Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 12 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado, ratificó las resoluciones emitidas por el Fiscal de Materia a través de las Resoluciones: 1) OR-935/22 confirmando la resolución de rechazo de denuncia; y, 2) S-242/22 que ratificó la resolución de sobreseimiento, sin haber atendido objetivamente los argumentos expuestos en sus memoriales de objeción e impugnación de 3 de octubre de 2022. Ante ello, la autoridad demandada refiere que el conflicto es interno por la representación de “FE.C.CO.MI.VA.”, con documentación contradictoria, cuya naturaleza es civil y/o laboral, no penal; en ese entendido, las resoluciones fiscales impugnadas en resguardo del debido proceso se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas y el amparo no es una vía para revisar resoluciones fiscales y la valoración probatoria. Wilder Vaca Serrano, Fiscal de Materia, en representación de la autoridad demandada, añadió que el accionante no agotó los mecanismos internos ni las vías competentes, incumpliendo el principio de subsidiariedad del amparo constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/23 de 19 de septiembre de 2023, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2026-S2 Sucre, 12 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58791-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 120/23 de 19 de septiembre de 2023, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Porco Condori contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 9 y 18 de agosto de 2023, cursantes de fs. 96 a 99; y, 105 a 106, el accionante manifiesta lo siguiente:
El 8 de octubre de 2021, presentó denuncia penal contra José Luis Mamani Rocha, Demetria Quintanilla Vda. de Ballivian, Sabina Betty Rodríguez Quiroga, Fortunato Tarqui Luna, Irma Flores de Rosales, Benjamín Porco Arias, Juan Gonzalo Aruquipa Vera y Macedonio Condori Gutiérrez, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, amenazas, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y sociedades y asociaciones ficticias. La denuncia se sustenta en la aparición de una Federación Cruceña de Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Ramas Afines, con siglas idénticas a las de su fundación “FE.C.CO.MI.VA.”, cuyos integrantes habrían extorsionado y amenazado a comerciantes del mercado bimodal; como resultado, se emitió imputación formal el 1 de febrero de 2022 contra dos denunciados (Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha), disponiéndose su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio de 23 de junio de igual año, emitido por Livia Alarcón Santa Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, resolución que fue revocada por la Sala Penal Tercera de igual departamento el 16 de agosto del mismo año.
Respecto a los demás denunciados, el Fiscal de Materia asignado al caso dictó Resolución de rechazo de denuncia de 26 de septiembre de 2022, la cual objetó oportunamente. Asimismo, en la misma fecha, dicha autoridad emitió la Resolución de Sobreseimiento respecto de los imputados Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha, resolución que también impugnó en término. No obstante, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -autoridad demandada-, ratificó las resoluciones del Fiscal de Materia mediante: a) Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. OR-935/22 de 1 de diciembre de 2022; y, b) Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. S-242/22 de igual fecha, sin haber atendido objetivamente los argumentos expuestos en sus memoriales de objeción de rechazo a denuncia e impugnación de sobreseimiento de 3 de octubre de igual año, en los que considera que acreditó la existencia del hecho y la concurrencia de elementos de convicción suficientes, los cuales fueron omitidos por el Fiscal demandado; resultando así que las resoluciones sean arbitrarias, incongruentes y carentes de fundamentación y motivación.
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; citando el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El impetrante de tutela solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo: 1) Se anule y deje sin efecto las Resoluciones Fiscales Departamentales Jerárquicas OR-935/22 y S-242/22; y, 2) La autoridad demandada emita una nueva resolución conforme a los datos de la investigación, a los fundamentos de la presente acción de amparo constitucional y se restablezcan los derechos constituciones vulnerados.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 143 a 147, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando señaló que, el Fiscal demandado incurrió en una incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la situación de una de las personas denunciadas (Irma Flores de Rosales), tanto en la resolución de rechazo como en la de sobreseimiento, lo que constituye una omisión indebida contraria a loa arts. 128 de la CPE y 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 117 a 126, solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que el fondo del conflicto se refiere a una disputa interna por la representación y dirección de la “FE.C.CO.MI.VA.”, donde ambas partes se atribuyen legitimidad; de cuyo análisis concluyó que existen documentos contradictorios presentados por los involucrados y que la vía penal no es la idónea para resolver conflictos de naturaleza civil y/o laboral. Asimismo, en audiencia se hizo presente Wilder Vaca Serrano, Fiscal de Materia, en representación de la autoridad demandada, quien ratificó el informe presentado y añadió que: i) Las resoluciones fiscales impugnadas se circunscriben a una denuncia penal por falsificación de sellos, papeles sellados y timbres, y no al conflicto interno entre directorios de la Federación “FE.C.CO.MI.VA.”; en la investigación se evidenció la existencia de dos directorios y dos federaciones con la misma sigla, hecho reconocido por el accionante; y, ii) El impetrante de tutela, como miembro fundador de la federación, conocía los procedimientos respecto al registro, así como la posibilidad de promover la denuncia ante la autoridad competente de acuerdo con sus estatutos; empero, no agotó dichos mecanismos, incumpliendo el principio de subsidiariedad.
