B.IA.LEGAL

SCP 0027/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58801-2023-118-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, así como a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de prueba; argumentando que, la entonces Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la RM 143/23, confirmando el rechazo a su solicitud de inamovilidad laboral por ser cónyuge de una persona con discapacidad, pese a demostrar dicha condición; que fue la causa por la cual, negaron su pedido ante la Jefatura Regional de El Alto en primera instancia. En mérito a lo cual, solicita se conceda la tutela y, se disponga: 1) La revocatoria de la mencionada resolución, en su punto segundo que no dispone su reincorporación, pago de salarios devengados y beneficios sociales; 2) Se ordene -se entiende al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social- emitir nueva resolución conforme a derecho, ordenando su reincorporación, pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponden; y, 3) Con costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por temeridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 152/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 456 a 458 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expresados en el presente fallo constitucional, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial 143/23 de 26 de enero de 2023, únicamente respecto a Rucina Soto Reguerin; debiendo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, pronunciar nueva resolución en observancia de los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando, la situación jurídica de la accionante no haya cambiado por otra decisión judicial o administrativa.

2° Se ordena que, por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con el presente fallo constitucional a las Jefaturas Departamentales del Trabajo para su conocimiento, debido a la modulación de la línea jurisprudencial inserta en el Fundamento Jurídico III.2.1.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores. Derecho preferente al acceso a la justicia
  2. III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad
  3. III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0027/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58801-2023-118-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 152/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 456 a 458 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rucina Soto Reguerin contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 1 de marzo, 17 de abril y 31 de mayo de 2023, cursantes de fs. 35 a 39, 52 a 55; y, 60 y vta., respectivamente, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de madre de tres menores y esposa de una persona con discapacidad auditiva del 44%, de acuerdo al registro de discapacidad 02-19620916RQF, trabajó desde el 2017 hasta el 14 de octubre de 2022 en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz, mediante contratos a plazo fijo de dos meses y medio, siendo el último contrato consignado como D.T.H. /P 4032/2022; el cual, le genera perjuicios derivados de la no cancelación de tres meses trabajados y quince días cumpliendo funciones ad honorem, además de la dificultad de acudir a su seguro y recibir atención médica, debido a que la unidad de Trabajo Social del municipio les entrega el formulario -AVC-4-, justo un mes antes que concluyan sus contratos. En mérito de lo expuesto, junto con otra trabajadora -tercera interesada-presentaron denuncia ante la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto, solicitando se le reconozca su inamovilidad laboral; sin embargo, mediante Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.D.T.L.P./J.R.T.E.A/MEVB 0015/2022 de 31 de octubre; dicha entidad, señalando que no acreditó la relación conyugal con su esposo discapacitado, rechazó su solicitud, salvando los derechos que le pudieren asistir ante la judicatura laboral. En virtud de ello, interpuso recurso de revocatoria -siendo lo correcto de revisión-, adjuntando el certificado de matrimonio, que acredita su condición de cónyuge; no obstante, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante la Resolución Ministerial (RM) 143/23 de 26 de enero de 2023, confirmó la referida conminatoria, decisión que resultó contradictoria, obscura y paralizó su solicitud de reincorporación, más el pago de sus salarios devengados, pese a que acreditó estar casada con la persona con discapacidad bajo su dependencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral; así como a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de prueba, citando al efecto los arts. 13, 