B.IA.LEGAL

SCP 0026/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 28 de enero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
28 de enero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
71049-2025-143-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, a la defensa y a los principios de legalidad, tipicidad y verdad material; por lo que, los Vocales hoy accionados, en la fase introductiva del proceso ordinario de nulidad de contrato y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR., que siguen contra la Oficina de DD.RR. de Montero del departamento de Santa Cruz, con motivo del recurso de apelación que plantearon contra el Auto Definitivo 70/2024, que declaró la extinción del citado proceso por inactividad procesal, emitieron el Auto de Vista 447/2024, confirmando el referido Auto Definitivo con omisiones de pronunciamiento que llevarían a una incongruencia citra petita, sin tomar en cuenta lo delineado en la SCP 0712/2015-S3 y AS 272/2021, ya que: 1) Omitieron pronunciarse del por qué no se tomó en cuenta la normativa internacional contenida en la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, en la que se establece procedimientos, requisitos y plazos aplicables a las citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero; con dicha omisión también vulneraron los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la CPE, lesionando el debido proceso en su elemento de congruencia y motivación consagrado por los arts. 115.II y 117.I de a Norma Suprema concordante con los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 28/2025 de 7 de febrero, cursante de fs. 223 a 227 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba así como a los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material, dejando sin efecto el Auto de Vista 447/2024; ordenando a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir un nuevo auto de vista en el plazo de tres días de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 71049-2025-143-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 28/2025 de 7 de febrero, cursante de fs. 223 a 227 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nelva María Balcázar Rivero y Gaby Roxana Rivero Vda., de Balcázar contra Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Las accionantes por memoriales presentados el 30 de enero y 4 de febrero de 2025, cursantes de fs. 87 a 101 y de 120 a 124, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Inicialmente plantearon una demanda voluntaria de “ʽInscripción de transferencia en Derechos Reales a favor de Jorge Edgar Balcázar Vásquez”ʼ (sic), que fue modificada como demanda ordinaria en cumplimiento de la observación de la Jueza de la causa, con la cual los ahora terceros interesados fueron notificados, y por medio Jeanine Balcázar Suárez tomaron conocimiento formal de que Yekaterine Balcázar Suárez -hoy tercera interesada- realizó nuevas ventas sobre el bien inmueble ya transferido a su progenitor, a favor de terceras personas entre ellas a su madre Bertha Rina Suárez Parada con la finalidad de evitar una división equitativa entre todos los herederos, causándoles daños y perjuicios; por lo que, tuvieron que ampliar la demanda de nulidad de contrato y cancelación de registro en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) de Montero del departamento de Santa Cruz, contra las nombradas. Es así, que por Auto de 2 de marzo de 2023, la Jueza de primera instancia admitió la ampliación, disponiendo la citación a Bertha Rina Suárez Parada y Yekaterine Balcázar Suárez -ahora tercera interesada-; además, de ordenar se libre exhorto suplicatorio para la nombrada, debido a que radica en Estados Unidos (EE.UU.) de Norteamérica. No obstante, la Jueza de la causa mediante Auto de 13 de igual mes y año, en la fase de saneamiento procesal determinó dejar sin efecto el auto de admisión de la ampliación de la demanda con respecto a Bertha Rina Suárez Parada a objeto de que se agote la etapa de conciliación previa, condicionando la misma a la notificación de todos los sujetos procesales con los actuados pendientes de notificación, lo cual les dejó en la imposibilidad de continuar con otras diligencias. Es así que, luego de tramitarse el exhorto suplicatorio vía Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; el expediente jamás estuvo sin actividad procesal; más aun, considerando que la notificación debió realizarse conforme la normativa interna del país requerido, conforme se indicó en la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024 de 16 de mayo, emitida por la Cancillería dirigida a la Presidencia del mencionado Tribunal de Departamental; prueba que no fue valorado por los Vocales accionados, existiendo una omisión al respecto. En ese contexto señalaron que los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 447/2024 de 9 de diciembre, con omisiones de pronunciamiento que llevaron a una incongruencia citra petita, también llamada ex silentio, conforme lo señala la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio y el Auto Supremo (AS) 272/2021 de 31 de marzo, siendo los agravios los siguientes: a) Omitieron pronunciarse respecto del por qué no se tomó en cuenta la normativa internacional contenida en la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, que establece procedimientos, requisitos y plazos aplicables a las citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero; con dicha omisión también vulneraron los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), vulneraron el debido proceso en su elemento de congruencia y motivación consagrado por los arts. 115.II y 117.I de la Norma Suprema concordante con los arts. 4, 77, 494, 495, del Código Procesal Civil (CPC); empero, los mencionados Vocales justificaron el señalado Auto de Vista en una supuesta inactividad procesal en la que hubiesen incurrido como parte demandante, cuando los plazos de carácter internacional para dicha citación no estaban vencidos; ya que, de acuerdo al decreto de 9 de julio de 2024, debió esperarse seis meses; es decir, hasta el 9 de enero de 2025, no pudiendo por ello practicarse la citación de manera directa a la demandada -Yekaterine Balcázar Suárez hoy tercera interesada-, vulnerándose así el debido proceso y la seguridad jurídica, menos tomaron en cuenta la SCP 0342/2023-S3 de 2 de mayo; b) Vulneraron el principio de verdad material al no valorar la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, emitida por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se informa que el exhorto suplicatorio fue enviado a la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. de América para su presentación a las autoridades competentes, aclarando que dicha diligencia se practicaría conforme a la normativa interna del Estado requerido, así como los plazos y requisitos; c) No realizaron una adecuada aplicación objetiva de la norma constitucional y convencional; puesto que, omitieron pronunciarse sobre la normativa nacional e internacional sobre los exhortos suplicatorios y cartas rogatorias; y, d) Los Vocales ahora accionados se limitaron a transcribir de manera literal los argumentos de la Jueza de primera instancia, sin justificar su decisión conforme al bloque de constitucionalidad, incurriendo en la falta de motivación del Auto de Vista 447/2024. Asimismo, las accionantes insistieron en su memorial de subsanación que la tercera interesada -Yekaterine Balcázar Suárez- sea notificada con la acción de defensa, por método tecnológico vía WhatsApp al número de teléfono 1 (832) 423-7651.

