Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 5 de marzo de 2025
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, los Vocales hoy accionados, a través del Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, confirmaron la Sentencia 29/22 de 4 de marzo de 2022, emitida en primera instancia que declaró probada la demanda de interdicto de recuperar la posesión seguida contra su persona; decisión que resulta infundada, inmotivada y esquiva a los reclamos expresados en sus agravios; ya que, no establece con claridad y precisión, por qué la Jueza de primera instancia realizó una valoración conforme a la sana crítica y prudente criterio; además, no tuvo en cuenta que las declaraciones de los tres supuestos vecinos que fungieron como testigos no fueron contestes ni uniformes, al no indicar con precisión si tenían conocimiento si el demandante -ahora tercero interesado- vivía en el bien inmueble; y que los testigos de cargo tenían relación de parentesco y de dependencia con el hoy tercero interesado; no habiendo considerado que no se tomó en cuenta a los testigos de descargo, limitándose a señalar que dicha Jueza no vulneró ninguna norma jurídica adjetiva ni sustantiva civil. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 160/23 de 10 de octubre de 2023, cursante de fs. 342 vta. a 347 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada; dejando sin efecto el Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo pronunciarse un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2025-S1 Sucre, 5 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 61366-2024-123-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 160/23 de 10 de octubre de 2023, cursante de 342 vta. a 347 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teresa Magnolia Dorado Chávez contra José Ernesto Aponte Ribera y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
La accionante por memoriales presentados el 24 de julio y 26 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 35 a 48; y, 304 a 313, manifestó lo siguiente:
En la demanda extraordinaria de interdicto de recuperar la posesión seguido a instancia Vicente Andia Flores -ahora tercero interesado- contra su persona, la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 29/22 de 4 de marzo de 2022, declarando probada dicha demanda con una valoración errónea de la prueba; ya que, dio por hecho el cumplimiento de los presupuestos para la procedencia del interdicto y porque supuestamente su persona despojó al hoy tercero interesado de manera clandestina de la posesión del bien inmueble donde habitaba con su familia. Contra la Sentencia 29/22, planteó recurso de apelación, exponiendo como agravios, el incumplimiento de las exigencias previstas por los arts. 134, 145.I, 213.I y II.2.3; y, “4” del Código Procesal Civil (CPC), vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al no circunscribirse a los puntos demandados por las partes y lo fijado por la Jueza de primera instancia como punto de hecho a probar en la audiencia preliminar. Así también, se hizo constar que dicha autoridad judicial no fue objetiva al momento de valorar la prueba documental, testifical e inspección judicial, ésta última ya que no se ingresó al bien inmueble, sino que se aperturó el acto y verificación desde afuera, para determinar su existencia, sin tener certeza de que se trate del citado bien inmueble objeto de la demanda, careciendo ese acto de eficacia probatoria; además, las declaraciones de los tres supuestos vecinos que fungieron como testigos no fueron contestes ni uniformes, al no indicar con precisión si tenían conocimiento si el hoy tercero interesado vivía en dicho bien inmueble. A tal efecto, los Vocales hoy accionados pronunciaron el Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, por el que confirmaron en todas sus partes la Sentencia 29/22, vulnerando su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración objetiva de la prueba; decisión que resulta infundada, inmotivada y esquiva a los reclamos expresados en sus agravios; es así que al resolver el primer agravio, se limitan a señalar que sus argumentos del mismo no resultaban ciertos ni evidentes; ya que, de la lectura de la citada Sentencia se apreciaba un trabajo intelectivo, global, lógico y razonado sobre las pretensiones, y que llegaba a valorar las pruebas conforme a la sana crítica y prudente criterio. Con relación al segundo agravio, indicaron que la valoración de la prueba fue correcta; ya que, los testigos de cargo señalaron que el ahora tercero interesado vivía en el bien inmueble, lo que ponía en evidencia que se encontraba en posesión del mismo. En ese sentido, no se estableció con claridad y precisión, en que se basa el Tribunal de alzada para indicar que la Jueza de primera instancia