15.I, 46.I y II; 48.I, II, III, IV y V; 49.III; 70.1; y, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 23 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La revocatoria de la RM 143/23, en su punto segundo, que no da curso a su reincorporación, el pago de salarios devengados y beneficios sociales; b) Se ordene -se entiende al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social- la emisión de nueva resolución conforme a derecho; y, c) Con costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por temeridad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 30 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 451 a 455 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y en audiencia, ante las preguntas realizadas por el Tribunal de garantías, manifestó que: 1) Su pretensión constitucional es la reincorporación -se entiende a su fuente de trabajo- y el pago de salarios devengados; 2) Su objetivo es la revocatoria de la RM 143/23 en sus artículos 2 y 3; 3) Que, María Estela Quispe Quisberth -tercera interesada- no fue convocada dentro de la presente acción tutelar; toda vez que, se encuentra tramitando un proceso coactivo ante la jurisdicción laboral; y, 4) La decisión impugnada lesiona su continuidad laboral, así como el “derecho” de su esposo que cuenta con discapacidad auditiva, constando en el expediente su carnet de discapacidad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de su representante en audiencia, manifestó que: i) Respecto al carnet de discapacidad y certificado de matrimonio tildados de inobservados en la resolución cuestionada, en el punto 3.1 del Considerando V, los numerales 5 y 6, hacen alusión a los mismos; por lo que, se demuestra que sí han sido considerados; ii) En el último acápite del referido punto, se señaló con relación al carnet de discapacidad del esposo de la accionante, que el mismo indica la existencia de una discapacidad auditiva de grado moderado; sin embargo, para acceder al beneficio de inamovilidad laboral se debe acreditar un grado de discapacidad grave o muy grave a través del certificado único; iii) Si bien se presentó el carnet de discapacidad, no se acompañó el certificado conforme al art. 3 del Decreto Supremo (DS) 28521 de 16 de diciembre de 2005; por lo que, no se puede presumir que el esposo de la accionante padezca de una invalidez permanente a causa de una discapacidad grave o muy grave; y, iv) Se debe tomar en cuenta la “SCP 213/2021-S de 7 de junio” -siendo lo correcto es SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio-, resaltando que la condición de la persona con discapacidad a cargo de la prenombrada, es de un grado de discapacidad moderada; razón por la cual, no se encuentra dentro de la categoría requerida para que proceda la inamovilidad laboral demandada; finalizó solicitando se deniegue la tutela.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 73.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 152/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 456 a 458 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante tiene la carga de identificar el objeto de la pretensión, así como adjuntar los medios probatorios al efecto y los derechos que se hubieren vulnerado, aspectos que se advierten como incumplidos por parte de la Sala Constitucional; b) No pueden disponer la revocatoria del acto administrativo impugnado a través de la concesión de tutela; en virtud a que ello, se encuentra vedado jurisprudencialmente, al igual que la revalorización de la prueba, develando la improponibilidad del petitum de la acción impetrada; c) El no haber convocado a un tercer interesado -María Estela Quispe Quisberth-, produce la inviabilidad de su pretensión; puesto que, la decisión impugnada no solo define la situación jurídica de la accionante, sino que es una determinación mixta, cuya revocatoria no solo afectaría a los intereses de la prenombrada; d) El objeto del proceso constitucional, es la dependencia de una persona con discapacidad de la misma; en ese margen, aducir como medio probatorio que en dos semanas se obtendrá un nuevo carnet de discapacidad que reflejaría un grado de discapacidad grave, se constituye en un acto futuro del cual no se tiene certeza alguna, mismo entendimiento se debe atribuir a la prueba de reciente obtención, puesto que ésta no fue de conocimiento de la autoridad demandada, tornando incoherente que se haya pronunciado sobre ella; y, e) El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, al haber salvaguardado en la decisión impugnada los derechos que pudieren asistir a la accionante en la jurisdicción laboral, actuó correctamente.

