Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, puesto que el Comandante ahora accionado a pesar que se presentó el 26 de octubre de 2021 las órdenes judiciales, el mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta; además del memorial de 29 de igual mes y año solicitando se materialice su detención domiciliaria, “hasta la fecha” -entiéndase a la presentación de esta acción de libertad- no se dio cumplimiento a lo dispuesto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2021 de 4 de noviembre, cursante de fs. 87 a 91 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponiendo que de forma inmediata se ejecute el mandamiento de libertad con detención domiciliara y custodio policial, de los accionantes, debiendo ser gestionado por el Comandante ahora accionado ante las instancias correspondientes de ser necesario, si es que no hubiese sido aún ejecutado. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2023-S3 Sucre, 13 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 43931-2021-88-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 05/2021 de 4 de noviembre, cursante de fs. 87 a 91 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ramber Vidal Arce y Luis Miguel Coronado Prado contra José Luis Zurita Rojas, Comandante de Frontera Policial de Yacuiba a.i. del departamento de Tarija.
Los accionantes por memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, cursante de fs. 55 a 60, manifestaron lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; se encuentran detenidos en la “carceleta pública de Villa Montes”, a pesar que el 26 de agosto de 2021 la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija determinó mediante Auto de Vista 202/2021 SP2 de 26 de agosto la cesación de la detención preventiva, disponiendo entre otras medidas cautelares personales su detención domiciliaria con escolta policial las veinticuatro horas. Cumplidas las demás medidas cautelares personales el Juez de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija emitió el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, es así que mediante Cite of. T.S.P y J.S.S.V.M 508/2021 de 8 de octubre dirigido al Comandante de la Frontera Policial de Yacuiba a.i. del departamento de Tarija -ahora accionado- dispuso que se apersonen a dicho Juzgado, funcionarios policiales de Yacuiba, a efectos de dar cumplimiento al Auto de Vista 202/2021 SP2 emitido y retirar el mandamiento de libertad con detención domiciliaria de Ramber Vidal Arce -accionante-, Oficio presentado el 12 de octubre de 2021, pero recién el 22 de ese mes y año -diez días después- el Comandante hoy accionado informó que no contaba con motorizado para poder trasladarse para retirar el referido mandamiento y así dar cumplimiento al referido Auto de Vista. En ese ínterin, Ramber Vidal Arce -accionante-, el 21 de octubre de 2021 presentó memorial haciendo conocer que se estaba vulnerando su derecho a la libertad, recibiendo en respuesta del Juez de la causa, una exhortación y conminatoria al Comandante hoy accionado en el sentido que debía dar cumplimiento al Auto de Vita 202/2021 SP2, y otorgar escolta para la detención domiciliaria. El 26 de octubre de 2021, los accionantes presentaron dos órdenes judiciales dirigidas al Comandante ahora accionado, sus mandamientos de libertad con detención domiciliaria y escolta, para su cumplimiento; sin embargo, hasta la fecha -entiéndase a la presentación de esta acción de libertad- continúan detenidos en el “penal de Villa Montes”, es decir, que no se dio cumplimiento a lo dispuesto, por lo que reclamaron de manera verbal dicha omisión recibiendo en respuesta que no existía personal y que primero tendrían que verificar los domicilios, extremos que indicaron representarían al Juez de la causa, incluso por memorial de 29 de igual mes y año solicitaron se materialice el Auto de Vista 202/2021 SP2, sin embargo “al presente” -se entiende hasta la interposición de la acción de defensa- su pedido no cuenta con respuesta.
Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, citando al efecto los arts. 13.2, 22, 23.I. 108.I, 109, 110, 115.I, 116.I, 117.I y II y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8,14 14.I y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitan se conceda la tutela y, en consecuencia, se otorgue escolta policial y el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia pública el 4 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 86 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestaron que: a) La jurisdicción ordinaria se agotó con la emisión del Cite of. T.S.P y J.S.S.V.M 508/2021 de 8 de octubre por parte del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija; b) Sus domicilios reales fueron acreditados en Yacuiba; y, c) Se adjuntaron las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0740/2020-S3 de 12 de noviembre y 0377/2021-S3 de 28 de julio que son análogas al caso, donde se concedió la tutela solicitada.