Juan Gonzalo Aruquipa Vera, a través de su abogado, solicitó se deniegue la tutela impetrada, con imposición de costas y sanciones al accionante porque no acreditó el delito denunciado, ni cumplió con la carga de la prueba. José Luis Mamani Rocha, en audiencia, mediante sus abogados, requirió se deniegue la tutela solicitada, señalando que no se sustentó el delito investigado ni las impugnaciones, y que el conflicto es de naturaleza gremial, por lo que las resoluciones fiscales se encuentran fundamentadas. Macedonio Condori Gutiérrez, Fortunato Tarqui Luna, Benjamín Porco Arias, Sabina Betty Rodríguez Quiroga, Demetria Quintanilla Vda. de Ballivian e Irma Flores de Rosales, no presentaron informe alguno ni ingresaron a la audiencia de garantías pese a su legal notificación según consta a fs. 129, 131, 132, 133, 134 y 135.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 120/23 de 19 de septiembre de 2023, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) Las resoluciones sometidas a control constitucional son dos y de naturaleza distinta: la Resolución Jerárquica OR-935/22, que ratifica el rechazo de la denuncia en etapa preliminar, y la Resolución Jerárquica S-242/22, que ratifica el sobreseimiento dictado tras la imputación formal y la conclusión de la etapa preparatoria, distinción realizada para el análisis del agravio planteado; b) Irma Flores de Rosales no fue imputada, por lo que no pudo ser sobreseída, resultando improcedente el reclamo de su falta de mención en la Resolución Jerárquica S-242/22; en consecuencia, dicho agravio carece de sustento y relevancia para un pronunciamiento de fondo; y, c) Respecto a la Resolución Jerárquica OR-935/22 de ratificación de rechazo, el Tribunal verifica que, aunque la referida resolución no figure en el decisum, sí es expresamente mencionada y analizada en la fundamentación, donde se concluye que el delito de falsificación previsto en el art. 190 del Código Penal (CP) no es aplicable, al no tratarse de documentos oficiales ni de una entidad estatal, y que la ausencia del mencionado nombre en la parte resolutiva constituye, en todo caso, un error formal carente de relevancia constitucional, conforme a la jurisprudencia constitucional vigente, puesto que no incidiría en el resultado. En vía de complementación, el abogado de los terceros interesados solicitó que, por Secretaría, una vez efectuada el acta y emitida la resolución, se franqueen dos copias, toda vez que el accionante adopta medidas con la finalidad de amedrentar a las demás partes, a efectos de que puedan asumir las acciones legales que correspondan en derecho. En ese entendido, el Tribunal de garantías, conforme al art. 36.9 del CPCo, dispuso que, labrada el acta y emitida la resolución, por Secretaría se otorguen las copias legalizadas a los terceros interesados y a todas las partes.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 26 de septiembre de 2022, emitida por Julio Cesar Porras Velarde, Fiscal de Materia, en favor de Demetria Quintanilla Vda. de Ballivian, Macedonio Condori Gutiérrez, Sabina Betty Rodríguez Quiroga, Fortunato Tarqui Luna y Juan Gonzalo Aruquipa Vera -terceros interesados- por la presunta comisión de los delitos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres, la que fue objetada por Francisco Porco Condori -impetrante de tutela- el 3 de octubre de igual año (fs. 23 a 26; y, 40 a 41 vta.).
II.2. A través de la Resolución de Sobreseimiento de 26 de septiembre del 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso, dispuso el sobreseimiento a favor de Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha -terceros interesados- por la presunta comisión de los delitos de falsificación de sellos, papel sellado y timbres, siendo impugnada por el accionante el 3 de octubre de 2022 (fs. 27 a 31 vta.; y, 38 a 39 vta.).