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa certificado de matrimonio 225377 de 14 de febrero de 2023 de Rogelio Quispe Flores y Rucina Soto Reguerin -accionante-, que consigna como fecha de celebración el 28 de enero de 1984; y, carnet de discapacidad 02-19620916RQF de 28 de julio de 2022, perteneciente a Rogelio Quispe Flores, que refiere la discapacidad moderada de tipo auditiva (fs. 4 y 5). II.2. Consta Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.D.T.L.P./J.R.T.E.A/MEVB 0015/2022 de 31 de octubre, que dispuso la reincorporación de María Estela Quispe Quisberth y respecto a la accionante que, acuda a la autoridad jurisdiccional competente para que resuelva las controversias de su relación laboral, aclarando que la misma, no adjuntó documentación alguna que acredite que sea cónyuge de Rogelio Quispe Flores (fs. 10 a 15). II.3. Por memorial de 21 de noviembre de 2022, subsanado el 24 del mismo mes y año, la accionante interpuso recurso de revocatoria -lo correcto es revisión- contra la referida conminatoria, aclarando que adjunta el certificado de matrimonio; el cual, acredita la relación de esposos entre el prenombrado y la impetrante de tutela (fs. 16 a 22 vta.).

II.4. Cursa Resolución Ministerial 143/23 de 26 de enero de 2023;

mediante la cual, Verónica Patricia Navia Tejada, entonces Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispuso confirmar totalmente la conminatoria mencionada; es decir, la reincorporación inmediata en favor de María Estela Quispe Quisberth y con relación a la peticionante de tutela, que acuda a la autoridad jurisdiccional competente, al no haberse acreditado que su cónyuge tenga una discapacidad grave o muy grave; requiriéndose para ello, documentación para dilucidar los hechos controvertidos advertidos y la apertura de un periodo probatorio (fs. 24 a 31).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, así como a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de prueba; argumentando que, la entonces Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la RM 143/23, confirmando el rechazo a su solicitud de inamovilidad laboral por ser cónyuge de una persona con discapacidad, pese a demostrar dicha condición; que fue la causa por la cual, negaron su pedido ante la Jefatura Regional de El Alto en primera instancia. En mérito a lo cual, solicita se conceda la tutela y, se disponga: 1) La revocatoria de la mencionada resolución, en su punto segundo que no dispone su reincorporación, pago de salarios devengados y beneficios sociales; 2) Se ordene -se entiende al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social- emitir nueva resolución conforme a derecho, ordenando su reincorporación, pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le corresponden; y, 3) Con costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por temeridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El enfoque diferencial e interseccional respecto a los derechos de las personas adultas mayores. Derecho preferente al acceso a la justicia

Al respecto la SCP 0669/2018-S2 de 17 de octubre sostuvo: "La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: “Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”.

Por su parte, el art. 68 del citada Ley Fundamental, refiere:

Ι. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.

II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.

Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, en su art. 5 señala:

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. (…)

En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran:

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores.

2. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad (...).

De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5.b. y c. de la citada Ley, se reconocen los derechos y garantías de las personas adultas mayores; entre ellos, el derecho a una vejez digna, garantizado, entre otras medidas, por un desarrollo integral, sin discriminación y sin violencia; y, por la promoción de la libertad personal en todas sus formas.

A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, ha establecido que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando su situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, “...dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”.

Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:”…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas' busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado”. (Las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

Entendimiento reiterado en la SCP 0637/2024-S3 de 13 de agosto.

III.2. Protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad

La SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, citando a la SCP 0105/2019-S2 de 5 de abril, estableció: “A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos fundamentales y garantías constitucionales adquieren un lugar preeminente en el orden constitucional, privilegio que en el sistema jurídico boliviano se infiere, porque por una parte amplió de manera explícita el catálogo de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales en un Título específico consignado en la parte dogmática del texto constitucional; y por otra, reconoció el bloque de constitucionalidad en el art. 410 de la Norma Suprema, integrando a los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos al texto constitucional.

Estas consideraciones resultan indispensables al tiempo de referirnos a los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, contemplados en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y en la Ley Fundamental.

Así, el constituyente boliviano acogió en el texto constitucional de manera expresa y extensa, una sección destinada a los derechos de las personas con discapacidad, el art. 70, señala:

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Por su parte, el art. 71 de la CPE prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad, y en el parágrafo II, dispone que; ‘El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna’.

En el marco de los instrumentos jurídicos internacionales y regionales sobre protección de los derechos de personas con discapacidad, el Estado boliviano se obligó a adoptar medidas de cualquier naturaleza que permitan lograr la eficacia de los derechos reconocidos a este segmento poblacional, tal como se estipula en el art. 4 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). Asimismo, con el objetivo común consensuado por los Estados parte de estos Acuerdos multilaterales, de lograr su plena integración y erradicar cualquier tipo de discriminación contra este sector poblacional, se adquirió el compromiso de adoptar medidas de carácter laboral, de acuerdo a la disposición contenida en los arts. II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

De acuerdo a las disposiciones constitucionales internas antes glosadas, se reconoce de manera expresa la protección por la familia y por el Estado; por lo que, conviene analizar por separado, los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales.

En ese marco, la protección a las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante, porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de dichas personas y adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar.

En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se transcribe en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017- a favor de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una persona o más personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo.

De lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados; ya que además, estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras; los cuales, incluido el de no verse sometidos a discriminación basada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todo ser humano.

En el mismo orden, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 344 del 9 de diciembre de 1975, son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.

Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012 de 22 de junio, 0614/2012 de 23 de julio y 0390/2014 de 25 de febrero, entre otras.

En consecuencia, esta protección conlleva obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo; empero, esta protección no es absoluta, toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley”.

Acotando a los fundamentos desarrollados, es necesario puntualizar que, el citado art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, textualmente señala: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.

Evidentemente, la garantía de permanencia laboral del trabajador que tiene bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad no es absoluta, pues, -como se dijo- está condicionada a su correcto desempeño; de manera que, no procederá cuando este incursione en una causal de desvinculación legal; pero también, es importante determinar que dicho beneficio no alcanza a todos los trabajadores que se encuentren en esa situación, sino, únicamente a aquellos que tengan bajo su cuidado a una o más personas en esa condición de vulnerabilidad que sean menores de edad, o siendo mayores, padezcan de una discapacidad grave o muy grave.

