B.IA.LEGAL

SCP 0026/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 20 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58800-2023-118-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, igualdad, defensa e impugnación; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental, bajo el argumento de que no cumplió con el requisito de admisibilidad de expresar los agravios en la audiencia en la que se emitió la decisión cuestionada, aplicando erróneamente los arts. 403.2 -siendo lo correcto 3- y 404 del CPP, pese a que hizo constar en acta, que los agravios serán de conocimiento de la autoridad de alzada; razón por la cual, solicitó se conceda la tutela, y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, se emita un nuevo pronunciamiento en el que se resuelva el fondo de la apelación planteada, previo señalamiento de audiencia en la que se le permita fundamentar sus agravios, conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR parcialmente la Resolución 99/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional, debiendo el Tribunal de alzada emitir un nuevo pronunciamiento que admita el recurso de apelación interpuesto y resuelva el mismo; salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiese sido modificada. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los principio de congruencia e igualdad, conforme a los razonamientos expuestos ut supra.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de medida cautelar de manera oral
  2. III.2. Derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso
  3. III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2026-S3 Sucre, 20 de febrero de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58800-2023-118-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 99/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Richar Uño Villca contra Eve Carmen Mamani Roldan y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2023, cursante de fs. 34 a 46 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, previsto y sancionado por el art. 261 del Código Penal (CP); el 6 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medida cautelar de carácter real, en la cual el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Challapata del departamento de Oruro, mediante Auto Interlocutorio 20/2023 de la misma fecha, dispuso la anotación preventiva de dos motorizados de su propiedad; ante dicha determinación, en la misma audiencia el accionante interpuso recurso de apelación incidental, previsto por los arts. 403.2 -siendo lo correcto 3- y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), haciendo constar en acta, que los agravios serán de conocimiento de la autoridad de alzada.

En tal sentido, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, declaró inadmisible su recurso de apelación incidental, alegando el incumplimiento de la expresión de agravios en la misma audiencia en la que se emitió la decisión cuestionada.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, igualdad, defensa e impugnación; citando al efecto, los arts. 115.II y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo; y, b) Se ordene la emisión de un nuevo fallo judicial en el que se resuelva el fondo de la apelación planteada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 2 de octubre de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 97 a 101, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, se ratificó íntegramente en los términos de su acción tutelar y ampliando, manifestó que: 1) Los Vocales demandados, concluyen que el permitir se realice la fundamentación en audiencia quebranta el principio de igualdad de las partes, inclusive afecta al Tribunal de segunda instancia, cuando dichas autoridades no son parte del proceso; 2) La decisión impugnada carece de fundamentación, pues simplemente señala que no se cumplieron los presupuestos procesales para admitir el recurso de apelación incidental formulado, lo que le deja en indefensión; 3) Haciendo cita de las SSCCPP “935/2021-S2 de 3 de diciembre”; 1493/2022-S2 de 16 de noviembre; y, 0640/2020-S2 de 24 de junio, resaltó que este último, refiere sobre la tramitación del recurso de apelación incidental y el plazo, con relación a la aplicabilidad de los arts. 251 y 404 del CPP, estableciendo que no necesariamente se debe sustentar los agravios en audiencia -en la que se dictó el Auto apelado-; más al contrario, existe un posterior verificativo de fundamentación ante el tribunal de alzada; y, 4) El Auto de Vista cuestionado no se encuentra debidamente motivado y fundamentado, además de ser incongruente por no haber absuelto la impugnación contenida en su recurso de apelación incidental.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe escrito, cursante de fs. 53 a 56, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en base a los siguientes argumentos: i) El Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, cuenta con la fundamentación y motivación conforme la norma adjetiva penal, debido a que se expuso de manera razonable, lógica y comprensible, de qué manera los enunciados normativos se adecuan a las particularidades del caso en concreto; ii) Con relación al principio de legalidad como elemento del debido proceso, este se asienta en la seguridad jurídica, no solo en la medida en la que el imputado ahora accionante puede prever sus actos, sin tomar en cuenta las consecuencias jurídicas que incumplió; iii) En cuanto al derecho a la defensa, no se entendió cómo hubiese sido vulnerado, debido a que, el imputado en todo momento del proceso penal se encontraba asistido técnicamente; y, iv) Sobre el derecho a recurrir, este tampoco se lesionó, en razón a que se encontraba habilitado como cualquier parte del proceso para hacer uso de los recursos que le franquea la norma adjetiva penal; sin embargo, en el presente caso el imputado ejercitó el derecho de impugnación en audiencia; empero, sin cumplir los requisitos de admisibilidad de expresar los agravios en el verificativo en el que se emitió la decisión cuestionada, citando al efecto las SCP 1438/2022-S2 de 3 de noviembre y la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre; concluyendo que las vulneraciones a derechos y garantías constitucionales denunciadas carecen de sustento debido a la inacción del accionante. Por un lado, Eva Carmen Mamani Roldan Vocal de la misma Sala, no presentó su informe, pese a su legal notificación a fs. 50, solamente anuncio su nombre en el memorial del informe de fs. 53 a 56, sin rubricar pie de firma.

