B.IA.LEGAL

SCP 0026/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 16 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
16 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
44009-2021-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante mediante su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso, falta de celeridad, seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza y Secretaria Abogada del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del Departamento de La Paz, habiendo elevado ante la autoridad superior las apelaciones formuladas contra las decisiones emitidas por ese despacho judicial respecto a la aplicación de medidas cautelares en su contra y en resolución del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa que ya fueron resueltas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no procedieron con el recojo de los cuadernos de apelación; por lo que, ante la acusación promovida por el Ministerio Público, el cuaderno procesal no puede ser saneado y menos remitido al Tribunal de Sentencia de turno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 24/2021 de 29 de octubre, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, DENEGAR, la tutela solicitada en los mismos términos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a enmarcar sus actuaciones en el marco del debido proceso y cumplir los plazos previstos en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional, sobre todo en aquellos casos que involucren a personas privadas de libertad. Notifíqueseles con el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de antecedentes remitidos en recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2023-S4 Sucre, 16 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 44009-2021-89-AL Departamento: La Paz En revisión a la Resolución 24/2021 de 29 de octubre, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Germán Sanca Llama contra Betty Mamani Aruquipa, Jueza; y, Bertha María Choque Condori, Secretaria, ambas del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de La Asunta del Departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de octubre de 2021, cursante de fs. 15 a 17, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como consecuencia del proceso penal seguido en su contra a instancias del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación seguido de asesinato, previsto y sancionado por los arts. 308 y 252.6 del Código Penal (CP), guarda detención preventiva desde abril de 2021 en el Centro Penitenciario de Qalahuma de La Paz. Ante su solicitud de cesación a la detención preventiva, la Jueza ahora demandada emitió la Resolución 51/2021 de 3 de marzo, rechazando la pretensión; decisión que fue apelada y remitida por la Secretaria del juzgado ahora codemandada a la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia del Departamento de La Paz, que mediante Resolución 502/2021 de 21 de septiembre, confirmó la decisión objetada; sin embargo, dicho cuaderno de apelación y su respectiva decisión no fueron recogidas por las hoy demandadas. Añadió además que la autoridad demandada, emitió también la Resolución 50/2021 de 26 de agosto, disponiendo el rechazo del incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto por su parte, legajo que de igual forma fue remitido por la Secretaría del Juzgado ante la Sala Penal Primera antes citada, instancia que mediante Resolución 386/2021 de 24 de septiembre, confirmó la Resolución apelada; sin embargo, y de igual forma que en el caso antes mencionado, el cuaderno de apelación y su respectiva decisión tampoco fueron recogidas por las hoy demandadas. Con esos antecedentes, la Jueza y la Secretaria demandadas, no cumplieron con sus funciones al no recoger de la Sala Penal Primera los cuadernos de apelación y sus respectivas resoluciones, siendo que las demandadas, teniendo conocimiento de la existencia de una acusación presentada por el Ministerio Público, por los delitos ya mencionados, recogiendo los cuadernos de apelación y saneando el proceso, debieron remitir obrados con todo saneado al Tribunal de Sentencia de turno, justificando su accionar omisivo de no recoger los legajos de apelación en las lluvias y la distancia existente entre el despacho judicial y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, poniendo de et forma en riesgo su procesamiento penal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerado

El accionante denunció la lesión del debido proceso, derecho a la libertad y de los principios de celeridad y seguridad jurídica, previstos en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la remisión de obrados al Tribunal de Sentencia de Caranavi, así como, los antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia el 29 de octubre de 2021, conforme consta en el acta cursante de fs. 24 a 25, presente el accionante y las demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, haciendo una relación de los hechos acontecidos, se ratificó en el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad y la servidora pública

Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz, mediante informe de 29 de octubre de 2021, cursante a fs. 21, señaló que la Secretaria, en cada oportunidad que sale a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se constituye a todas las salas penales a efectos de poder recoger las apelaciones pendientes, es así que en dos oportunidades se apersonó a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y que en una primera –no señala fecha– le indicaron que el expediente se encontraba aun en despacho, y cuando volvió el 11 de octubre de 2021 a la Sala Penal antes mencionada, le señalaron que el expediente se continuaba en el despacho de los Vocales, razón por la cual, no pudo recoger el legajo correspondiente. Bertha María Choque Mamani, Secretaria del referido Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, mediante informe de 29 de octubre de 2021, cursante a fs. 22; señaló que en todas las oportunidades que acude a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, se constituye a todas las Salas Penales a recoger las apelaciones; en el presente caso, se apersonó en dos oportunidades a la Sala Penal Primera del citado Tribunal Departamental, donde le informaron que el proceso se encontraba en despacho; por lo que, nuevamente se apersonó el 11 de octubre de 2021, cuando le refirieron de igual forma, que el expediente se encontraba en despacho de los Vocales de la referida Sala Penal, motivo que le impidió recoger dicha apelación, dejando constancia que tiene obligaciones que cumplir en sus funciones como Secretaria en la localidad de la Asunta que se encuentra a ocho horas de distancia de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; por lo que, es imposible poder trasladarse todos los días desde dicha localidad hasta la misma ciudad, además de que las condiciones climáticas de la temporada no le favorecían para dicho traslado continuo.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 24/2021 de 29 de octubre, cursante de fs. 26 a 28 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Referente a la Secretaria, se tiene que se hubiera apersonado en dos oportunidades a la Sala Penal Primera, a fin recoger la apelación, pero era informada que el legajo se encontraba en despacho, es así que el 11 de octubre de 2021, se apersonó nuevamente a dicha instancia, donde nuevamente le indicaron que el proceso se encontraba en despacho con un memorial presentado por la parte procesada; extremo que fue aclarado con relación a la distancia de la localidad La Asunta, provincia Sub Yungas que le imposibilita trasladarse todos los días a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz a recoger los legajos de apelación, en ese entendido, debe tomarse en cuenta que la funcionaria cumplió con haberse apersonado a la Sala Penal Primera a los fines de recabar la apelación; y, b) Con relación a la Jueza demandada, quien manifestó que tanto de su autoridad como de los funcionarios, es obligación cuando se trasladan a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, constituirse a las salas penales y a los juzgados, a fin de recoger los procesos, en el presente caso, tanto su persona como la Secretaria, se aproximaron en dos oportunidades a la sala Penal Primera a recoger dicha apelación, pero eran informadas que se encontraba en despacho, en ese sentido se considera que no existiría ningún acto vulneratorio al principio del debido proceso, en cuanto a la celeridad y prontitud.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. De la imputación formal presentada por Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia, se evidencia que German Sanca LLama –ahora accionante–, se encuentra sometido a proceso penal por la presunta comisión del delito de Violación seguido de Asesinato, por la cual Betty Mamani Aruquipa, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz –Jueza hoy demandada–, dispuso su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Calahuma, y que ante su solicitud de cesación a la detención preventiva fue rechazada por la citada autoridad mediante Resolución 51/2021, misma que mereció recurso de apelación (fs. 2 a 7). II.2. Cursa Resolución 502/2021 de 21 de septiembre emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la cual declaro admisible el recurso de apelación planteado por el ahora impetrante de tutela, declarando improcedente las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó la Resolución 51/2021 que dispuso su detención preventiva (fs. 8 a 10 vta.). II.3. Por Resolución 386/2021 de 24 de septiembre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación formulado contra la Resolución 50/2021 emitida por la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de la Asunta del departamento de La Paz, que rechazó el incidente de actividad procesal defectuosa formulado por Germán Sanca Llama, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmando en el fondo el fallo inferior cuestionado (fs. 11 a 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante mediante su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso, falta de celeridad, seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza y Secretaria Abogada del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del Departamento de La Paz, habiendo elevado ante la autoridad superior las apelaciones formuladas contra las decisiones emitidas por ese despacho judicial respecto a la aplicación de medidas cautelares en su contra y en resolución del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa que ya fueron resueltas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no procedieron con el recojo de los cuadernos de apelación; por lo que, ante la acusación promovida por el Ministerio Público, el cuaderno procesal no puede ser saneado y menos remitido al Tribunal de Sentencia de turno. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de antecedentes remitidos en recurso de apelación incidental de medidas cautelares

