B.IA.LEGAL

SCP 0025/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
40342-2021-81-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso en su elemento de celeridad; a la “libertad” -expresado en audiencia-, a la defensa, a la igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna y “eficaz”; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial; toda vez que, el Juez accionado dilató la correcta tramitación de su solicitud de día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares, ya que después de aproximadamente un mes regularizó una respuesta a la misma, a través de un decreto emitido con fecha anterior, por el cual rechazó dicha solicitud, argumentando que solo resolvería los incidentes que se presentaron antes de la acusación formal; dejando asimismo, su proceso sin control jurisdiccional y a su persona en absoluta indefensión, al no poder acceder hasta la fecha -de interposición de esta acción tutelar- a la audiencia solicitada.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 06/2021 de 13 de mayo, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso en su elemento celeridad, y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, disponiendo que el Juez accionado, fije de manera inmediata la audiencia de consideración de la solicitud de modificación de medidas cautelares efectuada por el accionante; siempre y cuando, el extrañado acto procesal no se hubiera ya realizado o la situación jurídica del prenombrado haya variado por el carácter modificable de las medidas cautelares. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la protección a los derechos a la defensa, igualdad de las partes y a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial. 3º Por Secretaría General de este Tribunal, remítase antecedentes a la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura, para que proceda como corresponda respecto a la actuación de Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme al análisis desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III. 4 y III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción traslativa o de pronto despacho: alcance del debido proceso y la celeridad vinculados al derecho a la libertad
  2. III.2. Sobre la competencia del Juez de Instrucción Penal en la tramitación de solicitudes de modificación de medidas cautelares cuando se presenta acusación
  3. III.3. En cuanto a la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2023-S3 Sucre, 10 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 40342-2021-81-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 06/2021 de 13 de mayo, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristopher Balcázar Jiménez en representación sin mandato de Richard Williams Añez Chávez contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de mayo de 2021, cursante de fs. 3 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido contra su persona por la presunta comisión del delito de estafa, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas, solicitó el “22” de marzo de 2021, al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares. No obstante, el 29 de abril de 2021; es decir, después de transcurrir más de un mes, el Juez accionado emitió un decreto en el que figuró la fecha de 23 de marzo de ese año y por el que no dio lugar a su solicitud con el argumento de que solo resolvería los incidentes que se presentaron antes de la acusación formal, dejando así su proceso sin control jurisdiccional, y a su persona en absoluta indefensión al no poder acceder a la requerida audiencia de modificación de medidas cautelares; pese a que, los arts. 54.1, 279 y 323 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la SCP 0072/2014-S3 de 21 de octubre, establecen que el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, así como de velar el cumplimiento y respeto de los derechos y garantías constitucionales, desde el primer acto del proceso hasta la conclusión de la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción Penal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su elemento de celeridad; a la “libertad” -expresado en audiencia-, a la defensa, a la igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna y “eficaz”; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial; citando al efecto las disposiciones constitucionales contenidas en los arts. 115, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene al Juez accionado que señale de forma inmediata día y hora de audiencia para resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares, efectuada el “22” de marzo de 2021, y con la antelación correspondiente, a fin de que se notifique a las partes procesales.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 30 a 32, en presencia del accionante, asistido por sus abogados y ausente de la autoridad accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia manifestó que: a) La autoridad accionada, resolvió la solicitud “…cuando él ha creído conveniente…” (sic) con una fecha “atrasada”; b) El Juez accionado faltó a la verdad, al aseverar en su informe que su persona no se presentó al Juzgado a objeto de revisar el expediente y que el decreto fue emitido el 23 de marzo de 2021, puesto que no son abogados únicamente de su persona, presentándose frecuentemente a revisar ese expediente, ya que en el proceso penal existen otros acusados y personas sobreseídas que tienen diferentes solicitudes “…y que este juez no le da la gana de resolver…” (sic); c) La competencia del Juez accionado no es discrecional; es decir, no puede denegar su solicitud porque crea que solamente tiene competencia para resolver cuestiones incidentales que hayan sido planteadas de forma previa a la acusación formal; pues de lo contrario, se restringiría a una persona su libertad; pero