo que ninguna de ellas resulta aplicable al caso en concreto; aclarando que la Ley de Abreviación Procesal Civil se encuentra abrogada; iii) El Gerente General de SETAR, al derivar los informes técnicos que dieron origen a los procesos administrativos internos, realizó un acto administrativo de mero trámite (al no ser un acto definitivo) que no declara, modifica o extingue una situación jurídica, tampoco se identificó participación activa del prenombrado dentro del proceso interno (inicio, sustanciación y conclusión), ni fue presentada documentación idónea que acredite que el mismo hubiera emitido criterio anticipado sobre los procesos sumarios en cuestión, conforme fue establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1550/2014 de 1 de agosto, y 0518/2016-S1 de 9 de mayo; iv) El Gerente General referido, nunca se constituyó en parte denunciante, sino que los técnicos a través de los informes precisaron los hechos, estableciendo indicios de posibles contravenciones, por lo que no existió una actuación formal que demostrase que haya evaluado, analizado y establecido los hechos y contravenciones, limitándose únicamente a remitir informes elaborados por técnicos subalternos a la instancia competente, quien es el juez sumariante, por lo que la derivación tampoco estableció indicios de responsabilidad; por lo tanto, no emitió ningún criterio de valor ni analizó en el fondo la problemática en cuestión; y, v) No se consideró el memorial de recusación de 21 de marzo de 2023, al tratarse de un documento de data posterior, ya que las resoluciones ahora cuestionadas fueron emitidas el 8 de igual mes y año; asimismo, los accionantes manifestaron que se emitió la Resolución Administrativa (RA) 089/2023, con la que fueron notificados el 10 de similar mes y año; sin embargo, no interpusieron los recursos administrativos correspondientes, inobservando el principio de subsidiariedad.
Marco Antonio López Zamora, Gerente General de SETAR, mediante memorial cursante a fs. 2557 y, en audiencia de garantías, a través de su representante, señaló que: a) No entiende por qué los accionantes formularon la presente acción de amparo constitucional en la provincia O’Connor-Entre Ríos del departamento de Tarija, siendo que tanto la parte demandada como el tercero interesado tienen consignado su domicilio real y laboral en la Capital del mismo; b) Los procesos administrativos internos se iniciaron a raíz de indicios de responsabilidad administrativa y presuntas contravenciones al Contrato Administrativo 98/2019, referido a la ejecución del proyecto ‘“CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN TARIJA-ENTRE RÍOS”’, en el cual los impetrantes de tutela se desempeñaban en el cargo de supervisores de obra; siendo sustentados en un informe técnico elaborado por el responsable de apoyo, seguimiento y control de proyectos de energía de la referida empresa, garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso, ya que los prenombrados tuvieron la oportunidad de ofrecer pruebas, formular descargos e interponer los recursos administrativos previstos por los Decretos Supremos 23318-A y 26237; c) Inicialmente, se inhibió de conocer los recursos jerárquicos antes mencionados, y remitió los antecedentes a la Gobernación del departamento de Tarija; sin embargo, dicha excusa fue declarada ilegal mediante las RRAA 088/2023 y 089/2023, considerando que no existió en el cuaderno administrativo ninguna actuación que demuestre que hubiera emitido criterio anticipado, participado activamente en la sustanciación de los procesos o expresado opinión previa sobre la responsabilidad de los peticionantes de tutela, por lo que dichos fallos no vulneraron de manera alguna los derechos fundamentales de los accionantes; d) Los antes mencionados sustentaron su pretensión en normativa abrogada, siendo que conforme a la normativa vigente, las causales de excusa y recusación se encuentran reguladas en el art. 347 y siguientes del CPC, siendo aplicable únicamente la causal referida a la manifestación de criterio anticipado que conste en actuado judicial, lo que no se configuró en el presente caso; y, e) Una vez devueltos los procesos administrativos, emitió el proveído de radicatoria de 13 de marzo de 2023, poniendo en conocimiento de las partes el estado del proceso, siendo notificados los impetrantes de tutela el 15 de igual mes y año, a partir de lo cual corría el plazo de tres días para la interposición del recurso de recusación sobreviviente conforme al art. 351 del “Código de Procedimiento Civil”; sin embargo, esta fue presentada recién el 21 de marzo de 2023, resultando extemporánea.
