B.IA.LEGAL

SCP 0025/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 28 de enero de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
28 de enero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
70699-2025-142-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial”, a la propiedad privada y a la valoración de la prueba; puesto que, mediante Auto Definitivo 98/2024 de 29 de octubre, la Jueza ahora accionada, declaró probada la presunción de ganancialidad y determinó en equidad la división y partición del 50% de doscientos ochenta y uno cabezas de ganado con la ahora tercera interesada, contra esa determinación la nombrada solicitó complementación y enmienda; ante ello, se emitió el Auto Interlocutorio 406/2024 de 20 de noviembre, que complementó disponiendo que la división y partición del 50% del ganado vacuno debe ser de trescientos quince cabezas de ganado; empero, tal determinación no excluyó a las quinientas ocho cabezas de ganado que el hoy accionante reclama como un bien propio adquirido fuera de la comunidad ganancial; por lo que, solicita se deje sin efecto el citado Auto Definitivo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) De la jurisprudencia emitida en cuanto a la aplicación de la excepción a la subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad; 2) Valoración de la prueba es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria; 3) Parámetros para evaluar la fundamentación de resoluciones judiciales o administrativas; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2024 de 19 de diciembre, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la jurisprudencia emitida en cuanto a la aplicación de la excepción a la subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad
  2. III.2. Valoración de la prueba es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria
  3. III.3. Parámetros para evaluar la fundamentación de resoluciones judiciales o administrativas
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2026-S1 Sucre, 28 de enero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 70699-2025-142-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 105/2024 de 19 de diciembre, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Donald Velarde Richards contra Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 2 y 4 de diciembre de 2024, cursantes de fs. 5 a 16 vta.; y, 42 a 47, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso de divorcio en etapa de división y partición de bienes seguido por su persona contra Elisama Do Espíritu Santo -ahora tercera interesada-, proceso del cual emerge esta acción de defensa, mediante Auto Interlocutorio 406/2024 de 20 de noviembre, la Jueza ahora accionada ordenó la complementación y enmienda del Auto Definitivo 98/2024 de 29 de octubre, de manera que se proceda a la división y partición del 50% del ganado vacuno de trescientas quince cabezas entregadas a su persona y que debería dividir con la ahora tercera interesada la ganancialidad, cuando se determinó anteriormente en el referido Auto Definitivo, sean doscientas ocho cabezas de ganado, no salvando su derecho a las quinientas ocho cabezas de ganado por ser bienes propios y no gananciales. Por otro lado, disponiendo que el Director de la Policía Montada, estese a lo ordenado en el “punto 4”, el allanamiento y secuestro de ganado; empero, sin precisar marca ni especificar su propietario, tampoco ordenó la exclusión de sus bienes propios.