A ese efecto, el art. 5 de la Ley General para Personas con Discapacidad establece los siguientes grados de discapacidad:

“11. Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las mismas.

12. Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado.

13. Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo asistencia de otra persona para algunas actividades.

14. Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona”.

En ese sentido, el trabajador que tenga bajo su cuidado a una o más personas mayores de dieciocho años con discapacidad leve o moderada, no se beneficiará con la inamovilidad laboral por dicha causa; puesto que, estas personas pueden ser incorporadas a una fuente laboral o bien dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en el marco de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad” (Las negrillas y el subrayado son añadidos). Entendimiento que ha sido reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1090/2023-S3, 0869/2023-S2, 0329/2023-S2, entre otras.

III.2.1. Modulación de línea jurisprudencial

El control de constitucionalidad sobre la protección de la inamovilidad laboral de trabajadores que tienen bajo su dependencia una persona con discapacidad, ha dejado sentado a través de su uniforme jurisprudencia; conforme se tiene glosado en el punto anterior, que la inamovilidad laboral, no alcanza a las personas que tengan bajo su dependencia a una persona con discapacidad leve o moderada, cuando ésta sea mayor de 18 años, bajo el siguiente razonamiento: “…puesto que, estas personas pueden ser incorporadas a una fuente laboral o bien dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en el marco de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad…” (El resaltado es nuestro). En ese sentido, de conformidad al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, cuando en la problemática jurídica requiera interpretación sobre derechos y garantías inherentes a personas adultas mayores, debe encararse su resolución aplicando criterios de interseccionalidad, en virtud a la protección reforzada que reviste a este grupo de atención prioritaria. En ese sentido, la conclusión arribada por este Tribunal en la SCP 0213/2021-S2 de 7 de junio, se fundamenta principalmente en que las posibilidades que tienen dichas personas -con discapacidad leve o moderada- de encontrar un medio de subsistencia de acuerdo a sus capacidades; debido a que, de conformidad a las definiciones contenidas en el art. 5 de la Ley General para Personas con Discapacidad establece respecto a los grados leve y moderado de discapacidad, estos permitirían que dichos sujetos puedan ser incorporadas a una fuente laboral; o bien, dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas. Sin embargo, desde una perspectiva interseccional, dichas condiciones son materialmente exigibles a personas mayores de dieciocho años que no tengan la condición de adulto mayor; debido a que desde un plano real, éstas se encuentran dentro de un escenario diferente, producto de que el transcurso del tiempo, traducido en la vejez, supone la pérdida de medios de subsistencia, ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud -que inclusive puede generar la acentuación del grado de discapacidad calificado o la aparición de uno- o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los laborales. En ese contexto, la condición de adulto mayor se agrava con la concurrencia de una discapacidad, puesto que si ya el transcurso del tiempo se manifiesta en la disminución de las capacidades de las personas adultas mayores; el obtener un grado de discapacidad calificada, produce una situación aún más adversa; debiéndose en estos casos en el deber de asumir acciones afirmativas por parte del Estado, brindar una protección doblemente reforzada a este tipo de personas -adultos mayores con discapacidad- y acorde a la realidad que reviste a este tipo de personas; puesto que, materialmente no se cumplen los presupuestos establecidos en el entendimiento jurisprudencial emanado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, dado que el razonamiento expresado, se funda en la posibilidad de realizar actividad económica e insertarse al mercado laboral, condiciones que son inexigibles a personas adultas mayores con discapacidad. Bajo ese criterio, el entendimiento glosado en la SCP 0213/2021-S2, deberá ser complementado con lo siguiente, el trabajador que tenga bajo su cuidado a una o más personas mayores de dieciocho años con discapacidad leve o moderada, no se beneficiará con la inamovilidad laboral por dicha causa; puesto que, estas personas pueden ser incorporadas a una fuente laboral o bien dedicarse a una actividad económica independiente, en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en el marco de la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad; salvo que la persona cuya protección se reclame tenga la condición de adulto mayor con discapacidad o tenga bajo su exclusiva dependencia a una de ellas; contexto en el cual, corresponderá otorgar la tutela solicitada, en virtud al alto grado de vulnerabilidad que reviste la vejez al producir la disminución natural en sus aptitudes para tener actividad económica o insertarse en el mercado laboral que además se agrava ostensiblemente con la condición de persona con discapacidad.

