Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente celeridad, a la educación, al desarrollo integral, a la vida y a la vejez digna de su progenitor; por cuanto, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, omitió pronunciarse respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada el 31 de octubre de 2022, tampoco dispuso dicha cesación pese a estar con esa medida cautelar más de los cuarenta y cinco días que establece el art. 291.I inc. c) del CNNA, sin que se haya emitido acusación fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-34/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad, exhortando a la autoridad demandada a que en el desarrollo de sus funciones garantice el cumplimiento de los plazos procesales, sobre todo cuando se halla involucrado el derecho a la libertad; 2° DENEGAR la tutela con respecto a los derechos a la educación y al desarrollo integral; así como, con relación a los del padre del accionante a la vida y a la vejez digna; y, 3° Llamar severamente la atención a la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, que actuó como Jueza de garantías, por lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo cumplir con los plazos procesales previstos para resolver acciones de defensa.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2023-S2 Sucre, 3 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 52771-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución AL-34/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Celso Condori Mamani en representación de AA contra María Amparo Lira Lino, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante de fs. 20 a 25 vta., el accionante a través de su representante expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por el presunto delito de abuso sexual, la Jueza demandada a través del Auto Interlocutorio 396/2022 de 13 de septiembre, determinó su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES); por ello, mediante memorial presentado el 31 de octubre de 2022, pidió cesación de la referida medida cautelar; sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar -8 de noviembre de 2022- no mereció respuesta alguna, habiendo transcurrido siete días desde la indicada solicitud. Por otro lado, esa petición la realizó con base en el art. 291.I inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el cual establece que en caso de no emitirse acusación fiscal en un máximo de cuarenta y cinco días, se debe proceder a la cesación de dicha medida extrema; en ese marco, tomando en cuenta que el indicado término se cumplió el 28 de octubre del citado año, se encuentra ilegalmente detenido por diez días, vulnerándose así sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente celeridad, vinculados a su educación y desarrollo integral; y en consecuencia, se hallan amenazados los derechos de su representante -su padre- a la integridad, a la vida y a una vejez digna; ya que, al ser adulto mayor y estar delicado de salud, su cuidado y alimentación dependen de su persona.
Denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente de celeridad, a la educación, al desarrollo integral, a la vida y a la vejez digna de su progenitor, citando al efecto los arts. 23.I, 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.2 y 3 y 8.2 incs. b), c) y d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la cesación de la detención preventiva o se ordene que de forma inmediata en el plazo de veinticuatro horas se resuelva dicha petición.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 35 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante y abogado, reiteró íntegramente los términos de la acción tutelar y ampliándolos manifestó que: a) La detención preventiva dispuesta, emergió del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra su sobrina; b) Sobre la solicitud de cesación de dicha medida extrema presentada, la autoridad jurisdiccional debe actuar de oficio; c) De acuerdo al art. 125 de la CPE, toda persona tiene derecho a la libertad y esta solo podrá ser restringida en los límites de la ley; en este caso, esa restricción es de cuarenta y cinco días (según lo previsto por el art.291.I inc. c) del CNNA), la cual fenecía el 28 de octubre de 2022, habiendo transcurrido diez días de detención ilegal, sin que se haya emitido una acusación, persistiendo esa situación a la fecha del verificativo de garantías; d) El 31 del indicado mes y año, solicitó audiencia de cesación de su detención preventiva, pese a que la norma no prevé la misma; sino que, la autoridad debe actuar de oficio y con celeridad en el juzgamiento de adolescentes, siendo innecesario abrir un debate oral, pues del expediente se pudo advertir que ya está más de cuarenta y cinco días en esa condición de detenido, sin acusación; e) Se está frente a la vulneración del derecho a la libertad en su vertiente celeridad por no haberse atendido la citada solicitud; y, f) Existiría prueba en contra suya, perjudicándolo en su educación.