Sobre el particular, la SCP 1065/2022-S4 de 19 de agosto, efectuó el siguiente razonamiento: “Siguiendo el mismo criterio jurisprudencial la SCP 0502/2022-S4, de La SCP 0120/2018-S2 de 11 de abril, en el que refirió que: `… El art. 115.II de la CPE, establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilacionesʼ, así mismo el art. 178.I, del texto constitucional refiriéndose al principio de celeridad, considerando el carácter sumario y la finalidad que tiene esta acción, ha establecido que deben evitarse actos dilatorios en la tramitación de las acciones o recursos. En ese sentido, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser atendida con la mayor celeridad posible; pues de no hacerlo podría provocar una restricción injusta. Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, agregó que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…ʼ De igual forma se razono en sentido de que, debe imprimirse celeridad en la apelación de medidas cautelares:`…por la jurisprudencia constitucional, que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva…’, así lo estableció la SSCC 0304/2010-R de 7 de junio. Además, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, agregó que la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior de impugnación: `No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda. «Por lo que cuando se provoca una dilación injustificada en la remisión de la documentación requerida y en esta estaría comprometida la libertad de la persona, se entendería una violación al debido proceso» En esa línea la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al recurso de apelación incidental en medidas cautelares, ha efectuado una modulación, relativa al plazo que el Tribunal de alzada tiene, para devolver actuados al juzgado de origen y lo ha hecho de la siguiente manera. «Se debe señalar que el Código de Procedimiento Penal, respecto al examen de las medidas cautelares de carácter personal, prevé en su art. 251, modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), lo siguiente: ʼLa resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, interpuesto el recurso, el cuaderno procesal en sus partes pertinentes, serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior». Debiendo establecerse al respecto que el recurso de apelación establecido por el art. 251 del CPP modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la LSNSC, es un medio por el cual se aspire hacer que se revoque supuestas lesiones, en el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, el trámite establecido por la normativa es sumario. Sin embargo, dicho artículo, prevé expresamente los plazos en los cuales el juez a quo, debe remitir este recurso ante el Tribunal ad quem, el mismo que es de veinticuatro horas de recibida la apelación, estableciendo asimismo que el Tribunal ad quem, debe resolver la misma en el plazo de tres días. Sin embargo, dicho artículo, no señala el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez de origen; punto que fue analizado en la antes citada SSCC 0224/2004-R que establece la celeridad que debe existir en los proceso que involucren el derecho a la libertad de la personas, aspecto que debe ser modulado por la presente sentencia, ya que ante un vació legal, no se puede dejar en incertidumbre al imputado. (…) En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado acabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ʼresolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulteriorʼ, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante mediante su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso, falta de celeridad, seguridad jurídica; toda vez que, la Jueza y Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la Asunta del departamento de La Paz, habiendo elevado ante la autoridad superior las apelaciones formuladas contra las decisiones emitidas por ese despacho judicial respecto a la aplicación de medidas cautelares en su contra y en resolución del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa que ya fueron resueltas por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no procedieron con el recojo de los cuadernos de apelación; por lo que, ante la acusación promovida por el Ministerio Público, el cuaderno procesal no puede ser saneado y menos remitido al Tribunal de Sentencia de turno. De los antecedentes cursantes, se concluye que como consecuencia de la imputación formal presentada por Erica Marcelina Mamani Pilco, Fiscal de Materia, se evidencia que Germán Sanca LLama –ahora accionante–, se encuentra sometido a proceso penal por la presunta comisión del delito de Violación seguido de asesinato, previsto y sancionado por los arts. 308 y 252.6 del CP; proceso dentro del cual, se le impuso medida cautelar de detención preventiva, siendo que, ante solicitud de cesación formulado por el imputado, se dictó la Resolución 51/2021 de 3 de marzo, por la cual, la autoridad jurisdiccional, rechazó su pretensión, formulándose en consecuencia el recurso de apelación que fue conocido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 502/2021, que declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó el fallo confutado. Por otra parte y conforme se tiene anotado en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se advierte que el hoy accionante, dentro del mismo proceso, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, mereciendo la Resolución 50/2021 de 26 de agosto, por la que, la Jueza de la causa, lo rechazó, motivando la interposición