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso

Sobre el tema, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, estableció que:

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que, contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. (Las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, así como a la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y a la valoración de prueba, debido a que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en la RM 143/23, confirmó el rechazo a su solicitud de inamovilidad laboral por ser cónyuge de una persona con discapacidad, pese a demostrar dicha condición; que fue la causa por la cual, negaron su solicitud ante la Jefatura Regional de El Alto en primera instancia.

Conforme se tiene descrito del objeto procesal de la presente acción de tutela, éste versa en la negativa a la solicitud de inamovilidad laboral -por tener una persona con discapacidad- de la accionante por parte del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, en virtud a que su cónyuge tiene una discapacidad moderada y es mayor a los dieciocho años.

De lo que consta en obrados, la accionante resalta que la negativa en primera instancia por parte de la Jefatura Regional del Trabajo de El Alto, se fundó en la no demostración de su relación con su esposo, quien es la persona con discapacidad que produciría el reconocimiento de la inmovilidad laboral demandada.

De acuerdo al acervo probatorio cursante en obrados, mediante Conminatoria MTEPS/VMTEPS/J.D.T.L.P./J.R.T.E.A/MEVB 0015/2022 de 31 de octubre, se rechazó la solicitud de reincorporación laboral de Rucina Soto Reguerin, debido a que no acreditó su condición de cónyuge con Rogelio Quispe Flores, salvando los derechos que le pudieren asistir en la judicatura laboral (Conclusión II.2); ante dicha determinación, por memorial de 21 de noviembre de 2022, complementado el 24 del mismo mes y año, la accionante interpuso recurso de revocatoria -siendo lo correcto de revisión-, aclarando que adjunta el certificado de matrimonio que acredita la relación conyugal (Conclusión II.3).

Este recurso, fue resuelto por la autoridad demandada a través de la RM 143/23, que determinó confirmar totalmente la mencionada conminatoria, debido a que Rucina Soto Reguerin, no acreditó que Rogelio Quispe Flores tenga una discapacidad grave o muy grave, para que proceda el reconocimiento de inamovilidad laboral demandado (Conclusión II.4).

Cabe señalar, que si bien la acción de tutela no esgrime en su argumentación tanto en el escrito principal como el de subsanación, la forma en la que se produjo la vulneración a sus derechos; lo alegado en audiencia así como lo respondido por el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, develan el núcleo del problema jurídico venido en revisión.

Debiéndose resaltar, que en un primer momento la solicitud de inamovilidad laboral fue rechazado ante la no demostración material del vínculo conyugal entre la accionante y Rogelio Quispe Flores; en consecuencia, al haber desaparecido dicha observación, producto de la presentación del certificado de matrimonio, que además fue compulsado junto con el carnet de discapacidad 02-19620916RQF (Conclusión II.1), la cartera de Estado demandada cambió su argumentación, fundando la confirmación del rechazo, en virtud a que Rogelio Quispe Flores, es una persona mayor de dieciocho años que no tiene una discapacidad grave o muy grave, apoyando su conclusión en la SCP 0213/2021-S2.

En ese contexto, a pesar del desorden en la argumentación jurídica contenida en la acción de tutela, esta aduce la lesión al debido proceso en sus diferentes elementos, en los cuales se destacan la motivación, fundamentación y congruencia; que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.4 de este fallo judicial, respecto al primero, se traduce en la exposición de motivos que van a ser el respaldo de la decisión asumida; entretanto, el segundo es la base normativa y legal que permite asumir la determinación, siendo el último, la estricta correspondencia entre lo solicitado y resuelto.

Asimismo, conforme al precedente jurisprudencial referido; se tiene que, una decisión judicial o administrativa se torna en arbitraria cuando ésta contiene una motivación subjetiva que no se ajusta a los parámetros contemplados en la Constitución Política del Estado y la Ley; o en su defecto, contenga una motivación insuficiente que se traduce en la ausencia de consideración de argumentos expresados por el justiciable. Por su parte; también el citado entendimiento, aborda el control tutelar que se ejerce respecto a la valoración de la prueba, que se limita a establecer la razonabilidad en su apreciación o en su defecto la ausencia de dicha labor.

Consideraciones a tomar en cuenta para resolver el núcleo del problema; del cual se resalta que, conforme al certificado de matrimonio compulsado por la autoridad administrativa demandada a momento de determinar que si bien se probó la relación de esposos, el carnet de discapacidad adjunto, devela el grado moderado del cónyuge de la accionante; y que en dichos casos, se debe tomar en cuenta el entendimiento contenido en la SCP 0213/2021-S2, que refiere la posibilidad de la protección de trabajadores que tienen bajo su cargo a una persona mayor de dieciocho años, cuando ésta tenga una discapacidad grave o muy grave, que además debe ser acreditada a través del certificado único de discapacidad de conformidad al art. 3 del DS 28521.