además, debe resolver todo lo que soliciten las partes porque ejerce el control de la investigación, más aun estando bajo su dependencia el cuaderno procesal o que el proceso radica en su juzgado; d) La autoridad accionada generó un conflicto de competencia, ya que desde el momento en que existió la acusación formal, derivo el proceso al Tribunal de Sentencia Penal; debido a ello, se remitió en consulta el mismo al “Tribunal Departamental de Justicia”, el cual ordenó que asuma competencia y resuelva las cuestiones incidentales que se plantean; y, e) No se puede solicitar una reposición de un Auto que deniega su solicitud de modificación de medidas cautelares, con el argumento de que no tiene competencia; por tal motivo, no existe subsidiariedad, ya que no puede mantenerse a una persona con una medida restrictiva a su libertad, cuando ya se tiene acusación formal y la medida ya cumplió su fin; en tal sentido, no se requiere que se agote la vía ordinaria para ser presentada esta acción tutelar “… porque estamos hablando de la libertad de una persona que está siendo restringida por un criterio de una autoridad que no es válido y que no tiene un sustento legal…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 28 a 29, indicó que: 1) Se dio respuesta oportuna al memorial ingresado el 22 de marzo de 2021, mediante decreto de 23 del mismo mes y año; 2) Si el accionante consideró que se vulneró algún derecho o garantía constitucional, a través del referido decreto, debió agotar el recurso de reposición; y, 3) Mediante Auto de Vista 10 de 10 de enero de igual año, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, estableció en su parte resolutiva qué aspectos debe tomar en cuenta en la tramitación de la causa.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, a través de Resolución de 06/2021 de 13 de mayo, cursante de fs. 32 a 33 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes argumentos: i) El memorial presentado por el accionante, ingresó a despacho del Juez accionado el 22 de marzo de 2021, resolviéndose el 23 del mismo mes y año; por lo que, al no existir otro elemento de prueba que acredite que el accionante hubiera efectuado un reclamo o reiterado su solicitud de modificación de medidas cautelares ante la referida autoridad, no se puede identificar demora en la tramitación de esa petición; y, ii) Si la respuesta que mereció la solicitud del accionante no se adecuaba a su pretensión legal, debió utilizar el recurso de reposición como medio idóneo y efectivo, para que el Juez accionado advertido de su error la atienda conforme a procedimiento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Sorteada la causa, el 5 de julio de 2022; posteriormente, por decreto constitucional de 26 de igual mes y año, se suspendió el plazo para su resolución, con el fin de recabar documentación complementaria del Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, quien no presentó la documentación complementaria ni el informe requerido, pese a su legal notificación practicada el 4 de agosto del mismo año (fs. 44); por lo que, se le conminó al cumplimiento de lo exhortado, mediante decreto constitucional de 3 de octubre del referido año, sin que hasta la fecha haya emitido la documental emplazada, pese a su notificación realizada el 7 de ese mes y año, como consta a fs. 54; reanudándose el cómputo del plazo, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 3 de marzo de 2023; por lo tanto, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Edson Castro Soliz por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado y otros, contra Richard Williams Añez Chávez -ahora accionante-, este último mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2021, solicitó al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares; al haber pasado más de un año y medio de la etapa preparatoria e investigaciones en el referido proceso y en función a los principios de instrumentalidad, proporcionalidad y finalidad de las medidas cautelares. Asimismo, consta una nota al pie de página del memorial que señala el ingreso a despacho el 22 de igual mes y año (fs. 26 y vta.). II.2. Mediante decreto de 23 de marzo de 2021, Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado- en atención al memorial de solicitud de día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares, dispuso en lo principal: “…no ha lugar lo solicitado toda vez que (…) se reasume el conocimiento del proceso únicamente para el trámite de incidentes planteados oportunamente” (sic [fs. 27]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración sus derechos al debido proceso en su elemento de celeridad; a la “libertad” -expresado en audiencia-, a la defensa, a la igualdad de partes, a una justicia pronta, oportuna y “eficaz”; y, a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial; toda vez que, el Juez accionado dilató la correcta tramitación de su solicitud de día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares, ya que después de aproximadamente un mes regularizó una respuesta a la misma, a través de un decreto emitido con fecha anterior, por el cual rechazó dicha solicitud, argumentando que solo resolvería los incidentes que se presentaron antes de la acusación formal; dejando asimismo, su proceso sin control jurisdiccional y a su persona en absoluta indefensión, al no poder acceder hasta la fecha -de interposición de esta acción tutelar- a la audiencia solicitada.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción traslativa o de pronto despacho: alcance del debido proceso y la celeridad vinculados al derecho a la libertad

La SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, estableció que: «La Norma Suprema ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso, (art. 178.I y 180.I de la CPE).