I.1.2. Derecho, garantías y principios supuestamente vulnerados

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba y a la defensa y a los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material; citando al efecto los arts. 13.IV, 115.II, 117.I, 119.II, 256.I y 410 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela y en consecuencia: se deje sin efecto el Auto de Vista 447/2024 de 9 de diciembre, emitido por los Vocales hoy accionados, disponiendo que se emita un nuevo auto de vista, considerando todos los agravios y se restituyan los derechos vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 7 de febrero de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 214 a 223, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Jeanine Balcázar Suárez -tercera interesada en el proceso civil-, a través de su abogado en audiencia manifestó que: 1) En el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional, se dispuso que sean notificados Yekaterine Balcázar Suárez, Jeanine Balcázar Suárez, Shirley María Balcázar Suárez, Alex Mauricio Balcázar Suárez, María Valentina Balcázar Rivero y Claudia Cristina Balcázar Salces -hoy terceros interesados-; empero, faltaría la citación al Registrador de la Oficina de DD.RR.; y, 2) A parte de ello, las accionantes ampliaron la demanda de nulidad de contrato y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR. del departamento de Santa Cruz, a Yekaterine Balcázar Suárez y Bertha Rina Suárez Parada quienes no fueron citadas; por lo que, para no vulnerar su derecho a la defensa debiera suspenderse la audiencia. Respecto, a esta petición las accionantes a través de su abogado en audiencia manifestaron que: La petición de los terceros interesados tendría razón, siempre y cuando hubiesen formado parte directa o indirecta del proceso, situación que no ocurre en el caso presente; ya que, la Jueza de la causa mediante Resolución 13 de marzo de 2023, dejó sin efecto la ampliación de la demanda contra Bertha Rina Suárez Parada, lo cual implica que la nombrada, así como la Oficina de DD.RR., no forman parte del proceso civil. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió declarando NO HA LUGAR a la solicitud de la ahora tercera interesada -Jeanine Balcázar Suárez- de que se cite a las terceras interesadas del proceso civil, argumentando que: i) El art. 31 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es una norma potestativa mas no imperativa; ii) La acción de amparo constitucional tiene por objeto el Auto de Vista 447/2024, que confirmó la extinción del proceso por inactividad procesal, por el hecho de no haberse notificado a todas las partes; más aun, cuando fue ampliada la demanda en mérito al art. 115 del CPC, lo cual es posible hasta antes de contestación con la demanda o con la respuesta a la reconvención; y, iii) En el caso presente no se puede exigir que se tenga que notificar a todas las partes; toda vez que, el proceso aun no superó la fase de citaciones y notificaciones; ya que, la acción de defensa emerge de una resolución de extinción del proceso por inactividad en esa fase; por lo que, se debe continuar con el desarrollo del proceso. Seguidamente, instalada la audiencia las accionantes a través de su abogado, en audiencia ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestaron que: a) El Auto de Vista 447/2024, es emergente de una resolución de extinción del proceso por inactividad procesal, en la que los Vocales hora accionados incurrieron en incongruencia externa; ya que, no se pronunciaron sobre todos los agravios del recurso de apelación, existiendo una incongruencia citra petita; por cuanto, no tomaron en cuenta la normativa internacional conforme la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias ratificada por Bolivia mediante la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006; b) El exhorto suplicatorio ya fue tramitado en la vía interna y remitido al Estado requerido, el cual debe ser ejecutado de acuerdo a los plazos y procedimientos de su legislación interna, lo cual demuestra que en ningún momento se incurrió en una inactividad procesal; c) Los mencionados Vocales tampoco aplicaron la SCP 0342/2023-S3 de 2 de mayo, que resuelve un caso análogo tanto de manera transversal y vertical; y, d) Vulneraron el principio de verdad material al no tomar en cuenta la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024 de 16 de mayo, emitida por el Director da Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

I.2.2. Informe de las autoridades judiciales accionadas

Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus notificaciones cursantes de fs. 127 a 128.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

Paola Mariela Balcázar Jiménez a través de su abogada en audiencia manifestó que: en condición de tercera interesada, presentó informe el 14 de octubre de 2024, cursante de fs. 184 a 194 vta.; además, en audiencia manifestó que se adhiere a los argumentos de las accionantes, no existiendo ninguna causal de improcedencia reglada, debiendo ingresarse al análisis de fondo de la problemática planteada y concederse la tutela solicitada por su persona en favor de las nombradas, por haber vulnerado los derechos y garantías constitucionales y en consecuencia dejar sin efecto el Auto de Vista 447/2024, disponiendo la emisión de un nuevo auto de vista por los Vocales hoy accionados. El Gobierno Autónomo Municipal de Montero del departamento de Santa Cruz, a través de su representante legal en calidad de tercero interesado manifestó que: 1) Las mismas partes del proceso civil tendrían problemas en la administración municipal por denuncias de haber presentado trámites con documentación falsificada, en los que también se plantearon acciones de amparo constitucional y que existe denuncia de incumplimiento vinculada al trámite municipal por cambio de nombre en documentos de propiedad; 2) La postura de la referida entidad municipal de Montero de ese departamento, fue que de ser ciertos los argumentos de las accionantes, de ser corroboradas las omisiones denunciadas en el recurso de apelación, de que no se consideró la jurisprudencia aplicable al caso, debe concederse la tutela solicitada; y, 3) A parte de ello, existiría otro aspecto más importante para la mencionada entidad municipal, en sentido de que no sería razonable ni proporcional la extinción del proceso por inactividad cuando el expediente tiene más de mil fojas, con dos cuerpos, y que a pesar de ello no exista citación o notificación a la demandada que vive en el extranjero, siendo dicho trámite engorroso; por lo que, de extinguirse el proceso por inactividad procesal, se podría volver a presentar la demanda y tropezar con el mismo problema, en ese sentido no sería proporcional la extinción del proceso, siendo un despropósito de la administración de justicia. Claudia Cristina Balcázar Salces, a través de su abogado en audiencia manifestó que: i) Los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 447/2024, confirmaron la extinción del proceso por inactividad procesal aplicando el art. 247 del CPC, alegando que las demandantes no gestionaron la continuación de la causa ni cumplido con las obligaciones que la ley impone; empero, los numerales 1 y 2 son determinantes al indicar que los plazos señalados no correrán por razones de fuerza mayor atribuibles al Órgano Judicial; ya que, el cumplimento del exhorto suplicatorio esta fuera del alcance de la parte demandante y de las autoridades judiciales bolivianas; En ese orden, el citado Auto de Vista se convierte en ilegal y arbitrario; y, ii) También se vulneraron los principios de legalidad, tipicidad y de verdad material; puesto que, los Vocales ahora accionados se olvidaron de compulsar la documentación adjuntada conforme al art. 247 del CPC, tampoco tomaron en cuenta la jurisprudencia aplicable y menos la legislación internacional conforme al art. 410 de la CPE, errores que deben ser corregidos por los nombrados. Jeanine Balcázar Suárez, a través de su abogado en audiencia manifestó que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró no ha lugar la notificación a Yekaterine Balcázar Suárez y Rina Suárez de Parada, dejando en estado absoluto de indefensión, entonces “como abogado” no podría dar la legalidad a la audiencia; por lo que, no se pronunciará respecto a las incidencias de la acción de amparo constitucional. Yekaterine Balcázar Suárez, Shirley María Balcázar Suárez, María Valentina Balcázar Rivero y Alex Mauricio Balcázar Jiménez; no asistieron a la audiencia de consideración de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno pese a su citación cursante de fs. 133, 135, 138, 141 y 143.