La Jueza ahora accionada en el Auto Definitivo 98/2024, refirió a un “INFORME” que indica que en tres vaqueas se encontraron doscientas ochenta y uno cabezas de ganado con su marca en el predio San Pedro, lugar donde juntaron y detallaron las edades y sexo de los semovientes; asimismo, Eusebio Apaza Mamani, funcionario policial, informó que se ingresó al predio de la familia Barba Zabala, que no era de mi propiedad, causando muchos atropellos contra los derechos protegidos constitucionalmente; de igual manera, acreditó su derecho propietario como bien propio del ganado, pidiendo la exclusión y devolución a su persona, así como también se deje sin efecto la marca “GP” por no estar dentro de los bienes gananciales. Ante los atropellos sufridos, se vió obligado a plantear una acción de amparo constitucional resuelta en su favor, disponiendo la devolución total de los semovientes, es decir de las quinientas ocho cabezas de ganado o semovientes, por ser bienes propios y no así gananciales, descartando cualquier resolución anterior de alguna autoridad, debiendo dejarse en claro que los “amparos” son vinculantes de cumplimiento obligatorio, dicha resolución fue puesta en conocimiento de la Jueza ahora accionada, emitiéndose en respuesta el Auto de 16 de mayo de 2024, que ordenó la devolución total de las quinientas ocho cabezas de ganado; empero, le nombra como depositario, privándole su derecho propietario, de igual manera dispone un periodo de diez días para -demostrar el derecho propietario-, la tercera interesada tuvo la osadía de contramarcar el ganado en el predio San Pedro cuando no eran bienes gananciales, a pesar de tener conocimiento de la resolución de la acción de defensa; asimismo, al no estar de acuerdo con el Auto Definitivo 98/2024 formuló recurso de apelación en el efecto suspensivo y contra el Auto Interlocutorio 406/2024, que complementó al citado Auto Definitivo, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación; sin embargo, a pesar de haber transcurrido siete días la Jueza ahora accionada no remitió dichos recursos ante la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial” y a la propiedad privada; asimismo, de la lectura del memorial de acción de amparo constitucional se entiende también a la valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 56 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que “…urgente Quede sin efecto el Auto Interlocutorio N° 98/2024 A, 29 de octubre del 2024 Y PROVEIDO de fecha 20 de noviembre de 2024, SUPUESTMENTE que debería proceder la división y partición del 50% del ganado vacuno de 315 cabezas entregados a mi persona y que debería dividir, con la Sra. Elisama Do Espíritu Santo de la ganancialidad , cuando anteriormente en su ANTERIORMENTE ordena sean (281) cabezas de ganado, y no Salva mis (508) cabezas de ganado por ser bien propio y no gananciales” (sic). Asimismo, en el Otrosí 3.- Pide como medida cautelar la notificación al Comando de la Policía Montada, para que ordene a los efectivos de dicha institución se abstengan de continuar realizando allanamiento y secuestro de su ganado en el fundo San Pedro. Se ordene a David Richards Aviará, se abstenga de utilizar los animales vender o permutar; ya que, son de su propiedad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 109 a 112 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo manifestó que: a) Sobre el recurso de reposición bajo alternativa de apelación al que se refirió la Jueza ahora accionada, en su momento la citada Jueza debió correr en traslado a la parte demandada; por ende, actuó de manera dolosa; a pesar de tener conocimiento de que el 9 de diciembre de -se entiende de 2024-ya ingresaban de vacaciones judiciales; b) Los actuados se remitan a segunda instancia; ya que, la Jueza ahora accionada, en el proceso actuó arbitrariamente, no puede seguir definiendo en primera instancia y no pueden seguir extrayendo ningún semoviente para el beneficio de la tercera interesada; y, c) Se restituyan las veintisiete cabezas de ganado, estableciendo que tampoco sean vendidas ni permutadas.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda del departamento de Beni, en audiencia manifestó que: 1) Dentro de la ejecución del proceso de división y partición de bienes gananciales, así como semovientes, conforme al Auto Interlocutorio 406/2024 contra el mismo se presentó recurso de reposición con alternativa de apelación en la cual existe la vía abierta en el proceso principal; 2) Bajo el principio de verdad material aún existe un “recurso” pendiente por resolver y enviar a la “sala Civil”; 3) Conforme al art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que “La acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo” al no estar dentro del principio de subsidiariedad determina que por la acción debió agotar los recursos en la jurisdicción ordinaria para luego recién interponer esta acción de defensa, el accionante no agotó los medios y mecanismos de defensa; y, 4) Se tiene recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual se corrió en traslado a la ahora tercera interesada, al estar la suscrita gozando de vacaciones judiciales, a su retornó resolverá y remitirá dicho recurso ante la “Sala Civil” conforme a ley. Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Elisama Do Espíritu Santo, mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2024, cursante de fs. 106 a 107 y en audiencia manifestó que: i) La Resolución 034/2024, emitida por la Sala Constitucional, en la anterior acción tutelar que interpuso el accionante, en ninguna de “sus partes” declaró que el ganado en conflicto sea considerado como bien propio, sino que más bien aclaró que simplemente se ordenó la devolución de todo el ganado secuestrado en cumplimiento al Auto Interlocutorio “24/2024” y el mandamiento de allanamiento de 28 de marzo de 2024 -emitido por la Jueza ahora accionada-, con intervención notarial, con la finalidad de verificar la cantidad de ganado; siendo que, la acción de amparo constitucional no puede sustituir a la justicia ordinaria y determinar si un bien es ganancial o propio; ii) El Auto Interlocutorio “150/2024”, donde se tomó la decisión en cuanto a la competencia de la justicia ordinaria, fue recurrido en apelación y se encuentra ante la instancia superior -no precisa cual- desde junio de 2024; iii) Sobre la venta irregular del ganado dejado en depósito, el cual fue intervenido en la “tranca” y depositado en el Centro de Remates Beni, el accionante desobedeció la orden del juez competente que le prohibía expresamente la disposición; a pesar de ello, procedió a vender incurriendo en los delitos de estelionato, obstrucción de la justicia y ejerciendo violencia económica contra la ahora tercera interesada; iv) A través de la guía de movimiento de ganado se acreditó la compra de ochocientos ochenta y uno cabezas de ganado durante el matrimonio, aspecto sobre el cual el accionante no se refirió; v) El Auto Definitivo 98/2024 fue recurrido en apelación por parte del accionante, lo que hace totalmente improcedente esta acción de defensa; vi) El accionante impugnó la terna de veterinarios admitiendo el curso del “incidente” que en la jurisdicción ordinaria determinaría la calidad de los bienes semovientes; vii) El informe policial de la última intervención demostró que solo se hubiesen encontrado cincuenta y cuatro de las trescientos quince cabezas de ganado dejadas en depósito; viii) Existen dos recursos de apelación pendientes de -resolución- y de acuerdo a lo establecido por los arts. 53 y 54 del -CPCo-, no fue superado el principio de subsidiariedad esto implica una improcedencia, de igual manera señaló que también hubiesen actos consentidos; ix) El “…auto motivo de la acción se refiere a las quinientas ocho cabezas cuya resolución 98/2024 del 29 de octubre del 24 ya definió que le restó credibilidad a dicha prueba y se basa…” (sic), en las ochocientos ochenta y uno cabezas de ganado vacuno acreditadas con pruebas fehacientes por su persona, los cuales estarían dentro de la unión conyugal libre y el matrimonio el accionante no se manifestó al respecto en el recurso de apelación; por lo que, tendría la calidad de cosa juzgada; y, x) Mediante esta acción tutelar el accionante pretende dejar sin efecto el Auto Definitivo 98/2024, donde la Jueza hoy accionada consideró todos los aspectos; por lo que, la vulneración del derecho al debido proceso por la vía de hecho judicial es irracional. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 105/2024 de 19 de diciembre, cursante de fs. 113 a 116 denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) En primera instancia tenemos que identificar que las vías de hecho resultan en las acciones, prescindiendo de toda formalidad legal, para un entendimiento más amplio es la justicia por mano propia o los avasallamientos; sin embargo, en ese caso la Sala Constitucional no encuentra coherencia ni mucho menos suficiente carga argumentativa para establecer la existencia de vías de hecho judicial tomando en cuenta que el Auto Interlocutorio 406/2024 y su decreto de 20 de noviembre de 2024, además de la complementación y enmienda el Auto Definitivo 98/2024 y demás actuados judiciales se efectuó dentro del proceso judicial ante la Jueza ahora accionada, que conforme establece la Constitución Política del Estado, Código de las Familias y su procedimiento y la Ley del Órgano Judicial, actuó con competencia y jurisdicción que la ley le otorga; por lo que, de ninguna manera se podría establecer la existencia de vías o medidas de hecho judicial como argumenta el accionante; b) Se tiene que establecer que no se puede ingresar a analizar la supuesta vulneración del derecho al debido proceso; debido a que, la acción de amparo constitucional esta revestida de dos características esenciales una de ellas que es la subsidiariedad y del memorial de subsanación esa Sala Constitucional pudo evidenciar que existe recurso pendiente de resolución, dicha situación impide que sus autoridades ingresen a analizar el caso; c) Bajo el manto de la subsidiariedad, la jurisdicción constitucional no puede ser considerada como una alternativa y de forma paralela acudir a la jurisdicción ordinaria; ya que, en el memorial de subsanación se indicó que existe una apelación contra el Auto Interlocutorio 98/2024 y en su petitorio el accionante pide que se ordene a la Jueza ahora accionada remitan al superior en grado el expediente y las apelaciones; por lo que, nos encontramos con actos propiamente de la jurisdicción ordinaria; y, d) La jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse dentro la jurisdicción ordinaria, menos aun cuando de por medio esta la obediencia al principio de subsidiariedad y respecto a la Resolución 034/2024 de la Sala Constitucional; por ello se debe tomar en cuenta que dicha determinación fue tomada con abstracción al principio de subsidiariedad ante la existencia demostrada ante esa Sala Constitucional, de forma documentada, de un daño irreparable ante la muerte de semovientes; por esa razón, en esa oportunidad se apertura la competencia de la jurisdicción constitucional para hacer una abstracción del principio de subsidiariedad, lo que no sucedió en ese caso por los argumentos que se expuso en el análisis del caso concreto respaldado por los fundamentos jurídicos de esa resolución.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por memorial presentado el 24 de marzo de 2025, cursante de fs. 122 a 126 vta., Donald Velarde Richards -accionante- solicitó anticipo de sorteo por ser una persona de la tercera edad; ante lo cual, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional mediante el Auto Constitucional (AC) 150/2025-CA/S de 9 de abril, cursante de fs. 131 a 134, dispuso ha lugar el adelanto de sorteo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Definitivo 98/2024 de 29 de octubre, Selva Bulhoson Andrade, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Beni -ahora accionada-, declaró probada la presunción de ganancialidad y determinó en equidad y bajo la presunción de ganancialidad que las doscientos ochenta y uno cabezas de ganado encontradas en la propiedad San Pedro son gananciales y por lo tanto partibles por igual 50% entre Donald Velarde Richards -hoy accionante-y Elisama Do Espíritu Santo -ahora tercera interesada-, debiendo dividirse por igual el ganado en función a la edad y sexo, al estar en posesión y cuidado del hato el accionante debe garantizar el 50% de la hoy tercera interesada, debiendo realizarse todas las vaqueas que sean pertinentes hasta agotar el ganado que se encuentre en la propiedad San Pedro de excederse el número de doscientos ochenta y uno cabezas de ganado el sobrante también debe ser dividido, para tal efecto se ordena que en el plazo de cinco días de emitido ese Auto Definitivo se inicien las vaqueas con presencia de efectivos de la Policía Montada, quienes al finalizar el acto deberán remitir un informe al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del referido departamento. Se aprobó el pedido de la hoy tercera interesada en sentido que la parte que le corresponde sea signada con la marca de David Richards Avira; asimismo, se le descontara la vaca que faeno en ocasión del allanamiento, intégrese a la división el ganado que se encuentra en el Centro de Remates Beni (fs. 26 a 30). II.2. Consta memorial presentado el 05 de noviembre de 2024, ante la Jueza hoy accionada, mediante el cual la ahora tercera interesada manifestando que de acuerdo al acta notarial presentado, de manera extemporánea por el accionante, en función a esa circunstancia, solicitó conforme a los principios de verdad material y no formalismo establecidos por el art. 220 inc c) y e) del -CFPF- se complemente el Auto Definitivo 98/2024, señalando que la división sea por trescientos quince cabezas de ganado, manteniendo incólume el resto de la decisión (fs. 23 y vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 13 de noviembre de 2024, ante la Jueza hoy accionada por el cual el accionante planteó recurso de apelación en el efecto suspensivo contra el Auto Definitivo 98/2024, solicitando se modifique por no existir una correcta apreciación de los antecedentes en obrados y se ordene la entrega de sus pariciones correspondientes a las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024 (fs. 33 a 36 vta.). II.4. Por Auto Interlocutorio 406/2024 de 20 de noviembre, la Jueza ahora accionada, procedió a la complementación y enmienda del Auto Definitivo 98/2024 que deberá procederse a la división y partición del 50% del ganado vacuno de trescientos quince cabezas de ganado entregados al accionante con quien deberá dividir en partes iguales con la ahora tercera interesada la división y partición de la ganancialidad de los semovientes de conformidad a los arts. 362.III y 413.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). En cuanto a la venta de ganado en el remate al confirmar las irregularidades se salva la vía civil y penal para proceder conforme a ley (fs. 20 y vta.). II.5. Consta decreto de 20 de noviembre de 2024, mediante el cual la Jueza ahora accionada, otorgó nuevo plazo para el cumplimiento de la “Resolución” y complementación con presencia de la Policía Montada (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial”, a la propiedad privada y a la valoración de la prueba; puesto que, mediante Auto Definitivo 98/2024 de 29 de octubre, la Jueza ahora accionada, declaró probada la presunción de ganancialidad y determinó en equidad la división y partición del 50% de doscientos ochenta y uno cabezas de ganado con la ahora tercera interesada, contra esa determinación la nombrada solicitó complementación y enmienda; ante ello, se emitió el Auto Interlocutorio 406/2024 de 20 de noviembre, que complementó disponiendo que la división y partición del 50% del ganado vacuno debe ser de trescientos quince cabezas de ganado; empero, tal determinación no excluyó a las quinientas ocho cabezas de ganado que el hoy accionante reclama como un bien propio adquirido fuera de la comunidad ganancial; por lo que, solicita se deje sin efecto el citado Auto Definitivo. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) De la jurisprudencia emitida en cuanto a la aplicación de la excepción a la subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad; 2) Valoración de la prueba es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria; 3) Parámetros para evaluar la fundamentación de resoluciones judiciales o administrativas; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. De la jurisprudencia emitida en cuanto a la aplicación de la excepción a la subsidiariedad por pertenecer a la tercera edad

La SCP 0638/2023-S3 de 22 de junio, reiterando el entendimiento del AC 0243/2013-RCA de 5 de noviembre, establece que: “Si bien es cierto que el art. 129 de la CPE, establece el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisprudencia constitucional estipuló algunas subreglas, entre ellas, aquellos casos en los que se encuentran involucrados grupos vulnerables. Así a través, de la SCP 0055/2013 de 11 de enero, relativa a la excepción de subsidiariedad en personas de la tercera edad, que a la letra reza: No obstante lo explicado, es importante destacar que vía jurisprudencial, de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad.

(…)

‘En ese sentido, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos protegidos exige, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección…”’

Asimismo, el AC 0295/2017-RCA de 18 de agosto, estableció que: “El accionante argumenta que: (…) 3) Conforme a la SCP 0055/2013 de 11 de enero, no es necesario el agotamiento de las vías judiciales que vayan a llegar a causar una retardación en la protección inmediata de los derechos humanos, más cuando es de la tercera edad y padece de varias enfermedades que pone su vida en peligro; y, 4) De acuerdo a la doctrina constitucional, el principio de favorabilidad debe ser considerado por su estado de salud y la situación de la persona de la tercera edad, disponiendo admitir la presente acción tutelar” (las negrillas son nuestras).

III.2. Valoración de la prueba es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria

La SCP 0912/2025-S1 de 5 de agosto, señala que: «El Tribunal Constitucional a través de la SC 0886/2011-R de 6 de junio, determinó respecto a la valoración de la prueba, que: “…esta jurisdicción de manera reiterada y constante, expresó que la valoración de la prueba, es atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria, concerniéndole excepcionalmente a la jurisdicción constitucional revisar si dicha labor se enmarcó en los principios que la regula, así como los de razonabilidad y equidad, mas no efectuarla; así lo determinó este Tribunal a través de su jurisprudencia, como la SC 1926/2010-R de 25 de octubre, al expresar: ‘…la valoración de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicción y competencia en cada caso concreto, en ese sentido, debe señalarse que en relación a los roles propios de la función ejercida por los jueces y tribunales, el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: i) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; ii) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad. Entonces, siguiendo el razonamiento plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R, entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados; en ese contexto, debe determinarse que el análisis de una valoración probatoria por parte del órgano contralor de constitucionalidad sin cumplir las subreglas desarrolladas supra, generaría una disfunción tal que convertiría a este Tribunal en una instancia casacional o de revisión ordinaria, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional. En este contexto, a la luz de un debido proceso, en el marco de los roles del control de constitucionalidad y de acuerdo a la problemática concreta, se establece que solamente ante la celosa observancia de las subreglas anotadas precedentemente, se abriría la competencia del órgano contralor de constitucionalidad...’;

entendimiento que es aplicable también a la labor de ponderación de elementos de convicción que realiza el Ministerio Público a momento de asumir determinaciones de sobreseimiento”» (las negrillas son nuestras).

III.3. Parámetros para evaluar la fundamentación de resoluciones judiciales o administrativas

La SCP 1208/2022-S3 de 15 de septiembre, reiterando el razonamiento de la SCP 2199/2013 de 16 de diciembre, establece que: «Partiendo de que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o el derecho a una resolución motivada, se encuentra cimentado en la propia finalidad de la decisión que, siendo sometida a control permitirá verificar el respeto al orden jurídico y su eficacia en la resolución de conflicto, la SCP 0100/2013 de 17 de enero, estableció ciertos parámetros contrastables que determinan la existencia o no de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas; así, deberá observarse si en el fallo proferido existe: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad.