I.2.3. Intervención del tercer interesado

Rufina Huayta y Ayde Huayta Rodríguez, por medio de su abogado, en audiencia solicitaron que se deniegue la tutela, manifestando que: a) El accionante señaló que se le vulneró el derecho a la defensa, y a recurrir; sin embargo, en ningún momento estos fueron afectados, puesto que, de acuerdo al art. 403.3 del CPP, la resolución que fue apelada, conforme al art. 404 del mismo cuerpo normativo, al haber sido dictada en audiencia, se establece que el recurso apelación se interpondrá inmediatamente de forma oral ante el juez o tribunal que la dictó; en este caso, el impetrante de tutela, no cumplió con el requisito de admisibilidad de expresar los agravios en la audiencia en la que se emitió la decisión cuestionada; y, b) Los Vocales demandados, hicieron conocer al ahora accionante la aplicación de la norma en apego al principio de legalidad.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 99/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 102 a 108 vta., concedió la tutela solicitada y, dejó sin efecto el Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, disponiendo que los Vocales demandados emitan un nuevo fallo judicial, conforme al art. 404 del CPP, a fin de resolver en el fondo el recurso de apelación del ahora accionante, debiendo señalar audiencia al efecto, bajo los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela anunció su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 20/2023 de 6 de marzo, el cual luego de ser remitido al Tribunal alzada, previo sorteo, fue resuelto por las autoridades demandadas mediante Auto de Vista 35/2023; el cual, luego del análisis del art. 404 del CPP concluyó que, el recurrente debió exponer los motivos de apelación en la misma audiencia de medida cautelar real, y no limitarse a su simple anunció; por tanto, ante la inexistencia de agravios, no corresponde ingresar a analizar el fondo, lo que produjo su inadmisibilidad, conforme a la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre; sin embargo, de la revisión de dicha jurisprudencia, se advierte la inexistencia del razonamiento expuesto, debido a que, el anuncio de la interposición del recurso de apelación incidental a realizarse de forma oral en audiencia, no necesariamente está condicionado a la fundamentación en el mismo acto, al contrario, indica, que ésta será desarrollada posteriormente en alzada; y, 2) En ese entendido, por los fundamentos y el análisis realizados, es evidente que existe lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación y congruencia, debido a que la decisión impugnada se funda en el art. 180 de la CPE, es decir, garantizar el principio de impugnación; no obstante, declaró inadmisible el recurso de apelación, resultando incongruente con lo fundamentado; vulnerando también el derecho a la defensa, porque no se ha dado la oportunidad al ahora accionante de sustentar sus agravios ante un tribunal de alzada.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto Interlocutorio 20/2023 de 6 de marzo de 2023, dictado por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Challapata del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, disponiendo