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución 28/2025 de 7 de febrero, cursante de fs. 223 a 227 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando a los Vocales hoy accionados emitir un nuevo auto de vista en el plazo de tres días, bajo los siguientes argumentos: a) Se tiene el art. 247 del CPC, que habla de la extinción del proceso por inactividad de la parte demandante; empero, también se tiene el art. 2 del mismo Código que establece la obligación del juez de imponer el impulso procesal para que las causas no queden estancadas o paralizadas; b) En el caso concreto, se dispuso la extinción del proceso por inactividad procesal con el argumento de que la parte demandante no cumplió con la citación a una de las demandadas, la cual fue confirmada por los mencionados Vocales en el Auto de Vista 447/2024, fundamentando lo siguiente: “En cuanto a la tramitación del exhorto suplicatorio, tenemos que el mismo fue tramitado por Paola Mariela Balcázar desde el 20 de marzo de 2023, trámite que no fue concluido toda vez que hay evidencia que la demandante realiza una última actuación en fecha 29 de abril de 2024 dejando de proseguir con el trámite del exhorto suplicatorio para citar a Katherine que reside en Estados Unidos, así también es necesario señalar en cuanto al oficio 1810 de 2024 (…) remitido por el director general, el acto jurídico señala que se realizó el envió del exhorto en del articulo 4 numeral 9 de la ley 465 del servicio de relaciones exteriores, actuación que no es realizada por la parte demandante tal como señalan en su recurso de impugnación, ya que dicha correspondencia fue entregada directamente entre instituciones no habiendo otra actuación procesal que dé continuidad al presente proceso, finalmente tenemos que señalar que la parte demandante no ha cumplido con lo ordenado por la Juez Adquo dejando inactividad a la presente acción…” (sic); c) La Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias ratificada mediante Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, por el Estado Boliviano, en su art. 10 señala: “Los exhortos y Cartas Rogatorias se tramitarán conforme a leyes y normas procesales del Estado requerido…”; por lo que, la citación a una de las demandadas que vive en EE.UU. debe realizarse conforme a la normativa de ese país, no conforme los plazos del Código Procesal Civil; a parte de ello, se tiene aprobado un Protocolo por el Tribunal Supremo de Justicia en materia de Cooperación Internacional en la que se establece la manera en la cual deben tramitarse los documentos recibidos del extranjero y la forma en que deben recibirse por la Cancillería; d) En mayo de 2024, se remitió la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, comunicando que se remitió el exhorto suplicatorio a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. de Norteamérica para su presentación de las autoridades competentes de ese país, precisando: “Por otra parte se debe considerar que el exhorto suplicatorio se tramitará conforme la normativa interna del Estado requerido que los plazos y términos para su diligenciamiento serán determinados por las autoridades competentes de los Estados Unidos de América conforme al instrumento internacional que invoco como marco legal” (sic); en ese sentido, el caso estaría bajo la tuición del órgano jurisdiccional y no en poder de la demandante; e) No obstante, la Jueza de la causa en octubre de 2024, emitió el auto definitivo declarando la extinción del proceso por inactividad procesal, la cual siendo objeto del recurso de apelación, fue resuelto por los Vocales hoy accionados aplicando solamente la normativa interna, sin explicar del por qué no correspondería la aplicación de la normativa internacional; y, f) El mismo art. 247 del CPC en su Parágrafo Segundo establece: “En los casos de los numerales 1 y 2 del presente artículo no correrán los plazos señalados por razones de fuerza mayor atribuible al órgano jurisdiccional”; en ese sentido, existe la posibilidad de atribuir la demora al órgano jurisdiccional, tampoco hicieron mención a ello, siendo evidente la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1809/2024 de 16 de mayo, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo conocer a Henry Baldelomar Chávez, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en los (EE.UU.) de América, que se envió un exhorto suplicatorio para su presentación a las autoridades competentes de ese país a objeto de su cumplimiento conforme la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias ratificada por Bolivia mediante Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, y vigente por aquel país desde el 27 de agosto de 1988 (fs. 174). Mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024 de 16 de mayo, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sobre el exhorto suplicatorio de Yekaterine Balcázar Suárez -hoy tercera interesada-, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 79391824, indicando que el citado exhorto fue enviado a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en los EE.UU. de Norteamérica para su presentación a las autoridades competentes de aquel país, conforme al numeral 9, Parágrafo II del art. 4 de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores de 19 de diciembre de 2013, la cual se tramitará conforme la normativa interna el Estado requerido (fs. 84). II.2. Por decreto de 20 de mayo de 2024, emitido por la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo: “Remítase a conocimiento del Juzgado Público Civil y Comercial 4° de Montero – O. Santisteban del departamento de Santa Cruz, a los fines consiguientes” (sic [fs. 176]). Cursa el decreto de 9 de julio de igual año, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Montero del departamento de Santa Cruz, indicando que: “Se tiene presente lo informado” (fs. 177). II.3. Mediante memorial presentado -con fecha ilegible- de 2024, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Montero del departamento de Santa Cruz, Nelva María Balcázar Rivero y Gaby Roxana Rivero Vda. de Balcázar -hoy accionantes- y Paola Mariela Balcázar Jiménez, plantearon recurso de apelación contra el Auto Definitivo 71/2024 de 2 de octubre, que dispuso la extinción del proceso por inactividad procesal, exponiendo como agravios que: 1) El citado Auto desconoce los arts. 13.IV, 256.I de la CPE, además de vulnerar el debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación consagrados en los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental, concordante con los arts. 4, 77, 494 y 495 del CPC y la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, estableciendo los plazos y procedimientos para los actos de comunicación a nivel internacional, la misma que se transcribe en la Nota 1809/2024, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento, y enviado al mencionado Juzgado Civil y Comercial, el 9 de julio de 2024; y, 2) Se realizó una errónea interpretación del art. 247 del CPC; por lo que, no es atribuible a sus personas el retardo en la realización de la citación a una de las demandadas, siendo más bien atribuible al órgano jurisdiccional, tanto por la normativa nacional así como de la internacional; ya que, debe ejecutarse la citación conforme a su normativa interna, por lo que según el decreto de igual fecha, debe esperarse seis meses, hasta el 9 de enero de 2025, para que el juez pueda tomar alguna determinación (fs. 184 a 194 vta.). II.4. Mediante Auto de Vista 447/2024 de 9 de diciembre, emitido por Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionados- confirmaron el Auto Definitivo 71/2024 (fs. 12 a 16 vta.). Cursa la diligencia de notificación de 10 de enero de 2025, practicada a las accionantes con el referido Auto de Vista (fs. 179).