B.IA.LEGAL

SCP 0028/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 28 de febrero de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
28 de febrero de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
49885-2022-100-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez, que encontrándose con detención preventiva, el Juez demandado, dispuso su ampliación por el lapso de treinta días; decisión que fue impugnada de manera oral; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, el Juez y Secretario demandados, no remitieron obrados al Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva la apelación planteada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP; por lo que, solicitó se le otorgue la tutela impetrada, ordenando se remita el recurso presentado a la sala de turno a la brevedad posible. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 16 de agosto cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas
  2. III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto al personal de apoyo jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2025-S3 Sucre, 28 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 49885-2022-100-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 07/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ariel Francisco Siles Flores en representación sin mandato de Ruth Behzayda Salazar García, contra Wilder Auca Condori, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro y Luis Fernando Alanes Ibáñez, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de agosto de 2022, cursante de fs. 17 a 18, la accionante a través de su representante sin mandato señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo cumplido el plazo de su detención preventiva de cinco meses, el 2 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su situación, en la que se dispuso la ampliación del plazo de su detención preventiva por el lapso de treinta días, conforme a lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en la referida audiencia, de manera oral interpuso recurso de apelación incidental contra esa determinación; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, la autoridad demandada no remitió obrados de dicha apelación al Tribunal de Alzada a efectos de que se resuelva aquella impugnación, provocando de esa manera una dilación indebida, circunstancia que alega es lesiva al derecho a la libertad y el principio de celeridad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 23 y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia, se ordene a los ahora demandados cumplan con su deber de remitir el recurso interpuesto a la sala penal de turno a la brevedad posible.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de 16 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 33 a 35, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó los términos de su acción tutelar y ampliándola señalo que: a) Efectivamente existe jurisprudencia que de alguna manera estableció algún tipo de tolerancia a aquellos juzgados que tienen demasiada carga procesal, en el que se estableció un plazo no mayor a setenta y dos horas; y, b) Si bien el demandado, adjuntó fotocopias de las notas de recepción en la que se indica que la apelación fue remitida el 11 de agosto de 2022; sin embargo, hasta el 15 del mismo mes y año, no se puso en conocimiento de la impetrante de tutela, motivo por el cual se presentó la acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Wilder Auca Condori, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, a través del informe escrito de 16 de agosto de 2022, cursante a fs. 30 vta., manifestó que: 1) Dentro del proceso penal seguido contra la accionante por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica e infanticidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 59/2022 de 2 de marzo se dispuso su detención preventiva por cinco meses; es decir, hasta el 2 de agosto de 2022; por lo que en la indicada fecha se llevó a cabo la audiencia cautelar para definir la situación jurídica de la impetrante de tutela, en la que se determinó la ampliación del plazo de la detención preventiva por treinta días, hasta el 2 de septiembre de 2022, decisión que fue objeto de apelación por la accionante; 2) A la conclusión de la audiencia concedió el recurso y ordenó la elaboración de testimonio respectivo y advirtió a la parte apelante que debido a la sobrecarga procesal de su despacho se aplicaría la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0098/2018-S3 de 9 de abril, que moduló los plazos para la remisión de antecedentes en caso de apelación cautelar; y, 3) El 11 de agosto de 2022, fue remitido el recurso de apelación; es decir, cuatro días antes de la interposición de la acción de libertad presentada por la accionante; consiguientemente, al ser la remisión anterior a la presentación de este mecanismo de defensa, no existe vulneración de los derechos reclamados, correspondiendo denegar la tutela impetrada. Luis Fernando Alanes Ibáñez, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante de fs. 21 a 22.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante Resolución 07/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 35 a 38 vta., concedió la tutela solicitada, exhortando a las autoridades demandadas a desarrollar el trámite de la causa penal, en cumplimiento de los plazos procesales. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Para la otorgación de una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido el deber de actuación con celeridad y prontitud en los casos de remisión de los testimonios de apelación, más aún en casos, de niñas, niños y persona privadas de libertad del género femenino, ambos protegidos por leyes especiales; ii) Al haberse ampliado la detención preventiva de la accionante por treinta días, surge la necesidad de que antes del 2 de septiembre de 2022, sea resuelto el recurso de apelación interpuesto por la impetrante de tutela; sin embargo, de acuerdo con los antecedentes procesales el 2 de agosto del mismo año, fue formulado el recurso de apelación incidental y recién el 11 de agosto de la misma gestión, se remitió el testimonio de apelación, habiendo transcurrido nueve días, es decir, existe una demora, que no guarda correspondencia con la flexibilización de los plazos que ha establecido la jurisprudencia constitucional, sea por la distancia o incluso por la carga procesal abundante; iii) En lo que hace a la función del Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, demandado, efectivamente la carga con la que cuenta es abundante porque también debe atender otras materias, porque el Juzgado es mixto; sin embargo, es de público conocimiento que los casos donde existen menores de edad, mujeres, merecen una prioritaria atención, cuyos casos deben ser atendidos con prontitud y debida diligencia; por lo que, en situaciones futuras corresponde que los demandados realicen una atención prioritaria a los casos donde existen mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, pertenecientes a grupos vulnerables.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Ruth Behzayda Salazar García -accionante- por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica e infanticidio en grado de tentativa, por Auto Interlocutorio 59/2022 de 2 de marzo, pronunciado por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro -demandada- por medio del cual dispuso la aplicación de la detención preventiva de la accionante por el lapso de cinco meses, a ser cumplida en el penal de La Merced de la ciudad de Oruro, feneciendo el plazo el 2 de agosto de 2022 (fs. 7 a 16 vta.) II.2. Cumplido el tiempo de detención, el 2 de agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia para resolver la situación jurídica de la accionante, mediante la cual se determinó la ampliación del plazo de la detención preventiva por el tiempo de treinta días, es decir, hasta el 2 de septiembre de 2022, decisión que fue apelada oralmente en audiencia por la defensa técnica de la accionante (fs. 16 vta.). II.3. A través de la documentación adjunta al legajo procesal, la fotocopia del libro de altas y bajas, asimismo, la nota de remisión del testimonio de apelación, se evidencia que, el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, remitió el testimonio de apelación al Tribunal de alzada el 11 de agosto de 2022 (fs. 27 a 29).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez, que encontrándose con detención preventiva, el Juez demandado, dispuso su ampliación por el lapso de treinta días; decisión que fue impugnada de manera oral; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, el Juez y Secretario demandados, no remitieron obrados al Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva la apelación planteada, incumpliendo lo establecido en el art. 251 del CPP; por lo que, solicitó se le otorgue la tutela impetrada, ordenando se remita el recurso presentado a la sala de turno a la brevedad posible. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas

cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ”…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del 1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley” ». De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2013 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. (Las negrillas y subrayado nos corresponden).

La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las SCP 36/2018-S2, 68/2018-S2, 105/2018-S2, entre otras, en las que se han resuelto situaciones similares a la ahora planteada.

III.2. La legitimación pasiva en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho respecto al personal de apoyo jurisdiccional

Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SCP 0332/2010-R, 0345/2012 y 2171/2012, entre otras, que establecieron que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el Fundamento Jurídico III.1. (las negrillas son nuestras).

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales 4 El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas y notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante, refiere que hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, los demandados no remitieron al Tribunal de alzada, los antecedentes correspondientes al recurso de apelación que formuló contra la Resolución que dispuso la ampliación de su detención preventiva por treinta días.

De la remisión de obrados y conforme a las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que, por Auto Interlocutorio 59/2022 de 2 de marzo, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro, amplió la detención preventiva de la accionante por treinta días, decisión que fue apelada de manera oral y en audiencia, siendo remitido el testimonio de apelación el 11 de agosto de 2022. Ahora bien, en el desarrollo de la audiencia de la acción de libertad que nos ocupa, el Juez demandado alegó que, debido a la sobrecarga procesal de su despacho, se aplicó la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, que modula los plazos para la remisión de antecedentes en caso de apelación cautelar, cuando exista recarga procesal remitiendo el testimonio de apelación a Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro el 11 de agosto de 2022.

Conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual procede cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, cuando sus solicitudes no son atendidas dentro de los plazos previstos, como es el recurso de apelación contra resoluciones de medidas cautelares, el mismo debe ser tramitado con la debida celeridad procesal dentro de un plazo de veinticuatro horas, o en situaciones excepcionales, debidamente justificadas, en un término máximo de tres días; pues lo contrario implica demora injustificada.

En el caso concreto, se advierte que el 11 de agosto de 2022, se remitió el testimonio de apelación al Tribunal de alzada, como consta en el libro de actas (Conclusión II.3); consiguientemente, se concluye que existió un retraso de nueve días en remitir el recurso de apelación incidental que planteó la accionante, que fue formulado de manera oral el 22 de agosto del mismo año; consecuentemente, se advierte que el Juez demandado respecto del plazo, incumplió lo establecido en el art. 251 del CPP, así como el plazo de flexibilización de tres días que ha sido dispuesta por la jurisprudencia constitucional, cuyo entendimiento se fundó en situaciones excepcionales en las que exista una justificación razonable y fundada como las recargadas labores que puede tener un juzgado, o en situaciones de suplencias, entre otras circunstancias, que podrían justificar una flexibilización que debe ser analizada en cada caso concreto; precedente constitucional que, además, dejó expresamente establecido que transcurrido el plazo de tres días de flexibilización por alguna de las circunstancias excepcionales, la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal que vulnera el derecho a la libertad. El retraso en la remisión después de nueve días permite evidenciar una dilación injustificada en el envío de la apelación ante el Tribunal de alzada, que debió realizarse de forma inmediata al tratase de una solicitud vinculada con la libertad de la accionante, correspondiendo en consecuencia, respecto al Juez demandado conceder la tutela impetrada, máxime si el pedido fue realizado por una privada de libertad y que la víctima sería un niño de cuatro años de edad, conforme quedó advertido por el Tribunal de garantías, aspecto que también debió ser considerado por la autoridad demandada, para dar la diligencia debida; en mérito a que toda solicitud en la que las mujeres privadas de libertad con infantes, niñas y/o niños bajo su cargo, o que se encuentren bajo el cuidado de infantes o niños en los centros de privación de libertad, deben ser atendidas con la máxima celeridad posible en virtud de su interés superior, priorizando su tratamiento y/o dándole la celeridad que el caso exige, como medidas apropiadas que deben adoptarse para dar efectividad a sus derechos, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.2, situación que tampoco fue considerada.

En consecuencia, el deber de las autoridades judiciales de adoptar medidas apropiadas y orientadas a maximizar el interés superior de los infantes, niñas y niños que se encuentran en centros penitenciarios bajo el cuidado de sus madres privadas de libertad resulta extensible a los casos de solicitudes de cesación de la detención preventiva, deber que exige considerar y tramitar toda solicitud vinculada a la libertad con la debida diligencia e impide que las autoridades judiciales incurran en demoras y dilaciones indebidas, toda vez que, es evidente que no ejerció una atención prioritaria en este caso, donde existía un niño de cuatro años, con madre privada de libertad, quienes pertenecen a un grupo de atención prioritaria. Finalmente, respecto del Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo de Huanuni del departamento de Oruro -demandado-, corresponde mencionar que, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva a objeto de ser demandados en una acción de libertad cuando incumplan órdenes directas del juez o ante la omisión de sus deberes específicos, asimismo, la jurisprudencia constitucional ha establecido, que es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores; sin embargo, el Secretario demandado no ha expuesto ninguna justificación que permita comprender el retraso en el envío de testimonio de la apelación presentada por la impetrante de tutela, ni la envergadura de la recarga laboral o cualquier otra situación que permita comprender la dilación injustificada que se advierte en este caso; por lo que, ante tal inexistencia de justificación razonable y fundada para la omisión de aquel envío, que se traduce en nueve días, dicha situación resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la CPE, generando en este caso una demora a momento de efectuar los trámites inherentes al recurso de apelación, correspondiendo también respecto a este funcionario, conceder la tutela peticionada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 16 de agosto cursante de fs. 35 a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro y, en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0028_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 36e6d6db8a0a4db5b69b82407a7f0326f0ecbea62f5e900c29777616078451b8

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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