Es en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo una sólida jurisprudencia en cuanto a la celeridad dentro de los procesos judiciales, que conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma, y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado.

En ese marco constitucional y de garantías procesales, se tiene la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, misma que fue precisada por la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, que efectuando una sistematización de la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, señaló: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.

En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”» (las negrillas nos pertenece).

III.2. Sobre la competencia del Juez de Instrucción Penal en la tramitación de solicitudes de modificación de medidas cautelares cuando se presenta acusación

Al respecto, la SCP 0254/2019-S1 de 15 de mayo, citando a su vez a la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, que aplicó el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional en torno a este supuesto, estableció que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…’”» (las negrillas nos pertenecen).

III.3. En cuanto a la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril, 0478/2011-R de 18 de abril, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre, y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, determinó: “…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus -hoy acción de libertad- y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (el énfasis es añadido). Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, que fue citada en la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, y la SCP 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras señalaron que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, la autoridad accionada en una acción de libertad, tiene la carga de la prueba y se halla constreñido a desvirtuar la lesión o amenaza de vulneración del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia.

III.4. Análisis del caso concreto

Antes de ingresar al análisis de fondo de los actos lesivos que se denuncian, corresponde considerar previamente, una cuestión procesal que sirvió como un fundamento de la denegatoria de tutela dispuesta por el Tribunal de garantías, relativo a la observancia del principio de subsidiariedad.

Sobre el particular, es evidente que aun cuando el proceso de acción de libertad exige su presentación directa, existen supuestos de subsidiariedad excepcional (Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0311/2022-S3 de 22 de abril, y 0437/2020-S3 de 14 de agosto, entre otras) que exigen al accionante agotar los mecanismos intra procesales idóneos y eficaces, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, que en la problemática en cuestión se traduce en la exigencia de interposición del recurso de reposición contra el decreto de 23 de marzo de 2021, que no dio lugar a la solicitud de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares.

Sin embargo, el exigir la utilización de este mecanismo previsto en el procedimiento ordinario, en el contexto analizado en el que se denuncia dilación indebida, implica para el accionante mayor demora a su requerimiento y la consiguiente afectación al principio de celeridad y el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, cuando en esencia el reclamo efectuado se vincula a ese objeto. Por lo que, en el caso concreto, dicha exigencia convierte a este mecanismo intra procesal de la vía ordinaria, en inoportuno e ineficaz en procura de la protección oportuna al ejercicio de ese derecho y principio constitucional, así como deja al margen el resguardo inmediato y eficaz inherente a la naturaleza jurídica y características de la acción de libertad. Similar entendimiento se asumió en la SCP 2110/2013 de 21 de noviembre, pues sobre la base del trámite procesal del recurso de reposición determinó, que también para el caso que analizó, no reunía la idoneidad y oportunidad para el resguardo de derechos; toda vez que, dada la práctica forense, este supera los tres días en su tramitación, si se toma en cuenta que el mismo debe ingresar a despacho para su consideración y posteriormente debe ser notificado a las partes; situación que en definitiva desnaturaliza a la acción de libertad, cuando se trata de la consideración pronta de la solicitud de la cesación a la detención preventiva, que es la finalidad de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; por lo que, con esa salvedad, atañe ingresar a la cuestión sustancial planteada por el accionante para su análisis. Pues bien, el acto lesivo denunciado, converge en que el Juez accionado dilató la pronta y oportuna tramitación de su solicitud de día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares restrictivas de su libertad, ya que después de aproximadamente un mes regularizó una respuesta a la misma, a través de un decreto emitido con fecha anterior, por el cual rechazó su requerimiento, argumentando que solo resolvería los incidentes que se presentaron antes de la acusación formal; dejando su proceso sin control jurisdiccional y a este en absoluta indefensión, al no poder acceder a la fecha a la audiencia solicitada. Siendo en ese marco la pretensión central del accionante, que se ordene al Juez accionado a que señale de forma inmediata día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares. Ahora bien, inicialmente resulta necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal que motivó la interposición de esta acción de defensa. Así, de los alegatos realizados por los sujetos procesales y los antecedentes descritos en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se advierte que habiéndose dispuesto medidas cautelares restrictivas a la libertad del accionante en el proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Edson Castro Soliz por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado y otros; el impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2021, solicitó al Juez accionado día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares; apelando el transcurso de más de un año y medio de la etapa preparatoria e investigaciones en el referido proceso; así como la observancia a los principios de instrumentalidad, proporcionalidad y finalidad de las medidas cautelares (Conclusión II.1). Siendo dicho requerimiento, resuelto mediante decreto de 23 de marzo de 2021, por el cual el Juez accionado en atención al memorial de solicitud de día y hora de audiencia para considerar la modificación de medidas cautelares, dispuso en lo principal: “…no ha lugar lo solicitado toda vez que (…) se reasume el conocimiento del proceso únicamente para el trámite de incidentes planteados oportunamente” (sic). En tal contexto, con base en lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se establece que la autoridad competente para resolver la modificación de medidas cautelares cuando se plantea la misma, aunque se hubiera presentado la acusación formal, es el Juez de Instrucción Penal, siempre que la causa no hubiera radicado en el Tribunal de Sentencia Penal. Por lo que, subsumiendo el caso a este precedente constitucional, se puede colegir que sí correspondía al Juez accionado fijar día y hora para la audiencia requerida, debido a que cuando se solicitó que se realice ese acto procesal para definir la situación jurídica del peticionante de tutela, la causa fue devuelta por el Tribunal de Sentencia Penal al Juzgado a su cargo, donde radicaba el proceso; aspecto que fue aseverado por el accionante en el planteamiento de la presente acción tutelar, señalando que el proceso se encontraba en el despacho del Juez accionado; lo cual fue corroborado por esa autoridad judicial, al mencionar que la limitación para resolver la petición de audiencia en un sentido favorable al acusado -hoy accionante- radicaría en el hecho de que “…la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Departamento de Santa Cruz mediante Auto de Vista No. 10 de fecha 10 de enero de 2021 indica en su parte resolutiva que aspectos debe tomar en cuenta en la tramitación de la presente causa” (sic [fs. 28]). Por consiguiente, de conformidad a la línea jurisprudencial aplicable al presente caso, dicho justificativo no constituía óbice para que el Juez accionado debiera considerar en audiencia el pedido de modificación de medidas cautelares que fue puesto a su conocimiento, pues al radicar el proceso en su Juzgado, este tenía competencia para dicho objeto.

Ahora bien, respecto a la dilación en la que habría incurrido la autoridad accionada, en el entendido de que el decreto que dispuso el rechazo a su solicitud fue regularizado con una fecha anterior a la efectivamente pronunciada, cuando en los hechos, se emitió después de aproximadamente un mes; se puede evidenciar que al margen de que el Juez accionado incurrió en una apreciación errada al aseverar en su informe escrito que la solicitud de modificación de medidas cautelares fue respondida oportunamente, computando el plazo de veinticuatro horas para atender la referida solicitud, desde el 22 de marzo de 2021 -que es la fecha en la que el memorial ingresó a su despacho- cuando debió merecer decreto dentro de las veinticuatro horas computable a partir de su presentación en su Juzgado -art. 132 del CPP-; es decir, el 18 de igual mes y año; empero, principalmente, a efecto de constatar lo manifestado, no existe elemento de prueba que la autoridad accionada haya acompañado a fin de acreditar la supuesta atención pronta y oportuna o que el requerimiento efectuado por el accionante fue resuelto efectivamente el 23 del mismo mes y año, como podría darse con la notificación procesal al accionante con ese actuado procesal, que debía realizarse a fin de posibilitar la interposición del recurso de reposición -art. 402 del citado Código-. Tomando en cuenta además que la pronta resolución cobra mayor relevancia, ya que en la problemática jurídica se contempla, la restricción a los derechos del accionante que se vinculan con su libertad, que fue reclamado en esta acción de defensa y ampliada en los alegatos de la audiencia de consideración de la misma, al referir que: “…no puede ser que se mantenga a una persona con una medida restrictiva de su libertad, donde ya existe una acusación, donde no existe la necesidad de la medida donde ya cumplió su fin…” (sic [fs. 30 vta.]), siendo un aspecto que no fue cuestionado, refutado ni desvirtuado por el Juez accionado en su informe presentado, quien se restringió únicamente a justificar la denuncia atribuida en su contra, en la inobservancia del principio de subsidiariedad y cumplimiento del plazo que se cuestiona sin elemento de prueba de descargo. En esa línea, es importante mencionar que en el marco de lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, todo servidor público que haya sido accionado en un proceso de acción de libertad, está obligado a presentarse a la audiencia, conjuntamente con su informe y la prueba pertinente, de modo que no provoque que la jurisdicción constitucional emita fallos sobre prueba incierta o basada únicamente en presunciones; es decir, que ante la omisión en desacreditar ese agravio corresponde aplicar el principio de presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; conforme al cual, en los supuestos en los que el accionado, máxime si es servidor público; no obstante, su legal notificación, no niega o no desvirtúa los extremos denunciados en la acción de libertad -otrora hábeas corpus- se tendrán por probados los extremos denunciados y la acción de libertad debe ser concedida (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R y 0181/2010-R, entre otras); dado que, tiene la carga de la prueba y se halla en el deber de desvirtuar los hechos denunciados o aseverados, así como la lesión o amenaza del derecho fundamental.

De modo que, el uniforme entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aplicable a este supuesto, establece que aquellas solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad del procesado, deben ser consideradas, tramitadas y resueltas dentro del plazo más breve posible, para dar concreción al debido proceso en su elemento de celeridad y justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; no obstante, hasta el 29 de abril de 2021, que es la fecha en que el accionante denuncia que fue resuelta su solicitud de modificación de medida cautelar, transcurrió más de un mes sin que obtuviera respuesta de consideración a la misma. En definitiva, esos aspectos son conducentes a la activación de la acción de libertad de pronto despacho, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en procura de garantizar que el trámite judicial se efectué sin dilación indebida emergente por la falta de una actuación diligente del Juez accionado, al retardar y evitar resolver su situación jurídica del impetrante de tutela, incurriendo en una demora sin justificativo válido que dejó en incertidumbre la misma. Consiguientemente, corresponde conceder la tutela pretendida ante esa actuación, respecto a los derechos del accionante al debido proceso en su elemento de celeridad, y de acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, aclarándose que en el fondo de lo impetrado, corresponde a la autoridad judicial resolver conforme corresponda en derecho. Empero, la tutela otorgada no se extiende respecto a su derecho a la defensa, ya que no se advierte restricción a la posibilidad de que el accionante pueda expresar agravios en el proceso penal seguido en su contra o activar mecanismos de impugnación. De igual manera, con relación a los derechos a la igualdad de las partes y a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial; debido a que la accionante no expresó, fundamentó ni acreditó de qué manera el acto y omisión lesiva denunciados vulneró los mismos.

III.5. Otras consideraciones

Como fue detallado en el Punto I.3 de este fallo constitucional, mediante decreto constitucional de 26 de julio de 2022, se suspendió el plazo para la resolución de la presente causa, con el fin de recabar documentación complementaria del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, entre otras, respecto al acta de audiencia y resolución de aplicación de medidas cautelares, emitida dentro del proceso penal seguido en contra del accionante por la presunta comisión del delito de estafa, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas; actuado de notificación al accionante con el decreto de 23 marzo de 2021, que resuelve la solicitud del impetrante de tutela sobre la modificación de medidas cautelares en el referido proceso penal; así como, informe sobre la situación jurídica del nombrado a momento de la interposición de la acción de libertad y el estado en que se encontraba el proceso.

Sin embargo, pese a que por decreto constitucional de 3 de octubre de 2022, se conminó nuevamente al Juez accionado, a que presente la documentación y el informe requerido por este Tribunal, dicha autoridad no cumplió con el deber de cooperación y colaboración con esta instancia jurisdiccional. Motivo por el que amerita remitirse antecedentes a la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura, a fin de que asuma las acciones que ameriten ante ese incumplimiento; además de la dilación que fue denunciada en esta acción de libertad. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró en parte de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 06/2021 de 13 de mayo, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a los derechos al debido proceso en su elemento celeridad, y acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, disponiendo que el Juez accionado, fije de manera inmediata la audiencia de consideración de la solicitud de modificación de medidas cautelares efectuada por el accionante; siempre y cuando, el extrañado acto procesal no se hubiera ya realizado o la situación jurídica del prenombrado haya variado por el carácter modificable de las medidas cautelares. 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a la protección a los derechos a la defensa, igualdad de las partes y a ser oído por una autoridad jurisdiccional imparcial. 3º Por Secretaría General de este Tribunal, remítase antecedentes a la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura, para que proceda como corresponda respecto a la actuación de Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme al análisis desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III. 4 y III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0025_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 877565794c7cc6420bb64a0150874a27f1e9df0d17a465fa7793176c7494ff01

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