“PROCEDENTE” la medida cautelar real solicitada por la víctima y por consiguiente la anotación preventiva de dos vehículos automotor, actuado en el que el imputado – accionante-, invocando los arts. 403.2 -siendo lo correcto 3- y 404 del CPP interpuso recurso de apelación incidental, haciendo constar que los agravios serán de conocimiento de la autoridad de alzada (fs. 30 a 31 vta.). II.2. Consta el Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, según el cual Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandados-, declararon inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante, debido a que no expresó los agravios que fundan su impugnación en la audiencia en la que se pronunció el fallo judicial cuestionado (fs. 32 a 33).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, igualdad, defensa e impugnación; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental, bajo el argumento de que no cumplió con el requisito de admisibilidad de expresar los agravios en la audiencia en la que se emitió la decisión cuestionada, aplicando erróneamente los arts. 403.2 -siendo lo correcto 3- y 404 del CPP, pese a que hizo constar en acta, que los agravios serán de conocimiento de la autoridad de alzada; razón por la cual, solicitó se conceda la tutela, y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, se emita un nuevo pronunciamiento en el que se resuelva el fondo de la apelación planteada, previo señalamiento de audiencia en la que se le permita fundamentar sus agravios, conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de medida cautelar de manera oral

Sobre la temática, este Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0387/2025-S3 de 20 de mayo, estableció que:

“El art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, estipula:

La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.

Sobre las formas de presentación del recurso de apelación contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional, así la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, determinó que este mecanismo de impugnación ‘puede ser planteado en forma oral y en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito’.

Bajo el mismo entendimiento la SCP 0425/2018-S2 de 14 de agosto, hace alusión a los principios de oralidad e inmediación que son parte del procedimiento penal, y reiteró lo establecido por la SCP 1 1El FJ III.3, señala: “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza”. 2 2El FJ III.3, indica: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (énfasis añadido).

2149/2013 de 21 de noviembre, que determinó las subreglas referentes al recurso de apelación incidental, citando entre ellas:

[iv)] Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. (…)

Por tal motivo, ante toda apelación oral formulada en audiencia, la autoridad judicial debe disponer la remisión de los antecedentes de la causa al Tribunal ad quem en la misma audiencia, en ese mérito, a partir de ese momento, se computará el plazo previsto en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP. [el resaltado es añadido]

Este razonamiento se ha mantenido en el marco de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 1173 al art. 251 del CPP, así la SCP 0807/2021-S4 de 12 de noviembre, reafirmó lo siguiente:

[Al] respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refirió que: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.

En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (…) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo (…) [el resaltado es añadido].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente:

[Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…).

En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].

Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:

[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante.

Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia…” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso

La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, al respecto señala que:

[El] derecho a la defensa, es un componente de la garantía del debido proceso establecido en el art. 115 de la CPE, al prever que: `I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción, inmediación e igualdad, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental.

Por su parte, el derecho a la impugnación como garantía procesal y su vínculo con el derecho a la defensa, se encuentra universalmente reconocido y garantizado en el art. 8.2 inc. h) de la CADH, habiéndose previsto por el orden constitucional vigente y las leyes que nos rigen, recurrir de un fallo ante el juez o tribunal superior, de considerar lesionados sus derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes, pues la garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa, así lo señala el Tribunal Constitucional Plurinacional en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio, entre otras.

El entendimiento citado fue extraído de la SCP 0387/2025-S3 de 20 mayo.

III.3. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

Al respecto, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero señala que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia 3El FJ III.1.2, señala: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) precisando el alcance del 'derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior', estableció, en lo que en el caso interesa, las siguientes afirmaciones, cuyo subrayado es añadido: 1. El derecho de recurrir el fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica (párrafo 158) 2. El derecho de recurrir '…busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona'. (párrafo 158) 3. Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida (párrafo 165)”. 4El FJ III.2.2. refiere: “…La garantía de la doble instancia admite el disenso con los fallos, permitiendo que una autoridad distinta de la inicialmente competente, investida además de otra jerarquía administrativa, pueda evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos insertos en la decisión inicial, dando lugar de ésta manera a un irrestricto acceso a la justicia, aspecto íntimamente relacionado con el derecho a la defensa. La eventualidad de impugnar un fallo desfavorable, posibilita que el administrado, reclame aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando en qué grado estas omisiones o distorsiones han afectado sus derechos. El responder en segunda instancia todos los agravios denunciados es obligación ineludible de la instancia de alzada” (las negrillas son nuestras).

constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá conceder la tutela por tener el sustento constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

Conforme se tiene de antecedentes, el accionante denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia, legalidad, igualdad, defensa e impugnación; argumentando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, los Vocales demandados mediante Auto de Vista 35/2023 de 31 de marzo, declararon inadmisible su recurso de apelación incidental, bajo el argumento de que no cumplió con el requisito de admisibilidad de expresar los agravios en la audiencia en la que se emitió la decisión cuestionada, aplicando erróneamente los arts. 403.2 -siendo lo correcto 3- y 404 del CPP, pese a que hizo constar en acta, que los agravios serán de conocimiento de la autoridad de alzada; razón por la cual, solicitó se conceda la tutela, y se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, se emita un nuevo pronunciamiento en el que se resuelva el fondo de la apelación planteada, previo señalamiento de audiencia en la que se le permita fundamentar sus agravios, conforme a procedimiento. Al efecto, conforme se tiene del Auto Interlocutorio 20/2023 de 6 de marzo, dictado por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de Challapata del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante por la presunta comisión del delito de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidentes de Tránsito, disponiendo “PROCEDENTE” la medida cautelar real solicitada por la víctima y por consiguiente la anotación preventiva de un vehículo automotor, actuado en el que el aludido, invocando los arts. 403.2 -siendo lo correcto 3- y 404 del CPP interpuso recurso de apelación incidental, haciendo constar que los agravios serán de conocimiento de la autoridad de alzada (Conclusión II.1).

Elevados los antecedentes ante el superior en grado, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, integrada por los Vocales ahora demandados, pronunciaron el Auto de Vista 35/2025-SP1 de 31 de marzo, que declaró inadmisible el recurso interpuesto, bajo el argumento de que el ahora accionante, no fundamentó sus agravios en la audiencia que se dictó la decisión que cuestionó en alzada, no siendo suficiente su enunciación, conforme a los arts. 396.3, en relación a la primera parte del 404 del CPP modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, debido a que de permitírsele realizar aquello, pondría en desigualdad procesal a la contraparte y al propio Tribunal de segunda instancia; por lo que, no cumplió con el requisito de admisibilidad (Conclusión II.2). Ahora bien, conforme señala en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP, se constituye en un procedimiento cuya tramitación es especial porque se puede interponer inclusive de forma oral en audiencia al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento sobre la procedencia de imposición de una media cautelar -en este caso, real-, además que no resulta necesario que se acompañe ninguna otra prueba a contraposición del art. 404 de la misma norma, basta que se haga constar en acta su interposición, puesto que los agravios serán de conocimiento de la autoridad superior; en conclusión, el anuncio de la interposición del recurso de apelación incidental a realizarse de forma oral en audiencia, no necesariamente está condicionada a la fundamentación de los agravios en el mismo acto, más al contrario, conforme se tiene desarrollado, ésta será desarrollada posteriormente en un audiencia de argumentación a ser programada por el Tribunal de alzada.

Bajo tales premisas, este Tribunal concluye que la determinación de los Vocales demandados de declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el ahora peticionante de tutela, bajo el argumento de que este no fundamentó sus agravios en la audiencia que se dictó la decisión que cuestionó en alzada, no se acomoda al entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional sobre esta problemática; puesto que, conforme refiere el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; en consecuencia, la sola interposición del recurso de apelación de manera oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación.

Efectivamente, de los antecedentes obrantes en el expediente constitucional se tiene que, en la audiencia pública de anotación preventiva celebrada el 6 de marzo de 2023 ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Challapata del departamento de Oruro, se dictó el Auto Interlocutorio 20/2023, que declaró “PROCEDENTE” la medida cautelar real solicitada por la víctima y por consiguiente la anotación preventiva de un vehículo automotor, actuado en el que el peticionante de tutela luego de haberse dictado la parte resolutiva, interpuso de manera oral recurso de apelación incidental, indicando que los agravios serían posteriormente fundamentados en audiencia, advirtiéndose con ello, que se observó el trámite que debía seguir a objeto de impugnar tal decisión, resultando su actuación dentro de lo previsto por el art. 404 del CPP modificado por la Ley 1173.

No obstante, radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, los Vocales demandados al haber establecido, a través del Auto de Vista 35/2023-SP1 de 31 de marzo, el requisito de expresión de agravios en audiencia en la que se dictó el fallo apelado, establecieron una posición excesivamente formalista de la normativa procesal y alejada de la jurisprudencia sentada por este Tribunal, lesionando el derecho del accionante al acceso al control de la decisión judicial adoptada en primera instancia, lo cual afectó su derecho a recurrir del fallo como componente del debido proceso, previsto en los arts. 115.II y 180.II de la CPE y por el art. 8.2 de la CADH.

En efecto, en el marco de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental por un requisito no exigido por el procedimiento, las autoridades demandadas impidieron que un Tribunal de alzada conozca y resuelva el fondo de la impugnación, limitando injustificadamente el ejercicio del derecho a la impugnación y generando una restricción indebida al derecho a la defensa del accionante que le impidió ser oído en audiencia pública y oral sobre los agravios que a su criterio estaban en contra de sus intereses legítimos; para así, ejercer su derecho a la defensa material y técnica dentro de los parámetros legales; y posteriormente, sean analizados y resueltos en el fondo.

En cuanto al derecho a la defensa propiamente como componente del debido proceso, se constituye en un elemento sustancial, toda vez que su respeto e inviolabilidad resulta una garantía fundamental que se halla descrita en el art. 115.II de la CPE; vale decir, que toda persona sindicada sea en sede penal o administrativa, tiene la facultad de desvirtuar las acusaciones que se le atribuyen, utilizando todos los medios de impugnación previstos por ley y principios procesales de contradicción e inmediación, a objeto de evitar desequilibrios entre las partes y generar condiciones de indefensión prohibidas por la Ley Fundamental y la normativa del bloque de constitucionalidad, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que se encuentra mermada, cuando pese a haberse dado cumplimiento a las exigencias procesales para la obtención del pronunciamiento de una determinada autoridad judicial, ésta no lo hace. En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el accionante, conforme se tiene de los razonamientos expresados ut supra, dio cumplimiento a los requisitos exigidos por el adjetivo penal, en busca de la resolución de su recurso de apelación incidental; sin embargo, los Vocales demandados, no se pronunciaron en el fondo sobre lo peticionado, privándole de esa manera de obtener una determinación acerca de su pretensión, afectando su derecho a la defensa y a la impugnación.

Ahora bien, la determinación cuestionada revela una motivación arbitraria, puesto que en la medida en que sustenta la inadmisibilidad del recurso de apelación en una interpretación normativa que no se adecúa al régimen procedimental aplicable, ni a los criterios jurisprudenciales desarrollados por este Tribunal, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, se afecta la garantía del debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación.

Por consiguiente, al haberse evidenciado que el accionante cumplió con la interposición del recurso de apelación incidental conforme a las exigencias previstas en la normativa procesal penal, y que la inadmisibilidad dispuesta por las autoridades demandadas se sustentó en una exigencia formal indebida que restringió el debido proceso en sus elementos impugnación, defensa, fundamentación, motivación y legalidad, corresponde conceder la tutela solicitada, debiendo el Tribunal de alzada emitir un nuevo pronunciamiento que admita el recurso de apelación interpuesto y resuelva el mismo, conforme a procedimiento.

Respecto a los principios de congruencia e igualdad, la parte accionante no ha explicado las razones por las cuales considera que dichos principios fueron afectados, debiendo recordarse además que la jurisdicción constitucional no tutela de manera directa principios constitucionales, salvo que estos se encuentren vinculados con la lesión a un derecho fundamental; circunstancia que, tampoco ha sido expuesta ni fundamentada en la acción tutelar analizada. En consecuencia, corresponde denegar la tutela, con la aclaración de que en el caso de los principios constitucionales invocados no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR parcialmente la Resolución 99/2023 de 2 de octubre, cursante de fs. 102 a 108 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías y conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional, debiendo el Tribunal de alzada emitir un nuevo pronunciamiento que admita el recurso de apelación interpuesto y resuelva el mismo; salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del accionante hubiese sido modificada. 2° DENEGAR la tutela impetrada, con relación a los principio de congruencia e igualdad, conforme a los razonamientos expuestos ut supra.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2026-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d932c2e53087f4ba75cd91aa011b789b09d235569070fa60b4ba580034d32e13

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