María Amparo Lira Lino, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías argumentó que: 1) Es evidente que se presentó memorial solicitando la cesación de la medida cautelar que pesa contra el accionante y en ese orden fue señalada audiencia para el 10 de noviembre de 2022; 2) El impetrante de tutela tiene otro proceso por violación en el Juzgado a su cargo, donde también fue planteada una acción de libertad, cuyo verificativo se llevará a cabo el 10 de octubre de ese año a horas 9:30 en el “…Juzgado de Sentencia Penal Octavo…” (sic), estando notificado el peticionante de tutela con ambas audiencias de cesación, no siendo evidente que no existe ningún procedimiento; ya que, el art. 291 del CNNA establece el mismo; 3) El tiempo transcurrido no es excesivo y pese a tener muchas audiencias programadas, se priorizó los casos del aludido; 4) El Ministerio Público está ejerciendo su competencia para la investigación, pues el “viernes” realizó la prueba de Cámara Gesell y no se entiende la razón por la cual el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones del SEDEGES no hizo comparecer al adolescente para ello, ni siquiera se presentó su abogado para llevar a cabo ese actuado; todo ello, llevará a la Fiscal de Materia a efectuar una conclusión en el proceso; sin embargo, pero de ninguna manera se puede sostener que el accionante se halla detenido ilegalmente; y, 5) En caso de que el solicitante de tutela haya sido ilegalmente imputado, se podrá advertir ello en las conclusiones de la investigación; empero, su persona no puede anticipar criterio alguno al respecto.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución AL-34/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Es evidente que mediante memorial de 31 de octubre de 2022, el accionante solicitó la cesación de la detención preventiva al amparo del art. 291.I incs. a) y c) del CNNA, el cual, según lo expresado en la audiencia de consideración de esta acción de defensa, la autoridad demandada dio respuesta al mismo, señalando verificativo para resolver la indicada solicitud el 10 de noviembre de igual año a horas 9:00; ii) No corresponde que por el solo transcurso del tiempo, sin ningún trámite se tenga que otorgar la libertad del detenido preventivo, tampoco de oficio como pretende el impetrante de tutela; sino que, dicha situación se debe resolver en una audiencia pública a efectos de dar cumplimiento al art. 291.II del CNNA, que establece, vencido el plazo de cuarenta y cinco o noventa días, se aplicarán otras medidas previstas en dicho Código; en ese marco, no es evidente que la autoridad demandada no hubiera otorgado la libertad del peticionante de tutela, sino que precisamente en cumplimiento de la norma, fijó audiencia para su consideración para el 10 de noviembre de 2022 a horas 9:00; es decir, que dicha autoridad dio respuesta a la solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada por el prenombrado, en un plazo razonable, considerando que no se tenían actividades el 2 de noviembre del referido año, por el feriado nacional de Todos los Santos, ni el 5 y 6 de ese mes y año, señalamiento de audiencia con el que estarían notificados los sujetos procesales; iii) El solicitante de tutela no se encontraría con detención ilegal por diez días; ya que, su detención fue dispuesta por autoridad competente, mediante Auto Interlocutorio 396/2022; iv) Frente a los derechos del accionante y los de su representante -su padre- están los de la víctima de abuso sexual que tiene siete años de edad; por lo que, en mérito a un enfoque interseccional, goza de los estándares jurisprudenciales más altos; y, v) No se evidenció la vulneración del principio de celeridad, ni de la libertad del peticionante de tutela, tampoco el de la vida de su progenitor; puesto que, además de no haberse demostrado que el adolescente sea la única persona que cuide a su padre, es obligación de todos los hijos dicho cuidado, siendo ese y el derecho a la educación argumentos para una audiencia de cesación de la detención preventiva y no para una de acción de libertad, donde no está involucrado el derecho a la libertad del progenitor, sino del hijo.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 43 a 48, se dispuso la priorización en el sorteo de casos que involucra la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta cédula de identidad del menor AA -accionante-, nacido el 17 de abril de 2005, expedida el 11 de marzo de 2022 (fs. 3). II.2. Mediante Auto Interlocutorio 396/2022 de 13 de septiembre, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz -demandada-, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones del SEDEGES, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, contando a la fecha de detención con diecisiete años de edad (fs. 16 a 18). II.3. A través de memorial presentado el 31 de octubre de 2022, ante el citado Juzgado, el peticionante de tutela solicitó cesación de su detención preventiva, impetrando medidas menos atentatorias a sus derechos, sea en el plazo de veinticuatro horas; toda vez que, ya llevaba cuarenta y siete días detenido (fs. 19 y vta.).