José Luis Zurita Rojas, Comandante de Frontera Policial de Yacuiba a.i. del departamento de Tarija, mediante Informe 01/2021 de 4 de noviembre, cursante a fs. 69 y vta., manifestó que; 1) El 12 de octubre de 2021 se recepcionó en Secretaría del Comando el Cite of. T.S.P y J.S.S.V.M 508/2021 de 8 de octubre del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes, donde se conmina a los miembros de la Policía de Yacuiba se apersonen a Secretaría de ese Tribunal a retirar el mandamiento de libertad con detención domiciliaria de Ramber Vidal Arce; 2) Villa Montes pertenece a la tercera sección de la provincia Gran Chaco, y cuenta con un Comandante de Frontera Policial y tiene como base el Comando Regional del Chaco que en su estructura funcional ambos son dependientes del Comando Departamental de Tarija; asimismo, cuenta con una Carceleta Pública y un Director de Centro Penitenciario; 3) Observando los aspectos de carácter funcional, administrativo, disciplinario y de jurisdicción que es de conocimiento del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, este direccionó su nota a una instancia que no corresponde; 4) A nivel nacional no hubo crecimiento vegetativo de recursos humanos en la Policía Boliviana porque no hubo promociones de egresos de funcionarios policiales en las tres últimas gestiones, lo que afectó gravemente a esa institución, aspecto que imposibilita cumplir sus funciones de seguridad ciudadana con efectividad, así como los constantes cambios de destino y el estado de salud de varios de los funcionarios policiales que se encontraban infectados con Coronavirus (COVID-19); y, 5) Solicita se deniegue la tutela y refiere que no recibió ni retiró ningún mandamiento de detención domiciliaria.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2021 de 4 de noviembre, cursante de fs. 87 a 91 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Comandante ahora accionado designe custodios policiales necesarios para los accionantes y así se efectivice los mandamientos de detención domiciliaria emitidos a su favor; bajo los siguientes fundamentos: i) Por Auto de Vista 202/2021 SP2 de 26 de agosto la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija concedió la cesación de la detención preventiva a los accionantes modificándola a detención domiciliaria con custodio policial, además de otras medidas, ordenando que dichas medidas sean ejecutadas por el Juez de la causa; ii) La citada Sala Penal refirió de manera general que sea el “Comando Regional de la Policía” quien asigne a los guardias necesarios para resguardar el domicilio de los accionantes, sin especificar que sea el de Yacuiba o el de Villa Montes, es así que el Juez inferior a su entender y debido a que el domicilio de Ramber Vidal Arce -accionante- se encuentra en campo grande, primera sección de Yacuiba dispuso que sea la Policía de Yacuiba quien debía efectivizar el mandamiento de detención domiciliaria, por lo que “oficia” su cumplimiento; sin embargo, el contenido del Cite of. T.S.P y J.S.S.V.M 508/2021 de 8 de octubre es ambiguo, porque no adjunta documentación alguna, ni especifica la obligación del Comandante de Frontera Policial de Yacuiba, de designar un custodio para Ramber Vidal Arce -accionante-, asimismo, el retiro del referido mandamiento también implica conducir al accionante al lugar donde cumplirá su detención domiciliaria, además existe contradicción en el mandamiento emitido porque está dirigido al Director del Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” de Yacuiba del departamento de Tarija; es decir, a alguien diferente al Comandante ahora accionado; iii) La respuesta del Director del Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” de Yacuiba, de que el mandamiento de detención domiciliaria sea remitida por courrier al no contar con vehículos necesarios, es coherente, ya que solo se le ordenó recoger un mandamiento sin especificar otra obligación, por lo que pudo ser remitido vía comisión instruida para su diligenciamiento; iv) Consideran que los fundamentos expresados en el informe del Comandante hoy accionado, son verdaderos ya que el Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” de Yacuiba, de más de trecientos internos, solamente cuenta con una camioneta para el traslado, desde ese lugar hasta Yacuiba que tiene una distancia de 20 Km y hasta Villa Montes que se encuentra a más de 94 km; no obstante, siendo que no se puede justificar el incumplimiento de una orden judicial, con cuestiones materiales y de recursos humanos de la policía, es que se recomienda al Comando de Frontera Policial de Yacuiba realice las gestiones necesarias en la Alcaldía o la Sub Gobernación Regional del Chaco, para que se les entregue vehículos para el cumplimiento de sus funciones; v) Respecto a Luis Miguel Coronado Prado -accionante- se tiene que habría cumplido las medidas cautelares el 20 de octubre de 2021 y mediante decreto de 21 de ese mes y año el Juez de primera instancia ordenó su detención domiciliaria en la comunidad de Campo Grande, dato contradictorio con el mandamiento de detención domiciliaria que indica su domicilio en Yacuiba, Pocitos, Av. Bolivia s/n esquina Pasaje Sanandita del Barrio 27 de mayo, situación que deberá ser enmendado a efectos de no causar defectos absolutos; y, vi) El segundo Oficio 543/2021 de 25 de octubre con fecha de recepción de 26 de igual mes y año si es congruente y señaló las obligaciones que tiene el Comandante de Frontera Policial de Yacuiba de designar custodios policiales para los accionantes, por lo que la demora en dicha designación vulneró el derecho a la libertad.
CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 202/2021 SP2 de 26 de agosto emitido por la Sala Penal del Tribunal Departamento de Justicia de Tarija, que declaró con lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por Ramber Vidal Arce y Luis Miguel Coronado Prado -ahora accionantes-, disponiendo entre otras medidas cautelares personales la detención domiciliaria de los accionantes con custodio policial las veinticuatro horas, debiendo el Comando Regional de la Policía asignar los guardias necesarios para el resguardo de los domicilios de los nombrados (fs.77 a 84 vta.). II.2. Mediante decreto de 22 de octubre de 2021 se conminó al Comandante de Frontera Policial de Yacuiba del departamento de Tarija a dar estricto cumplimiento al Auto de Vista 202/2021 SP2 que ordena entre otras medidas la detención domiciliaria con custodio policial las veinticuatro horas de los accionantes y a lo ordenado mediante decreto de 21 de igual mes y año (fs. 5). II.3. A través del decreto de 25 de octubre de 2021 el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija ante el incumplimiento del Comandante José Luis Zurita Rojas, Comandante de Frontera Policial a.i. de Yacuiba de dicho departamento -hoy accionado-, plasmado en el Cite 1325/2021 de 21 de octubre -que hace referencia al Cite 0444/2021 de 19 de octubre, el Director del Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” de Yacuiba (fs. 36 y vta), que a su vez hace referencia al referido Cite 0440/2021, donde señala que con relación al mandamiento de libertad con detención domiciliaria de Ramber Vidal Arce -accionante-únicamente cuentan con un vehículo que es usado para trasladar a los privados de libertad a sus audiencias, traslados de emergencias y otros; sin embargo, no puede realizar desplazamientos distantes porque debe estar en constante disposición, sugiriéndose por ello que se remita el citado mandamiento vía courrier (fs. 33)-, conminó al Comandante ahora accionado al cumplimiento del Auto de Vista 202/2021 SP2 (fs. 36). II.4. Cursan Cites Of. J.S.P.V.M. 542/2021 y Of. J.S.P.V.M. 543/2021, ambos de 25 de octubre de 2021 del Juez de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, dirigido al Comandante ahora accionado, señalando que en mérito al Auto de Vista 202/2021 SP2 que dispuso la detención domiciliara de los accionantes con custodio policial las veinticuatro horas, se le solicitaba que disponga de un custodio policial las veinticuatro horas y se exhorta su cumplimiento, bajo conminatoria. Adjuntan los mandamientos de libertad con detención domiciliaria 01/2021 y 02/2021 respectivamente, correspondientes a los accionantes (fs. 3 a 15); los cuales fueron recepcionados en Secretaría General del Comando de Frontera Policial de Yacuiba el 26 de octubre de 2021 (fs. 3). II.5. Por memorial presentado el 29 de octubre de 2021 los accionantes reiteraron al Comandante ahora accionado que dé cumplimiento a la “resolución judicial”, presentando conminatoria y el mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta policial (fs. 2). II.6. Cursan mandamientos de libertad con detención domiciliaria 01/2021 y 02/2021 ambos de 25 de octubre respectivamente de los accionantes (fs. 4 y 15).
Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, puesto que el Comandante ahora accionado a pesar que se presentó el 26 de octubre de 2021 las órdenes judiciales, el mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta; además del memorial de 29 de igual mes y año solicitando se materialice su detención domiciliaria, “hasta la fecha” -entiéndase a la presentación de esta acción de libertad- no se dio cumplimiento a lo dispuesto. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0740/2020-S3 de 12 de noviembre, estableció que: “Respecto a la medida cautelar de detención domiciliaria, el parágrafo I numeral 9 del art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), incorporado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, establece que: “I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes: (…) 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral”. (…).
La SCP 0188/2018-S2 de 14 de mayo, señaló que: ‘La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad; pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad”” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SCP 0702/2012 de 13 de agosto determinó respecto a la celeridad que debe imprimirse al trámite y efectivización de las decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad, que: “La línea jurisprudencial desarrollada y consolidada en coherencia con este tipo de acción de libertad (traslativa o de pronto despacho), es la que señala que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad. (…) … el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( CADH), determina que: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras” (el resaltado es nuestro).
Los accionantes denuncian la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, puesto que el Comandante ahora accionado a pesar que se presentó el 26 de octubre de 2021 las órdenes judiciales, el mandamiento de libertad con detención domiciliaria y escolta; además del memorial de 29 de igual mes y año solicitando se materialice su detención domiciliaria, “hasta la fecha” -entiéndase a la presentación de esta acción de libertad- no se dio cumplimiento a lo dispuesto. Ahora bien de la revisión de antecedentes, se tiene el Auto de Vista 202/2021 SP2 de 26 de agosto, que declaró con lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por los accionantes, disponiendo entre otras medidas cautelares personales la detención domiciliaria de los accionantes con custodia policial las veinticuatro horas (Conclusión II.1.); por lo que mediante decreto de 22 de octubre de 2021 se conminó al Comandante de Frontera Policial de Yacuiba a dar estricto cumplimiento al Auto de Vista 202/2021 SP2 (Conclusión II.2.); igualmente se hizo a través del decreto de 25 de octubre de 2021 (Conclusión II.3.), conminatorias que fueron comunicadas al Comandante ahora accionado a través de los Cites Of. J.S.P.V.M. 542/2021 y Of. J.S.P.V.M. 543/2021, ambos de 25 de octubre del mismo año por el Juez de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, señalando que en mérito al Auto de Vista 202/2021 SP2 que dispuso la detención domiciliara de los accionantes con custodio policial las veinticuatro horas, se le solicitaba que disponga de un custodio policial las veinticuatro horas y se exhorta su cumplimiento, bajo conminatoria. Adjuntan los mandamientos de libertad con detención domiciliaria 01/2021 y 02/2021 respectivamente, correspondientes a los accionantes los cuales fueron recepcionados en Secretaría General del Comando de Frontera Policial de Yacuiba el 26 de octubre de 2021 (Conclusión II.4.); asimismo, por memorial de 29 igual mes y año los accionantes reiteraron al Comandante ahora accionado que dé cumplimiento a la “resolución judicial” (Conclusión II.5.). Cursan mandamientos de libertad con detención domiciliaria 01/2021 y 02/2021 respectivamente de los accionantes (Conclusión II.6.). Conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, al ser la detención domiciliaria una medida de menor incidencia sobre el derecho a la libertad que la detención preventiva, que es cumplida en centros penitenciarios, la demora en su ejecución vulnera el derecho a la libertad personal, en el entendido que las decisiones judiciales que conceden dicha medida menos gravosa debe ser tramitada y efectivizada con la mayor celeridad posible, sin que ciertas condiciones o medidas administrativas, materiales, entre otros, puedan convertirse en un impedimento, al ser deber del Estado a través de sus instituciones tomar las medidas necesarias al respecto. En ese marco, se tiene que los Cites Of. J.S.P.V.M. 542/2021 y Of. J.S.P.V.M. 543/2021 de 25 de octubre, que conminaron al Comandante ahora accionado a disponer para los accionantes, custodio policial las veinticuatro horas