II.3. Mediante Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. OR-935/22 de 1 de diciembre de 2022, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado- ratificó la resolución de rechazo de denuncia de 26 de septiembre del mismo año, a favor de los denunciados Demetria Quintanilla Vda. de Ballivian, Macedonio Condori Gutiérrez, Sabina Betty Rodríguez Quiroga, Fortunato Tarqui Luna y Juan Gonzalo Aruquipa Vera (fs. 50 a 72). II.4. Por Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. S-242/22 de 1 de diciembre de 2022, la autoridad demandada ratificó la resolución de sobreseimiento de 26 de septiembre de igual año, emitida por el Fiscal de Materia asignado al caso a favor de los denunciados Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha (fs. 73 a 95).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía del debido proceso en sus componentes fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, el Fiscal Departamental demandado, ratificó las resoluciones emitidas por el Fiscal de Materia a través de las Resoluciones: 1) OR-935/22 confirmando la resolución de rechazo de denuncia; y, 2) S-242/22 que ratificó la resolución de sobreseimiento, sin haber atendido objetivamente los argumentos expuestos en sus memoriales de objeción e impugnación de 3 de octubre de 2022. Ante ello, la autoridad demandada refiere que el conflicto es interno por la representación de “FE.C.CO.MI.VA.”, con documentación contradictoria, cuya naturaleza es civil y/o laboral, no penal; en ese entendido, las resoluciones fiscales impugnadas en resguardo del debido proceso se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas y el amparo no es una vía para revisar resoluciones fiscales y la valoración probatoria. Wilder Vaca Serrano, Fiscal de Materia, en representación de la autoridad demandada, añadió que el accionante no agotó los mecanismos internos ni las vías competentes, incumpliendo el principio de subsidiariedad del amparo constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 33.4 del CPCo, establece como requisito de la acción de amparo constitucional precisar la: “Relación de los hechos”, el cual debe estar relacionado al requisito del art. 33.5 de igual norma que establece: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”;
en este sentido, la SC 0365/2005-R sostiene sobre dicha relación: “…es preciso que exista una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía. De ahí que el cumplimiento de esta exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicarse desde el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión”. De lo expuesto se extrae que una demanda de amparo constitucional no puede estar fundada de manera genérica en una presunta falta de fundamentación por no haberse resuelto todos los cargos impugnados sin individualizarlos o precisarlos, pues a la justicia constitucional no le corresponde suplir las deficiencias argumentativas ni construir de oficio los agravios que el accionante omitió desarrollar oportunamente en su impugnación. La carga de identificar con precisión los puntos no resueltos, las contradicciones internas o la supuesta ausencia de fundamentación recae en quien alega la lesión, debiendo explicar, de forma razonada y concreta, la relación entre el acto impugnado y el derecho fundamental presuntamente vulnerado. Desde sus inicios el Tribunal Constitucional estableció que no se constituye en una instancia procesal adicional al proceso ordinario; en este sentido, el art. 179 de la CPE diferencia entre el Órgano Judicial y la Justicia Constitucional, de ahí que el AC 004/99-R de 28 de junio estableció: “…en el caso que se examina, la recurrente pretende, por la vía del amparo constitucional, instar a que esta prosiga con un proceso penal ya concluido en la fase de la instrucción propósito que resulta inadmisible…”. En ese contexto, cuando el accionante se limita a afirmar de manera genérica la falta de fundamentación, motivación o congruencia, sin individualizar los agravios ni demostrar de qué forma la autoridad omitió pronunciarse sobre los argumentos planteados en la impugnación, resulta inviable atribuir vulneración al debido proceso en la medida en la que la justicia constitucional no puede suplir la deficiente técnica impugnativa del accionante, pues ello desnaturalizaría la acción de amparo constitucional.
De la revisión de antecedentes, se tiene que el 8 de octubre de 2021, el impetrante de tutela, en su calidad de Secretario Ejecutivo de la Federación Cruceña de Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Ramas Afines “FE.C.CO.MI.VA.”, presentó denuncia contra José Luis Mamani Rocha, Demetria Quintanilla Vda. de Ballivian, Sabina Betty Rodríguez Quiroga, Fortunato Tarqui Luna, Irma Flores de Rosales, Benjamín Porco Arias, Juan Gonzalo Aruquipa Vera y Macedonio Condori Gutiérrez, por la comisión de los presuntos delitos de asociación delictuosa, amenazas, falsedad material, uso de instrumento falsificado y usurpación de funciones, habiendo sido imputados José Luis Mamani Rocha y Benjamín Porco Arias el 1 de febrero de 2022. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia de la causa emitió la Resolución de Rechazo de denuncia contra Demetria Quintanilla Vda. de Ballivian, Macedonio Condori Gutiérrez, Sabina Betty Rodríguez Quiroga, Fortunato Tarqui Luna y Juan Gonzalo Aruquipa Vera -terceros interesados-, por la presunta comisión del delito de falsificación de sellos, papel sellado y timbres; la cual fue objetada por el accionante y ratificada por el Fiscal Departamental demandado mediante la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. OR-935/22 de 1 de diciembre de 2022, ahora refutada. Asimismo, el 26 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia asignado a la causa dictó la Resolución de Sobreseimiento a favor de Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha -terceros interesados-, que fue impugnada por el accionante, siendo ratificada por el Fiscal demandado a través de la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. S-242/22 de 1 de diciembre de 2022 (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). Ahora bien, sobre el primer cargo referido a que el Fiscal demandado -al emitir la Resolución OR-935/22, que ratifica el rechazo de denuncia- no atendió objetivamente los argumentos expuestos en su memorial de objeción de rechazo a denuncia, donde afirma que acreditó la existencia del hecho y la concurrencia de elementos de convicción suficientes. Se tiene al respecto que el impetrante de tutela, a través de su memorial de objeción al rechazo de denuncia, manifestó, en síntesis, que la misma se fundó en la falsificación de sellos para suplantar a la Federación “FE.C.CO.MI.VA.” con fines de cobro y disposición indebida de puestos, acreditando su representación legítima y la existencia del hecho; sosteniendo que los denunciados fueron identificados e incluso imputados, que hubo actividad procesal constante y que existen suficientes elementos de convicción, sin concurrir causales legales para su rechazo. El Fiscal Departamental demandado, mediante la resolución impugnada, luego de proceder al análisis del caso, estableció que el peticionante de tutela figura como parte del Directorio de la Federación Cruceña de Comerciantes Minoristas “FE.C.CO.MI.VA.”, con respaldo documental; sin embargo, existe una disputa interna entre directorios por legitimidad, en la que el denunciante alega falsificación de sellos y documentos por parte de los denunciados, pero no se realizó pericia que acredite tal extremo y el tipo penal de falsificación no es aplicable, detectando que el conflicto es de naturaleza sindical y administrativa. Por consiguiente, el denunciante puede acudir a la vía correspondiente para hacer valer sus derechos, toda vez que, por la vía penal, no se configuran suficientes elementos de convicción para sostener la imputación, aplicándose el principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo, situación por la que el Fiscal Departamental demandado, en aplicación del art. 305 del CPP y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), ratificó la resolución de rechazo de la denuncia emitida previamente a favor de los denunciados. Sobre el segundo cargo relativo a que la autoridad demandada, al dictar la Resolución S-242/22 que ratifica la resolución de sobreseimiento, no atendió objetivamente los argumentos expuestos en su impugnación de sobreseimiento de 3 de octubre de 2022, donde señala que acreditó la existencia del hecho y la concurrencia de elementos de convicción suficientes, se tiene que, si bien el accionante, a través de ese memorial, señaló que la denuncia se sustentó en la falsificación de sellos para suplantar a la Federación “FE.C.CO.MI.VA.”, obtener beneficios económicos, que de su parte acreditó su representación legítima y que los denunciados José Luis Mamani Rocha y Benjamín Porco Arias incumplieron medidas sustitutivas, continuaron con amenazas y extorsiones; y, que el Ministerio Público debe perseguir de oficio estos delitos y que existen suficientes elementos de convicción que evidencian la comisión de ilícitos como extorsión y estafa. La autoridad demandada, a través de la resolución cuestionada, concluyó que el impetrante de tutela es parte del directorio de la Federación Cruceña de Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Ramas Afines, lo cual se acreditó mediante documentos y testimonios donde se reconoce su representación y cargo como Secretario Ejecutivo, habiendo afirmado que los acusados Benjamín Porco Arias y José Luis Mamani Rocha falsificaron sellos, papel sellado y timbres de la Federación con fines lucrativos, usurpando la representación y ofreciendo puestos en alquiler; sin embargo, en el curso de la investigación no se realizó pericia que confirme la falsificación y los hechos denunciados no contarían con suficientes elementos probatorios, por lo que, en aplicación del principio de objetividad y los criterios de justicia, transparencia y eficiencia, consideró que no es necesario prolongar la investigación, ya que no existen indicios suficientes para sostener la acusación. En consecuencia, de acuerdo con los arts. 278 y 324 del CPP y el art. 34.17 de la LOMP, el Fiscal de Materia advirtió la falta de fundamento y declaró procedente el sobreseimiento, dado que el hecho no está probado y los imputados no participaron en él. Ahora bien, la demanda de amparo constitucional, sobre ambos cargos, se limitó a sostener que no se habrían atendido objetivamente los argumentos expuestos en sus memoriales de objeción de rechazo de la denuncia e impugnación de sobreseimiento de 3 de octubre de 2022, sin precisar el cargo concreto que solicita que la justicia constitucional considere fue impugnado y no obtuvo pronunciamiento; en este sentido, limitarse a sostener que se acreditó la comisión de delitos es algo que no corresponde definirse por la justicia constitucional; de ahí que esta Sala no puede suplir la deficiencia argumentativa ni construir los agravios omitidos de oficio, pues ello desnaturalizaría la acción de amparo constitucional; por lo que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta sentencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/23 de 19 de septiembre de 2023, cursante de fs. 147 vta. a 150 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): b222c19f433278e8e293a10344d03951f1f7d6fd4dd5948bbc02c4bcbe41c6f1
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