II.4. De acuerdo al reporte computarizado del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), la presente acción de libertad fue interpuesta el 8 de noviembre de 2022 a horas 16:56 (fs. 1). II.5. Cursa acta de notificación emitida por el Oficial de Diligencias del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, donde consta que Jeral Redy Quisbert López -abogado del imputado-, fue notificado con fs. “47 a fs. 49”, el 9 de noviembre de 2022, a horas 8:42 (fs. 31). II.6. De acuerdo a la diligencia de notificación suscrita por el Gestor de la Oficina Gestora de Procesos de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la Jueza demandada fue notificada con esta acción de libertad el 9 de noviembre de 2022 a horas 11:07 (fs. 28).
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente celeridad, a la educación, al desarrollo integral, a la vida y a la vejez digna de su progenitor; por cuanto, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, omitió pronunciarse respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada el 31 de octubre de 2022, tampoco dispuso dicha cesación pese a estar con esa medida cautelar más de los cuarenta y cinco días que establece el art. 291.I inc. c) del CNNA, sin que se haya emitido acusación fiscal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Antes de citar el desarrollo jurisprudencial sobre la acción de libertad en su modalidad enunciada, corresponde enmarcarse en el art. 115 de la CPE que establece: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, el art. 178.I de la Norma Suprema dispone: “…La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad…” (énfasis agregado). Al efecto, también es pertinente citar el art. 180.I de la Ley Fundamental, que dispone: “…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez” (resaltado nuestro). Entonces, tomando en cuenta las directrices constitucionales de prontitud y oportunidad con la que las autoridades jurisdiccionales deben actuar; así como, las de celeridad e inmediatez que deben ejercerse en la jurisdicción ordinaria, se pasa a citar la SC 0044/2010-R de 20 de abril, a su vez contenida en la SCP 1399/2022-S2 de 17 de octubre, que explicó el alcance de la ahora acción de libertad de pronto despacho, cuya vocación es la de resolver las quejas por demoras indebidas en la atención de las peticiones de privados de libertad relacionadas a este derecho, señalando: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (el subrayado fue agregado).
El art. 60 de la CPE establece: “…Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. En ese marco, la SCP 0125/2017-S1 de 9 de marzo, citada a su vez por la SCP 0786/2022-S2, concluyó: “…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina, así como en a Opinión Consultiva sobre la situación jurídica y derechos humanos del niño” (las negrillas fueron aumentadas).
El art. 291 del CNNA prevé: “I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos:
a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida;
b) Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga;
c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y d) Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código”.
La SCP 0371/2019-S2 de 14 de junio, resolvió una acción de libertad planteada por un menor aplicando un entendimiento desarrollado por este Tribunal con respecto a la celeridad con la que se debían atender las solicitudes vinculadas a la libertad de aquellos privados de dicho derecho en el marco del Código de Procedimiento Penal, señalando que: “De lo transcrito, se advierte que si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó establecido que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud” (las negrillas corresponden al texto original).
