Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 27 de febrero de 2025
Concede en parte la tutela
La parte impetrante de tutela, denuncia irregularidades que se hubieran cometido en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, donde radica el proceso penal con imputación formal, por la presunta comisión del delito de feminicidio ampliado a violencia familiar y doméstica, seguido por el Ministerio Público en contra de Ronald Javier Mamani Calle; señalando que el Secretario titular de dicho Juzgado omitió poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional varios memoriales que presentaron, tampoco remitió la apelación incidental que plantearon contra el Auto Interlocutorio 43/2024 de 26 de noviembre, ni la ampliación de imputación formal que habría sido presentada por el Ministerio Público el 5 de diciembre de 2024. Igualmente denuncian que el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, no emitió directrices para que, durante la vacación judicial, los procesos con detenidos domiciliarios pasen al Juzgado de turno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2024 de 6 de diciembre, cursante de fs. 91 a 94 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Riberalta del departamento del Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación a José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, únicamente en lo que respecta a la falta de diligencia de los memoriales concernientes a las medidas de protección, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela, con relación a Roberto Ismael Nacif Suárez, Presidente del Tribunal Departamental de Justica del Beni. 3° RECOMENDAR al personal de apoyo jurisdiccional, el manejo de los expedientes procesales con la debida responsabilidad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0027/2025-S3 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 69792-2024-140-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 24/2024 de 6 de diciembre, cursante de fs. 91 a 94 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noel Arturo Vaca López, en representación sin mandato de Leidi Roció Castro Coca y está en representación de los menores AA y DD contra Roberto Ismael Nacif Suárez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia; y, José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta; ambos del departamento del Beni.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2024, cursante a fs. 1 y 46 a 47 vta; la parte accionante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Ronald Javier Mamani Calle, por el presunto delito de feminicidio (con imputación formal) y su ampliación por el delito de violencia familiar o doméstica; radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, se produjeron omisiones que pusieron en riesgo su integridad y seguridad, puesto que, el Secretario del referido Juzgado, no pasó a despacho solicitudes efectuadas por el Ministerio Público que “…fueron interoperadas…”; tampoco los memoriales presentados por las víctimas, relacionados con las medidas de protección y su trámite de incumplimiento; recurso de reposición y el incremento de riesgo procesal; además del recurso de apelación incidente interpuesto, contra el Auto Interlocutorio 43/2024 de 26 de noviembre, presentado en la misma fecha.
De igual forma, señaló que el 5 de diciembre de 2024, presentó ante el Juez de la causa, una denuncia dando a conocer que el imputado no cumplió con el deber de adjuntar la boleta de depósito por concepto de fianza, “…Y SUCEDE QUE POSTERIORMENTE SE EXPIDIÓ MANDAMIENTO DE DETENCIÓN DOMICILIARIA efectivizado ayer mismo 5 de diciembre de 2024 PESE A NO HABER SIDO OÍDA LA VÍCTIMA…” (sic). Añadió que, si bien el 2 de diciembre de ese año, presentó una certificación de depósito, no correspondía a un certificado de depósito judicial, “…vulnerando el Art. 130 de la Ley 025 en cuanto a la EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES EXPRESADAS EN EL REGLAMENTO DE UN DEPSITO JUDICIAL POR CONCEPTO DE FIANZA, que debe ser obviamente cumplido a cabalidad…” (sic), y que el demandado, no cursó junto a la resolución cautelar de cesación de la detención preventiva la orden de depósito judicial. Manifestó también que, en la presente acción de defensa, es sujeto pasivo el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, quien debió instruir que los casos con detenidos domiciliarios y declarados rebeldes, así como los regulados por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 marzo de 2023-, -al merecer una atención ininterrumpida conforme al art. 38 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, tomando en cuenta la proximidad de la vacación judicial, pasen a un Juzgado de turno a fin de evitar que dichos procesos queden sin control jurisdiccional; existiendo ese riesgo en el caso concreto dado que la Sala Plena del señalado Tribunal, no determinó que los procesos penales que cuenten con detenido domiciliario sean remitidos al juez de turno, para continuar con los actos procesales.
No denunció la vulneración de ningún derecho en específico; sin embargo, de la lectura del memorial de acción de libertad; y la intervención de la parte accionante en audiencia de garantías, conforme al acta cursante en obrados citó el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE), de donde se entiende como vulnerado el derecho al debido proceso, en su vertiente igualdad procesal, acceso a la justicia y la debida diligencia, así como el derecho a la vida integridad física y psicológica.
