B.IA.LEGAL

SCP 0026/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de febrero de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
9 de febrero de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
47760-2022-96-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la maternidad segura vinculada “…al derecho a la atención medica pronta y oportuna” (sic); debido a que, no obstante, su solicitud de inamovilidad laboral por el estado de gestación de su esposa, en razón a que la ley protege a los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad, fue despedido de manera arbitraria e injustificada a través del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-1570/2021 de 22 de octubre; asimismo, habiendo representado dicha determinación, mediante nota recibida el 10 de noviembre de 2021, no obtuvo ningún pronunciamiento, pese a su reiteración efectuada el 20 de enero de 2022, en consecuencia, también se lesionó su derecho a la petición. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 84 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la garantía de inamovilidad laboral, el derecho al trabajo en conexitud a los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, y a la maternidad segura del hijo del accionante, lo que conlleva inexcusablemente asegurar la atención médica del binomio madre-hijo, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional; disponiendo que el Consejo de la Magistratura, proceda al pago de los salarios devengados no percibidos desde la desvinculación laboral del accionante hasta el año de edad de su hijo, incluidas las asignaciones familiares que correspondan, como parte del derecho a la seguridad social, conforme a procedimiento; aclarándose que no procede su reincorporación a la función que se hallaba ejerciendo, debido a que su hijo ya cumplió un año de edad el 13 de febrero de 2023; y, 2° DENEGAR la tutela peticionada, en cuanto a los derechos a la estabilidad laboral y a la petición, por las razones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La categorización de las servidoras públicas y servidores públicos provisorios
  2. III.2. Sobre la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2024-S2 Sucre, 9 de febrero de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 47760-2022-96-AAC Departamento: Tarija En revisión Resolución 24/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 84 a 90 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roger Iván Paucara Ramos contra Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejero; Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.); José Luis López Ortega, ex Encargado Distrital; y, Martín Aníbal Solano Durán, ex Responsable de RR.HH., ambos de la Representación Distrital de Tarija, todos del Consejo de la Magistratura.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 29 de abril y 10 de mayo, ambos de 2022, cursantes de fs. 21 a 27 y 31 a 33, el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 0977/2018 de 27 de agosto, se le asignó en el cargo de Técnico IV, Auxiliar Inscriptor de Derechos Reales (DD.RR.) del departamento de Tarija, con ítem 5139, tiempo durante el cual se destacó en sus funciones con esmero y responsabilidad, cumpliendo en varias ocasiones, incluso, doble función. De acuerdo a la documental adjunta consistente en el carnet de salud de gestación de su esposa, certificado de atención prenatal, certificado médico de nacido vivo proporcionado por la Caja Nacional de Salud (CNS), carnet de asegurados, formulario de declaración jurada de inamovilidad, carnet de afiliación a dicha entidad, carnet de salud infantil del niño y los controles realizados por ese ente de salud, acredita que gozaba de inamovilidad laboral;