La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 03/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 2568 a 2578 vta., denegó la tutela impetrada; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El análisis constitucional se circunscribió exclusivamente al examen de las RRAA 088/2023 y 089/2023, correspondiendo pronunciarse directamente sobre la “resolución de alzada”; 2) De la revisión de los antecedentes del caso, se advirtió que los accionantes fueron sometidos a procesos administrativos sumarios disciplinarios a raíz del Instructivo General 0148-05/2022 de 30 de mayo, mediante el cual el Gerente General de SETAR, dispuso la revisión y evaluación técnica del proyecto Construcción Línea de Subtransmisión Tarija-Entre Ríos del mismo departamento, por lo que una vez emitido el informe requerido, mediante Circular Interna INT-220/2022 de 22 de junio, remitió dicho informe al juez sumariante para su conocimiento y posterior cumplimiento, sin que en dicho acto se evidencio la emisión de opinión alguna sobre los referidos procesos administrativos que se iniciaron posteriormente; 3) La autoridad demandada, en las RRAA 088/2023 y 089/2023, fundamentó ampliamente de manera clara y coherente su decisión, identificando la normativa aplicable y efectuando una valoración razonada de los antecedentes, ya que si bien la excusa planteada por el Gerente General se sustentó en el argumento de haber asumido conocimiento del proceso desde su inicio, lo cual podría subsumirse en la causal prevista en el art. 347.8 del CPC, referida a la manifestación de criterio anticipado, se estableció que la actuación del prenombrado es de mero trámite, que no creó, modificó ni extinguió situaciones jurídicas, tampoco existe evidencia de su participación activa en el inicio, sustanciación o conclusión de los procesos administrativos en cuestión, ni documentación que demuestre cuál fue el criterio que hubiera emitido constando en los referidos procesos y que sea de data anterior a la interposición de los recursos jerárquicos; por lo tanto no se acompañó prueba alguna que acredite la causal de excusa invocada, razón por la cual fue correctamente declarada improcedente e ilegal; y, 4) En consecuencia, no se vulneró el debido proceso ni el derecho al juez imparcial, al no haberse demostrado que el Gerente General de SETAR haya sido parte activa o hubiera emitido opinión alguna dentro de los procesos administrativos; es decir que no existió manifestación de criterio anticipado, ya que la simple orden de revisión técnica y remisión de un informe no puede considerarse, por sí sola, como causal de excusa, pues ello implicaría que el mismo se inhiba conocer todos los procesos administrativos que se inicien contra los funcionarios bajo su dependencia.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Autos Iniciales de Proceso Administrativo Interno 03/2022 de 18 de julio y 04/2022 de 19 de igual mes, Orlando Ruiz Sandoval, Juez Sumariante de SETAR, resolvió procede a la apertura de oficio del proceso administrativo interno en contra de Armando Rosales Llampa y Robín Igor Martínez Chumacero -ahora accionantes-, por supuestas contravenciones al ordenamiento administrativo (fs. 37 a 42 vta.; y, 43 a 48 vta.). II.2. A través de la Resolución Final de Proceso Administrativo Interno 03/2022 de 9 de diciembre y 04/2022 de 12 de igual mes, el Juez Sumariante de SETAR, resolvió declarar con lugar las contravenciones administrativas, en consecuencia, se determinó la responsabilidad administrativa de los impetrantes de tutela, con la imposición de la sanción de destitución (fs. 49 a 67 vta.; y, 68 a 88 vta.). Determinaciones contra las que los prenombrados interpusieron recurso de revocatoria el 11 y 12 de enero del mismo año, respectivamente (fs. 89 a 100; y, 101 a 113); mereciendo al efecto las Resoluciones de Recurso de Revocatoria - Proceso Administrativo Interno 03/2022 de 24 