Solicitó se les conceda la tutela; y en consecuencia se disponga que: a) El Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento de Beni -hoy codemandado-, obre con el deber de debida diligencia y pase de inmediato los memoriales de las partes y del Ministerio Público a despacho, remita la apelación contra el Auto Interlocutorio 43/2024, al Tribunal de alzada con todos los antecedentes debidamente foliados y digitalizados, además de realizar la observación que el imputado no ha cumplido con las normas de llenado y expedición de depósitos judiciales, no habiéndose apersonado a solicitar a Secretaría del indicado juzgado tal formulario; y, b) La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, disponga conforme razonó la SCP 0500/2023-S3 de 29 de mayo“…A FAVOR DE UNA VICTIMA DE HECHOS DE VIOLENCIA QUE EL CASO CONCRETO PASE DE INMEDIATO A CONOCIMIENTO DE UN JUEZ DE TURNO YA QUE ESTA EN TRAMITE EL INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE TIENDE A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS ACCIONANTES” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 6 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 90, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su representante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándolos señaló que: 1) Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2024, cursante “de fs. 24 a 26”, por el cual denunció el incumplimiento a medidas de protección, “hasta la fecha”, -se asume de interposición de esta acción tutelar- no ha sido ingresado a despacho, y no consta decreto sobre el mismo; 2) Tampoco ingresó a despacho el memorial de solicitud de medidas de protección e incremento de riesgos procesales presentado el 28 de noviembre de 2024, en el que se observa que no se cargó la “Resolución” de medidas de protección y de cesación de 26 de octubre de igual año al Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) y menos se envió dentro del plazo de veinticuatro horas el recurso de apelación, a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni; 3) Igualmente en el referido memorial, se observó que en mérito a la “Circular de Vacación Judicial”, el proceso penal principal con detenido domiciliario, no podría pasar a conocimiento del Juez de turno, por lo que, quedaría sin control jurisdiccional, lo que constituiría incumplimiento al deber de la debida diligencia; y, 4) El Ministerio Público el 5 de diciembre del mismo año, “interoperó”, la ampliación de imputación formal por el delito de violencia familiar o doméstica contra el mismo imputado, memorial que tampoco pasó a despacho, a pesar del reclamo interpuesto por su abogado al Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del indicado departamento.
José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, presentó informe oral en 1 SCP 0500/2023-S3 de 29 de mayo, ejemplar impreso de internet, presentado por la accionante, junto con el memorial de tutela; indicando que se trata de jurisprudencia vinculante, cursante a fs. 2 a 9.
audiencia de garantías, manifestando que: i) Solicitó que se deniegue la tutela por la falta de legitimación pasiva, puesto que, su persona no estaba ejerciendo funciones, en el periodo del 2 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, debido a una sanción disciplinaria de treinta días; ii) El reclamo que hace la parte accionante, respecto a memoriales que no habrían ingresado a despacho, corresponden al periodo de la suspensión y en el cual se habría designado una Secretaria en suplencia legal, por lo que, considera que no existiría responsabilidad por parte del mismo siendo la suplente la responsable de pasar dicha documentación; iii) Con relación al memorial de ampliación de imputación formal presentado por el Ministerio Público, indicó que “…el día de ayer…”, 5 de diciembre de 2024, “se habría interoperado en la misma”; empero, el cuaderno de control jurisdiccional, fue remitido al Tribunal de garantías bajo control tutelar del “Dr. Antezana”, por otra acción de libertad interpuesta por la referida accionante y posteriormente, fue remitido a otro despacho judicial para la atención de la presente acción tutelar, razón por la cual no se habría puesto a conocimiento del Juez de control jurisdiccional el memorial interoperado por parte del Ministerio Público; iv) En relación a la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno, la Circular de Sala Plena “023/2024”, instruyó que el plazo para la remisión a los juzgados de turno era hasta el 9 de diciembre del mismo año, por lo que, se indicó al abogado de la parte accionante que hasta esa fecha los antecedentes del proceso penal, estarían en conocimiento de Juez de turno; y, v) Respecto a la remisión de la apelación incidental dentro del referido proceso, esta se ordenó cuando ejercía funciones la Secretaria en suplencia legal y no su persona, por lo que, no tiene responsabilidad al respecto. Roberto Ismael Nacif Suárez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, no se hizo presente en audiencia ni remitió informe alguno pese a su citación, cursante a fs. 82.