De la revisión de la jurisprudencia se advierte que la SCP 0366/2022-S3 de 28 de abril, razonó que: “En ese marco, se concluye que conforme a las normas citadas y tomando en cuenta los principios de celeridad y el interés superior del menor, ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno o varios menores de edad infractores, enmarcada en el art. 291 del CNNA, se debe señalar día y hora para su consideración de audiencia en el término de veinticuatro horas, según el procedimiento establecido en el art. 239 del CPP; es decir, que realizando una diferenciación desglosada del art. 291 del CNNA, en dichos casos se aplicará de la siguiente manera:
a) Ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrado uno o varios menores de edad, en el caso del inciso a) del parágrafo I del art. 291 del CNNA, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; y, b) Ante una solicitud de cesación a la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno a varios menores de edad en los casos de los incisos b), c) y d), del parágrafo I del art. 291 del CNNA la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos” (las negrillas son añadidas). Asimismo, de acuerdo a los arts. 197 y 292.I del CNNA, respectivamente se tiene lo siguiente: “…Salvo disposición contraria, los plazos procesales establecidos en el presente Código se computan en días hábiles” y “…Los plazos son improrrogables y perentorios, corren al día hábil siguiente de practicada la notificación y vencen el último día hábil señalado”. Finalmente, se advierte que existe jurisprudencia constitucional que ha interpretado que la cesación de la detención preventiva para el caso del art. 291.I inc. c) del CNNA debía ser previa audiencia judicial, así se puede advertir de lo establecido por la SCP 0540/2019-S2 de 15 de julio, que señaló: “Conforme a ello, no le corresponde a la autoridad judicial conminar al Ministerio Público para que cumpla con su obligación legal; pues, lo que la norma establece es que el juez en el cumplimiento de su obligación de controlar los plazos debe verificar si los cuarenta y cinco días de detención preventiva (en caso de tratarse de un solo imputado), sin que exista requerimiento acusatorio, caso en el que la autoridad judicial precautelando los derechos del adolescente imputado, vinculados al mandato de la excepcionalidad de la detención preventiva y el plazo breve de su duración, debe dar aplicación a lo dispuesto en el art. 291.I inc. c) del CNNA; es decir, que como resultado del control de los plazos de la investigación y de la detención preventiva, de oficio debe señalar audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva. En el caso, la Jueza demandada no cumplió con su obligación legal, pues advertida de que la privación de libertad del adolescente imputado, superó los cuarenta y cinco días, sin que el Ministerio Público hubiera presentado su requerimiento acusatorio, debió señalar de oficio y de manera inmediata día y hora para la consideración de la cesación de la detención preventiva, al amparo de la previsión contenida en el art. 291.I inc. c) del CNNA; al contrario, la jueza demandada solo dilató indebidamente el trámite al realizar conminatorias que no correspondían, en vez de señalar de oficio la audiencia de cesación de la detención preventiva; la cual no señaló; posteriormente la madre del adolescente solicitó la cesación de la detención preventiva, y esa solicitud tampoco la resolvió hasta la interposición de la presente acción” (las negrillas fueron añadidas). No obstante ello, se puede entender que la SCP 0366/2022-S3 agiliza el trámite para resolver la causal de cesación de detención preventiva del art. 291.I inc. c) del CNNA, al no prever el señalamiento de una audiencia para ello, haciendo el trámite procesal más expedito, beneficiando así a las partes procesales y al proceso en general en sí; consiguientemente, en concordancia con el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se supera dicha SCP 0540/2019-S2 en lo referido precedentemente, dando vigencia a la indicada SCP 0366/2022-S3.
El accionante a través de si representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su vertiente celeridad, a la educación, al desarrollo integral, a la vida y a la vejez digna de su progenitor; por cuanto, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de El Alto del departamento de La Paz, omitió pronunciarse respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva, presentada el 31 de octubre de 2022; tampoco dispuso dicha cesación pese a estar con esa medida cautelar más de los cuarenta y cinco días que establece el art. 291.I inc. c) del CNNA, sin que se haya emitido auto de acusación fiscal. Establecido el planteamiento del problema, se pasa a contextualizar el mismo, teniéndose que el accionante nació el 17 de abril de 2005; por lo que, al momento de la presunta comisión del hecho que se le endilgó -20 de marzo de 2021-, tenía quince años y casi once meses de edad; es decir, era menor de edad (Conclusión II.1). También es evidente que la Jueza demandada emitió el Auto Interlocutorio 396/2022 de 13 de septiembre, mediante el cual dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones del SEDEGES, por la presunta comisión del delito de abuso sexual contra su sobrina, una menor de siete años de edad (Conclusión II.2).