En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: el principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.

La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: ‘Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…’. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE). 2) Lograr el convencimiento, de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia.

Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:

a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o ‘Estado bajo el régimen de derecho’ con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de ‘Estado Constitucional de Derecho’, cuya base ideológica es ‘un gobierno de leyes y no de hombres’, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado ‘Estado bajo el régimen de la fuerza’.

En ese sentido, Pedro Talavera señala: ‘la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen’. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno sostiene: ‘La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico.

Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente’.

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘insuficiente’.

b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‵decisión sin motivación′, debido a que ‵decidir no es motivar′. La ‵justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]′.

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ‘Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales’.

En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado’.

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.

Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta, ‘motivación arbitraria’, o en su caso, ‘motivación insuficiente’, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.

Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación. El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: (SC 1312/2003-R, respecto al proceso como unidad); (SC 1009/20003-R, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R; y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa (SC 1797/2003-R, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto).

La SC 0112/2010-R de 10 de mayo, señaló: ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución dictaminando una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de dilucidar los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió y al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia y finalmente, la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. Así la SC 1365/2005-R de 31 de octubre entre otras’.

3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión-judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión.

Entonces, la ‘decisión sin motivación’, además de lesionar el derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). La SCP 0140/2012 de 9 de mayo, recogiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, -que forma parte del bloque de constitucionalidad según la SC 0110/2010-R de 10 de mayo-, citó el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica (Sentencia de 2 de julio de 2004, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) que precisó el alcance del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Luego, incluso vinculó la vulneración del derecho de recurrir ante un tribunal superior con la vulneración del derecho a la defensa. Dijo: ‘En efecto si se analiza la fase de impugnación del proceso disciplinario en sede administrativa, es posible concluir que sólo puede predicarse la eficacia material del derecho a la defensa (art. 115.II de la CPE y 8.2 inc. f) de la CADH) cuando se otorga a las servidoras y servidores públicos la oportunidad de ejercer un otro derecho fundamental, este es: el derecho a la doble instancia o de recurrir ante un tribunal superior art. 8.2 inc. h) de la CADH…’. La verificación de la inobservancia de esta finalidad, es competencia en primer término de las autoridades judiciales ordinarias o administrativas, encargadas de materializar el derecho de recurrir ante un tribunal superior y en caso de persistir, de la justicia constitucional, que deberá ser evaluada en cada caso concreto.

4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución, debido a que ‘…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales’, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), precisa: ‘Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley’. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: ‘Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley’. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc., a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este ‘…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...’. A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento”»

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial”, a la propiedad privada y a la valoración de la prueba; puesto que, mediante Auto Definitivo 98/2024 de 29 de octubre, la Jueza ahora accionada, declaró probada la presunción de ganancialidad y determinó en equidad la división y partición del 50% de doscientos ochenta y uno cabezas de ganado con la ahora tercera interesada, contra esa determinación la nombrada solicitó complementación y enmienda; ante ello, se emitió el Auto Interlocutorio 406/2024 de 20 de noviembre, que complementó disponiendo que la división y partición del 50% del ganado vacuno debe ser de trescientos quince cabezas de ganado; empero, tal determinación no excluyó a las quinientas ocho cabezas de ganado que el hoy accionante reclama como un bien propio adquirido fuera de la comunidad ganancial; por lo que, solicita se deje sin efecto el citado Auto Definitivo. De la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno procesal se tiene el Auto Definitivo 98/2024, emitido por la Jueza ahora accionada, que declaró probada la presunción de ganancialidad y determinó en equidad y bajo la presunción de ganancialidad que las doscientos ochenta y uno cabezas de ganado encontradas en la propiedad San Pedro son gananciales y por lo tanto partibles por igual 50% entre el accionante y la ahora tercera interesada, debiendo dividirse el ganado en función a la edad y sexo; al estar en posesión y cuidado del hato el accionante debe garantizar el 50% de la hoy tercera interesada, debiendo realizarse todas las vaqueas que sean pertinentes hasta agotar el ganado que se encuentre en la propiedad San Pedro y de excederse el número de doscientos ochenta y uno cabezas de ganado, el sobrante también debe ser dividido; para tal efecto, se ordena que en el plazo de cinco días de emitido ese Auto Definitivo se inicien las vaqueas con presencia de efectivos de la Policía Montada, quienes al finalizar el acto deberán remitir un informe al Juzgado Público de Familia Segundo de la Capital del departamento de Beni. Se aprobó el pedido de la hoy tercera interesada que la parte que le corresponde sea signada con la marca de David Richards Avira; asimismo, se le descontará la vaca que faeneó en ocasión del allanamiento, intégrese a la división el ganado que se encuentra en el Centro de Remates Beni (Conclusión II.1.). Ante lo cual por memorial de 5 de noviembre de 2024, dirigido a la Jueza hoy accionada la ahora tercera interesada manifestando que de acuerdo al acta notarial presentado de manera extemporánea por el accionante, en función a esa circunstancia solicitó a la mencionada autoridad judicial -hoy accionada- conforme a los principios de verdad material y no formalismo establecidos en el art. 220 inc. c) y e) del -CFPF- se proceda a la complementación del Auto Definitivo 98/2024, señalando que la división sea por trescientos quince cabezas de ganado, manteniendo incólume el resto de la decisión (Conclusión II.2.). A través de memorial presentado el 13 de noviembre de 2024, ante la Jueza hoy accionada el accionante planteó recurso de apelación en el efecto suspensivo contra el Auto Definitivo 98/2024, solicitando se modifique por no existir una correcta apreciación de los antecedentes en obrados y se ordene la entrega de las pariciones correspondientes a las gestiones 2021, 2022, 2023 y 2024 (Conclusión II.3.) Por Auto Interlocutorio 406/2024, la Jueza ahora accionada, procedió a la complementación y enmienda del Auto Definitivo 98/2024 que deberá procederse a la división y partición del 50% del ganado vacuno de trescientos quince cabezas de ganado entregados al accionante que deberán dividirse en partes iguales con la ahora tercera interesada la división y partición de la ganancialidad de los semovientes de conformidad a los arts. 362.III y 413.II del CFPF. En cuanto a la venta de ganado en el remate al confirmar las irregularidades se salva la vía civil y penal para proceder conforme a ley (Conclusión II.4.). Asimismo, se tiene decreto de 20 de noviembre de 2024, mediante el cual la Jueza hoy accionada, otorgó nuevo plazo para el cumplimiento de la “resolución” y complementación con presencia de la Policía Montada (Conclusión II.5.). Antes de ingresar al análisis de este caso traído en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte de la revisión de los antecedentes del cuaderno procesal que el accionante no agotó el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional; puesto que, identificó al Auto Definitivo 98/2024 emitido por la Jueza ahora accionada como el acto vulnerador de sus derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial” y a la propiedad privada; sin embargo, activó un mecanismo intraprocesal en sede ordinaria contra ese Auto Definitivo, planteando recurso de apelación en el efecto suspensivo, pendiente de resolución; empero, al ser el accionante adulto mayor y pertenecer a un grupo vulnerable requiere atención prioritaria, se aplicará la excepción de subsidiariedad en cuanto a las personas de la tercera edad; aspecto que también fue considerado en el AC 150/2025-CA/S de 9 de abril, que declaró ha lugar al adelanto de sorteo, formulado por el accionante, con dicha aclaración, se procederá a resolver la petición del accionante. De conformidad a lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la excepción de subsidiariedad en cuanto a las personas de la tercera edad, en la vía jurisprudencial, de manera fundamentada, se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional en casos estrictamente limitados en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, los cuales no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; entre