Pedro Alberto Aquim Vargas, Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, como tercero interviniente y Juez de control jurisdiccional del proceso penal de referencia, solicitó que se deniegue la tutela y manifestó que: a) Respecto a la remisión de expedientes, la “circular” indica que será realizada el 9 de diciembre -de 2024-, mientras tanto su persona sigue siendo el Juez titular, se apertura la competencia al Juez de turno a partir de la referida fecha; b) En el periodo del 2 de noviembre al 2 de diciembre ambos de 2024, el Secretario titular de su despacho se encontraba cumpliendo una sanción disciplinaria, por lo que, considera que no existiría responsabilidad por parte del mismo, al contrario la Secretaria asignada como suplente, es quien no habría pasado a su conocimiento la documentación pertinente por sus recargadas labores, únicamente pudo asistir para participar de las audiencias, porque ella también tiene atribuciones en su juzgado titular; c) Con relación al memorial que se habría presentado el 5 de diciembre de 2024 (ampliación de imputación formal), ratificó lo señalado por el Secretario codemandado, el expediente se encontraba bajo control constitucional del “Dr. Antezana” y posteriormente fue remitido para la tramitación de la presente acción tutelar, por lo cual, que no existiría responsabilidad por parte del Secretario de su despacho; d) Respecto a la fianza económica que supuestamente habría sido aceptada de forma anómala, señaló que existe “…un comprobante de depósito bancario…” (sic) a favor del imputado; sin embargo, ante la exigencia del abogado de la accionante, que pedía: “…un comprobante de depósito bancario, extendido por el Órgano Judicial…” (sic), la autoridad judicial realizó la consulta al responsable de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), instancia que respondió que dicho comprobante es emitido únicamente para el trámite de restitución de la fianza; a pesar de dicha respuesta, ordenó que la DAF certifique respecto al depósito bancario que presentó la parte imputada; en consecuencia la DAF emitió tal certificación que señala que consta el depósito por concepto de fianza a favor del imputado; y, e) Finalmente señaló que considera que no se afectaron derechos o garantías constitucionales de los accionantes. Luis Eduardo Arteaga Arteaga, Secretario de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, presentó informe escrito el 6 de diciembre de 2024, cursante a fs. 79 y vta., dirigido al Juez de garantías, en cumplimiento al Auto de Admisión 23/2024 de la misma fecha dentro de la presente acción de libertad; dando a conocer que conforme lo requerido, revisado el sistema SIREJ y el libro de ingresos de causas de la gestión 2024, no se tiene registrado el ingreso de recurso de apelación incidental contra Auto Interlocutorio 43/2024 de 26 de noviembre, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Ronald Javier Mamani Calle. Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, no se presentó a audiencia, ni remitió informe; sin embargo, el informe presentado por el Secretario de la Sala Penal, fue aprobado por la mencionada Vocal (fs. 79 y vta.). Dirjo Martinez Aquiri, Director Administrativo Financiero de la DAF del departamento del Beni, no se presentó a audiencia, ni remitió informe pese a su legal notificación cursante a fs. 62 y 63. Julio Manuel Barroso Barbeito, Fiscal de Materia, quien no se presentó a audiencia, ni remitió informe pese a su legal notificación cursante a fs. 55. Ana Claudia De La Rocha Morales, “Oficina Gestora de Procesos Riberalta (OGP)”, no se presentó a audiencia, ni remitió informe pese a su legal notificación cursante a fs. 58 Franz “Laura” –siendo lo correcto Lauira - “DIRECTOR DEL RECINTO PENITENCIARIO DE VILLA FERNANDA MAYOR” (sic); quien no se presentó a audiencia, ni remitió informe pese a su legal notificación cursante a fs. 64.
