B.IA.LEGAL

SCP 0028/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de febrero de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
62864-2024-126-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; los principios de legalidad, pro actione y pro homine; el derecho a la impugnación y a un recurso sencillo y efectivo como componente del derecho a la tutela judicial efectiva; y, al debido proceso “…vinculado el valor justicia y a los principios ético morales de la sociedad plural…” (sic); argumentando que: a) El fallo del Juez coaccionado que ordenó removerla de su condición de tutora de su hermana discapacitada -Auto de 31 de julio de 2023-, interpreta y aplica erróneamente los arts. 69 y 94 del CFPF; no se encuentra debidamente fundamentado y motivado, es incongruente y omite la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, b) La decisión de las Vocales accionadas de declarar inadmisible su recurso de apelación -contra el fallo referido precedentemente- declarándolo extemporáneo, aplicando para ello el plazo de cinco días previsto en el art. 443.I del citado Código, es una medida restrictiva que omite el estándar jurisprudencial de protección más alto, omite el enfoque de género diferenciado o “interseccionalizado” conforme a las convenciones y pactos internacionales y omite el enfoque integral del problema jurídico; considerando que, al tratarse de la impugnación de un “auto interlocutorio definitivo”, debió aplicarse el plazo de diez días señalado en el art. 372.I del referido Código. Al respecto, las Vocales accionadas refirieron que, en aplicación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 0049/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 529 a 533, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme las razones expuestas en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La revisión de la actividad interpretativa y jurisdiccional de otros tribunales
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2025-S2 Sucre, 24 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 62864-2024-126-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0049/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 529 a 533, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carla Patricia Padilla Coria contra Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, Rodolfo Calizaya Ramírez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sopachuy del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de marzo de 2024, cursante a fs. 1; y, 490 a 506 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Sentencia 07/2023 de 5 de junio, Rodolfo Calizaya Ramírez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sopachuy -hoy coaccionado- declaró interdicta a su hermana Alejandra Paola Padilla Coria y designó a su persona como tutora para la administración de bienes, cuidado y atención “en calidad de padre”; no obstante, sus hermanos Jhonny Mendez Coria y Jaime Orlando Padilla Coria -ahora terceros interesados-interpusieron un incidente denunciando falsamente supuestos actos de violencia física y económica, solicitando la “remoción de tutora”, paralelamente Jhonny Mendez Coria, también denunció en la vía penal actos de violencia. Ante ello, su persona respondió de manera fundamentada negando y rebatiendo cada una de las afirmaciones irresponsables realizadas por los incidentistas; -pero se entiende que dentro de dicho proceso- el primer acto arbitrario lo constituyó el Auto de 31 de julio de 2023, dictado por el Juez coaccionado, quien, pese a concluir que no existió la alegada violencia; en la parte resolutiva injustamente declaró probada la remoción de su persona como tutora, designando de forma directa como nuevo tutor al ahora tercero interesado Jaime Orlando Padilla Coria, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) En el análisis del caso concreto del “Considerando III”, no se citó ni justificó a cuál de los supuestos referidos a la incapacidad para la tutela y la remoción de la o el tutor, reglados en los arts. 69 y 94 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, se subsumió su conducta, extrañándose una justificación de hecho y de derecho en función al principio de legalidad que valide y legitime su remoción como tutora, así como una aplicación objetiva de la ley; b) En el mismo acápite se advierte la carencia de fundamentación y motivación razonable con enfoque de género en el marco del “…art. 15.II de la Constitución y 2.c) de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW” (sic); puesto que, la autoridad judicial coaccionada subjetivamente concluyó que su persona fue negligente al haberse ido a vivir junto a su hermana discapacitada a la localidad de Sopachuy, cuando este hecho en función a la verdad material se debe a las constantes agresiones propinadas hacia