realizó una valoración conforme a la sana crítica y prudente criterio, cuando el Acta Notarial de Verificación de Domicilio 75/2019, fue extendido el 7 de mayo de 2019; es decir, aproximadamente un año y ocho meses antes de que se produzca la supuesta eyección de 5 de febrero de 2021. Con relación a la prueba de inspección judicial, según el acta de esa prueba, los tres supuestos vecinos y/o testigos realizaron declaraciones que, en vez de generar certeza, generaron incertidumbre al no ser uniformes, careciendo de eficacia probatoria. En cuanto a los testigos de cargo, los que declararon fueron el hijo del ahora tercero interesado, su nuera y dos trabajadores dependientes del hoy tercero interesado, estos últimos vivían en Yapacani y en el Plan 3000; por lo que, sus declaraciones son subjetivas y faltan a la verdad; ya que, son personas a quienes los une una relación de parentesco y de dependencia con el hoy tercero interesado; por lo que, en su momento debieron ser tachados esos testigos. Los Vocales ahora accionados no consideraron que la Jueza de primera instancia no tomó en cuenta ni dio valor probatorio a los testigos de descargo, siendo que Freddy Luis Girmaldes López, quien fungía como guardia de seguridad en la zona, manifestó que en el bien inmueble objeto de la demanda funcionaba un lenocinio y otros negocios ilícitos; declaración que no fue considerada por la Jueza ni por los referidos Vocales, aspecto que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de valoración objetiva de la prueba. El Auto de Vista 172; además, no explicó, fundamentó ni expuso adecuadamente las razones por las cuales la Jueza de primera instancia dio un valor probatorio a las pruebas que no tienen eficacia probatoria, limitándose a señalar que dicha autoridad al emitir la Sentencia 29/22 no vulneró ninguna norma jurídica adjetiva ni sustantiva civil.
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, pronunciado por los Vocales ahora accionados; y, b) Dichos Vocales emitan uno nuevo con base a los fundamentos jurídicos que se disponga en la resolución constitucional que resuelva la presente acción tutelar y valorando cada medio de prueba o de su conjunto, así como asignarle de manera expresa un valor a los mismos, con relación al grado de convicción que le genere para asumir una determinación.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 337 a 342 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Los Vocales hoy accionados al contestar la acción tutelar, solicitaron se deniegue la misma citando la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, que es restrictiva al establecer una serie de requisitos formalistas y crear sub reglas, y por ello aducen no se debería valorar la prueba; sin embargo, teniendo en cuenta el entendimiento de la SCP 0410/2013 de 27 de marzo que permite el acceso a la justicia constitucional dejando de lado los formalismos, al solo considerar de que en caso de existir vulneración de derechos se puede ingresar a la valoración de la prueba desde la justicia constitucional; y, 2) El bien inmueble objeto de la demanda de interdicto de recuperar la posesión se encuentra registrado a su nombre en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.).
José Ernesto Aponte Ribera y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe de 28 de agosto de 2023 cursante de fs. 50 a 54, manifestaron que: i) La acción de defensa planteada no cumple con ninguno de los presupuestos exigidos por la SCP 0340/2016-S2, para que la jurisdicción constitucional ingrese a valorar y controlar la actividad interpretativa realizada por la Jueza de primera instancia y los Vocales hoy accionados en la demanda de interdicto de recuperar la posesión; ii) La accionante interpuso la acción tutelar bajo los mismos argumentos expresados en sus recursos ordinarios, que ya fueron resueltos por la jurisdicción ordinaria, situación que demuestra que pretende que dicha acción tutelar sea como una instancia más de la referida demanda, lo que resulta inaceptable; y, iii) Si bien el Auto de Vista 172 que emitieron es escueto en su contenido y fundamentación, hace un análisis prolijo y crítico de cada una de las pruebas y hechos acaecidos en el trámite del proceso; sin embargo, se verifica que en el fondo dicho Auto de Vista fue pronunciado de manera correcta y permite conocer los motivos o las razones jurídicas en que se funda la decisión, al desglosarse los presupuestos de un proceso civil y valorando todas las pruebas adjuntas al expediente, constatándose que se encuentra debidamente motivada y fundada en derecho; además, es congruente en sus argumentos y al contrario de lo señalado por la accionante, existe coherencia entre lo razonado y lo resuelto. Por lo expuesto, piden se deniegue la tutela solicitada.