El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Riberalta del departamento del Beni, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 24/2024 de 6 de diciembre, cursante de fs. 91 a 94 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad y los supuestos en los que procede, se encuentran previstos en el art. 125 de la CPE y la jurisprudencia constitucional referida a acciones de libertad; 2) De la exposición realizada por el abogado de la parte accionante, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Ronald Javier Mamani Calle, existen varios memoriales que el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni -codemandado-, no puso a conocimiento del Juez de control jurisdiccional, aspecto que habría vulnerado derechos y garantías constitucionales de las víctimas; 3) Respecto a las denuncias realizadas por la parte accionante, respecto a que los memoriales presentados, se encontrarían registrados en el cuaderno de control jurisdiccional, pero los mismos no se habrían providenciado, se debe considerar que el Secretario titular se encontraba suspendido del ejercicio de sus funciones durante el periodo del 2 de noviembre a 2 de diciembre del 2024, lapso en el cual se designó a una Secretaria suplente con las mismas obligaciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial, entre ellas precisamente de acuerdo al art. 94 de la indicada norma “…pasar en el día a despacho los expedientes en los que se hubieran presentado escritos y otros actuados, para su providencia…” (sic), en ese sentido no se halla acreditada la responsabilidad del Secretario titular hoy accionado; 4) Con relación al memorial de ampliación de imputación formal, que habría sido interoperado el día de ayer -5 de diciembre de 2024- y no pasó a conocimiento de la autoridad jurisdiccional conforme lo manifestado por la defensa técnica de la parte accionante, resulta que el cuaderno procesal habría sido remitido a despacho de Mauricio Antezana Lora, “Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento del Beni” quien ofició como Juez de garantías, en otra acción de libertad interpuesta también por la parte impetrante de tutela, posteriormente pasó a conocimiento de esta jurisdicción constitucional, por lo que, tampoco corresponde responsabilizar al accionado; 5) En referencia al accionado y lo alegado por el abogado de la parte impetrante de tutela, ya se tendría conocimiento de circulares emitidas por dicha autoridad instruyendo que los procesos que se encuentren con medidas cautelares de detención domiciliaria, entre otros sean remitidos hasta una determinada fecha al juez de turno que vaya a ejercer control jurisdiccional durante la vacación judicial, en ese antecedente, el juzgador constitucional consideró que no existe responsabilidad en Roberto Ismael Nacif Suárez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni con relación a la no emisión de las directrices para la designación de jueces de turno por vacación judicial; y, 6) Respecto al depósito de fianza realizado a favor del imputado y cuestionado por la parte accionante, manifestó que ya se había pronunciado en una anterior acción de libertad resuelta precedentemente por la misma autoridad, por lo que, se ratificó sin ingresar al fondo del asunto. En vía de complementación y aclaración, la parte peticionante, solicitó al Juez de garantías, aclare respecto a los siguientes aspectos: i) La circular de Sala Plena 024/2024 -lo correcto es 028/2024-; instruye que, todos los procesos debieran encontrarse en el Juzgado de turno el 6 de diciembre de 2024 y que al denegarse la tutela, se estaría imposibilitando que el proceso en cuestión pase a un juzgado de turno; asimismo, se aclare si estaría disponiendo que el Secretario y la autoridad jurisdiccional, no se hallarían obligados a remitir el expediente; ii) Por qué no consideró la ratio desidendi de la “SC” -siendo lo correcto “SCP”- 0500/2023-S3 de 29 de mayo, incluida en los documentos presentados juntamente con la acción de libertad, apartándose del cumplimiento del art. 203 de la CPE, puesto que, corresponde a una Sentencia vinculante debido a que se trata de casos análogos; iii) Respecto al informe, solicitado al “DIRECTOR DEL RECINTO PENITENCIARIO DE VILLA FERNANDA MAYOR” (sic) y que no fue presentado, este era para acreditar la hora en la que conoció el mandamiento de detención domiciliaria, aspecto que permite poner en evidencia que los memoriales presentados por el imputado, pasaron a conocimiento de la autoridad jurisdiccional, a pesar que el expediente se encontraba en un Tribunal de garantías, habiéndose emitido y ejecutado el mandamiento de detención domiciliaria, beneficiando a una persona privada de libertad en desmedro de los derechos de una mujer y dos menores, vulnerando su derecho a la igualdad procesal; y, iv) Por qué no se pronunció respecto a la apelación formulada el 26 de noviembre de 2024. En mérito a esa solicitud, el Juez de garantías ratificó la Resolución emitida aclarando que en ningún momento manifestó que no se debe remitir el expediente al Juzgado de turno, que la autoridad de control jurisdiccional, así como su personal deben sujetarse a la circular de Sala Plena 028/2024, en todos los casos con detenidos preventivos y domiciliarios deben proceder con la remisión de expedientes ante el Juez de turno. Con relación a la inobservancia del Director del indicado Recinto Penitenciario, respecto al informe solicitado donde indique la hora y fecha de recepción y ejecución del mandamiento de detención domiciliaria, -pese a que fue legalmente notificado- señaló que se trata de una situación de exclusiva responsabilidad de dicho funcionario y que la parte accionante, puede activar los mecanismos necesarios, inclusive la sanción de dicho funcionario, por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de garantías constitucionales.