de enero y 04/2022 de 25 de enero, mediante las cuales el Juez Sumariante de SETAR confirmó en todas sus partes las aludidas Resoluciones Final de Proceso Administrativo Interno (fs. 127 a 139; y, 114 a 126). II.3. Por memoriales de 2 de febrero de 2023, los impetrantes de tutela interpusieron recurso jerárquico contra las Resoluciones de Recurso de Revocatoria - Proceso Administrativo Interno 03/2022 y 04/2022 (fs. 170 a 182 vta.; y, 140 a 153). En respuesta, Marco Antonio López Zamora, Gerente General de SETAR -ahora tercero interesado- en conocimiento de las impugnaciones, a través de Notas GER.GRAL. 051-02-2023 de 6 de febrero y GER.GRAL. 057-02-2023 de 9 del citado mes, se dirigió a Oscar Gerardo Montes Barzón, Gobernador del GAD de Tarija -ahora demandado-, refiriendo que asumió pleno conocimiento de todas las actuaciones procesales desde el inicio de los procesos y con el objeto que los mismos se lleven con absoluta transparencia e imparcialidad, inhibiéndose del conocimiento; por lo que, remite los recursos jerárquicos (fs. 158 y 190).
II.4. Consta RRAA 088/2023 y 089/2023, ambas de 8 de febrero, mediante las cuales, el Gobernador ahora demandado, resolvió declarar improcedente e ilegal la excusa planteada por el Gerente General de SETAR -tercero interesado-, determinando que debió proseguirse con la sustanciación de la causa en grado de recurso jerárquico (fs. 212 a 219; y, 204 a 211). II.5. Se tienen memoriales presentados el 20 de marzo de 2023, a través de los cuales, los accionantes recusan la competencia del Gerente General de SETAR (fs. 163 y vta. y 192 y vta.), con base al recurso de revocatoria presentado el 30 de enero del mismo año por la referida autoridad contra la Resolución Administrativa Final de Proceso Administrativo Interno 05/2022 de 16 de diciembre, dentro el proceso administrativo interno iniciado por SETAR contra José Luis Zeballos Velasco (fs. 164 a 167 vta.; y, 193 a 196 vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a un juez imparcial, al trabajo y de la garantía del debido proceso en sus elementos motivación y congruencia; toda vez que, dentro de los procesos administrativos internos que se siguieron en su contra, el Gobernador ahora demandado pronunció las RRAA 088/2023 y 089/2023, declarando ilegal la excusa efectuada por el Gerente General de SETAR, incurriendo en los siguientes actos lesivos: i) Omitió valorar el Instructivo GER.GRAL.0148-05-2022; el informe de 6 de junio de 2022, las Circulares Internas de 17 y 22 del mismo mes y año; de igual forma, no valoró el memorial presentado de 21 de marzo de igual año, mediante el cual recusaron al referido Gerente General, por haber emitido criterio anticipado, adjuntando además copia del recurso de revocatoria que el mismo presentó, pidiendo se sancione a otros involucrados y a sus personas; empero, el referido memorial no mereció respuesta y directamente se emitió una resolución final destituyéndolos y alejándolos de su fuente laboral; y, ii) No analizó integralmente las causales de excusa previstas en el art. 3.9 y 11 de la Ley 1760. Ante ello, la autoridad demandada manifestó que: a) Las causales de excusa, fueron analizadas conforme los arts. 347 y 348 del CPC y la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo inaplicable la Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar por encontrarse abrogada; b) El Gerente General solo realizó actos de mero trámite al derivar informes técnicos, sin emitir un criterio anticipado ni intervenir activamente en el proceso; c) El memorial de 21 de marzo de 2023, no fue considerado por ser de data posterior a la emisión de las resoluciones referidas; y, d) Se incumplió el principio de subsidiariedad al no interponer los recursos administrativos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, señala lo siguiente: “De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo” (las negrillas son añadidas).
El problema jurídico planteado en el presente caso, tiene su origen en los procesos administrativos internos instaurados contra Armando Rosales Llampa y Robín Igor Martínez Chumacero -ahora accionantes-, que se inician a partir del Informe del Proyecto Construcción Línea de Subtransmisión Tarija - Entre Ríos - Comunicación Evaluación Técnico y Económico, que concluyó en la existencia de indicios de daño económico y contravenciones de responsabilidad contra los mencionados en su condición de Supervisores y José Luis Zeballos como Fiscal de Obra. En ese contexto, mediante Resoluciones Finales de Proceso Administrativo Interno 03/2022 y 04/2022 de 9 y 12 de diciembre, respectivamente, el Juez Sumariante de SETAR, resolvió declarar con lugar las contravenciones administrativas, determinando la responsabilidad administrativa de los impetrantes de tutela, disponiendo la imposición de la sanción de destitución, las cuales, siendo objeto de recurso de revocatoria, fueron resueltas mediante las Resoluciones de Recurso de Revocatoria - Proceso Administrativo Interno 03/2022 y 04/2022 de 24 y 25 de enero, respectivamente, mediante las cuales el Juez Sumariante de SETAR confirmó en todas sus partes los citados fallos impugnados (Conclusiones II.1 y II.2).
Así mismo, los peticionantes de tutela interpusieron los recursos jerárquicos contra los referidos fallos; en respuesta, Marco Antonio López Zamora, Gerente General de la Empresa Pública SETAR, mediante Notas GER.GRAL. 051-02-2023 de 6 de febrero y GER. GRAL. 057-02-2023 de 9 del citado mes, se dirigió al Gobernador demandado inhibiéndose del conocimiento de los recursos planteados, a fin de garantizar transparencia e imparcialidad, refiriendo que asumió pleno conocimiento de todas las actuaciones procesales desde el inicio de los procesos; mereciendo las RRAA 088/2023 y 089/2023, ambas de 8 de febrero, mediante las cuales el Gobernador ahora demandado resolvió declarar improcedente e ilegal la excusa planteada por el Gerente General de SETAR -tercero interesado- (Conclusiones II.3 y II.4). En ese contexto, se advierte que, la problemática se centra en las citadas RRAA 088/2023 y 089/2023, que, a decir de los accionantes, contienen irregularidades que vulneran la garantía del debido proceso en sus elementos de motivación y congruencia vinculados a los derechos a un juez imparcial y al trabajo, por lo que corresponde efectuar el análisis de constitucionalidad en función de alegados puntos de reclamo. En cuanto al primer cargo, los peticionantes de tutela identifican diferentes actuados, es decir: 1) El Instructivo GER.GRAL.0148-05-2022 de 30 de mayo, por el cual, el Gerente General de SETAR ordenó la revisión, evaluación técnica de dicho proyecto; 2) El Informe de 6 de junio de 2022; 3) La Circular Interna de 17 de junio del citado año, que dispuso: ‘“La evaluación y cumplimiento de la conclusiones y recomendaciones del informe CITE: JRCR 101/22”’ (sic); 4) La Circular Interna de 22 del mismo mes y año, que ordenó al Juez Sumariante ‘“Tomar las acciones correspondientes en el presente caso en base a la normativa legal vigente”’ (sic); y, 5) El memorial de 20 de marzo de igual año, por el cual recusaron al referido Gerente General de SETAR, por haber emitido criterio anticipado, adjuntando además copia del recurso de revocatoria que el mismo presentó pidiendo se sancione a otros involucrados y a sus personas. Al respecto, con relación a la omisión de valoración de Instructivo GER.GRAL.0148-05-2022; el informe de 6 de junio de 2022, las Circulares Internas de 17 y 22 del mismo mes y año, se evidencia que las RRAA 088/2023 y 089/2023, que resolvieron -en el mismo tenor- las solicitudes del Gerente General de la Empresa Pública SETAR de “inhibirse” del conocimiento de los recursos jerárquicos interpuestos por los ahora accionantes, considerando que la causal invocada por haber asumido pleno conocimiento de todas