su persona por sus hermanos, razón por la cual junto a su hermana se fueron a vivir a dicha localidad, lo cual habría sido de conocimiento de la Unidad Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (UMADIS) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sopachuy; aspectos que, dan cuenta que sin fundamentación y motivación razonable se dispuso su remoción como tutora, cuando de una cuidadosa revisión de los antecedentes, no existe elemento objetivo que justifique este extremo, habiendo cumplido con todas sus obligaciones. Consiguientemente, el acto omisivo consiste en el incumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia -de 1 de septiembre de 2011- dictada en el Caso López Mendoza vs. Venezuela, referida a la obligación de los órganos internos de fundamentar y motivar para salvaguardar el debido proceso; y, c) El acto impugnado no tiene congruencia interna, en atención a que la premisa fáctica del incidente formulado por los terceros interesados Jhonny Mendez Coria y Jaime Orlando Padilla Coria, se basa en supuestos actos de violencia física propinadas hacia su hermana y que las cuentas bancarias habrían sido vaciadas, los cuales no pueden ser modificados, ni siquiera por el Juez de grado; no obstante, en el análisis del caso concreto del “Considerando III” se concluye que no existió violencia contra su hermana discapacitada; sin embargo, en la parte resolutiva sin que exista fundamentación, motivación o congruencia, con evidente sesgo de género, declaró probado el incidente removiéndola como tutora y designando como nuevo tutor a su hermano Jaime Orlando Padilla Coria, lo cual a su vez configura un acto de desviación de poder. Interpuesto el recurso de apelación contra el Auto de 31 de julio de 2023 en el plazo de diez días, en el marco del art. 372 del CFPF y la “SCP 0571/2020-S4”, el a quo mediante Auto -de 6 de septiembre del mismo año- fundamentado y motivado concedió el citado recurso citado en efecto devolutivo; sin embargo, el segundo acto arbitrario se produjo con la emisión del Auto de Vista SFNA 396/2023 de 14 de septiembre, por parte de Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Chuquisaca -hoy accionadas-, quienes no consideraron que: 1) Las previsiones del derecho humano a un recurso sencillo establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), son más favorables a las previsiones de la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal; por lo que, en observancia del art. 256.I de la Constitución Política del Estado debieron aplicarse de manera preferente las primeras -nombradas- en la sustanciación de su recurso de apelación contra el Auto de 31 de julio del referido año; 2) Contrariamente, aplicando criterios restrictivos en lugar de los principios pro actione y pro homine, declararon inadmisible su recurso, bajo el argumento de haber sido interpuesto de manera extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el art. 443 del CFPF, cuando esta norma regula el plazo de apelación de sentencias dictadas en procesos extraordinarios, omitiendo el hecho de que se impugnó un auto definitivo cuyo plazo para apelar es de diez días en el marco del art. 372 del citado Código; y, al no existir una regla jurídica expresa respecto al plazo para apelar “Autos Interlocutorios Definitivos” dentro de procesos extraordinarios, resulta aplicable el art. 372 del CFPF, que establece el plazo de diez días; sin embargo, al emplear la norma más restrictiva se omitió aplicar el estándar jurisprudencial más alto contenido en la “SCP 0571/2020-S4” que protege de mejor manera su derecho a la impugnación, al indicar que el plazo de cinco días es aplicable en impugnación de sentencias y no así a decisiones que resuelven incidentes y excepciones teniendo en cuenta que, en el presente caso se está ante una decisión que resuelve una “…excepción de cosa juzgada…” (sic) y que adopta la forma de un auto definitivo conforme prevé el art. 360 del ya mencionado Código, en cuyo caso, es recurrible en el plazo de diez días conforme establece el art. 372.I del mismo Código, concordante con el art. 318.II también de la señalada norma que hace referencia al cómputo de plazos en días hábiles cuando estos no excedan los quince días; aspectos que, dan cuenta de una interpretación y aplicación errónea de la norma para disponer la inadmisibilidad de su recurso de apelación, que a su vez constituye un acto de desviación de poder que lesiona los principios pro actione, pro homine y favorabilidad según los cuales se deben rechazar exigencias extremadamente formalistas para la admisión del recurso de apelación y se debe preferir la norma que resulte más favorable a la persona en cuanto al acceso a un recurso sencillo y efectivo; 3) Asimismo, incumple la jurisprudencia constitucional vinculante que contiene el estándar