esas excepciones tenemos las denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. En ese contexto, corresponde precisar de la revisión efectuada a los antecedentes del cuaderno procesal, se advierte, que el accionante en su petitorio de esta acción de defensa señaló que se deje sin efecto el Auto Definitivo 98/2024 y el decreto de 20 de noviembre de 2024, emitidos por la autoridad judicial ahora accionada, alegando que dichos actuados procesales vulnerarían sus derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial”, a la propiedad privada y a la valoración de la prueba, al respecto esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a analizar el Auto Definitivo 98/2024 al ser el actuado principal y no así el Auto Interlocutorio 406/2024 que complemento dicho Auto Definitivo y tampoco el citado decreto. Ahora bien, corresponde considerar que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, establece respecto al contenido esencial sobre el derecho a una resolución fundamentada o el derecho a una resolución motivada, se encuentra cimentado en la propia finalidad de la decisión que, siendo sometida a control permitirá verificar el respeto al orden jurídico y su eficacia en la resolución de conflicto; bajo ese contexto jurisprudencial, corresponde señalar que en el presente caso objeto de análisis, el accionante denuncia la vulneración a los derechos al debido proceso “por vías de hecho judicial”, a la propiedad privada y a la valoración de la prueba; puesto que, el Auto Definitivo 98/2024, emitido por la Jueza ahora accionada vulneró dichos derechos; ya que, al momento de disponer la división y partición de los bienes gananciales del 50% objeto de división con la ahora tercera interesada llegaría a ser doscientos ochenta y uno cabezas de ganado; empero, la indicada Jueza no habría considerado las quinientas ocho cabezas de ganado, que hubiesen sido declarados como bien propio a través de la Resolución 034/2024 de 3 de mayo, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; al respecto debemos aclarar que de la lectura de la citada Resolución, se advierte que en vía de complementación, aclaración y enmienda el accionante hace referencia esa cantidad de semovientes y en respuesta dicha Sala Constitucional aclaró que la devolución sea con intervención notarial, quien podrá establecer las cantidades y edades; y que la autoridad judicial ahora accionada no procedió a su exclusión, sino que lo incluyó en la división y partición complementado por el Auto Interlocutorio 406/2024 a trescientos quince cabezas de ganado, a pesar de haberse presentado el acta notarial efectuado en cumplimiento a la Resolución 034/2024; de igual manera, señaló que según el Auto Supremo (AS) 247/2024 ordenó la averiguación de la cantidad de ganado que cuenten con la marca del accionante del periodo de noviembre de 2014 hasta el 9 de agosto de 2021, fecha que concluiría la comunidad de gananciales, la Jueza hoy accionada, al momento de dictar el Auto Definitivo 98/2024, no hubiese valorado la prueba que presentó en el proceso de división y partición; ante ello, por memorial de 13 de noviembre de 2024 planteó recurso de apelación que será resuelto en revisión por el Tribunal de alzada; por consiguiente, se debe aclarar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional con relación a la valoración de la prueba establece que este Tribunal Constitucional Plurinacional no puede ingresar a pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de las autoridades judiciales competentes, mucho menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba; siendo que, esa facultad en cualquier proceso corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios. Sobre el derecho a la propiedad privada “LA Señora Juez, en su Auto Interlocutorio, me designa en calidad de DEPOSITARIO, pero a la vez, me pone una prohibición de NO disponer del mismo ganado o semoviente, Donde me está vulnerando totalmente mi derecho A LA PROPIEDAD PRIVADA como dueño DE BIENES PROPIOS y que pueda disponer de los mismos sin restricciones…” (sic) el accionante no justificó de manera clara y precisa como la Jueza hoy accionada al emitir el Auto Definitivo 98/2024 habría vulnerado dicho derecho, cuando de la revisión de la parte dispositiva del mencionado Auto Definitivo no se le consigna como depositario; por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto, con relación a la vulneración al debido proceso “por vías de hecho judicial”, son consideradas como actuaciones arbitrarias y ostensibles de funcionarios judiciales que, apartándose de forma flagrante del ordenamiento jurídico y el debido proceso, vulneran derechos fundamentales; sin embargo, en el presente caso se advierte que los actos procesales efectuados por la autoridad judicial son dentro de un proceso judicial aperturado conforme a las reglas de jurisdicción y competencia establecidos en la Ley del Órgano Judicial; por lo que, no se podría alegar vulneración alguna al citado derecho; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la medida cautelar solicitada, no corresponde ser considerado en esta instancia; puesto que, los actuados procesales que se efectúan son sobrevinientes del proceso de división y partición de bienes, el mismo está bajo el control jurisdiccional de la Jueza de la causa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2024 de 19 de diciembre, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0025_2026-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): fecd8a9fe70d29c9ba6c4cf50b4622bf0ec8e9e17cb696f4b64a1d8f49c66c0b

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