las actuaciones procesales desde el inicio del trámite administrativo, y “…haber emitido opinión sobre la problemática planteada…” (sic) alegadas por el referido Gerente; las cuales podrían adecuarse a lo establecido en el numeral 8) del art. 347 del CPC, que establece: “Haber manifestado criterio sobre la justicia a injusticia del litigio que conste en actuado judicial; antes de asumir conocimiento de él”; de la documentación adjunta en los procesos administrativos internos 03/2022 y 04/2022 evidenciaron que: “…el Gerente General de SETAR, Lic. Marco Antonio López Zamora, procedió a realizar la ‘derivación’ del Informe del Proyecto ‘Construcción Línea de Subtransmisión Tarija - Entre Ríos y Comunicación’” (sic), conforme lo señala los Autos Iniciales de Proceso Administrativo Interno 03/2022 y 04/2022, cursantes a “fs. 230” y “fs. 109”, respectivamente, “…sin que conste en obrados, nota o circular interna que de constancia de tal hecho” (sic). A partir de lo cual, el Gobernador demandado resolvió -en ambos casos- que la actuación realizada por el Gerente General de la Empresa Pública SETAR, se constituye en un acto administrativo de mero trámite, puesto que al no ser un acto definitivo, no declara, modifica o extingue una relación o situación jurídica, por lo que no identifica la participación activa del mismo dentro de los procesos administrativos internos (inicio, sustanciación y conclusión), toda vez que si bien se remitieron los recursos jerárquicos con todos los antecedentes “fs. 628” y “fs. 452” -de las resoluciones cuestionadas-, no cursa documentación que acredite la referida causal expuesta de excusa, en la cual se evidencie que el prenombrado manifestó criterio sobre dichos procesos de manera anterior a la interposición de los recursos jerárquicos.
En tal sentido, se evidencia que las RRAA 088/2023 y 089/2023 hoy cuestionadas, cuentan con los argumentos suficientes que justifican su decisión de declarar ilegal la excusa formulada por el Gerente de SETAR, por lo que, si bien los accionantes identifican los medios probatorios que presuntamente no fueron valorados; sin embargo, no cumplieron con la carga argumentativa establecida en la SCP 0033/2025-S2 de 24 de febrero, que establece a partir de la jurisprudencia constitucional existente la carga de acreditar lo siguiente: “…1) De manera individualizada identificar qué pruebas fueron valoradas al margen de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, o en su caso, fueron producidas pero eran ilícitas, 2) Cómo la valoración o falta de valoración produjo lesión a derechos y garantías tutelados por la acción de amparo constitucional; y, 3) Que la prueba tiene incidencia o relevancia constitucional en la resolución final de forma que su producción o su no valoración podrían haber cambiado la forma de la decisión del caso -SC 0685/2006-R de 17 de julio-” , de ahí que el simple desacuerdo con las Resoluciones ahora impugnadas, no configura una vulneración constitucional, por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a la falta de valoración de los elementos mencionados (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Ahora bien, con relación a la denuncia de falta de valoración del memorial de 20 de marzo de igual año (Conclusión II.5), por el cual, los accionantes manifiestan que recusaron al Gerente General de la Empresa Pública SETAR, por haber emitido -a su juicio- criterio anticipado, adjuntando además copia del recurso de revocatoria que el mismo presentó pidiendo se sancione a “otros involucrados” y a sus personas; se evidencia que dicho cargo no tiene relación con lo tratado en las resoluciones impugnadas, teniendo en cuenta además que la presentación de mencionado escrito se hubiera realizado de manera posterior a la emisión de los fallos ahora cuestionados, que datan de 8 del mismo mes y año, no pudiendo otorgarse la tutela al respecto, en la medida en la