más alto para el acceso a un recurso sencillo y efectivo ante la duda sobre la aplicación de los arts. 372.I y 443 del CFPF, así como el estándar establecido por la Corte IDH en el Caso Cantos vs. Argentina sobre el derecho a la protección judicial, vinculado a la garantía del recurso efectivo; omite aplicar un enfoque de género diferenciado o “interseccionalizado” en cuanto al acceso a impugnaciones tratándose de mujeres; prescindir de la interpretación de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación conforme a las convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos de mujeres para el acceso al recurso y a la justicia; y, omitir realizar un enfoque integral del problema jurídico al tratarse de un proceso penal contra una mujer.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos derecho a una decisión debidamente fundamentada, motivada y congruente; los principios de legalidad, pro actione y pro homine; el derecho a la impugnación y a un recurso sencillo y efectivo como componente del derecho a la tutela judicial efectiva; asimismo, denuncia la lesión del derecho al debido proceso “…vinculado el valor justicia y a los principios ético morales de la sociedad plural…” (sic); citando al efecto los arts. 8, 115.II, 118.II y 180.I de la CPE; 8.2 inc. h) y 25 de la CADH; y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, disponiendo el restablecimiento de los derechos humanos invocados, y en consecuencia pide que: i) Se deje sin efecto el Auto de 31 de julio de 2023 dictado por el Juez coaccionado, así como el Auto de Vista SFNA 396/2023, emitido por las Vocales accionadas, debiendo el primero emitir una nueva resolución en el incidente planteado por los terceros interesados Jhonny Méndez Coria y Jaime Orlando Padilla Coria, observando el debido proceso sustantivo con enfoque de género, diferenciado e interseccionalizado; ii) En observancia de la jurisprudencia constitucional que estableció el ‘“enfoque integral del problema jurídico’ en procesos penales contra la mujer” (sic), se analicen las decisiones judiciales impugnadas; y, iii) Se exhorte a las autoridades accionadas que, en procesos familiares apliquen enfoque de género, diferenciado e interseccionalizado, con la finalidad de cumplir con los estándares y normas internacionales de protección de derechos de mujeres víctimas de violencia de género.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 519 a 528, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, señalando además que: a) Al omitir la aplicación del enfoque de género diferenciado e interseccionalizado respecto al “acceso al recurso”, las Vocales accionadas también dejaron de lado que es una mujer que viene sufriendo violencia familiar según consta en los antecedentes; b) El plazo para interponer el recurso de apelación previsto en el art. 443 del CFPF es estrictamente aplicable a la objeción de sentencias y no a resoluciones emergentes de la tramitación de excepciones e incidentes, haciendo expresamente hincapié en que en el caso concreto se está ante un incidente de remoción de tutora, en el que se debe aplicar el plazo establecido en el art. 372.I en relación al art. 318.II del citado Código; y, c) A tiempo de emitir el Auto de Vista SFNA 396/2023, las Vocales accionadas citaron la “SCP 202/2022-S3”; no obstante, este es un precedente que no se aplica al caso concreto porque hace referencia al recurso de reposición dentro de un proceso de divorcio y a un auto interlocutorio simple.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante memorial cursante de fs. 517 a 518 vta., informaron lo siguiente: 1) Al momento de dictar el Auto de Vista SFNA 396/2023 observaron que el recurso de apelación formulado por la accionante se encontraba fuera del plazo previsto por ley, conclusión a la que arribaron de manera firme y con convicción de una aplicación correcta de la norma, no siendo evidente que en algún momento existió duda respecto a qué norma debía aplicarse; 2) En materia ordinaria es de relevancia el cumplimiento de plazos, los cuales se aplican sin hacer diferencia en cuanto al género u otras consideraciones, teniendo en cuenta que un elemento del debido proceso es la legalidad que deviene en seguridad jurídica e igualdad de las partes; 3) En aplicación del art. 381 del CFPF, se declaró improcedente el recurso formulado por la ahora impetrante de tutela, en atención a que se trata de un proceso extraordinario de declaración de interdicto y que la solicitud de remoción de tutor se presentó en ejecución de sentencia, razón por la cual la impugnación a cualquier auto que resuelva cuestiones incidentales o solicitudes efectuadas en etapa de ejecución de sentencia, no pueden tener un plazo mayor al establecido en el art. 443 del referido Código, es decir, cinco días computables a partir del siguiente día hábil de su notificación; y, 4) Este aspecto ya fue considerado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0202/2022-S3 de 31 de marzo y 0052/2019-S2 de 1 de abril, lo cual por analogía es aplicable al caso de autos, concluyendo que el plazo para impugnar un auto definitivo dentro de un proceso extraordinario es de cinco días hábiles, motivo por el que no resultaba aplicable el art. 372.I del CFPF como erróneamente planteó la apelante, quien actuó con negligencia ocasionando la preclusión de su derecho a la impugnación; no obstante, se debe considerar que el Auto impugnado a través del recurso de apelación declarado inadmisible no tiene la calidad de cosa juzgada, pudiendo ser modificado en cualquier momento en el mejor interés de la joven declarada interdicta. Rodolfo Calizaya Ramírez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sopachuy del departamento de Chuquisaca no fue citado; puesto que, mediante proveído de 18 de marzo de 2024, cursante a fs. 507, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento admitió la presente acción de amparo constitucional, únicamente respecto a las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del referido Tribunal, señalando que “…no se considera a Rodolfo Calizaya Ramírez tomando en cuenta que lo que se impugna es la resolución de cierre…” (sic). Lo cual será objeto de pronunciamiento infra.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Jhonny Mendez Coria, Jaime Orlando Padilla Coria y UMADIS del GAM de Sopachuy, no asistieron a la audiencia ni presentaron escrito alguno, pese a su notificación cursante de fs. 509 a 512.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 0049/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 529 a 533, denegó la tutela; con base en los siguientes fundamentos: i) Si bien, la autoridad judicial de primera instancia concedió la apelación en el efecto devolutivo, considerando que el recurso de apelación podría ser interpuesto dentro del plazo de diez días como lo establece el art. 372 del CFPF y haciendo mención a la “SCP 0571/2020-S4”, la misma autoridad estableció una salvedad, indicando que ese aspecto debe ser analizado por el Tribunal de apelación; ii) El Auto de Vista SFNA 396/2023 ingresó a analizar el término para apelar resoluciones emitidas en procesos extraordinarios en el marco del Código de las Familias y del Proceso Familiar, “desvinculándose” de la SCP “0521/2020-S4”; en tal sentido, en mérito a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0052/2019-S2 y 0202/2022-S3 resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación por no ajustarse a los plazos contemplados en “esta Sentencia”; iii) Tanto el proceso de reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, al que alude la “SCP 0571/2020-S4”, así como la declaración de interdicción dentro del caso en concreto de donde emerge el incidente de remoción, corresponden al proceso extraordinario, conforme establece el art. 434 del CFPF; por lo que, debe dilucidarse cuál es la sentencia aplicable; iv) Un incidente y una excepción en materia de familiar no son similares, la excepción pretende la oposición al objeto principal de la causa, el incidente es una cuestión accesoria que no pone fin al proceso, porque en ejecución de sentencia no se puede dilucidar cuestiones principales que fueron objeto de demanda; en consecuencia, una cuestión accesoria viene a ser el cambio o la remoción de la tutoría porque no se altera la declaratoria de interdicción, en el caso de las excepciones estas no son accesorias sino principales; por lo tanto, el precedente aplicable al caso concreto es la SCP 0202/2022-S3 a la que hicieron referencia las autoridades accionadas, quienes de manera correcta declararon inadmisible el recurso de apelación, de cuyos entendimientos se establece también la aplicación de los principios pro actione, pro homine y de favorabilidad, determinando que dentro de las incidencias en procesos extraordinarios, el recurso de apelación debe sujetarse al término previsto por el art. 443 del CFPF; v) No existe un tratamiento específico para la impugnación de cuestiones incidentales en procesos extraordinarios; por lo que, respecto al plazo o el tipo de efecto recursivo aplicable, el art. 318.III del citado Código refiere que los plazos que no se encuentran previstos en la legislación familiar serán señalados por la autoridad judicial y no podrán ser mayores a cinco días; y, vi) Se concluye que, lo razonado por las Vocales accionadas no resulta arbitrario, ni tampoco desproporcional en el ejercicio de control de legalidad sobre la forma del recurso de apelación, no advirtiendo vulneración de derechos, tampoco falta de razonabilidad e incongruencia en el Auto de Vista SFNA 396/2023.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En virtud al memorial presentado el 3 de mayo de 2024, cursante de fs. 536 a 537 vta., la accionante solicitó “sorteo y resolución” de la causa, al estar vinculada a los derechos de su hermana que es una persona discapacitada, razón por la cual la Comisión de Admisión de este Tribunal mediante AC 100/2024- CA/S de 16 de igual mes, cursante de fs. 541 a 544, dispuso el adelanto de sorteo solicitado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Carnet de Afiliación Formulario IBC 04, correspondiente a Alejandra Paola Padilla Coria, emitido por el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) del departamento de Chuquisaca, código 9538, vigente hasta el 4 de febrero de 2025, (fs. 3). II.2. Cursa Informe Médico Psiquiátrico de 12 de marzo de 2023, firmado por el Director y el Médico Psiquiatra del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, del SEDES Chuquisaca, dando cuenta del diagnóstico de discapacidad intelectual de la paciente Alejandra Paola Padilla Coria con secuelas permanentes y afectación en actividades de la vida diaria (fs. 4). II.3. Conforme al carnet de discapacidad extendido por el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) 01-19861108APC de 21 de octubre de 2013 vigente hasta el 21 de octubre de 2017, Alejandra Paola Padilla Coria presentaba, en la fecha de expedición de este documento discapacidad múltiple y una deficiencia intelectual del 59% (fs. 5). II.4. Mediante Sentencia 07/2023 de 5 de junio, Rodolfo Calizaya Ramírez, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sopachuy del departamento de Chuquisaca -hoy coaccionado- declaró probada la demanda de declaratoria de interdicción interpuesta por la Responsable de UMADIS del GAM de Sopachuy -ahora tercero interesado- y en consecuencia “interdicto” a Alejandra Paola Padilla Coria, designando como tutora a Carla Patricia Padilla Coria -hoy accionante- (fs. 34 a 35). II.5. Cursa memorial presentado el 10 de julio de 2023, por el que Jhonny Méndez Coria y Jaime Orlando Padilla Coria -ahora terceros interesados-dentro del proceso de declaración de interdicción de su hermana Alejandra Paola Padilla Coria en la vía incidental solicitaron la remoción de la accionante como tutora, alegando presunta violencia física, que las cuentas bancarias de su hermana habrían sido vaciadas y que junto a su pareja tenían la intención de llevársela a la ciudad de Santa Cruz (fs. 57 a 59 vta.). II.6. Por Auto de 31 de julio de 2023, el Juez coaccionado declaró probada la solicitud de remoción de tutor presentada por Jhonny Méndez Coria y Jaime Orlando Padilla Coria -terceros interesados-, removiendo de sus funciones a la ahora impetrante de tutela y designando como nuevo tutor al hoy tercero interesado Jaime Orlando Padilla Coria (fs. 335 a 340 vta.). II.7. Cursa recurso de apelación presentado el 21 de agosto de 2023, por la ahora accionante, contra el Auto de 31 de julio de 2023, “Al amparo de lo establecido por el art. 371 y el parágrafo I del art. 443 de la Ley N° 603…” (sic [fs. 345 a 351]). II.8. Por Auto de 6 de septiembre de 2023, el Juez coaccionado señaló que conforme a la SCP 0571/2020-S4 de 16 de octubre, el plazo para las apelaciones de autos definitivos es de diez días “…tal como lo establece el art. 372 de la Ley 603. En la presente causa se está en presencia de una ‘remoción de tutoría’ y por sus características se ha emitido un auto interlocutorio simple; empero respecto al plazo de la apelación se emplea la SCP 0571/2020-S4…” (sic); por lo que concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (fs. 370). II.9. Mediante Auto de Vista SFNA 396/2023 de 14 de septiembre, Sonia Elena Barrón Cortez e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionadas-, declararon inadmisible el recurso de apelación formulado por la impetrante de tutela, considerando que debió ser presentado dentro del plazo previsto por el art. 443 del CFPF (fs. 394 a 395). II.10.Dentro de la denuncia penal interpuesta por la ahora accionante contra el tercero interesado Jhonny Méndez Coria, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica -art. 272 bis del Código Penal (CP)-, con Código Único de Denuncia (CUD) 101102012302055; cursa “RESOLUCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN” (sic) -no consta fecha de emisión- dictada en favor de la impetrante de tutela; asimismo, cursa Resolución de 6 de julio de 2023, por la que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca homologó y ratificó las medidas de protección emitidas por el representante del Ministerio Público (fs. 195 y 196). El 10 de noviembre del citado año, el Fiscal de Materia asignado a la mencionada causa penal, imputó formalmente al señalado tercero interesado por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica (psicológica) en calidad de autor (fs.

479 a 482 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; los principios de legalidad, pro actione y pro homine; el derecho a la impugnación y a un recurso sencillo y efectivo como componente del derecho a la tutela judicial efectiva; y, al debido proceso “…vinculado el valor justicia y a los principios ético morales de la sociedad plural…” (sic); argumentando que: a) El fallo del Juez coaccionado que ordenó removerla de su condición de tutora de su hermana discapacitada -Auto de 31 de julio de 2023-, interpreta y aplica erróneamente los arts. 69 y 94 del CFPF; no se encuentra debidamente fundamentado y motivado, es incongruente y omite la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, b) La decisión de las Vocales accionadas de declarar inadmisible su recurso de apelación -contra el fallo referido precedentemente- declarándolo extemporáneo, aplicando para ello el plazo de cinco días previsto en el art. 443.I del citado Código, es una medida restrictiva que omite el estándar jurisprudencial de protección más alto, omite el enfoque de género diferenciado o “interseccionalizado” conforme a las convenciones y pactos internacionales y omite el enfoque integral del problema jurídico; considerando que, al tratarse de la impugnación de un “auto interlocutorio definitivo”, debió aplicarse el plazo de diez días señalado en el art. 372.I del referido Código. Al respecto, las Vocales accionadas refirieron que, en aplicación del art. 381 del CFPF, se declaró improcedente el recurso formulado por la impetrante de tutela por encontrarse fuera del plazo previsto por ley, explicando que la impugnación a cualquier auto que resuelva una cuestión incidental o una solicitud en ejecución de sentencia, no puede tener un plazo mayor al establecido en el art. 443 del CFPF, situación ya resuelta en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0052/2019-S2 y 0202/2022-S3. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La revisión de la actividad interpretativa y jurisdiccional de otros tribunales

La SCP 0319/2020-S3 de 22 de julio, reiteradora del entendimiento asumido en la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, sobre las autorrestricciones en el ejercicio del control de constitucionalidad tutelar ejercido por este Tribunal, que precisó: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (el resaltado y subrayado es añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

Consideración previa: Siendo que la subsidiariedad se constituye en uno de los principios que rige a la acción de amparo constitucional, conforme se tiene establecido en los arts. 129.I de la CPE y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, que en función a ello, existe la imposibilidad de revisar fallos emitidos con anterioridad a la última decisión que agotó las vías de impugnación ordinarias; en aplicación de dicho entendimiento, es pertinente aclarar que en el caso concreto, este Tribunal se circunscribirá a la problemática planteada respecto al Auto de Vista SFNA 396/2023 de 14 de septiembre y no así en relación al Auto de 31 de julio de 2023, que declaró probada la solicitud de remoción de tutor; puesto que, este mecanismo de defensa no puede servir para impugnar la labor jurisdiccional ordinaria en todas sus instancias como ocurre en el caso concreto en el que la accionante denuncia que el Juez coaccionado emitió un pronunciamiento interpretando y aplicando erróneamente los arts. 69 y 94 del CFPF, sin fundamentar y motivar debidamente su decisión, además de incurrir en incongruencia interna y omitir la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional Plurinacional; cuando y como correspondía procesalmente, dicha determinación fue objeto de recurso de apelación, cuya inadmisibilidad es ahora cuestionada, por lo que respecto al Juez coaccionado concurre una causal reglada de improcedencia que impide la consideración de fondo del reclamo sobre dicha autoridad. Consiguientemente, es correcta la decisión de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca asumida mediante proveído cursante a fs. 507 de admitir la presente demanda únicamente respecto de las autoridades de alzada, habiendo realizado un correcto análisis en fase de admisibilidad respecto a una causal de subsidiariedad en cuanto a la autoridad coaccionada centrándose por ende el presente fallo constitucional, únicamente en el cuestionamiento al Auto de Vista SFNA 396/2023. Caso concreto: Al efecto, se debe partir que la pretensión de la impetrante de tutela en el presente proceso constitucional, converge en que la decisión de las Vocales accionadas de declarar inadmisible su recurso de apelación contra el Auto de 31 de julio de 2023, que dispuso su remoción como tutora de su hermana (Conclusión II.6), aplicando para ello las referidas autoridades, el plazo de cinco días previsto en el art. 443.I del CFPF, es una medida restrictiva que omite el estándar jurisprudencial de protección más alto, así como el enfoque de género diferenciado o “interseccionalizado” conforme a las convenciones y pactos internacionales, soslayando además el enfoque integral del problema jurídico, considerando que, al tratarse de la impugnación de un “auto interlocutorio definitivo”, debió aplicarse el plazo de diez días señalado en el art. 372.I del citado Código, argumentos con los que denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos derecho a una decisión debidamente fundamentada, motivada y congruente; los principios de legalidad, pro actione y pro homine; el derecho a la impugnación y a un recurso sencillo y efectivo como componente del derecho a la tutela judicial efectiva; y, el derecho al debido proceso “…vinculado el valor justicia y a los principios ético morales de la sociedad plural…” (sic). Al respecto, es preciso aclarar que si bien la peticionante de tutela hace referencia a lesiones al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, lo cual -siempre y cuando se cumplan los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional- constreñiría a este Tribunal ingresar a revisar la actividad interpretativa de las autoridades de la jurisdicción ordinaria accionadas; sin embargo, se advierte que estas lesiones son esencialmente atribuidas al Juez a quo a tiempo de ordenar su remoción de su condición de tutora de su hermana discapacitada interpretando y aplicando erróneamente los arts. 69 y 94 del CFPF, lo cual conforme ya se explicó, no es posible que sea objeto de análisis del presente fallo. En ese sentido, de la revisión de la alegada medida restrictiva y omisión que contendría el Auto de Vista SFNA 396/2023, al declarar inadmisible el recurso de apelación de la impetrante de tutela, aplicando el plazo para apelar de cinco días -art. 443.I del CFPF- y no así el de diez días -art. 372.I del mismo Código- (Conclusión II.9), la pretensión procesal no converge en el simple examen sobre los elementos del debido proceso, invocados además en su sola enunciación -fundamentación, motivación y congruencia-, sino que en los hechos se denuncia la vulneración específicamente del principio de legalidad, vinculado a que esta jurisdicción verifique una presunta incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, concretamente del art. 443.I del CFPF, persiguiendo a su vez la aplicación preferente del art. 372.I del mismo Código, que tenga como resultado la admisión de su recurso de apelación planteado dentro del plazo dispuesto en este último, vinculándose por extensión los elementos pro actione y pro homine, derecho a la impugnación y a un recurso sencillo y efectivo como componente del derecho a la tutela judicial efectiva; y, del derecho al debido proceso “…vinculado el valor justicia y a los principios ético morales de la sociedad plural…” (sic). En ese orden, es necesario remitirse a la línea jurisprudencial de este Tribunal respecto a la revisión de la actividad interpretativa de las autoridades de la jurisdicción ordinaria explicada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el cual enfatiza que esta es posible únicamente en aquellos casos en los que la o el peticionante establezca y demuestre con la suficiente carga argumentativa una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos y garantías constitucionales y convencionales considerados lesionados con la actividad aplicativa-argumentativa-interpretativa asumida y/o omitida por las autoridades judiciales; aspecto que, no se evidencia en el caso concreto, en razón a que la accionante se limitó a cuestionar la aplicación del art. 443.I en lugar del art. 372.I, ambos del CFPF, pues -a su entender- el plazo se vinculaba a un auto definitivo, y centrando su argumentación de reclamo a indicar que se omitieron estándares jurisprudenciales de protección, el enfoque de género diferenciado o “interseccionalizado” conforme a las convenciones y pactos internacionales y el enfoque integral del problema jurídico. Así en la carga argumentativa expuesta por la peticionante de tutela, se extraña la necesaria precisión -por lo menos sucinta- sobre la manera en que la labor argumentativa y aplicativa del art. 443.I respecto del art. 372.I del CFPF, realizada por las autoridades accionadas, quienes sustentaron la inadmisibilidad en atención a que se trataba de un proceso extraordinario de declaración de interdicto y que la solicitud de remoción de tutor se había presentado en ejecución de sentencia; sería lesiva a sus derechos y garantías constitucionales, o apartada del marco del derecho, debiendo existir una necesaria relación de causalidad, omisión que no puede ser suplida por este Tribunal, encontrándose por ello imposibilitado de cumplir con la tarea solicitada de revisar excepcionalmente la actividad interpretativa de las autoridades de la jurisdicción ordinaria accionadas, correspondiendo por ello denegarse la tutela conforme a lo explicado. Con relación a la solicitud de juzgamiento con perspectiva de género y que se apliquen criterios como la interseccionalidad para la resolución de su conflicto jurídico, haciendo hincapié -también en audiencia de acción de amparo constitucional-, en que es una mujer que viene sufriendo violencia familiar; es preciso aclarar que si bien la jurisprudencia de este Tribunal estableció que el juzgamiento con perspectiva de género no solamente es aplicable a procesos vinculados a violencia contra la mujer -en el ámbito penal- , sino que es transversal a todas las materias, pudiendo por ejemplo ser aplicable también a procesos de declaración de interdicción y sus emergencias, como ocurre en el caso concreto que nos encontramos ante una impugnación a una decisión de remoción de tutor; sin embargo el reclamo constitucional de aplicación de esta herramienta al momento de impartir justicia, tiene que tener una directa vinculación y certeza de amenaza o restricción de derechos, pues la sola invocación de pertenencia a un grupo vulnerable, no implica per se una condicionante a una interpretación o aplicación normativa distinta a esa sola condición o la presunción de surgimiento de una categoría sospechosa de discriminación, cuando vincula a aspectos de índole netamente procesal.

Así, en el caso, y conforme se explicó previamente, la problemática traída en revisión en los hechos está dirigida a conseguir de la jurisdicción constitucional una interpretación del procedimiento familiar favorable a los intereses de la impetrante de tutela; en consecuencia, de acuerdo a cómo se cumpla esta labor dependerá la admisibilidad o no de su recurso de apelación, lo cual permitiría la revisión de la decisión de removerla de la función de tutora de su hermana. En tal sentido, se advierte que ello se trata de una cuestión de índole netamente procesal y en la cual los sujetos procesales se encuentran en igualdad en condiciones, pues ni el Auto de Vista SFNA 396/2023 que declara inadmisible el recurso de apelación de la impetrante, ni el art. 443.I del CFPF que establece el plazo de cinco días para apelar sentencias dictadas en acciones tramitadas en proceso extraordinario, son medidas que se fundan en la apariencia, el sexo, la religión u otra categoría sospechosa de discriminación; consiguientemente, no existe obstáculo alguno -de jure o de facto- que se interponga para el pleno goce de los derechos de la accionante en condiciones de igualdad conforme establece la Observación General 28 del Comité de Derechos Humanos; por lo mismo, no es posible la aplicación del juzgamiento con perspectiva de género al caso concreto, porque no se advierte una situación de asimetría de poder que degenere en una posición de discriminación en razón a sexo, género u orientación sexual de la peticionante de tutela, debiendo resolverse entonces aplicando las disposiciones del bloque de constitucionalidad en condiciones de igualdad y la jurisprudencia constitucional, conforme a los criterios ya explicados a tiempo de denegarse la tutela. Aclarándose que el proceso penal que existiría por denuncia de la ahora accionante contra su medio hermano (Conclusión II.10) es una cuestión totalmente distinta y con su propio procedimiento y efectos. Finalmente, es necesario hacer hincapié en que la SCP 0571/2020-S4 de 16 de octubre, invocada por la impetrante de tutela como el estándar jurisprudencial de protección más alto, no resulta aplicable al caso concreto, en primer lugar porque la invocación del estándar más alto no constituye una línea de interpretación y de aplicación uniforme en este Tribunal, a contrario del estándar de protección reforzada a grupos vulnerables y de aplicación prioritaria, que sí es exigible en todas las jurisdicciones y ámbitos en vinculación a un enfoque interseccional cuando se identifique criterios de discriminación, como se tiene explicado ut supra; y en segundo lugar, y sobre todo, porque la interpretación realizada en dicho fallo responde a presupuestos fácticos que no son análogos al presente caso, al haber sido dictado dentro de un trámite de apelación de un Auto que resolvió una excepción de cosa juzgada cuyo efecto es extintivo de lo principal. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con distintos fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR la Resolución 0049/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 529 a 533, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme las razones expuestas en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Wilson Boris Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0028_2025-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): fda80eddccdacccedb5fa887055108258ef51114e5f4f8737ff03364ba22bbf6

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