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, a la defensa y a los principios de legalidad, tipicidad y verdad material; por lo que, los Vocales hoy accionados, en la fase introductiva del proceso ordinario de nulidad de contrato y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR., que siguen contra la Oficina de DD.RR. de Montero del departamento de Santa Cruz, con motivo del recurso de apelación que plantearon contra el Auto Definitivo 70/2024, que declaró la extinción del citado proceso por inactividad procesal, emitieron el Auto de Vista 447/2024, confirmando el referido Auto Definitivo con omisiones de pronunciamiento que llevarían a una incongruencia citra petita, sin tomar en cuenta lo delineado en la SCP 0712/2015-S3 y AS 272/2021, ya que: 1) Omitieron pronunciarse del por qué no se tomó en cuenta la normativa internacional contenida en la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, en la que se establece procedimientos, requisitos y plazos aplicables a las citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero; con dicha omisión también vulneraron los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la CPE, lesionando el debido proceso en su elemento de congruencia y motivación consagrado por los arts. 115.II y 117.I de a Norma Suprema concordante con los arts. 4, 77, 494, 495, del CPC; empero, los Vocales ahora accionados justificaron el referido Auto de Vista en una supuesta inactividad en la que hubiesen incurrido como parte demandante, cuando no estaban vencidos los plazos de carácter internacional para dicha citación; ya que, de acuerdo al decreto de 9 de julio de 2024, debió esperarse seis meses; es decir, hasta el 9 de enero de 2025, no pudiendo por ello practicarse la citación de manera directa a la demandada, vulnerándose así el debido proceso y la seguridad jurídica, menos tomaron en cuenta la SCP 0342/2023-S3; 2) Vulneraron el principio de verdad material al no valorar la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, emitida por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se informa que el exhorto suplicatorio fue enviado a la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. de Norteamérica para su presentación ante las autoridades competentes, aclarando que dicha diligencia se practicará conforme la normativa interna del Estado requerido, asi como los plazos y requisitos; 3) No realizaron una adecuada aplicación objetiva de la norma constitucional y convencional; puesto que, omitieron pronunciarse sobre la normativa nacional e internacional sobre los exhortos suplicatorios y cartas rogatorias; y, 4) Los Vocales ahora accionados se limitaron a transcribir de manera literal los argumentos de la Jueza de primera instancia, sin justificar su decisión conforme al bloque de constitucionalidad, trasuntando en la falta de motivación del Auto de Vista 447/2024. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto se desarrollaran los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0337/2020-S1 de 17 de agosto, sistematizando la jurisprudencia constitucional distinguió entre fundamentación y motivación -SC 1291/2011-R de 26 de septiembre-. Así, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, establece que: “…todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica” (las negrillas son nuestras). El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1161/2025-S3 de 22 de septiembre, reiterando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: “… el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional”. Más adelante la citada Sentencia Constitucional, con respecto a la congruencia externa complementó: “En particular, la congruencia externa implica la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, en virtud de este principio, la decisión jurisdiccional o administrativa debe circunscribirse estrictamente a los términos de la pretensión, la oposición y las cuestiones sometidas a debate, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso. Así, se configura la prohibición de incurrir en decisiones ultra petita (cuando se concede más de lo pedido), extra petita (cuando se resuelve sobre cuestiones ajenas a lo planteado) e infra petita (cuando se omite pronunciamiento sobre puntos expresamente reclamados). La congruencia externa, en consecuencia, asegura que el juez o autoridad no altere los límites objetivos del litigio ni modifique unilateralmente el objeto del proceso, preservando el equilibrio procesal y la seguridad jurídica de las partes. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la vulneración de este principio se traduce en una afectación directa al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación, pues se desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión. En este entendido, la congruencia externa no solo es una exigencia formal, sino una garantía sustancial de justicia, en tanto preserva la correlación necesaria entre lo demandado, lo debatido y lo resuelto, consolidando la confianza de los justiciables en la imparcialidad y legalidad de la función jurisdiccional” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba, a la defensa y a los principios de legalidad, tipicidad y verdad material; por lo que, los Vocales hoy accionados, en la fase introductiva del proceso ordinario de nulidad de contrato y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR., que siguen contra la Oficina de DD.RR. de Montero del departamento de Santa Cruz, con motivo del recurso de apelación que plantearon contra el Auto Definitivo 70/2024, que declaró la extinción del citado proceso por inactividad procesal, emitieron el Auto de Vista 447/2024, confirmando el referido Auto Definitivo con omisiones de pronunciamiento que llevarían a una incongruencia citra petita, sin tomar en cuenta lo delineado en la SCP 0712/2015-S3 y AS 272/2021, ya que: a) Omitieron pronunciarse del por qué no se tomó en cuenta la normativa internacional contenida en la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, en la que se establece procedimientos, requisitos y plazos aplicables a las citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero; con dicha omisión también vulneraron los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la CPE, lesionando el debido proceso en su elemento de congruencia y motivación consagrado por los arts. 115.II y 117.I de a Norma Suprema concordante con los arts. 4, 77, 494, 495, del CPC; empero, los Vocales ahora accionados justificaron el referido Auto de Vista en una supuesta inactividad en la que hubiesen incurrido como parte demandante, cuando no estaban vencidos los plazos de carácter internacional para dicha citación; ya que, de acuerdo al decreto de 9 de julio de 2024, debió esperarse seis meses; es decir, hasta el 9 de enero de 2025, no pudiendo por ello practicarse la citación de manera directa a la demandada, vulnerándose así el debido proceso y la seguridad jurídica, menos tomaron en cuenta la SCP 0342/2023-S3; b) Vulneraron el principio de verdad material al no valorar la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, emitida por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se informa que el exhorto suplicatorio fue enviado a la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. de Norteamérica para su presentación ante las autoridades competentes, aclarando que dicha diligencia se practicará conforme la normativa interna del Estado requerido, así como los plazos y requisitos; c) No realizaron una adecuada aplicación objetiva de la norma constitucional y convencional; puesto que, omitieron pronunciarse sobre la normativa nacional e internacional sobre los exhortos suplicatorios y cartas rogatorias; y, d) Los Vocales ahora accionados se limitaron a transcribir de manera literal los argumentos de la Jueza de primera instancia, sin justificar su decisión conforme al bloque de constitucionalidad, trasuntando en la falta de motivación del Auto de Vista 447/2024. Ahora bien, de los antecedentes procesales descritos por las accionantes en su demanda de acción de amparo constitucional, ratificados en audiencia, se puede anotar que dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR., que presentaron las accionantes y Paola Mariela Balcázar Jiménez contra Derechos Reales de Montero del departamento de Santa Cruz; la ampliaron contra Yekaterine Balcázar Suárez y Bertha Rina Suárez Parada, debido a que a través de Jeanine Balcázar Suárez, tomaron conocimiento de que Yekaterine Balcázar Suárez realizó nuevas ventas sobre el bien inmueble ya transferido a su padre Jorge Edgar Balcázar Vásquez, a favor de terceras personas entre ellas a su madre Bertha Rina Suárez Parada con la finalidad de evitar una división equitativa entre todos los herederos, causándoles daños y perjuicios, siendo admitida dicha ampliación mediante el Auto de 2 de marzo de 2023, que dispuso la citación a las nombradas; además, de ordenar se libre exhorto suplicatorio para Yekaterine Balcázar Suárez, debido a que radica en EE.UU. de Norteamérica. En ese contexto, tramitaron el exhorto suplicatorio cumpliendo con las traducciones pertinentes hasta que el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1809/2024, haciendo conocer al Encargado de Negocios a.i. de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en los EE.UU. de Norteamérica, sobre la remisión del referido exhorto para su presentación ante las autoridades competentes de ese país a objeto de que sea cumplida conforme su normativa interna. Asimismo, mediante Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, la indicada autoridad administrativa informó a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que el exhorto suplicatorio de Yekaterine Balcázar Suárez, fue enviado a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en los EE.UU. de Norteamérica para su presentación ante las autoridades competentes de dicho país, conforme al numeral 9, parágrafo II del art. 4 de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia de 19 de diciembre de 2013, la cual se cumplirá conforme la normativa interna del Estado requerido (Conclusión II.1.). Posteriormente, la mencionada Presidenta del Tribunal Departamental, emitió el decreto de 20 de mayo de 2024, disponiendo la remisión de actuados a conocimiento del Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Montero del departamento de Santa Cruz, para fines consiguientes; el cual consta que llegó a conocimiento de la Jueza de la causa, quien por decreto de 9 de julio de 2024, indicó: “Se tiene presente lo informado” (Conclusión II.2.). No obstante, la Jueza Pública Civil y Comercial Cuarta de Montero del departamento de Santa Cruz, a pesar de estar informada de las últimas actuaciones descritas, emitió el Auto Definitivo 71/2024, determinando la extinción del proceso por inactividad procesal, con el argumento de que la parte demandante no cumplió con las citaciones a todas las demandadas, en particular a Yekaterine Balcázar Suárez; es por ello, que plantearon recurso de apelación contra el citado Auto Definitivo, exponiendo dos agravios a saber (Conclusión II.3.). Dicho recurso fue resuelto por los Vocales hoy accionados mediante el Auto de Vista 447/2024, confirmando el mencionado Auto Definitivo, con el que fueron notificadas las accionantes el 10 de enero de 2025 (Conclusión II.4.). De la recapitulación de los antecedentes procesales, así como de los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda de acción de amparo constitucional, se advierte que las accionantes cuestionan la decisión tomada por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 447/2024, y los argumentos fácticos y jurídicos con los que sustentaron, denunciando con mayor énfasis las omisiones de pronunciamiento que llevarían a una incongruencia externa, ya que: 1) Omitieron pronunciarse sobre la normativa internacional contenida en la Ley 3367, que ratificó la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, en la que se establece procedimientos, requisitos y plazos para las citaciones, notificaciones y emplazamientos en el extranjero; también vulneraron los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la CPE, lesionando el debido proceso en su elemento de congruencia y motivación consagrado por los arts. 115.II y 117.I de la Norma Suprema concordante con los arts. 4, 77, 494, 495, del CPC; pretendiendo justificar los Vocales hoy accionados el Auto Definitivo 71/2024, con una supuesta inactividad procesal en la que hubieran incurrido, cuando los plazos de carácter internacional para dicha citación no estaban vencidos; además, que conforme al decreto de 9 de julio de 2024, debió esperarse seis meses; es decir, hasta el 9 de enero de 2025, para emitir alguna determinación, no pudiendo por ello practicarse la citación de manera directa a la demandada -Yekaterine Balcázar Suárez-, transgrediéndose así el debido proceso y la seguridad jurídica, menos tomaron en cuenta la SCP 0342/2023-S3; 2) Vulneraron el principio de verdad material al no valorar la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, por la cual se informó que el exhorto suplicatorio fue enviado a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. de Norteamérica para su presentación ante las autoridades competentes, aclarando que dicha diligencia se practicaría conforme a los plazos y requisitos previstos por la normativa interna del Estado requerido; 3) No realizaron una adecuada aplicación objetiva de la norma constitucional y convencional; puesto que, omitieron pronunciarse sobre la normativa nacional e internacional sobre los exhortos suplicatorios y cartas rogatorias; y, 4) Los Vocales hoy accionados se limitaron a transcribir de manera literal los argumentos de la Jueza de primera instancia, sin justificar su decisión conforme al bloque de constitucionalidad, trasuntando en la falta de motivación del Auto de Vista 447/2024. En ese orden, solicitaron a través de esta acción de defensa que una vez concedida la tutela solicitada se deje sin efecto el indicado Auto de Vista, ordenando a los mencionados Vocales emitir un nuevo auto de vista, restituyendo sus derechos constitucionales vulnerados; por lo que, advirtiendo que no existen causales de improcedencia reglada corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Sin embargo, a efectos de una adecuada resolución de fondo, en primer lugar se analizará la presunta falta de congruencia externa del Auto de Vista 447/2024, contenida en el inc. a) de la problemática planteada, traducida en la omisión de pronunciamiento respecto del por qué no correspondería aplicarse la normativa nacional e internacional para determinar la extinción del proceso por inactividad procesal; seguidamente se examinará los otros reclamos como la falta de fundamentación y motivación, valoración de la prueba, derecho a la defensa y la presunta vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material, labor que se cumplirá a continuación. De la presunta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación, y valoración de la prueba y seguridad jurídica contenida en el inc. a) de la problemática planteada. Con relación al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, es necesario remitirse a lo precisado conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que con relación al citado principio refirió que éste constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso; así la incongruencia interna, existe cuando no hay relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-, mientras que la congruencia externa implica la necesaria adecuación entre lo resuelto por la autoridad y lo planteado por las partes dentro de la litis, en virtud de ese principio, la decisión jurisdiccional o administrativa debe circunscribirse estrictamente a los términos de la pretensión, la oposición y las cuestiones sometidas a debate, de manera que la resolución no puede apartarse de lo pedido, ni otorgar más o menos de lo solicitado, ni pronunciarse sobre aspectos no introducidos al proceso; configurándose con ello la prohibición de incurrir en decisiones ultra petita (cuando se concede más de lo pedido), extra petita (cuando se resuelve sobre cuestiones ajenas a lo planteado) e infra o citra petita (cuando se omite pronunciamiento sobre puntos expresamente reclamados). Respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación. La congruencia externa, en consecuencia, asegura que el juez o tribunal no altere los límites objetivos del litigio ni modifique unilateralmente el objeto del proceso, preservando el equilibrio procesal y la seguridad jurídica de las partes. Asimismo, la jurisprudencia constitucional sostuvo que la vulneración del principio a la seguridad jurídica se traduce en una afectación directa al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación; puesto que, se desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con los términos de su pretensión. En ese entendido, la congruencia externa no solo es una exigencia formal, sino una garantía sustancial de justicia, en tanto preserva la correlación necesaria entre lo demandado, lo debatido y lo resuelto, consolidando la confianza de los justiciables en la imparcialidad y legalidad de la función jurisdiccional. En ese orden, para establecer si los Vocales hoy accionados incurrieron en incongruencia omisiva o citra petita en el Auto de Vista 447/2024, corresponde recurrir a la metodología de contrastación entre los agravios expuestos por las accionantes en el recurso de apelación, lo resuelto por los referidos Vocales en el citado Auto de Vista y lo reclamado por las accionantes a través de ese medio de defensa. En efecto, conforme se registra en la Conclusión II.3., las accionantes manifestaron en su recurso de apelación contra el Auto Definitivo 71/2024 dos agravios: i) El citado Auto desconoce los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la CPE; además, de vulnerar el debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación consagrados por los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental, concordante con los arts. 4, 77, 494 y 495 del CPC y la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, en la que se establecen los plazos y procedimientos para los actos de comunicación a nivel internacional, la misma que fue transcrita en la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1809/2024, emitida por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y enviado al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Montero de ese departamento, el 9 de julio de 2024; y, ii) Se realizó una errónea interpretación del art. 247 del CPC; ya que, el retardo en la realización de la citación a una de las demandadas no es atribuible a sus personas, siendo más bien atribuible al órgano jurisdiccional, tanto por la normativa nacional así como por la internacional; puesto que, debe ejecutarse la citación conforme a normativa interna del Estado requerido; por lo que; según el decreto de igual fecha, debe esperarse seis meses, hasta el 9 de enero de 2025, para que el juez pueda tomar alguna determinación. Con relación a los citados agravios, los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 447/2024, respondieron: Al primer agravio, aclarando que la congruencia y la motivación no tendrían nada que ver con el procedimiento y pasos que se aplican a los exhortos y cartas rogatorias emitidos en materia civil y comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados partes de esa convención. Que, las accionantes únicamente se limitaron a señalar un supuesto incumplimiento o consideración del procedimiento de exhorto que no sería parte de la resolución apelada; por lo que, este sería claro al indicar que no solo se trata de no haber cumplido con la citación en el plazo de treinta días, sino también existe una inactividad procesal por más de seis meses, en la que la parte demandante no cumplió con el impulso procesal que le correspondía no solo con la citación sino también con la conciliación previa de Bertha Rina Suárez Parada, lo que motivó la nulidad de la ampliación de la demanda para que nuevamente sea reinsertada en la litis, no siendo evidente el agravio planteado. Al Segundo agravio, indicaron que existe un proceso ordinario de nulidad y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR. seguido por las accionantes contra la Oficina de DD.RR. de Montero del departamento de Santa Cruz, el mismo que fue ampliado contra Yekaterine Balcázar Suárez, siendo las accionantes notificadas con el Auto de ampliación el 2 de marzo de 2023, desde entonces no fue cumplida la citación con respecto a la nombrada dentro del plazo de treinta días establecido por el art. 247 del CPC, habiendo sobrepasado un año y siete meses, motivo por el cual el 2 de octubre de 2024, la Secretaria del Juzgado de primera instancia emitió informe indicando que no se cumplió con el plazo de la citación, en virtud del cual la Jueza de la causa emitió resolución determinando la extinción del proceso por inactividad procesal. Con respecto a la tramitación del exhorto suplicatorio, indicaron que fue tramitado por Paola Mariela Balcázar desde el 20 de marzo de 2023, la misma que no fue concluida toda vez que la parte demandante realizó la última actuación el 29 de abril de 2024, dejando el trámite del exhorto suplicatorio para citar a Yekatherine Balcázar Suárez que reside en EE.UU.; asimismo, señalaron en cuanto a la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, que fue remitida por el Director General de la Cancillería, mencionando que se realizó el envío del exhorto suplicatorio en virtud del art. 4 numeral 9, parágrafo II de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, actuación que no fue realizada por la parte demandante como mencionaron en su recurso de impugnación; ya que, dicha correspondencia fue entregada directamente entre instituciones no habiendo otra actuación procesal que dé continuidad al proceso; asimismo, refirieron que el último actuado procesal de la parte demandante fue el memorial de 29 de abril de 2024, por el cual adjuntaron la traducción del exhorto suplicatorio con la certificación consular; por lo que, la Jueza de la causa conforme a sus facultades emitió el Auto Definitivo 71/2024, declarando la extinción de la acción por inactividad procesal, subsumido en el art. 247.I del CPC, por no citarse a la codemandada dentro del plazo de treinta días desde la admisión de la ampliación de la demanda; además, de transcurrir seis meses, sin que los demandantes hubiesen gestionado la citación a la codemandada, no siendo evidente el agravio denunciado. En ese sentido, efectuada la referida contrastación entre los agravios expuestos en el recurso de apelación y lo resuelto por los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista 447/2024, efectivamente se advierte que incurrieron en omisiones de pronunciamiento que llevan a una incongruencia citra petita afectando la congruencia externa del fallo. Así con relación al primer agravio no se pronunciaron respecto al desconocimiento de los arts. 13.IV, 256.I y 410 de la CPE; se pronunciaron de manera superficial y genérica respecto al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación consagrados por los arts. 115.II y 117.I de la Ley Fundamental, concordante con los arts. 4, 77, 494 y 495 del CPC, indicando que los exhortos o cartas rogatorias emitidos en materia civil y comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados partes de esa convención no tendrían nada que ver con el procedimiento y pasos que se aplican. No se pronunciaron sobre la aplicación de la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratifica la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias suscrita el 8 de febrero de 1983, en la que se establecen los plazos y procedimientos para los actos de comunicación a nivel internacional, misma que fue transcrita en la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1809/2024, emitida por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y enviada al Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de Montero de ese departamento, el 9 de julio de 2024, en la que se indica que la citación deberá ser practicada conforme a la normativa interna del Estado requerido; siendo en ese sentido evidente que no podía practicarse la citación de manera directa a la codemandada -Yekatherine Balcazar Suárez- en el exterior. De igual forma, con respecto al segundo agravio no se pronunciaron claramente sobre la errónea interpretación del art. 247 del CPC, en sentido de que el retardo en la realización de la citación a una de las codemandadas, no sería atribuible a las demandantes sino al órgano jurisdiccional, tanto por la normativa nacional así como por la internacional; ya que, debe ejecutarse la citación conforme a su normativa interna del Estado requerido. Al respecto los Vocales hoy accionados, se limitaron a señalar que existe un proceso ordinario de nulidad y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR. seguido por las accionantes contra la Oficina de DD.RR. de Montero del departamento de Santa Cruz, el mismo que fue ampliado contra Yekaterine Balcázar Suárez, siendo las accionantes notificadas con el Auto de ampliación de demanda el 2 de marzo de 2023, desde entonces pasaron más de treinta días sin que se practique la citación a la codemandada conforme al art. 247 del CPC, habiendo sobrepasando un año y siete meses, motivo por el cual la Secretaria de Juzgado de primera instancia emitió informe el 2 de octubre de 2024, en virtud del cual la Jueza de la causa emitió resolución determinando la extinción por inactividad procesal. Por otra parte, reconocieron que el exhorto suplicatorio fue tramitado por Paola Mariela Balcázar desde el 20 de marzo de 2023, la misma que no fue concluida toda vez que la última actuación fue el 29 de abril de 2024, dejando el trámite del exhorto suplicatorio para citar a Yekaterine Balcázar Suárez que reside en EE.UU. En cuanto a la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, señalaron que fue remitida por el Director General de la Cancillería, actuación que no fue realizada por la parte demandante siendo entregada dicha correspondencia directamente entre instituciones no habiendo otra actuación procesal que dé continuidad al proceso; omitieron pronunciarse sobre si el exhorto suplicatorio debe cumplirse conforme a la normativa interna del Estado requerido o requirente; limitándose a reiterar que el último actuado procesal de la parte demandante fue el memorial de 29 de abril de 2024, por el cual adjuntaron la traducción del exhorto suplicatorio con la certificación consular; justificando que la Jueza de la causa emitió el Auto Definitivo 71/2024, declarando la extinción por inactividad procesal, subsumida en el art. 247.I del CPC, por no citarse a la codemandada dentro del plazo de treinta días desde la admisión de la ampliación de la demanda; además, de que transcurrieron más de seis meses, sin que los demandantes hubiesen gestionado la citación a la codemandada. Del análisis efectuado, es posible concluir que el Auto de Vista 447/2024, emitido por los Vocales ahora accionados no cumple con la CONGRUENCIA EXTERNA, por cuanto, no existe la necesaria correspondencia entre los agravios planteados por las accionantes y lo resuelto por los referidos Vocales; ya que, la decisión jurisdiccional y los argumentos que la respaldan no se circunscriben estrictamente conforme fueron planteados los agravios y las cuestiones sometidas a debate, de manera que en la resolución impugnada incurrieron en la prohibición de incurrir en una decisión infra o citra petita, por cuanto omitieron pronunciarse sobre todos los agravios expresamente reclamados. Asimismo, se advierte que no cumplieron con la CONGRUENCIA INTERNA, por cuanto no existe coherencia entre la premisa fáctica consistente en que una de las demandadas vive en EE.UU. de Norteamérica, respecto del cual se tramitó el exhorto suplicatorio, siendo remitido mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el referido país, para su posterior entrega a las autoridades competentes del Estado requerido, con la premisa jurídica, si a pesar de la premisa fáctica expuesta correspondería aplicar solamente la normativa nacional sin tomar en cuenta la normativa internacional en la ejecución del exhorto suplicatorio en el país requerido, y la conclusión arribada en él -por tanto-, de confirmar la decisión de extinción del proceso por inactividad procesal en que la parte demandante hubiera incurrido a sabiendas de que el exhorto se encuentra en manos del Estado requerido, existiendo en ese sentido una contradicción en el Auto de Vista 447/2024; por consiguiente, también existe vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia interna. La conclusión anterior, también representa una afectación directa al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, por cuanto desconoce el derecho de las partes a obtener una respuesta motivada y coherente con sus agravios expuestos en el recurso de apelación. Al respecto, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1., precisó que la fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, siendo la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica. En ese marco, en el caso presente los Vocales hoy accionados respaldaron la decisión asumida en el Auto de Vista 447/2024, en la norma del art. 247.1 del CPC que señala: “I. Quedará extinguida la instancia cuando las partes no cumplan con las obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en los siguientes casos: 1. Transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal, la o el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada. 2. Transcurridos treinta días a contar desde la ampliación o modificación de la demanda hecha antes de la citación, la parte demandante, no hubiese cumplido con las obligaciones señaladas en el numeral anterior. 3. Dentro del término de seis meses contados desde la notificación de resolución de suspensión del proceso por la muerte, fallecimiento presunto de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con el que obraban, los interesados no hubiesen gestionado la continuación de la causa ni dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley les impone para proseguirlas. II. En el caso de los numerales 1 y 2 del presente Artículo, no correrán los plazos señalados por razones de fuerza mayor atribuible al órgano jurisdiccional”.

Asimismo, justificaron la decisión asumida, con lo establecido por el art. 145 del CPC, indicando que: “Las pruebas desarrolladas en el proceso fueron debidamente valoradas y vinculadas a las conclusiones del Auto de fecha 02 de octubre del 2024, valorando razonadamente todas y cada una de las pruebas ofrecidas”, cuando el citado Código establece que: “I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio”. Sin embargo, los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 447/2024, en cuanto a la motivación referida a la construcción de la premisa fáctica reconocieron que existe un proceso ordinario de nulidad y cancelación de registro en la Oficina de DD.RR. seguido por las accionantes contra la Oficina de DD.RR. de Montero del departamento de Santa Cruz, el mismo que fue ampliado contra Yekaterine Balcázar Suárez, respecto del cual se emitió el exhorto suplicatorio que fue tramitado por Paola Mariela Balcázar desde el 20 de marzo de 2023, el mismo que no fue concluido toda vez que la última actuación fue el 29 de abril de 2024, dejando el trámite del exhorto suplicatorio para citar a Yekaterine Balcázar Suárez que reside en EE.UU. No obstante, los mencionados Vocales a pesar de construir correctamente la premisa fáctica se subsumieron en la premisa jurídica del art. 247.1 del CPC, que no hace referencia a la ampliación de la demanda, menos a la citación por exhorto suplicatorio cuando una de las demandadas vive en el extranjero; en ese sentido, existe una errónea aplicación de la normativa nacional; por cuanto los hechos descritos podían haber sido enmarcados por el art. 247.II del citado Código, que señala que en el caso de los numerales 1 y 2, no correrán los plazos señalados por razones de fuerza mayor atribuible al órgano jurisdiccional, entendiendo que la ejecución del exhorto suplicatorio remitido al Estado requerido debe cumplirse conforme la legislación interna de aquel país, según lo previsto por el art. 10 de la Ley 3367 de 6 de marzo de 2006, que ratificó la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, señalando expresamente: “Los exhortos o cartas rogatorias se tramitarán de acuerdo con las leyes y normas procesales del Estado Requerido”. Normativa internacional, que de acuerdo a los arts. 13.IV, 256.I, 257.I y 410.II de la CPE, tiene fuerza vinculante para todas las autoridades judiciales y administrativas; más aún, cuando el art. 4.II numeral 9 de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, preceptúa: “La Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por sí o a través de las instancias previstas en la presente Ley, tiene las siguientes atribuciones: (…). 9. Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”; lo cual evidencia que la normativa convencional no fue tomada en cuenta. Por otro lado, si bien hicieron referencia a la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, remitida por el Director General de la Cancillería, indicando que se envió el exhorto suplicatorio conforme al art. 4 numeral 9, parágrafo II de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores; sin embargo, no asignaron ningún valor probatorio con el argumento de que esa actuación no fue realizada por la parte demandante siendo dicha correspondencia entregada directamente entre instituciones, sin especificar a qué instituciones se refiere; además, de no establecer qué actuaciones procesales pudo haber realizado con respecto a la ejecución del exhorto suplicatorio remitido a la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. de Norteamérica, concluyendo llanamente que no existe otra actuación procesal que dé continuidad al proceso; sin pronunciarse sobre otros medios de prueba que les hubieran llevado al convencimiento de que la parte demandante incurrió en inactividad procesal; limitándose a reiterar que el último actuado procesal de la parte demandante fue el memorial de 29 de abril de 2024, por el cual adjuntaron la traducción del exhorto suplicatorio con la certificación consular. Del análisis realizado, se puede concluir que existe falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista 447/2024, emitido por los Vocales hoy accionados, siendo evidente en ese sentido los reclamos contenidos en los incs. c) y d) de la problemática plantada, por cuanto los referidos Vocales no seleccionaron ni aplicaron adecuadamente la normativa nacional e internacional aplicable al caso concreto; la cual también comprometió los principios de legalidad y seguridad jurídica vinculados a la fundamentación del mencionado Auto de Vista; tampoco desarrollaron argumentos jurídicos propios como Tribunal de alzada, limitándose a transcribir de manera literal los argumentos de la Jueza de primera instancia, sin justificar la decisión asumida conforme al bloque de constitucionalidad, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela solicitada respecto a los mencionados elementos del debido proceso. De igual forma, con relación a la problemática contenida en el inc. b) de esta acción de defensa, de los antecedentes se advierte que los Vocales hoy accionados vulneraron el principio de verdad material al no valorar la Nota GM-DGAJ-UAJI-Cs-1810/2024, emitida por el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; por cuanto si bien admitieron que se libró el exhorto suplicatorio a efectos de citación de una de las codemandadas que vive en EE.UU. de Norteamérica, que fue tramitado por la parte demandante y enviado vía Cancillería a la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en EE.UU. para su presentación a las autoridades competentes; empero, ignoraron esa verdad material con el argumento subjetivo y arbitrario de que la referida actuación no fue realizada por las accionantes, siendo más bien una correspondencia remitida entre instituciones, la cual no cuenta con ningún respaldo legal, siendo evidente la vulneración del mencionado principio vinculada a la falta de valoración de la prueba, correspondiendo por ello concederse la tutela solicitada al respecto.

En definitiva, siendo evidente la vulneración de los derechos y principios alegados por las accionantes, corresponde conceder la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 447/2024, ordenando a los Vocales ahora accionados emitir un nuevo auto de vista atendiendo a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en este Sentencia Constitucional Plurinacional en un plazo de tres días computables desde la notificación con este fallo, a menos que ya se hubiese emitido en virtud a la concesión de tutela otorgada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Finalmente, las accionantes también denunciaron la presunta vulneración del derecho a la defensa con el Auto de Vista 447/2024; sin embargo, no desarrollaron fundamentos fácticos y jurídicos sobre cómo fue vulnerado, advirtiéndose más bien de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, que vienen ejercitando su derecho a la defensa en el proceso; por cuanto en contra el Auto Definitivo 71/2024, por el cual se declaró la extinción del proceso por inactividad procesal, plantearon el recurso de apelación que fue resuelto por los Vocales ahora accionados mediante el referido Auto de Vista; por lo que, no existiendo otro medio, recurso en la vía ordinaria, interpusieron la presente acción de defensa que se revisa, desvirtuándose de ese modo la supuesta vulneración del citado derecho; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este derecho. Asimismo, las accionantes reclamaron que no los Vocales hoy accionados no tomaron en cuenta la SCP 0712/2015-S3, el AS 272/2021 y la SCP 0342/2023-S3; empero, ese reclamo no fue parte de los agravios del recurso de apelación, razón por la cual no pueden ser compulsados directamente en sede constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 28/2025 de 7 de febrero, cursante de fs. 223 a 227 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba así como a los principios de legalidad, seguridad jurídica y verdad material, dejando sin efecto el Auto de Vista 447/2024; ordenando a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitir un nuevo auto de vista en el plazo de tres días de notificada con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2026-S1.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 73c5ec020b6bf1a65df5d166749ed8252212e6686591f6b1d686c75497de1b49

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