Evidentemente se tendría que la cartera de Estado, hubiere observado las particularidades del caso de manera íntegra y también aplicado el entendimiento de este Tribunal de manera adecuada; sin embargo, el certificado de matrimonio compulsado por la autoridad demandada, no solo refleja el vínculo entre la accionante y la persona con discapacidad cuya protección se reclama; sino que, este devela la condición de adulto mayor que ostenta Rogelio Quispe Flores, puesto que establece como su fecha de nacimiento el 16 de septiembre de 1962, que a la fecha de interposición de la solicitud de inamovilidad laboral -7 de octubre de 2022-, ya contaba con sesenta años de edad.

Precisión que resulta altamente relevante a momento de analizar la problemática planteada en virtud al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; puesto que, ante la controversia de derechos inherentes a personas adultas mayores, se hace necesario la interpretación interseccional del objeto de la litis, producto del grado de vulnerabilidad que reviste a los adultos mayores para con el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, además de la obligación del Estado de asumir acciones afirmativas que tiendan a equiparar las diferencias sustanciales adquiridas por el transcurso del tiempo a lo largo de sus vidas.

Por lo que; en efecto, se puede concluir que una persona mayor de dieciocho años beneficiada por los programas contenidos en la Ley General para Personas con Discapacidad y la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, puede obtener una fuente de sustento; sin embargo, las condiciones de una persona adulta mayor, no son cualidades que develen condiciones físicas óptimas, producto de que la vejez, supone la pérdida de medios de subsistencia, ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de salud.

Entonces, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.2.1., este Tribunal asume una modulación del entendimiento expresado respecto a la protección de las personas con discapacidad o que tienen una a su cargo, cuando las mismas tienen la calidad de adulto mayor; debido a que, fácticamente no se adecúa al entendimiento vertido, sobre la posibilidad de conseguir un medio de subsistencia acorde a sus capacidades en el marco de los programas diseñados en las leyes referidas; puesto que, no responden al contexto real de condiciones que representa la vejez en una persona, que además se halla agravada con un grado de discapacidad.

Por consiguiente, la autoridad demandada al no haber evaluado íntegramente los datos contenidos en el expediente, incurrió en una apreciación sesgada, dado que el entendimiento aplicado por la cartera de Estado, de remitir a la accionante hacia la autoridad jurisdiccional competente, al no haberse acreditado -en su criterio- que su cónyuge tenga una discapacidad grave o muy grave, requiriéndose para ello de documentación para dilucidar los hechos controvertidos advertidos y la apertura de un periodo probatorio se torna arbitraria, máxime si en la misma RM 143/23, la entonces Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dispuso la reincorporación inmediata a su fuente laboral, en favor de María Estela Quispe Quisberth -con quien la accionante interpuso la denuncia de reincorporación ante la Jefatura Departamental del Trabajo- por tener a su cargo a su hijo menor de edad con discapacidad intelectual en un 69%. En ese sentido, al no haberse efectuado una interpretación interseccional respecto de los derechos demandados, producto de haberse omitido la condición de adulto mayor de Rogelio Quispe Flores, esposo y dependiente de la accionante; quien, dada su discapacidad auditiva moderada con tendencia a agravarse, conforme se expuso ut supra, es posible que no pueda insertarse en el mercado laboral para subvenir a sus propias necesidades, lo cual genera la necesidad de conceder la tutela en cuanto al derecho a la vida, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y valoración de la prueba. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 152/2023 de 30 de junio, cursante de fs. 456 a 458 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los razonamientos expresados en el presente fallo constitucional, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ministerial 143/23 de 26 de enero de 2023, únicamente respecto a Rucina Soto Reguerin; debiendo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, pronunciar nueva resolución en observancia de los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando, la situación jurídica de la accionante no haya cambiado por otra decisión judicial o administrativa.

2° Se ordena que, por Secretaría General de este Tribunal, se notifique con el presente fallo constitucional a las Jefaturas Departamentales del Trabajo para su conocimiento, debido a la modulación de la línea jurisprudencial inserta en el Fundamento Jurídico III.2.1.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0027_2026-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3e534793b9fc43637be5f66de41b8bc16487a8a1f2135cac52baaf8881258519

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