no obstante, fue cesado de sus funciones laborales de manera arbitraria e injustificada cuando su esposa se encontraba con siete meses de embarazo, siendo notificado el 3 de noviembre de 2021 con el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021 de 22 de octubre, de agradecimiento de servicios, determinación que al ser un acto ilegal con desconocimiento de la norma constitucional que le priva de su derecho fundamental a la estabilidad e inamovilidad laboral reconocido tanto a la mujer en estado de embarazo y al progenitor, interpone la presente acción de amparo constitucional contra los ahora accionados. Finalmente añade que, antes de la notificación con el precitado Memorándum de agradecimiento de servicios, mediante nota presentada el 7 de octubre de 2021, solicitó la inamovilidad laboral por motivo de gestación de su esposa registrado en el sistema de personal, pero la misma no fue considerada; razón por la cual, por nota interpuesta el 10 de noviembre de ese año, representó la indicada determinación ante José Luis López Ortega, ex Encargado Distrital; y, Martín Aníbal Solano Durán, ex Responsable de RR.HH., ambos de la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura -hoy coaccionados-, quienes hicieron caso omiso a lo impetrado; de ahí que, al no tener ninguna respuesta formal y oportuna, el 20 de enero de 2022, reiteró la indicada solicitud, la cual tampoco mereció contestación alguna, a pesar de su apersonamiento en reiteradas ocasiones, actuación a partir de la cual alega la vulneración de su derecho a la petición.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la petición, al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la maternidad segura vinculado “…al derecho a la atención medica pronta y oportuna” (sic); citando al efecto los arts. 15.1, 18, 24, 45.V, 46.-I-.1; y, 48.VI de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021, de agradecimiento de servicios al cargo de Técnico IV, Auxiliar Inscriptor de DD.RR. del departamento de Tarija; b) La restitución y/o reincorporación inmediata al referido cargo; c) Reposición de sus derechos y garantías restringidos, como el pago de salarios devengados desde su desvinculación laboral y derechos sociales devengados por el tiempo correspondiente, así como el pago de subsidios y asignaciones familiares que por ley corresponden; y, d) La aplicación de otras medidas de protección necesarias para precautelar sus derechos constitucionales reconocidos y otros derechos que no se hubieran reconocido.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 81 a 83 vta.; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su abogado, ratificó los argumentos expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional y ampliando los términos del mismo, así como en respuesta a lo mencionado en el informe de la parte accionada, manifestó que el precitado pretende justificar la lesión de los derechos de inamovilidad laboral en su condición de progenitor y del recién nacido, quien goza de la protección por parte del Estado y de la Constitución Política del Estado a través del art. 60, que establece el interés superior del niño y adolescente, aclarando que cuando se le entregó el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021, de agradecimiento de servicios, su esposa se encontraba con siete meses de gestación.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejero del Consejo de la Magistratura, a través de sus representantes legales, mediante informe escrito, cursante de fs. 41 a 45 vta. y en audiencia, manifestó que: 1) La demanda constitucional únicamente se encuentra dirigida contra su persona en su calidad de Presidente, y no así contra todos los miembros de dicha entidad; por lo que, no se identificó correctamente la legitimación pasiva, ello para fines de responsabilidad institucional; 2) Con relación a la denuncia de vulneración de los derechos a la vida, a la seguridad social, a la maternidad, al trabajo y a la estabilidad laboral, cabe mencionar que, el art. 56 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), determina que el Sistema de Administración de Personal, se ejerce y se desarrolla a través del Órgano Rector y por las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del señalado Estatuto, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, reglamentos específicos y normas secundarias o especializadas. De igual forma, el art. 37 del Decreto Supremo (DS) 25749 de 24 de abril de 2000 (Reglamento del Estatuto del Funcionario Público), prevé que el Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal queda encargado de la compatibilización del Reglamento Interno de las instituciones, adecuadas al Estatuto del Funcionario Público y su Reglamento; asimismo, el Pleno del Consejo de la Magistratura en uso de sus atribuciones contenidas en el art. 182.1 y 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), el 27 de septiembre de 2017, aprobó el Reglamento Interno de Control de Personal Área Administrativa del Órgano Judicial "RICPA", que en su art. 8.IX determina que, son funcionarios provisorios los servidores públicos administrativos dentro del Órgano Judicial que desempeñan funciones en cargos correspondientes eventualmente, cuya situación se encuentra comprendida hasta la implementación de la carrera administrativa; por su parte el DS 0012 de 19 de febrero de 2009, en el art. 5.II establece que la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo éstas u otras modalidades se intente eludir el alcance de dicha norma. Así también, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0051/2018” de 15 de marzo y 0783/2018-S4 de 22 de noviembre, entre otras, establecen claramente la figura de la transitoriedad de los servidores jurisdiccionales y administrativos del Órgano Judicial; es decir, que los servidores públicos de dicho Órgano son transitorios, por ende sus cargos son provisionales y no gozan de inamovilidad laboral; 3) En ese sentido, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos, el accionante se constituye en un funcionario provisorio, al no haber ingresado a la institución mediante un concurso de méritos y examen de competencia, conforme se advierte del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-0977/2018, situación que fue expresamente reconocida por el propio impetrante de tutela en su memorial de demanda constitucional; y, 4) Por consiguiente, el nombrado no tiene derecho a la inamovilidad laboral por su condición de progenitor y a la estabilidad laboral invocada en la presente acción de defensa, puesto que su destitución no constituye un acto ilegal o arbitrario; de ahí que, no sería evidente la lesión de los derechos invocados. Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, en audiencia a través de su representante refirió, ratificar los términos expuestos en el informe prestado por la autoridad ahora accionada. José Luis López Ortega, ex Encargado Distrital y Martín Aníbal Solano Durán, ex Responsable de RR.HH., ambos de la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura, no remitieron informe alguno ni se hicieron presentes en audiencia, a pesar de su citación cursante a fs. 36 vta.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Paola Caren Gutiérrez Paxi, -actual Auxiliar Inscriptor de DD.RR. del departamento de Tarija-, por memorial cursante a fs. 80, adjuntó documentación consistente en Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1571/2021, de asignación provisional de funciones y certificado de nacimiento de 18 de mayo de 2022, y en audiencia a través de su abogado, pidió que a tiempo de resolver conforme a derecho se valore el aludido certificado que demuestra que su hija nació el 14 de abril de ese año, contando a “la fecha” -se comprende 18 de mayo de 2022- con un mes y cuatro días.

I.2.4. Participación del Ministerio Público

Fabiola Karina Soria Peña, Fiscal de Materia, no presentó memorial alguno ni concurrió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 36 vta.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 24/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 84 a 90 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 48.I de la CPE, regula la importancia de la protección al derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, al expresar que “‘Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio’” (sic), y todo el ámbito de protección que otorga la Constitución Política del Estado a los trabajadores y trabajadoras de Bolivia, entendiendo a estos como un sector vulnerable que necesita una protección especial; sin embargo, debe hacerse una diferenciación entre la protección constitucional que otorga el Estado Boliviano a los trabajadores que están sujetos a la Ley General del Trabajo, con el marco jurídico que rige las relaciones entre los funcionarios públicos y las entidades en las que éstos prestan servicios de cualquier naturaleza, como por ejemplo, funcionarios públicos judiciales que es el caso que nos ocupa; ii) Por su parte, el Estatuto del Funcionario Público, en su art. 56 determina que: “‘El Sistema de Administración de Personal es el conjunto de normas, principios y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de la función pública previstas por la Constitución Política del Estado, el presente Estatuto, la Ley de Administración y Control Gubernamentales, y las disposiciones reglamentarias aplicables. El Sistema de Administración de Personal se ejerce y desarrolla a través del Órgano Rector y por las entidades públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Estatuto, de acuerdo a las Normas Básicas de Administración de Personal, reglamentos básicos y normas secundarias o especializadas’” (sic); asimismo, el art. 57 del referido cuerpo normativo, establece que: ‘"El Ministerio de Hacienda, de conformidad con el Artículo 24 de la Ley No. 1788, de 16 de septiembre de 1997, ejerce las funciones de Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, según se describen en el Artículo 20 de la Ley No. 1178’” (sic); es así que, cada entidad que tiene relación de dependencia con el Estado de manera directa o con la independencia que la ley, por las características especiales le otorga, tiene que regular su actividad interna a través de los diferentes reglamentos, que de acuerdo a lo que manda la norma pertinente, deben ser compatibilizados por el Órgano Rector; iii) En el caso de análisis, el accionante manifiesta haber sido víctima de una desvinculación ilegal del cargo que venía fungiendo como Auxiliar Inscriptor de DD.RR. del departamento de Tarija; de ahí que, de conformidad a la normativa que regula la estructura orgánica funcional del Órgano Judicial, principalmente la Ley del Órgano Judicial se tiene que el Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial y la oficina de DD.RR. es parte del Consejo de la Magistratura; por consiguiente, dentro de este entendimiento y de acuerdo a las citadas disposiciones normativas, es de que el Órgano Judicial aprobó a través del Pleno del Consejo de la Magistratura, el Reglamento Interno de Control de Personal Área Administrativa del Órgano Judicial, en el que reconoce entre otras categorías a los funcionarios provisorios; iv) En ese entendido, a fin de establecer si el impetrante de tutela goza o no de inamovilidad laboral por el hecho de tener un hijo que aún no hubiera cumplido un año de edad, corresponde remitirse a la interpretación del máximo garante de la Constitución Política del Estado, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitió abundante jurisprudencia en casos similares donde demandaban un despido injustificado, una vulneración al principio de inamovilidad laboral; v) Al respecto, la SCP 0783/2018-S4, en lo pertinente manifestó que: ‘“En el marco de lo anteriormente expuesto se concluye que, todos los cargos jurisdiccionales o de apoyo jurisdiccional y administrativo, incluyendo al personal del Consejo de la Magistratura, son transitorios, hasta que sea la misma entidad, la que lleve adelante un proceso de contratación del personal, conforme a las formalidades establecidas en las leyes y reglamentos internos de la entidad, el Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del Funcionario Público para los servidores públicos del Consejo de la Magistratura”’ (sic), determinando que el criterio de transitoriedad de los cargos del Órgano Judicial en el que se incluye al Consejo de la Magistratura, resulta directamente aplicable a los casos en los cuales los servidores públicos de la mencionada entidad pública trátese de una mujer embazada, de un padre o madre de un niño menor de un año de edad, demanden su inamovilidad laboral, por cuanto al ser funcionarios públicos transitorios, no les alcanza la protección constitucional especial al no gozar de estabilidad laboral; vi) De ahí que, conforme al citado razonamiento, se tiene que no se encuentran vulnerados los derechos al trabajo, a la inamovilidad y estabilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a “una maternidad segura”, puesto que, el hecho de que exista un ítem, no implica que la naturaleza de funcionario transitorio desaparezca, ya que la misma, prima de acuerdo a la actual transición que vive el Órgano Judicial y a la naturaleza especial que regula la actividad dentro de este Órgano; y, vii) Finalmente, en cuanto a la denuncia de vulneración del derecho a la petición, en el entendido de que no se hubiera dado respuesta a dos notas presentadas por el peticionante de tutela, este “Tribunal de garantías”, se ve imposibilitado de verificar si tales notas fueron o no respondidas; toda vez que, no existe argumentos claros sobre dicha pretensión.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 0977/2018 de 27 de agosto, por el que, Vicente Remberto Cuellar Téllez, entonces Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, designó provisionalmente a Roger Iván Paucara Ramos -ahora accionante-, en el cargo de Técnico IV, Auxiliar Inscriptor de DD.RR. del departamento de Tarija, con ítem 5139 y haber mensual de Bs4 083.- (cuatro mil ochenta y tres bolivianos), con constancia de recibido el 30 del citado mes de 2018 (fs. 1). II.2. Se tiene Formulario AVC-04 de Aviso de Afiliación y Reingreso del Trabajador, emitido por el Departamento de Afiliación de la CNS, con número de asegurado 89-0719-PRR, como Auxiliar Inscriptor, teniendo como fecha de ingreso 3 de septiembre de 2018, evidenciándose de ello la afiliación del ahora accionante; asimismo, cursa formulario AVC-06 de 17 de septiembre de 2021, que demuestra como beneficiaria a la esposa del prenombrado (fs. 10 a 11). II.3. Consta certificado de matrimonio del impetrante de tutela y Velinda Roxana Videz Romero, emitido el 9 de septiembre de 2021, por la Oficial de Registro Civil 60101004 del Servicio del Registro Cívico (SERECI) de Tarija (fs. 14).

II.4. Cursa certificado de atención prenatal de 7 de octubre de 2021, de la CNS de Tarija, que estableció que Velinda Roxana Videz Romero -esposa del peticionante de tutela- recibió atención médica desde el quinto mes de embarazo, otorgándose a partir de la fecha de dicha literal, la habilitación para el pago del subsidio prenatal, constando sello y firma de recibo del subsidio hasta el 9 de febrero de 2022 (fs. 7). II.5. A través de nota presentada el 7 de octubre de 2021, ante la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura, dirigida a José Luis López Ortega, ex Encargado Distrital; y, Martín Aníbal Solano Duran, ex Encargado de RR.HH., ambos de la referida entidad, -hoy coaccionados-, el accionante solicitó inamovilidad laboral por motivo de gestación de su esposa, alegando que al amparo del art. 48.-VI- de la CPE, se garantiza la protección de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, adjuntando al efecto formulario de declaración jurada de inamovilidad de igual data (fs. 2 y 6). II.6. Mediante Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021 de 22 de octubre, Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura -ahora coaccionado-, agradeció los servicios del hoy impetrante de tutela, del cargo de Técnico IV, Auxiliar Inscriptor de DD.RR. del departamento de Tarija, con ítem “5650”, a partir del 23 del citado mes de 2021, indicando que por necesidad institucional se efectuará el pago de vacación que tuviere pendiente, si es que le correspondiera (fs. 4). II.7. A través de nota presentada el 10 de noviembre de 2021, ante la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura, dirigida a José Luis López Ortega, ex Encargado Distrital; y, Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH., ambos de la referida entidad, hoy coaccionados, el ahora peticionante de tutela representó el Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH. 1570/2021 de agradecimiento de servicios, haciendo conocer que por nota presentada el 7 de octubre de 2021, puso en conocimiento el estado de embarazo -de su esposa- y solicitó la inamovilidad laboral, conforme establece el art. 48.-IV- de la CPE; asimismo, haciendo cita a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1104/2012 de 6 de septiembre y 0341/2016-S3 de 8 de marzo, concluyó que la protección de la mujer embarazada y del progenitor fue determinada no solo para garantizar la inamovilidad laboral, sino que conlleva el respeto a los derechos de la madre y esencialmente del ser en gestación hasta que cumpla un año de edad, asegurándole durante ese tiempo la seguridad social (fs. 3). II.8. Se tiene nota presentada el 20 de enero de 2022, a Karina Martínez Balderrama, Encargada de RR.HH. de la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura, mediante la cual el accionante reiteró y solicitó respuesta a la representación efectuada al Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021, de agradecimiento de servicios, haciendo conocer que hasta la indicada fecha no obtuvo ninguna respuesta, ello con la finalidad de poder acudir a la vía que corresponda en caso de tener negativa (fs. 5). II.9. Consta certificado de nacimiento del menor de edad AA, nacido el 13 de febrero de 2022, teniendo como padres al ahora impetrante de tutela y a Velinda Roxana Videz Romero (fs. 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la maternidad segura vinculada “…al derecho a la atención medica pronta y oportuna” (sic); debido a que, no obstante, su solicitud de inamovilidad laboral por el estado de gestación de su esposa, en razón a que la ley protege a los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad, fue despedido de manera arbitraria e injustificada a través del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-1570/2021 de 22 de octubre; asimismo, habiendo representado dicha determinación, mediante nota recibida el 10 de noviembre de 2021, no obtuvo ningún pronunciamiento, pese a su reiteración efectuada el 20 de enero de 2022, en consecuencia, también se lesionó su derecho a la petición. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La categorización de las servidoras públicas y servidores públicos provisorios

Al respecto, la SCP 0831/2023-S3 de 1 de agosto, determinó lo siguiente: ”La Constitución Política del Estado en su art. 233, señala: ‘Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento’. Asimismo, el art. 5 del EFP, desarrolla las mismas categorías que establece la Norma Suprema, en el art. 5 ‘Los servidores públicos se clasifican en: Funcionarios electos: Son aquellas personas cuya función pública se a)

origina en un proceso eleccionario previsto por la Constitución Política del Estado. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa y Régimen Laboral del Presente Estatuto.

b) Funcionarios designados: Son aquellas personas cuya función pública emerge de un nombramiento a cargo público, conforme a la Constitución Política del Estado, disposición legal u Sistema de Organización Administrativa aplicable. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.

c) Funcionarios de libre nombramiento: Son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados. El Sistema de Administración de Personal, en forma coordinada con los Sistemas de Organización Administrativa y de Presupuesto, determinará el número y atribuciones específicas de éstos y el presupuesto asignado para este fin. Estos funcionarios no están sujetos a las disposiciones relativas a la Carrera Administrativa del presente Estatuto.

d) Funcionarios de carrera: Son aquellos que forman parte de la administración pública, cuya incorporación y permanencia se ajusta a las disposiciones de la Carrera Administrativa que se establecen en el presente Estatuto.

e) Funcionarios interinos: Son aquellos que, de manera provisional y por un plazo máximo e improrrogable de 90 días, ocupan cargos públicos previstos para la carrera administrativa, en tanto no sea posible su desempeño por funcionarios de carrera conforme al presente Estatuto y disposiciones reglamentarias’.

Aspecto que resulta concordante con lo establecido en el art. 12 del DS 25749. Adicionalmente, el art. 71 del EFP, señala que: ‘Los servidores públicos que actualmente desempeñen sus funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo precedente, serán considerados funcionarios provisorios, que no gozarán de los derechos a los que hace referencia el Numeral II del Artículo 7° de la presente Ley. El Poder Ejecutivo programará, en el ámbito de su competencia, la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad

Sobre esta temática, la SCP 0821/2023-S3 de 31 de julio, estableció que: [«Del nuevo orden constitucional, se infiere su particularidad de disciplinar políticas a favor de sectores vulnerables que necesitan de una protección reforzada por parte del Estado, que debe procurar la validez plena y efectiva de sus derechos; es así que, como valores estructurales del Estado Plurinacional de Bolivia, la “igualdad” y la “justicia” sustentan la matriz axiológica a partir de la cual el constituyente boliviano diseñó políticas afirmativas a favor de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. En efecto, el art. 48.VI de la CPE, señala que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”. Precepto constitucional que converge en una política constitucional positiva que, a entendimiento de la jurisprudencia constitucional, resulta en las siguientes reglas: “a) La prohibición de despido de toda mujer trabajadora en situación de embarazo; b) La inamovilidad de la mujer trabajadora en gestación y por un lapso de un año de edad; y c) La inamovilidad del progenitor varón por un lapso de un año, computable desde el nacimiento de su hijo o hija” (SC 1650/2010-R de 25 de octubre). Bajo ese criterio, se procura, por un lado, evitar la discriminación por la condición de embarazo y, por otro, garantizar la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación y lactancia, como también del progenitor varón, independientemente de que se tratasen de empleadas (os) del sector privado, como a funcionarias (os) o servidoras (o) públicas (os); todo esto, en resguardo de la hija o hijo nacido y hasta su primer año de edad, desde el momento de su concepción, como sujeto de derechos en todo lo que pudiera favorecerle. Precisamente, con dicha finalidad y tomando en cuenta los aspectos antes referidos, además del deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, -que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados-, es que a través del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, complementado por el DS 0496 de 1 de mayo de 2010, se estableció que: ‘“I. En caso de incumplimiento de la inamovilidad laboral, a solicitud de la madre y/o padre progenitores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social instruirá al empleador para que cumpla en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, la reincorporación con goce de haberes y otros derechos sociales por el tiempo que dure la suspensión de la relación laboral. II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo precedente, la afectada o afectado podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral’. En ese orden de ideas, resulta incuestionable que se faculta a la madre en estado de gestación y lactancia, como al progenitor varón, -cuando la hija o hijo fueran menores al año de edad-, el acudir directamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en resguardo de su derecho a la inamovilidad, en el caso que se hubiera incumplido la previsión constitucional de resguardo a su estabilidad laboral. Inclusive, admitiéndose el interponer acciones de defensa de este derecho ante esta jurisdicción y conforme a los términos descritos en el artículo de referencia”.

(…)

En el caso presente es necesario hacer mención al art. 48.VI de la CPE, que señala que “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos, se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”, debiéndose notar que en este artículo no se hace una diferencia sobre la calidad o forma de trabajo que tanto la madre o padre progenitor tenga; es decir, no realiza una diferencia entre trabajadores con contrato a plazo fijo o eventual, o si están amparados por la Ley General del Trabajo o son funcionarios de carrera, esto debido a que la Constitución Política del Estado, como deber fundamental tiene la protección de sectores vulnerables, que no se refiere específicamente a la madre o al padre, sino a ese nuevo ser que se ha concebido, y que al momento de su nacimiento necesita de todos los derechos y beneficios que el Estado brinda, como son la seguridad social, acceso a la salud y beneficios sociales como la lactancia, reiterándose que es deber del Estado, la sociedad y la familia, de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, tal y como ha establecido la SCP 0086/2012, que ha sido desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2., de la presente Sentencia». Así también sobre la temática, la SCP 1091/2022-S3 de 24 de agosto, haciendo referencia a la SCP 0755/2013 de 7 de junio con relación al marco constitucional y jurisprudencial sobre la inamovilidad laboral de los padres progenitores estableció que: “… la Constitución Política del Estado ha establecido en su art. 8.II que: ‘El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien’. Por otra parte, el art. 9.2 de la misma Norma Suprema establece entre uno de los fines y funciones esenciales del Estado está el de: `Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe’. Asimismo, el art. 48.VI en su parte final establece: ‘…Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’. Sobre el tema, el DS 0012, en su art. 2 señala: ‘(Inamovilidad laboral) La madre y/o padre progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozarán de inamovilidad laboral desde la gestación hasta que su hijo o hija cumpla un (1) año de edad, no pudiendo ser despedidos, afectarse su nivel salarial ni su ubicación en su puesto de trabajo’. (…) De todo lo anteriormente glosado, se establece que el Estado tiene entre sus fines y funciones esenciales, la de garantizar el bienestar y la protección e igual dignidad de las personas, además de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, siendo además las disposiciones sociales y laborales de cumplimiento obligatorio como es el caso de la inamovilidad laboral de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad”. En esa línea de análisis, es pertinente referirse al cambio de criterio que esta Relatoría considera necesario efectuar, ello en razón a que no se pueden desconocer los logros alcanzados por este Tribunal y el desarrollo jurisprudencial favorable a los derechos humanos, en cuanto a la protección reforzada de la garantía de inamovilidad laboral de la mujer embarazada y/o progenitores con hijos menores a un año, en todos aquellos cargos y situaciones que no sean inherentes a funcionarios de carrera, ello partiendo del precedente en vigor o vigente, fundado en el criterio de resolución del problema jurídico que se ajuste a un desarrollo más progresivo de los derechos humanos y una interpretación favorable sobre el alcance a la garantía de inamovilidad laboral»] (las negrillas y el subrayado son añadidos).

III.3. Análisis del caso concreto

En la problemática jurídica planteada, el impetrante de tutela denuncia que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la maternidad segura vinculada “…al derecho a la atención médica pronta y oportuna” (sic); debido a que: a) No obstante su solicitud de inamovilidad laboral por el estado de gestación de su esposa, en razón a que la ley protege a los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad, fue despedido de manera arbitraria e injustificada a través del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021 de 22 de octubre; y, b) Asimismo, habiendo representado dicha determinación, mediante nota recibida el 10 de noviembre de 2021, no obtuvo ningún pronunciamiento, pese a su reiteración efectuada el 20 de enero de 2022, en consecuencia, también se lesionó su derecho a la petición. Inicialmente cabe aclarar respecto a lo alegado por Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejero del Consejo de la Magistratura -hoy accionado-, sobre que la demanda constitucional únicamente estaría dirigida contra su persona en su calidad de Presidente, y no así contra todos los miembros de dicha entidad que conforman la Sala Plena, argumento que alude a una falta de legitimación pasiva en la autoridad señalada al no haberse accionado a todos los miembros de Sala Plena del Consejo de la Magistratura; debe tenerse en cuenta que la mencionada autoridad en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) tiene legitimación pasiva para restituir o cesar la vulneración de derechos al asumir representación de la entidad accionada. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que lo denunciando como acto vulnerador en la presente acción tutelar es la emisión del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021, a través del cual, Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. de dicha institución -ahora coaccionado-, agradeció los servicios del hoy peticionante de tutela; a partir de lo cual el precitado también ostenta la legitimación pasiva en la presente causa, al haber intervenido en la emisión del acto presuntamente lesivo a los derechos del accionante. Efectuada dicha aclaración, sobre la primera problemática planteada relativa a la vulneración de los derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a la vida, a la salud, a la seguridad social y a la maternidad segura, vinculada “…al derecho a la atención médica pronta y oportuna” (sic), en la documental descrita en las Conclusiones II.1 y II.6 del presente fallo constitucional, se evidencia lo siguiente: 1) La relación laboral entre el Consejo de la Magistratura y el impetrante de tutela, surgió a partir de la emisión del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.-0977/2018 de 27 de agosto, por el que, Vicente Remberto Cuellar Téllez, entonces Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, designó provisionalmente al impetrante de tutela en el cargo de Técnico IV, Auxiliar Inscriptor de DD.RR. del departamento de Tarija, con ítem 5139 y haber mensual de Bs4 083.-; y, 2) Posteriormente, a través de Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021, Manuel Limbert Rojas Cavero, Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura -ahora coaccionado-, agradeció los servicios del peticionante de tutela, del cargo que venía fungiendo; ello, indica el nombrado, a pesar de haber puesto en conocimiento, a través de nota presentada el 7 de octubre de 2021 ante la Representación Distrital de Tarija del Consejo de la Magistratura, su inamovilidad laboral por motivo de gestación de su esposa, la misma que se encuentra descrita en la Conclusión II.5. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Asimismo, es necesario remitirse al informe prestado por el Consejero y el Director Nacional de RR.HH., ambos del Consejo de la Magistratura -ahora accionados-, quienes de manera uniforme manifestaron que el nombramiento del accionante responde a una designación provisional de funciones, al no haber ingresado a la institución mediante un concurso de méritos y examen de competencia; por lo que, en esa calidad no sería beneficiado con la inamovilidad laboral en su condición de progenitor. Ahora bien, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, la garantía de inamovilidad laboral descrita en el art. 48.VI de la CPE, en favor de las mujeres embarazadas y los progenitores hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad consagrada tanto para el sector privado como para la administración pública; no es absoluta, pudiendo ser limitada conforme a la categorización de servidores públicos. Dentro de esta clasificación, se advierte que respecto a los servidores públicos provisorios, si bien son designados de manera directa sin que hubiesen sido sometidos a un proceso de contratación o institucionalización; en consecuencia, no gozan de estabilidad laboral; sin embargo, ocupan cargos pertenecientes a la carrera administrativa de forma provisional, por lo que en resguardo de los derechos de los menores de edad nacidos o por nacer se debe garantizar su inamovilidad laboral; es decir, la protección se extiende a las mujeres embarazadas y progenitores que tengan la calidad de servidores públicos provisorios hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; ello con la finalidad de lograr la materialización efectiva y expansiva de los derechos sociales, y el cumplimiento directo de lo previsto en el citado artículo, que se sustenta en el deber fundamental de la protección especial y reforzada del Estado a los sectores vulnerables, siendo el núcleo protectivo de la garantía de inamovilidad, el resguardo de la trabajadora en estado de gravidez y los derechos del ser en gestación hasta el cumplimiento de su primer año de edad, asegurando que se desarrolle durante esta etapa con estándares adecuados de bienestar; sin importar la modalidad a la que se encuentre sujeta la relación laboral, tomando en cuenta que dicho precepto constitucional no hace una diferencia sobre la calidad o forma de trabajo que tanto la madre o progenitor ostente o si están o no amparados por la Ley General del Trabajo, considerando el deber del Estado de garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, y de proteger el ejercicio del trabajo en todas sus formas, máxime cuando existe la prohibición de discriminación de la mujer embarazada y/o progenitor en la esfera del empleo, siendo las disposiciones sociales y laborales de cumplimiento obligatorio. Asimismo, es menester aclarar que la garantía de inamovilidad laboral, contenida en el precepto constitucional -art. 48.VI de la CPE- de aplicación directa, no se encuentra supeditada al cumplimiento de exigencias previas para su ejercicio, como el requisito formal de dar aviso al empleador del estado de gravidez o de la existencia del hijo o hija menor de un año antes de gozar de este derecho; aspecto que resulta irrelevante al estar frente a una necesidad prioritaria como es el de asegurar el derecho a la vida y a la salud de la madre y el menor (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2013 de 27 de junio, 1440/2013 de 19 de agosto, entre otras). En esa línea de razonamiento, también se debe tener presente que, en lo concerniente a los requisitos para beneficiarse con la garantía de inamovilidad laboral el DS 0012 prescribe la exigencia de presentación del certificado médico de embarazo extendido por el Ente Gestor de Salud o por los establecimientos públicos de salud; de manera que, al haberse acreditado este extremo por el accionante, entre otros documentos, por el certificado de atención prenatal de 7 de octubre de 2021, de la CNS de Tarija (Conclusión II.4) que constituye una entidad pública de salud, se concluye que, el nombrado cumplió con lo establecido en el referido Decreto Supremo. Por lo expuesto, se advierte que, con la extensión del Memorándum CM-DIR.NAL. RR.HH.- 1570/2021 de agradecimiento de servicios, el Consejo de la Magistratura efectivamente lesionó la garantía de inamovilidad laboral del accionante, en su condición de progenitor de un infante; cuando correspondía a la parte empleadora dar continuidad a la relación laboral, así como al cumplimiento de la prestación de asignaciones familiares y otros beneficios laborales conforme al ordenamiento jurídico hasta que su hijo cumpla un año de edad y con base al certificado de nacimiento del infante, hijo del impetrante de tutela, respecto de quien consta su nacimiento el 13 de febrero de 2022; en consecuencia, cumplió un año de edad el 13 de igual mes de 2023; sin embargo, el obrar en contrario, denota la arbitrariedad tanto del Director Nacional de RR.HH., así como de Marvin Arsenio Molina Casanova, Consejero, ambos del Consejo de la Magistratura -ahora accionados-, el primero al haber intervenido en la emisión del acto lesivo a los derechos del accionante; y el segundo al asumir representación de esa entidad, puesto que en su condición de MAE tiene la facultad de restituir o cesar la vulneración de derechos vulnerados; sin embargo, en su informe a la presente acción de defensa, éste de limitó tratar de justificar la desvinculación de la parte impetrante de tutela a su condición de servidor público provisorio, extremo que de modo alguno es justificable dada la protección que merecen los derechos de los servidores públicos progenitores hasta que su hijo cumpla un año de edad, así sean provisorios. De modo que, al haberse demostrado la vulneración de la garantía de inamovilidad laboral, y, por ende, el derecho al trabajo del peticionante de tutela, en conexitud a los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, y a la maternidad segura, lo que conlleva inexcusablemente asegurar la atención médica del binomio madre-hijo; corresponde conceder la protección impetrada respecto de los coaccionados nombrados. Alcance de tutela que no comprende al derecho a la estabilidad laboral, debido a que el accionante en su calidad de servidor público provisorio no goza del citado derecho, pues conforme se tiene de lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los servidores públicos provisorios tienen carácter provisional o temporal, puesto que su forma de ingreso a la institución no responde a un proceso de selección de personal, sino que se debe a la designación directa de la MAE. En el presente caso, el accionante fue designado de manera directa y de forma provisional por el entonces Director Nacional de RR.HH. del Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Pleno de dicha entidad, y no así por una convocatoria pública encaminada a la institucionalización del cargo; por lo tanto, no se le asiste el derecho a la estabilidad laboral, del cual gozan únicamente los funcionarios de carrera; por ende, amerita denegar la tutela respecto al citado derecho. En ese entendido y habiendo corroborado que el hijo del accionante, de acuerdo al certificado de nacimiento con data de nacido el 13 de febrero de 2022, cumplió un año de edad el 13 de febrero de 2023, no corresponde ordenar la reincorporación laboral del accionante. Sin embargo, habiéndose determinado que la desvinculación laboral fue ilegal y lesiva de derechos, amerita ordenar el pago de sueldos devengados, desde la fecha de desvinculación ilegal hasta la fecha en la que el niño, hijo del impetrante de tutela, cumplió un año de edad -13 de febrero de 2023- ello, con la finalidad de asegurar la protección efectiva y real del binomio madre e hijo. Similar razonamiento se asumió en la SCP 0821/2023-S3 -citada precedentemente-, con el siguiente sentido: “…es necesario precisar que en el presente caso, si bien la parte accionada se encuentra en la imposibilidad material de efectivizar la reincorporación laboral del accionante, debido a que al momento de la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional la hija del accionante ya cumplió un año de edad, no siendo posible disponer la reincorporación laboral del accionante; sin embargo, deberán pagar los sueldos que no fueron cancelados durante la indebida desvinculación hasta el cumplimiento del año de edad de su hija; asimismo, se deberá cancelar los subsidios de prenatalidad, natalidad y lactancia, con el objetivo de materializar el derecho a la seguridad social del binomio madre-hija…”. Dicha determinación, alcanza a la obligación de pago de las asignaciones familiares pendientes de pago, como parte del derecho a la seguridad social, hasta que el hijo del impetrante de tutela cumpla un año de edad, conforme a lo dispuesto en el DS 3546 de 1 de mayo de 2018.

Finalmente, en cuanto a la segunda problemática planteada respecto a la vulneración del derecho a la petición en razón de que no se hubiera dado respuesta formal y pronta a las notas presentadas por el accionante, y a través de las cuales solicitó su inamovilidad laboral en su condición de progenitor (Conclusiones II.5 y II.7); cabe precisar que, dada la forma de resolución expuesta precedentemente, la misma carece de relevancia constitucional; razón por la cual, corresponde denegar la tutela respecto a las actuaciones denunciadas contra José Luis López Ortega, ex Encargado Distrital; y, Martín Aníbal Solano Durán, ex Responsable de RR.HH., ambos de la Representación Distrital de Tarija, del Consejo de la Magistratura, ante quienes hubiera dirigido las referidas notas, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la cuestión planteada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2022 de 18 de mayo, cursante de fs. 84 a 90 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la garantía de inamovilidad laboral, el derecho al trabajo en conexitud a los derechos a la seguridad social, a la vida, a la salud, y a la maternidad segura del hijo del accionante, lo que conlleva inexcusablemente asegurar la atención médica del binomio madre-hijo, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional; disponiendo que el Consejo de la Magistratura, proceda al pago de los salarios devengados no percibidos desde la desvinculación laboral del accionante hasta el año de edad de su hijo, incluidas las asignaciones familiares que correspondan, como parte del derecho a la seguridad social, conforme a procedimiento; aclarándose que no procede su reincorporación a la función que se hallaba ejerciendo, debido a que su hijo ya cumplió un año de edad el 13 de febrero de 2023; y, 2° DENEGAR la tutela peticionada, en cuanto a los derechos a la estabilidad laboral y a la petición, por las razones expuestas en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2024-S2.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4a42b3c9b2c668b8d6e21eac3dff07f48d0c2aa1f863a01d46a1fa6ddbc26f0c

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