Vicente Andia Flores, mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2023, cursante de fs. 334 a 336, así como en audiencia, manifestó que: a) Como precedente constitucional de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio en su caso similar, con relación al caso concreto se tiene el Auto Constitucional 0305/2017-RCA de 28 de agosto, referido al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, determinando como línea jurisprudencial que posterior al proceso de interdicto de recuperar la posesión tramitado en la vía extraordinaria, se puede acudir al proceso ordinario para su revisión en defensa del derecho material, por disposición del art. 373 del Código Procesal Civil (CPC); b) Es posible que la accionante cuestione su derecho material sobre la propiedad del bien inmueble objeto de la demanda interdictal a través de la vía ordinaria, lo que deviene en la inobservancia del principio de subsidiariedad, y en esa línea jurisprudencial sobre los procesos interdictos refirió que: ‘“…la sentencia dictada en los procesos interdictos, sólo tienen la calidad de cosa juzgada formal y no material, por lo que la misma puede ser revisada por un proceso ordinario posterior de conocimiento, conforme a lo previsto en el art. 593 del CPC, toda vez que en el interdicto solamente se juzga el hecho de la posesión, pero no el derecho de propiedad como tal; en consecuencia, corresponde a la parte accionante de manera previa acudir a la jurisdicción ordinaria a objeto de reclamar la posesión y el derecho propietario que alega en la presente acción, motivo por el cual al no haberse agotado las instancias previstas por ley, y acudirse de manera directa a la jurisdicción constitucional, no se observó el principio de subsidiariedad que rige en las acciones de amparo…” (sic); por lo que, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de conocer la acción tutelar por no haberse interpuesto el proceso ordinario, concurriendo una causal reglada de improcedencia; c) Se adjuntan copias del proceso de conciliación previa de la demanda de mejor derecho propietario, nulidad de contrato por fraude y colusión, más pago de daños y perjuicios, iniciado por la accionante el 22 de agosto de 2022 contra su persona y otros, donde reclama su derecho material sobre la propiedad del bien inmueble objeto del proceso de interdicto, a través de la vía ordinaria. Lo que acredita que inició un proceso civil ordinario para la defensa de su derecho material demandado el derecho propietario, que se encuentra en plena tramitación y pendiente de resolución, lo que también establece la subsidiariedad de la justicia constitucional, la cual no puede conocer la presente acción de defensa; d) El Auto de Vista “157/22” -siendo lo correcto 172-, contiene una explicación suficiente y clara de las razones por las cuales los Vocales ahora accionados confirmaron la Sentencia 29/22 que declaró probada la demanda de interdicto de recuperar la posesión, al exponerse de manera precisa y didáctica las respuestas a cada uno de los agravios denunciados; e) La accionante indica que las declaraciones de los testigos no fueron uniformes, mencionando de mala fe los nombres de las personas que participaron en la inspección ocular, omitiendo los nombres de los testigos de cargo que fueron ofrecidos y cuyas declaraciones fueron uniformes; además, admite que en su momento debió plantear la tacha de testigos y que por un error no lo hicieron, lo que establece la preclusión de esa etapa; f) La jurisprudencia constitucional estableció presupuestos para analizar excepcionalmente la prueba. Al respecto, la accionante señala que su persona no tendría derecho para demandar la recuperación, porque nunca estuvo en posesión del bien inmueble, señalando fechas de una sola prueba, pretendiendo así demostrar que no hubiese la prueba suficiente que demuestre su posesión; sin embargo, consta en las copias legalizadas otorgadas por el “…juzgado N°20 Público Civil…” (sic) del año 2019, con las que fue notificado respecto a la demanda de entrega del citado bien inmueble en la vía de estructura monitoria planteada por la accionante contra su persona, donde presentó la tercería coadyuvante litis consorcial y la excepción de falsedad de título, al presentarse un título inscrito mediante una supuesta transferencia de Gerónimo Pedro Carevic Yasic de 2017, siendo que el nombrado falleció siete años antes; extremo que fue valorado en el citado Auto de Vista y que acredita que la accionante nunca estuvo en posesión del citado bien inmueble, de otra forma no hubiera demandado la entrega del mismo; g) Consta en obrados el acta de verificación de domicilio con intervención notarial que tiene valor legal, y lo que se omite es que existe una certificación vecinal otorgada por la junta vecinal del barrio Las Palmas de 23 de marzo de 2021, que acredita que su persona junto a su familia vivió y vive en dicho bien inmueble y que la accionante no figura en la lista de vecinos y nadie la conoce; y, h) Se presentaron recibos de