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucren a Niños, Niñas y Adolescentes (fs. 97 a 102); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin guardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa. Ante la falta de consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6, de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ronald Javier Mamani Calle, por la presunta comisión del delito de feminicidio ampliado a violencia familiar o doméstica; el 13 y 26 de noviembre de 2024, la parte impetrante de tutela presentó memoriales de solicitud de cumplimiento del Auto de Vista 314/2024 de 9 de noviembre y medidas de protección; incumplimiento de deber de debida diligencia, respectivamente, de los cuales no consta ingreso a despacho ni providencia del Juez de instancia. (fs. 24 a 26 y 27 a 28). II.2. El 26 de noviembre de 2024, se desarrolló la audiencia de cesación de la detención preventiva del imputado Ronald Javier Mamani Calle, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 43/2024, de la misma data, por la que se dispuso la cesación a su detención preventiva otorgándole detención domiciliaria. Ante dicha Resolución, tanto el Ministerio Público como la víctima interpusieron recurso de apelación incidental, el cual, en el mismo acto y fecha fue concedido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, sobre los siguientes puntos: la medida de protección de la guarda, el cumplimiento de las medidas cautelares por parte del imputado, la fianza económica y el trámite que conlleva; disponiendo la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas por la Secretaria suplente. (fs. 32 a 45). II.3. El 28 de noviembre del mismo año, la parte accionante presentó memorial solicitando medidas de protección e incremento de riesgos procesales en el que además dieron a conocer la falta de remisión de los antecedentes del recurso de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas al tribunal de alzada, del cual no consta ingreso a despacho, ni pronunciamiento por parte del Juez de la causa (fs. 29 a 30). II.4. El 5 de diciembre de 2024, la parte accionante presentó memorial de denuncia de temeridad y mala fe procesal, respecto de las formalidades inherentes a las fianzas, no consta cargo de ingreso a despacho, ni pronunciamiento por parte del Juez de control jurisdiccional (fs. 31 y vta.). II.5. El 5 de diciembre de 2024, el Ministerio Público, presentó ampliación de imputación formal y solicitud de medidas cautelares contra Ronald Javier Mamani Calle, de la que no consta ingreso a despacho ni pronunciamiento del Juez de la causa (fs. 18 a 22). II.6. Cursa Memorando URH-CM-BE-SD 019/2024 de 29 de octubre, emitido por la encargada de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Oficina Departamental del Beni de Consejo de la Magistratura, dirigido a José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del mismo departamento, que determina la suspensión del ejercicio de sus funciones por treinta días, del 4 al 30 de noviembre de 2024 (fs. 69). II.7. Por Circular de Sala Plena 028/2024 de 3 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, instruyó a Vocales, Jueces de la Capital y Jueces de Provincias, encargado Distrital del Consejo de la Magistratura, personal de apoyo jurisdiccional y administrativo de la Capital y Provincias, la “REMISIÓN DE EXPEDIENTES PARA VACACIONES JUDICIALES 2024” (sic [fs. 78 y vta.]). II.8. El 6 de diciembre de 2024, Luis Eduardo Arteaga Arteaga, Secretario de la Sala Penal, con el visto bueno de Narda Virginia Vega Leigue, Vocal de la indicada Sala, ambos del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, presentó informe escrito, que señaló: “(…) revisado el sistema SIREJ, así como el libro de ingreso de causas de presente gestión 2024, NO SE TIENE REGISTRADO el ingreso de recurso de apelación incidental contra Resolución Nº 43/2024 de fecha 26 de noviembre de 2024, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Ronald Javier Mamani Calle …” (sic. [fs. 79 y vta.]).
La parte impetrante de tutela, denuncia irregularidades que se hubieran cometido en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, donde radica el proceso penal con imputación formal, por la presunta comisión del delito de feminicidio ampliado a violencia familiar y doméstica, seguido por el Ministerio Público en contra de Ronald Javier Mamani Calle; señalando que el Secretario titular de dicho Juzgado omitió poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional varios memoriales que presentaron, tampoco remitió la apelación incidental que plantearon contra el Auto Interlocutorio 43/2024 de 26 de noviembre, ni la ampliación de imputación formal que habría sido presentada por el Ministerio Público el 5 de diciembre de 2024. Igualmente denuncian que el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, no emitió directrices para que, durante la vacación judicial, los procesos con detenidos domiciliarios pasen al Juzgado de turno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0582/2011-R de 3 de mayo, entre otras, haciendo alusión a la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: “…acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares…” (el resaltado es añadido). Asimismo, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estipuló que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro.
Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (el resaltado es añadido).
Al respecto, la SCP 0229/2020-S3 de 13 de julio, estableció que: «Con relación a este tópico, la SCP 0273/2018-S1 de 25 de junio, citando a la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sostuvo que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva.
Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’.
Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal.
Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción” (las negrillas son añadidas y subrayado corresponde al texto original).
Del entendimiento jurisprudencial citado, se concluye que, dado el carácter elemental del derecho a la vida -por constituirse en la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos-, es procedente su protección vía acción de libertad, cuando se advierta una lesión o peligro de afectación; no obstante, su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción tutelar; por cuanto, las características singulares que conciernen al resguardo de ese derecho, no eximen a la parte que pretende su tutela de la carga de demostrar los hechos manifestados o mostrar la relevancia del reclamo en directa vinculación con su derecho cuya tutela se busca, en razón a que la justicia constitucional requiere de certidumbre sobre la lesión del derecho invocado para tutelar y protegerlo (en ese mismo sentido las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0278/2018-S1 y 0418/2018-S1), contrastando los hechos denunciados con los elementos fácticos que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve imposibilitada de analizar la problemática planteada y en su caso conceder la tutela solicitada.
Respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: “…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó:
Artículo 389. (APLICACIÓN).
I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física…” (las negrillas y subrayado nos corresponden). De lo anterior se desprende que las medidas de protección no son una sanción, sino que tienen una naturaleza eminentemente cautelar y preventiva. Su imposición no requiere de un juicio de culpabilidad (juicio de reproche), sino de un juicio de probabilidad y riesgo (juicio de riesgo). El juez o fiscal no debe preguntarse si el agresor es culpable, sino si existe un riesgo probable y creíble para la vida e integridad de la víctima. Dicho análisis debe basarse en el acervo probatorio disponible, evitando con ello decisiones subjetivas o excesivas.
El Estado Plurinacional de Bolivia, al declarar en el art. 15.I de la CPE que la vida es inviolable, no asume un rol de mero espectador, sino que se posiciona como el principal garante de este derecho. Esta “posición de garante”, implica una obligación activa de proteger a las personas de riesgos ciertos y previsibles -objetivamente demostrados- para su vida e integridad. En casos de violencia física en escalada contra las mujeres, esta obligación se intensifica. La jurisprudencia de este Tribunal, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, ha establecido que el Estado debe actuar con una “debida diligencia reforzada”. Esto significa que, ante la denuncia de un hecho de violencia, todas las autoridades estatales tienen el deber ineludible de actuar con la máxima celeridad y eficacia para prevenir daños mayores. La inacción, la demora o la indiferencia del aparato estatal ante una solicitud de protección constituye una vulneración de esta obligación y puede acarrear su responsabilidad. Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: “Dichas medidas son vitales para garantizar la obligación de la debida diligencia del Estado, toda vez que se constituyen en muchas ocasiones en el único recurso del cual disponen las mujeres víctimas y sus hijos e hijas para protegerse de un daño inminente sobre el derecho a la vida. Cuando una mujer obtiene una orden de protección, los Estados conocen que existe un riesgo de sufrir daños por causa de la violencia. Si el Estado no hace una protección efectiva con una actuación inmediata, entonces es responsable internacionalmente (…) no es suficiente su emisión, sino debe efectivizarse su ejecución” (las negrillas y subrayado fueron añadidos).