del recurso de apelación que, habiendo sido radicado ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue absuelto mediante Resolución 386/2021 de 24 de septiembre, que declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas, en el fondo confirmó la decisión impugnada. En virtud de los antecedentes previamente glosados, compete ahora dilucidar si las lesiones denunciadas a través de la presente acción de libertad resultan ser evidentes o no a los fines de conceder o en su defecto, denegar la tutela impetrada. Así, en el caso que se analiza, el problema jurídico o hecho generador de las lesiones acusadas, se traduce en que las hoy demandadas no hubieran procedido al recojo diligente de los cuadernos de apelación a efectos de que, una vez saneado el proceso, la acusación presentada por el Ministerio Público, sea puesta a conocimiento de Tribunal de Sentencia de turno; sin embargo, en aplicación de la normativa y entendimientos señalados en el Fundamento Jurídico precedente, debe tenerse presente que, el art. 251 del adjetivo penal, en su primera parte prevé lo siguiente: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, interpuesto el recurso, el cuaderno procesal en sus partes pertinentes, serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas”; precepto legal que de manera clara y expresa determina que la única acción que le compete ejecutar en el plazo de veinticuatro horas al Juez de la causa así a su personal de apoyo jurisdiccional, en el caso de apelaciones incidentales sobre medidas cautelares, se reduce a la remisión de obrados ante el superior en grado; consecuentemente, el único acto con el que la autoridad jurisdiccional pudiera incurrir en dilación indebida, se restringe a la falta de envío de la apelación ante su superior; aspecto que de ninguna forma ha sido cuestionado en el presente caso, en el que –se reitera- se reclama que las hoy demandadas, luego de resueltos ambos recursos por la instancia superior, no hubieran recogido los cuadernos de apelación y sus respectivas resoluciones. Por otra parte, debe considerarse que si bien el art. 251 del CPP, en su parte final, dispone que: “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, sin prever el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez de origen, no menos evidente es que, en el contexto de la reiterada jurisprudencia constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, consecuentemente, en el caso de los Tribunales de apelación, en el marco del mandato contenido en el señalado art. 251 in fine y los entendimientos señalados en el Fundamento Jurídico que antecede, éstos resolverán el recurso sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior, debiendo, a la luz del principio de celeridad, en el marco del debido proceso y bajo prohibición de dilación, remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondientes al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinte cuatro horas. En este contexto, queda claro entonces que respecto a la tramitación de las apelaciones incidentales, las actuaciones de la autoridad a cargo del control jurisdiccional así como su personal de apoyo, se limita a la remisión del cuadernillo de apelación en el plazo de 24 horas (art. 251 del CPP) y no al recojo del cuaderno de apelación, cuando este recurso ha sido ya resuelto por la autoridad superior; esto, en razón a que, en el contexto jurisprudencial descrito en la SCP 1065/2022-S4, glosada en el párrafo precedente, la devolución del recurso de apelación y los actos que se generaron en su resolución, constituyen una actuación privativa y restringida del Tribunal ad quem y no una obligación del a quo; esto, al margen de que, conforme manifestaron las demandadas, existió de su parte la voluntad de proceder al recojo de los legajos de apelación y que pese a que en dos oportunidades se hicieron presentes ante la Sala Penal Primera con tal propósito, no lograron su cometido, debido a que en ambas ocasiones se les informó que el expediente aún se encontraba en el despacho de los Vocales. En este sentido, si bien habrá de denegarse la tutela solicitada al no ser evidente que las ahora demandadas hubieran incurrido en acción u omisión que ocasionara las lesiones que se reclaman, al tenerse advertido que la responsabilidad de la devolución del cuaderno de apelación le corresponde al Tribunal de alzada que no fue demandado en la presente acción tutelar y por ende carece de legitimación pasiva, no puede obviarse emitir pronunciamiento al respecto, debiendo exhortarse a estas autoridades a enmarcar sus actuaciones en el marco del debido proceso y cumplir los plazos previstos en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional, sobre todo en aquellos casos que involucren a personas privadas de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, realizó un correcto análisis de los antecedentes y de las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución 24/2021 de 29 de octubre, cursante de fs. 26 a 28 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, DENEGAR, la tutela solicitada en los mismos términos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a enmarcar sus actuaciones en el marco del debido proceso y cumplir los plazos previstos en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia constitucional, sobre todo en aquellos casos que involucren a personas privadas de libertad. Notifíqueseles con el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

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