pago de energía eléctrica y de la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz R.L. “SAGUAPAC” a su nombre; existiendo además la Certificación de la Secretaría Municipal de Innovación, Tecnología y Planificación (SITPLAN) y otras que acreditan que si estaba en posesión del indicado bien inmueble; e, i) Dentro de la demanda de interdicto de recuperar la posesión, lo único que debía probar era la posesión, lo que si existió; además, de la eyección propiciada por la accionante, quien de acuerdo a la declaración del guardia de seguridad, se tiene que la accionante junto a su hijo y dos personas más ingresaron de manera clandestina al señalado bien inmueble en la “fecha demandada” en el interdicto; asimismo, en su confesión judicial provocada aceptó que ingresó a dicho bien inmueble sin ninguna autorización; por esos aspectos, el referido Auto de Vista hoy impugnado se encuentra fundamentado y motivado. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada y sea con costas.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 160/23 de 10 de octubre de 2023, cursante de fs. 342 vta. a 347 vta., denegó la tutela solicitada, sin costas para las partes; bajo los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la subsidiariedad alegada por el ahora tercero interesado, se tiene el razonamiento expuesto en el Auto Constitucional 154/2011-RCA de 27 de abril, que indica que no es necesario que se acuda a un proceso ordinario ulterior para la revisión del proceso de interdicto, y si bien existe la posibilidad de su revisión a través del proceso ordinario posterior, no se podrá alegar la misma para justificar la inobservancia al principio de subsidiariedad. Asimismo, se tiene a la SCP 0078/2021-S1 de 20 de mayo, que en un proceso de interdicto de recobrar la posesión y producto de un auto de vista se interpuso la acción de amparo constitucional, ingresando al análisis del proceso extraordinario. Por lo expuesto, no corresponde la causal de improcedencia por subsidiariedad, debido a que la accionante interpuso la acción de defensa contra la última decisión de la vía jurisdiccional, como el Auto de Vista 172; 2) De una lectura del citado Auto de Vista, se advierte que realiza una análisis de los agravios interpuestos por la accionante, estableciendo que los mismos no serían evidentes; toda vez que, la valoración y apreciación de la prueba testifical se hizo de manera correcta; ya que, los testigos de cargo, Pedro Salvatierra Méndez, Wilson Mallón Condori, Nadir Romina Cujpi Callizaya y Michele Vicente Andia Rodríguez, según sus declaraciones de manera coincidente señalan que el demandante -hoy tercero interesado- vivía en el bien inmueble, lo que evidencia que se encontraba en posesión del citado bien inmueble; por lo que, en mérito a los elementos prácticos jurídicos desarrollados, se concluye que no son ciertos los agravios expresados; de manera que la Jueza de primera instancia, al dictar la resolución recurrida -Sentencia 29/22-, no vulneró ninguna norma jurídica adjetiva ni sustantiva, sino que actuó de manera legal y aplicando correctamente las mismas; por lo que, se confirmó dicha Sentencia; y, 3) De la revisión de antecedentes y el referido Auto de Vista, se evidencia que el mismo genera suficiente comprensión de las determinaciones de la decisión ahora cuestionada, no habiendo establecido con absoluta claridad la accionante por qué considera que la labor interpretativa establecida en el referido Auto de Vista resultaría insuficientemente motivado, arbitraria, incongruente y “lógica”, con error evidente, ni tampoco identificó las reglas de interpretación omitidas en esa instancia judicial, ni estableció el nexo de causalidad requerido y lo más importante, cuál sería la relevancia constitucional; puesto que, la nombrada señala que no se valoró “esta” prueba que en su momento no “la taché”; sin embargo, eso generaría un acto consentido. Tampoco estableció si esa prueba tendría incidencia en la resolución final; de tal manera que tenga relevancia constitucional. En vía de aclaración, complementación y enmienda, la accionante a través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional aclaré que grado de validez y eficacia le otorga a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0410/2013 de 27 de marzo y 0774/2020-S1 de 26 de noviembre, alegadas por su persona; ya que, las mismas tienen el estándar jurisprudencial más alto; estableciendo la exclusión de ritualismos y formalismos a efectos de que la justicia constitucional ingrese a la valoración de la legalidad ordinaria. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional expreso que, respecto al grado de validez y eficacia de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0410/2013 y 0774/2020-S1, que establecen la prescindencia de ritualismos y formalismos a efectos de que la jurisdicción constitucional, ingrese a la valoración de la legalidad ordinaria; la Sala Constitucional Cuarta declaró no ha lugar a esa solicitud, al ser clara la Resolución emitida.
Mediante Auto Constitucional 217/2024-CA/S de 8 de agosto, cursante de fs. 487 a 494, la Comisión de Admisión de este Tribunal dispuso ha lugar a la solicitud de adelanto de sorteo, al encontrarse la accionante al cuidado de su madre de ochenta y cinco años de edad, quien además se encuentra delicada de salud y vive en su casa; en tal sentido, al ser una adulta mayor es sujeta de especial protección por parte de este Tribunal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Sentencia 29/22 de 4 de marzo de 2022, emitida por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro de la demanda de interdicto de recuperar la posesión seguido a instancia de Vicente Andia Flores -hoy tercero interesado- contra Teresa Magnolia Dorado Chávez -hoy accionante-; por la cual declaró probada en parte dicha demanda, solo respecto al referido interdicto; e improbada respecto a los daños y perjuicios demandados, ordenando a la demandada -accionante- y/o ocupantes, restituir el bien inmueble objeto de la litis en favor del demandante -ahora tercero interesado- en el término de veinte días de ejecutoriada la citada Sentencia bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario (fs. 15 a 18 vta.). II.2. Por memorial de 18 de marzo de 2022, dirigido a la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, la accionante planteó recurso de apelación contra la Sentencia 29/22 (fs. 8 a 14 vta.); mereciendo el Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, emitido por José Ernesto Aponte Ribera y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados-, por el que confirmaron la referida Sentencia (fs. 3 a 5 vta.).
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, los Vocales hoy accionados, a través del Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, confirmaron la Sentencia 29/22 de 4 de marzo de 2022, emitida en primera instancia que declaró probada la demanda de interdicto de recuperar la posesión seguida contra su persona; decisión que resulta infundada, inmotivada y esquiva a los reclamos expresados en sus agravios; ya que, no establece con claridad y precisión, por qué la Jueza de primera instancia realizó una valoración conforme a la sana crítica y prudente criterio; además, no tuvo en cuenta que las declaraciones de los tres supuestos vecinos que fungieron como testigos no fueron contestes ni uniformes, al no indicar con precisión si tenían conocimiento si el demandante -ahora tercero interesado- vivía en el bien inmueble; y que los testigos de cargo tenían relación de parentesco y de dependencia con el hoy tercero interesado; no habiendo considerado que no se tomó en cuenta a los testigos de descargo, limitándose a señalar que dicha Jueza no vulneró ninguna norma jurídica adjetiva ni sustantiva civil. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció lo siguiente: «"'…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).