Asimismo, se tiene que el 31 de octubre de 2022, el peticionante de tutela solicitó cesación de la detención preventiva con el argumento de que ya se hallaba cuarenta y siete días cumpliendo la referida medida cautelar, sin que exista acusación fiscal, basando su petición en lo previsto por el art. 291.I inc. c) del CNNA, el cual establece que: “I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos: (…) c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente…”. Posteriormente, al no tener conocimiento de la resolución de su solicitud, el 8 de noviembre de 2022, planteó el presente mecanismo de defensa (Conclusión II.4); al día siguiente, es decir, el 9 de igual mes y año a horas 8:42, siendo a través de su abogado, notificado con fs. “47 a fs. 49” (Conclusión II.5); aduciendo al respecto la autoridad demandada que de esa forma se hizo conocer al menor de edad el señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva que estaba programada para el 10 de idéntico mes y año a horas 9:30. Ahora bien, de acuerdo a la SCP 0366/2022-S3, citada en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, se tiene que la cesación de la detención preventiva solicitada en el marco del art. 291.I inc. c) del CNNA debe tramitarse corriendo en traslado a la parte contraria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, para contestarla en el máximo de cuarenta y ocho horas; con o sin contestación, se dictará la respectiva resolución; sin embargo, la mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional fue notificada a las partes correspondientes del proceso el 29 de noviembre de 2022, según el sistema computarizado de este Tribunal; por lo que, tomando en cuenta que los hechos ahora denunciados de ilegales tuvieron lugar desde el 31 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2022, el acatamiento de dicha Sentencia no puede ser exigido a la autoridad demandada, pues la misma no era de conocimiento público aún. Por su parte, la SCP 0371/2019-S2 (citada en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional era la vigente al momento de los hechos ahora cuestionados; no obstante ello, ambas Sentencias Constitucionales Plurinacionales establecen el mismo plazo para emitir la resolución de cesación de la detención preventiva en casos de menores infractores; es decir, cinco días hábiles; ya que, de la suma de las veinticuatro horas para correr traslado la petición, a las cuarenta y ocho horas para esperar la respuesta y otras cuarenta y ocho horas más para emitir una decisión judicial, se alcanza a cinco días hábiles.
Hecha esa aclaración, se advierte que la autoridad demandada tenía un plazo de cinco días hábiles para emitir su decisión, computables desde el día siguiente hábil de su planteamiento. En el presente caso, la solicitud de dicha audiencia fue planteada el 31 de octubre de 2022 -lunes-, habiendo sido programada para el 10 de noviembre de ese año -jueves-; por lo que, descontando el feriado del 2 de igual mes y año -miércoles-; así como, el 5 y 6 de dicho mes y año -sábado y domingo-, por ser días inhábiles, se evidencia que la Jueza demandada señaló dicho verificativo fuera del indicado plazo de cinco días, previsto en la jurisprudencia para ello, debiendo haberse llevado a cabo el referido acto procesal hasta el 8 de noviembre de 2022 y no el 10 del señalado mes y año, habiendo superado el indicado plazo por dos días. En ese orden, la solicitud del accionante no fue atendida con la celeridad exigida por la Constitución Política del Estado, a través de sus arts. 115, 178.I y 180.I, citados en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, los cuales indican claramente la forma en la que las autoridades jurisdiccionales deben llevar a cabo los procesos en general y más aún aquellas causas donde se trastoca el derecho a la libertad de las personas; situación que, ya fue ampliamente analizada por este Tribunal a través de su reiterada y contundente jurisprudencia emitida a tiempo de desarrollar el alcance de la acción de libertad de pronto despacho, como se advierte del indicado Fundamento Jurídico. En dicho marco, la autoridad demandada vulneró los derechos a la libertad y al debido proceso del impetrante de tutela, por demorar la tramitación de su petición de cesación de la detención preventiva, incurriendo en una dilación ilegal de dos días, desoyendo así el principio de celeridad que rige los trámites de privados de libertad, para que la misma no se vea más afectada ni esté al margen de la norma; consiguientemente, tampoco dio aplicación al principio de interés superior del menor, cuyo desarrollo se citó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que claramente ordena la prioridad con la que se deben resolver los procesos en los que se vea inmersos menores de edad, entendiendo que al existir un plazo de procedimiento, el mismo no puede ser dejado de lado. Consecuentemente, constatada la demora con la que actuó la autoridad demandada, corresponde conceder la tutela por vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad, activándose para ello la protección de la acción de libertad de pronto despacho. Es menester consignar que si bien, se advirtió que la Jueza demandada ya señaló la extrañada audiencia de cesación de la detención preventiva para el 10 de noviembre de 2022, ello no impide a este Tribunal resolver la presente problemática, la cual se circunscribe a la constatada demora en la atención de solicitud de dicha cesación.