En el análisis de la problemática planteada, se evidencia que la parte accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de igualdad procesal, acceso a la justicia y la debida diligencia, así como el derecho a la vida integridad física y psicológica, puesto que, en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, donde radica el proceso penal con imputación formal, por la presunta comisión del delito de feminicidio ampliado a violencia familiar doméstica, seguido por el Ministerio Público en contra de Ronald Javier Mamani Calle; se hubieran cometido irregularidades en el manejo de documentación que presentado al igual que el Ministerio Público, toda vez que, el Secretario titular de dicho Juzgado hubiera omitido poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional varios memoriales entre ellos solicitudes de medidas de protección e incremento de riesgos procesales, apelación contra la Auto Interlocutorio 43/2024 de 26 de noviembre y la ampliación de imputación formal que habría sido presentada el 5 de diciembre del mismo año. Igualmente manifiestan que el Presidente del Tribunal Departamental de Justica del Beni, no emitió directrices para que, durante la vacación judicial, los procesos con detenidos domiciliarios pasen al Juzgado de turno. De los antecedentes procesales cursantes en el legajo procesal, consta que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ronald Javier Mamani Calle, por la presunta comisión del delito de feminicidio ampliado a violencia familiar o doméstica; el 13 y 26 de noviembre de 2024, los impetrantes de tutela presentaron memoriales de solicitud de cumplimiento del Auto de Vista 314/2024 y medidas de protección (Conclusión II.1); habiéndose desarrollado en la última fecha, audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el prenombrado, donde fue emitido el Auto Interlocutorio 43/2024, de la misma data, disponiéndose su cesación y otorgándole detención domiciliaria, efecto por el cual tanto el Ministerio Público como la víctima interpusieron recurso de apelación incidental, por lo que, se dispuso la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada dentro del plazo de veinticuatro horas (Conclusión II.2); el 28 del citado mes y año, los ahora accionantes presentaron memoriales de medidas de protección e incremento de riesgos procesales en el que además dieron a conocer la falta de remisión de los antecedentes de apelación incidental en el plazo de veinticuatro horas al tribunal de alzada (Conclusión II.3); el 5 de diciembre del mismo año, los mismos presentaron memorial de denuncia de temeridad y mala fe procesal, respecto de las formalidades inherentes a las fianzas (Conclusión II.4); habiendo el Ministerio Público, presentado la misma fecha ampliación de imputación formal contra Ronald Javier Mamani Calle y solicitud de medidas cautelares (Conclusión II.5). Por otro lado, se tiene el Memorando URH-CM-BE-SD 019/2024 de 29 de octubre, emitido por la encargada de RR.HH. de la Oficina Departamental del Beni del Consejo de la Magistratura, dirigido a José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, donde se hace conocer la suspensión del ejercicio de sus funciones por treinta días, del 4 al 30 de noviembre de 2024; (Conclusión II.6); también se tiene la Circular 028/2024 de 3 de diciembre, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, a través de la cual se instruyó a Vocales, Jueces de la Capital y Jueces de Provincias, encargado Distrital del Consejo de la Magistratura, personal de apoyo jurisdiccional y administrativo de la Capital y Provincias, la "REMISIÓN DE EXPEDIENTES PARA VACACIONES JUDICIALES 2024" (sic [Conclusión II. 7]). En ese marco, corresponde señalar que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad se constituye como el medio constitucional de defensa que protege el derecho a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de locomoción, además de poseer una configuración carente de formalismos y rigurosidades que hace posible, de ser pertinente, la tutela inmediata y eficaz ante la lesión de los derechos invocados; en el caso que nos ocupa, la parte impetrante de tutela denuncia omisiones en las que hubiera incurrido el Secretario ahora demandado, al no "pasar a despacho" las solicitudes efectuadas por el Ministerio Público y sus memoriales, consistentes en: “recurso de reposición”; "incremento de riesgos procesales"; “denuncia de temeridad y mala fe procesal” y solicitud de ampliación de riesgos procesales e imposición de medidas cautelares producto de una nueva imputación; no obstante, los hechos denunciados como lesivos, no tienen vinculación directa con el derecho a la libertad, ni tampoco la falta de su consideración pone en riesgo inminente el derecho a la vida de los impetrantes de tutela, razón por la cual, este Tribunal no puede aperturar su competencia para emitir pronunciamiento al respecto, al no encontrarse las denuncias de referencia enmarcadas en la naturaleza y alcance de protección de esta acción de defensa, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela impetrada. En cuanto a las medidas de protección, la debida diligencia y el interés superior del niño Corresponde hacer especial énfasis en lo que respecta a los memoriales en los que se hizo conocer el incumplimiento a medidas de protección y se solicitó ampliación de las mismas; dado que conforme el Fundamento Jurídico III.3, las medidas de protección por la importancia que revisten, deben ser de atención inmediata, al ser su finalidad evitar la reiteración de la violencia mientras se investiga, procesa y sanciona al agresor, motivo por el cual en resguardo preventivo del derecho a la vida e integridad física de los impetrantes de tutela, corresponde a esta jurisdicción constitucional ingresar a verificar si existe o no responsabilidad del Secretario demandado, en las omisiones denunciadas en torno a lo referido. Al respecto, de los datos que informan los antecedentes es posible evidenciar que en el memorial presentado el 13 de noviembre de 2024, con la suma: “I. CUMPLIMIENTO EXACTO DEL AV 314/2024 de 09.11.2024 Y SE EMITA MANDAMIENTO DE DETENCION PREVENTIVA. - II. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. - III. OTROS PETITORIOS.-“ (sic), se solicitó en el otrosí octavo, lo siguiente: “…Señor Juez, los menores se hallan con MEDIDAS POTECCION que están siendo incumplidas por lo que PIDO AUDIENCIA DE CONSIDERACION DE INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION SEA CONFORME AL ART. 389 QUINQUIES DEL CPP INTRODUCIDO POR LEY 1173 FIJANDO AUDIENCIA VIRTUAL” (sic); sin que a la fecha de interposición de esta acción tutelar realizado el 6 de diciembre de 2024, conste que dicho escrito haya ingresado a despacho o que exista pronunciamiento al respecto por el Juez de la causa. Por otro lado, se tiene el escrito con la suma: “I. MEDIDA DE PROTECCIÓN E INCREMENTO DE RIESGOS PROCESALES.- II. AUDIENCIA VIRTUAL.- III. SE NOTIFIQUE SALA PLENA Y APERCIBA A SECRETARIA.- IV. DOMICILIO” (sic), en el que se solicitó la ampliación de medidas de protección a favor de los niños accionantes, concretamente la fijación provisional de la guarda, aspecto que si bien fue tratado en audiencia de cesación a la detención preventiva conforme puede evidenciarse del contenido del Auto Interlocutorio 43/2024 de 26 de noviembre; la determinación asumida por el Juez de la causa, fue apelada por la parte hoy accionante; sin embargo, dicho recurso no fue remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por Ley. En ese sentido, cabe aclarar que si bien de acuerdo al Memorando URH-CM-BE-SD 019/2024 de 29 de octubre -emitido por la encargada de RR.HH. de la Oficina Departamental de Beni del Consejo de la Magistratura-, el Secretario ahora demandado del 4 al 30 de noviembre de 2024, se hallaba suspendido de sus funciones, encontrándose en suplencia legal otra Secretaria -que no fue demandada en la presente acción tutelar-, ante el incumplimiento de ésta, de pasar a despacho los referidos memoriales, correspondía que el demandado al momento de retomar sus funciones -2 de diciembre de 2024-, advertido que la documentación cuestionada por los accionantes no fue puesta oportunamente a conocimiento del Juez de la causa, debió de forma diligente, pasarla a despacho, y también remitir la apelación incidental, a los fines de garantizar la protección de las víctimas; por lo que, al no haber actuado de esa manera, corresponde conceder la tutela impetrada, en contra del aludido funcionario, disponiendo que el mismo una vez notificado con el presente fallo constitucional, de forma inmediata pase a despacho del Juez de la causa, la referida solicitud para que sea tramitada conforme corresponda, y remita el recurso interpuesto ante el Tribunal de alzada; salvo que, por el transcurso del tiempo, dichos actos ya hubieran sido realizados. Respecto al demandando Roberto Ismael Nacif Suárez, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, no existe ninguna responsabilidad, en los actos denunciados como dilatorios; puesto que, en plazo pertinente, conforme consta de la documental cursante en el expediente de acción tutelar (Conclusión II.7), se emitió el instructivo correspondiente para la remisión de causas al juzgado de turno.
De la intervención del abogado de la parte accionante, en audiencia de garantías, llama la atención las aseveraciones en cuanto al manejo de expedientes o cuadernos procesales, sin el debido cuidado en la foliación y costurado de los mismos, situación que preocupa a este Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto dicho descuido u omisión, da lugar a la interposición de acciones de garantía constitucional. Por lo que, se recomienda al personal de apoyo jurisdiccional de los juzgados en general, manejar con responsabilidad los cuadernos procesales, teniendo el debido cuidado en la foliación, orden de la documentación manejada y el cumplimiento de sus labores asignadas por la Ley del Órgano Judicial en cuanto a pasar a despacho en el día los memoriales presentados ante el Juzgado. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2024 de 6 de diciembre, cursante de fs. 91 a 94 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Riberalta del departamento del Beni; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación a José Manuel Cadena Matta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Riberalta del departamento del Beni, únicamente en lo que respecta a la falta de diligencia de los memoriales concernientes a las medidas de protección, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela, con relación a Roberto Ismael Nacif Suárez, Presidente del Tribunal Departamental de Justica del Beni. 3° RECOMENDAR al personal de apoyo jurisdiccional, el manejo de los expedientes procesales con la debida responsabilidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala, dentro del presente caso dirime el Presidente, Magistrado Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; siendo de Voto Disidente el Magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas.
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0027_2025-S3.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 26c5999f9ddd5f1279b679e0007ea1a79a778275b4079b5558ecafd1879a330f
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