De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟. (…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; puesto que, los Vocales hoy accionados, a través del Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, confirmaron la Sentencia 29/22 de 4 de marzo de 2022, emitida en primera instancia que declaró probada la demanda de interdicto de recuperar la posesión seguida contra su persona; decisión que resulta infundada, inmotivada y esquiva a los reclamos expresados en sus agravios; ya que, no establece con claridad y precisión, por qué la Jueza de primera instancia realizó una valoración conforme a la sana crítica y prudente criterio; además, no tuvo en cuenta que las declaraciones de los tres supuestos vecinos que fungieron como testigos no fueron contestes ni uniformes, al no indicar con precisión si tenían conocimiento si el demandante -ahora tercero interesado- vivía en el bien inmueble; y que los testigos de cargo tenían relación de parentesco y de dependencia con el hoy tercero interesado; no habiendo considerado que no se tomó en cuenta a los testigos de descargo, limitándose a señalar que dicha Jueza no vulneró ninguna norma jurídica adjetiva ni sustantiva civil. Con carácter previo y debido a la referencia al principio de subsidiariedad realizado por el hoy tercero interesado, corresponde señalar que a través del AC 217/2024-CA/S (fs. 487 a 494), se dispuso dar curso a la solicitud de adelanto de sorteo, debido a que la accionante se encuentra al cuidado de su madre de ochenta y cinco años de edad, quien además está delicada de salud y vive en su domicilio; en tal sentido, en coherencia con ese razonamiento, corresponde ingresar a conocer el fondo de la problemática expuesta en la presente acción de defensa, al encontrarse la accionante a cargo de una persona adulta mayor que pertenece a un grupo vulnerable, y que por sus condiciones especiales merece una especial atención y protección por parte de este Tribunal Constitucional Plurinacional.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que, dentro la demanda de interdicto de recuperar la posesión seguido por el ahora tercero interesado contra la accionante, la Jueza Pública Civil y Comercial Vigesimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, emitió la Sentencia 29/22, declarando probada en parte dicha demanda, solo respecto al interdicto; e improbada respecto a los daños y perjuicios demandados, ordenando a la demandada -accionante- y/o ocupantes, restituir el bien inmueble objeto de la litis en favor del demandante -ahora tercero interesado- en el término de veinte días de ejecutoriada la citada Sentencia bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario (Conclusión II.1.). La accionante planteó recurso de apelación contra la Sentencia 29/22, mereciendo en respuesta el Auto de Vista 172 emitido por los Vocales ahora accionados, por el que confirmaron la referida Sentencia (Conclusión II.2.).
Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se evidencia que la accionante precisa como los actos vulneratorios de su derecho al debido proceso, a las determinaciones asumidas por los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 172, denunciando que dicho Auto de Vista fue emitido sin la debida fundamentación, motivación ni valoración probatoria; en tal sentido, con la finalidad de verificar si esas denuncias resultan evidentes, corresponde realizar la verificación de los argumentos expuestos en el citado Auto de Vista, y si los mismos cumplen con esos elementos del derecho mencionado.
Al respecto, se tiene que el Auto de Vista 172 hoy impugnado, consignó los siguientes argumentos:
i) Sobre el primer agravio. Respecto a los argumentos expuestos como agravios se tiene que no son ciertos ni evidentes; toda vez que, de la lectura de la Sentencia 29/22 recurrida, se puede apreciar un trabajo intelectivo, global y lógico; además, razonado sobre las pretensiones, en el que se hace una redacción de los antecedentes, la normativa aplicable y desglosa los presupuestos legales para la procedencia de la pretensión; así también, se llega a valorar las pruebas indicadas en la citada Sentencia, conforme a la sana crítica y prudente criterio; cumpliendo con lo establecido por el art. 213 del CPC. ii) Sobre la supuesta falta de valoración probatoria. Las pruebas fueron valoradas conforme lo establece el art. 145 del CPC. Las pruebas ofrecidas y producidas en el juicio fueron precisamente las que hicieron llegar a la conclusión de que el demandante -hoy tercero interesado- sufrió la eyección por parte de la demandada -accionante-; ya que, ella no demostró la legalidad de su ingreso al bien inmueble, quien si bien arguye un derecho propietario, se debe tomar en cuenta que el mismo “es” un título falso en su contenido, porque aparece como apoderada de Gerónimo Pedro Carevic Yasic, según Poder Notarial 413/2017 de 24 de marzo, con el cual se auto transfiere el citado bien inmueble de la litis, a través del Contrato de Transferencia de 12 de abril de 2017, que es protocolizado mediante Instrumento Público 486/2017 de 27 de abril; sin embargo, esa transferencia es falsa desde todo punto de vista, porque el poderdante y propietario ya estaba fallecido desde el 19 de febrero de 2010, según certificados cursantes en el expediente original y el de recurso de apelación; además, la demandada -accionante- menos puede pretender un ingreso legal al referido bien inmueble; ya que, de acuerdo a la documental relativa a la demanda de estructura monitoria de entrega del indicado bien inmueble, seguido -por la accionante-contra Gerónimo Pedro Carevic Yasic, en el que indica que compró el referido bien inmueble -pero- no se le entregó la posesión, lo que pone evidencia que la accionante no obtuvo la posesión; por lo que, su ingreso al señalado bien inmueble no tiene legalidad.