que este Tribunal no puede hacer una revisión de oficio sin un cargo concreto. En esa misma línea de análisis, si bien se cuestiona también que dicho memorial de recusación no mereció respuesta por parte del Gerente General de SETAR, quien emitió una resolución final, disponiendo destituirnos y alejarlos de su fuente laboral; sin embargo, dicha autoridad no fue constituida como parte demandada en la presente acción tutelar, por lo que carece de legitimación pasiva y esta Sala se encuentra impedida de emitir pronunciamiento de fondo al respecto, reiterando que esta Sala no puede actuar de oficio subsanando deficiencias en la demanda de amparo constitucional. Finalmente, en cuanto a la lesión del derecho al trabajo, debe considerarse que, la desvinculación se produjo en el marco de un procedimiento interno; por ello, en tanto persista la controversia no es posible pronunciarse al respecto, correspondiendo también denegar la tutela solicitada.
Respecto al segundo cargo, relativo a que no se hubiera analizado integralmente las causales de excusa previstas en el art. 3.9 y 11 de la Ley 1760, aplicable por remisión del DS 26237; de las RRAA 088/2023 y 089/2023, se observa que la autoridad administrativa expuso que, en aplicación de lo establecido por el art. 26 del DS 23318-A, modificado por el DS 26237, el régimen de excusas y recusaciones se regirá por lo dispuesto en los arts. 3 y 4 de la Ley 1760, en todo lo que fuera aplicable; sin embargo, al encontrarse abrogada la citada Ley por la disposición derogatoria y abrogatoria segunda del Código Procesal Civil, esta última se aplica de forma supletoria en cuanto a las causas de recusación descritas en su art. 347. En tal sentido, si bien los impetrantes de tutela discrepan con la interpretación realizada por la autoridad demandada, ello no equivale a una falta de fundamentación -conforme se infiere sería cuestionado-, ya que, la fundamentación que converge con las razones de derecho y la motivación no exige una exposición extensa, sino que las razones ofrecidas sean claras, congruentes y permitan comprender la decisión adoptada; en ese entendido, no se evidencia ausencia de motivación o fundamentación en las resoluciones cuestionadas, por lo que igualmente corresponde denegar la tutela solicitada. Referente a lo anterior, debe considerarse que, de la revisión de las RRAA 088/2023 y 089/2023, la autoridad demandada, de manera expresa manifiesta que “…la derivación realizada por el Gerente General de SETAR, se constituye como un acto administrativo de mero trámite, toda vez que en el mismo (al no ser un acto definitivo) no constata, acredita o declara una situación jurídica, así tampoco no modifica o extingue una relación o situación jurídica; por tanto, la misma no es causal de inhibirse de conocer un Recurso Jerárquico. Además, de la citada revisión de antecedentes, no es posible identificar la participación activa del Gerente General de SETAR dentro del proceso interno (inicio, sustanciación, conclusión), ni mucho menos cursa la presentación de documentación que acredite que el Gerente General haya manifestado criterio sobre el proceso sumario antes de la derivación realizada, inclusive antes de la interposición del recurso jerárquico” (sic [el resaltado nos corresponde]). Por lo expresado, es posible establecer que, pese a la falta de identificación de la causal de excusa del Gerente General de SETAR, es evidente que, el Gobernador demandado se pronunció respecto a si el antes mencionado emitió algún pronunciamiento sobre el proceso o si se constituyó en parte activa de dicho proceso. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 2568 a 2578 vta., pronunciada por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0028_2026-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 98d17c0df4bd8db9930d6bf5850352ad1ae75cca2e9f9b003d5f689cdc872b8d
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