y el cumplimiento del Auto de Vista 202/2021 SP2; es decir, la efectivización de los mandamiento de libertad con detención domiciliaria, fueron recepcionados en Secretaría General del Comando de Frontera Policial de Yacuiba el 26 de octubre de 2021, debiendo ejecutarse inmediatamente; sin embargo, desde esa fecha al presente, 3 de noviembre del mismo año -presentación de esta acción de defensa- dicha conminatoria no fue atendida por el Comandante ahora accionado; es decir, no cumplió con la designación de custodio policial, en consecuencia no se ejecutó el mandamiento antes referido; asimismo, hizo caso omiso al memorial de los accionantes de 29 de octubre del indicado año que tenía la misma finalidad; todo esto a pesar que, incluso desde el 12 de igual mes y año el citado Comandante hoy accionado tenía conocimiento de lo dispuesto por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, en ese mismo sentido, toda vez que ordenó que miembros de la Policía Boliviana de Yacuiba se apersonen a Secretaría del referido Tribunal a retirar el mandamiento de libertad con detención domiciliaria de Ramber Vidal Arce -accionante-, pedido al que ya se había dado respuesta, haciendo conocer el Cite del Director del Centro de Readaptación Productiva “El Palmar” de Yacuiba donde señalaba que únicamente tienen un vehículo que debe estar a disposición por cualquier emergencia, aceptando implícitamente que si bien podía retirar y ejecutar el referido mandamiento -y no como alega ahora que no era la instancia para realizar la ejecución de dichos mandamientos-, pero no lo hacía por carencia de recursos materiales -vehículo-, oportunidad en la que debió alegar lo que ahora afirma en el informe que presenta en esta acción tutelar, en el sentido que no corresponde la nota a esa instancia por cuestiones de carácter funcional, administrativo, disciplinario y de jurisdicción de la Policía Boliviana, además que no existió crecimiento de recursos humanos en esa institución por varias gestiones o también dichos extremos pudieron ser puestos a conocimiento del Juez de la causa y de los accionantes en respuesta a los Oficios del 25 de octubre de 2021, de forma inmediata. De lo que se colige que, el Comandante ahora accionado no cumplió su deber de actuar con debida celeridad y diligencia, en el cumplimiento de la determinación judicial que ordena la libertad de los accionantes y consiguiente detención domiciliaria, debido a que omitió y dilató dicha ejecución, desde el 25 de octubre de 2021, incluso desde el 12 de ese mes y año hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -3 de noviembre de igual año- , sin una causa justificada, al alegar primeramente la falta de recursos materiales y al asumir una actitud pasiva desde el 25 del indicado mes y año en adelante, para recién manifestar a través de esta acción de defensa, que no le correspondía la ejecución de mandamientos de un Juez de Villa Montes, elementos que tampoco fueron puestos a conocimiento de la autoridad judicial y sin considerar que las condiciones materiales, administrativas y de recursos humanos no se constituyen en impedimentos para la ejecución de esta clase de mandamientos (Fundamento Jurídico III.2.), extremos que vulneran el derecho a la libertad de los accionantes; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada al haber generado el Comandante ahora accionado una demora innecesaria al tratarse de la libertad de una persona, que es un valor supremo, evitando con su accionar que los accionantes puedan ser beneficiados con la detención domiciliaria, por lo tanto generando una indebida privación de libertad. Finalmente, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, los accionantes se limitaron a mencionarlos sin efectuar una adecuada fundamentación al respecto; es decir, no señalaron su directa relación con el derecho a la libertad; por lo que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no emitirá pronunciamiento alguno sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta,
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2021 de 4 de noviembre, cursante de fs. 87 a 91 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponiendo que de forma inmediata se ejecute el mandamiento de libertad con detención domiciliara y custodio policial, de los accionantes, debiendo ser gestionado por el Comandante ahora accionado ante las instancias correspondientes de ser necesario, si es que no hubiese sido aún ejecutado. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración y “seguridad jurídica”, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0028_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): de322d22940d8bd179a3c3fba4e7b3818c7692ad76392b6eb56677d9c348dae0
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