iii) En el caso de autos se tiene que la Jueza de primera instancia hizo una valoración integral de las pruebas cursantes en obrados, lo que, dada la naturaleza del proceso -interdicto de recuperar la posesión-, la prueba se circunscribe en la posesión y el despojo;
iv) Respecto a los argumentos del segundo agravio, se tiene que los mismos no son ciertos ni evidentes; toda vez que, la valoración y apreciación de la prueba testifical se hizo de manera correcta; ya que, los testigos de cargo Pedro Salvatierra Méndez, Wilson Mallón Condori, Nadir Romina Cujpi Callizaya y Michele Vicente Andia Rodríguez, según consta en sus declaraciones, de manera coincidente señalan que el demandante -hoy tercero interesado-vivía en el bien inmueble, lo que pone en evidencia que se encontraba en posesión del indicado bien inmueble; por lo que, en mérito a los elementos fácticos y jurídicos desarrollados se concluye que no son ciertos los agravios expresados; de manera que la Jueza de primera instancia no vulneró ninguna de las normas jurídicas adjetivas ni sustantivas civil, sino que actuó de manera legal y aplicó correctamente las mismas.
Teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación y motivación realizado por la accionante, corresponde señalar que sobre esos elementos del derecho al debido proceso, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener las razones que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa; además, de integrar todos los puntos demandados, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso.
Bajo ese contexto jurisprudencial y teniendo en cuenta las denuncias de falta de fundamentación y motivación, de una revisión del Auto de Vista 172, se advierte que en el mismo, los Vocales hoy accionados refirieron sin ninguna justificación, que los argumentos del primer agravio no resultaban ciertos ni evidentes; en ese sentido, se evidencia que sin realizar un análisis pormenorizado del contenido de los reclamos efectuados por la accionante y alejados del fondo de los cuestionamientos expuestos en el recurso de apelación, manifestaron que en la Sentencia 29/22 se podía apreciar un trabajo intelectivo, global, lógico y razonado sobre las pretensiones; sin embargo, no explicaron ni precisaron, en qué consistía el trabajo intelectivo y global que supuestamente realizó la Jueza de primera instancia sobre las pretensiones de las partes, o porque sus argumentos resultaban lógicos o razonados. Esa falta de precisión conlleva la incomprensión del argumento expuesto, el cual no contiene un razonamiento claro que permita entender el motivo por el que llegaron a esa conclusión para descartar los cuestionamientos del primer agravio del recurso de apelación planteado por la accionante, o que explique por qué los mismos no resultaban ciertos ni evidentes.
Así también, se tiene que los Vocales ahora accionados para desechar los argumentos del primer agravio consignado en el referido medio de impugnación, alegaron que se valoraron las pruebas indicadas en la Sentencia 29/22, conforme a la sana crítica y prudente criterio; sin embargo, no sustentaron su razonamiento identificando las pruebas que aparentemente fueron valoradas por la Jueza de primera instancia; simplemente hicieron una mención genérica que impide conocer sobre cuáles de ellas aparentemente se aplicó las reglas de la sana crítica y el prudente criterio; no habiendo explicado además, el alcance de esas reglas en la exposición de sus razonamientos que permitan conocer el fondo de sus aseveraciones y así entender el alcance de sus determinaciones, siendo las mismas infundadas e inmotivadas de acuerdo al alcance de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que vulnera el derecho al debido proceso de la accionante y que corresponde ser enmendado.
Asimismo, para respaldar el argumento de que la accionante no habría demostrado la legalidad de su ingreso al bien inmueble y que por esa situación el demandante -hoy tercero interesado- sufrió la eyección del citado bien inmueble objeto de la demanda de interdicto de recuperar la posesión; los Vocales ahora accionados apartándose de los alcances de los argumentos el primer agravio que fueron identificados y consignados en el Auto de Vista 172 hoy impugnado (fs. 4 vta.); aseveraron que el título presentado por la accionante para alegar su derecho propietario, sería un título falso en su contenido; sin percatarse que la falsedad de un documento debe ser declarada judicialmente.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1625/2003-R de 14 de noviembre, señaló que: “…el principio general que rige el derecho, en cuanto a la eficacia de un documento, es que ciertamente toda falsedad debe ser declarada judicialmente y que no basta una simple declaratoria o acusación sobre la falsedad material o ideológica de un documento…” (las negrillas son nuestras).
En ese mismo sentido, la jurisprudencia ordinaria desarrollada por el Tribunal Supremo de Justicia, y mencionada en el Auto Supremo (AS) 881/2018 de 5 de septiembre, estableció que: “…la ‘falsedad’ de un documento como la ‘nulidad’, deben ser declaradas judicialmente. Para establecer la falsedad de un documento o su nulidad, no basta con la afirmación del demandante, sino necesariamente, ambos aspectos deben ser declarados previo proceso ante autoridad judicial competente”. Por lo referido, el argumento expuesto en el Auto de Vista 172 hoy impugnado y con el que pretenden respaldar su decisión, no resulta acorde con la jurisprudencia antes mencionada, aspecto que corrobora la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso realizada por la accionante; ya que, los Vocales ahora accionados sin ninguna fundamentación y motivación, y apartándose de la naturaleza jurídica de los procesos interdictales que se limitan y circunscriben al ejercicio de la posesión, decidieron analizar el derecho propietario y establecer que el título con el que se alegaba y respaldaba el mismo era falso; situación que no correspondía ser establecido dentro de un proceso de interdicto de recuperar la posesión.
En cuanto a los argumentos del segundo agravio, relativos, entre otros aspectos, a la falta de valoración objetiva de las pruebas documental, testifical y de inspección; la falta de uniformidad en las declaraciones de los testigos; y, el incumplimiento de los requisitos de la Sentencia 29/22 de primera instancia, los Vocales hoy accionados nuevamente refirieron sin ningún análisis o justificación previa, que los mismos no resultaban ciertos ni evidentes; y en el afán de pretender sustentar esa aseveración simplemente se avocaron a centrar su atención en la prueba testifical, señalando que la valoración y apreciación de la misma se hizo de manera correcta.
De lo expuesto, se advierte que los Vocales ahora accionados sin exponer algún razonamiento o justificación normativa propia, reiteraron los argumentos de la Sentencia 29/22 apelada (fs. 17 vta.), obviando hacer un examen previo de la condición de los testigos declarantes y la validez de sus atestaciones; toda vez que, los mismos en sus declaraciones reconocieron ser dependientes del demandante -hoy tercero interesado-, al ser contratados por él para la realización de trabajos de albañilería y pintura del bien inmueble objeto de la demanda de interdicto de recuperar la posesión; así también, se tiene una de las declarantes, reconoció ser la nuera del ahora tercero interesado (fs. 9 y 10 vta.); aspectos que no fueron desvirtuados dentro la presente acción de defensa y que contradicen a la conclusión de que la prueba testifical fue valorada y apreciada correctamente por la Jueza de primera instancia, y no toman en cuenta que la valoración de una prueba se la debe realizar en su integralidad o de manera completa, como refiere el art. 134 del CPC, y no así de manera disgregada, o sólo sobre una parte de la misma, lo que impedirá en definitiva alcanzar a conocer la verdad material de los hechos.
Asimismo, los Vocales hoy accionados no expresaron un argumento valedero que les permita soslayar y descartar de su análisis los cuestionamientos de la falta de valoración objetiva de la prueba documental y de inspección judicial, y el incumplimiento de los requisitos de la Sentencia 29/22, expuestas como agravios por la accionante, sobre los cuales no se emitió un pronunciamiento claro y concreto, que permita a esta jurisdicción constitucional conocer cuál es su posición sobre esos medios probatorios, y la inobservancia denunciada, a fin de establecer si los mismos cumplen con los presupuestos de la debida fundamentación y motivación y si no vulneran el derecho al debido proceso.
Por lo referido, resulta evidente el reclamo constitucional de la falta de fundamentación y motivación denunciada por la accionante, así como con relación a la falta de valoración objetiva de la prueba documental y de inspección, con relación a lo resuelto sobre el segundo agravio identificado en el Auto de Vista 172 hoy impugnado, debiendo por ello quedar sin efecto dicho Auto de Vista y emitirse uno nuevo que cumpla con las observaciones precedentemente detalladas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 160/23 de 10 de octubre de 2023, cursante de fs. 342 vta. a 347 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada; dejando sin efecto el Auto de Vista 172 de 2 de junio de 2023, emitido por los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo pronunciarse un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0028_2025-S1.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): fa7026c09ca52502d6f6a5eebf3eb3718115aa83c6e78f53c7975b41be289105
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