Por otro lado, el impetrante de tutela también solicitó que se disponga la cesación de la detención preventiva; ya que, el plazo de cuarenta y cinco días, previsto en el art. 291.I inc. c) del CNNA, había vencido; empero, la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, contemplaba la necesidad de que se lleve a cabo una audiencia al efecto, entonces, en armonía con dicha interpretación de la práctica procesal, correspondía seguirla, como lo hizo la Jueza demandada; por lo que, se debe denegar la tutela al respecto; ya que, en ese marco, la aludida petición del accionante no es correcta, debiendo haberse llevado a cabo una audiencia al efecto; por lo que, en ese sentido, la autoridad demandada actuó de acuerdo a derecho. Cabe aclarar que la SCP 0366/2022-S3, vigente de forma posterior a la actuación de la Jueza demandada, recién estableció que la solicitud de cesación de la detención preventiva basada en el art. 291.I inc. c) del CNNA se resuelva sin previa audiencia; sin embargo, como ya se señaló, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional no le es exigible a la aludida autoridad, quien actuó en vigencia de la jurisprudencia que preveía la necesidad de una audiencia al efecto (como se citó en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional), entonces, no se le puede reprochar a la indicada Jueza el hecho de haber señalado audiencia a los fines indicados. Por otro lado, el peticionante de tutela también argumentó la vulneración de los derechos a la educación y desarrollo integral; sin embargo, se entiende que eso solo sucedería si la detención preventiva hubiera sido ilegalmente dispuesta y el lapso de la misma habría sido determinante para impedirle concluir el colegio o desarrollar áreas de su personalidad; extremo que en el caso no aconteció, cuestionándose un aspecto posterior; consiguientemente, corresponde denegar la tutela por dichos derechos. Finalmente, el representante y padre del accionante también denuncia la vulneración de derechos propios, a la vida y a la vejez, indicando que es adulto mayor; sin embargo, la presente demanda tiene como impetrante de tutela a su hijo menor de edad; por lo que, no corresponde atender aspectos que no le afecten a este, siendo lo correcto denegar la tutela por los citados derechos del aludido representante.
Por último, tomando en cuenta que el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), señala que: “…La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución…”, de obrados se pudo advertir que la Jueza de garantías no remitió a este Tribunal la presente acción de libertad en el plazo establecido, sino lo hizo el 30 de diciembre de 2022 -de acuerdo a sello que indica la fecha de recojo del expediente para su posterior remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional-; es decir, aproximadamente dos meses desde que se dictó la Resolución AL-34/2022 de 9 de noviembre, advirtiéndose una demora excesiva y sin ningún justificativo legal para ello; consiguientemente, corresponde llamar severamente la atención a dicha autoridad, exigiéndose que cumpla con los plazos procesales de manera estricta; ya que, con su actuar incurrió en mayores perjuicios a los ya denunciados por el accionante. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AL-34/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 36 a 39 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su componente celeridad, exhortando a la autoridad demandada a que en el desarrollo de sus funciones garantice el cumplimiento de los plazos procesales, sobre todo cuando se halla involucrado el derecho a la libertad; 2° DENEGAR la tutela con respecto a los derechos a la educación y al desarrollo integral; así como, con relación a los del padre del accionante a la vida y a la vejez digna; y, 3° Llamar severamente la atención a la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, que actuó como Jueza de garantías, por lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.7 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, debiendo cumplir con los plazos procesales previstos para resolver acciones de defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0026_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 52bbfab4b0d3717a68a6ccd2af67c182736568f5caf6ca3a94c6274d48432bb0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →