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SCP 0026/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 24 de febrero de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de febrero de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
62578-2024-126-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su apoderado denuncia la lesión de sus derechos a la igualdad, al trabajo, “…al principio de presunción de inocencia…”, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia en relación al principio pro actione; toda vez que, las autoridades demandadas, tras haber dejado sin efecto su designación como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz, mediante la Nota CITE:CM-DNRRHH-1626/2022, en razón del Acuerdo 306/2022 emitido por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, y desestimar en última instancia su recurso jerárquico, incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) No aplicaron el procedimiento establecido para la cesación de funcionarios de la jurisdicción ordinaria, conforme prevé el art. 23 de la LOJ; 2) Vulneraron su derecho a la defensa al no considerarse que nunca fue notificada con el Acuerdo 306/2022, privándola de acceder a un procesamiento justo y presentar pruebas de descargo; y, 3) La Nota CITE:CM-DNRRHH-1626/2022, carece de la debida fundamentación y motivación, al no expresar motivos por los cuales se decidió dejar sin efecto su designación como Jueza.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 908 a 913 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó a examinar el fondo de la problemática planteada;

2° En atención al art. 28.II del Código Procesal Constitucional y en resguardo del principio de seguridad jurídica, se mantienen vigentes todos los actos jurisdiccionales y de otra índole emergentes de la concesión de tutela por parte de la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional respecto al agotamiento de recursos inidóneos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2025-S2 Sucre, 24 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 62578-2024-126-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 001/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 908 a 913 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Emilio Vino Casas en representación legal de Fidelia Chambi Limachi contra Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, ambos Consejeros; y, Cinthia Serrudo Espinoza, Directora Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.), todos del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de enero de 2024, cursante de fs. 206 a 213 vta., la accionante a través de su representante legal manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En cumplimiento del proceso de la Convocatoria Pública Nacional 20/2022 para Cargos de Carrera, se emitió el “Memorándum” CM-DIR.NAL. RR.HH.-J 202/2022 de 16 de noviembre, mediante el cual se la designó como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz, otorgándole el Ítem 1608. Asimismo, se le expidió el Título de Jueza de Carrera con Serie JC-ORD-205/2022 de 15 de noviembre, tomando juramento y posesión del cargo el 1 de diciembre de 2022. No obstante, debido a las vacaciones judiciales, fue temporalmente replegada a la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El 22 de diciembre de 2022, se la notificó con la Nota CITE: CM-DNRRHH-1626/2022 de 19 de diciembre emitida por Cinthia Serrudo Espinoza, Directora Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura -hoy codemandada-. En dicho documento, se le comunicó que, mediante Acuerdo 306/2022 del 15 de diciembre, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, conformada por Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, ambos Consejeros del Consejo de la Magistratura -ahora demandados-, se dejó sin efecto su designación como Jueza, así como el “memorándum” y el título que le habían sido conferidos. Esta decisión fue adoptada sin motivación ni fundamentación fáctica o jurídica. Cabe señalar que Omar Michel Durán, Decano de la citada institución, manifestó su disidencia el 16 de diciembre de 2022 al Acuerdo 306/2022, argumentando que la revocatoria no correspondía en ausencia de causales establecidas por ley.

En el plazo correspondiente, el 27 de diciembre de 2022, presentó recurso de revocatoria contra la Nota CITE: CM-DNRRHH-1626/2022, exponiendo que: a) No se la notificó con el Acuerdo 306/2022, lo que vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el artículo 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); b) La resolución carecía de motivación y fundamentación; y, c) Al ser servidora pública de carrera, gozaba de inamovilidad laboral, salvo en los casos previstos por la normativa, por lo que se lesionaron sus derechos al trabajo, a un proceso justo y a la interposición de recursos.

El 20 de enero de 2023, solicitó pronunciamiento sobre el recurso de revocatoria. Ante la falta de respuesta, el 7 de marzo del citado año, presentó recurso jerárquico, bajo el sustento que, al haber transcurrido el plazo sin una resolución, operó el silencio administrativo negativo conforme al artículo 21.II Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos en los Entes del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo 042/2018 de 10 de mayo por Sala Plena del Consejo de la Magistratura.

El 18 de abril de 2023, fue notificada con la Resolución “RR/SP/2023” -siendo lo correcto RR/SP 01/2023- de 12 de enero, en la que se confirmó íntegramente el “Memorándum” CM-DNRRHH-1626/2022. Posteriormente, el 21 de julio de ese año, fue notificada con el Auto de 10 de marzo del señalado año, mediante el cual se desestimó el recurso jerárquico, argumentando que el recurso de revocatoria habría sido resuelto por la Máxima Autoridad de la Entidad (MAE), sin instancia superior que pudiera conocer el recurso jerárquico.

Cabe destacar que no fue cesada por ninguna de las causales establecidas en el art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, que es la normativa especial aplicable en este caso. Al haber sido notificada el 21 de julio de 2023 con el Auto de 10 de marzo de igual año, se encontraba dentro del plazo para interponer la acción correspondiente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela alega la lesión de los derechos a la igualdad, al trabajo, “…al principio de presunción de inocencia…” (sic), al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia en relación al principio pro actione; citando al efecto los arts. 23, 46, 115, 116 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: 1) Se declare la nulidad de la “Resolución 01/2023” -siendo lo correcto Resolución RR/SP 01/2023- que resolvió el recurso jerárquico, declarando la inefectividad e ineficacia del “Memorándum” CITE: CM-DNRRHH-1626/2022; 2) La restitución a su cargo; y, 3) El pago retroactivo de sus haberes devengados.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 899 a 907, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La peticionante de tutela a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, ambos Consejeros del Consejo de la Magistratura, a través de sus abogados apoderados, por informe escrito -sin constancia de fecha de recepción-, cursante de fs. 893 a 898 vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: i) La demandante está imputada por el delito de incumplimiento de deberes, según el proceso penal signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20313490 y tiene detención domiciliaria sin salida laboral, lo que impide que ejerza funciones en el Asiento Judicial de Inquisivi, derivando en su abandono de funciones conforme a lo determinado en el Acuerdo 306/2022; ii) No se trató de un retiro por la causal del art. 23 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, sino de una imposibilidad material debido a su restricción de locomoción; iii) Se actuó dentro de las atribuciones del Consejo de la Magistratura según la Ley del Órgano Judicial y la Constitución Política del Estado; iv) El Acuerdo 306/2022 fundamenta la dejación del cargo y no fue impugnado en revocatoria, por lo que sigue vigente. La peticionante de tutela impugnó el CITE: CM-DNRRHH-1626/2022, pero no el señalado Acuerdo, y presentó un recurso jerárquico improcedente, incumpliendo el principio de inmediatez; v) No demostró cómo la “Resolución de Revocatoria” vulnera sus derechos; vi) La resolución impugnada cumple con fundamentación, motivación y congruencia; vii) La dejación del cargo es válida conforme al art. 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; viii) La impetrante de tutela erró en el uso de recursos al presentar el recurso jerárquico antes de conocer el resultado del recurso de revocatoria; ix) Su petitorio es confuso al no haber impugnado el Acuerdo 306/2022, ni demostrado una causal de nulidad; y, x) La peticionante de tutela faltó tres días por su detención domiciliaria, por lo que, para garantizar el servicio judicial, se dejó sin efecto su designación.

Cinthia Serrudo Espinoza, Directora Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, pese a su legal notificación según consta de fs. 885, no presentó informe ni asistió a la audiencia de acción tutelar.

I.2.3. Resolución

La Jueza Pública de la Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 001/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 908 a 913 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo: a) La nulidad del Acuerdo 306/2022, la Nota CITE: CM-DNRRHH-1626/2022, la Resolución RR/SP 01/2023 y el Auto de 10 de marzo de 2023; b) La reincorporación de la accionante como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz, con el pago retroactivo de salarios desde el 1 de diciembre de 2022 hasta su efectiva reincorporación con los descuentos de ley; y, c) La facultad del Consejo de la Magistratura para iniciar proceso administrativo y disciplinario contra la impetrante de tutela, garantizando el debido proceso; disposiciones que se respaldan bajo el fundamento que la citada accionante, al ser Jueza de carrera, no debió ser desvinculada sino a través de un proceso interno, permitiéndole presentar sus respectivos descargos y defenderse en la causa administrativa, más no de manera directa como se dispuso mediante el Acuerdo 306/2022, el cual no se respaldó en ninguna causal de desvinculación prevista en el art. 23 de la LOJ, vulnerando así su derecho al debido proceso en sus elementos de defensa, juez natural, producción de medios probatorios, impugnación y doble instancia, constituyéndose la medida en arbitraria.

En vía de complementación y enmienda, ante la solicitud de la parte demandada se aclaró que la solicitud del pago retroactivo y la nulidad de los actos fueron planteados en audiencia. Asimismo, se determinó que la acción tutelar se presentó dentro del plazo, dado que la última notificación a la peticionante de tutela fue el 21 de julio de 2023, extremo que motivó no se ingrese al fondo del asunto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por Informe C.M/R.D.-L.P. 015/2022 de 14 de diciembre, la Representante Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, expuso que, tras la designación de Fidelia Chambi Limachi -ahora demandante-como Jueza, la misma se encuentra involucrada en varios procesos penales, incluyendo uno en el que se le impusieron medidas cautelares de detención domiciliaria con salida laboral limitada, y que a pesar de ello, no cumplió con su obligación de asistir a su fuente laboral los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2022, lo que evidencia su imposibilidad para asumir el cargo de autoridad jurisdiccional en Inquisivi del departamento de La Paz, motivo por el cual se destaca la incompatibilidad de su situación con el desempeño de funciones judiciales en dicha localidad (fs. 20 a 27).

II.2. Consta Acuerdo 306/2022 de 15 de diciembre, por el que, Mirtha Gaby Meneses Gómez y Marvin Arsenio Molina Casanova, ambos Consejeros del Consejo de la Magistratura -hoy demandados-; dispusieron dejar sin efecto la designación de la impetrante de tutela como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz (fs. 10 a 14).

II.3. A través de Disidencia de 16 de diciembre de 2022 al Acuerdo 306/2022, Omar Michel Durán, Decano del Consejo de la Magistratura, argumentó que la revocatoria o anulación de la designación de la peticionante de tutela como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz, no se encontraba justificada al existir causales establecidas por ley para proceder con dicha medida (fs. 15).

II.4. Cursa Nota CITE: CM-DNRRHH-1626/2022 de 19 de diciembre, por el que, Cinthia Serrudo Espinoza, Directora Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura -hoy codemandada-, comunica a la demandante, que por Acuerdo 306/2022 de Sala Plena del Consejo de la Magistratura, se dejó sin efecto su designación como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz (fs. 3).

II.5. Mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, la ahora impetrante de tutela formuló recurso de revocatoria ante el Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, contra la Nota CITE: CM-DNRRHH-1626/2022, (fs. 4 a 8).

II.6. A través de Resolución RR/SP 01/2023 de 12 de enero, los Consejeros accionados resolvieron confirmar la decisión contenida en el “Memorándum” CM-DNRRHH-1626/2022, emitido por la Directora codemandada (fs. 97 a 104); mismo que fue notificado a la accionante el 18 de abril de 2023 (fs. 106)

II.7. Cursa Disidencia de 13 de enero de 2023 a la Resolución RR/SP 01/2023, en la que, Omar Michel Durán, Decano del Consejo de la Magistratura, ratifica su postura a la disidencia de 16 de diciembre de 2022 (fs. 105).

II.8. Consta memorial presentado el 7 de marzo de 2023, ante la Directora codemandada, a través del cual, la impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico, alegando haber operado el silencio administrativo negativo (fs. 194 a 197 vta.).

II.9. Por Auto de 10 de marzo de 2023, los Consejeros accionados determinaron desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la peticionante de tutela, argumentando que Sala Plena del Consejo de la Magistratura resolvió previamente el recurso de revocatoria, el cual, por su naturaleza, solo puede ser resuelto en única instancia, sin posibilidad de recurrir a otro recurso, agotándose así la vía administrativa (fs. 199).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su apoderado denuncia la lesión de sus derechos a la igualdad, al trabajo, “…al principio de presunción de inocencia…”, al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia en relación al principio pro actione; toda vez que, las autoridades demandadas, tras haber dejado sin efecto su designación como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz, mediante la Nota CITE:CM-DNRRHH-1626/2022, en razón del Acuerdo 306/2022 emitido por Sala Plena del Consejo de la Magistratura, y desestimar en última instancia su recurso jerárquico, incurrieron en las siguientes irregularidades: 1) No aplicaron el procedimiento establecido para la cesación de funcionarios de la jurisdicción ordinaria, conforme prevé el art. 23 de la LOJ; 2) Vulneraron su derecho a la defensa al no considerarse que nunca fue notificada con el Acuerdo 306/2022, privándola de acceder a un procesamiento justo y presentar pruebas de descargo; y, 3) La Nota CITE:CM-DNRRHH-1626/2022, carece de la debida fundamentación y motivación, al no expresar motivos por los cuales se decidió dejar sin efecto su designación como Jueza.

Ante ello, las autoridades demandadas manifiestan que la peticionante de tutela impugnó el CITE: CM-DNRRHH-1626/2022, pero no el señalado Acuerdo, y presentó un recurso jerárquico improcedente, incumpliendo el principio de inmediatez, asimismo erró en el uso de recursos al presentar el recurso jerárquico antes de conocer el resultado del recurso de revocatoria.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional respecto al agotamiento de recursos inidóneos

El art. 129.II de la CPE, respecto al principio de inmediatez, estableció que la acción de amparo constitucional podrá ser presentada en el plazo de seis meses, computables desde el momento en que ocurre la vulneración alegada, de notificada la última decisión administrativa o judicial o desde el conocimiento de la parte afectada del acto u omisión que provocó la lesión a sus derechos y garantías constitucionales; por su parte, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere con claridad que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.

Conforme con los preceptos normativos señalados, desde la SC 0770/2003-R de 6 de junio de 2003, se tiene que: "…el principio de subsidiaridad no implica la utilización de cualquier medio o recurso sino los idóneos, empero la utilización de otros que no sean los adecuados para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida que se reclama no neutraliza la protección de amparo, siempre que se hubiesen utilizado los requeridos por ley, lo que no sucede cuando ocurre lo contrario, pues la falta de utilización de los medios idóneos anula toda posibilidad de ingresar al fondo de la problemática sino también de otorgar la tutela", de lo cual se extrae que el agotamiento de recursos inidóneos no interrumpe el cómputo del plazo de seis meses establecido por la Constitución Política del Estado.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática que origina la interposición de esta acción de defensa, y conocidos los argumentos expuestos por la parte demandada; de los antecedentes que conforman la presente causa, se tiene que por Informe C.M/R.D.-L.P. 015/2022 de 14 de diciembre, la Representante Distrital de La Paz del Consejo de la Magistratura, argumentó que después de la designación de la ahora impetrante de tutela como Jueza, la misma se encontraba con denuncias, donde incluso se le impusieron medidas cautelares de detención domiciliaria con salida laboral limitada, empero incumpliendo la misma al no asistir a su trabajo, evidenciando su imposibilidad para asumir su cargo (Conclusión II.1). Ante esta situación, el 15 de diciembre de 2022, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 306/2022, dejó sin efecto su designación; sin embargo, el Decano de la indicada institución, Omar Michel Durán, expresó su disidencia, argumentando que la revocatoria carecía de fundamento legal (Conclusiones II.2 y II.3). El 19 de diciembre de 2022, la Directora codemandada, notificó oficialmente a la ahora accionante, comunicándole su destitución. En respuesta, el 27 de igual mes y año, interpuso recurso de revocatoria contra dicha decisión; no obstante, el 12 de enero de 2023, los Consejeros accionados confirmaron la destitución mediante Resolución RR/SP 01/2023. Al día siguiente, Omar Michel Durán, Decano del Consejo de la Magistratura, reiteró su postura disidente. Dichas determinaciones le fueron notificadas el 18 de abril del citado año (Conclusiones II.4, II.5, II.6 y II.7).

Aún en desacuerdo, el 7 de marzo de 2023, la impetrante de tutela presentó recurso jerárquico, alegando que la falta de respuesta oportuna configuraba silencio administrativo negativo; empero, el 10 de ese mes y año, los Consejeros demandados desestimaron su pretensión, argumentando que el recurso de revocatoria, al haber sido resuelto por la MAE, agotó la vía administrativa, dejando sin efecto cualquier posibilidad de apelación adicional (Conclusiones II.8 y II.9).

En ese contexto, previo a ingresar a considerar los hechos denunciados a través de la presente acción de defensa, como labor inicial es necesario verificar el cumplimiento de los componentes de procedencia relacionados con el principio de inmediatez. Para ello, es preciso remitirnos a lo señalado en el Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos en los Entes del Órgano Judicial; así se tiene lo siguiente sobre el agotamiento de instancia:

“ARTÍCULO 27. (AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA). La vía administrativa quedará agotada en los siguientes casos: (…) c) Cuando se resuelva el Recurso de Revocatoria por la máxima autoridad de la entidad; en cuyo caso el recurso jerárquico deberá ser desestimado por no existir autoridad superior que pueda resolverlo” (las negrillas son añadidas).

En ese sentido del texto normativo citado se tiene la imposibilidad de la presentación de un recurso jerárquico como recurso efectivo e idóneo ante la inexistencia de una autoridad superior a la máxima autoridad de la entidad demandada, extrayéndose de la propia literalidad del referido artículo, quedando agotada -en este tipo de casos- la vía administrativa con la emisión del recurso de revocatoria.

Asimismo, se tiene que la activación de un mecanismo recursivo que por previsión legal resulta inidóneo, no puede derivar como argumento para suspender el plazo de inmediatez; esto debido a que, en general, nadie puede alegar el desconocimiento de las normas -art. 108.1 de la CPE-, más aún, cuando se trata de un profesional abogado que además funge como autoridad judicial, por lo tanto, la presentación del recurso jerárquico es inviable, pues conforme refiere la citada norma, no existe autoridad que vaya a resolver el mismo.

En la misma línea de entendimiento se tiene entre otros casos el AC 0299/2017-RCA de 28 de agosto, que respecto al Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de Revocatoria y Jerárquicos del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo 121/2014 de 8 de mayo, cuyo art. 27 inc. c), tenía la misma redacción: “Cuando se resuelva el Recurso de Revocatoria por la máxima autoridad de la entidad, en cuyo caso el recurso jerárquico deberá ser desestimado por no existir autoridad superior que pueda resolverlo” concluyó que, la accionante agotó la vía administrativa con la interposición del recurso de revocatoria ante la Sala Plena del Consejo de la Magistratura sin que exista otra instancia ante la que pueda formularse el recurso jerárquico. Igualmente el AC 0246/2024-RCA de 30 de agosto, respecto al Reglamento adoptado por Acuerdo 042/2018 concluyó en el mismo sentido, los razonamientos que constituyen jurisprudencia vinculante que esta Sala debe seguir y que es aplicable al presente caso.

En similar sentido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos varios ejemplos como lo determinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estableció: “…el peticionario debe agotar los recursos internos de conformidad con la legislación procesal interna. La Comisión no puede considerar que el peticionario ha cumplido debidamente con el requisito del agotamiento previo de los recursos internos si los mismos han sido rechazados con fundamentos procesales razonables y no arbitrarios, como la interposición del recurso de amparo sin el previo agotamiento de las vías pertinentes y la interposición de la acción contencioso administrativa fuera del plazo correspondiente ante los tribunales domésticos” (Informe 90/03, Petición 0581/1999. Inadmisibilidad. Gustavo Trujillo González. Perú. 22 de octubre de 2003, párr. 32).

De tal situación, considerando que la impetrante de tutela fue notificada con dicha decisión el 18 de abril de 2023 -circunstancia reconocida por ella misma-, y que la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 3 de enero de 2024, se corrobora que transcurrieron ocho meses y dieciséis días, plazo que supera el límite de seis meses establecido por los arts. 129.II de la CPE y 55 del CPCo para la defensa de derechos fundamentales -Fundamento Jurídico III.1-.

Por lo tanto, al haber transcurrido el tiempo máximo permitido sin que la peticionante de tutela haya hecho valer oportunamente sus derechos, esta instancia constitucional se encuentra impedida de analizar el fondo del reclamo, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

Considerando que, en primera instancia, la Jueza de garantías concedió la tutela a la accionante disponiendo su reincorporación como Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Inquisivi del departamento de La Paz; y ante la actual denegatoria de tutela y los efectos que esta produce, en resguardo del principio de seguridad jurídica, se mantienen vigentes todos los actos jurisdiccionales y de otra índole que pudieron tener lugar como efecto de su reincorporación.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2024 de 15 de enero, cursante de fs. 908 a 913 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1° DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó a examinar el fondo de la problemática planteada;

2° En atención al art. 28.II del Código Procesal Constitucional y en resguardo del principio de seguridad jurídica, se mantienen vigentes todos los actos jurisdiccionales y de otra índole emergentes de la concesión de tutela por parte de la Jueza de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.

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